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Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2017-06-06

Correa se va invicto

PÁGINA 12 25 de mayo del 2017 ARGENTINA

Juan Manuel Karg*

Hoy no es un cualquiera para Ecuador: Rafael Correa Delgado deja la presidencia tras diez años y cuatro meses ininterrumpidos en el Palacio de Carondelet. Se trata de una de las personalidades más influyentes de la política latinoamericana de las últimas décadas, que modificó sustancialmente el panorama político-electoral en su país, fundando una nueva institucionalidad y gobernando de cara a las mayorías populares. ¿Qué dejan los diez años de Correa, tanto en términos internos y externos? ¿Por qué el oficialista Alianza País, que continuará gobernando el país con el binomio Lenín Moreno-Jorge Glas, habla de “década ganada”?

Poco más de tres meses como Ministro de Economía de Alfredo Palacio, durante el 2005, le bastaron al joven economista para comenzar a patear el tablero político en su país. Renunció a su cargo denunciando poderosos intereses petroleros y de las eléctricas, fundó el Movimiento Alianza País y se presentó como candidato presidencial, venciendo a Álvaro Noboa en la decisiva segunda vuelta.

Era el cierre de un período de gran inestabilidad política en ese país, que tuvo en el “feriado bancario” de Mahuad y en la pérdida de la moneda nacional –vía dolarización– dos momentos de creciente convulsión económico-social que aún permeaban en la memoria de corto plazo de millones de ecuatorianos.

Una vez en el gobierno, el mandatario se sumó a una corriente de presidentes que apelaron a la redistribución de los ingresos que podía proveer el alza de las materias primas a nivel internacional, con un horizonte de justicia social que siempre asomó en sus discursos.

En el 2007 Correa llamó a una Asamblea Constituyente, en Montecristi, Manabí. Un año después, en el 2008, la Constitución del país fue reemplazada. Existieron aportes concretos de la ciudadanía ecuatoriana en el extenso debate público que significó aquella reforma institucional, donde se trabajó la noción de democracia participativa como complementario de la representativa.

Para Correa fue una bisagra: significó su consolidación política, dejando en claro que había llegado para transformarlo todo, para fundar un nuevo ordenamiento político que retomara las mejores tradiciones emancipatorias de la región.

El propio preámbulo de la Carta Magna lo dejaba en claro, reivindicando la soberanía nacional; la integración latinoamericana, recuperando a Bolívar y Alfaro; y el “buen vivir” o sumak kawsay, eje nodal de la propuesta de socialismo a la ecuatoriana. Así, en el 2009 se reelegitimó en las urnas con un contundente 52% en la primera vuelta.

Sin embargo, la Revolución Ciudadana también tuvo su contrarrevolución naciente: en el 2010 una rebelión policial intentó tomar la forma de golpe de Estado, manteniendo retenido por horas al Jefe de Estado. La entonces reciente experiencia hondureña, donde Zelaya había sido depuesto tras una incursión militar de madrugada en su propio hogar, activó a la naciente Unasur, que se movilizó en defensa del orden constitucional ecuatoriano. La rápida respuesta regional, sumada al apoyo popular al mandatario, desactivó la intentona golpista.”Lo que no mata, fortalece” dice el dicho que Correa verificó en aquellas aciagas horas.

La política de integración regional también fue uno de los aspectos sobresalientes de la “década ganada” ecuatoriana. A fines del 2014 inauguró, junto a Cristina Fernández, la sede de Unasur en Mitad del Mundo, Quito, que lleva el nombre de Néstor Kirchner en honor al primer Secretario General del bloque. Instaló a Ecuador como voz decisiva –y cada vez más influyente– en los asuntos de la región, siendo presidencia pro témpore de la CELAC durante el 2015.

Pero fue más allá: asiló a Julian Assange en su Embajada en el Reino Unido, ante la persecución que el fundador de Wikileaks sufrió (y aún sufre) de parte de la Unión Europea y los EE.UU. Y en enero de este año asumió la conducción del G77+China, el bloque de 133 países emergentes en el marco de la Organización de Naciones Unidas.

Pero no todas fueron buenas: en su último año al frente del Ejecutivo, Correa tuvo que hacer frente al trágico terremoto de abril del 2016, que se sintió fuertemente en la provincia de Manabí.

“Rafael te vas invicto” decía, días atrás, un cartel en el programa Enlace Ciudadano, con el cual comunicó sus políticas todos los sábados. La frase tiene doble connotación: el no haber sido derrotado jamás electoralmente, claro, pero sobre todo el no haber renunciado a los principios y valores que lo llevaron a Carondelet hace ya una década.

Correa se va invicto. Su proyecto político sigue en pie en una América Latina donde, en los últimos años, la inestabilidad es moneda corriente.

Podrá estar satisfecho al pasarle la banda presidencial a Lenín Moreno Garcés, su primer vicepresidente: a fin de cuentas, tal como el mismo ha dicho en infinidad de ocasiones, Ecuador no vivió una época de cambios, sino un verdadero cambio de época bajo su presidencia.

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo

  • Politólogo argentino, analista internacional


Santos, Trump y el Plan (Paz) Colombia

CELAG 18 de mayo del 2017 ECUADOR

Javier Calderón* y Silvina Romano**

Aunque el Plan Colombia fue evaluado como exitoso por los funcionarios y el complejo industrial- militar estadounidense y colombiano -según declaraciones del exvicepresidente estadounidense Joseph Biden y el excomandante del Comando Sur, John F. Kelly, haciendo referencia al “milagro colombiano”-, el 4 de febrero del 2016 el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, después de analizar la petición del Gobierno colombiano, anunció una suerte de “giro” político sobre el papel de su país en la nación sudamericana, inaugurando el nuevo plan “Paz Colombia”, orientado a consolidar el acuerdo de paz firmado con las FARC–EP y a iniciar una nueva etapa pacífica de lucha contra los cultivos de uso ilícito.

Este giro viene siendo cuestionando desde aquel momento por los republicanos, liderados por el senador cubanoamericano Marco Rubio, quienes con la llegada de Trump a la presidencia han ganado en intensidad y capacidad de influencia.

El objetivo de este sector es presionar para que se continúe la “lucha contra las drogas” a través de la asistencia militar para la erradicación de los cultivos (es decir, en contra del campesinado y no de los narcotraficantes) y condicionar la paz según las exigencias pautadas por la ultraderecha colombiana. El centro del debate está en la política antidrogas que debe implementarse, de la que Colombia es un actor principal.

Razones del debate en torno a la política antidrogas

Los datos sobre asistencia militar y económica en el marco del Plan Colombia denotan las razones económicas y políticas por las cuales resulta de gran tensión dar un giro en función del desarrollo de los acuerdos de paz. Esto implicaría una merma importante en la injerencia del complejo industrial-militar en el relacionamiento de EEUU con la nación sudamericana, un asunto al que se resiste la ultraderecha colombiana y el sector del Partido Republicano liderado por el senador Marco Rubio.

La orientación de la política antidrogas norteamericana ha sido punitiva y su intervención en Colombia ha tenido énfasis en la movilización de recursos militares, asesores, tecnología, capacitación y “contratistas” militares privados en el terreno.

Acciones de la asistencia militar

Haciendo caso omiso de las críticas y los pedidos de organismos de Derechos Humanos de cortar o limitar el componente militar del Plan Colombia, la asistencia militar y policial de EEUU en el 2017 sigue siendo la más importante: asciende a 204 millones de dólares. En ese contexto, la venta de armas en el 2014 llegó a los 125 millones de dólares. El total del Plan Colombia fue de 14 mil millones de dólares.

A esto se suma el entrenamiento de 4 mil 569 miembros de las fuerzas de seguridad colombiana, en el marco de un “nuevo” rol asumido por las Fuerzas Armadas colombianas de suplantar a las de EEUU en el entrenamiento de Fuerzas de Operaciones Especiales, tanto para operar en México (en el marco de la Iniciativa Mérida) como en Afganistán, y la asociación de colaboración de Colombia como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Más preocupante aún, es la existencia del rol de las fuerzas militares colombianas en abonar a la acción de fuerzas de seguridad privadas en países intervenidos. Es de público conocimiento que militares colombianos renuncian a sus puestos para ofrecer sus servicios de forma privada a ejércitos de otros países.

Costo humano (o efectos reales del Plan Colombia)

Solo en el 2016 fueron asesinados 136 líderes sociales y políticos colombianos.

Víctimas de Colombia publicó en el 2014 un informe en el que indicaba que el número de víctimas de la guerra civil en Colombia había superado los 7 millones (incluyendo a los asesinados, desaparecidos o desplazados desde el 1956).

El informe destacaba también “que la mayoría de la victimización se produjo después del 2000, con un pico en el 2002 con 744 mil 799 víctimas”, en plena operación del Plan Colombia.

Durante la presidencia de Pastrana (1998-2002), inicio del Plan Colombia, alrededor de 1 millón 700 mil personas fueron desplazadas de manera violenta de sus hogares.

Durante los ocho años de la presidencia de Uribe (2002-2010) el desplazamiento forzado se transformó en una crisis humanitaria que afectó a 3 millones 312 mil 483 personas.

Surgió la tenebrosa práctica de los “Falsos Positivos”: asesinatos de civiles para reportarlos como guerrilleros muertos en combate, a cambio de premios y estímulos económicos para los militares. En la actualidad la Fiscalía General de Colombia investiga más de tres mil casos de jóvenes asesinados en esta modalidad.

El Plan Colombia también asistió en la fumigación con glifosato de más de 1,6 millones de hectáreas para intentar erradicar plantaciones de coca. Esto, además de generar efectos negativos en la salud de pobladores, la destrucción del medioambiente y condicionar la supervivencia material de miles de campesinos, ni siquiera funcionó como medio de lucha contra el narcotráfico.

Costo material del Plan Colombia (hasta hace un año)

Desde el año 2000, EEUU ha destinado 10 mil millones de dólares a Colombia.

En el mismo período, el Gobierno colombiano ha desembolsado 120 mil millones de dólares en el marco del plan.

Paramilitarismo

Uno de los lastres del conflicto interno exacerbado con el Plan Colombia es la organización de paramilitares y el asesinato de líderes sociales.

Las organizaciones de la sociedad civil colombiana están denunciando la existencia de un plan paramilitar de escala nacional que viene atentando contra líderes sociales, con el sostenido apoyo de las Fuerzas Militares.

De la misma manera, las guerrillas de las FARC-EP y el ELN manifiestan el peligro que representan estas fuerzas paramilitares en la construcción de la paz. En el encuentro sostenido por ambas guerrillas en La Habana, estas afirmaron que “hasta hoy no vemos voluntad en una lucha frontal por parte del Estado y del Gobierno (colombianos) contra el paramilitarismo”.

No se trata de una percepción aislada. Se trata de un hecho ratificado por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), algunos de cuyos integrantes visitaron recientemente Colombia y alertaron sobre la situación que viven los líderes sociales en el país, principalmente en zonas que estuvieron afectadas por la guerrilla de las FARC–EP, y pidieron que se tomen medidas más enérgicas para garantizar la seguridad y protección de estos colectivos.

Paz Colombia y la reconstrucción de posguerra

Santos también trata de contrarrestar el intento del uribismo para detener el apoyo de EEUU a Colombia de cara al proceso de implementación de los acuerdos de paz, además de convencer a Trump de continuar con el respaldo para financiar el proceso de paz. Un asunto que será relacionado con la situación en la región y el papel de la nación sudamericana en la situación venezolana.

El Congreso estadounidense aprobó en su presupuesto del 2017 una partida de 391 millones de dólares para financiar el Plan Paz Colombia.

Estos fondos en pleno esfuerzo de transición a la paz deben llevar a indagar quiénes y cómo están financiando esta transición, pues recordando lo sucedido a inicios de los 90 en Centroamérica (con las salvedades del caso), es probable que sean los intereses de estos grupos y sectores los que condicionen el escenario de la paz y los alcances reales de la democracia y la justicia social.

El pasado 20 de abril, Santos invocó a la ONU a que prestara atención a la “preocupante militarización” en Venezuela, un acto más de cinismo e hipocresía si consideramos la situación que vive Colombia, descrita mínimamente a lo largo de este escrito.

Asimismo, el rol geoestratégico asumido por Colombia, como base política y militar de la doctrina de seguridad hemisférica, viene claramente demarcado (al menos) desde la presidencia de Uribe, quien sigue detentando gran influencia en cuanto a los sucesos en Venezuela, participando en proyectos concretos de desestabilización del país vecino.

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo

  • Mg. Sociología e investigador CELAG
    • Doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Córdoba

Trump y la venta de la reserva estratégica de petróleo

LA JORNADA 31 de mayo del 2017 MÉXICO

Alejandro Nadal*

El proyecto de presupuesto dado a conocer por la Casa Blanca busca reducir la deuda federal. Y uno de los componentes importantes para alcanzar ese objetivo es mediante la venta de la mitad de la reserva estratégica de petróleo. Esta medida se vincula estrechamente con la política energética de la administración Trump y merece un análisis cuidadoso.

La Reserva estratégica de petróleo (REP) de Estados Unidos es una provisión de petróleo para periodos de emergencia con una capacidad de hasta 727 millones de barriles de crudo. Fue creada en el 1973 a raíz del embargo petrolero decretado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en respuesta a la ayuda estadunidense a Israel en el contexto de la llamada guerra del Yom Kippur.

El inventario contiene al día de hoy unos 695 millones de barriles guardados en cuatro depósitos ubicados en las costas de Texas y Louisiana, cerca de los principales centros de refinación de crudo en Estados Unidos. Las instalaciones incluyen cuevas artificiales en domos salinos que alcanzan hasta mil metros de profundidad y se calcula que el costo de construcción de estas instalaciones rebasó los 4 mil millones de dólares (mmdd).

La reserva actual representa el equivalente a unos 46 días de consumo de petróleo (a las tasas de consumo aparente del 2015). A los precios corrientes en el mercado internacional, la Casa Blanca calcula que el valor de mercado de toda la reserva es de unos 48 mmdd. La venta de la mitad de la reserva se llevaría a cabo en un plazo de diez años y generaría 16.6 mmdd.

En realidad esa cantidad de recursos casi se antoja insignificante cuando se le compara con la deuda del gobierno federal que hoy rebasa los 19 billones (castellanos) de dólares. Pero el proyecto de Trump tiene implicaciones para el mercado mundial de petróleo, la política energética de Estados Unidos y el proceso de cambio climático.

Si bien es cierto que los precios internacionales de crudo han repuntado ligeramente en los últimos meses, por el lado de la oferta el mercado sigue estando saturado a pesar de los últimos acuerdos de la OPEP. Sin duda un panorama de precios deprimidos se va a mantener. El anuncio de que habrá una inyección de más crudo al mercado mundial proveniente de la venta de la REP, aunque dicha venta se lleve a cabo a lo largo de los próximos años, contribuirá a mantener bajos los precios.

La intención de vender la mitad de la REP es consistente con la política energética de Trump. Su objetivo es convertir a Estados Unidos en un país autosuficiente en petróleo y desde esa perspectiva mantener la Reserva estratégica es redundante. Trump ya ha firmado una orden ejecutiva para concluir la construcción del oleoducto Keystone que va desde los campos de Alberta (en Canadá) hasta Port Arthur, al noreste de Houston. Este oleoducto ya transporta diariamente medio millón de barriles de crudo hacia Estados Unidos, pero el desarrollo de los yacimientos de Alberta requiere una salida más importante hacia el mercado internacional vía la costa del Golfo de México. El oleoducto ha estado en disputa desde hace años y Obama nunca quiso firmar el permiso correspondiente. Una de las primeras medidas anunciadas por la administración de Trump fue dar luz verde al proyecto.

Los yacimientos de arenas bituminosas en el río Athabasca, en Alberta, figuran entre los más importantes del mundo con 1.7 billones de barriles de crudo (magnitud sólo superada por las reservas de Arabia Saudita y de la cuenca del Orinoco en Venezuela). Pero estos yacimientos son de crudo muy pesado que es difícil de extraer, transportar y refinar. Por esas dificultades estos campos ya son responsables de 10 por ciento de la huella de Canadá en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero para Estados Unidos la aportación de estos campos es una de las claves para reducir la dependencia energética frente a las fuentes del Medio Oriente.

El otro elemento importante para reducir esa dependencia es la producción doméstica a través de la tecnología de fractura hidráulica (fracking). El repunte de los precios de crudo ha dado nuevos bríos a esta industria en Estados Unidos, con lo que el lobby petrolero considera no es necesario mantener la Reserva estratégica de petróleo. La venta de la Reserva es el primer paso hacia la consolidación de una autosuficiencia energética basada en combustibles fósiles.

Éstas son muy malas noticias en el ámbito de las reducciones de emisiones de gases invernadero. La administración Trump no ha anunciado el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Paris sobre cambio climático. Como se sabe, los compromisos voluntarios nacionales de reducción de emisiones no son vinculantes, pero por lo menos implican un cierto valor moral y debieran, en principio, facilitar la transición hacia un perfil energético basado en energías renovables. La venta de la Reserva Estratégica de Petróleo es una señal clara de que la plataforma energética de Estados Unidos seguirá basándose en combustibles fósiles.

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo

  • Economista mexicano

La desigualdad y la deuda amenazan la hegemonía de EEUU

SPUTNIK 21 de abril del 2017 RUSIA

El mundo comienza a desconfiar de las promesas de los gobernantes del régimen porque la evidente fractura social interna se convierte en amenazadora fractura política

Raúl Zibechi*

Desde la crisis financiera del 2008, la desigualdad y la amenaza del impago de la deuda de los EEUU han sido temas recurrentes en los análisis sobre la erosión de la hegemonía global de Washington. Sin embargo, bajo la presidencia de Donald Trump ambas cuestiones van cobrando nuevas dimensiones.

Una nación que tenga una sociedad integrada, donde sus miembros se relacionen de una manera medianamente horizontal y democrática, será estable ya que las aspiraciones al ascenso social que atraviesan el mundo, pueden concretarse con esfuerzo y trabajo. Algo así sucedía en EEUU hacia mediados del siglo pasado.

De hecho, las décadas de los 50 y los 70 del pasado siglo presentan la menor desigualdad en la historia reciente del país: el 10% superior en ingresos se llevaba entre el 30 y el 35% de los ingresos nacionales. Hoy ese mismo 10% se lleva la mitad del ingreso nacional, pero el 1% ha crecido aún más rápidamente.

El panorama que presenta hoy el país es más o menos el siguiente: gobiernan los multimillonarios, sector al que pertenece la mayoría de los miembros del Congreso; la clase media está desapareciendo, los salarios están estancados y la pobreza crece exponencialmente, concentrada en ciertos barrios y regiones. En vez de trabajo estable bien remunerado, los nuevos empleos que se crean son precarios y mal pagos, sin la posibilidad de que el trabajador tenga un desempeño profesional ascendente.

Si el sistema era estable en la década de los 50 y la sociedad se mostraba optimista y confiada, ¿qué se puede esperar en este período en el que las mayorías sufren serio retroceso? Además, ya no existen espacios comunes compartidos por los diferentes sectores sociales: los más pobres, en particular negros, tienen como referente la cárcel y la exclusión; los más ricos se socializan en espacios exclusivos que los demás ni siquiera sueñan conocer. La clase media no puede referenciarse en ninguna de ellos.

Un reciente estudio divulgado por la revista médica británica The Lancet revela que la brecha entre la esperanza de vida de los más ricos respecto a los pobres se ha elevado en EEUU de cinco a trece años. Pero el informe señala que estamos apenas en el comienzo de una creciente polarización.

"Estamos presenciando a cámara lenta un desastre en la salud de los americanos de bajos ingresos que han transcurrido su vida trabajadora en un período de crecientes desigualdades de ingresos", destaca el profesor Jacob Bor, coautor del informe, consultado por el diario El País. Se refiere a los nacidos en la década de los 60, generación que ha sido carcomida por el tabaquismo, una epidemia de obesidad y el consumo de opiáceos, la respuesta que han encontrado al persistente deterioro de sus vidas laborales.

Es la llamada "trampa de pobreza y salud", relación que se retroalimenta hacia abajo, ya que el costo de la atención médica para los estadounidenses pobres "puede llevar a la bancarrota a hogares y empobrecer familias", como señala Bor. Aún luego de la reforma sanitaria del gobierno de Barack Obama, un 25% de los más pobres no tiene seguro médico, cuestión que afecta sobre todo a negros y latinos, algo que la revista The Lancet denomina como la continuidad histórica de un "racismo estructural", que se manifiesta en los problemas de vivienda y en el crecimiento de la población carcelaria, que también afectan la esperanza de vida.

Aquí se cruza, de forma alarmante, el problema de la deuda, que ha sido siempre un tema tabú en el mundo y ahora resurge, ya que supera el 100% de PIB de EEUU. De hecho, Trump ha sido el encargado de romper ese tabú al mencionar que podría renegociar la deuda pública si fuese necesario, lo que supone un verdadero sismo geopolítico, como señala el Laboratorio Europeo de Anticipación Política.

El actual presidente fue muy claro al respecto en su campaña electoral, lo que puede explicar la furia de ciertas élites hacia su persona, ya que muestra el lado menos aceptable de la dominación global del sistema financiero anclado en el chantaje del dólar y de Wall Street al resto del mundo.

En los hechos, EEUU ya no cuenta con la posibilidad de negociar algo que funcione como lo hacía el petrodólar, que en el 1971 le permitió al presidente Nixon anunciar la suspensión de la convertibilidad del billete estadounidense en oro. Sin aquel apoyo de la monarquía saudí, que sostuvo la cotización y el comercio del petróleo en dólares, el billete verde no se habría mantenido casi medio siglo como referencia mundial sin competencia alguna.

Lo que anuda ambas cuestiones son dos hechos centrales y cada día menos discutibles. Por un lado, la evidente erosión de la hegemonía estadounidense. Respecto al dólar, la pregunta que todos se hacen es cuándo dejará de ser la moneda de reserva universal, porque es consenso que ese día llegará aunque nadie puede precisar cuándo.

Por otro, la crisis de confianza en los EEUU como gran potencia que no admitía contestación, por lo menos en el llamado mundo occidental, ha entrado en su fase final. En las relaciones internacionales, cada vez son más los países que se atreven a desafiarla, incluso en el terreno militar. Lo que viene sucediendo desde comienzos de la década del 2000, una serie ininterrumpida de fracasos político-diplomático-militares, es el signo de los tiempos.

Lo único novedoso que aporta la presidencia de Trump, es que la fractura interior se ha hecho visible y se ha convertido en una suerte de "fractura expuesta" que deja en evidencia la decadencia imperial y que ya no es reversible, como lo muestran los datos sobre desigualdad y deuda.

Nos guste o no nos guste el actual inquilino de la Casa Blanca, tiene la virtud de que ya no puede ocultar que el caos por el que atraviesa el sistema mundial ha anidado en la mayor potencia económica y militar del planeta. Con todos los riesgos que eso implica para la humanidad.

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo

  • Escritor y pensador-activista uruguayo