Protocolo de Minnesota

Protocolo de Minnesota
Creación	1989
Ratificación	1991

Protocolo de Minnesota. También llamado Protocolo Modelo para la Investigación Legal de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, es un acuerdo al que llegó un grupo internacional de expertos en ciencias forenses, abogados, y expertos en derechos humanos, adoptado por la Organización de Naciones Unidas que proporciona métodos de investigación, propósitos, procedimientos de investigación, y procesamiento de pruebas.

Antecedentes

"Las ejecuciones que se sospeche que son extralegales, arbitrarias o sumarias pueden investigarse con arreglo al derecho nacional o local, vigente y culminar en procedimientos penales. Sin embargo, en algunos casos los procedimientos de investigación pueden resultar inadecuados debido a la falta de recursos y conocimientos o a que el organismo encargado de realizar la investigación puede ser parcial. De ahí que sea menos probable que prosperen esos procedimientos penales"

Fragmentos de la introducción del documento

La primera versión del Protocolo fue elaborada en 1991 bajo el título de Manual de la ONU para la prevención efectiva y la investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, que acompañó a los Principios de la ONU sobre prevención efectiva y la investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, aprobado en 1989.​ Desde entonces el Protocolo ha sido revisado en sucesivas ediciones.

Norma

Adoptada por la Organización de Naciones Unidas, y junto con al Protocolo de Estambul (1999) sirven de guía y consta de una serie de estándares de prácticas para determinar si la víctima fue objeto de una ejecución extralegal, arbitraria, sumaria o sufrió golpes, colgamiento, descargas eléctricas u otros métodos de tortura.

No se aplica en todas las autopsias, se aplica cuando existen circunstancias particulares.

Está orientado a casos en los que se investigan crímenes de lesa humanidad o en los que exista presunción de ejecución por parte de agente del estado, buscando evitar que los funcionarios sospechados puedan actuar o influir en la investigación.

Aunque no es un documento jurídicamente vinculante, el Protocolo de Minnesota es una costumbre internacional. Un fuerte impulso recibió cuando la extinta Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención y Control del Delito adoptó este protocolo luego de que fuera aprobado por la Asamblea General en su resolución 44/162 del 15 de diciembre del 1989.

La Sección B establece varios objetivos de la investigación, incluyendo la identificación de la(s) víctima(s), la recuperación y preservación del material probatorio para ayudar en el enjuiciamiento de los responsables, y el hecho de llevar “el presunto perpetrador(es) ante un tribunal competente establecido por la ley”.

El protocolo recomienda constituir una comisión investigadora independiente, con recursos y facultades suficientes, así como la posibilidad de recurrir a la ayuda de expertos internacionales en ciencias jurídicas, médicas y forenses.

Los investigadores "deben contar con personal técnico y administrativo idóneo así como con acceso a asesoramiento jurídico imparcial para garantizar que la investigación produzca pruebas admisibles" además de "recibir la plenitud de recursos y facultades de los gobiernos".

Incluye un modelo de autopsia y otro modelo de exhumación y análisis de restos óseos, para que sea seguido no sólo por los profesionales que las realicen, sino también por las partes involucradas, los periodistas, la ciudadanía y en general todos los observadores, con el fin de aumentar la transparencia del proceso.

Referencias