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Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2017-04-12

Educación: ignorancia, ideología e intereses

PÁGINA 12 6 de abril del 2017 ARGENTINA

Mario de Casas

El artero ataque del presidente Macri a los docentes a través de la difusión de una imagen de la Hiroshima bombardeada, y a la escuela pública con el lapsus “…una terrible inequidad de aquél que puede ir a la escuela privada versus aquél que tiene que caer en la escuela pública” (sic); más los frecuentes pronunciamientos del ministro Bullrich y las decisiones de la gobernadora bonaerense, son reveladores de uno de los problemas importantes y complejos que debe afrontar la sociedad argentina si quiere retomar el camino de la emancipación: la relación entre el poder económico y la educación, considerando que el macrismo es la expresión política del gran capital aborigen.

Me refiero a la relación contradictoria entre un sector social que en nuestro país se puede identificar con nombres y apellidos, y el proceso –históricamente establecido– de producción y distribución de un determinado tipo de saberes: aquellos que conforman el conocimiento social “elaborado” y acumulado y que, entre otras cosas, deberían servir para una acción consciente en la lucha hegemónica por la emancipación y su correlato, la profundización de la democracia. Pero no la “profundización de la democracia” que propone el poder económico, cuando afirma que solo existen sociedades plenamente democráticas si el Mercado encuentra en ellas las condiciones propicias para su expansión ilimitada, sino todo lo contrario: la que promueve la expansión y ejercicio efectivo de derechos.

La rica tradición y el prestigio social de la educación pública más la conciencia de clase de nuestros docentes –que tuvo una expresión clara en la multitudinaria marcha federal que culminó en la Plaza de Mayo el pasado 21 de marzo– hacen difícil el disciplinamiento del sistema educativo que, no obstante, no ha podido resistir algunas estrategias de penetración. Así, por ejemplo, durante el menemismo y ahora otra vez, uno de los caballitos de batalla de la embestida, el falaz argumento de que los docentes no quieren que se los evalúe porque “no saben nada”, ha servido para hacer de la capacitación un negocio redondo.

Es necesario aclarar que lo que los docentes reclaman es que se mejoren sus condiciones de trabajo, entre otras razones, para que no se deteriore su capacitación; y señalar que una cosa es evaluar para superar deficiencias –que no son pocas– y otra muy distinta evaluar para justificar despidos: no olvidemos que los salarios docentes constituyen algo así como el 80% del presupuesto educativo y que, para la lógica del capital, “éste es un gasto que hay que reducir”, como ha recitado Macri siempre que ha tenido oportunidad.

De paso, va a ser difícil encontrar una muestra más elocuente del cinismo del Presidente y otros miembros del gobierno que, en base a un pretendido eficientismo, denuncian supuestos gastos superfluos en educación y otras áreas del mismo Estado al que han esquilmado y siguen esquilmando.

En este contexto, es necesario referirse a la herencia recibida del período 2003-2015, como los importantes avances y conquistas democráticas materializados en la expansión del sistema educativo, la universalización del acceso a la educación básica y la significativa ampliación de la enseñanza media y superior, sin dejar de considerar deudas pendientes. En particular, la universalización implicó garantizar el acceso a la educación pero también acciones concretas para avanzar hacia el objetivo de generar condiciones de igualdad para quienes acceden, y así disminuir la diferenciación y segmentación institucional que el macrismo no hace más que acentuar.

El lapsus presidencial no sólo es un intento de legitimar un proceso de exclusión que avanza raudamente, sino que también implica el reconocimiento y la aceptación de que las condiciones de desigualdad –profundizadas por las políticas impulsadas por el gobierno y que constituyen las marcas de origen que pesan sobre buena parte de la población infantil (pobreza, falta de bienes básicos como servicios de salud, etc.)– determinan que la misma cantidad de años de escolaridad no supone la misma oportunidad educativa cuando se compara a dos niños de diferente situación social: hoy más que nunca, para dilucidar a qué oportunidades educativas reales tienen acceso los chicos, es indispensable saber en qué barrio viven, qué ocupación tienen los padres –si es que tienen alguna– y de qué ingresos disponen.

Otra maniobra ideológica, de fuerte efecto encubridor y gran poder de seducción, consiste en atribuirle a la crisis educativa todos los males que padece nuestra sociedad. En palabras de uno de sus propagandistas, el senador nacional por Mendoza J. Cobos –que padece de ignorancia incurable y gusta autopresentarse como “educador”: “Con educación combatimos todo, el desempleo, la inseguridad, y mejoramos la inclusión social y desarrollo para todos nuestros ciudadanos”.

La traducción generalizada que se hace de esta falacia es que si todos tuvieran una educación “de calidad”, todos vivirían mejor, habría más empleo, menos consumo de drogas, menos corrupción, la “gente” elegiría siempre bien a sus gobernantes, habría menos muertes en accidentes de tránsito, las plazas estarían mejor cuidadas y las mascotas no cagarían en las puertas de casas ajenas. Es decir, éste dejaría de ser “un país de mierda”. Y entonces, en términos macristas, todos lograríamos la pura “alegría”.

Ahora bien, teniendo presente que cuestionar la importancia de la educación en nuestro país es lisa y llanamente una herejía, conviene que haga algunas aclaraciones. Considero –y he considerado siempre– que la educación constituye un bien fundamental para la construcción de una sociedad más justa, con todo lo que esto significa; pero estoy convencido de que, cualquiera sea el rol que se le quiera asignar, no es válida la suposición –en el mejor de los casos ingenua desde las perspectivas sociológica, política y económica– de que, si cumpliera tal rol, todos seríamos más felices por cuanto desaparecerían las inequidades y habría una distribución más justa de las riquezas acumuladas y de los bienes que mejoran las condiciones de vida del conjunto de la población. Razón por la cual es a mi juicio tan criticable el economicismo que cultivan los CEOs que gobiernan cuando reducen la educación a un mero valor de cambio, como esta pretensión ontológicamente idealista de atribuir a la educación una especie de virtualidad redentora; pues, por otro camino, termina por asignar toda la responsabilidad en la transformación social al papel que desempeñan las distintas instituciones educativas, cumplan o no el mandato liberador de producir conciencias críticas.

En esta línea, Pablo Freire reconocía en la educación un valor fundamentalmente político y cultural para una sociedad democrática: la acción educativa cambia a los seres humanos, y son ellos los que pueden cambiar el mundo. En otras palabras, el argumento de que la educación es fundamental para hacer de la nuestra una sociedad más equitativa y productiva, conduce al vano intento de explicar nuestro atraso y dependencia por la crisis educativa, y no al revés.

Sin embargo, los enunciados de Macri y sus aliados tienen potencia retórica. Y esto es así porque corresponden a un componente de la ideología dominante que, como enseñó Marx, es la ideología de la clase dominante –es decir, de la clase a la que pertenece Macri–; ideología que, justamente por ser dominante, ya está instalada en amplios sectores sociales y, por lo tanto, no necesita justificar sus asertos.

Pero Marx también enseñó que las ideologías tienen siempre una base material que en última instancia las determina; y que la comprensión de toda ideología supone dar cuenta de la estructura material a la que está vinculada: lo que una sociedad produce y las relaciones en base las cuales produce, acumula y distribuye los bienes que necesita para subsistir y reproducirse. En tal proceso, la educación juega un rol fundamental porque también es un bien que se produce, se acumula y se distribuye.

A este respecto, para cualquier observador atento no pasa desapercibido el interés económico de los sectores dominantes por la educación. Se entiende, por las razones que sean, la educación es un bien cada vez más preciado, por eso la obstinación por convertirla en una mercancía.

Es éste un fenómeno que trasciende largamente nuestras fronteras: está directamente relacionado con las necesidades de la acumulación capitalista en su fase actual. Sobran elementos de prueba; uno es la incursión de grandes corporaciones informáticas como Microsoft y bancarias como Goldman Sachs y J. P. Morgan en el gran negocio educativo

Así, no debería sorprender que cada vez que un representante de los empresarios y corporaciones habla de educación, detrás de conmovidas palabras se escondan variados intereses muy concretos. En momentos en que el Estado nacional es conducido directamente por los sectores dominantes, promotores y beneficiarios de los procesos de concentración económica y globalización neoliberal, se profundizan los fenómenos correlativos de monopolización de conocimientos, cuyas causas no se limitan a la exclusión de las instituciones educativas o su deterioro. Es una dinámica de vasto alcance que se traduce en la progresiva distribución, producción y reproducción de la ignorancia para las mayorías excluidas del poder.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

Educación en estado terminal: Argentina sin futuro

PÁGINA 12 7 de abril del 2017 ARGENTINA

Alcira Argumedo*

Henry Kissinger puede morir tranquilo: su proyecto se está consumando. El adolescente judío alemán que en el 1938, cuando tenía 15 años, debió huir con sus padres a Estados Unidos perseguido por el nazismo, será el artífice de las más aberrantes estrategias norteamericanas hacia Nuestra América. Como Secretario de Estado de los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford entre el 1969 y el 1977, la política exterior impulsada en el “patio trasero” constituye una manifestación más de su concepción imperial y de la diabólica lucidez con la que sería capaz de imponer sus planes de sometimiento a mediano y largo plazo, sin importar los métodos ni los costos humanos y materiales.

Al asumir sus funciones, el continente latinoamericano aparecía como un territorio hostil, con peligrosas aspiraciones de soberanía y justicia: Torrijos en Panamá, Velasco Alvarado en Perú, Torres en Bolivia, Allende en Chile, la resistencia de los trabajadores peronistas junto a jóvenes y estudiantes en Argentina -que culmina con el retorno de su líder- o las movilizaciones en Uruguay, daban cuenta de manifestaciones rebeldes que cuestionaban con mayor o menor radicalidad sus intereses económicos y su hegemonía político-cultural. A su vez, la penetración de las corporaciones y bancos transnacionales en la región -que se había extendido desde los años sesenta- encontraba en las políticas proteccionistas y en las fronteras arancelarias, un serio obstáculo para promover economías de escala con mercados de alcance continental.

En ese contexto, a comienzos de los años setenta Estados Unidos impulsa una estrategia de restauración conservadora diseñada por Kissinger, con el objetivo de recomponer su primacía: las dictaduras militares sustentadas en terrorismo de Estado y articuladas en el Plan Cóndor, debían aniquilar tales aspiraciones.

Los golpes militares se suceden: en el 1971, Bolivia; 1972, Uruguay; 1973, Chile; 1975, Perú; 1976, Argentina. Nuestro país iba a tener un tratamiento especial: en julio del 1976 -a los pocos meses de consumado el golpe militar- el Secretario de Estado norteamericano viaja a Brasilia y firma un protocolo con la dictadura instaurada allí desde el 1964, por el cual Brasil es ungido como delegado del Imperio en Sudamérica y en el Atlántico Sur. Se inicia así la política del satélite privilegiado.

A partir de este protocolo, Estados Unidos y Brasil iban a decidir en encuentros bilaterales a realizarse cada seis meses, las políticas a seguir en función de lo que ambos consideraran conveniente para estas áreas de influencia. Se buscaba neutralizar de esta manera la rebeldía existente a nivel mundial y regional en Naciones Unidas, OEA o Junta Interamericana de Defensa, que presentaban serios problemas para los intereses estadounidenses al no contar con mayorías incondicionales.

Aparte de sus funciones políticas, en el satélite privilegiado iba a concentrarse la producción industrial de las corporaciones transnacionales, a fin de cubrir desde allí mercados de dimensión continental, luego de derribar los obstáculos arancelarios e imponer criterios de libre mercado. En esa concepción, Argentina debía erradicar sus industrias mediante el cierre de fábricas o el traslado de empresas a Brasil, para retomar su papel de país productor de materias primas exportables -granos, carnes, petróleo, gas, minería, pesca- con bajo valor agregado. Asimismo era preciso privatizar o eliminar las empresas y servicios públicos más rentables, incluido el sistema de transporte ferroviario, en favor de las corporaciones petroleras y automotrices.

El ministro Martínez de Hoz, respaldado por una represión inhumana y la imposición del terror como modo de quebrar todo tipo de oposición política o social, inicia la tarea de desintegrar las industrias -en especial las Pymes de capital nacional- al tiempo que contrae una irracional deuda externa, siguiendo los postulados del capital financiero internacional. Además de las ventajas brindadas por las economías de escala al concentrarse la producción en Brasil, la desindustrialización argentina permitiría quebrar estructuralmente la resistencia de los trabajadores, debilitándolos por medio de la desocupación y la precarización laboral. En una dramática paradoja, luego de la caída del Muro de Berlín en 1989, esa tarea va a ser completada en los años noventa en nombre de las tradiciones políticas populares.

El deterioro del sistema educativo público en todos sus niveles fue parte nodal de ese proyecto, al potenciar el debilitamiento estructural de las mayorías sociales: si una sociedad industrial requiere mano de obra calificada y con bases educativas de calidad, en el vuelco hacia un modelo agro-minero-exportador que genera desempleo y marginación social, esa calificación se torna peligrosa. En tal sentido, la estrategia restauradora concebida por Kissinger reproduce una convicción sustentada por los sectores dominantes de América Latina desde la etapa colonial. Ya en el 1785 el virrey del Perú señalaba:

El establecimiento de escuelas en los pueblos puede traer perniciosas consecuencias y los indios deben ser instruidos solamente en la doctrina cristiana, pues cualquier otra enseñanza es muy peligrosa respecto a que desde la conquista no ha habido parece, revolución de esos naturales que no proceda de algunos más instruidos.

La información es poder; y la educación, como capacidad de incorporar y elaborar conocimientos e información es un poder aún mayor. Si en Argentina el sistema educativo público había dado tres premios Nóbel en ciencias -Bernardo Houssay, Luís Federico Leloir y César Milstein- esa peligrosidad debía neutralizarse. Las universidades nacionales fueron duramente golpeadas por la dictadura iniciada en el 1966 con la “Noche de los bastones largos” y la del 1976 continuó la agresión, persiguiendo masivamente a docentes e investigadores, en un contraste significativo con el tratamiento de las universidades y los institutos de investigación científica, que caracterizara a la dictadura militar del satélite privilegiado. Contando con la complicidad de las dirigencias políticas, la degradación del sistema primario y secundario se completaría bajo un régimen democrático: la Ley Federal de Educación del 1993, promovida por el menemismo, será el principal instrumento.

El resultado de esa estrategia a largo plazo está a la vista: Brasil se ha transformado en una potencia emergente mientras la Argentina saqueada continúa su decadencia y es definida como “tierra de sacrificio”, con la instalación de producciones extractivas depredadoras que en muchos casos están prohibidas en las naciones del Occidente central: transgénicos con agrotóxicos, megaminería con cianuro y ácido sulfúrico, hidrocarburos no convencionales con técnicas de fracking, que contaminan el agua, el aire y las tierras. Otro indicador es el dramático deterioro de su sistema educativo, tanto público como privado.

No podemos cerrar los ojos ante esta verdadera catástrofe económica, social y cultural: mientras casi el 50% de nuestros adolescentes y jóvenes entre 13 y 18 años no ha ingresado o ha desertado del secundario, la mayoría de quienes están insertos en el sistema -público o privado- no comprenden lo que leen, muestran dificultades para resolver problema matemáticos relativamente simples y ocupan uno de los primeros lugares del ranking mundial en ausentismo de alumnos. Son los anuncios de una nación sin futuro: el objetivo de Henry Kissinger.

Los intentos por revertir esta situación han sido insuficientes; y los conflictos del campo educativo, que se reiteran una y otra vez, no se resuelven comprando conciencias para sabotear los paros, ni empleando recursos represivos. Es preciso que, como sociedad y no como meros espectadores, nos involucremos en este tema crítico para nuestro destino. La introducción a los acuerdos alcanzados en la XVIII Conferencia Iberoamericana de Educación celebrada en El Salvador el 19 de mayo del 2008 (metas 2021), con el objetivo de facilitar un debate para alcanzar un consenso entre todos los países sobre la educación a la cual se aspira para la generación del bicentenario afirma:

Es el tiempo oportuno, de la mano del bicentenario de las independencias, para plantearse un proyecto colectivo que contribuya a dar sentido a las ansias de libertad que recorrieron Iberoamérica hace doscientos años. Un proyecto que articulado en torno a la educación, contribuya al desarrollo económico y social de la región y a la formación de una generación de ciudadanos cultos, y por ello libres, en sociedades democráticas e igualitarias.

Desde esta perspectiva, además de una fuerte inversión en infraestructura, la jerarquización docente es la clave para garantizar una educación de calidad. Luego de sus años de estudios profesionales, cada maestro debe ser designado en un tiempo completo de siete horas, divididas en cuatro horas frente al curso y tres horas de corrección de pruebas o trabajos, preparación de las clases, ayuda escolar a los chicos con problemas y formación propia.

Quien haya tenido experiencia docente en general, sabe que afrontar cuatro horas de clase es un trabajo duro y lleva tiempo de preparación para garantizar calidad. Si un docente primario, para completar los ingresos misérrimos que recibe, toma dos puestos y trabaja ocho horas dando clases, necesariamente será víctima de un agotamiento que le restará calidad y es la causa de un alto porcentaje de enfermedades laborales, traducidas en ausentismo, licencias y tareas pasivas. El caso de los profesores “taxi” del secundario, plantea una situación similar: el desgaste diario que conlleva, les impide afrontar con la energía necesaria la preparación de sus clases, la orientación a los alumnos con dificultades, la corrección de pruebas o trabajos y su enriquecimiento intelectual.

Si no se enfrenta con seriedad el tema de la jerarquización y los salarios docentes y se cumple con los planes de extender la doble escolaridad, en particular en las zonas socialmente más críticas, como primeros pasos para revertir la dramática crisis de nuestro sistema educativo, el porvenir argentino se presenta muy oscuro.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

  • Socióloga, política y docente universitaria argentina

Ser periodista en México: entre el miedo y el dinero

POR ESTO! 31 de marzo del 2017 MÉXICO

Adrián López Ortiz*

Al gobierno mexicano no le importan los periodistas. Si los amenazan, los secuestran o los matan es lo mismo: el Estado no está ahí para protegerlos o aplicar justicia.

Es un hecho, no una especulación mía. Lo resumen las cifras de la organización Artículo 19: 2,020 ataques a periodistas en seis años, 800 carpetas de investigación abiertas, y sólo tres casos resueltos. Una impunidad del 99,75%. Una ausencia de justicia casi absoluta.

En esa impunidad se explica buena parte del contexto nacional de miedo y de una libertad de expresión a medias. Tan sólo en marzo han asesinado a tres periodistas sin que Presidencia se ocupe en serio de ello.

La otra parte tiene que ver con el dinero público: prácticamente toda la industria de medios de este país está permeada por los convenios de publicidad oficial y una relación de premio-castigo con los diferentes niveles de gobierno.

Lo que Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, explica a Sin Embargo como: “Una violencia que impacta la línea editorial y en la precariedad laboral de los periodistas. En la medida en que la Publicidad oficial siga siendo el principal recurso, siempre vamos a estar entre la plata y el plomo”.

Así trabajan los periodistas mexicanos, entre el miedo y el dinero. Un dinero que corrompe y controla el flujo de información. Un dinero que se apropia de la agenda setting para contar lo que alcaldes, gobernadores y el Presidente quieren decir, ver y escuchar.

El mal equilibrio se mantiene porque genera beneficios enormes para dos actores clave: para la clase política que puede operar impunemente sin sentirse fiscalizada y vigilada por el periodismo. Y para muchos dueños de medios (desde el modesto blog sobre-pedido hasta el grupo multiplataforma y diversificado) que se enriquecen y hacen negocios con su línea editorial. Un círculo vicioso perfecto.

Es cierto, al gobierno mexicano no le importan sus periodistas. Eso ya lo sabemos, pero duele más que a la sociedad mexicana tampoco. Buena parte de esa actitud tiene que ver con la falta de credibilidad. Los mexicanos no confían en los medios. Su confianza en ellos es ínfima: 20% a lo mucho, según diversas encuestas.

Resulta obvio: ¿cómo creerle a medios y periodistas que solo repiten las versiones oficiales de quienes les pagan para que sobrevivan?

La consecuencia lógica es dolorosa. Si no les creemos, menos nos preocupamos por ellos.

En ese nocivo status quo, el gobierno federal está feliz. ¿Cómo por qué el Presidente Peña Nieto querría proteger mejor a los periodistas si el golpe más fuerte que ha recibido durante su mandato –la Casa Blanca–, provino precisamente de una periodista?

Por eso la muerte de Miroslava Breach en Chihuahua y dos compañeros más en el mismo mes no le mereció mayor atención. Por eso le da igual que la Feadle y el Mecanismo de Protección tengan o no recursos. Por eso le vale madre que sean un fracaso rotundo.

Seguirán repitiendo afuera que México cuenta con “los mecanismos”, “las figuras”, “las instituciones”… simulando que les importa.

Pero no se puede claudicar. Los medios independientes y las voces críticas han sido, y son, indispensables en la construcción democrática de este país.

Por eso, vale la autocrítica y arrojar algunas alternativas: si al gobierno no le importa cuidar a los periodistas, es fundamental que nos cuidemos entre nosotros.

Es cierto que somos un gremio desconfiado y desunido. El mismo gobierno le ha invertido a ese divisionismo. Pero es incomprensible que a pesar de la impunidad, la presión del crimen organizado y el control político vía publicidad oficial, los periodistas mexicanos sigamos a la intemperie y sin cobijarnos entre nosotros.

¿La alternativa? Todas las recomendaciones internacionales en la materia apuntan a una palabra: colaboración. Si las autoridades y las instituciones no son garantía de nada en materia de seguridad y protección, tenemos que ser los mismos periodistas y los medios independientes quienes propongamos mecanismos de vinculación para protocolos, procedimientos y capacitación. Nuevas redes, nuevos marcos legales. Otras condiciones.

Ya bastante es lidiar con la realidad violenta que contamos a diario; con el reto de abrazar la transición digital, con la necesidad inmediata de refundar esta profesión apasionante y esta industria estratégica para la democracia.

El rol de los periodistas es demasiado importante como para preocuparse por mantenerse vivo.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

  • Columnista del portal Sin Embargo.mx

¿Normalización?

LA JORNADA 10 de abril del 2017 MÉXICO

David Brooks*

El comandante en jefe ordenó el lanzamiento de 59 cohetes contra una base aérea en Siria y de repente todo pareció volver a lo "normal". No había sucedido algo tan peligroso desde que Donald Trump fue electo.

Quien había sido calificado de aberración política, un bufón populista neofascista que amenazaba la "democracia" y los derechos humanos y civiles de todos, que repudiaba la ciencia y el derecho internacional, el que elevó la mentira y el engaño a niveles que asombraron hasta a los maestros de la farsa política en este y otros países, de repente ganó el elogio de la cúpula política de ambos partidos y de los medios tradicionales del país. Lo proclamaron normal.

"Creo que Donald Trump se convirtió en presidente de Estados Unidos", declaró Fareed Zakaria, de CNN, quien había sido uno de los críticos de la política exterior de esta presidencia, al conocerse el ataque estadunidense contra Siria. Brian Williams, reconocido presentador liberal de MSNBC, fue más espeluznantemente lírico al reportar, viendo las imágenes proporcionadas por el Pentágono de los cohetes letales destruyendo objetivos, que había algo "bello" en estas imágenes y hasta citó un verso de la canción de Leonard Cohen, "estoy guiado por la belleza de nuestras armas", sin reconocer que First we take Manhattan es todo menos un elogio a la guerra y la clase política.

Los grandes rotativos, que habían recuperado su pasión periodística y su coraje frente a un presidente que los declaró "enemigos del pueblo" y que buscaba contaminar el debate público con mentiras llamadas "hechos alternativos", de repente volvieron a reportar la noticia oficial como si fuera equivalente a la verdad, y elogiaron el carácter "decidido" de Trump al ordenar un ataque que, por ahora, parece ser más efectivo para fines de política doméstica que para lograr algo en Siria o en el ámbito internacional. Algunos llegaron a poner encabezados como: "En torno al ataque sobre Siria, el corazón de Trump fue primero" (New York Times).

Uno pasaba de un canal de noticias a otro, revisaba un periódico tras otro, y –con sus notables excepciones– fue escalofriante el coro de apoyo de reporteros, comentaristas y "expertos".

La cúpula política, incluido el liderazgo demócrata, se sumó al coro bélico para hacer eco de ese tan ensayado discurso oficial de "hechos alternativos" que habla de las fuerzas del bien batallando contra "dictadores" y "criminales" que matan a niños inocentes. Con notables excepciones (tanto de progresistas como de ultraconservadores que expresaron su oposición), la gran mayoría de los legisladores se colocaron en fila para marchar detrás de su comandante en jefe.

Trump había justificado la acción como respuesta al ataque con armas químicas en un pueblo en Siria que mató a más de 80 civiles, afirmó que lo que más le conmovió y que lo llevó a ordenar la acción al final fueron las imágenes de niños y "hasta bebés hermosos" muriendo. Afirmó que las muertes de civiles inocentes es algo inaceptable.

Unos pocos señalaron que hay una contradicción entre un presidente que dice que está conmovido por el sufrimiento de niños en Siria, pero que impide el ingreso de todo refugiado –incluidos menores– de ese y otros países musulmanes y nutre la islamofobia.

Otros recordaron (aunque casi ningún medio grande) que la coalición militar encabezada por Estados Unidos probablemente mató a 300 civiles, incluidos niños, en Mosul, Irak, hace sólo unas semanas en una serie de ataques aéreos. Es el peor incidente de muertos civiles desde que empezó la guerra contra el Estado Islámico hace dos años.

Unas 370 mil personas han muerto por la violencia directa de las guerras en Irak, Afganistán y Pakistán desde el 2001 –y hasta 800 mil de manera "indirecta"– según el proyecto Costos de guerra del Watson Institute de la Universidad Brown. Más aún, desde que llegó Trump, algunas organizaciones de derechos humanos calculan que aproximadamente mil 500 civiles han muerto por ataques aéreos estadunidenses, reporta Newsweek.

Entre todos estos hay miles de niños y "bebés hermosos".

John Oliver, gran comediante y extraordinario periodista, había advertido, rogado, desde la elección, que pasara lo que pasara "por favor, nunca permitamos que Trump sea normalizado" y que impedirlo es la primera tarea de los medios y los ciudadanos en este país.

Pero para gran parte de la historia moderna de Estados Unidos, lo "normal" es la guerra. De hecho, las guerras de Afganistán e Irak, y ahora en otras partes de la región, son ya las más largas de la historia del poder militar más grande de la historia. Por tanto, aparentemente lo único que necesitaba hacer Trump era ordenar otro ataque militar para que la cúpula política y los medios masivos lo trataran como más de lo mismo, o sea, normal.

Margaret Sullivan, columnista de medios del Washington Post, recordó que algo parecido ocurrió con los medios en los preparativos y lanzamiento de la guerra en Irak, y advirtió que aunque “los ataques con misiles podrán parecer excitantes, y las represalias justas (…) los periodistas y los comentaristas deberían recordar las virtudes más aburridas, como el escepticismo, la profundidad y el contexto. Y mantener sus ojos fijamente ahí, y no sobre las imágenes espectaculares en el cielo”.

El comandante en jefe que logró evadir el servicio militar obligatorio cuando era joven durante la guerra de Vietnam, que obtuvo nada menos que cuatro prórrogas (como lo hicieron muchos hijos de los ricos), de repente ha sido aclamado como líder firme y decisivo.

Con ello, el peligro ya no es sólo él, sino los cómplices de su "normalización".

Por tanto, el gran desafío para las fuerzas conscientes de este país no es sólo rehusar aceptar esto, sino lograr que las guerras e intervenciones dejen de ser aceptadas como algo normal para este pueblo.

"Suenan las campanas que aún pueden sonar/Olvídate de tu ofrecimiento perfecto/Hay una grieta en todo/Así es como entra la luz". Leonard Cohen (Anthem).

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo

  • Corresponsal de La Jornada en Nueva York