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Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2017-03-29

Pie seco/ Pie mojado: cambiar la mentalidad

PROGRESO SEMANAL 22 de marzo del 2017 EEUU

Jesús Arboleya*

Apenas 72 horas antes de finalizar sus ocho años de mandato, el expresidente Barack Obama decidió eliminar la política de pie seco/pie mojado y firmó un acuerdo migratorio con el gobierno cubano en este sentido.

Adoptada en el 1999 durante el gobierno de Bill Clinton, esta política establecía el contrasentido de autorizar la permanencia de los migrantes indocumentados cubanos en Estados Unidos, si estos lograban acceder físicamente al territorio de ese país, aunque eran devueltos a Cuba si resultaban capturados en el mar.

En realidad no era nada nuevo, quizás una versión más limitada de la práctica establecida desde el 1959, que Estados Unidos se había comprometido a modificar a partir de la firma de los acuerdos migratorios del 1994.

Debido a la política de pie seco/pie mojado, se calcula que en la última década ingresaron alrededor de 135 mil migrantes indocumentados cubanos a Estados Unidos. Unos 110 mil a través de las fronteras con México y Canadá (básicamente la primera), otros 15 mil mediante embarcaciones que lograron arribar al territorio norteamericano y la cifra se completa con unos 10 mil que llegaron con visa de migrante temporal y optaron por permanecer en el país.

Según datos del Departamento de Aduanas y Protección de las Fronteras de Estados Unidos, desde el 14 de enero de este año, cuando se anunció el nuevo acuerdo, se negó la entrada a Estados Unidos a 426 cubanos y otros 172 fueron detenidos en la frontera, de los cuales dos han sido devueltos a Cuba. Solo se han producido ocho intercepciones en el mar.

Resulta evidente que el nuevo gobierno norteamericano está cumpliendo lo establecido en los acuerdos firmados con su antecesor y que existe algún tipo de coordinación bilateral para poner en marcha los procedimientos que esto implica.

Aunque es muy pronto para llegar a conclusiones, un efecto inmediato ha sido la reducción significativa de este flujo de migrantes, con implicaciones muy positivas en lo que se refiere al enfrentamiento al tráfico ilegal de personas y otros delitos conexos.

Cientos de migrantes cubanos quedaron varados en diversos países de América Latina a partir del momento en que se les negó el ingreso automático en Estados Unidos. Algunos han sido devueltos a Cuba y otros esperan que se defina su estatus en esos países. Para regularizar estos procesos, Cuba ha firmado acuerdos migratorios con México, Bahamas, Islas Caimán, República Dominicana, Ecuador, Jamaica y Panamá, así como mantiene negociaciones con otros países de América Latina.

Esto no quiere decir que se elimina totalmente la posibilidad de que, a falta de una visa norteamericana, migrantes cubanos tratarán de asentarse de todas formas en ese país, como ocurre con personas de todo el mundo. La figura del “inmigrante ilegal”, prácticamente desconocida para los cubanos hasta el momento, y su posible deportación al país, ya constituye una realidad con la que tiene que lidiar la política migratoria cubana, con inevitables impactos sociales domésticos.

En el volumen que tendrá este fenómeno influirá la situación interna de Cuba, así como el tratamiento que Estados Unidos otorgue a estas personas. Aún no está clara la actitud que asumirán los tribunales norteamericanos respecto a los cubanos que soliciten asilo una vez en territorio norteamericano, ni si los cubanos que arriben a ese país con visas transitorias y decidan permanecer después del vencimiento de las mismas, podrán acogerse a la Ley de Ajuste Cubano cuando cumplan el año establecido, aunque esto incluya algunos meses de estancia ilegal.

De todas formas, la eliminación de la política de pie seco/pie mojado constituye un paso relevante, quizás decisivo, en la normalización de las relaciones migratorias de Cuba con Estados Unidos, con un impacto en toda la región y seguramente en el resto del mundo. Lo que influye a favor de las relaciones internacionales del país.

Para algunos, ello constituye el cierre de una válvula de escape a las tensiones económicas que vive la sociedad cubana y auguran que esto se traducirá en conflictos políticos internos. No obstante, la posibilidad de emigrar no queda eliminada con esta medida, sino que asegura que esto se realice de una manera legal, ordenada y segura, lo que contribuye al orden del país y facilita el tratamiento a los migrantes.

Estamos en presencia de un nuevo escenario para el fenómeno migratorio cubano, la principal lección es que no sirven las viejas premisas para comprenderlo, ni las viejas medidas para enfrentarlo. De nuevo, el asunto se resume en “cambiar la mentalidad”. Ese es el principal desafío de la sociedad cubana actual.

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo

  • Doctor en Ciencias Históricas, profesor del ISRI.

Elecciones en Ecuador: por qué importa la soberanía nacional

TERCERA INFORMACIÓN 21 de marzo del 2017 ESPAÑA

Mark Weisbrot*

La soberanía nacional es un bien infravalorado en el mundo de hoy, especialmente en los medios internacionales, donde las perspectivas de Washington y sus aliados mayormente prevalecen. Esto es cierto respecto a temas tanto políticos como económicos, y las consecuencias pueden ser particularmente fuertes para una región como Latinoamérica, tradicionalmente considerada por los funcionarios estadounidenses como su “patio trasero”.

La próxima elección en Ecuador está siendo observada y disputada por fuerzas que tienen visiones opuestas en este asunto. A la izquierda se encuentra la apuesta presidencial del anterior vicepresidente Lenín Moreno y su partido -el cual ha ganado ya la mayoría en la Asamblea- Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana, AP). Al igual que los otros partidos de izquierda que llegaron al poder durante el giro hacia la izquierda que arrasó en la región a inicios del siglo XXI, AP valora la soberanía nacional y la autodeterminación. Sus líderes, así como sus activistas y la mayor parte de su base electoral, entienden que el progreso alcanzado durante la última década hubiese sido imposible si el gobierno del presidente Rafael Correa hubiese seguido las recetas económicas de Washington.

Dicho progreso incluyó la reducción de la pobreza en un 38%, y de la extrema pobreza en un 47%. La desigualdad se redujo también substancialmente: La ratio de los ingresos del 10% más rico con respecto al más pobre se redujo, de 36 en el 2006 a 25 en el 2012. El crecimiento anual de ingresos por persona se incrementó desde el 0.6% de los 26 años anteriores al 1.5%. También el acceso a salud y educación aumentó notablemente, con una inversión en educación superior ascendiendo de 0.7% a 2.1% del PIB -más de lo invertido incluso en muchos países de altos ingresos. En general, hubo el doble de inversión social, y la inversión púbica con respecto al PIB fue más que duplicada.

Para alcanzar estos objetivos, el gobierno tuvo que re-regular el sector financiero, gravar la fuga de capitales, exigir a los bancos la repatriación de la mayor parte de sus activos líquidos en el extranjero y hacer del Banco Central un integrante más del equipo económico del ejecutivo entre otras reformas económicas. Sin el Estado actuando ahora por el interés público en lugar de en nombre de los banqueros ecuatorianos y los ciudadanos más ricos, Ecuador no hubiese alcanzado la mayor parte de los avances de la última década.

El retador, el ex-banquero Guillermo Lasso, propone el tradicional programa de derecha consistente en rebajas tributarias para los ricos y reducciones de gastos aun mayores, orientadas a disminuir el déficit presupuestario. Se compromete a reducir el rol del Estado en la economía, que fue en realidad muy importante para los avances de la última década, argumentando que el “libre mercado” es la clave para desencadenar el potencial económico del país. También ha prometido recuperar la autonomía del Banco Central, lo que lo convertiría más en un instrumento de los grandes banqueros, como el que el mismo Lasso fue en su momento de gloria hacia el final de los noventa (cuando la economía naufragó debido a un colapso bancario).

Lasso también admitió ser dueño de un banco en Panamá dedicado principalmente a facilitar el fugo de capitales desde Ecuador. Se trata de un gran tema de soberanía nacional para Ecuador, ya que la mayoría de los votantes acaban de aprobar (en las elecciones del 19 de febrero) una propuesta de ley para prohibir que personas con cargos públicos tengan dinero en paraísos fiscales.

Todo esto sería un mal presagio bajo cualquier circunstancia, pero la falta de respeto por la soberanía nacional significa que si la economía se mete en problemas -lo cual es probable, dados los recortes presupuestales propuestos- Lasso probablemente recurriría al FMI en busca de un préstamo. Aquello significaría el fin de la duramente ganada soberanía del Ecuador en política económica, y una cantidad de “reformas estructurales” definidas en Estados Unidos que Lasso y sus aliados estarían ansiosos por implementar.

No es poco significativo que, de acuerdo a un documento filtrado de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, Lasso informó a los funcionarios diplomáticos de sus esfuerzos por organizar una oposición empresarial al gobierno de Correa en el 2007. Si hubiese evidencias así de contundentes respecto a las relaciones entre Rusia y Donald Trump, esto significaría el fin de su presidencia.

Ya sabemos cómo fueron las décadas de reforma estructural promocionadas en el pasado por Washington: casi cero crecimiento en ingresos por persona en el Ecuador durante un total de dos décadas (1980–2000). Podemos ver también el desempeño de los nuevos gobiernos de derecha, apoyados por Washington, en Argentina y Brasil. Ha pasado casi un año desde que el corrupto de derecha Michel Temer tomó el poder mediante un “juicio político” — que muchos expertos han tildado de golpe debido a la ausencia de una verdadera causal de destitución. La depresión más larga de la historia del Brasil ha continuado agudizándose durante el último cuatrimestre del 2016, con niveles récord de desempleo y sin fin a la vista. La inversión continúa cayendo a pesar de -o mejor debido a- la austeridad y los recortes presupuestarios, que supuestamente habrían de entusiasmar a los inversores, incluso si al mismo tiempo hundieron la economía.

En Argentina, recesión y un 40% de inflación, así como devastadores incrementos de precios en los servicios públicos, han llevado a millones de argentinos a cambiar de opinión respecto al presidente de derecha que la mayoría eligió en diciembre del 2015. Como Lasso y Temer, el presidente argentino Mauricio Macri es un protegido de Washington. Cables diplomáticos filtrados del 2009 lo muestran pidiendo a funcionarios estadounidenses un tratamiento más duro contra el gobierno Kirchner en Argentina. Ahora esta gente tendrá como sus aliados más cercanos a Donald Trump y a extremistas republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, gente como el senador Marco Rubio, quien con gusto destruiría Ecuador para “salvarlo”.

Sin duda este no será el mejor momento para que Ecuador devuelva a Washington su duramente ganada soberanía nacional.

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo

  • Codirector del Centro de Investigación en Economía y Política en Washington, D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy.

Paraguay: la izquierda derechizada

LA HAINE 24 de marzo del 2017 ESPAÑA

Bernardo Coronel*

En un régimen de democracia representativa el poder desde el campo popular se construye articulando inseparablemente la lucha social con la lucha institucional, pero desde el 2008 la izquierda priorizó exclusivamente la gestión parlamentaria-institucional, menospreciando la lucha popular. Las dos organizaciones de la izquierda institucional, el Frente Guasu (FG) y Avanza País (AP) están completando un largo recorrido de accionar conservador que va desembocando unívocamente en su proceso de derechización.

Centrar todo el trabajo político en la lucha institucional es simplemente caer en las trampas del sistema y reforzar el statu quo. Un solo ejemplo basta, desde el 2011 el Paraguay recibe una compensación adicional de 240 millones de dólares anuales de Brasil por la energía no utilizada de Itaipú, gracias a la "gestión institucional" de Lugo. En estos años el Estado paraguayo ya recibió alrededor de mil 500 millones. ¿Con esa monumental fortuna cambió en algo la situación de los sectores populares a quien la izquierda dice representar?, parece que no. Mientras en el país siguen aumentando la pobreza y la desigualdad, ese dinero es utilizado para agigantar el Estado burócrata y represor, y sirve entre otras cosas, para nutrir a la Fuerza de Tarea Conjunta, que está instalando el terror en medio de la población campesina que en el 2008 votó mayoritariamente por Fernando Lugo.

Los niveles de represión en el campo aumentaron drásticamente con Cartes y el terror se profundiza. Centenares de viviendas son convertidas en escombros por las fuerzas represoras, dejando desolación en lugares donde alguna vez existieron poblaciones campesinas. En la última represión de Obligado hasta los niños fueron apresados como vulgares delincuentes. Mientras, obnubilada por las elecciones del 2018, la izquierda corre atrás de Lugo y de Mario Ferreiro. El primero entregó dócilmente el poder a los golpistas en el 2012, y el segundo dividió el voto opositor favoreciendo a Horacio Cartes en el 2013.

El progresismo se vació, no tiene ni siquiera un programa político como en el 2008, excepto la trivial oferta electoral de Ferreiro y Lugo. El primero sigue coqueteando con Cartes, y Lugo, que como un manso cordero le abrió el camino hacia el poder en el 2012, hoy quiere ganarse sus favores alentando la enmienda electoral.

Gracias al apoyo popular la izquierda logró convertirse en la tercera fuerza política, pero al abandonar la lucha social devino en una anquilostomiasica fuerza testimonial, que hoy tiene que aferrarse a la derecha hilvanando algún pacto político como tabla salvadora, que por lo menos le garantice un pedazo de poder.

CARTES OTRA VEZ

La izquierda está equivocada si piensa que pactando con Cartes lo va a derrotar. Si el poder acepta un acuerdo es para ganar, no para perder. Lo que Cartes no logra con el congreso lo consigue con la corte suprema. Con la venia del poder judicial colocó ilegalmente bonos en el mercado internacional por valor de 500 millones de dólares, y no necesitó del congreso, basto una llamada telefónica. El presidente maneja el aparato estatal como una despensa y la corte no llega ni a la categoría de almacén.

Todo lo tiene controlado. Tiene el voto cautivo del funcionariado que junto a sus familiares y amigos sumarán los más de un millón de votos suficientes para ganar a una oposición dividida. Cartes vino para quedarse y si pacta con Lugo o Ferreiro no es para ceder el poder sino para perpetuarse. A no ser que los partidos de izquierda recuperen la memoria y que alguna vez vuelvan a ser lo que dicen que son: partidos de izquierda.

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo

  • Periodista, con formación en Antropología. Educador popular.

El Archivo del Terror de Javier Duarte: la desaparición forzada

LA DIGNA VOZ 10 de marzo del 2017 BRASIL

Arsinoé Orihuela*

Es un secreto a voces: en México desaparecen personas, civiles e inocentes, todos los días, a cualquier hora y no pocas veces sin dejar huella. Cifras oficiales relativas al período del 2006-2012, reportan que en el curso de esos seis años desaparecieron 27 mil personas.

Un dato conservador, si se admite que la contabilización de la desaparición carece de una metodología confiable, debido a la naturaleza misma del problema y a la negligencia (o connivencia) rutinaria de las autoridades públicas.

También en este renglón, la administración de Javier Duarte presentó saldos trágicos. Y las secuelas de ese orden siguen propiciando las condiciones para la comisión de este delito de lesa humanidad.

Tan solo el 5 de enero del 2017, en el puerto de Veracruz, cinco jóvenes turistas originarios de Oaxaca fueron víctimas de ese estado de terror que reina: dos fueron acribillados y los otros tres, desaparecidos.

El peritaje del ministerio público confirma que la Policía Naval falsificó documentos oficiales que hipotéticamente constatan la culpabilidad de elementos de la Marina. Las pruebas sugieren que se trata de otro caso más de multihomicidio y desaparición forzada en Veracruz, que involucra a agentes estatales.

Cabe recordar dos aspectos fundamentales de la definición que suscribe la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas, sobre el concepto de “desaparición forzada”: uno, la corresponsabilidad del Estado, y dos, la negativa al reconocimiento.

En relación con el segundo asunto –el de la negativa a reconocer la privación de libertad–, la administración de Javier Duarte es un catálogo de pruebas autoincriminatorias que apuntan en esta dirección de la desatención. Recuérdese la declaración del subprocurador estatal Antonio Lezama Moo, en el 2013:

“Hay gente que denuncia, pero no dice que la señorita se fue con el novio; o que el esposo se fue con la otra novia; que la esposa se fue con el amiguito que tenía. Aunque, claro, también hay gente que se va por el mal camino.”

O esa otra del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez: “Son delincuentes ajustando a otros delincuentes. Lo que quiero decir es que no tenemos ningún problema grave (¡sic!). La sociedad puede seguir caminando por las calles y asistir a las plazas”.

Pero a pesar de la persistente negativa de reconocimiento en la era de Javier Duarte, la incidencia de esta modalidad de crimen rebasó la capacidad institucional de ocultamiento. Noé Zavaleta documenta:

“En la última semana de abril pasado (2014) la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) informó que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa ha habido 665 desapariciones forzadas por levantones, secuestros, ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales…”

Esta cifra coincide con la información que divulgó el Colectivo por la Paz Xalapa, en marzo del 2014. El reporte advertía de que en esas desapariciones había, por lo menos, 122 menores de edad.

De acuerdo con estimaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del 2006 al 2014 cerca de dos mil personas fueron víctimas de desaparición, lo que ubicó a Veracruz en uno de los primeros sitios en ese renglón de delito.

No es un dato menor que este delito, por añadidura a otros como las ejecuciones extrajudiciales, allanamientos fuera de la ley, detenciones arbitrarias, torturas, homicidios, amenazas, violaciones sexuales, registrara un aumento sensible tras el despliegue, en las calles, de más de 60 mil elementos de las fuerzas armadas que, por decreto extraconstitucional, ordenara el gobierno federal, a finales del año 2006.

Tampoco es una mera coincidencia que la desaparición forzada se instalara a sus anchas en Veracruz, en el marco de la implementación del Mando Único (MU) Policial, por decreto de Javier Duarte:

En la edición del 12 de diciembre del 2013, La Jornada Veracruz reporta:

“(…) preocupante resulta que al menos en Córdoba, son constantes las manifestaciones en contra del MU por los famosos ‘levantones’ (desapariciones) todos bajo una misma forma de operar, pues registran viviendas sin orden de cateo y después nadie sabe nada de los desaparecidos… Pese a que se han presentado más de una decena de manifestaciones desde la llegada del Mando Único, de este tipo de denuncias solo anotan dos en Asuntos Internos, de las cuales en una se asentó un número de patrulla que no existía, mientras que la segunda está siendo investigada.”

Se trata de la correspondencia natural entre una estrategia de Estado más o menos conscientemente concertada, y unos resultados socialmente desastrosos, más o menos conscientemente previstos.

Al colectivo Equifonía-Derechos Humanos de las Mujeres se le preguntó en el 2014 sobre las condiciones que promovían la incidencia de este crimen. En el colectivo consideraron que la clave está en “la participación cada vez más evidente y cínica de la Policía Estatal en la desaparición o en la protección de quienes realizan desapariciones y ejecuciones. Es una protección cada vez más descarada de quienes se supone que son los delincuentes. Quienes se supone que deberían perseguirlos, son finalmente quienes los están protegiendo”.

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, precisamente porque involucra a agentes de Estado.

La naturaleza de este crimen imposibilita conseguir el testimonio de la víctima. Ni siquiera una verdad jurídica es asequible porque el Estado es el que comete u ordena el crimen, e igualmente el que juzga el hecho delictivo. Al respecto, el Colectivo por la Paz Xalapa advierte:

“Justamente se trata de un crimen de lesa humanidad. La desaparición forzada es un delito de Estado. Acá, en Veracruz, hay casos en que elementos policiacos o efectivos militares son señalados por incurrir en esta modalidad de crimen. Y el gobierno nunca reconoce que una policía acreditada está involucrada en un caso de desaparición forzada. Eso nunca va a ocurrir. Entonces es contradictorio esa condición de juez y parte.”

“La única forma que tenemos de documentar o comprobar la participación de elementos policiacos es consultar a las familias o víctimas. Porque un ministerio público debe tener cuidado de cómo configura una denuncia y qué delito van a perseguir. Ellos se tienen que cuidar para no decir que se trata de desaparición, porque los pueden correr. Prefieren omitir. La desaparición forzada es una cosa que, a decir de las familias, a menudo ocurre. Sin embargo, pocas veces tienen elementos para denunciar abusos como policías que han entrado a domicilios, que han abusado sexualmente de las personas, o que se llevan a una o dos. Son operaciones fuera de la ley que además involucran armas, rostros cubiertos, violencia.”

La desaparición forzada también es signo de excepcionalidad. Pero justamente lo que permite deducir el comportamiento de este delito es que la excepcionalidad no es una ausencia de Estado: es la excepción elevada a norma operativa de Estado.

Testimonios dan cuenta de esa renuncia a “la obligación del Estado de garantizar la vida y la seguridad” que imperó en los años de duartismo:

“La familia carga con todo, tenemos el peso brutal de lo que se está pagando, desgaste económico, físico, emocional, afecta a toda la familia, a nuestras casas llegó a vivir la angustia, desesperación, impotencia, miedo, y duermen con nosotros, cenan, desayunan, eso es lo que no se vale.”

En no pocos casos, las familias de las víctimas denunciaron acoso de la fuerza pública, máxime allí donde se tenían suficientes pruebas para demostrar que se trató de una desaparición forzada:

“Frente a las instalaciones de Readaptación Social… se manifestaron los familiares de las cinco personas que fueron privadas de su libertad en mayo (2015), presuntamente por elementos de la Fuerza Civil…”

“Familiares de los cinco jóvenes denunciaron que sufren intimidación por parte de elementos de la Fuerza Civil para que dejen de manifestarse y de buscarlos. Relataron que todos han recibido visitas de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y hasta han sido fotografiados en sus domicilios.”

En el Veracruz de Javier Duarte, la regla fue: “Ni Justicia, Ni Verdad”. Y no fue un asunto de inoperancia institucional. Al contrario, fue el resultado de una acción gubernamental, concertada y altamente exitosa. La desaparición forzada no es un flagelo fuera de control: es una forma de gobernar en Veracruz que el duartismo elevó a procedimiento rutinario.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

  • Periodista mexicano

La Unión Europea toma medidas y se defiende

POR ESTO! 16 de marzo del 2017 MÉXICO

Gustavo Robreño*

Muy discretamente, pero de manera sostenida, la Unión Europea (UE) viene tomando medidas en todos los campos como consecuencia del paulatino alejamiento que las posiciones de la Administración Trump han experimentado con respecto a las tradicionales posturas de la UE, hasta no hace mucho coincidentes en lo fundamental con Washington.

Hablando a la prensa en Bruselas, la alta representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Alianza europea, Federica Mogherini, reconoció que esas relaciones entraron “en una fase diferente, más pragmática, menos automática. En los últimos años, Estados Unidos era un aliado natural. Ahora habrá que mirar dossier a dossier…”

El tácito apoyo brindado por el mandatario estadounidense a la salida de Gran Bretaña (Brexit) del conjunto de la UE, proclamado sin disimulos durante la reciente visita de la premier británica, Theresa May, a la Casa Blanca colmó la copa de inquietudes y desencuentros entre ambos lados del Atlántico.

Aceleró los pasos de la UE en busca de medidas y políticas de nuevo tipo que neutralicen cualquier crisis que pudiera sobrevenir, tanto interna como procedente del exterior, y afecten los objetivos y propósitos integracionistas que han caracterizado a ese bloque desde su fundación.

El abanico de divergencias con EEUU se va ampliando y ya abarca desde el tema migratorio, las crisis del Oriente Medio y la intención de suscribir acuerdos bilaterales al margen de la UE hasta el delicado asunto de la defensa, que implica la pertenencia común al pacto militar de la OTAN, hasta ahora regido en la práctica por Estados Unidos.

En este último campo, se produjo la sorprendente noticia de que la Unión Europea ha decidido dotarse de un cuartel militar propio y “centralizar la gestión de sus operaciones militares conjuntas no ejecutivas”, según han acordado los ministros de Exteriores y Defensa, reunidos en la capital belga.

Le han llamado “Capacidad Militar de Planificación y de Conducción” y entrará en funciones en las próximas semanas, encargándose por el momento de “coordinar las operaciones europeas de formación en las misiones militares”, desplegadas en Mali, Somalia y la República Centroafricana.

Por otra parte, el canciller español Alfonso Dastis confirmó que tanto España como Francia, Alemania e Italia son partidarios de avanzar hacia una “capacidad autónoma” de defensa europea, lo cual en caso de concretarse sugiere un paralelismo hasta ahora no explicado con el pacto de la OTAN.

La urgente minicumbre, realizada en Versalles, fue un reflejo de la incertidumbre que recorre a la Unión Europea.

En entrevista que concedió a seis diarios europeos, el presidente francés Francois Hollande expresó: “Sin un nuevo espíritu europeo, la UE se hundirá en la disolución y luego en la dislocación.”

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo

  • Periodista cubano, exdirector de Prensa Latina y exsubdirector de Granma