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Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2017-09-20

Trump, Venezuela y la influencia del senador Marco Rubio

DPA 16 de septiembre del 2017 ALEMANIA

Sara Barderas*

El primer paso público contra Nicolás Maduro lo dio Donald Trump la noche del 15 de febrero cuando recibió en el Despacho Oval a Lilian Tintori, la esposa del líder opositor venezolano encarcelado Leopoldo López.

"Venezuela debe permitir que Leopoldo López, un preso político y marido de Lilian Tintori, salga de prisión inmediatamente", escribió Trump en Twitter, acompañando el texto con una foto junto a la mujer del dirigente de Voluntad Popular; su vicepresidente, Mike Pence, y el senador republicano Marco Rubio.

Desde entonces, Trump fue endureciendo el tono contra Maduro y aplicando sanciones cada vez más enérgicas, que han incluido al propio presidente de Venezuela y que, de momento, tienen su último capítulo en la serie de medidas financieras aprobadas el mes pasado en un intento de asfixiar la financiación del Gobierno venezolano.

En todo este proceso ha jugado un papel clave uno de los protagonistas de esa foto de febrero: el senador Rubio. Fue él quien organizó el encuentro con Tintori en la Casa Blanca, donde nunca la recibió Barack Obama, y él es el hombre al que escucha Trump cuando se trata de Venezuela.

Anticastrista de origen cubano nacido en Miami en el 1971, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, Rubio siempre se ha expresado abiertamente sobre los temas latinoamericanos desde que llegó a Capitol Hill en el 2010 como representante de Florida.

Es un defensor de la línea dura. Encabeza la oposición en el Congreso a Maduro, a Raúl Castro y a todo líder de izquierda de un eje bolivariano que en los últimos años ha ido menguando. Venezuela, suele decir, está siguiendo el camino cubano.

Durante la administración de Barack Obama fue uno de los férreos opositores a la política latinoamericana del demócrata, que logró su mayor éxito político en la región con el acercamiento a Cuba.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, de ser una de las voces del disenso frente a la política latinoamericana del Gobierno, Rubio ha pasado a ser consejero de un presidente del que fue rival, por cierto, durante las primarias del Partido Republicano.

Ha contribuido a ello el carácter de Trump, que ya ha demostrado en varias ocasiones durante sus siete meses de mandato que no siempre sigue las vías ordinarias de actuación de un presidente, y el hecho de que en el Departamento de Estado haya habido puestos importantes relacionados con el área latinoamericana vacantes durante mucho tiempo desde la llegada de la nueva administración.

"Me han pedido mi aporte en básicamente cada uno de los temas de América Latina y el Hemisferio Occidental", dijo el senador hace un par de meses. "De alguna forma, el hecho de que no llegaran con ideas preconcebidas sobre lo que hay que hacer ha creado un espacio para el debate".

Rubio también estuvo implicado en el anuncio de cambios hacia Cuba que hizo Trump en junio y que pasan por eliminar toda opción de hacer turismo en la isla para los estadounidenses y por vetar a las empresas hacer transacciones con compañías en manos de las fuerzas armadas cubanas.

"Para Rubio no hay nada más importante que echar atrás la política de Obama para Cuba", indicaba entonces a dpa Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, uno de los think tanks sobre temas latinoamericanos más conocidos de Washington.

El senador estuvo con Trump cuando habló a los anticastristas en Little Havana, el histórico barrio del exilio cubano en Miami. Y estuvo también con el vicepresidente Pence cuando, el mes pasado, acudió a hablar al exilio venezolano en Doral, ciudad del condado de Miami-Dade donde se concentra.

Casado con una estadounidense de origen colombiano, Rubio es un republicano que utiliza regularmente el español en sus apariciones públicas y los comunicados de prensa de su oficina están escritos también en ocasiones en los dos idiomas. El 1 de agosto, tras la elección de la Asamblea Constituyente, dirigió un mensaje en español a los venezolanos emitido por Globovisión.

Ese mismo día, respondía en directo en FoxNews a la pregunta de por qué la crisis venezolana debe preocupar en Estados Unidos.

Más allá de hablar de la necesidad de defender la democracia, Rubio expresó una idea que bien podría haber atraído la atención de Trump: la presión migratoria hacia Estados Unidos en la que puede derivar una situación que ya hizo crecer exponencialmente las peticiones de asilo venezolanas en el país norteamericano.

Venezuela puede desestabilizar Colombia, dijo Rubio, "porque los narcotraficantes en Colombia son gente a la que ya ha ayudado durante mucho tiempo" el Gobierno de Maduro.

"Eso nos lleva a Centroamérica, que es de donde viene la presión migratoria y de las drogas sobre Estados Unidos", añadió. Si la situación actual continúa en Venezuela, "podemos ver que se extiende a Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua ya está ahí, El Salvador y, en último término, a México y de ahí, a la frontera estadounidense", manifestó.

Sanciones petroleras de EEUU a Venezuela son menos probables por preocupaciones con suministro

EL NUEVO HERALD 14 de septiembre del 2017 EEUU (Fragmentos)

Franco Ordóñez

La Casa Blanca ha suspendido, al menos temporalmente, las discusiones sobre sanciones a Venezuela, debido en parte a preocupaciones de que reducir el suministro de petróleo afectaría a los estadounidenses que batallan con la devastación causada por los huracanes Harvey e Irma, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

“La Casa Blanca quiere apretarle la tuerca a Maduro, pero no a costa de los conductores en Estados Unidos”, dijo un exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional familiarizado con el tema.

Según dos altos funcionarios federales, el equipo de Trump quiere ver cómo la última ronda de sanciones afecta a Caracas. Y antes de imponer sanciones al sector petrolero venezolano, Washington también necesita determinar cómo ello afectaría a los consumidores de gasolina y al sector del crudo en Estados Unidos, que todavía no se ha recuperado del impacto de Harvey e Irma.

“Estamos al tanto de la situación”, dijo el alto funcionarios. “Lo que tenemos que observar es cómo las refinerías de la región responden a los daños y qué significa eso para los precios en Estados Unidos”.

Washington aumentó la presión sobre Venezuela el mes pasado. Las sanciones más recientes bloquearon la capacidad de la nación sudamericana de pedir préstamos a instituciones de EEUU y prohibieron que Citgo, la filial estadounidense de Pdvsa, enviara dividendos al país.

El Gobierno del presidente Trump ha prometido que seguirá aumentando la presión sobre Caracas. Los asistentes del Presidente le han formulado “un mapa de ruta” con opciones que incluyen más sanciones individuales y otras medidas para estrangular la economía venezolana.

Hasta el momento, Trump no ha aplicado la llamada “opción nuclear”, las sanciones al sector petrolero venezolano que pudieran cerrar a Caracas el acceso a su principal fuente de efectivo.

Eso se debe, en parte, a que funcionarios de la Casa Blanca quieren dar a la última ronda de sanciones algún tiempo para afectar a Maduro. Los funcionarios están observando con particular detalle si Venezuela puede cumplir en una fecha tope a corto plazo con el pago de unos 4 mil millones de dólares en deuda, suma que Caracas no tiene en activos líquidos.

“No hay razón para tomar medidas ahora”, dijo un asesor económico familiarizado con los planes de la Casa Blanca.

Los huracanes Harvey e Irma -y su impacto sobre la industria petrolera estadounidense y el precio de la gasolina que enfrentan los consumidores- sirvieron para fortalecer la opinión en el Gobierno de que no es el momento para aplicar sanciones al sector petrolero venezolano.

“La Casa Blanca estaba dispuesta a soportar un aumento ligero en el precio de la gasolina, pero los huracanes cambiaron la situación”, dijo el exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional.

Cuando Harvey golpeó en Texas, afectó la industria petrolera al impedir el atraque de varios tanqueros que esperaban para descargar cientos de miles de barriles de crudo, lo que demoró su llegada a las refinerías en la Costa del Golfo, encargadas del 25% de la producción de gasolina del país.

“Cerrar el acceso al crudo venezolano al mismo tiempo que estas refinerías están fuera de servicio, tendría un impacto muy fuerte”, dijo Scott Modell, director gerente del Rapidan Group, un grupo asesor en materia de energía.

Estados Unidos importa unos 700 mil barriles diarios de petróleo pesado de Venezuela. Aproximadamente el 30% de la producción de gasolina falló debido al huracán Harvey. Así que cerrar el acceso al crudo venezolano importado obligaría a las refinerías a remplazarlo con petróleo de otros lugares más lejanos, como Arabia Saudita.

Francisco J. Monaldi, experto en el sector petrolero venezolano en la Universidad Rice, en Houston, dijo que los huracanes crearon una “prohibición de facto de exportación” del crudo venezolano. Durante al menos algunas semanas, el Gobierno estadounidense puede observar cómo Caracas responde a no poder enviar tanto crudo a las refinerías estadounidenses.

“Tendrán que tomar decisiones muy difíciles, y el cierre de la producción en algunos campos pudiera ser devastador si no se hace correctamente”, dijo Monaldi. “En algunos casos, si se cierra la producción, es complicado reanudarla”.

Michael McCarthy, investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University, dijo que los huracanes subrayaron aún más el costo potencial de esas sanciones para Estados Unidos, algo contrario a la plataforma “Estados Unidos primero”, de Trump.

“Esas refinerías van a perder parte de su capacidad y Venezuela es un importante cliente de esas instalaciones”, dijo McCarthy. “Esos son ingresos seguros (para Venezuela) desde hace mucho tiempo, a pesar de la escalada de las tensiones políticas. No es algo que quieren ver implementado”.

  • Corresponsal de la Casa Blanca que da cobertura a los temas extranjeros y migratorios

Cuanto más fervor popular, más ataques

PÁGINA 12 12 de septiembre del 2017 ARGENTINA

Emir Sader*

A lo largo de tres semanas Lula protagonizó el más formidable proceso de movilización y de formación de conciencia política que el país haya conocido, con su primera caravana por el nordeste de Brasil. Un mar de pueblo lo recibió en todas las nueve provincias de su región originaria, la que más ha cambiado a lo largo de los 12 años de gobiernos del PT.

Además de las 28 ciudades previstas originalmente, la caravana de Lula -de la que tuve el privilegio de participar- tuvo que detenerse 50 veces más, en medio de las carreteras, para que él se encontrara con la gente aglomerada espontáneamente frente a la noticia que corría de que Lula iba a pasar por ahí. Fueron finalmente cerca de 80 localidades, en que Lula tuvo que hacer cerca de 80 discursos, agarrado por el pueblo que lo quería tocar, hablarle, oírlo, sacarse fotos con él.

Ocho de los nueve gobernadores de las provincias recorridas por la caravana fueron a buscar a Lula. Otros tantos políticos de derecha se han pronunciado por él, dado que nadie que esté en contra de Lula podría ser elegido en las próximas elecciones.

Mientras la prensa internacional daba la noticia sobre la consagración de Lula, la nacional censuró las fotos del ex mandatario en contacto con el pueblo, porque no tenía qué decir frente al fracaso en querer destruir la imagen de Lula. Uno que otro detalle irrelevante sobre uno que otro aspecto era informado, pero nada que reflejara la grandiosidad del viaje.

Lula terminó el viaje “cansado, pero feliz”, como él dijo. Pudimos constatar la felicidad con que él enfrentaba el asedio popular y las demandas para que hablara en todas las localidades.

Se podría esperar reacciones de la derecha, después de su desconcierto y silencio frente al éxito de la caravana. De inmediato, han acelerado el juicio en segunda instancia en contra de Lula, ya condenado en primera instancia -aun sin pruebas, en base a convicciones e indicios-. Se dan cuenta de que Lula seguirá con sus caravanas, anunciando las próximas para Minas Gerais y Río de Janeiro, intentan condenarlo más rápidamente.

No bien terminó la caravana, con inmensa concentración en la ciudad de San Luis, en la provincia de Maranhão, la derecha desató su nueva ola de acusaciones en contra de Lula. Acusaciones del hijo de la familia Odebrecht, así como del ex ministro de Lula, Antonio Palocci que, después de estar preso durante un año y con larga condena, ha resuelto inventar acusaciones como le demandaban los jueces, para suavizar su pena.

Los medios se valen de esas nuevas acusaciones para intentar borrar los ecos de los viajes de Lula, así como habían censurado las fotos y la cobertura de la caravana. De nuevo anuncian la muerte política de Lula, de nuevo sin pruebas, solamente basados en acusaciones de gente presa hace mucho tiempo, que cambia una disminución de la pena por declaraciones solicitadas por los jueces.

Cuando más vivo se encuentra Lula en la memoria de la gente, más los medios anuncian su muerte política. El único líder político que puede rescatar la credibilidad y la legitimidad del Estado brasileño es el más perseguido por los que han dado el golpe y buscan enterrar definitivamente la democracia en Brasil.

Las alternativas radicales que se presentan en Brasil –consolidación del golpe o elecciones democráticas– definirán el futuro del país por mucho tiempo y afectarán los destinos del continente. Son 14 meses hasta la fecha prevista para las elecciones presidenciales. Es una cuenta regresiva que pone al país en vilo, alarga las ansiedades y tensiones de la crisis más larga y profunda de la historia brasileña.

Mientras tanto Lula prepara las nuevas caravanas, definidas por las provincias donde la izquierda ha triunfado en el 2014: todo el nordeste, Minas Gerais y Río de Janeiro. Antes, irá de nuevo a declarar ante el juez Sergio Moro, mañana 13 de septiembre. Un nuevo cara a cara que Moro intentó evitar, convocando a Lula para una declaración a distancia, dada la pésima experiencia que tuvo el 10 de abril, cuando por primera vez tuvo que encarar directamente a Lula.

Pero éste apeló a su derecho de declarar personalmente e irá de nuevo a Curitiba, acompañado del gran apoyo popular. Moro tendrá que encarar nuevamente la presencia, la fuerza moral, las palabras y los argumentos de Lula que, como siempre repite, ha probado su inocencia. A los que lo acusan les falta probar la culpabilidad del ex presidente.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

  • Sociólogo y politólogo brasileño

Lula: “tienen miedo de que vuelva a gobernar este país”

PÁGINA 12 14 de septiembre del 2017 ARGENTINA

Da Silva lidera los sondeos para la votación del 2018

El exmandatario de Brasil acusó a los miembros del Ministerio Público Federal de ser “rehenes de la prensa que informa noticias infundadas” en su contra

Dario Pignotti*

Luiz Inácio Lula da Silva le clavó los ojos a Sergio Moro, elevó la mano derecha para subrayar sus palabras y disparó “¿yo puedo mirar en la cara a mis nietos y decirles que vine a Curitiba a prestar declaración a un juez imparcial?”.

Así se cerró la audiencia de poco más de dos horas celebrada ayer en el juzgado federal de primera instancia, a cargo del magistrado cuyos seguidores inflaron un muñeco de 10 metros de altura, el Super Moro, estrenado en las marchas golpistas del año pasado.

Según las primeras informaciones, la movilización de campesinos sin tierra y militantes del Partido de los Trabajadores fue muy superior a la convocada por los adictos al juez.

No es sencillo reconstruir con fidelidad lo sucedido en esa ciudad del Sur brasileño, porque la versión de las empresas privadas de noticias está sesgada por su simpatía hacia el responsable del acoso judicial contra Lula.

Durante la indagatoria, el exmandatario se refirió al fiscal Deltan Dallagnol, barajado como posible candidato a senador en las elecciones del 2018, y demás miembros del “Grupo de Tareas” formado para actuar en la causa Lava Jato.

“Ustedes, los miembros del Ministerio Público Federal, se convirtieron en rehenes de la prensa que todos los días tiene 20, 30 minutos de noticias infundadas contra mí”, dijo Lula.

Moro procuró mostrar ecuanimidad, pero perdió la compostura cuando se denunciaron los atropellos mediáticos. Allí interrumpió al indagado para ordenarle que deje las críticas de lado puesto que el juzgado no es un lugar “para hacer discursos de campaña.”

Con esa interrupción reveló su falta de perspicacia para ocultar su simpatía hacia los medios dominantes, sobre todo la cadena Globo.

“Moro está donde está porque lo apadrina Globo, es un tipo con una formación judicial pobre que quiere hacer política y haciendo política es todavía más mediocre que como juez, por eso se inhibe cuando le toca enfrentar a Lula, parece que se encoje”, explicó Wadih Damous, extitular de la Orden de Abogados de Brasil, consultado por Página12.

En efecto, el juez quiso evitar verse en plano corto con el procesado, al que propuso realizar la indagatoria por teleconferencia aduciendo cuestiones administrativas y economía de gastos.

La oferta fue rechazada por el abogado Cristiano Zanin, defensor de Lula en las causas abiertas en Brasil y quien se presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y acusó a Moro por violación de las garantías civiles y políticas del procesado.

En la denuncia también se menciona el uso arbitrario de la “delación premiada” como una forma de coacción para que los otros imputados acusen a Lula. Esto habría ocurrido con el exministro de Hacienda, el petista Antonio Palocci, que la semana pasada habló de un “pacto de sangre” entre Lula y Odebrecht.

“Yo lo vi, a Palocci, mentir aquí mismo”, se lamentó Lula.

La cita de ayer fue por la causa abierta sobre la compra de un departamento en San Bernardo do Campo, en el cordón industrial de San Pablo, y de un terreno para la construcción del Instituto Lula, en el centro paulista.

Lo curioso es que el Ministerio Público, en su denuncia sobre la supuesta coima pagada por Odebrecht, reconoció que el terreno en cuestión nunca fue cedido a Lula. Es decir, falta la prueba del delito, como ocurrió hace dos meses en la causa anterior sobre un departamento en la ciudad balneario de Guarujá, que jamás fue ocupado por el imputado, quien, no obstante, recibió una condena de nueve años y medio de prisión.

Ese fallo fue girado en solo 42 días al tribunal de alzada, la mitad del tiempo promedio de los otros procesos de Lava Jato. Esa premura tiene una explicación política. Si los camaristas de Porto Alegre confirman la sentencia, hasta agosto del año que viene Lula quedará impedido de postularse.

Después de la audiencia, cuando comenzaba a caer el Sol, Lula se dirigió a la Plaza Generoso Marques donde habló para miles de simpatizantes.

“Ellos tienen miedo de que yo vuelva a gobernar este país, y tienen razón en tener miedo”, lanzó y recibió una ovación.

“No hay en la historia de la humanidad ningún estadista que haya resuelto gobernar por los pobres que haya enfrentado la saña de una elite perversa como esta”.

Lula tenía la voz afónica después de 20 días de caravana en colectivo por la región nordeste donde constató que su popularidad está viva, una aprobación que se repite en otras regiones del país, por lo que su nombre aparece primero en todas las encuestas de opinión sobre las elecciones del año que viene.

Ya avisó que no dejará de recorrer Brasil para garantizar sus derechos políticos amenazados por facciones del poder judicial, del cual Moro es la figura descollante.

  • Corresponsal de Página 12 y de ANSA. Colabora con Le Monde Diplomatique y Milenio

Argentina: liberan a 30 detenidos durante una protesta por la desaparición de Santiago Maldonado

LA JORNADA 6 de septiembre del 2017 MÉXICO

La represión a las masivas protestas ciudadanas, por reivindicaciones sociales y económicas y ante la desaparición de Maldonado, se ha vuelto cada vez más común con el Gobierno neoliberal de Mauricio Macri. (NR)

Stella Calloni*

Las indagatorias, evidencias y las actas falsificadas, demostraron que ninguno de los 30 detenidos durante la brutal represión de la policía de Buenos Aires el pasado viernes, que actuó después de una hora de finalizar la multitudinaria marcha en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado, tenía nada que ver con los delitos que intentaron adjudicarles, dejando en evidencia una operación montada por el Gobierno del presidente Mauricio Macri.

La operación, típica de una acción contrainsurgente utilizando policías y agentes infiltrados, que produjo acciones vandálicas, para luego lanzar una cacería sobre las escasas personas que quedaban en lugares cercanos a la Plaza de Mayo, quedó plasmada en filmaciones logradas en esta capital y dejó en una situación cada vez más difícil al Gobierno y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los organismos de derechos humanos también pidieron la renuncia de Bullrich, uniéndose a la demanda de la familia de Santiago Maldonado, el joven artesano que se fue a vivir al Sur y desapareció el 1 de agosto pasado cuando la Gendarmería reprimió brutalmente a un pequeño grupo de mapuches en Esquel, Chubut.

La comunidad mapuche protestaba contra la detención de su lonko (jefe), Facundo Jones Huala, y por la ocupación de sus tierras por grandes transnacionales. Maldonado acompañó solidariamente estas protestas.

Cuando realizaron las indagatorias, tras 36 horas de detención e incomunicación, el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Ramiro González acusaron a los arrestados de infundir pánico pero no pudieron precisar dónde fueron detenidos ni de qué hechos concretos habrían participado.

La vaguedad de estas imputaciones, idénticas para todos, muestra lo que también puede verse en las imágenes del operativo represivo: las fuerzas de seguridad no se enfocaron en reducir la violencia en las calles, ni en determinar cómo y quiénes la produjeron, y con qué intención, sino que detuvieron a mansalva, sin importar a quiénes ni qué estaban haciendo, para luego imputarles un delito federal con el fin de atemorizar, sostuvo en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

Este organismo comparó lo sucedido con la represión del 8 de marzo pasado, cuando al terminar la masiva marcha y paro de las mujeres contra la violencia de género, un escaso grupo de personas originó acciones violentas y la policía salió a cazar mujeres que estaban cerca de la plaza o en bares aledaños, deteniendo a 20 personas, que también fueron acusadas de intimidación pública.

Se trata de situaciones que se repiten y que configuran un escenario de incertidumbre sobre la vigencia del derecho a la protesta en la ciudad de Buenos Aires, en una escalada represiva y criminal, señaló el Cels.

Cacería Se refirió también a la cacería producida cuando la mayor parte de los manifestantes ya se habían retirado y se dedicaron a llevarse, incluso, a personas que ni siquiera habían ido a la marcha.

Se usaron balas de goma, disparando a la cara, por lo que hubo varios heridos con impactos en la boca, nariz y ojos. A eso se sumaron los golpes de puño y patadas propinados sin motivo a distintas personas, como pudo observarse en múltiples vídeos.

Se destacó la presencia de policías sin uniforme y sin identificación, algo prohibido por la ley 5.688 de la ciudad y también el ataque a los trabajadores de la prensa y personas que registraron la represión, algo que es una especial reacción policial contra el control ciudadano, que se viene observando no solo en las protestas sino en múltiples situaciones del trabajo policial en las calles, señaló el Cels.

Los vídeos y las filmaciones fueron entregados por periodistas y fotógrafos a un programa de televisión en C5N, y también publicaron audios comprometedores con las órdenes dadas por jefes policiales.

Nosotras hemos aprendido mucho y también los jóvenes y ya reconocemos cuando es una provocación, como en este caso. No nos van a engañar ni a intimidar, dijeron Madres de Plaza de Mayo.

Las imágenes mostraban cómo encapuchados se ponían un chaleco que los identificaba como policías al momento de la detención.

Los detenidos fueron amenazados en los vehículos policiales, diciéndoles en algunos casos que iban a terminar como Maldonado o que si no decían sus nombres podían desaparecer.

Abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunciaron que la acción estuvo destinada a desviar la atención sobre la multitudinaria marcha, como lo demostraron los periódicos y medios adictos al Gobierno.

La movilización de estos abogados, familiares y organizaciones obligó al juez Martínez de Giorgi a adelantar las indagatorias y finalmente no solo debieron liberar a los detenidos sino ordenar una investigación sobre la actuación policial y lo más grave, sobre la falsedad de las actas, donde se mentía sobre los lugares y las horas en que habían realizado las detenciones.

A medida que en el interior del país se van reconstruyendo hechos similares, más evidencia queda sobre la responsabilidad estatal, mientras el Presidente no ha hecho ninguna referencia a esta situación y funcionarios han convalidado la represión.

  • Periodista argentina, corresponsal en su país del diario La Jornada