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Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2018-05-10

Cuba y sus razones para hablar con orgullo de derechos humanos

PL 9 de mayo del 2018 CUBA

En apenas una semana, Cuba presentará por tercera vez en Ginebra, Suiza, un informe para el Examen Periódico Universal (EPU) sobre derechos humanos, área en la que la isla muestra resultados inalcanzables para muchos países.

La mayor de las Antillas acudió antes en el 2009 y el 2013 al mecanismo establecido a raíz del surgimiento en el 2006 del Consejo de Derechos Humanos, órgano que sustituyó a la Comisión de igual nombre, que por décadas estuvo rodeada de críticas por la selectividad y el doble rasero utilizados en su seno contra naciones del Sur empeñadas en labrar su propio destino.

El EPU implica la revisión cada cuatro años y medio de la ejecutoria en materia de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU, que se presentan en igualdad de condiciones al examen, prestos a escuchar recomendaciones del resto de la comunidad internacional.

Cuba llevará por tanto a Ginebra los resultados del último lustro, en sintonía con las recomendaciones que aceptó en el 2013 y en el contexto de la actualización de su modelo socioeconómico y de la vigencia del bloqueo que por casi 60 años le ha impuesto Estados Unidos, cerco al que la isla califica de principal violación de los derechos humanos de su pueblo.

En una reciente intervención, el embajador cubano ante la sede de Naciones Unidas en la ciudad suiza, Pedro Luis Pedroso, reiteró el compromiso de su país con la promoción y protección de los derechos humanos.

"Alcanzar una mayor justicia social y bienestar para todo nuestro pueblo, en el ejercicio de las más amplias libertades reconocidas por la Constitución y las leyes, es uno de los objetivos que persigue el proceso en curso de actualización", aseveró.

Una de las cuestiones a mostrar con orgullo en el EPU es la prioridad que el Estado otorga al tema, ilustrada en aspectos como el presupuesto en ejecución este año.

Del total de gastos programados, el 55% están destinados a la actividad presupuestada, en la que sobresalen las esferas de educación y salud.

Dicha prioridad constituye un paradigma de justicia social y de protección de los derechos humanos, inalcanzable hoy para muchos países y en particular para nuestra región geográfica, afirmó al respecto la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza.

Según lo aprobado en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Cuba invertirá este año alrededor de ocho mil millones de pesos (con paridad al dólar) en educación y cerca de 10 mil 400 millones en salud pública y asistencia social, para asegurar servicios universales y gratuitos a su población.

La Ley del Presupuesto del Estado para el 2018 incluye gastos en educación básica para garantizar la matrícula de la totalidad de los niños y jóvenes en los niveles correspondientes a preescolar, primaria y enseñanza media, estimados en un millón 775 mil alumnos.

También abarca la presencia en las universidades del país caribeño de unos 185 mil estudiantes.

Por su parte, la partida dedicada a la salud ampara la prestación de más de 200 millones de consultas médicas, los gastos de los pacientes ingresados, así como el funcionamiento de los servicios de estomatología y el desarrollo de salas especializadas.

Particular atención reciben el programa materno-infantil y los procesos inversionistas en distintas instalaciones, incluidos hospitales y policlínicos.

Los resultados a presentar en el EPU explican por sí solos el éxito de semejante visión.

Cuba cerró el 2017 con una mortalidad infantil de 4,0 por cada mil nacidos vivos, cifra inédita en su historia y alcanzada por pocas naciones, mientras que en junio del 2015 fue reconocida como el primer país en eliminar la transmisión de madre a hijo del VIH Sida y la sífilis.

Además, eliminó 14 enfermedades infecciosas y logró que otras nueve no constituyan un problema, al presentar tasas inferiores a 0,1 por 100 mil habitantes.

Participación política

La mayor de las Antillas acaba de culminar las elecciones generales 2017-2018, las cuales llevaron a las urnas el 11 de marzo a unos siete millones 400 mil ciudadanos, alrededor del 86% de los inscritos en el padrón, al que se accede de manera automática al cumplir los 16 años.

Fruto de ese proceso fueron electos 605 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), cerca de la mitad de ellos propuestos en reuniones de vecinos, en los barrios de las 15 provincias.

Los legisladores instalaron el 18 y 19 de abril la IX Legislatura de la Asamblea, escenario en el cual eligieron por voto directo y secreto al ingeniero electrónico de 58 años Miguel Díaz-Canel como presidente del país con un mandato de cinco años.

El nuevo Parlamento constituye además expresión de la participación política y el empoderamiento de las mujeres, ya que el 53,22% de los diputados electos son féminas, presencia solo superada en el planeta por Ruanda (61,3).

Con orgullo podemos decir que la nueva legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular quedó instalada con 322 mujeres entre sus 605 miembros, lo que ratifica que las cubanas seguirán haciendo historia en un país de dignidad y justicia social, afirmó en declaraciones exclusivas a Prensa Latina la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle.

La Cancillería de la isla manifestó recientemente que al EPU en Ginebra se acudirá con mucho que mostrar en materia de derechos humanos y con plena disposición a escuchar recomendaciones constructivas.

En ese sentido, ratificó que Cuba rechazará, como hizo antes en el 2009 y el 2013, las posturas claramente dirigidas al cambio de régimen o las sustentadas sobre la base de la politización del tema, la injerencia, la tergiversación y la mentira.

¿Cómo se fabrica un presidente corrupto en América Latina? EEUU podría tener la respuesta

RUSSIA TODAY 2 de mayo del 2018 RUSIA

Nathali Gómez

Un hilo, que forma parte de una intrincada red, pareciera unir a un grupo de expresidentes de América Latina: las acusaciones de corrupción en su contra.

El título de la VIII Cumbre de las Américas, realizada en Lima, el 13 y 14 de abril, fue 'Gobernabilidad democrática frente a la corrupción'. En ese encuentro, 33 gobiernos de la región firmaron un compromiso donde plasmaron la necesidad de aplicar "medidas específicas" para combatirla con "autonomía e independencia judicial".

Este encuentro de países de la región ocurrió apenas unos días después de que el arresto del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva fuera ordenado por el juez Sergio Moro, cabeza de la investigación judicial conocida como Operación Lava Jato, quien según un documento filtrado por Wikileaks en el 2009, recibió entrenamiento en EEUU.

Al candidato con más opciones de ganar en los comicios presidenciales de este año en Brasil se le acusa de corrupción pasiva y lavado de activos por el caso del departamento tríplex de Guarujá, municipio de Sao Paulo, que supuestamente habría obtenido a cambio de favorecer a la empresa brasileña de infraestructura OAS.

Además de ese proceso abierto, la procuradora general, Raquel Dodge, denunció el pasado 30 de abril al expresidente ante al Tribunal Supremo brasileño por supuestamente haber aceptado sobornos por 40 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de decisiones políticas que beneficiaran a la empresa.

La Operación Lava Jato, que depuso también a la exmandataria Dilma Rousseff, no ha aportado pruebas que confirmen la propiedad del líder del Partido de los Trabajadores (PT) sobre el inmueble y se ha basado en 'delaciones premiadas', es decir, en mecanismos judiciales fundamentados en acusaciones orales de empresarios envueltos en tramas de sobornos.

¿Presidentes corruptos?

En algunas de las investigaciones por presunta corrupción que se han abierto contra gobiernos progresistas latinoamericanos, existe un punto en común: los acusados las han calificado como 'juicios mpolíticos' con la finalidad de mermar su popularidad y alejarlos de los cargos públicos.

En este sentido, el mandatario boliviano, Evo Morales, durante su participación en la cumbre, se refirió a una "falsa lucha contra la corrupción" detrás de la cual se esconden intenciones de "derrocar gobiernos legítimos y proyectos de cambio". Además, Morales recordó que los "intereses imperialistas" utilizaban en el pasado la lucha contra el comunismo, narcotráfico y terrorismo "para invadir países".

Mandatarios bajo la lupa

Además de Lula, un grupo de exgobernantes que cultivaron una estrecha relación política y económica durante sus gestiones, han sido señalados en sus países por presuntos manejos irregulares.

Rafael Correa (Ecuador): A mediados de abril, la Fiscalía General ecuatoriana decidió abrir una investigación penal contra el exgobernante por el "mal manejo" de la deuda pública interna y externa entre el 2012 y el 2017. Por otra parte, Jorge Glas, quien fuera vicepresidente de Correa y del actual mandatario, Lenín Moreno, se encuentra en prisión tras ser condenado por asociación ilícita en la red de sobornos de Odebrecht.

Nicolás Maduro (Venezuela): En la misma línea de supuesta "falta de transparencia", el llamado 'Tribunal Supremo de Justicia en el exilio', que sesiona fuera del país suramericano, y cuyos actos son ilegales, según la Justicia del país suramericano, liberó una orden de arresto contra el actual presidente, Nicolás Maduro, por su "participación directa" en un esquema de corrupción.

Cristina Fernández de Kirchner (Argentina): De estos procesos judiciales, tampoco se ha librado la senadora y exmandataria argentina, quien enfrenta dos causas judiciales: una por 'administración fraudulenta en perjuicio del Estado' con el caso de 'dólar futuro' y otra por presunto desvío de fondos en la provincia de Santa Cruz.

Dilma Rousseff (Brasil): En el 2016, la expresidenta brasileña fue destituida de su cargo por presuntamente haber maquillado las cuentas públicas. Este proceso ha sido catalogado por ella como un "juicio político".

Simplemente, el 'lawfare'

Correa, fundador del partido Alianza País, escribió recientemente un tuit donde cuestionaba las acusaciones en su contra. Al final del trino, definió lo que cree que está detrás: "Simplemente, el 'lawfare'".

La guerra jurídica, que se traduce en inglés como 'lawfare', es definida como el "uso indebido" de "instrumentos jurídicos" con "fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político", según un texto publicado en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), escrito por Camila Vollenweider y Silvina Romano.

Este tipo de acusaciones sin pruebas tienen una extensa cobertura en los medios de comunicación "para presionar al acusado y su entorno", haciéndolo más vulnerable, afirman las autoras del texto.

Según esta investigación, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) estaría asesorando a los gobiernos latinoamericanos para "reformar" sus "aparatos jurídicos", a través del 'lawfare', catalogado por las investigadoras como un "método de guerra no convencional".

En las estructuras judiciales, conformadas por EEUU en los países latinoamericanos, según el portal de investigación Misión Verdad, se encuentran: Lava Jato, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Lucha contra la Corrupción en Honduras. Además del trabajo conjunto de los Departamentos de Estado y de Justicia con los Ministerios Públicos y Procuradurías Generales de la región.

¿Cómo empieza todo?

En junio del 2012 el Senado paraguayo destituyó al entonces presidente Fernando Lugo, cuyo mandato –iniciado en el 2008– había acabado con la hegemonía de más desesenta años del conservador Partido Colorado.

Lugo fue apartado de su cargo por "mal desempeño de sus funciones" y por generar "caos e inestabilidad política" en su país, según la conclusión del documento acusatorio. Al líder del Frente Guazú se le responsabilizó políticamente de la muerte de 17 personas en la masacre de Curuguaty, recoge Última Hora.

En el juicio a Lugo, según investigaciones de la periodista brasileña Natalia Viana, hubo participación de la USAID, "que armó una estructura de jueces, fiscal, Policía para que le dieran el golpe".

Con ese precedente, se percibe un "trabajo muy estrecho" entre los ministerios públicos de América Latina con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia estadounidenses, explica en entrevista a este medio el investigador argentino Bruno Sgarzini, periodista de Misión Verdad.

Relación íntima entre Brasil y EEUU

En este sentido, un video divulgado por la defensa de Lula registró una conferencia hecha por Kenneth Blanco, viceprocurador adjunto del Departamento de Justicia de EEUU, en Brasil, donde se evidencia la participación de Washington en la "construcción de casos" de Lava Jato, reseña el Jornal GGN.

"Que las corporaciones brasileras sean corruptas es una parte de la foto, la otra parte son las empresas en EEUU que tienen institucionalizado su lobby, por ejemplo, su compra de congresistas". (Bruno Sgarzini, periodista del portal de investigación Misión Verdad.)

En su discurso, colgado en YouTube, Blanco define la "relación íntima" entre el Departamento de Justicia y Brasil como "la mejor de la historia reciente" y afirma que la institución que representa "mantiene el compromiso de aplicar la 'Ley Anticorrupción fuera de EEUU' (FCPA, por sus siglas en inglés) en cooperación con otros países latinoamericanos.

En su exposición refiere que existe una "comunicación directa" entre fiscales, que no se rige por los procedimientos oficiales porque "lleva tiempo". Por ello, llama directamente a sus colegas en el exterior para pedir información financiera. "Cuando la denuncia está lista, se formaliza el pedido de envío de pruebas", a través del Ministerio de Justicia, lo que hace que los casos se procesen de una manera "más efectiva", explicó.

Los defensores del ex presidente brasileño presentaron este testimonio público como una prueba de que se violó el convenio, que especifica que "toda solicitud de asistencia en materia penal hecha a EEUU debe hacerse mediante el Ministerio de Justicia" y no por terceros.

El columnista del Jornal GGN, André Araújo, considera que ni la cancillería ni el Ministerio de Justicia han defendido al Estado brasileño ante los intereses foráneos. "El concepto de soberanía fue ignorado a favor de la justicia individual", agregó.

Brasil no es el único caso en la región. También hay una cercana relación entre EEUU y las fiscalías de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay, por citar algunos.

Cobertura mediática

Este proceso de "judicialización de la política" –como ha sido llamado por algunos analistas la apertura de procesos legales en contra de un grupo de mandatarios de izquierda en la región– ha sido acompañado por una fuerte campaña mediática.

Para Sgarzini, tanto el Sistema Interamericano de Prensa (SIP) como los principales medios latinoamericanos "han sido muy eficientes en hablar de que hay una corrupción sistémica" y que la "única manera de atajarla es con colaboración internacional".

"Cada vez que un interés de una empresa estadounidense está en juego significa que hay que 'limpiar' a los competidores políticos y empresariales que cierran esos mercados a las empresas estadounidenses".( Bruno Sgarzini, periodista del portal de investigación Misión Verdad.)

Uno de los casos más relevantes ocurrió cuando la red O Globo, la empresa más poderosa de Brasil, tuvo que desmentir la información que dio sobre la existencia de unas supuestas cuentas en el extranjero de Rousseff y Lula.

La corrupción gubernamental tiene la atención de la prensa, por encima de la malversación que ocurre dentro de las transnacionales. "Que las corporaciones brasileras sean corruptas es una parte de la foto, la otra parte son las empresas en EEUU que tienen institucionalizado su 'lobby', por ejemplo, su compra de congresistas", explica.

"Sacar a la clase política"

Sgarzini refiere que esos alegatos sobre la lucha contra la corrupción tienen la finalidad de "sacar la clase política brasilera", a través de una estrategia de propaganda basada en el principio de vulgarización: "Mientras más simple sea el argumento, más se repite".

La agenda de intereses de EEUU, además de la mcombatir el terrorismo y el narcotráfico, comprende la "lucha contra la corrupción" para "generar un clima de negocios transparente para las empresas estadounidenses" que le otorga el "derecho excepcional" de intervenir en América Latina cuando algún interés de una empresa de ese país se vea comprometido, explica.

El mensaje es claro, afirma: "Hay que 'limpiar' a los competidores políticos y empresariales que cierran mercados a las empresas estadounidenses".

Las corporaciones

La historia comienza así: Odebrecht, una de las más grandes empresas brasileñas en el mundo, con actividad en 27 países, estuvo en el centro del escándalo de Lava Jato, donde se hizo pública la práctica de sobornos sobre otras compañías constructoras, incluyendo la petrolera estatal Petrobrás, y sobre grupos políticos de distintas tendencias.

La corporación, que ocupaba el puesto doce en el ranking mundial, tras la investigación penal en su contra, debe pagar dos mil .390 millones dólares a Brasil, 93 millones a EEUU y 116 millones a Suiza. El riesgo de que se declare en quiebra ha sido señalado por algunos analistas.

"A las empresas estadounidenses les interesa el mercado brasilero, y todavía más, ocupar el espacio de Odebrecht en el exterior".

El periodista brasileño se pregunta cuándo será el día que la Casa Blanca pida al Palacio de Planalto investigar a la General Motors en Brasil. "Jamás", se responde, porque "el gobierno estadounidense protege a sus nacionales".

Por su parte, el presidente boliviano, en su intervención en la Cumbre de las Américas, se refirió a la necesidad de que existan controles internacionales eficaces sobre las transnacionales, "que en muchos casos promueven y fomentan la corrupción y la violación de los derechos humanos".

Las corporaciones estadounidenses, concluye Sgarzini, actúan de una "manera agresiva" a través del uso del aparato de justicia, de seguridad y mediático contra los gobiernos latinoamericanos para "quedarse con estos mercados", enclavados en zonas con grandes recursos naturales.

Con el fino hilo de la "lucha contra la corrupción", las transnacionales podrían estar tejiendo una maraña financiera y económica que no solo implique sacar de los cargos públicos a un grupo de presidentes.

Trump elige el curso más duro con Irán y patea el tablero

DPA 8 de mayo del 2018 ALEMANIA

Michael Donhauser*

Donald Trump se mantiene fiel a sí mismo incluso cuando se trata de uno de los problemas más sensibles de la política mundial y de una decisión con importantes consecuencias: "Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán", anunció este martes. Ni siquiera durante el anuncio de una decisión así pudo evitar volver a decir cuán malas fueron para él las capacidades de negociación del Gobierno anterior de Barack Obama.

El presidente de Estados Unidos no hace concesiones. Tres años después de que su país haya cerrado el acuerdo atómico con Irán, elige el curso más duro imaginable para desilusión de sus socios europeos y vuelve a poner en vigor todas las sanciones estadounidenses. "Nos salimos del acuerdo", reiteró el asesor de Seguridad Nacional de Trump John Bolton poco después del anuncio.

Bolton y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, son considerados halcones en política exterior. Previamente, Trump había reemplazado a los más moderados Herbert Raymond McMaster y Rex Tillerson, y debido a opiniones diversas acerca de Irán.

Con su decisión, Trump no pulveriza solo 13 años de tensas negociaciones con Irán, sino también un acuerdo que, con excepción de Washington y Jerusalén, todos los Gobiernos vieron como uno de los mayores logros de la diplomacia internacional de los últimos años.

Moscú reaccionó con escepticismo y dijo que el acuerdo iba a sobrevivir más allá de lo que hiciera Estados Unidos. También los europeos y naturalmente Irán quieren en principio seguir adelante. Ahora está por verse si esto será posible.

Con su política para Cercano Oriente, que sigue la línea de los aliados regionales Israel y Arabia Saudí, el presidente estadounidense ejerce gran presión. En su opinión, Irán debe entrar en razones, más allá de que en el 2015 seis países hayan llegado a un acuerdo con el país persa. Los europeos se encuentran ahora de facto ante la alternativa de seguir haciendo política con el gran aliado Estados Unidos...o hacerla en su contra.

Teherán ya señalizó desde antes que no iba a seguir negociando ni a hacer adendas. El presidente de Irán, Hassan Rohani, dijo que no se podía seguir negociando el precio de una casa que se había demolido. Una metáfora inmobiliaria que pareció dirigida expresamente al presidente Trump, que construyó un imperio inmobiliario en el pasado.

La política para Cercano Oriente de Trump tiene muchos críticos, especialmente porque no presentó un plan concreto de cómo seguirá la cosa. Un diplomático europeo afirmó poco antes del anuncio que no se entendía la estrategia. El pedido de mejoras era, en su opinión, realizable. ¿Pero por qué romper con todo lo alcanzado y no construir a partir de lo logrado?

Muchos expertos consideran el paso que emprendió Trump como demasiado peligroso. "El objetivo de Trump debería ser impedir una guerra en Cercano Oriente", advirtió el martes incluso el canal de TV Fox News, que suele serle afín. Las consecuencias de su decisión podrían ser un considerable aumento de las tensiones en Cercano Oriente y hasta una nueva guerra.

Cuán importante es el tema queda en claro por los esfuerzos que hubo tras bambalinas. Los arquitectos del acuerdo como el exsecretario de Estado John Kerry intentaron mover algunos hilos. "No vamos a consultar a quienes cerraron un mal acuerdo", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Minutos antes del anuncio de Trump, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel, y la primera ministra británica, Theresa May, conversaron por teléfono.

A fin de cuentas, se trata de quién tiene la posición hegemónica en Cercano Oriente. Al archirrival de Teherán, Arabia Saudí, y a Israel les vendría muy bien un debilitamiento de Irán, y los dos son aliados de Washington. Ya hoy en día están cayendo bombas israelíes sobre posiciones iraníes en Siria, drones iraníes llegan al espacio aéreo israelí y Arabia Saudí e Irán se enfrentan en Yemen. Israel ordenó ya este martes abrir algunos refugios antiaéreos.

Para muchos expertos en Cercano Oriente, es más importante el comportamiento político de Irán que si trabaja en un arma atómica, ya que el acuerdo funcionaba hasta ahora. Los observadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, reconocen regularmente a Irán estar cumpliendo con todas las disposiciones. Desde el 2015 no ha habido problemas significativos.

Alemania, Francia y el Reino Unido no ven un aliado confiable en Irán, pero se sienten comprometidos con lo acordado. Trump, en cambio, considera que el acuerdo no le cierra a Irán el camino para obtener un arma atómica, ya que no contempla el acceso irrestricto de los inspectores a los complejos militares, ni evita que el Gobierno cuente con misiles de mediano alcance. Además, cree que le da a Irán los medios financieros para apoyar a terroristas en todo el mundo.

Para Trump, el Gobierno iraní y sus Guardias Revolucionarias están detrás de todo problema en Cercano Oriente, ya sea en Siria, Yemen o Líbano, y además busca la destrucción de Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cree que a través de su presencia en Siria, Irán quiere dominar el Mediterráneo y construir a partir de ahí un dominio militar marítimo. Por eso consideraba el pacto como "el peor acuerdo jamás alcanzado".

Los europeos lo ven completamente distinto y quieren mantener el acuerdo. La Unión Europea (UE) está "decidida a preservar" el acuerdo nuclear con Irán, afirmó hoy la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

Para la comunidad internacional comienzan meses difíciles. La colaboración con Irán podría conducir a costosas sanciones, aunque en principio habrá un periodo de gracia. "Queremos darle algo de tiempo a las empresas", dijo la Casa Blanca.

  • Periodista de la agencia

Trump complica la ecuación con Pyongyang al retirar a EEUU de acuerdo con Irán

AFP 9 de mayo del 2018 FRANCIA

La decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, no solo socava la credibilidad diplomática de Washington sino que también complica seriamente las negociaciones con Corea del Norte sobre el arsenal nuclear, estimaron los expertos.

El presidente estadounidense debería reunirse en las próximas semanas con el líder norcoreano Kim Jong Un para discutir el tema nuclear, como nuevo reflejo de la distensión extraordinaria en la península coreana.

Sin embargo Trump, acaba de anunciar el retiro de Estados Unidos de este compromiso con Irán alcanzado en el 2015, fruto de largas negociaciones internacionales que se empeñaron por evitar que Irán se dotara de la bomba atómica.

La decisión fue tomada mientras las otras partes de este pacto defendieron hasta el final el texto que calificaron de "histórico", y subrayaron que la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) certificó con regularidad que Teherán estaba cumpliendo con sus obligaciones.

El secretario de Estados adjunto del gobierno de Barack Obama (2008-2016), Antony Blinken estimó que este giro de Washington complica ahora el asunto norcoreano.

"¿Por qué Kim (...) debería creer en los compromisos del presidente Trump si este rompe arbitrariamente un acuerdo que la otra parte respeta?, se preguntó en Twitter.

Une opinión que comparte Vipin Narang, profesor en la prestigiosa universidad estadounidense Massachusetts Institute of Technology (MIT). "Hoy se recuerda al mundo que los acuerdos son reversibles y pueden tener fecha de caducidad, y que las armas nucleares pueden ser un seguro de vida".

Corea del Norte, que en la actualidad está técnicamente en guerra a falta de un tratado de paz, siempre justificó el desarrollo de programas nucleares y balísticos por la amenaza que representa Estados Unidos para su supervivencia.

El consejero estadounidense en seguridad nacional, John Bolton, afirmó a finales de abril que Estados Unidos pensaba en "el modelo libio de 2003, 2004" para la desnuclearización de Corea del Norte.

Muamar Gadafi, que entonces dirigía Libia, anunció en diciembre del 2003 que renunciaba a todo programa de desarrollo de armas de destrucción masiva (ADM) después de nueve meses de negociaciones secretas con Estados Unidos y Reino Unido.

Pero Gadafi fue derrocado en el 2011 por una rebelión apoyada por bombardeos aéreos occidentales y luego asesinado.

Pyongyang ha citado varias veces este ejemplo, así como el destino trágico del expresidente iraquí Sadam Husein, para justificar sus programas militares prohibidos.

Según el exjefe de la CIA John Brennan, la "locura" de Trump "socavó la confianza mundial en los compromisos que adquiere Estados Unidos, alienó a los aliados más cercanos, fortaleció a los halcones iraníes y le dio a Corea del Norte más razones para mantener sus bombas nucleares".

La imprevisibilidad de Trump suscita preocupaciones en Corea del Sur. En este contexto, ¿qué peso tienen los esfuerzos de paz del presidente surcoreano Moon Jae-in?

"Corea del Norte es plenamente consciente de los riesgos que Estados Unidos renuncie a cualquier acuerdo en caso de cambio de gobierno", dijo a la AFP Koh Yu-hwan, de la Universidad Dongguk.

"Para protegerse contra esta posibilidad Kim Jong Un se reunió dos veces con Xi Jinping para tener garantías de China en materia de seguridad, antes de entrar en negociaciones con Estados Unidos."