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Sucesos de la embajada de Perú en La Habana (1980)

(Redirigido desde «Éxodo del Mariel»)
Sucesos de la Embajada de Perú
Información sobre la plantilla
Embajadaperu.JPG
Fecha:1 de abril de 1980
Lugar:La Habana
Descripción:
Un grupo de antisociales cubanos penetra en la sede diplomática del Perú con el objetivo de obtener la salida del país
Resultado:
Trajo como consecuencia que posteriormente esta embajada fuera invadida por personas antisociales, lumpens y desafectos a la revolución Cubana
País(es) involucrado(s)
Cuba, Bandera de Cuba Cuba
Ejecutores o responsables del hecho:
Antisociales cubanos
Sucesos de la Embajada de Perú. Fueron acontecimientos ocurridos en abril de 1980, cuando un grupo de personas penetraron por la fuerza en la sede diplomática de Perú en La Habana con el objetivo de obtener asilo político. Esto desencadenó una serie de futuros hechos conocidos como el éxodo del Mariel y los sucesos de la Oficina de Intereses.

Antecedentes

Desde finales de 1979 hasta inicios de 1980, Estados Unidos continuó implementando la indiscriminada política de estimular las salidas ilegales de Cuba y recibir como héroes a los que cometían ese tipo de acciones, al tiempo que negaba cada vez más las visas a los cubanos que deseaban salir del país legalmente. Washington había recibido supuestamente con beneplácito los acuerdos rubricados entre el gobierno cubano y representativos de la comunidad cubana en Estados Unidos, como resultado del diálogo sostenido entre ambas partes en La Habana en noviembre y diciembre de 1978.

Por otro lado, la burocracia del gobierno de los Estados Unidos, a la hora de darles salida y entrada a al país a los presos contrarrevolucionarios liberados, se hacía sentir en toda expresión. Washington se había comprometido a sacar legalmente del país y trasladar mensualmente hacia territorio estadounidense, a 400 de estos reclusos puestos en libertad. De enero a julio de 1979, habían salido solamente 60 al mes. Además, el gobierno estadounidense había demostrado reticencia para recibir en Estados Unidos a los ex reclusos que deseaban emigrar a ese país junto a los familiares y cuyas listas el gobierno de Cuba había entregado a las autoridades de Washington.

Desde el mes de mayo de 1979, Robert A. Pastor, asistente para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, como Zbinew Brzezinski, asesor para Asuntos de Seguridad Nacional del presidente estadounidense James Carter (1977-1981) habían expresado preocupación en cuanto a las trabas burocráticas del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos, ante la decisión tomada por Fidel Castro de acelerar la excarcelación de los presos según lo acordado por el gobierno cubano con los representativos de la comunidad cubana y con la intención de hacerlo antes de la celebración de la Cumbre de los No Alineados en La Habana en el mes de agosto de ese año.

Robert A. Pastor le expresó a Brzezinski:

"Hemos pifiado en el asunto de los presos desde el principio. Hemos permitido que Castro haga que la victoria de Carter parezca un triunfo de Castro y un fracaso de Carter"[1]

Brzezinski recomendó a Carter que dirigiera un mensaje al Departamento de Justicia y al de Estado instándolos a hacer más expedito el procesamiento de los reclusos excarcelados en la Isla y que se reuniera con un pequeño grupo de ex reclusos, líderes de la comunidad cubano-americana, y algunos líderes de organizaciones de derechos humanos a fin de esclarecer la intención del gobierno de los Estados Unidos de aceptar a todos los presos políticos que Fidel tenía intención de poner en libertad, pues ello le daría la posibilidad de hacer una pequeña declaración que colocaría a Estados Unidos en el lado correcto de ese asunto[2]. Sin embargo, la burocracia continuó imponiéndose.

Esta situación fue creando poco a poco una crisis migratoria entre Estados Unidos y Cuba. En octubre de 1979, las cosas comenzaron a irse de lo normal en la Isla cuando algunos antisociales secuestraron un barco, el GH-41, y lo forzaron a ir a La Florida. Al llegar al destino, las autoridades estadounidenses nada hicieron con los secuestradores, más allá de darle asentamiento en el país. Ninguno de ellos fue condenado o arrestado, y ni siquiera se investigó el hecho[3].

Cuba pasó de inmediato, a través de la Oficina de Intereses en Washington, una nota de protesta al gobierno estadounidense insistiendo en que era necesario que el gobierno de Estados Unidos reafirmara la intención de hacer cumplir la ley respecto a los secuestros, pues de otra manera Cuba se vería precisada a reconsiderar el acuerdo de Piratería Aérea y Marítima firmado entre ambos países.

La nota cubana no fue respondida por el gobierno estadounidense. Cuatro secuestros más se produjeron luego del ocurrido en octubre de 1979. Dos de ellos fueron altamente peligrosos. El 16 de febrero 16 individuos, casi todos armados, tomaron Lissette, embarcación comercial de Liberia, y la obligaron a ir a la Florida. Lo mismo hicieron 4 individuos armados con cuchillos y pistolas el 25 de febrero del mismo año con el bote de pesca Lucero. Nuevamente, ningún proceso investigativo en torno a los hechos se hizo y ninguno de los secuestradores fue condenado. A todos los secuestradores se les dio asentamiento en el país. Luego de cada secuestro ocurrido, se produjo una nota de protesta de Cuba, pero ninguna de ellas fue respondida[4].

Ante esta situación de inminente peligro para la seguridad de Cuba y para la política migratoria legal y regulada, el gobierno de la Isla advirtió en varias oportunidades a Washington que tomara las medidas pertinentes y cambiara la política de estimular la emigración ilegal y de recibir a los secuestradores de embarcaciones como héroes, pues de lo contrario, el gobierno cubano se vería obligado a reeditar la experiencia de Camarioca[5]. Mas el gobierno de Washington siguió dilatando sus acciones y sin responder las advertencias cubanas.

También Cuba, con extrema paciencia, venía soportando desde 1979 los hechos irregulares ocurridos en las sedes diplomáticas de Venezuela y Perú, al penetrar en ellas por la fuerza elementos antisociales en busca de un supuesto “asilo político” y ser recibidos como héroes, al tiempo que, paradójicamente, se les negaban las visas cuando las solicitaban normal y pacíficamente.

Acontecimientos

Pedro Ortiz Cabrera, miembro de la Policía Nacional Revolucionaria, asesinado en la Embajada de Perú en Cuba

El 1 de abril de 1980 un grupo de antisociales penetran por la fuerza en la Embajada del Perú con el propósito de abandonar el país. Los asaltantes proyectaron violentamente un ómnibus contra la cerca de la sede diplomática y dispararon contra el custodio Pedro Ortiz Cabrera, causándole la muerte. Las autoridades de la misión peruana recibieron como héroes a los connotados asesinos.

El Gobierno de Cuba, al percatarse del apoyo brindado por el Perú al grupo contrarrevolucionario, decidió retirar toda protección a dicha Embajada, lo que fue aprovechado por elementos desafectos al proceso revolucionario, para introducirse en la misma, a las 48 horas, sumaban alrededor de 3000 personas concentradas en el pequeño patio de la misión diplomática.

Estos elementos procedían de la capital del país y de otras provincias occidentales, algunos llevaron a familias completas, incluso niños, creándose una situación insostenible. Ninguno de ellos era perseguido político ni estaba requerido de asilo.

Al percatarse de la incapacidad para controlar aquella situación, el embajador peruano Edgardo de Habish, luego de coordinar con las autoridades cubanas, invitó a las personas, a excepción del grupo que entró a la fuerza y asesinó al soldado Ortiz Cabrera, a regresar a los hogares.

El Gobierno de Cuba había dado plena garantías de que no se les molestaría. Este acuerdo, al que se opuso la Cancillería peruana, le costó el cargo al embajador de Habish, quien acumulaba 39 años de servicio diplomático. En aquellos instantes se puso de manifiesto la credibilidad y alta confianza que tenía la palabra de la Revolución, que aseguró no oponerse a que viajaran legalmente al Perú, a Venezuela o a cualquier otro país, y aseguró que los que entraron luego de la retirada de los custodios, no se les consideraba autores de un acto de fuerza y, por lo tanto, podían ir a las casas y regresar a la Embajada cuando lo desearan. De las 3000 personas en esa situación inicial, 2992 retornaron a los hogares.

Respuesta de Cuba

Marcha del Pueblo Combatiente frente a la sede de la Embajada del Perú

El Gobierno de Cuba suministró agua potable, alimentos, leche para los niños y la atención médica para los que la necesitaran, con el apoyo de la inmensa mayoría de la población, que en una Marcha del Pueblo Combatiente, reafirmó la decisión soberana de continuar con el sistema socialista y confianza en los líderes de la Revolución, encabezados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Los involucrados en aquellos sucesos viajaron hacia Perú, Venezuela y los Estados Unidos. Se estableció un puente marítimo entre El Mariel y La Florida, con embarcaciones de cubanos residentes en los Estados Unidos, lo que representó una victoria de los revolucionarios contra la Mafia de Miami y la Casa Blanca, sin lugar a dudas autores intelectuales de esa provocación.

Respuesta de Estados Unidos

La campaña mediática estadounidense contra Cuba no se hizo esperar. El presidente estadounidense Jimmy Carter lanzó toda una ráfaga de críticas infundadas contra la Isla y el 14 de abril firmó una autorización para admitir a 3500 de los individuos que se encontraban en la embajada del Perú. Paralelamente a esto, Washington fijó para el 8 de mayo la realización de ejercicios militares en el Caribe, bajo el nombre de maniobra “Solid Shield 80”, en la que participarían 20 000 efectivos, 42 buques de guerra y 350 aviones de combate.

Como parte de esta maniobra se pensaba desarrollar un desembarco aéreo y naval en la Base Naval de Guantánamo de magnitudes considerables. Aviones B-52 estudiarían el minado de mares y puertos cubanos. Además, por esos días Estados Unidos realizó la instalación en Costa Rica y Honduras de varias bases de control electrónico para ejercer una amplia vigilancia aérea en la zona centroamericana.

Comenzaron también maniobras turbias en relación con el traslado de los acampados en la embajada del Perú. Mientras que Cuba deseaba que se condujeran directamente a los países que se habían ofrecido para acogerlos, se desarrolló un plan de congregarlos en campamentos de Costa Rica y de allí distribuirlos a otros países. Cuba interpretó este método como una provocación más. En primer lugar, porque no se había contado con Cuba.

En segundo lugar, porque era muy obvio lo que había detrás de esta maniobra: al crear campamentos de refugiados en Costa Rica, se prolongaba el show y, por lo tanto, se podía seguir explotando la situación propagandísticamente. En tercer lugar, porque Cuba sabía que, en realidad, la inmensa mayoría de los individuos que se encontraban en la embajada del Perú quería trasladarse a los Estados Unidos, pues allí tenían familiares o relaciones.

En la Oficina de Intereses

El 2 de mayo, se produjo un incidente que empeoró aún más la situación de tensión que existía en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Alrededor de 700 individuos, la mayoría expresos y delincuentes comunes, se congregaron en las afueras de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana para presionar a los norteamericanos a concederles las visas con mayor rapidez para ir a los Estados Unidos.

La mayoría de los congregados habían sido citados por la cónsul norteamericana Suzanne Lamanna. Wayne Smith, jefe de la Sección de Intereses de Washington en La Habana, al dirigir unas palabras a la multitud planteó que sólo podrían salir en pequeños grupos y dio a entender que era culpa del gobierno cubano la demora en las salidas. Las palabras de Smith exaltaron aún más los ánimos de la muchedumbre que comenzó a proferir todo tipo de improperios y consignas peyorativas contra la Revolución Cubana y a manifestarse en forma agresiva frente a los vecinos del lugar.

Todo terminó en un enfrentamiento violento entre estos individuos y los vecinos, estos últimos respaldados por trabajadores del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) que se habían trasladado al lugar y de otras empresas y organismos. Ante la superioridad que alcanzaron rápidamente los representantes revolucionarios del pueblo cubano, funcionarios de la Sección de Intereses abrieron las puertas y penetraron en ella entre 300 y 400 individuos de los iniciadores de la trifulca.

Inmediatamente se montó toda una campaña propagandística desde los Estados Unidos tergiversando los hechos ocurridos. Entre las calumnias lanzadas contra Cuba se decía que bandas castristas habían asaltado a pacíficos ciudadanos que solicitaban visas y que la policía cubana había atacado a los expresos. Todo eso se divulgó, cuando en verdad la historia había sido bien distinta. La intervención de la policía y de otras autoridades cubanas impidió que el incidente tomara otras connotaciones, pues la multitud revolucionaria indignada ante lo ocurrido ya se abalanzaba sobre la sede diplomática de Washington, para tratar de sacar de allí a los individuos provocadores.

El 3 de mayo, en editorial de Granma, se detallaron los hechos ocurridos en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos y se responsabilizó de los mismos al gobierno estadounidense. Se argumentaba que:

"constituía “una irresponsabilidad y una locura reunir frente a la sede un número elevado de antisociales” cuando se conocía el estado de ánimo de la población a raíz de lo sucedido en la embajada del Perú, y que era una verdadera provocación las falsas y mentirosas afirmaciones de los funcionarios yanquis que planteaban que el gobierno de Cuba tenía la responsabilidad de que los ex reclusos contrarrevolucionarios no hubieran salido del país.

“Esa es una mentira cínica. Hace más de un año y medio el Gobierno de Cuba comunicó pública y privadamente al Gobierno de los Estados Unidos que todos los ex reclusos contrarrevolucionarios y sus familiares estaban autorizados a salir del país. Han sido los Estados Unidos los que deliberadamente retrasaron las visas y los viajes de estos elementos, a pesar de sus públicos y solemnes compromisos[6]

El Gobierno de Cuba está incluso dispuesto a enviar a los ex reclusos contrarrevolucionarios y sus familiares vía Mariel hacia los Estados Unidos. Con relación a los que se alojaron en la sede la solución, sin embargo, tendrá que ser ahora discutida y acordada previamente con Cuba. (…) Se ha creado un nuevo problema, porque la Oficina de Intereses de Estados Unidos no tiene derecho a asilar a nadie en su sede[7]"

Èxodo del Mariel

Éxodo del Mariel

En relación con la maniobra de crear campamentos de refugiados en Costa Rica, surgió una solución espontánea por iniciativa de la comunidad cubana en los Estados Unidos y que contó con la anuencia del gobierno Cubano: empezaron a llegar pequeñas, medianas y hasta grandes embarcaciones al puerto del Mariel a recoger a las personas que deseaban emigrar a los Estados Unidos.

En un editorial del periódico Granma el 21 de abril de 1980, se hizo pública la decisión del gobierno cubano de que, las embarcaciones que desde los Estados Unidos llegaran a la Isla a recoger a los que deseaban emigrar hacia ese país, no serían detenidas. De este modo, el puerto del Mariel quedó libre a la emigración. Inmediatamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos realizó virulentas declaraciones contra esos viajes y amenazó con arrestar, confiscar e imponer multas a embarcaciones y patrones que participaran en la flotilla[8].

Ante el enredo fugaz de la madeja, diversos funcionarios de la Administración Carter se reunieron con representantes de la comunidad cubana en los Estados Unidos para que suspendieran estos viajes y se respetaran las leyes, al tiempo que procedía a una revisión de las leyes de inmigración de los Estados Unidos.

La apertura del Mariel colocó a Washington en una situación sumamente difícil, era obvio que la población norteamericana en general no tenía grandes simpatías o deseos de acoger este nuevo influjo de inmigrantes en un momento difícil de la economía. También, porque los inmigrantes legales e ilegales de otros países, particularmente, refugiados haitianos, comenzaron a protestar por la discriminación en contra de ellos.

El 6 de mayo, 15 días después de abierto el Mariel el número de inmigrantes cubanos recibidos en Estados Unidos había sobrepasado los 10 000, lo que obligó a Jimmy Carter decretar el estado de emergencia en distintas zonas de la Florida y autorizar un presupuesto de 10 millones de dólares para la atención de los recién llegados. Unos días antes, el propio Carter había declarado que:

"Estados Unidos continuaría proporcionando el corazón y los brazos abiertos a los que buscan la libertad de la dominación comunista y librarse de las carencias económicas ocasionadas por el gobierno de Fidel Castro."

Ya para el 14 de mayo la cifra de inmigrantes cubanos ascendía a 40 000[9]. Ante esta situación descontrolada para las autoridades norteamericanas, el presidente Carter presentó un programa de cinco puntos que pretendían solucionar el problema. Estos eran:

  1. Establecer un puente aéreo o marítimo tan pronto el gobierno cubano lo aceptara. Todas las personas serían analizadas antes de salir de Cuba. Tendrían preferencia los “prisioneros políticos”, los que tuvieran familiares en Estados Unidos, los que estaban en la embajada peruana y los que habían penetrado en la Sección de Intereses de los Estados Unidos el 2 de mayo.
  2. Apertura en Miami de una oficina oficial encargada de censar los nombres de los cubanos que sus familiares norteamericanos deseaban que fueran a los Estados Unidos.
  3. Los servicios de guardacostas se encargarían de comunicar a las embarcaciones que viajaban ilegalmente en dirección a Cuba o desde Cuba hacia los Estados Unidos, y los que se encontraban ya en el Mariel, para informarles que debían regresar sin cubanos a los Estados Unidos. Si esta disposición no se obedecía, las embarcaciones se confiscarían, los tripulantes recibirían altas multas y hasta podían ser condenados a prisión.
  4. Se harían gestiones para devolver a todos los “indeseables” que llegaran a Estados Unidos ilegalmente.
  5. Se continuarían las consultas con países latinoamericanos para tratar de resolver la situación.

Referencias

Fuente