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Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2017-03-23

El Estado colombiano ante su gran reto: ocupar el espacio que dejan las FARC

EFE 17 de marzo del 2017 ESPAÑA

Gonzalo Domínguez Loeda*

Las FARC han ejercido durante años un control efectivo de amplios territorios en Colombia y ahora que se retiran el Estado está ante el desafío de ocupar esos espacios rurales y evitar que el conflicto se recicle con la llegada de otros atores armados.

Las FARC, en proceso de desarme tras haber intervenido durante medio siglo en un conflicto armado con numerosos tentáculos y actores, afronta ahora la realidad de que algunos facciones de esa guerrilla se hayan girado por completo hacia el negocio de la droga.

Tanto es así, que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó la semana pasada de que no se puede hablar de posconflicto en Colombia mientras continúen operando esos grupúsculos armados que amenazan con perpetuar el conflicto bajo nuevas formas.

Uno de los ejemplos más notables de lo perverso del conflicto lo conforma el Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla maoísta que se desmovilizó en su mayoría en el 1991.

Sin embargo, un pequeño grupo se resistió a dejar las armas y se concentró en la agreste región del Catatumbo, un polvorín fronterizo con Venezuela en el que conviven con otras bandas y de la que parecen haberse enseñoreado.

Ellos son considerados por el Gobierno como un grupo de narcotraficantes y esa es, sin duda, la principal ocupación de los cerca de 250 hombres que lo componen.

No obstante mantienen una fachada de guerrilla, con uniformes, armas de combate de primer nivel y el eslogan histórico del EPL, "Combatiendo venceremos".

Toda esa apariencia las convierte en una banda difícil de dominar para el Estado, máxime si se tiene en cuenta la ausencia de este durante décadas en el Catatumbo, y también en un riesgo mayor al de una banda de narcotraficantes convencional.

El EPL, llamado "los pelusos" por las autoridades, combate por el dominio del territorio y, una vez consolidado, lo ejerce con sevicia y bajo el dominio del miedo.

Además, tras la muerte en una operación militar y policial en el 2015 del hombre que los lideró durante años, Víctor Ramón Navarro, alias "Megateo", considerado en su momento el segundo narcotraficante más buscado del país, el grupo parece haber sufrido una escisión con otras dos personas buscando ser el máximo cabecilla.

De las filas del EPL salió el mayor capo actual del narcotráfico de Colombia, Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", un hombre que de la mencionada guerrilla pasó a la extrema derecha que representaban las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Cuando esa facción se desmovilizó en el 2006, un nutrido grupo con base en la región de Urabá, limítrofe con Panamá, no dejó las armas y se transformó en la banda del Clan del Golfo, también denominado Clan Úsuga.

Ellos son hoy en día la principal preocupación de seguridad para un país en el que el conflicto armado se dio la mano con el narcotráfico y este último terminó tomando el control y minimizando en muchos casos su cariz político, lo que explica que una persona como "Otoniel", con hambre de poder y riqueza, diera ese salto.

Con unos dos mil 500 hombres en sus filas, según las autoridades, el Clan del Golfo mantiene en parte sus formas de grupo paramilitar y unas siglas, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que les permite dominar amplias zonas y mantener control sobre los territorios que domina, claves para las rutas del narcotráfico.

Contra ellos lanzó la Fuerza Pública la Operación Agamenón, que lleva unas espectaculares cifras de incautaciones de cocaína y de detenidos, pero que ha fracasado en su misión fundamental: acabar con "Otoniel".

Prueba de su fuerza y de su ambición de poder son los combates que mantienen con la última guerrilla activa en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en otra selvática región, el Chocó.

En esa zona del Pacífico el ELN ha sufrido duros golpes de las Fuerzas Militares que les han debilitado y poco ha tardado el Clan del Golfo en intentar ocupar esos territorios con combates que han provocado centenares de desplazados.

El ELN, que cuenta con unos dos mil guerrilleros y ya inició un proceso de paz con el Gobierno, es la otra gran amenaza para el Estado.

Pese a que no tienen la presencia con que contaban las FARC, siguen suponiendo una amenaza para la estabilidad de las poblaciones rurales que tienen bajo su dominio, la mayoría de ellas en el Catatumbo y Arauca, fronterizos con Venezuela, y en el Chocó.

La última amenaza de seguridad es todavía una gran incógnita: las disidencias de las FARC que no se sumaron al proceso de paz.

Todavía no hay cifras acerca de cuántos son pero se estima que rondan los 200 y se sabe que operan en los selváticos departamentos del Vichada y Guaviare, donde esa guerrilla operó durante décadas.

Todos saben que ahora tienen una opción para incrementar su fuerza y ocupar los espacios que dejan las FARC y el Estado tiene por delante el reto de evitarlo y consolidar su presencia con planes integrales de salud y educación y facilitando la participación política que lo acercará a la "otra Colombia".

  • Periodista de EFE

Veinte millones de personas en riesgo de inanición necesitan alimentos, no bombas

DEMOCRACY NOW! 17 de marzo del 2017 EEUU

Amy Goodman* y Denis Moynihan**

El mundo se enfrenta a la catástrofe humanitaria más grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Veinte millones de personas corren riesgo de morir de hambre en Yemen, Somalia, Nigeria y Sudán del Sur. La respuesta del presidente Donald Trump ante esta situación ha sido cerrarles la puerta en la cara a los refugiados y recortar los fondos de asistencia humanitaria, al tiempo que propone una importante ampliación de fondos para el ejército estadounidense.

António Guterres, nuevo secretario general de Naciones Unidas, dijo recientemente: “Millones de personas apenas logran sobrevivir entre la desnutrición y la muerte, vulnerables a enfermedades y epidemias, obligados a matar a sus animales para comer y consumir los granos almacenados para la siembre del año que viene”. Guterres continuó: “Estas cuatro crisis son muy diferentes, pero tienen una cosa en común. Todas son evitables. Todas provienen de diferentes conflictos, para los cuales se necesita que hagamos mucho más en cuanto a prevención y resolución”.

Mientras Naciones Unidas se apresura a recaudar los cinco mil 600 millones de dólares necesarios para evitar el peor impacto de estas crisis, el gobierno de Trump recorta los fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos y, según el borrador de una orden ejecutiva obtenido por el periódico The New York Times, también los de Naciones Unidas.

La orden, tal como está redactada (aunque todavía no fue firmada ni emitida oficialmente) indica “al menos un 40% de reducción general” de las contribuciones voluntarias de Estados Unidos a programas de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Unicef.

“Francamente, esta es una actitud infantil que no es digna de la única superpotencia del mundo”, escribió Stewart M. Patrick, un exfuncionario del Departamento de Estado durante el gobierno de George W. Bush, que ahora integra el Consejo de Relaciones Exteriores.

Esta actitud, que podría calificarse de infantil, tiene un impacto letal en la población infantil real. Siete millones de personas en Yemen corren peligro de inanición, de las cuales 2,2 millones son niños. Cerca de medio millón de esos niños están “grave y agudamente desnutridos”, lo que implica que ya han sufrido daños de desarrollo, posiblemente de por vida, debido al hambre.

El director de la sede estadounidense del Consejo Noruego para Refugiados, Joel Charny, dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Si la guerra continúa, mucha gente morirá de hambre. No creo que haya ninguna duda al respecto. Tenemos que hallar la forma de que la guerra termine”.

Para ello habría que empezar por ponerle fin a la entrega de armamento a Arabia Saudí, que bombardea Yemen sin piedad. En su lugar, el presidente Trump se reunió el martes en la Casa Blanca con el príncipe heredero de Arabia Saudí y ministro de Defensa, Mohammed bin Salman, donde presuntamente habrían hablado de reanudar la venta de proyectiles guiados de precisión a la dictadura saudí.

Amnistía Internacional instó a Trump a bloquear las nuevas ventas de armas. La organización emitió una declaración, en la que escribió: “Armar a los gobiernos de Arabia Saudí y Bahréin representa el riesgo de ser cómplice de crímenes de guerra, y hacerlo mientras simultáneamente se prohíbe a las personas viajar a Estados Unidos desde Yemen sería aun más inadmisible”.

La guerra en Yemen es considerada mayormente como un conflicto de poder entre Arabia Saudí e Irán, donde Estados Unidos, bajo el gobierno de Obama y ahora con mayor intensidad bajo el de Trump, brinda armamento a los saudíes y apoya logísticamente su bombardeo a Yemen. “Cabe destacar que esto no comenzó el 20 de enero.

Esta es una política llevada a cabo por Estados Unidos desde hace cierto tiempo", dijo el funcionario humanitario Joel Charny en referencia a la asunción de mando de Trump y las políticas de Obama. A lo largo de sus dos mandatos, el presidente Obama le vendió armas a Arabia Saudí por un récord de 115 mil millones de dólares. Solo suspendió las ventas después de que un avión saudí atacara un funeral yemení con una serie de bombardeos sucesivos, que dejaron un saldo de 140 muertos y 500 heridos.

Millones de personas más se enfrentan al hambre y a una dolorosa muerte por inanición en Somalia, Sudán del Sur y Nigeria. Según Charny, en Sudán del Sur, pese a las ganancias por el petróleo y su tierra fértil, “los conflictos políticos no resueltos al interior de la clase gobernante de Sudán del Sur, que se remontan a la década de los 90 del siglo pasado y quedaron disimulados durante la lucha por la independencia, ahora comenzaron a resurgir” y han conducido al país a la hambruna.

En el noreste de Nigeria, el conflicto armado entre el grupo Boko Haram y el gobierno hace que la entrega de ayuda humanitaria sea muy peligrosa. Respecto a Somalia, donde la hambruna amenaza a poblaciones que pueden ser alcanzables por el debilitado gobierno central y las agencias de ayuda humanitaria, Charny expresó comentarios más optimistas: “Si podemos movilizar rápidamente alimentos y dinero en efectivo, podremos superar la situación en Somalia… si nos ponemos en marcha”.

Evitar la situación de hambruna en estos cuatro países es posible. El presidente Trump debería financiar totalmente los envíos de alimentos –no los envíos de armas– y liderar la tan necesaria diplomacia para evitar la inmensa catástrofe de 20 millones de muertes terribles a causa del hambre. Eso es lo que haría grande a Estados Unidos.

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo

  • Periodista y escritora estadounidense. Presentadora de Democracy Now!
    • Cofundador de Democracy Now! Reconocido socialista estadounidense

Los Supremos marcan la campaña francesa

PÁGINA12 27de febrero del 2017 ARGENTINA

Le Pen y Fillon, dos políticos que, como Trump, se ubican por encima de las instituciones

Eduardo Febbro*

Las democracias occidentales han hecho suya la figura y la temática de una de las obras maestras de la literatura latinoamericana: Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos (1974). Líderes políticos por encima de las instituciones, la supremacía de las retóricas ante lo real, engaños intensivos, megalomanía, autoritarismo y una forma de plantar al político, es decir, al individuo que ejerce el poder, más allá de todo control.

Además de las mentiras masivas, la impunidad ante las infracciones o los delitos cometidos y la impugnación de la justicia son las armas predilectas de los más destacados candidatos de las elecciones presidenciales francesas de abril y mayo del 2017. Como Trump en Estados Unidos, Yo Supremos que se instalan en una realidad propia y desconocen las reglas democráticas.

Dos de los cuatro representantes políticos con sólidas posibilidades de convertirse en el próximo presidente están con los tribunales al acecho pero, ambos, descalifican a la justicia, denuncian complots o acusan a los medios. Las pruebas contra ellos son, sin embargo, arrasadoras. El candidato de la derecha, François Fillon, y la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, se encuentran en una situación similar, acusados por las mismas infracciones: uno, Fillon, por haber contratado de forma ficticia a su esposa Penélope como asistente parlamentaria: la otra, Marine Le Pen, por haber recurrido a la misma práctica en el Parlamento Europeo.

La defensa de estos dos candidatos se apoya en una retórica escandalosa que consiste, al final, en poner en tela de juicio el Estado de Derecho que ellos mismos están llamados a proteger si son electos presidentes. Fillon y Le Pen siguen al pie de la letra el manual del “trumpismo” ilustrado y convierten a una de las democracias más sobresalientes de la historia en un ejemplo indecente.

Las evidencias culpables son un tejido de los medios, las investigaciones policiales y judiciales una “manipulación” política y la autoridad de los organismos del Estado -Justicia, policía,apenas un brazo armado que el “sistema” acciona para perjudicarlos. Esa es la narrativa con la cual los dos candidatos se presentan ante la opinión pública. Con ella labran una legitimidad popular en contra de la autoridad del Estado e inauguran una era oprobiosa cuya raíz es la deslegitimización de los medios y los organismos oficiales.

El viernes 24 de febrero, la Fiscalía Nacional Financiera abrió una causa contra el candidato de Los Republicanos, François Fillon. Al cabo de las investigaciones que la Fiscalía llevó a cabo luego de que el semanario Le Canard Enchaîné revelara que el exPrimer Ministro había creado en el Parlamento un falso puesto de trabajo para su esposa y otros para sus hijos, este organismo determinó que existían claros “indicios” de delito. Este polo de investigaciones sobre infracciones financieras remitió el caso a tres jueces de instrucción bajo la tipificación de “malversación de fondos públicos, abuso de bienes sociales, tráfico de influencia y no cumplimiento con las obligaciones de declaración ante la Alta Autoridad sobre la transparencia de la vida pública”. En total, el Estado habría pagado a la señora Penélope cerca de un millón de euros por un trabajo inexistente.

Los investigadores no encontraron ni la más remota prueba de que la esposa de Fillon haya cumplido con el trabajo por el cual le pagaron. De ahora en más, los tres jueces de instrucción deben decidir si proceden o no a la imputación de Fillon, su esposa, sus hijos y otros actores del caso. François Fillon tejió su defensa en tres etapas. Primero denunció un complot de la justicia y los medios, luego, a través de sus abogados, impugnó la competencia de la Fiscalía Nacional Financiera y, al final, recalcó que no renunciaría a su candidatura porque se ponía en manos “del veredicto de las urnas”.

El caso de Marine Le Pen y su partido es aún más imponente. La líder del Frente Nacional Francés incurrió en prácticas fraudulentas en el Parlamento Europeo. La eurocámara la acusa de haber contratado falsamente a dos asistentes parlamentarios y le reclama la devolución de 300 mil euros.

Marine Le Pen se niega no solo a reintegrar el dinero sino, también, a acudir a las convocaciones policiales y de la justicia. La santa patrona de la ultraderecha alega que se trata de un “montaje” para perjudicarla, impugna la competencia de la justicia y, en todos los casos, se dice víctima del “sistema”.

No obstante, las pruebas aportadas por el Parlamento Europeo son contundentes. 29 de los 60 contratos de trabajo son claramente ficticios. Los supuestos asistentes parlamentarios jamás pusieron un pie en la eurocámara pero cobraron por ello. La Oficina Antifraude del europarlamento probó que Catherine Griset, la secretaria de Marine Le Pen, y Thierry Légier, su guardaespaldas, cobraron por un trabajo que jamás realizaron.

Marine Le Pen va primera en las encuestas electorales pese a que su partido, el Frente Nacional, es aquel que más causas abiertas por corrupción tiene en los tribunales. En total, seis investigaciones por malversación de fondos, fraude en banda organizada y financiación ilegal en las campañas electorales -presidenciales, regionales, locales, municipales, europeas–acechan al Frente Nacional sin que ello le haya hecho perder legitimidad en las preferencias electorales. Marine Le Pen se defiende igual que François Fillon: la culpa es de los medios que mienten y complotan, y de la justicia, la cual, dice, conforma “un gobierno de jueces que constituye una desviación antidemocrática y oligárquica”.

Los Yo el Supremo están más allá de las leyes, de las regulaciones y las obligaciones de sus cargos. Sus narrativas contra el sistema y los inmigrantes le dan de comer a sus urnas al mismo tiempo que dictan la sentencia de muerte de las democracias donde imperaba el Estado de Derecho. El Estado del Yo se traga los pactos y las normativas colectivas.

Una investigación llevada a cabo por el vespertino Le Monde demostró además cómo los llamados partidos nacionalistas europeos -las extremas derechas-reciben fondos millonarios del Parlamento Europeo -7 millones de euros en el 2017–en lo que aparece ser una estafa muy bien diseñada. El asunto es por demás paradójico cuando se trata de partidos cuyo principal argumento es estar contra Europa, la construcción europea, el euro y la eurocámara. Pero sin embargo viven de ese sistema al cual ellos mismos aseguran querer destruir.

François Fillon, Marine Le Pen, ambos cuentan con concretas posibilidades de disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los dos se han dibujado un aura de “víctimas inocentes” y “candidatos del pueblo contra el sistema”. Pero son los hijos predilectos de un sistema gracias al cual ascendieron a donde están. El prontuario que los procede los convirtió en campeones modernos de una democracia degradada, pisoteada y desvalijada por quienes se postulan como restauradores de lo que ellos mancillaron. Yo el Supremo es el nuevo hijo de la debilitada democracia occidental.

  • Periodista argentino

¿Existió alguna vez la “época dorada” del capitalismo?

LA JORNADA 22 de marzo del 2017 MÉXICO

Alejandro Nadal*

En muchos círculos de todo el espectro político se habla de una época dorada del capitalismo. La referencia es al periodo que arranca con el Nuevo Trato impulsado por la administración Roosevelt durante los años de la gran depresión y termina hacia finales de la década de los años 1970.

Entre el 1945 y el 1970 la economía estadunidense experimentó un incremento sostenido en el ingreso promedio de la población y una expansión casi sin precedentes de la clase media. Casi todos los observadores concuerdan en que durante esos años se consolidó una especie de paz social en la que capital y trabajo convivieron para generar un auge económico sin precedente. Hoy la nostalgia por la época dorada hace soñar a muchos a lo largo de todo el espectro político.

Pero, ¿realmente existió esa "época dorada"? Es una pregunta importante y compleja. Nuestra visión sobre la evolución del capitalismo en los tiempos que corren depende de la respuesta. Los objetivos estratégicos de la acción política de partidos, sindicatos y todo tipo de organizaciones también están condicionados por ella. Para simplificar el análisis podemos hacer referencia en primer lugar a la economía de Estados Unidos. No es casualidad que la referencia geográfica para ese periodo de auge sea ese país pues en él nunca existió otra cosa que el modo de producción capitalista.

Para empezar hay que reconocer que entre 1945-970 la economía de Estados Unidos efectivamente mantuvo altas tasas de crecimiento de manera sostenida. Y durante esos años se alcanzó algo muy cercano al pleno empleo y el crecimiento de los salarios fue constante. Por esos resultados se considera que fueron los años dorados del capitalismo, tanto en círculos conservadores como en espacios más críticos y hasta radicales.

Son muchos los factores que explican este proceso de crecimiento. Uno de ellos tiene que ver con las nuevas oportunidades de rentabilidad que se abrieron para la inversión. Otro se relaciona con el mantenimiento de una demanda agregada apuntalada por salarios que acompañaron los aumentos en productividad. La reproducción de la fuerza de trabajo pudo realizarse gracias a ese crecimiento de los salarios.

Por otra parte, las élites en Washington fueron muy hábiles para explotar la hegemonía estadunidense en la posguerra. En especial, el sistema de Bretton Woods ofreció ventajas singulares a la economía estadunidense al mantener una demanda constante de dólares. No fue sino hasta la primera mitad de la década de los 70 que el régimen de Bretton Woods se desintegró y Estados Unidos tuvo que inventar otro sistema para asegurar la demanda artificial de dólares. Eso lo logró a través de un acuerdo con Arabia Saudita para que sus ventas de petróleo se hicieran en dólares, pero esa es otra historia.

En las narrativas que hablan sobre la época dorada aparece un común denominador. Se dice que el régimen económico estuvo basado en una tregua entre capitalistas y trabajadores. El respiro en la lucha entre clases habría nacido con el Nuevo Trato de Roosevelt diseñado para afrontar los efectos de la gran depresión. Pero un análisis más detallado revela que la supuesta tregua no fue sino una guerra de posiciones y de preparación para la ofensiva final del capitalismo.

Al inicio de la depresión el movimiento sindical en Estados Unidos era débil. Pero entre 1937-1947 la membresía sindical se multiplicó por un factor de cinco y alcanzó los 15 millones de trabajadores. Entre 1945 -1970 estallaron más de cien huelgas importantes en sectores estratégicos: estibadores, trabajadores ferroviarios y obreros industriales en diversas ramas. Una de las huelgas más importantes fue estallada a escala nacional por trabajadores de General Electric en el 1946. De ahí nació en la empresa un modelo para promover negociaciones directas con los trabajadores a nivel individual y así marginar a sindicatos y organizaciones obreras.

Las estructuras empresariales nunca vieron con buenos ojos las políticas del Nuevo Trato. Para el 1945 sus objetivos pasaron a la destrucción de las bases de la contratación colectiva y a la recuperación del control sobre el proceso de trabajo en talleres y fábricas. La guerra ideológica se llevó a las universidades a través de organizaciones que financiaron todo tipo de proyectos sobre las virtudes del libre mercado y los peligros del autoritarismo y la corrupción sindical. Al arrancar la guerra fría el capital buscó recuperar la hegemonía ideológica, al acusar al sindicalismo y a la intervención estatal de "acercarse al comunismo". Al final de la década de los setenta, el movimiento sindical había comenzado a fragmentarse y debilitarse.

En síntesis, las condiciones económicas que dieron lugar a la llamada "época dorada" del capitalismo fueron excepcionales y no volverán a repetirse. La supuesta tregua entre capitalistas y trabajadores corresponde a una mala interpretación de los hechos. Hoy que estamos en plena crisis del neoliberalismo no hay que hacerse ilusiones sobre un pretendido regreso a una mítica época dorada del capitalismo.

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo

  • Economista mexicano

Washington reduce a la mitad su aporte financiero a la ONU

RED VOLTAIRE 16 de marzo del 2017 FRANCIA

El presidente Donald Trump instruyó a su secretario de Estado, Rex Tillerson, para que reduzca a la mitad el aporte financiero de Estados Unidos al funcionamiento de la ONU para los 3 próximos años.

Esta decisión se produce después de la demanda de que se realice una auditoría que la embajadora de Estados Unidos presentó recientemente ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Desde julio del 2012 y la nominación del estadounidense Jeffrey Feltman a la cabeza del departamento de Asuntos Políticos de la ONU, los recursos de las Naciones Unidas están siendo utilizados por el Estado Profundo estadounidense para tratar de alcanzar sus objetivos de rediseño del Medio Oriente Ampliado y de cortar las dos rutas de la seda.

Aunque la decisión del presidente Trump seguramente dará lugar a una campaña mediática tendiente a presentarla como una medida nociva para la paz, en realidad se trata de todo lo contrario.

Es desde la sede de la ONU en Nueva York que se dirigen actualmente las guerras contra Siria y contra las repúblicas autoproclamadas en el Donbass y no será posible restablecer las funciones originalmente asignadas a esa organización sin excluir primero de ella a los representantes del Estado Profundo estadounidense y sin imponerle una cura de austeridad.

El secretario de Estado Rex Tillerson ya escribió a las ONG miembros del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, para indicarles que hay que reformar la ONU o salir de ella.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio su aval a las imputaciones falsas según las cuales la Yamahiriya Árabe Libia había bombardeado un barrio rebelde en Trípoli. Esa mentira sirvió de justificación al Consejo de Seguridad para solicitar a la OTAN que “protegiera” a la población libia de la cólera del “dictador”, con lo cual autorizó en realidad un «cambio de régimen» correspondiente a la más pura tradición colonial.

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo