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Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2017-02-15

American First… O la reorganización del Imperio

LO POLÍTICO Y LA POLÍTICA Enero del 2017 MÉXICO

(Segunda Parte)

Ricardo Orozco*

Desde que Donald Trump se lanzó en campaña presidencial, el debate público global en torno a su política económica se dejó arrastrar por la incomprensión que les representaba su discurso. No pasó mucho tiempo antes de que la inercia de ese debate señalara al ahora presidente de Estados Unidos como una amenaza al capitalismo, a la globalización y al libre mercado —conceptos que con frecuencia se usan indiscriminadamente como sinónimos que designan el mismo fenómeno.

Así, más preocupados por la posibilidad de que la correlación internacional de fuerzas sociales verdaderamente se cimbrara o cambiara en sus proporciones, los comentócratas creen observar en las amenazas a las automotrices, en el rechazo a los tratados de libre comercio vigentes, en la posibilidad de blindar los aranceles al tráfico de mercancías, en el sellado de las fronteras y en la promoción del interés estadounidense por encima de todo lo demás, la fórmula de retorno a esquemas proteccionistas, keynesianos o protosocialistas caducos.

La verdad es que esas posiciones no sorprenden. Durante décadas, desde la inauguración del neoliberalismo realmente existente en la periferia global —a través del golpe de Estado a Salvador Allende, en 1973—, el dogma del libre mercado se encargó de adoctrinar a la humanidad de manera tal que el sólo hecho de pensar en una configuración económica-social alternativa a la propuesta por Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig Mises, Walter Lippman, Gary Becker o Bruno Leoni —pioneros de la tradición monetarista de la Escuela de Chicago y la Mont Pelerin Society— estuviera fuera de toda posibilidad histórica de consecución.

Y es que el argumento era sencillo pero potente: sólo el libre mercado, con sus infinitas capacidades de reciclaje, de mutación espacio-temporal y de autorregulación es capaz de ordenar a la sociedad, de dar sentido a la existencia del humano y de preservar la vida sin alteraciones en la medida en que la libre oferta y la demanda regulen todo cuanto es útil para la sociedad y todo aquello que no lo es.

En las décadas en las que el discurso neoliberal se gestó, la promoción de su (re)producción, de su aplicación material en todos los rincones del planeta tuvo como caja de resonancia el hecho de que combatía todo aquello que en Occidente representaba la Unión Soviética y el socialismo realmente existente: el neoliberalismo era lo opuesto a la planificación económica centralizada, al autoritarismo —se le llegó a denominar democracia económica—, a la no-libertad, al atraso y a la barbarie. Por ello, en las periferias globales el discurso de la apertura, de la multiculturalidad, de los derechos humanos y la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales resonaba con tanta potencia.

Porque del cumplimiento cabal de dichos postulados dependía, por un lado, la apertura y acceso de nuevos mercados sobre los cuales reconstruir los niveles de la tasa de ganancia observados en el periodo inmediato posterior a la Segunda Guerra Mundial; y por el otro, el anular cualquier posibilidad de expansión soviética y modelos económicos afines o de radicalización del socialismo real.

La cuestión es que este discurso, y su implementación, no funcionaban de la misma manera en las economías centrales. En Estados Unidos, Japón y lo que posteriormente se constituyó como la Unión Europea la doctrina de la apertura sólo era válida para los mercados periféricos, no así para sus propias sociedades. Velado con instrumentos de control de calidad, normas soberanas de bienestar social en determinados rubros de la producción y el consumo, subsidios o impuestos indirectos a la importación de mercancías, el proteccionismo comercial en el centro de la economía-mundo capitalista siempre rechazó la aplicación del monetarismo tal y como lo proponían sus próceres.

Porque de lo que se trata en el neoliberalismo no es de establecer un mundo de puertas abiertas en cada mercado, sino de asegurar que la periferia siga siendo el lugar en donde por excelencia se reducen los costos de producción, se externalizan los costos sociales, ambientales, políticos, etc.; y se incrementa la tasa de transferencia de capital hacia el centro.

Así pues, lo que hoy vocifera sin cesar Donald Trump, antaño lo ponían en práctica los gobiernos de Europa, Asia y Estados Unidos por medio de mecanismos más sutiles, previstos en los tratados de libre comercio; mediante instituciones arbitrales, de control de calidad y autorizadas para dirimir controversias comerciales; pero también a través de un lenguaje con una mayor corrección política, cifrados en palabras honorables y sentencias adornadas con una profusión de cortesía y buenos modales diplomáticos.

Por eso las posiciones que ya incluso califican a Trump de un socialista disfrazado son absurdas no únicamente porque Trump mismo sea beneficiario directo de los mecanismos comerciales que permiten su propia acumulación de capital, sino porque, de un lado, no terminan de comprender que los modelos keynesianos (bienestaristas o de Welfare State) no se reducen a la manipulación de un par de empresas, a la colocación de aranceles a esas mismas empresas si no ceden a las demandas del gobierno, o a la renegociación de tratados comerciales más favorables para una de las partes; y del otro, que Trump no está nada cerca a proponer una economía como la cubana del siglo XX, por mucho el modelo más próximo al socialismo.

En última instancia, además de invisibilizar los términos desiguales del intercambio comercial y financiero entre centros y periferias (o lo que en América Latina con justeza se denomina explotación), pretenden afirmar que hasta el keynesianismo es un modelo económico diferente al capitalismo moderno; cuando en realidad el propio socialismo soviético nunca dejó de ser un esquema de producción y consumo de tipo capitalista.

Justo estas miopías en el entendimiento de la estructura global de producción/apropiación moderna capitalista es lo que durante tanto tiempo ha llevado a los observadores de la política comercial de Trump a afirmar que es un peligro de muerte para el libre mercado. Porque además, al hacerlo sólo se concentran en nodos de acción específicos. De ahí que insistir en que Trump no está repatriando capitales, exigiendo al capital financiero que abandone sus inversiones en las bolsas de valores de todo el mundo, pidiendo a los bancos que restrinjan sus líneas de crédito al plano nacional; arremetiendo en contra de mineras, gaseras, eléctricas o empresas petroleras para que detengan la extracción de recursos naturales en las periferias globales, y tampoco deteniendo los flujos de mercancías, servicios y capitales desde o hacia su país; sino ejerciendo controles estatales directos en la economía para acelerar el proceso de recuperación de la tasa de ganancia —a sus niveles previos a la burbuja hipotecaria de 2008— sin tener que recurrir a instrumentos especulativos no sea mero capricho.

La estrategia de Trump se desenvuelve en dos planos. Por un lado, al interior de Estados Unidos ha sido insistente en que se tiene que acelerar la industria nacional a través de la rehabilitación y construcción de nueva infraestructura, en que los costos de los programas sociales se deben reducir (MediCare es el ejemplo por excelencia), en que los impuestos al empresariado deben ser menores y en que la actividad sindicalizada no debe ser una obstrucción a la flexibilidad laboral. Por el otro, al exterior de su país la exigencia es la contraria, decretar nuevos aranceles, retención de capital extranjero, y consolidar tratados comerciales que incrementen los ingresos estadounidenses.

Si se leen por separado, ambas posturas se pierden en dogmatismos (como creer que Trump es socialista, keynesiano o similares). Porque lo cierto es que el éxito del primer plano de acción depende del segundo, toda vez que mantener un gobierno con un déficit bajo, sin recaudar más impuestos pero sí incrementando el gasto en seguridad sólo es posible en la medida en que sean las economías externas, las que comercian con Estados Unidos las que sufraguen esos costos.

Y es que si Donald Trump estuviese proponiendo algo remotamente parecido a un modelo de Welfare State, las directrices que estaría barajando en este momento serían algo más próximo a la universalización de servicios públicos como salud, educación, alimentación y vivienda (con cargo al erario), la progresividad en la recaudación de impuestos en proporción a los niveles de ingreso, la reformulación de los salarios en beneficio de las clases trabajadoras que tanto dice proteger, la austeridad gubernamental sin recortar el gasto público y la promoción de mecanismos productivos sustentables; sin mencionar la redistribución de la riqueza.

Pero no lo hace, porque resulta políticamente más redituable someter al resto del mundo bajo la amenaza de perder sus relaciones comerciales con la aún mayor economía del planeta para después obtener acuerdos que hagan eco del American First. Y la política migratoria en contra de hispanos va justo en ese sentido: eliminar el ejército industrial de reserva inmigrante para colocar en sus puestos a estadounidenses.

No deja de ser importante, en este sentido, señalar que Trump no es una excepción a la regla del establishment que opera en el complejo financiero-militar de su país, es justo la regla que confirma que no existen excepciones cuando del excepcionalismo anglosajón se trata.

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo

  • Mexicano maestro en Ciencias, abogado y político

EEUU no es una empresa

ELDIARIONY 1 de febrero del 2017 EEUU

Editorial

Trump gobierna por órdenes ejecutivas, las leyes parecen un obstáculo

Hay una percepción de ingobernabilidad a poco más de una semana de que el presidente Donald Trump esté en la Casa Blanca. Se sabía que su estilo iba a ser diferente al de sus predecesores, pero no se esperaba que en tan poco tiempo creara un caos en el gobierno como ocurrió con su orden de limitar el ingreso a EEUU de extranjeros de siete países musulmanes.

El problema no es, como se quiere mostrar, que se debe a su deseo de cumplir con las promesas de campaña, sino es el proceso para hacerlo. Trump actúa como si EEUU fuera una de sus empresas, en donde el jefe ejecutivo omnipotente ordena y todos obedecen. Un gobierno no es así.

La manera en que se manejó la orden ejecutiva refleja la falta de conocimiento y el exceso de arrogancia que prevalece en la Casa Blanca.

Trump, y su círculo, promulgaron una orden ejecutiva con largo alcance legal en el área migratoria y en la política exterior, sin ver detalles ni medir consecuencias. Nadie fue consultado, como ocurre en esos casos, y así fue el resultado.

No hubo una implementación uniforme en los puertos de entrada, porque faltaba una instrucción clara de cómo proceder según la orden. Ni tampoco se esperó para armar un Departamento de Justicia acorde a la nueva administración y determinar la legalidad de la orden presidencial. Cuando la jefa interina del área, Sally Yates, la rechazó por declararla ilegal –está en su potestad– la Casa Blanca la destituyó por “traicionar” a la agencia federal.

También muchos diplomáticos de carrera criticaron la orden, sugiriendo opciones, a través de un canal oficial para el disenso en el Departamento de Estado. Ellos temen que la orden cause más peligro que seguridad, antagonizando hasta con naciones aliadas, como Irak, al prohibir el ingreso de sus nacionales, algunos de ellos que combaten junto a los estadounidenses contra ISIS. La Casa Blanca rompió una norma de 40 años al decirles que si no les gusta, que se vayan.

A todo esto, el Congreso brilla por su ausencia. Trump gobierna por órdenes ejecutivas, las leyes parecen un obstáculo. Su apuro no es una virtud, sino un defecto. De allí salen órdenes irrelevantes como la de terminar Obamacare, y otras caóticas, ya que fueron simples promesas de campaña, vacías de detalle para implementarlas.

En el gobierno no hay leyes de bancarrota, como las que salvaron a Trump de sus malas decisiones empresariales. Gobernar es un proceso deliberativo en el que sobra el capricho.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

La “famiglia”: el Estado asume una deuda del padre de Macri por $ 70 mil millones

LA HAINE 10 de febrero del 2017 ESPAÑA

Aunque los grandes medios hablan de "perdón", este era un ingreso previsto en el presupuesto, por lo que lo descontarán de alguna otra partida (probablemente gastos sociales)

Mario Hernández

En la tarde del pasado miércoles se conoció que el Gobierno nacional aceptó el "perdón" de casi la totalidad de una deuda que la empresa Correo Argentino S.A. mantenía con el Estado nacional. La cifra supera los $ 70 mil millones (4 mil 375 millones de dólares) y representa más de la mitad de la inversión prevista para la Emergencia Social en 3 años.

Esa cuasi condonación beneficia al padre del mismo presidente de la nación, ya que Franco Macri era quien encabezaba la empresa cuando se inició la causa judicial.

A mediados del 2016, el Gobierno nacional aceptó una propuesta de pago de esa deuda que implica aceptar la condonación de más del 98,82% del total.

Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, dictaminó el rechazo a este acuerdo y definió que el mismo “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”.

En el sitio fiscales.gob.ar, señaló "que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni el acto administrativo que se las impuso".

La información se conoció por medio de un artículo de Ari Lijalad en el sitio Nuestras Voces. Allí se detalla la información relacionada con la deuda que Macri perdonó.

"Según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta implica una quita en la deuda de 70 mil 163 millones de pesos, un 98,82% sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri sólo pagarán el 1,18% de la deuda que tenían con el Estado", describe la investigación del periodista Ari Lijarad.

"Este desfalco para el Estado Argentino tiene un momento clave el 28 de junio del 2016, cuando se realizó una audiencia y el Correo Argentino hizo una nueva oferta de pago de su deuda, supuestamente más ventajosa. Sin embargo, según reconstruye la fiscal Gabriela Boquín en su dictamen del 30 de diciembre pasado, esta propuesta lejos estaba de ser nueva y menos aún más beneficiosa que las anteriores. En primer lugar, la negociación arrancó al revés: fue el Estado Nacional quien solicitó la audiencia el 19 de mayo del 2016 y adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta. Mal negociador aquel que pide una reunión y anticipa que va a aceptar. Mal negociador o hubo un acuerdo previo", ironiza el artículo periodístico.

Ahora, la Justicia investiga si hubo negligencia del Estado por su intervención tan ventajosa para una de las partes, esto es, la familia del propio presidente. Por ahora, un fiscal pidió a la justicia que no homologue ese acuerdo entre el Correo y el Estado.

Según reseña el artículo, ahora serán las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi las que deberán decidir por la suerte de los 70 mil millones de pesos que el Gobierno quiere perdonarle a la famiglia Macri. Se trata de juezas con vínculos con el oficialismo nacional.

LA HISTORIA DE UN VACIAMIENTO

Macri se hizo cargo del Correo Argentino, la firma más antigua del país, en septiembre del 1997, pero hasta el 2001 no había pagado el canon comprometido al Estado (51,6 millones de dólares semestrales). Argumentó que el Estado le debía plata por servicios prestados y nunca abonados y que ese desajuste podía compensarse restándolo del pago del canon.

En su momento, Macri consiguió, con el auspicio legal del exministro Roberto Dromi, que el juez federal Ernesto Marinelli lo autorizara a seguir en rojo con el Estado, hasta que la administración pública abonara unos 98 millones de dólares.

Con el Correo pensaba ganar mil 500 millones de dólares para el 2000, pero desde el 1997 un solo ejercicio registró una utilidad de 1,4 millones. El cúmulo de operaciones financieras y logísticas que transformarían al Correo en una pujante empresa multimillonaria, apelando a las herramientas de la informática, a la sumatoria de negocios vecinos y a un trabajo en escala con Brasil, no llegó a concretarse.

Antes de la concesión, el Correo perdía 20 millones de dólares por año. Con Macri, el rojo llegó a 50 millones. En todo el país había 5 mil sucursales, cuatro años después, quedaban 3 mil 500 entre las propias y los locales contratados que acumulaban las facturas pendientes de pago.

Para el 2000 la caja del Correo le quedaba “corta” para pagar los sueldos de 13 mil empleados, a pesar de que 7 mil 500 fueron renunciados. Los 500 pesos brutos de remuneración mensual le parecían montos astronómicos a pesar de la facturación anual de 527 millones de dólares.

Sin embargo, comenzó tirando manteca al techo. Los gerentes recién llegados ganaban más de 147 mil dólares anuales, la misma cantidad asignada al director del correo estatal inglés. El Post Office, era el asesor técnico de Macri, pero tributaba a la Corona 500 millones de dólares al año, tenía 229 mil empleados y casi nueve veces más sucursales distribuidas en su territorio equiparable a la provincia de Buenos Aires.

Tomó una empresa libre de deudas y cargada de activos, que en 4 años acumuló un pasivo de 740 millones de dólares. Cumplió con el canon completo solamente por un año y hacia mediados del 2001 debía 260 millones en cuotas atrasadas. A los carteros empezaron a faltarles lapiceras y a cobrar salteado, y en las sucursales faltaban formularios, entonces pidió un concurso de acreedores para librarse transitoriamente de obligaciones con proveedores, contratistas y acreedores.

Quienes conocen la trama interna señalan al contrato con Furex S.A. como el eje del vaciamiento del Correo. La firma transportista se constituyó el 1º de abril del 1998, a 7 meses que Macri ganó el Correo, con un capital inicial de 12 mil dólares y el único objetivo social de realizar “operaciones de logística para la empresa Correo Argentino S. A.”. Empleaba a buena parte de los carteros, aunque muy pocos se llevaban un recibo en blanco a sus casas.

El vicepresidente era Fernando Alfredo Marín, actual director de Fútbol para Todos, y durante años responsable de las relaciones públicas de Socma (Sociedades Macri).

Mauricio Macri fue parte del directorio del Correo y fue en su casa de Barrio Parque donde se llevaron a cabo buena parte de las reuniones con los empresarios socios y con el gobierno menemista, en las que se decidió la concesión.

Las negociaciones por parte de la empresa fueron llevadas adelante por Osvaldo Salvestrini y Andrés Ibarra, actual Ministro de Modernización. Osvaldo Salvestrini estaba a cargo de ITRON, la compañía que debía ser reconvertida para quedarse con el correo privado.

Salvestrini, tesorero de Boca Juniors, club que presidía Mauricio Macri, explica la estrategia del grupo: “En ITRON habíamos analizado cuidadosamente las posibilidades que ofrecía el Correo. Con 6 mil 500 oficinas diseminadas en todo el país, podíamos tener la mayor red de distribución de la Argentina. El Correo era la única organización con capacidad para llegar a todos y cada uno de los argentinos, al menos -en promedio- una vez al año. Si en esos contactos a lo largo de un año, se les pudiera vender “algo” por diez pesos, con ese algo, multiplicado por treinta y cinco millones de habitantes, teníamos un potencial de ventas incalculable. Era verdaderamente un desafío intelectual, un acicate a nuestra creatividad”.

Pero Salvestrini como presidente y Andrés Ibarra como gerente general se encontraron con conflictos y situaciones que nadie había previsto en los power point, en los que mostraban cómo transformarían el Correo, en uno moderno, informatizado y con poco personal.

En el primer año pusieron en marcha un plan de despidos masivos, a través de un programa de retiros voluntarios, por el que el Correo redujo su dotación en 10 mil empleados. Para eso utilizaron los fondos que se habían comprometido a aportar como inversión de capital en el contrato de concesión. En el balance contable del primer año de gestión, la empresa hizo figurar como inversión 100 millones de dólares que había usado en realidad en el despido de personal.

UNA PEQUEÑA AYUDA DE MIS AMIGOS FUNCIONARIOS

Para llevar adelante el plan de despidos y poder presentar las indemnizaciones como parte de la inversión de capital planteada en el contrato contaron con la ayuda del viceministro de Trabajo, José Uriburu, quien luego compartiría con Mauricio Macri la Sociedad Pastoril Santiagueña.

Como Viceministro de Trabajo del gobierno menemista, Uriburu impulsó una reforma laboral y previsional que permitió hacer más flexible los contratos laborales y más sencillo para la empresa el despidos de trabajadores. También impulsó los decretos que buscaron la equiparación de los trabajadores del Correo con los empleados de las empresas privadas, uno de los reclamos centrales de Macri.

Como los decretos se demoraron y los trabajadores se negaron a dejar de estar comprendidos en los convenios colectivos de su sector, Uriburu ideó junto a Macri y el secretario de Comunicación, Germán Kammerath, un sistema de “retiros voluntarios”.

Además, permitieron que la operación fuera registrada en los balances como “inversión de capital”, deduciéndolo de lo que se habían comprometido a invertir de acuerdo al contrato original. Como el consorcio se había comprometido a invertir 25 millones por año, con esto quedaba cubierta la inversión de cuatro años. La causa transitó por diversos juzgados por tantos años que no hubo pena para cumplir.

Uriburu también se encargó de darle el primer negocio importante al Correo, al contratarlo para que abonara las “ayudas económicas no retributivas” en los planes sociales que manejaba el Ministerio de Trabajo.

La Oficina Anticorrupción que analizó el tema informó que constituía un fraude a la Administración pública además de incumplimiento de deberes del funcionario público, entre otras cosas porque se contrató de manera directa, cuando debía haberse realizado una licitación pública.

Se omitió considerar alternativas que hubieran representado una mejora, cuando otras empresas presentaron mejores condiciones económicas y sostuvo el acuerdo con el Correo. Se realizó una contratación por 5 millones 300 mil dólares, a pesar de que el Director nacional de Políticas de Empleo y Capacitación había informado que el monto ascendía a 3 millones 96 mil 557 dólares.

Y la frutilla del postre. Los coordinadores del Plan Trabajar detectaron que el número de beneficiarios que no había cobrado la cuota correspondiente era más elevado que el promedio que se venía registrando. Se le solicitó una explicación al Correo. La empresa admitió la situación, pero solicitó que se le concediera un plazo de 36 meses de financiamiento para hacer efectivo el pago.

El Ministerio no reclamó esos pagos, sino que celebró un acuerdo de conciliación de deudas y créditos por el cual el Correo le adeudaba $ 16 millones 722 mil 133 dólares pero, casualmente, la deuda del Ministerio con el Correo ascendía a la suma de 16 millones 449 mil 357 dólares.

A pesar de las ayudas, la participación en el mercado cayó del 49% en el 1997 a 35% en el 2001. En el 2000, llegaron a tener pérdidas contables del 50% del patrimonio neto de la empresa, violando la Ley de Sociedades Comerciales que establece que una sociedad se disuelve cuando la pérdida del capital social llega a la mitad del capital.

No obstante, incrementó en un 750% la tarifa de la casilla postal, cambió el gramaje de envío de cartas, dolarizó las tarifas correspondientes a los envíos al exterior, sin autorización de la Comisión Nacional de Comunicaciones, y obtuvieron contrataciones directas sin ningún control por parte del Estado.

Tres años después de haber obtenido la concesión, Macri le debía al Estado casi mil millones de dólares: 408 millones de canon, 60 millones en préstamos del Banco Nación y 528 millones en concepto de aportes patronales evadidos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Finalmente, el Correo fue a la quiebra y el gobierno de Néstor Kirchner canceló la concesión por decreto el 19 de noviembre del 2003.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris