Armando Fernández Lario
Armando Fernández Lario. Fue miembro del Ejército chileno. En 1970 cuando tenía 20 años, participó en el curso “Combat Arms Orientation”, en Fort Gullick, Escuela de las Américas, en Panamá, entre el 12 de enero y el 13 de febrero de 1970. Algunos de sus compañeros de curso se convirtieron en Agentes de la (DINA), como son los casos de: Rolando Mosqueira Jarpa, Hugo Acevedo Godoy, y José Zara Holger.
La Caravana de la Muerte
Tras su participación en el asalto al Palacio La Moneda el 11 de septiembre de 1973 pasó a integrar la comitiva de Arellano Stark, (la Caravana de la Muerte), contribuyendo a la secuela de asesinatos y desapariciones planificadas por la DINA. En los meses posteriores al golpe de Estado de 1973, la caravana operó en diversas ciudades y se hizo responsable de la muerte de 75 funcionarios y simpatizantes del gobierno de Salvador Allende. En 1974, participó en la tortura, muerte y desaparición de Manuel Sanhueza Mellado, de 30 años, miembro del Comité Central de la JJ.CC. En septiembre del mismo año, participó en la desaparición de David Silberman, caso por el cual fue procesado por el juez Juan Guzmán. A principios de 1975, aparentemente ya como miembro del Departamento Exterior de la DINA, Fernández fue enviado a Lima, Perú, en una operación encubierta para establecer contacto con el enlace de la dirección del Partido Socialista en ese país, con el fin de llegar a la cúpula del partido, pero su operación no tuvo éxito.
Asesinato de Orlando Letelier
Al año siguiente, en agosto de 1976, Fernández Larios volvió a su lugar de nacimiento con un pasaporte falso, con la misión de preparar el terreno para el asesinato de Orlando Letelier. Procesado por un tribunal federal de Washington en 1978 por su participación en el crimen, entregó a la justicia estadounidense evidencia de que el homicidio había sido planificado y dirigido por la Dirección de la DINA; evidencia que nunca se hizo pública. De esta manera negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia en el que se declaraba culpable como cómplice del crimen, a cambio de poder vivir y trabajar en EEUU tras cumplir la condena, y tener la seguridad de que no sería extraditado a Chile bajo ninguna circunstancia. El acuerdo extrajudicial ponía al ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), a resguardo de los reclamos de la justicia chilena, que pedía su extradición por la llamada "Caravana de la Muerte" expresando lo siguiente en su punto 5, letra g: "El gobierno acuerda que no intentará deportar al Sr. Fernández desde Estados Unidos a Chile, ni cooperará para su extradición a Chile".
Prisión
El juez Barrington Parker lo sentenció a siete años de prisión. Sin embargo luego de cumplir sólo cinco meses en una prisión federal, acogió una solicitud de sus abogados y lo dejó libre. El ex agente de la DINA se trasladó a Miami. Según sus propias declaraciones, nunca aceptó acogerse al programa de protección de testigos, y siguió viviendo con su nombre verdadero. Vivía impunemente en Estados Unidos cuando recibió la demanda civil en febrero de 1999 donde se le acusaba de crímenes contra la humanidad, ejecución extrajudicial, y trato cruel, inhumano y degradante, basándose en dos cuerpos legales que permitieron a víctimas de la represión desde Bosnia a Centro América enjuiciar a sus verdugos en tribunales estadounidenses. El jurado lo condenó a pagar cuatro millones de dólares a la familia del ingeniero Winston Cabello, víctima de los sucesos de septiembre de 1973, en la ciudad de Copiapó.
