Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2016-10-06
Las sanciones económicas, principal obstáculo para el desarrollo de Cuba
REBELIÓN 28 de septiembre del 2016 ESPAÑA
Salim Lamrani*
A pesar del establecimiento de un diálogo histórico con La Habana el 17 de diciembre de 2014 y pese a la visita oficial del presidente Barack Obama a la isla en marzo de 2016, Washington sigue aplicando sanciones económicas contra la población cubana, suscitando la incomprensión de la comunidad internacional. Establecidas en 1960, en plena Guerra Fría, las sanciones perduran más de medio siglo después, ocasionan importantes dificultades a la economía cubana e infligen sufrimientos inútiles a las categorías más vulnerables de la población. Su costo elevado y su alcance extraterritorial motivan el rechazo unánime de la comunidad internacional. No obstante la resolución de este conflicto asimétrico depende del poder ejecutivo estadounidense, que dispone de las prerrogativas necesarias para desmantelar gran parte de la red de sanciones impuestas a la Isla.
El 13 de septiembre de 2016 Barack Obama volvió a renovar por un año la Ley de Comercio con el Enemigo, una legislación del 1917 utilizada por primera vez por el presidente John F. Kennedy en 1962 para imponer sanciones económicas totales a Cuba, que prorroga el estado de sitio contra la isla. Esta ley, prorrogada cada año por los nueve presidentes de Estados Unidos desde esa fecha, sólo se aplica contra La Habana.
Una vez más el impacto de las sanciones ha sido dramático para la economía y la sociedad cubanas. En un año, de abril del 2015 a marzo del 2016, costaron cuatro mil 680 millones de dólares a la Isla según Bruno Rodríguez, ministro cubano de Relaciones Exteriores.
En su informe anual sobre las sanciones económicas, las autoridades cubanas estimaron los daños causados a nivel nacional. Resultaron afectados particularmente tres sectores. Primero las exportaciones, ya que Cuba no puede vender bienes ni servicios a Estados Unidos. Luego el costo producido por la búsqueda de mercados alternativos geográficamente alejados de la isla. Y finalmente el impacto financiero, pues Cuba todavía no puede usar el dólar en sus transacciones internacionales, a pesar de las declaraciones del presidente Obama sobre la supresión de esta restricción. “No existe elemento en nuestras vidas en el que no esté presente su impacto”, concluyó Bruno Rodríguez. En total las sanciones económicas han costado 125 mil millones de dólares a Cuba desde su implementación en los años 60 del siglo pasado.
Otros sectores vitales, como el de la salud, resultan afectados por las sanciones económicas. Sólo para citar un ejemplo, Cuba no puede adquirir los estimuladores cerebrales profundos, que permiten tratar las enfermedades neurológicas, que produce de modo exclusivo la empresa estadounidense Medtronic. Varios centenares de pacientes cubanos con la enfermedad de Parkinson, que podrían beneficiar de una mejor calidad de vida gracias a este equipo, se ven privados de él a causa de un diferendo político que opone Washington a La Habana desde hace más de medio siglo.
ASPECTO EXTRATERRITORIAL DE LAS SANCIONES
A pesar del acercamiento histórico de diciembre del 2014, varias entidades internacionales fueron fuertemente sancionadas después de esa fecha por realizar, en perfecta legalidad con el derecho internacional, transacciones financieras con Cuba. Así, en mayo del 2015, el banco francés BNP Paribas fue condenado a una multa record de ocho mil 900 millones de dólares por mantener, entre otros, relaciones financieras con Cuba. En octubre del 2015 otro banco francés, Crédit Agricole, tuvo que pagar una multa de 1,116 millones de dólares por el mismo motivo.
Conviene recordar que BNP Paribas y Crédit Agricole no violaron ninguna ley francesa y respetaron escrupulosamente el derecho europeo y el derecho internacional. Washington aplicó de modo extraterritorial, es decir ilegal, sus sanciones contra Cuba. Otras entidades financieras también fueron fuertemente sancionadas. Así el banco alemán Commerzbank tuvo que pagar una multa de 1,710 millones de dólares y puso término a todas sus relaciones con Cuba. El poder ejecutivo estadounidense tomó todas estas decisiones.
No obstante, el presidente Obama lanzó varios llamados al Congreso convidándolo a poner fin al estado de sitio anacrónico, cruel e ineficiente. Expresó varias veces su oposición al mantenimiento de medidas de retorsión económica que además de afectar gravemente el bienestar de los cubanos han aislado a Estados Unidos en la escena internacional. Durante su histórico viaje a Cuba admitió lo siguiente: “La política de Estados Unidos ha fracasado. Debemos tener la valentía de reconocer esta verdad. Una política de aislamiento elaborada para la Guerra Fría no tiene ningún sentido en el siglo XXI.
“El embargo solo hace daño al pueblo cubano en vez de ayudarlo. Es una carga de otro tiempo que pesa sobre el pueblo cubano”. La comunidad mundial, favorable a la resolución pacífica de este conflicto, aplaudió este discurso marcado por la lucidez.
Sin embargo la retórica constructiva de Barack Obama no ha sido corroborada por hechos tangibles, a pesar de sus prerrogativas como jefe del poder ejecutivo.
Es verdad que el presidente de Estados Unidos restableció el diálogo político con Cuba en diciembre del 2014, amplió el número de categorías de ciudadanos estadounidenses autorizados a viajar a la isla en enero del 2015, retiró a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo en mayo del 2015, restableció los lazos diplomáticos con la reapertura de embajadas en Washington y La Habana en julio del 2015, autorizó la exportación de bienes y servicios en el campo de las telecomunicaciones en marzo del 2016 (solo hacia el sector no estatal) y facilitó la reanudación del transporte marítimo de pasajeros entre ambas naciones en mayo del 2016 y de los vuelos comerciales en agosto del 2016.
No obstante, más allá de estas medidas positivas pero muy limitadas, el presidente de Estados Unidos dispone de todo el margen de maniobra necesario para desmantelar la casi totalidad de la red de sanciones impuestas desde el 1960, sin necesitar la autorización del Congreso. Barack Obama podría autorizar a las empresas cubanas a abrir cuentas bancarias en Estados Unidos para facilitar las transacciones comerciales y financieras. Podría también poner fin a la persecución financiera contra Cuba, de la cual han sufrido muchos bancos internacionales.
En total la administración de Obama infligió multas por un importe total de 14 mil millones de dólares a diversas entidades bancarias del mundo por sus relaciones con la isla del Caribe. Del mismo modo, la Casa Blanca podría permitir el comercio bilateral entre las empresas cubanas y estadounidenses (importaciones/exportaciones). También podría consentir a los capitales estadounidenses la posibilidad de hacer inversiones en Cuba. Por fin, podría, por ejemplo, eliminar la restricción que impide que todo barco, fuere cual fuere su origen, que transporte mercancía a Cuba, entre en un puerto estadounidense durante los siguientes seis meses.
Sólo hay cuatro sectores que el poder ejecutivo no puede tocar sin el acuerdo del Congreso. El Presidente Obama no puede autorizar el comercio entre las subsidiarias de las empresas estadounidenses ubicadas en el exterior y Cuba (Ley Torricelli del 1992). En cambio, puede permitir el comercio entre la empresa matriz instalada en Estados Unidos y las empresas cubanas, lo que hace que resulte de facto inútil toda transacción con una subsidiaria establecida en un tercer país.
Del mismo modo, Barack Obama no puede permitir el turismo ordinario en Cuba (Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales del 2000). En cambio puede perfectamente multiplicar el número de categorías de ciudadanos autorizados a viajar a la isla y ampliar su definición. Así, la Casa Blanca podría redefinir la noción de “viaje cultural” e integrar por ejemplo la visita de un simple museo. De este modo todo ciudadano que se comprometa a visitar un museo durante su estancia en Cuba podría beneficiarse de la categoría “viaje cultural”.
Sin el acuerdo del Congreso, el presidente Obama tampoco puede autorizar la venta a crédito de materias primas alimenticias (Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales del 2000). En cambio puede perfectamente consentir la venta a crédito de todo producto no alimenticio, lo que limitaría considerablemente el impacto de la sanción.
Finalmente la Casa Blanca no puede permitir las transacciones con las propiedades estadounidenses nacionalizadas en los años 1960 (Ley Helms-Burton del 1996). No obstante, puede abrir la vía a todo negocio que implique las demás propiedades de la isla.
RECHAZO UNÁNIME DE LAS SANCIONES
Todos los sectores de la sociedad estadounidense están a favor del levantamiento de las sanciones económicas. El mundo de los negocios, mediante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, desea fuertemente su fin pues ve un mercado de 11 millones de habitantes a 150 kilómetros de las costas estadounidenses que acoge a otros inversionistas internacionales. La opinión pública favorece a más del 70% la normalización completa de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, pues no entiende por qué su gobierno le prohíbe viajar a Cuba para hacer turismo ordinario.
Las autoridades religiosas, mediante el Consejo Nacional de Iglesias, han condenado las sanciones por el sufrimiento que infligen a la población de la Isla. Los cubanoamericanos, con el 63% según un sondeo de septiembre del 2016, también son partidarios del levantamiento de las sanciones, pues saben que las medidas económicas hostiles afectan a sus familiares en la Isla. Por fin conviene recordar que en el 2015, por vigesimocuarta vez consecutiva, 191 países sobre 193 pidieron el fin del estado de sitio contra la isla durante la reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Algunos observadores consideran que Cuba debe responder a los gestos que realizó el presidente Obama con cambios de orden interno. Olvidan de hecho el carácter asimétrico del conflicto. En efecto, en el diferendo que opone Washington a La Habana, la hostilidad es unilateral. Cuba no impone sanciones económicas a Estados Unidos, no ocupa de modo ilegal una parte de su territorio soberano (Guantánamo), no financia abiertamente a una oposición interna con el objetivo de conseguir un “cambio de régimen”, no roba el capital humano como lo hace la Ley de Ajuste Cubano, no realiza transmisiones ilegales destinadas a fomentar la subversión interna –como es el caso con Radio y TV Martí.
Por otra parte, Cuba es una nación independiente y según el derecho internacional y desde el Congreso de Westfalia del 1648, que reconoce la igualdad soberana entre los Estados, los cambios en la isla son competencia exclusiva del pueblo cubano, el único que puede decidir su sistema político y su modelo de sociedad.
Las sanciones contra Cuba son anacrónicas, crueles e ineficientes. Tienen un impacto desastroso sobre la economía cubana y afectan durablemente el bienestar de la población de la isla. A pesar de las declaraciones constructivas de la Casa Blanca a favor de un levantamiento de este estado de sitio, no se ha adoptado ninguna medida de envergadura para aliviar a los cubanos de este estrangulamiento económico que dura desde hace más de medio siglo y que la comunidad internacional condena de modo masivo. Desde luego, ninguna normalización completa de las relaciones será posible mientras esté en vigor esta política hostil.
Selección en Internet: Melvis Rojas Soris
- Profesor universitario y periodista especializado en las relaciones Cuba-Estados Unidos
Ayotzinapa: la mano sucia del gobierno federal
CONTRALÍNEA 25 de septiembre del 2016 MÉXICO
A dos años de uno de los peores crímenes consumados en el México actual, el conocido caso Ayotzinapa, los verdaderos perpetradores continúan impunes: han sido protegidos desde la más alta esfera del gobierno federal y desde ahí mismo se ha ocultado la verdad
Nancy Flores*
De ello hay bastantes evidencias: dilación en las investigaciones, pruebas sembradas, falsos peritajes, manipulación de las escenas y de las indagatorias, encubrimiento (de militares, policías federales y demás responsables del retraso y enturbiamiento de las investigaciones, entre ellos Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón), entorpecimiento de las diligencias de instancias internacionales, tortura a presuntos involucrados para inducir sus declaraciones y hasta el embuste de una “verdad histórica”.
Como se recordará, el crimen sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Ahí, seis civiles fueron asesinados, 43 estudiantes campesinos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa –que se movilizaban, como cada año, para la conmemoración de la masacre del 2 de octubre del 1968 en autobuses de pasajeros tomados– fueron víctimas de desaparición forzada y 12 personas más, normalistas, menores de edad y ciudadanos resultaron gravemente heridas.
Hasta ahora se ha sostenido la versión de que esta injusticia fue ordenada por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y perpetrada por policías municipales y federales y, en un segundo momento, por narcotraficantes ligados al grupo delictivo Guerreros Unidos.
También se ha sabido que en estos hechos participaron –al menos por complicidad– otros agentes del Estado mexicano (autoridades de inteligencia civil y militares), situación clave para entender por qué la administración federal apostó por el ocultamiento de la verdad y no por atender su obligación de esclarecer los hechos y, sobre todo, castigar a los culpables.
Por ello, pese a la presión social e internacional, el crimen permanece impune más allá del centenar de detenidos que cacarea el gobierno. Lo que es peor, aún se desconoce el paradero de los 43 jóvenes. Y afirmo que de los 43, porque la identificación de restos óseos de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz –hecha por científicos de la Universidad de Innsbruck, Australia, hace 1 año– no esclareció el destino de los estudiantes.
En esta gravísima e imperdonable violación a los derechos humanos, ocultar la verdad ha sido esencial para encubrir a los culpables. Cronológicamente, la primera prueba de ello es la reacción tardía del gobierno federal: la administración de Enrique Peña dejó pasar 11 días para atender el crimen. La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso hasta el 6 de octubre y ese mismo día el presidente declaró por primera vez.
El discurso de Peña Nieto, sin embargo, no fue acorde ni con su investidura ni con la relevancia del hecho: “Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana”.
¿Indignado? Sí, se dijo indignado como si no fuera el principal responsable de la conducción de este país y, por lo tanto, de todo aquello que está mal, incluidos los cientos de crímenes que a diario se cometen en todo México.
El hecho es que ni su investidura ni su “indignación” alcanzaron para que su gobierno reaccionara a la altura de las circunstancias, pese a que fue consciente de la gravedad del hecho desde que éste ocurrió: contaba con reportes de inteligencia civil y militar pormenorizados.
Incluso 3 días antes de que la PGR atrajera el caso, la Organización de las Naciones Unidas condenó la desaparición masiva de normalistas y los asesinatos. Son “los sucesos más terribles de los tiempos recientes”, señaló el organismo. Así que esa lentitud sólo puede entenderse como algo intencional. El gobierno federal no asumió su responsabilidad por motu proprio: fueron las movilizaciones sociales en México y el extranjero las que lo obligaron.
Los 11 días de inacción fueron el inicio de la larga lista de omisiones y atropellos. Muy pronto, la “indignación” del presidente desapareció. El 4 de diciembre del 2014, Peña Nieto “convocó a la sociedad guerrerense a que con su capacidad y su compromiso con el estado y con su comunidad, así como con sus propias familias, haga un esfuerzo colectivo para ir hacia adelante ‘y podamos realmente superar este momento de dolor’ por la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”, refiere el boletín de prensa que la Presidencia de la República publicó ese día.
Al gobierno le urgía que olvidáramos, para que la imagen internacional de su gobierno se limpiara. Así que, de la mano del entonces procurador Murillo Karam, empezó a inventar su “verdad histórica”.
La farsa estuvo lista 4 meses después de la tragedia. El 27 de enero del 2015, Murillo resolvió cerrar el expediente: citó peritajes, evidencias y declaraciones de detenidos antes de asegurar que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Ésta, dijo, es la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala.
Para ello obstaculizó la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense, invitado a la indagatoria por solicitud de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Algo que se repitió con el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue prácticamente corrido del país luego de desprestigiar públicamente a sus integrantes con una campaña mediática. Científicamente se ha demostrado que es imposible incinerar –hasta desaparecer– 43 cuerpos humanos en las condiciones que prevalecieron la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en el basurero de Cocula, Guerrero.
Otra prueba de la intencional impunidad es la protección al 27 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, con sede en Iguala. Según testimonios difundidos por la prensa, los militares persiguieron e intimidaron a los sobrevivientes. También documentaron las escenas del crimen, generaron seguimiento fotográfico y reportes detallados, pero no actuaron para frenar la masacre.
Por todo ello, el caso Ayotzinapa es un imperdonable crimen de Estado. Y así debe ser juzgado.
Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo
- Periodista y coordinadora de edición de la revista mexicana Contralínea
Moderna torre de Babel
Gustavo Robreño*
Cual moderna torre de Babel se desarrolla por estos días en Nueva York el 71 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), una organización cada vez más amplia y nutrida si se le compara con los 47 miembros fundadores que la hicieron nacer en la histórica Conferencia de San Francisco en el 1945; surgida como secuela de la Segunda Guerra Mundial y donde no pocos cifraron esperanzas de un nuevo orden mundial, más justo y pacífico, que evitara la reaparición de condiciones semejantes a las que propiciaron dos terribles contiendas mundiales en la primera mitad del siglo XX.
No hubo que esperar mucho tiempo para llegar a la conclusión de que tales esperanzas iban resultando baldías o, al menos, de muy imposible cumplimiento. La propia estructura y métodos adoptados por la nueva organización y, sobre todo, la integración de un todopoderoso Consejo de Seguridad poseedor de poderes absolutos -con una antidemocrática forma de votación-, excluye en la práctica al resto de los países miembros de las decisiones más importantes y cruciales.
Como se ha señalado reiteradamente, la Asamblea General donde todos se encuentran representados se convierte en un escenario retórico sin poder real y sus resoluciones, al no ser vinculantes, pierden fuerza y efectividad y no son respetadas por las llamadas “grandes potencias”, en especial por los Estados Unidos de América, que sigue aspirando al unipolarismo y al dictado imperial sobre el planeta.
Un claro ejemplo es la resolución de la Asamblea General condenando el injusto, ilegítimo y criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra Cuba, que ha sido aprobado abrumadoramente por la Asamblea en 24 períodos consecutivos y sus patrocinadores aún se resisten a levantar, basándose en una mayoría congresional que en este caso es capaz de oponerse irracionalmente a un verdadero clamor mundial.
No es menos cierto que, a través de sus agencias especializadas y otros órganos, Naciones Unidas ha logrado en diferentes esferas dar pasos de avance en beneficio de la comunidad internacional, en particular de países pobres y capas sociales vulnerables. Ellos han posibilitado siquiera algún alivio en medio de situaciones dramáticas.
El actual período de sesiones de la Asamblea General no ha sido calificado casualmente como torre de Babel, pues a algunos recuerda la frustración reflejada en aquel episodio de la Antigüedad, donde la diversidad de idiomas impidió la culminación de la magna obra.
En esta ocasión, se hizo evidente la dificultad de avanzar hacia ese orden mundial más justo y equitativo que la ONU proclamó en su fundación, pues la propia estructura de la organización -concebida para otro mundo y otros tiempos,- impide que prevalezcan muchas de las ideas y conceptos aportados por los nuevos estados emergentes y del Tercer Mundo, constituidos hoy en aplastante mayoría.
Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo
- Periodista cubano
