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Segunda República Española

España
Segunda República Española
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19311939

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Bandera Escudo
Bandera Escudo
Lema nacional: Plus Ultra
Himno nacional: Himno de Riego
Ubicación de
Territorios y colonias de España durante la Segunda República.
Capital Madrid (1931 - 36)
Valencia (1936 - 37)
Barcelona (1937 - 39)
Idioma oficial Español / Castellano
Gobierno República parlamentaria
Presidente
 • 1931-1936 Niceto Alcalá-Zamora
 • 1936 Diego Martínez Barrio
 • 1936-1939 Manuel Azaña
Legislatura Cortes
Historia
 • Establecido 1931
Moneda Peseta
Miembro de: Sociedad de Naciones

Segunda República Española. Período político de la historia de España comprendido entre el 14 de abril de 1931 (fecha de la proclamación de la República, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII) y el 1 de abril de 1939 (fecha del final de la Guerra Civil Española, que dio paso a la dictadura del General Francisco Franco).

Significó la equiparación constitucional con las potencias democráticas europeas; y la posterior contienda fratricida, con una amplia participación internacional, significó la primera etapa de la guerra mundial que estallaría a su término. Por todo ello, la década de los años treinta ha sido una de las más trascendentales en la historia de España del siglo XX, tanto por las expectativas e ilusiones que despertó, como por la cruda realidad que dramáticamente acabó sucediendo.

Origen

El rey decidió iniciar un lento retorno a la legalidad constitucional, para lo que encargó la formación de Gobierno al general Dámaso Berenguer se restableció la Constitución de 1876, retornaron a sus puestos los concejales y diputados provinciales cesados por la dictadura en 1923 y se promulgó una amnistía general. Pero en realidad el estilo de gobierno sigue siendo el mismo, realizándolo por decreto y sin la reunión de las Cortes, cerradas desde hacía siete años, ni la convocatoria de elecciones para la elección de un nuevo parlamento.

La década de los años treinta fue para España una de las más agitadas de su historia contemporánea. De una gran ilusión transformadora y modernizadora se pasó a una Guerra Civil de dramáticas y persistentes consecuencias. La década comenzó con una dictadura militar, dirigida por el general Miguel Primo de Rivera, y terminó con el inicio de otra dictadura mucho más larga y dura, que mantuvo durante cuarenta años una división radical de la sociedad española, la personificada en Francisco Franco. Entre ambas dictaduras se desarrolló primero la experiencia democrática más avanzada de la contemporaneidad española y después la más cruenta Guerra Civil que este país tuvo en los últimos siglos.

Proceso constituyente

Las elecciones generales para la formación de Cortes constituyentes tuvieron lugar el 28 de junio, una vez reformada la ley electoral para hacer desaparecer el poder del arraigado caciquismo en amplios ámbitos rurales. Esta reforma tuvo como efecto secundario el de primar la composición de amplias coaliciones electorales, lo que con posterioridad tuvo unos trascendentales efectos de polarización social.

Con la derecha monárquica aún traumatizada y una derecha liberal que apenas se había adaptado al régimen republicano, el centro radical y las izquierdas republicanas y socialistas se impusieron en las urnas.

Las Cortes, unicamerales, presentaron un escorado predominio de estos grupos, lo que produjo una diferenciación importante entre la representación parlamentaria y la propia composición social del país, mucho menos avanzada y progresista. Este hecho se vio resaltado por una gran altura intelectual del conjunto de la Cámara, pero al mismo tiempo una escasa experiencia política; ambos hechos tuvieron como principal consecuencia que en numerosos casos la ambición realizadora no estuviera en relación con la capacidad real de transformación del país.

La Constitución fue un fiel reflejo de las Cortes, prolija y pormenorizada, haciendo muestra de un radicalismo democrático que en ocasiones no diferenciaba el idealismo de la simple utopía. La Constitución de la II República definía el régimen como una "República de trabajadores de toda clase"; se caracteriza por consagrar un poder legislativo muy fuerte, en contraste con un ejecutivo subordinado al anterior y una Presidencia de la República con muy escasos poderes. Hacía, por primera vez, realmente universal el derecho al voto, otorgándolo a la mujer.

El bienio reformista

Aprobada la Constitución el 9 de diciembre de 1931, las Cortes sancionaron el nombramiento del primer Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, quien a su vez designó como Presidente del Gobierno a Manuel Azaña. Al no disponer su grupo de mayoría en la Cámara, los dos siguientes años Azaña gobernó en una amplia coalición con republicanos de izquierda y socialistas; lo que permitió que se desarrollara un programa de una gran ambición transformadora y reformista. Los campos donde mayor transcendencia tuvo esta labor de gobierno fueron los siguientes:

Manuel Azaña

Manuel Azaña, uno de los hombres claves de la Segunda República Española.

La cuestión religiosa fue sin duda una de las que más crisparon a la sociedad de los años treinta. La pretensión del equipo de gobierno era la de reducir la extraordinaria fuerza económica y social de la Iglesia católica. En 1931 había en España casi 110.000 religiosos, 32.600 del clero secular y 77.000 del regular, pertenecientes a 42 órdenes masculinas y 178 femeninas; la proporción de religiosos por habitantes (uno cada 493) era la más alta del mundo después de la de Italia; la Iglesia declaraba poseer doce mil fincas rústicas y más de ocho mil edificios urbanos, a los que debían sumarse otras miles de propiedades no escrituradas; además, de acuerdo con el Concordato de 1851, el Presupuesto del Estado era el sostenedor de este verdadero ejército religioso, a lo que se añadían las aportaciones de los fieles y las rentas del patrimonio.

Sin embargo, la importancia de la Iglesia iba mucho más allá de sus recursos económicos y humanos; su influencia radicaba en la autoridad moral sobre la población, en la bien organizada red de instituciones culturales y benéficas, de medios de comunicación y la participación mayoritaria en el sistema educativo. Los dirigentes republicanos, herederos de un laicismo comprometido, pretendieron desde un primer momento reducir la capacidad de influencia del poder fáctico eclesiástico.

Aunque fue postergado el debate sobre el tema religiosos para evitar enfrentamientos enconados, en la redacción constitucional se evidenció aún más claramente el profundo desacuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Mientras conservadores y liberales reducían las reformas a la separación entre Iglesia y Estado y la firma de un nuevo Concordato, los radicales y socialistas exigían la expulsión de las órdenes religiosas y las restricciones al culto.

La reforma agraria: fue uno de los más ambiciosos proyectos de este período, al afrontar la resolución del problema del campo español, con graves deficiencias de tecnificación, inversión y propiedad. La reforma agraria, que se había abordado ya en casi todos los países europeos, fue importante para la República por ser causa de las mayores esperanzas, pero también de las más enconadas resistencias y de los enfrentamientos más apasionados. Por todo ello la tramitación de la ley fue extraordinariamente dificultosa, ante la gran cantidad de intereses encontrados y los compromisos a los que debía atenderse.

El sector laboral: al frente del Ministerio de Trabajo se situó el socialista Largo Caballero, líder a su vez del sindicalismo. La actuación de Largo se circunscribió a la estrategia de conquista social de la UGT, más preocupada por el control del sistema económico que por la transformación revolucionaria. En consecuencia, la línea reformista de origen socialdemócrata desarrollada perseguía los siguientes objetivos: una mejora rápida de las condiciones de los asalariados, en especial los agrícolas, que impidiera la radicalización de los sectores más bajos; una fortalecimiento de la representación de los trabajadores (en especial de UGT, marginando a la CNT de los órganos corporativos) al tiempo que se debilitaban las patronales para favorecer mejores condiciones de negociación; y finalmente una campaña de extensión y unificación de los seguros sociales.

El problema nacionalista: la República tuvo la valentía de abordar por primera vez en profundidad una problemática secular que había llevado a dramáticos desencuentros en las décadas anteriores. Como ya se vio, la proclamación del Estat Catalá por Maciá hizo necesaria la instauración de la Generalitat y, en agosto de 1931, Cataluña votó en referéndum su estatuto de autonomía que, tras un tortuoso paso por las Cortes, fue aprobado en septiembre de 1932.

Caso muy diferente fue el del País Vasco, donde la redacción del estatuto de autonomía dividió profundamente a la sociedad vasca; se redactaron hasta tres proyectos distintos de estatuto; el respaldo plebiscitario no se produjo hasta noviembre de 1933, mientras su aprobación en las Cortes se realizó ya en octubre de 1936.

En Galicia el período republicano potenció la articulación política nacionalista (Partido Galleguista, creado en 1931, por Vicente Risco, pero su concreción institucional fue lenta; la redacción del estatuto no se concretó hasta finales de 1932 y el referéndum aprobatorio se celebró en junio de 1936, entrando para su aprobación por las Cortes el 18 de julio; el rápido control por los sublevados impidió su entrada en vigor. Otras esfuerzos de articulación de regiones autónomas, como los llevados a cabo en Valencia y Andalucía, no acabaron materializándose, bien por el enfrentamiento de las distintas fuerzas políticas o por el escaso respaldo popular a la iniciativa.

Segundo bienio Republicano

Antes de las elecciones convocadas para noviembre de 1933, el panorama político había variado susceptiblemente de las pasadas elecciones. En primer lugar, el electorado tenía la oportunidad de expresar el grado de apoyo que otorgaba al reformismo del primer bienio, y así fueron presentadas las elecciones por los grupos de la oposición; en segundo lugar, se habían modificado artículos importantes de la ley electoral, que permitían una rentabilización mayor de los votos obtenidos a las fuerzas que alcanzaran coaliciones lo más amplias posibles; además existía la incógnita de los seis millones de votos de mujeres que votaban por primera vez.

Por último, la aparición de nuevos partidos, el desgaste de la labor de gobierno, y las tensiones acumuladas en la coalición republicano-socialista, hacían vislumbrar un resultado imprevisible.

Los partidos republicanos se presentaron divididos y muy enfrentados en su disputa por un mismo electorado de centro. En el Partido Socialista aparecieron graves enfrentamientos entre sus líderes, con opiniones opuestas ante la posibilidad de coaligarse con otros grupos republicanos o tratar de obtener el poder en solitario.

Revolución de Octubre

La polarización de la política española durante el período republicano hizo que cada vez más pudiera dibujarse una línea de separación entre derecha e izquierda. La tensión entre ambos polos estalló con el nombramiento de los ministros de la CEDA, aunque venía preparándose con anterioridad. La protesta de los grupos políticos del resto del arco parlamentario se vio completada con la declaración precipitada de una huelga general. Esta huelga resultó un fracaso en la mayor parte de España, dado que la CNT no quiso participar en ella y los socialistas no emplearon toda su capacidad movilizadora en zonas como Madrid y el País Vasco, donde disponían de gran poder político y sindical.

Sin embargo, en dos lugares el desarrollo de la huelga degeneró en acontecimientos de una enorme gravedad. En Barcelona el Presidente de la Generalitat, Lluís Companys, fue desbordado por el nacionalismo radical y proclamó nuevamente el Estat Catalá dentro de una República Federal Española. Sus intentos de apoyarse en la extrema izquierda, la milicia autóctona y la oficialidad del ejército fueron inútiles y su insurgencia fue rápidamente sofocada, aunque los combates tuvieron como resultado medio centenar de muertos. En represalia por este pronunciamiento el estatuto de autonomía catalán fue suspendido, Companys enjuiciado y condenado a muerte, aunque fue indultado.

Elecciones de 1936

Tradicionalmente se han presentado las elecciones que tuvieron lugar el 16 de febrero como la última oportunidad para la República, como la manifestación de la ordenación política española en dos bloques irreconciliables e incluso como preámbulo electoral de la Guerra Civil que asolaría el país meses después. Sin embargo, a comienzos de 1936 nadie contemplaba la cita electoral en ese sentido, sino más bien como un nuevo enfrentamiento legítimo para redefinir la orientación de la República.

Respecto a la división del arco parlamentario en dos conjuntos radical e inevitablemente enemigos es una imagen demasiado simple y esquemática. En realidad el bloque de derechas no llegó ni siquiera a consolidarse, el centro estaba sustancialmente dividido y sólo entre la izquierda y centro-izquierda se fraguó una coalición electoral, el Frente Popular.

La derecha, tras la experiencia de su paso por la administración, sufrió un doble proceso de división y radicalización. Miembros de la CEDA descontentos con la política de participación en instituciones republicanas, antiguos monárquicos y republicanos independientes se habían reunido en el Bloque Nacional, liderado por Calvo Sotelo, de marcado tono autoritario y con veleidades monárquicas y filofascistas a un tiempo. Con planteamientos más radicales aún se encontraba la formación dirigida por Primo de Rivera, que definitivamente logró reunir en torno a sí a los grupos de línea explícitamente fascista bajo las siglas de FE de las JONS.

Gobierno del Frente Popular

El 19 de febrero se constituyó el nuevo Gobierno, presidido por Azaña y con miembros de su partido y de Unión Republicana; la marginación de los socialistas fue pactada, pues no se quería dar la impresión de un cambio demasiado brusco. La labor de este nuevo gobierno azañista se atuvo al programa conjunto del Frente Popular: reapertura del parlamento catalán, reinicio del proceso autonómico del País Vasco, promulgación de una amnistía general y aceleración de la reforma agraria.

El asunto legislativo más delicado fue el cuestionamiento en las Cortes de la figura del presidente de la República Alcalá- Zamora. Por iniciativa socialista y en la única votación en que derechas e izquierdas alcanzaron un acuerdo en este período, el Presidente fue recusado y, en consecuencia, debió resignar sus poderes.

El 10 de mayo las propias Cortes nombraron a Azaña como Presidente de la República. Resultó ser un grave error, pues como pronto se evidenció no existía una personalidad comparable a la de Azaña para aglutinar todas las fuerzas del Frente Popular. Éste encargó la formación de gobierno al líder socialista más moderado, Indalecio Prieto; pero al no contar con la conformidad de otros dirigentes de su partido, debió renunciar al encargo.

El Presidente del Gobierno fue finalmente Casares Quiroga, del partido de Azaña, que formó un gabinete continuista con respecto al anterior azañista. Pero lo más importante de este período fue el desarrollo de una doble dinámica política. Si el gobierno y las Cortes, a pesar de las dificultades del momento, mantenían la legalidad constitucional y desarrollaban el programa que les había llevado a sus cargos, en las calles proliferó una actuación radical que llevó a graves altercados de orden público.

Anarquistas, radicales socialistas y miembros de la extrema derecha, usualmente por iniciativa propia y no siguiendo las dirección de sus partidos, generaron una dinámica de violencia y tensión social que ocasionó frecuentes enfrentamientos y atenta dos con el resultado de unos trescientos muertos y mil trescientos heridos de febrero a julio de ese año. A ello hay que sumar la ocupación ilegal de tierras y los atentados a instituciones religiosas, lo que contribuyó decididamente a inclinar a la derecha moderada hacia soluciones anticonstitucionales.

Los grandes beneficiados de esta pérdida del control público fueron los grupos extremistas, fuerzas con escasa o nula representación parlamentaria, pero con una gran capacidad de movilización de grupos de agitadores o, sencillamente, de terroristas. El gobierno se veía incapacitado para frenar esa espiral de violencia y esperaba que, tanto el reforzamiento de la disciplina desde la dirección de los partidos, como el aumento de las fuerzas de orden público, acabaran con el clima de inestabilidad.

Pero ambas medidas tardaron en producirse y la agitación callejera alcanzó su cenit el 12 de julio; pistoleros falangistas asesinaron al teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, de conocida filiación socialista; en respuesta, al día siguiente compañeros de ese cuerpo asesinaron al principal dirigente de la extrema derecha, José Calvo Sotelo. La conspiración militar que se venía preparando desde hacía meses encontró la excusa necesaria para alzarse contra la República.

Fuentes