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Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2018-01-24

La estrategia de seguridad nacional de Donald Trump

PROGRESO SEMANAL 11 de enero del 2018 EEUU

Jesús Arboleya*

En diciembre del pasado año, fue publicada la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) del Gobierno de Donald Trump. Es la número dieciséis que se emite en virtud de la ley Goldwater-Nichols del 1986, la cual, entre otras decisiones de alto impacto en el sistema de seguridad norteamericano, estableció la norma de elaborar este tipo de informe por parte del Ejecutivo.

Su objetivo es transmitir la visión de cada administración respecto a los retos, amenazas y oportunidades que enfrenta la nación, así como las políticas que propone para acometerlos. No tiene un carácter académico, elaborado con el rigor que exige este tipo de ejercicio, sino que se trata de un manifiesto político, cuyo propósito es buscar consenso para la agenda gubernamental.

Por lo general es un documento muy amplio, donde se aborda un gran número de temas supuestamente relacionados con la seguridad nacional, que en el caso de Estados Unidos no se limita a lo que acontece dentro de sus fronteras, sino a los “intereses” estadounidenses y la promoción de los “valores” del “American Way of Life” en todo el mundo.

Cualquier fenómeno que se interponga con esos intereses constituye una “amenaza” potencial, no solo para Estados Unidos, sino para el sistema global regido por ese país, por lo que resulta obligado leer estos documentos como la expresión de una doctrina imperialista, que puede afectarnos a todos. Mucho más cuando, en este caso, se parte de la premisa de “America First”, una especie de tren rápido que tiene prioridad en todas las estaciones.

Este enfoque imperialista se repite en todas las estrategias elaboradas y parte de la justificación de que tales derechos, negados para cualquier otro, vienen dados en virtud de las cualidades excepcionales de ese país. A veces asombra el peso que aún tiene la doctrina del “Destino Manifiesto”, en la ideología que sustenta la política norteamericana.

En las ESN aprobadas hay muchos elementos de continuidad, sobre todo a la hora de fijar los objetivos estratégicos de Estados Unidos. No obstante, las diferentes coyunturas han impuesto cambios a la hora de definir la dirección principal de las acciones encaminadas a satisfacerlos:

Ronald Reagan y George H. Bush las elaboraron en el contexto de la Guerra Fría; George W. Bush estuvo centrado en la guerra contra el terrorismo; el elemento distintivo de Barack Obama fue el énfasis en la aplicación de la doctrina del poder inteligente; mientras Donald Trump expresa el retorno a la idea de la “preservación de la paz mediante la fuerza”, lo que implica importantes incrementos del presupuesto militar, con el argumento de que no basta con el desarrollo tecnológico, como decía Obama, sino que “importa el tamaño de nuestras fuerzas”, como plantea la ESN.

Para esto es necesario crear un clima de inseguridad que justifique la magnitud de estos gastos, “un mundo extraordinariamente peligroso”, dice la ESN, donde incluso se ve amenazada la soberanía de Estados Unidos, aunque nadie puede explicarse por parte de quién.

Los grandes beneficiarios de esta lógica son el Complejo Militar Industrial y las empresas vinculadas a la industria de la llamada “securitización”, aplicada en todas las áreas de la vida social del país.

Tanto Obama como Trump, colocaron a la economía en el centro de la problemática de la seguridad nacional norteamericana. “Seguridad económica es seguridad nacional”, dice la ESN, y no deja de tener razón, toda vez que la pérdida de competitividad constituye el verdadero problema estratégico de Estados Unidos.

Mientras que Obama pretendía resolver este problema dentro del orden económico internacional vigente, favoreciendo a las multinacionales y el capital financiero norteamericano, la ESN de Donald Trump refleja los límites de la globalización neoliberal para la propia sociedad norteamericana y la reacción de algunos sectores frente a sus efectos domésticos.

A partir de esta contradicción se construyó la base política que llevó a Trump a la presidencia y la ESN debe satisfacer sus reclamos.

Los argumentos son la supuesta “competencia desleal” en el comercio de algunos actores económicos extranjeros, la necesidad de proteger las industrias manufactureras nacionales y el rechazo a la inmigración, identificada como la gran culpable de las desgracias de la clase media blanca norteamericana.

No deja de resultar paradójico, que ahora Estados Unidos se presente como víctima del orden creado a partir de su propia hegemonía.

Aunque eso no lo dice por las claras la ESN, todo el mundo sabe que “America First” no es para todos, por lo que el racismo y la xenofobia ayudan a la exclusión y justifican las enormes reducciones en los gastos sociales que proyecta este Gobierno. Una necesidad para equilibrar el déficit financiero a costa de los más pobres y desprotegidos, agudizado por una reforma fiscal que beneficia especialmente a los más ricos y las grandes empresas.

Al igual que las ESN anteriores, el Gobierno de Donald Trump analiza la situación de las diversas regiones del mundo. El orden en que se mencionan puede darnos una idea de las prioridades norteamericanas: Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio, Asia Central y Oriental, América y África.

También se repiten los supuestos objetivos de Estados Unidos en el Tercer Mundo. Estimular reformas, promover gobiernos efectivos, respetar los derechos humanos, acabar con la corrupción y fortalecer los sistemas legales, parecen misiones muy nobles si no fuese porque el patrón de medida es la dependencia de Estados Unidos, con consecuencias a veces devastadoras para los países donde se aplica.

China y Rusia aparecen como amenazas en casi todas las regiones, Corea del Norte e Irán como grandes peligros para la seguridad internacional y Venezuela y Cuba son los problemas identificados en una América que vuelve a ser considerada el “patio seguro” de Estados Unidos, aunque la migración y el tráfico de drogas se señalan como afectaciones a la seguridad de las fronteras norteamericanas.

Desde la época de George W. Bush, las ESN de Estados Unidos han hecho hincapié en el peligro que comporta la existencia de actores no estatales vinculados al terrorismo.

En algunos casos tal afirmación resulta evidente, como el ISIS y Al Qaeda, de cuyo origen el Gobierno norteamericano no es ajeno, pero en otros se trata de manipulaciones funcionales a los intereses estadounidenses, impidiendo la articulación de un consenso internacional para enfrentar con eficacia este flagelo.

Con un lenguaje más moderado, que se distancia de los excesos comunes del actual Presidente, la nueva ESN no hace más que repetir buena parte de las propuestas manifestadas durante la campaña electoral.

Aunque muchos expertos las consideran de difícil materialización, debido a los conflictos que generan hacia lo interno del propio sistema, en la Introducción al documento, Trump afirma que en apenas un año de su aplicación, la nueva estrategia ha tenido un éxito extraordinario dentro del país y de cara a sus relaciones internacionales.

Violentar la verdad es otra impronta del Presidente norteamericano, que debemos tener en cuenta a la hora de abordar su Estrategia de Seguridad Nacional.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

  • Doctor en Ciencias Históricas, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales

Estado y terror

PÁGINA 12 11 de enero del 2018 ARGENTINA

Carlos Rozanski*

La formación académica de quienes hoy están provocando el mayor desastre humanitario del nuevo siglo en la región, tuvo su origen en la década de los 50 en la célebre Facultad de Economía de la Universidad de Chicago.

El líder de la denominada Escuela de Chicago fue Milton Friedman, quien años después sería contratado por Augusto Pinochet en Chile para concretar en nuestra región el plan criminal de transferencia de recursos que la prestigiosa escritora canadiense Naomi Klein denomina “Doctrina del Shock”.

La misma consiste en aprovechar crisis -reales o percibidas- para lograr cambios profundos en las políticas económicas existentes y que esas nuevas alternativas “…permanezcan vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable”.

Con esas palabras, Friedman sintetizaba su fórmula siniestra de transformar lo imposible en inevitable.

En su obra La Doctrina del Shock, la autora citada señala que las principales características del modelo actualmente en marcha consisten en “…una gran transferencia de riqueza pública hacia la propiedad privada –a menudo acompañada de un creciente endeudamiento–, el incremento de las distancias entre los inmensamente ricos y los pobres descartables y un nacionalismo agresivo que justifique un cheque en blanco en gastos de defensa y seguridad”.

Si bien durante el siglo pasado este modelo se implantó en nuestra región mediante dictaduras cívico-militares, como agrega Naomi Klein, el modelo económico de Friedman puede imponerse en democracia, pero para poder llevar a cabo su verdadera visión necesita “condiciones políticas autoritarias”.

Pero, en países como el nuestro, donde durante más de una década –del 2003 al 2015– la economía creció con condiciones opuestas a las de los Chicago “boys”, es decir, con bajo nivel de endeudamiento, mejores condiciones de salud, alimentación, trabajo, educación y alto nivel de justicia para los delitos de lesa humanidad, aplicar la receta de Friedman se complica.

Obviamente, una complicación no va a detener las ambiciones de quienes, a pesar de poseer inmensas fortunas, solo desean acrecentarlas. Es ahí donde necesitan generar una crisis que permita, como decía Friedman, que lo políticamente imposible se vuelva inevitable.

Y entonces, se inventan enemigos.

Se demoniza a pueblos originarios a los que se les atribuyen características violentas y planes de apoderarse de una parte de nuestra geografía. Se generan situaciones de desaparición forzada de ciudadanos o se les asesina por la espalda. Se infiltran manifestaciones pacíficas para provocar reacciones que justifiquen inéditas violencias represivas.

Se agrede deliberadamente a legisladores representantes del pueblo y luego se les denuncia penalmente. Se hiere con gas pimienta a jubilados inmovilizados en la calle y se les golpea. Se rodea con motocicletas y atropella brutalmente a ciudadanos ajenos a los reclamos.

Y, como se conoció recientemente, se sabotea la posibilidad de identificar a los agresores, pese a estar uniformados e integrando pequeños grupos de elite.

Mediante esos simples ejemplos relatados, el régimen actual supera lo políticamente imposible y reduce el ingreso a los jubilados, beneficiarios de asignaciones universales, y demás grupos vulnerables.

Baste recordar la reflexión del diputado Pablo Tonelli en cuanto a que “los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo…”. Ese es el instante en que lo imposible se vuelve inevitable.

Que la afirmación no tenga sentido no importa. Que los grupos vulnerables de nuestro país se vuelvan cada día más pobres, tampoco importa.

El escenario de lo imposible ya fue montado.

Las consignas vacías, pronunciadas con cadencia cuasirreligiosa –así lo impuso el oportuno entrenamiento recibido–, prendieron en algunos destinatarios. Los suficientes para sostener, al menos por ahora, un régimen de enriquecimiento insaciable para unos pocos y de pobreza extrema para muchos.

Y cuando la macabra danza con globos de colores, festejando triunfos y hasta ocultadas derrotas, finaliza y las luces se apagan, el escenario real emerge con su implacable carga de dolor, horror y sufrimiento.

Aquel en el que la vida de un cartonero vale menos que un kilo del cartón que junta.

Y en ese marco, los libros de los abogados de obreros, militantes y perseguidos políticos no sirven. Porque en situaciones de terror, donde el Estado, en lugar de proteger, lastima y persigue, la ley no rige.

Y la justicia -al menos la que convalida ese terror- no es solo cómplice. Es –como lo fue en todas las dictaduras– la columna vertebral del régimen, es la garantía del modelo económico.

Y ante semejante panorama, la unidad de millones de argentinos es la única herramienta que puede generar una justicia que, en lugar de garantizar impunidad, garantice derechos, e impida que los mercenarios del mercado continúen lastimando y empobreciendo a nuestra gente.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

  • Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Plata. Exjuez federal

Italia en armas, desde el Báltico hasta África

LA HAINE 18 de enero del 2018 ESPAÑA

Los países de la Otan siempre tienen una justificación para ocupar militarmente a otros países. Lo hacen para “apoyarlos”

Manlio Dinucci*

¿Qué pasaría si aviones de guerra rusos Sukhoi Su-35, estacionados en el aeropuerto de Zurich, a unos diez minutos de vuelo de Milán, patrullaran la frontera de Italia bajo el pretexto de proteger el territorio suizo ante una posible agresión italiana?

El Parlamento italiano protestaría vehementemente y exigiría de inmediato medidas de respuesta, tanto en el plano diplomático como en el terreno militar.

Pero ese mismo Parlamento acepta tácitamente e incluso esconde la decisión de la Otan de desplegar 8 aviones de guerra italianos Eurofighter Typhoon en la base de Amari, en Estonia, a unos diez minutos de vuelo de San Petersburgo, para patrullar a lo largo de la frontera rusa bajo el pretexto de proteger a los países bálticos de la «agresión rusa», la «fake new» que la Otan, bajo el mando de EEUU, esgrime invariablemente para justificar la cada vez más peligrosa escalada militar contra Rusia en Europa.

El despliegue en Estonia de esos 8 cazabombarderos italianos –lo cual exige un personal de 250 hombres– implica un gasto de 12,5 millones de euros –provenientes de los fondos públicos de Italia–, suma que cubre solo el período de enero a septiembre. A ese gasto hay que agregar los gastos operativos: una hora de vuelo de un Eurofighter cuesta 40 mil euros… un año de sueldo de un trabajador.

Pero esta es solamente una de las 33 misiones militares en el extranjero en las que participa Italia, en un total de 22 países.

A las misiones que ya se desarrollan desde hace tiempo en los Balcanes, Líbano y Afganistán, se suman las nuevas que, según la Deliberación del Gobierno, «se concentran en un área geográfica, África, considerada de interés estratégico en relación con las exigencias de seguridad y defensa nacionales».

En Libia, país que la guerra de la Otan hundió en el caos en el 2011 –con la participación de Italia–, ahora Italia «apoya a las autoridades en la acción de pacificación y estabilización del país y en el fortalecimiento del control y la represión de la inmigración ilegal».

Otra operación que, con el despliegue de 400 hombres y 130 vehículos, representa un gasto anual de 50 millones de euros, incluyendo una indemnización media de 5 mil euros mensuales –además de la paga normal– para cada uno de los participantes por tratarse de una misión en el extranjero.

En Túnez, Italia participa en la misión de la Otan en apoyo a las «fuerzas de seguridad» gubernamentales, que se ocupan de reprimir las manifestaciones populares contra el empeoramiento de las condiciones de vida de los tunecinos.

En Níger, Italia inicia en el 2018 una misión de apoyo a las «fuerzas de seguridad» gubernamentales «en el marco de un esfuerzo conjunto europeo y estadounidense por la estabilización del área», esfuerzo que también abarca Mali, Burkina Faso, Benin, Mauritania, Chad, Nigeria y la República Centroafricana.

En este último país, Italia participa también en una misión de «apoyo» por la Unión Europea. Se trata de una de las áreas más ricas en materias primas estratégicas –petróleo, gas natural, uranio, coltán, oro, diamantes, manganeso y fosfatos, entre otros.

Esos recursos son explotados por las transnacionales estadounidenses y europeas, que ven su oligopolio amenazado por la creciente presencia económica de China. En eso reside la «estabilización» militar del área en la que participa Italia.

A todos esos compromisos se suma ahora el que Italia contrajo el 10 de enero del 2018: hacerse cargo del mando de la rama terrestre de la Otan Response Force, llamada a intervenir en el más breve plazo en cualquier lugar del mundo.

En el 2018 esa fuerza está bajo las órdenes del Mando Multinacional de Solbiate Olona (provincia italiana de Varese), cuya «Nación Guía» es Italia. Pero, precisa el Ministerio italiano de Defensa, ese mando «depende del Comandante Supremo Aliado en Europa», designado directamente por el Presidente de EEUU. [1]

En efecto, Italia funge como «Nación Guía», pero siempre como país subordinado, sometido a la cadena de mando del Pentágono.

Nota:

[1] El Comandante Supremo Aliado en Europa (Supreme Allied Commander Europe o SACEUR) es siempre un general estadounidense de cuatro estrellas que tiene también bajo sus órdenes el EuCom, o sea, las tropas de EEUU desplegadas en los diferentes países de Europa.

Selección en Internet Inalvys Campo Lazo

  • Geógrafo y politólogo italiano