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Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2017-03-01

Trump: la locura nuclear

LA JORNADA 24 de febrero del 2017 MEXICO

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió ayer en la idea de aumentar el arsenal nuclear de su país porque debe garantizarse que sea el mejor de todos y porque, según él, Washington se ha quedado rezagado en el desarrollo de armas atómicas. Asimismo, el magnate republicano se quejó por los avances logrados por Rusia en esta clase de armamento. Se dijo muy molesto por los ensayos de misiles que lleva a cabo Corea del Norte y responsabilizó a Pekín por el armamentismo atómico de Pyongyang porque, a su juicio, China no ha ejercido sobre su vecina la suficiente presión para disuadirla de su belicosidad.

Por principio de cuentas, semejantes declaraciones confirman que Trump no cuenta con información ni claridad sobre el balance nuclear en el mundo moderno, que no conoce las capacidades atómicas de su propio país y que, en general, ignora la dinámica de los procesos armamentistas.

Aunque las cifras actualizadas sobre cabezas nucleares distan de ser precisas y confiables, y por más que esos números no digan toda la verdad sobre la capacidad de destrucción de una potencia atómica –porque, además de las bombas propiamente dichas, deben tomarse en cuenta los vectores o misiles utilizados para lanzarlas–, la mayor parte de las fuentes coincide en que los arsenales nucleares de Rusia y Estados Unidos –los mayores del mundo– son numérica y cualitativamente similares: entre siete y ocho mil cabezas atómicas cada uno. Tales números terroríficos reducen al absurdo cualquier alegato orientado a justificar el aumento o la mejora de tales artefactos, porque con una pequeña fracción de ellos bastaría para acabar con la civilización y acaso hasta con la vida en el planeta.

Asimismo, yerra Trump al suponer que bastaría con presiones chinas para disuadir al régimen norcoreano de desarrollar armas atómicas. Por lo visto, el presidente estadunidense ignora que fue el belicismo de George W. Bush –que provocó la invasión y destrucción de Afganistán e Irak– el que incitó a Pyongyang a desarrollar un programa de producción de armas de destrucción masiva, cuya posesión fue vista como único elemento de disuasión frente al intervencionismo armado y devastador de Washington. Con ese hecho en mente, sería mucho más lógico buscar el desarme de Corea del Norte suprimiendo la sempiterna amenaza militar estadounidense contra ese país.

Pero lo más aterrador es que, con todo y esa falta de información y de criterio, Trump tenga en la mano los códigos para desatar un ataque nuclear en contra de cualquier país del mundo en el momento que sea. Tal parece que el temor de que un desequilibrado –como numerosas voces caracterizan al actual mandatario estadounidense– tenga el dedo puesto en el botón atómico, un tema manido de las películas hollywoodenses, podría haberse hecho realidad.

Lo que hoy ocurre en Estados Unidos podría pasar también en Rusia, Francia, Gran Bretaña, China, India, Israel y Pakistán, y cabe dudar de que esos países cuenten con mecanismos legales, políticos y tecnológicos capaces de prevenir la concreción de una circunstancia tan peligrosa como la que hoy se presenta en la Casa Blanca.

La moraleja es evidente: la mejor forma de impedir que los arsenales nucleares sean utilizados es destruirlos y proscribirlos. Por desgracia, aún se requiere de mucho avance ético para que esa convicción se generalice entre los gobernantes de las potencias atómicas. De modo que, en lo inmediato, cabría exigir, al menos, que tengan más cuidado al seleccionar a quién le entregan los códigos atómicos.

¿Trump quiere un muro? Ahí está, se llama México

THE NEW YORK TIMES 24 de febrero del 2017 EEUU

Eduardo Porter*

Hace poco más de diez años, los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se toparon con una sorpresa en su batalla contra la inmigración ilegal: un montón de brasileños.

En el 2005 miles de ellos trataron de entrar de manera ilegal a Estados Unidos al cruzar la frontera desde México. Más de 31 mil fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza mientras intentaban entrar a Estados Unidos, una cantidad solo superada por los mexicanos, salvadoreños y hondureños.

Y, de pronto, el flujo paró. Bajo presión de Washington, México volvió a imponer el requisito de visa de turista a Brasil, el cual había eliminado cinco años antes. Esto cortó una ruta de tránsito que comenzaba con un vuelo desde Río de Janeiro a Cancún y terminaba en una travesía por el desierto hacia el sur de Texas.

Para el 2006, la Patrulla Fronteriza detuvo solo a mil 460 brasileños, una disminución de 95% respecto al año anterior. Hoy en día muy pocos brasileños tratan de cruzar por la frontera. Los agentes migratorios se topan en cambio con centroamericanos –guatemaltecos, hondureños y salvadoreños– que atraviesan por México con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Sin embargo, al igual que en el 2005, la principal barrera que impide que hagan el cruce —un muro, podría decirse— es México.

México depende en buena medida de Estados Unidos. Su estrategia de desarrollo desde los años noventa ha consistido en enlazar su economía a la del vecino del norte. Todavía hoy apuesta por que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte será su motor de crecimiento al atraer inversiones de empresas multinacionales para servir al enorme mercado estadounidense. Ha aprovechado la migración hacia el norte como una válvula de escape, permitiéndole desaguar a millones de mexicanos sin empleo en el mercado laboral de Estados Unidos.

México, por cierto, también ha contribuido a la prosperidad de Estados Unidos. Los inmigrantes mexicanos han acelerado su crecimiento económico. Asimismo, el TLCAN ha permitido a muchas empresas estadounidenses ser más competitivas frente a compañías de Asia.

El problema para el gobierno de México es que Trump no lo ve así. Ha prometido dar la espalda al vecino del sur: renegociar el TLCAN en peores condiciones para México; poner un muro en la frontera. El desafío para el gobierno mexicano es convencer al nuevo ocupante de la Casa Blanca de que Estados Unidos también necesita a México. Y la cooperación en asuntos migratorios es quizá su mejor arma: debe hacer ver a Trump que México es una herramienta efectiva en el combate contra la migración ilegal, y que es una herramienta que Estados Unidos podría perder.

No será fácil. Esta semana, el secretario de Estado Rex Tillerson y su contraparte de Seguridad Nacional, John Kelly, están de visita en México para evaluar el tipo de cooperación bilateral que podría ser posible en esta nueva era. Incluso antes de subirse al avión, la publicación de nuevos lineamientos para el trato de inmigrantes sin documentos sugiere que Washington persistirá con una política de mano dura.

Dos memorandos firmados por Kelly sugieren que se recrudecerán los esfuerzos para encontrar, detener y deportar a los inmigrantes que vivan sin autorización en Estados Unidos. Ordenan contratar a 10 mil agentes migratorios y 5 mil oficiales adicionales de la Patrulla Fronteriza. También ordenan a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a comenzar el diseño y la construcción del muro.

Además, en una maniobra que seguramente despertará la ira en México, los documentos estipulan que los agentes estadounidenses podrán regresar a los migrantes de cualquier país que atrapen cruzando la frontera “al territorio del país extranjero contiguo desde el que llegaron” en lo que esperan los trámites oficiales de repatriación en Estados Unidos, es decir, los regresarán a México.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional argumentaron que regresar a los centroamericanos a México se haría solo de manera limitada y solo después de discutirlo con el gobierno mexicano. Pero parece poco probable que una disposición diseñada para reducir costos para el gobierno estadounidense endilgándoselos a México sea bien recibida por el gobierno mexicano.

“Eso violaría todos los acuerdos y convenciones”, dijo acerca de la disposición Gustavo Mohar, quien fue negociador mexicano en jefe para asuntos migratorios con Estados Unidos durante la presidencia de Vicente Fox.

“México está obligado a recibir a los mexicanos, pero tiene el derecho de exigir que se acredite que en efecto lo son”, afirmó Mohar.

Pero México tiene cómo responder. Como me dijo el exsecretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda, una opción sería deslindarse y dejar que los centroamericanos crucen libremente por México hacia Estados Unidos. ¿O por qué no negarse a recibir a las personas deportadas que no puedan comprobar que tienen la ciudadanía mexicana?

He aquí lo que está en juego para Estados Unidos. El año pasado, México regresó a 143 mil 057 migrantes centroamericanos a sus países de origen. Envió a casa a más de 59 mil migrantes guatemaltecos que se dirigían al norte a través de su territorio y repatrió a casi 48 mil hondureños y 31 mil salvadoreños, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones.

Por supuesto, México no hace esto solo por amor a su vecino del norte. Como señala Mohar, incluso si su destino final es Estados Unidos, las decenas de miles de centroamericanos que van hacia el norte pueden volverse un gran peso sobre las comunidades mexicanas. Y si los oficiales mexicanos simplemente los dejaran pasar, estarían poniendo una enorme carga en las ciudades a lo largo de la frontera norte de México.

Pero la política mexicana definitivamente ayuda también a Estados Unidos. En total, México detuvo y regresó a casi el doble de centroamericanos que Estados Unidos. ¿Podría el muro del presidente Trump remplazar esta barrera?

La historia sugiere que la política migratoria más productiva se propondría administrar de manera legal la inmigración proveniente de los países más pobres, no impedirla. Tratar de hacer esto último solo fomenta que se dé de manera clandestina. Algunos expertos han propuesto establecer un programa de migración de trabajadores temporales administrado por México y Estados Unidos. Se podría diseñar de manera que beneficiara a los migrantes, protegiera a los trabajadores estadounidenses y surtiera empleados para las empresas estadounidenses.

Incluso si una política tan ilustrada como esta todavía sea políticamente inalcanzable, el argumento a favor de la cooperación entre México y Estados Unidos es inapelable. Hoy en día, la migración ilegal desde México es un problema relativamente menor. Las aprehensiones de migrantes mexicanos en la frontera están en su nivel más bajo desde la década de los setenta. Menos mexicanos cruzan la frontera hacia el norte de los que regresan a su país desde Estados Unidos. El año pasado, la Patrulla Fronteriza detuvo a más centroamericanos que mexicanos. México es ahora principalmente un corredor.

En el pasado, Washington ha reconocido la importancia de la ayuda de México. Le ha dado 24 millones de dólares para apoyar sus esfuerzos contra la migración ilegal en su frontera sur —sobre todo en cuestión de capacitación y compra de equipo de alta tecnología— y se ha comprometido a dar 75 millones más.

El nuevo gobierno de Estados Unidos podría reconocer que evitar que los centroamericanos lleguen a su territorio implica un alto costo político para el gobierno mexicano. En el 2014, cuando el presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció el Plan Frontera Sur, que intensificó los controles migratorios en puntos de entrada y en los corredores de migración conocidos, fue duramente criticado de estar haciendo el trabajo sucio para Estados Unidos.

“Comentarios en la prensa mexicana señalaban: ‘¿Por qué estamos tratando a los migrantes centroamericanos como Estados Unidos trata a los mexicanos?’”, dijo Andrew Selee, vicepresidente ejecutivo del Wilson Center en Washington, un centro de investigación enfocado en asuntos internacionales.

“El gobierno mexicano persistió porque sabía que una crisis migratoria en la frontera con Estados Unidos también podría costarle a México”, señaló. “Hay otras cosas en juego en la relación bilateral que no quería arriesgar”.

Con sus múltiples amenazas de construir un muro y obligar a México a pagarlo o de abandonar el TLCAN, Trump está cambiando la ecuación. Si la hostilidad es todo lo que puede ofrecer, el costo político que México paga por ser el muro de Estados Unidos podría resultar demasiado elevado.

Selección en Internet: Aida Mirabal García

  • Miembro del consejo editorial del New York Times, ha trabajado como periodista en varios países.

Colombia: amenazas y asesinatos a líderes de Zonas de Reserva Campesina constatan existencia del paramilitarismo

REBELIÓN 24 de febrero del 2017 ESPAÑA

Anzoc/Prensa Rural

En las últimas semanas el Gobierno Nacional se ha encargado de rechazar tajantemente la existencia de grupos paramilitares en el país reduciéndolos a organizaciones de narcotraficantes o bandas criminales. El mismo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, negó la existencia de estos grupos en Colombia: "No hay paramilitares, así que aceptar eso es darle garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos pero no son sistemáticos, si lo fueran sería el primero en aceptarlo", afirmó el ministro.

Al igual que Villegas, altos funcionarios del Estado han enfatizado en lo mismo: en abril del año pasado Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior declaró en el mismo sentido que las llamadas “Bacrim” son simplemente organizaciones de crimen organizado. Estas afirmaciones son controvertidas por comunidades, organizaciones sociales y algunos partidos políticos que han sido declarados objetivo militar o han perdido a sus miembros por el accionar paramilitar.

El senador Iván Cepeda advirtió que los asesinatos de líderes sociales y la nueva presencia paramilitar constituyen las más graves amenazas contra el proceso de paz. En lo que gran parte del movimiento social está de acuerdo es en que se evidencia una revitalización del paramilitarismo en varios departamentos del país, situación que genera preocupación ya que trae a la memoria el genocidio cometido contra la Unión Patriótica cuando grupos paramilitares, con el apoyo del Estado, asesinaron a cinco mil militantes de ese partido político que surgió tras los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC.

Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en el 2016 fueron asesinados 117 líderes sociales en todo el país. Situación que el Gobierno Nacional relaciona con motivaciones pasionales, de intolerancia o simplemente como hechos aislados; insuficientes para generar algún patrón que indique un plan sistemático para terminar con la vida de dirigentes regionales y locales. Se trata de crímenes que a la fecha siguen en la impunidad, lo que no es otra cosa que la complicidad “pasiva” de los entes judiciales del país.

Más allá de la discusión terminológica sobre “sistematicidad”, es evidente que hay una persecución contra líderes sociales; persecución realizada por organizaciones que se autoproclaman paramilitares y que reproducen lógicas similares a las antiguas AUC. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación hizo un esfuerzo por caracterizar a los grupos paramilitares de la siguiente manera:

“Se podrían definir como agrupaciones armadas con alcance nacional que, bajo el pretexto de combatir a las organizaciones insurgentes, acumularon poder territorial, institucional y económico, atacando y desplazando a población e individuos indefensos y a sus organizaciones, a los que consideraban bases de apoyo de la guerrilla, convencidos de que los recursos estatales usados en el marco del Estado de Derecho no son efectivos para combatir a la insurgencia o a sus apoyos sociales”.

Sumado a esto hay varios elementos que hacen pensar que a lo que el establecimiento llama “Grupos Armados Organizados” son realmente estructuras narco-paramilitares con amplio control territorial y con tentáculos más allá del plano económico. Veamos algunos:

1. Para nadie es un secreto que el Clan del Golfo (conocidos como Urabeños o Autodefensas Gaitanistas), Rastrojos, Constru, Águilas Negras, Pachenca, Empresa, Cordillera, Paisas, la Oficina, Nuevo Orden, Nuevo Renacer Auc, Puntilleros, y Auc son estructuras armadas que surgen tras la desmovilización de los paramilitares en el 2006.

2. Estos grupos armados actualmente hacen presencia en 279 municipios de 27 departamentos, frente a 242 municipios en los que operaban las FARC-EP.

3. Estas estructuras tienen relaciones con sectores económicos, productivos, políticos, judiciales, militares y con otros representantes de la institucionalidad. En pocas palabras sus objetivos no son solamente financieros.

4. Aunque los subordinados en su mayoría son simples sicarios sin formación política, quienes los dirigen son ideológicamente de ultra-derecha.

5. Actúan en complicidad y connivencia con representantes de algunas instituciones, quienes los apoyan por acción u omisión.

6. Sus objetivos son líderes de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de restitución, de izquierda o cualquiera que represente una potencial amenaza para los intereses de grupos económicos y políticos dominantes.

Más allá de que el gobierno acepte o niegue la existencia del paramilitarismo, la realidad y el momento político demandan de las instituciones acciones serias que contrarresten el accionar de estos grupos que, paramilitares o no, pretenden controlar las zonas abandonadas por las FARC-EP en su proceso de desmovilización. Un control que pretenden afianzar a través del exterminio y persecución contra las organizaciones sociales que no les sean funcionales. Como muestra de ello son las últimas amenazas que lanzaron en Córdoba las Autodefensas Gaitanistas de Colombia contra Elena Mercado, Arnovis Zapata, Iván Ojeda y Andrés Chica; líderes sociales de Marcha Patriótica y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Una situación similar ocurrió en Cauca donde las Águilas Negras declararon objetivo militar a integrantes de Marcha Patriótica, docentes de la Universidad de Cauca, Asoinca, Aspu, Cima, Acin, Ruta Pacífica de las Mujeres y Acit señalándolos de ser auxiliadores de la insurgencia para “justificar” así cualquier agresión.

El poder que tienen y al que aspiran es tan grande que algunas de estas organizaciones ilegales ya se atreven a sostener enfrentamientos contra el Ejército Nacional, lo que termina significando no solo un peligro para las comunidades, sino también para el mismo establecimiento.

Pero a pesar de todo, las autoridades y funcionarios dicen que los paramilitares no existen. Y mientras no exista una voluntad política real para combatirlos serán un gran riesgo para construir un país en paz.

Macri quiere superar a Menem

REBELION 25 de febrero del 2017 ESPAÑA

Hedelberto López Blanch*

El presidente argentino Mauricio Macri ha hecho lo imposible por llevar al país hacia la dirección más extrema del neoliberalismo en beneficio de los grandes capitales, con la visible intención de superar al ex mandatario Carlos Saúl Menem y convertirse en el campeón del rumbo capitalista para la región.

Macri desde que asumió el poder el 10 de diciembre del 2015 ha impuesto numerosos tarifazos que han provocado una constante inflación y la consecuente disminución del poder adquisitivo de los pobladores.

Entre las principales subidas de precios se encuentran la electricidad, agua, gas, transporte público, servicios de comunicación celular y peaje en las vías terrestres. Mientras aumentan en espiral el desempleo, los despidos laborales y se reducen las jubilaciones y las prestaciones sociales.

Los tarifazos macrianos, duplicaron los precios del transporte público y el 66% del metro urbano; subieron en 500% el costo de la luz; en más de 300% el agua y gas, y 10% de la gasolina. Esta administración se ha caracterizado por un ataque directo contra las masas más desfavorecidas

En Argentina las políticas neoliberales se iniciaron a principios de la década del 1980, tomaron impulso durante el mandato de Menem (1989-1999) y se extendieron hasta el 2003 cuando comenzó la era de los Kirchner.

Carlos Menem al aplicar las directrices del Consenso de Washington a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI) abrió los servicios y la industria al capital extranjero y permitió la importación indiscriminada de mercancías lo que llevó al país a la debacle económica, pues la moneda argentina tenía el mismo valor del dólar. Por tanto, las mercancías importadas resultaban más baratas que las del país lo cual afectaba las producciones nacionales.

Esas incongruencias motivaron a finales de los años noventa, un profundo déficit comercial, que se remediaba con la venta de las entidades de producción y de servicios públicos. La entrada de capitales disminuyó al no existir empresas que privatizar y el país cayó en un endeudamiento comercial y público que paralizó todo y produjo en el 2001 masivas manifestaciones populares.

Los bancos dejaron de funcionar, congelaron el dinero de los acreedores, la deuda externa se elevó a 95 mil millones, el desempleo llegó a más de 30% de la población y el hambre y la miseria alcanzaron a la mitad de sus 40 millones de habitantes. Datos oficiales evidenciaron que en el 2003, el 54% eran pobres y el 27,7% se hallaban en estado de indigencia. Con la llegada de las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015) se revertió la profunda crisis económica social.

Pero ahora Macri, al parecer superará con creces a su maestro Menem pues en los 14 meses de mandato, aumentaron el número de personas que pernoctan en las calles y los sitios de ollas colectivas populares para mal mitigar el hambre; creció la quiebra de negocios y la otrora pudiente clase media redujo su poder adquisitivo.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que a finales del 2016 las personas pobres se cifraban en 9 millones 377 mil y los indigentes un millón 905 mil.

La última jugada que trató de realizar el presidente fue condonarle a su grupo familiar, una millonaria deuda que tenía con el Estado desde hacía más de una década. De esa forma intentó borrar de un plumazo el adeudo contraído desde los tiempos de Menem cuando éste puso en venta Correos Argentinos y Franco Macri (padre de Mauricio) lo adquirió en el 1997 mediante una concesión de privatización.

El negocio concluyó después en forma ruidosa; los Macri lo declararon en concurso de acreedores, una especie de quiebra, y el grupo quedó en deuda con el Estado por alrededor de 300 millones de dólares.

En el 2013, el ex presidente Néstor Kirchner la devolvió al Estado y comenzó un proceso legal por los montos adeudados la concesión del Correo. En ese año el Holding Macri presentó propuestas de pago del 7,7% y 5,73% de la deuda, o sea, condonaciones del 92,5% y 94,27% que fueron rechazadas por el Estado por abusivas y que enfrascó el caso en una larga guerra judicial.

Pero al llegar Mauricio Macri a la Casa Rosada, eso resultó una magnífica ocasión para hacerle un gran favor a la familia y terminar con el litigio. En junio del 2016 el Ministerio de Comunicaciones a cargo de la deuda con Correo Argentino, aceptó una nueva propuesta del Grupo Macri que se pagaría en pesos, en 15 años, con un interés del 7% anual la más baja de todos los bancos del país.

De esa forma, se eliminaba más del 98% (cerca de 250 millones de dólares) de la deuda que tiene la empresa con el Estado, la cual fue apelada. Los argentinos cada día comprenden mejor que su presidente pertenece a una de las familias más ricas del país que labora incansablemente por aumentar el capital familiar y el de sus coterráneos adinerados.

Ya esos regalos los había efectuado el presidente con anterioridad pues en el 2016 modificó la ley de blanqueo que impedía que los familiares más cercanos a los funcionarios del Ejecutivo pudieran blanquear sus bienes y capitales no declarados.

Uno de los primeros beneficiados fue el amigo íntimo de Macri, Nicolás Caputo que recibió más de 80 millones de dólares por adjudicación de obras públicas de la empresa Nuclear Eléctrica Argentina controlada por el Estado. Otro caso fue la adjudicación de una obra pública en un ferrocarril de la zona urbana de Buenos Aires a favor de Algelo Calcaterra, primo del presidente por valor de 3 mil millones de dólares.

Ante el escándalo por la condonación de la deuda familiar de Correo Argentino S.A., Macri debió de dar marcha atrás y una semana después, en conferencia de prensa, solicitó al ministro de Comunicación que se consulte a expertos internacionales, al Congreso y a la Auditoría antes de firmar un nuevo acuerdo con su padre, Franco Macri.

Claro, a modo de justificación, el mandatario dijo que no había sido informado del acuerdo firmado por el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, y a la par defendió la actuación del funcionario: “Él actuó conforme a la ley”.

Con la marcha atrás, la compañía familiar podrá hacer la misma propuesta en la sede judicial, la cual sería supervisada por “expertos internacionales”, el Congreso y la Auditoría General de la Nación. Pero ya se da por seguro que la familia presidencial sacará un esplendido acuerdo.

  • Periodista cubano

Brasil: sale uno, entra otro, y todo sigue igual

PÁGINA 12 24 de febrero del 2017 ARGENTINA

Eric Nepomuceno*

En la noche del miércoles José Serra dejó de ser ministro de Relaciones Exteriores del gobierno surgido a raíz del golpe institucional de mayo del año pasado. Ha sido el octavo de los ministros de Temer a dejar el cargo en nueve meses. Hipocondríaco radical, Serra alegó razones de salud. Esta vez, sin embargo, parece que se trata de algo real: con problemas cervicales, la secuencia de viajes –indispensables para un ministro de Relaciones Exteriores– se había transformado en un tormento.

Serra vuelve a su escaño en el Senado, y con eso las posibilidades de que sea el postulante de su partido, el PSDB, a las presidenciales del año que viene se reducen a polvo. Los otros dos aspirantes, el actual gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, y el senador (y principal cabecilla del golpe institucional contra Dilma Rousseff) Aécio Neves, salen fortalecidos.

Los tres tienen, además de su intensa participación en el golpe institucional diseñado por Aécio Neves y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y ejemplarmente ejecutado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados y actual habitante de una cárcel, Eduardo Cunha, la característica de haber sido derrotados por el PT en sus intentos de alcanzar el poder por la vía legítima de las urnas electorales.

Cuando el golpe se consumó, Serra quiso ser nombrado ministro de Hacienda. Al verse ignorado, intentó el de Planificación. Al final, tuvo que contentarse con el de Relaciones Exteriores, de escasa visibilidad electoral y escasísimo peso político.

Se esperaba que a la primera oportunidad saltara del barco. Insinuó, en varias ocasiones, que lo haría. Los problemas en la columna cervical permitieron que saliese del gobierno sin demostrar su malestar por sentirse relegado a un puesto que no le permitió ejercer sus habituales presiones y lucir su absoluto desconocimiento del significado de la palabra lealtad.

Los nueve meses como canciller del gobierno Temer, en todo caso, le permitieron destartalar toda la política externa diseñada e implantada durante las dos presidencias de Lula da Silva y mantenida, mal que bien, por Dilma Rousseff. Si Lula llevó a cabo, a través de su canciller Celso Amorim, diplomático de fértil y sólida carrera, una política externa “activa y altiva”, José Serra no perdió un solo instante a la hora de destrozarla.

El balance de sus nueve meses al frente de la cancillería es claro: paralizó, con el claro respaldo del gobierno de Mauricio Macri, el Mercosur, y de paso expulsó, literalmente, a Venezuela, un socio incómodo para Brasil y Argentina. En un primer momento, y lo dejó claro con palabras y acciones, la idea era abandonar bloques y uniones regionales y sumarse a Washington, siguiendo lo que hacían Chile, Perú, México y Colombia. La llegada de Donald Trump y su abandono de la nonata Alianza del Pacífico lo dejaron sin norte ni rumbo.

En su periodo de canciller a acompañó Michel Temer en algunos viajes internacionales. La experiencia le sirvió para confirmar que, a excepción de Mauricio Macri, ningún otro mandatario le dio al presidente brasileño la legitimidad tan aspirada.

Ah, sí, claro: de paso, le quitó casi totalmente la relevancia de Brasil en el BRICS, el grupo integrado por países que ni siquiera supo identificar al asumir la cancillería (fue necesario que el reportero le aclarase que se trataba de Brasil, Rusia, India - hasta este punto, el entonces flamante canciller iba bien; empezó a tropezar con el alfabeto… - China y Sudáfrica).

De paso, Serra le hizo a Temer un favor especial. Involucrado en jugosas denuncias de haber sido beneficiado por dinero de corrupción, al abandonar el gobierno cambia el foco de las investigaciones: ya no se trata de otro ministro más acusado de corrupción, sino de otro senador más, entre tantos.

No se sabe quién será el indicado por el presidente para sucederlo. En la cancillería existe la firme expectativa de que, luego de tantos desastres creados por la voluntariosa e incontenible torpeza del que sale, se nombre a un diplomático da carrera. Tratándose de Michel Temer, sin embargo, lo único seguro es que nada es seguro: podrá tranquilamente subastar la cartera de relaciones exteriores a cambio de las relaciones interiores de su gobierno con el Congreso de peor nivel político, moral y ético de las últimas décadas.

A propósito del gobierno de Temer, ayer se conoció al sucesor del truculento Alexandre de Moraes en el ministerio de Justicia: el diputado Omar Serraglio, de expresión casi nula en la Cámara, pero que trae en su exiguo currículo haber sido un esforzadísimo defensor de Eduardo Cunha. Serraglio luchó hasta el final para que sus pares no lo expulsasen de su escaño. Pese a su fracaso, es necesario reconocer que dio combate hasta el final. Hizo lo que pudo para impedir que su líder fuese a parar en donde está: una celda en Curitiba, capital de Paraná, la misma provincia de donde salió alguna vez el obscuro Serraglio para ocupar un ministerio en un gobierno nacido de un golpe que contó con su discreta (por insignificante) colaboración.

De una cosa nadie podrá acusar, con justicia, al gobierno de Temer: ser imprevisible. Nada más fácil que prever que, entre las peores alternativas, elegirá siempre la más mala.

  • Periodista brasileño del diario argentino Página 12