Portal:Panorama Mundial/DEL MUNDO/2016-04-20
Rousseff dice que su destitución desestabilizará Brasil por tratarse de golpe
BRASILIA, 19 ABR (EFE).- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó hoy que el juicio en el Congreso con que la oposición intenta despojarla de su mandato generará aún mayor inestabilidad política en Brasil e impedirá la recuperación económica por tratarse de una ruptura constitucional.
"Necesitamos entender que ese proceso no va a traer estabilidad política al país porque rompe la base de la democracia. Se trata de un golpe", afirmó la jefe de Estado en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Rousseff dijo que el juicio político con fines destituyentes aprobado por la Cámara de Diputados el domingo y cuya apertura está ahora en manos del Senado agravará aun más la recesión económica enfrentada por el país.
"Sin democracia Brasil no se transforma y no recuperamos la capacidad de impulsar el crecimiento económico. Para crecer y combatir la pobreza se necesita de estabilidad política", aseguró.
Según la mandataria, la crisis económica ya ha sido agravada por un período de quince meses de una inestabilidad política generada por la oposición con sus diferentes intentos de sacarla del poder.
Agregó que la economía sólo se recuperará en caso de que el Congreso rechace la apertura del juicio político y los partidos acepten la "repactuación democrática" propuesta por el Gobierno para restablecer la normalidad en las instituciones y darle condiciones al país de volver a crecer.
Rousseff reiteró que se siente víctima de una gran injusticia debido a que el juicio político en su contra no tiene base legal.
"No hay la menor base legal para ese proceso. No tengo ningún problema en lo que se refiere a irregularidades. Soy una persona contra la que no hay ningún proceso de corrupción o pruebas de cualquier tipo de irregularidad con dolo y mala fe", dijo.
Afirmó que las supuestas maniobras en los balances fiscales de su Gobierno que la oposición usa para justificar el proceso no pasan de prácticas contables que fueron usadas por anteriores Gobierno y que puede cambiar si provocan divergencias.
Agregó que también se siente víctima de una gran injusticia por tratarse de un proceso de "medias verdades" ya que los opositores alegan que el "impeachment" (juicio político destituyente) está previsto en la Constitución pero no dicen que el proceso exige una base legal que en su caso no existe.
"Decir que está previsto en la Constitución es una media verdad porque no dicen que es necesario un crimen de responsabilidad para poder usarlo. No estamos en un régimen parlamentario. No basta un voto de desconfianza para el gobernante salga", afirmó.
Rousseff aseguró que el proceso en su contra no pasa de una ruptura constitucional por estar revestido de un "pecado original" que es la falta de base jurídica, y que no necesita ser un movimiento armado para ser tildado como un golpe.
Dijo que otro agravante es que todo el proceso fue impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, como venganza por la decisión del Gobierno de no ayudarlo a frenar los procesos por corrupción que el legislador enfrenta tanto en el Legislativo como en la Justicia.
"El presidente de la Cámara está siendo investigado por corrupción y en ese momento él quería tres votos del partido del Gobierno para hundir el proceso en su contra en la Comisión de tica de la Cámara. Nos negamos a aceptar eso y ahí, por venganza, comenzó el proceso", dijo.
"Soy víctima de un proceso en que mis juzgadores tienen un historial que no los abona para ser jueces de nada sino para ser reos", agregó en referencia a Cunha.
Según Rousseff, todas esas circunstancias le permiten decir que es víctima de un proceso basado simultáneamente en una injusticia, en un fraude jurídico y político y en un intento de golpe.
Aseguró que en Brasil hay un "filón golpista adormecido" y que todos los presidentes desde que el país recuperó su democracia, en 1985, han sufrido intentos de "impeachment".
En su opinión, la recesión en Brasil tampoco puede ser usada como motivo para el proceso en su contra debido a que no la pueden culpar por la crisis económica internacional ni por el fin de los precios elevados de las materias primas en los mercados mundiales.
"Si la crisis económica fuese un argumento para sacar presidentes, no habría ningún presidente en pié en los países desarrollados que enfrentaron crisis más graves y pérdidas de empleos mayores que las de Brasil", dijo.
Advierte Costa Rica que deportará a inmigrantes que ingresen ilegalmente
SAN JOSÉ, 18 ABR (DPA) - El Gobierno de Costa Rica advirtió hoy que deportará a los inmigrantes que ingresen de manera ilegal al país, mientras en la frontera con Panamá varios cientos de emigrantes cubanos y africanos presionan para que se les permita el tránsito hacia Estados Unidos, su destino final.
En declaraciones a un diario local, la directora de Migración, Kathya Rodríguez, dijo que al gobierno no le quedará otra salida que la deportación de inmigrantes que ingresen sin el aval de las autoridades locales.
El Gobierno de Costa Rica enfrenta una difícil situación en la frontera sur, en el puesto fronterizo de Paso Canoas, donde permanecen varados más de 500 ciudadanos originarios de frica que penetraron por la fuerza desde Panamá la semana pasada, con el propósito de proseguir su travesía hacia Estados Unidos.
Nicaragua los rechazó en su frontera hacia Costa Rica y este país los devolvió a Panamá, que ahora se niega a recibirlos.
Junto a los africanos incursionaron varias decenas de inmigrantes cubanos, los cuales fueron deportados a Panamá.
Entre noviembre y febrero, Costa Rica hizo frente a una seria emergencia migratoria que dejó a unos 8.000 cubanos varados en territorio costarricense durante casi tres meses.
El problema se solucionó luego de que El Salvador y México aceptaron el establecimiento de un puente aéreo para que estas personas lograran acceder hasta la frontera con Estados Unidos, donde los cubanos que emigran reciben beneficios migratorios al amparo de la ley de ajuste cubano, de 1966.
Pero Costa Rica advirtió en diciembre que no concedería más visas temporales.
Sin embargo, hasta unos 3.000 cubanos llegaron a Panamá en días posteriores, donde se encuentran varados.
A estos inmigrantes se sumaron unos 600 procedentes de frica, los cuales viven un drama al quedar situados entre Paso Canoas y la frontera con Panamá.
Rodríguez dijo que si estas personas ingresan a Costa Rica, no habrá otra salida que la "deportación".
"Costa Rica es un estado de derecho, no los podemos solamente dejar pasar 'por media carretera", advirtió la funcionaria.
Hace una semana, México y El Salvador dijeron que no abrirían un nuevo puente aéreo, mientras Costa Rica culpa a Estados Unidos de estimular la crisis con los beneficios migratorios que otorga a ciudadanos cubanos.
Costa Rica anunció días atrás que instalará un centro de detención temporal en las proximidades de Paso Canoas, mientras se mantenga la emergencia.
Nicaragua, alegando razones de "seguridad nacional", mantiene cerrada su frontera a inmigrantes cubanos y ahora africanos, desde el pasado 14 de noviembre.
Corte suprema de EEUU dividida sobre destino de millones de indocumentados
WASHINGTON, 18 ABR 2016 (AFP) - El destino de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos quedó marcado por la incertidumbre este lunes, cuando la Corte Suprema se mostró dividida sobre un plan del presidente Barack Obama para postergar su deportación.
Los ocho magistrados evaluaron la validez de un conjunto de medidas ejecutivas de Obama, que preveían la regularización temporal y la entrega de permisos de trabajos a inmigrantes clandestinos.
Si no llegan a una decisión, prevista para finales de junio, el bloqueo del plan decidido por un tribunal menor seguiría vigente. Un duro revés para Obama a siete meses de dejar la Casa Blanca.
Los jueces conservadores John Roberts y Anthony Kennedy, cuyos votos son críticos en el caso, chocaron repetidas veces con el representante del gobierno de Obama durante la audiencia, extendida a 90 minutos por lo contencioso del asunto.
Paralizado por un Congreso hostil a una prometida reforma migratoria, Obama anunció una serie de decretos a finales de 2014.
Una iniciativa, DAPA, blindaría de la deportación a indocumentados que viven en Estados Unidos desde 2010 y tienen hijos ciudadanos estadounidenses. Otra amplía un programa de alivio para inmigrantes que llegaron al país como niños.
Pero 26 estados, casi todos de mayoría republicana, se negaron a implementar las medidas, y un tribunal de apelaciones las bloqueó.
Los cuatro magistrados de tendencia liberal parecían defender el plan de Obama y recordaron acciones similares de sus predecesores.
- Al son de los mariachis -
Pero los detractores del presidente lo acusan de haber excedido sus atribuciones, una opinión que pareció ser correspondida por los jueces conservadores en la Corte Suprema.
"Es como si el presidente estuviera definiendo la política y el Congreso ejecutándola (...) Eso está al revés", dijo Kennedy.
El debate, dentro de la cavernosa sala de mármol, transcurrió ajeno a la algarabía de los manifestantes apostados ante las escalinatas de la Corte Suprema.
Bajo un ardiente sol y fuerte presencia policial, medio millar de personas se expresaron en apoyo a las medidas de Obama... al son de los mariachis.
"Sí se puede", cantaban y portaban pancartas con forma de corazón en las que se leía "Mantengan unidas a las familias".
Roshell, una joven mexicana de 17 años traída a Alabama (sur) de manera clandestina por sus padres cuando era una bebé, teme diariamente ser deportada. Como Alabama se opone a las medidas, no puede trabajar ni estudiar, pero debe pagar impuestos.
"Hay muchas barreras que no me permiten ir al colegio, no puedo tener una licencia, ni un trabajo", dijo a la AFP.
"Tenemos la autoridad moral. Hoy es el día de justicia", dijo ante la multitud el senador de origen cubano Bob Menendez antes de entrar a la audiencia.
Una decisión contraria a la Casa Blanca retraería la situación de los casi cinco millones de indocumentados al incierto status quo, aunque una deportación inminente de todos ellos luce improbable.
El presidente ha dicho que busca priorizar las deportaciones de "delincuentes y no familias; criminales y no niños; pandilleros y no una madre que trabaja duro por sus hijos".
- "Lo querramos o no" -
Texas, uno de los estados en disputa con los decretos de Obama, argumenta que el plan le generaría millones de dólares en gastos para tramitar permisos de conducir a los indocumentados regularizados en su territorio.
Ese asunto dominó gran parte de la audiencia.
El juez Stephen Breyer, un liberal, observó que si Texas es autorizado a demandar al gobierno federal sobre la inmigración, ello abriría la puerta a los estados para desafiar un sin fin de normas federales.
Pero Roberts continuamente desafió el argumento del procurador general, Donald Verrilli, de que Texas no tiene base para demandar.
Verrilli subrayó "la preocupación humanitaria de evitar la ruptura de familias con niños que son ciudadanos estadounidenses".
La población de indocumentados "vive en las sombras", dijo Sonia Sotomayor, la primera magistrada latina de la Corte y descendiente de padres puertorriqueños.
"Están aquí, lo querramos o no", apuntó.
- "Ilegal amnistía" -
La decisión de la Corte Suprema arribará poco antes de las convenciones de investidura de los dos partidos, en julio, con la migración en la primera línea de la campaña electoral hacia las presidenciales de noviembre.
El favorito republicano Donald Trump sacudió el tema migratorio al prometer construir un muro en la frontera con México y deportar a los indocumentados.
Su principal rival, el senador de Texas, Ted Cruz, reaccionó a la audiencia "orgulloso de que Texas lidera el combate contra la ilegal amnistía de Obama".
La aspirante demócrata Hillary Clinton prometió en cambio defender las medidas de Obama e "ir más allá".
