Gregorio Álvarez
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Golpe de Estado por Gregorio Álvarez: En lo que era un silencioso y gradual golpe de Estado, en febrero de 1973 le fue impuesto al presidente Bordaberry un Consejo Nacional de Seguridad dominado por los militares, a modo de gobierno paralelo, que Gregorio Álvarez pasó a encabezar. El Ejército consumó su plan el 25 de septiembre, con la disolución del Parlamento y la prohibición de la actividad política.
Álvarez, ascendido a comandante de la 4ª División en 1974 y a jefe del Estado Mayor del Ejército en 1978, surgía como cabeza visible, presuntamente moderada, de la Junta de Oficiales Generales en el poder, tras las fachadas constitucionales de Bordaberry y de su sucesor en 1976, A. Méndez. Durante este período particularmente tenebroso, Uruguay padeció masivas violaciones de los derechos humanos, con un balance en torturas, asesinatos y población exiliada comparable (y aún superior) al de los regímenes afines de Paraguay, Brasil, Argentina y Chile.
Nota: "El Goyo como asi se hace llamar, es de origen blanco y no tuvo problemas en servirse de los Tenientes de Artigas, así que casi todos los generales que lo acompañaron en el golpe de Estado eran de origen blanco".
Sumario
Síntesis biográfica
Nacido en Montevideo, Uruguay en 1926. Hijo del general Gregorio Álvarez Lezama, quien se desempeñó como ayudante del presidente Gabriel Terra. Ingresó en la Academia Militar Nacional en 1940, en la que graduó como oficial del Regimiento de Caballería de (1946-1959). De 1960 a 1962, fue jefe de Operaciones de Caballería en la Escuela de Instrucción Militar y, entre 1962 y 1979, de la Guardia Republicana de Montevideo. En 1971 alcanzó el generalato.
Como responsable de la lucha contra la subversión tupamara, Álvarez ejecutó los dictados del poder civil bajo las presidencias de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) y Juan María Bordaberry (1972-1976), marcadas por la suspensión de las garantías constitucionales, la intensificación de los actos de guerrilla urbana y la consiguiente represión de las fuerzas de seguridad. La dotación de sucesivos poderes al ejército para combatir al Movimiento Tupamaro le situó en posición de fuerza con respecto al poder civil, y desde finales de 1972 el alto mando militar prodigó actos de injerencia y declaraciones recriminatorias hacia la clase política, por su parte profundamente dividida en cuanto a los pasos que se habían de adoptar para sacar al país del marasmo institucional. Tras el gradual golpe de Estado, en febrero de 1973 le fue impuesto al presidente Bordaberry un Consejo Nacional de Seguridad. Gregorio Álvarez pasó a encabezar. Álvarez, ascendido a comandante de la 4ª División en 1974 y a jefe del Estado Mayor del Ejército en 1978.
Golpe de Estado
Tras abandonar en 1979 la jefatura del Ejército, Álvarez, con ambiciones políticas, fue designado por sus compañeros de junta presidente de la República, de acuerdo con el programa para la devolución del poder a los civiles, que debía producirse en 1985. Álvarez asumió el poder el 1 de septiembre de 1981 y puso en marcha el programa de transición. Sus contradicciones y el persistente autoritarismo desencadenaron manifestaciones multitudinarias y una huelga general en los últimos meses 1983 y primeros de 1984.
El 25 de noviembre de ese último año se celebraron las esperadas elecciones generales (a las que no pudieron concurrir por hallarse en prisión los líderes históricos del Partido Nacional y del Frente Amplio, Wilson Ferreira Aldunate y Líber Seregni, respectivamente), que ganaron el Partido Colorado y su candidato, J. M. Sanguinetti|J. M. Sanguinetti. Álvarez dimitió el 12 de febrero de 1985 y Sanguinetti asumió la presidencia el 1 de marzo siguiente. La aprobación el 16 de abril de 1989 en referéndum de la "Ley de caducidad" eximió a Álvarez y al resto de los jefes militares de toda responsabilidad por los crímenes cometidos durante la dictadura.
Crímenes y riqueza mal habida del dictador
El teniente general Gregorio Álvarez es hoy propietario de campos y ganados y, por lo menos, de una suntuosa residencia ubicada en Campbell y Américo Ricaldoni, al tiempo que sigue percibiendo una jubilación de privilegio como ex 'presidente' de la 'República' y otra correspondiente a su condición de 'patrón de pastoreo', como cínicamente se definiera ante el Banco de Previsión Social.
A diferencia de su par Augusto Pinochet, Álvarez no ha sido investigado por la comisión de ilícitos económicos a pesar de los fuertes indicios existentes en ese sentido. Entre esos indicios corresponde mencionar el así llamado 'Operativo Conserva', las presiones indebidas sobre propietarios rurales, sus relaciones con sectas con la Logia P2 en especial con Licio Gelli y Umberto Ortolani, su vinculación a una organización encabezada por Julián Safi, sus posibles cuentas en el exterior, las maniobras con el mármol utilizado en la construcción del Mausoleo de Artigas y que culminaran con el homicidio del contador José González, el homicidio del también contador Sáenz y la desaparición de Américo Soca, 'Soquita', un prestamista que se excedió en una calesita realizada con dinero de los generales de la dictadura, y la ejecución en París de su opositor, el coronel Ramón Trabal, quien había investigado las conexiones económicas del Uruguay pre dictatorial.
Más allá de todos esos indicios que la Justicia hubiera debido investigar de oficio por no encontrarse comprendidos en la Ley de Caducidad, Gregorio Álvarez 'Goyo' o 'El Petizo' encabezó la mayor asociación para delinquir con fines de lucro en la historia de la delincuencia nacional. En efecto, Álvarez fue el capo di tutti capí en la organización paralela que, con anclaje en el Servicio de Información de Defensa (SID), realizó saqueos, secuestros extorsivos y asesinatos en serie y que en su integración contó con figuras fulgurantes como los Gavazzo, los Silveira, los Sande, los Medina y otros que hoy han pasado a un segundo plano en la consideración pública y oficial: Pedro Matos 'El Burro' (segundo jefe operativo del SID presente en Orletti) y el coronel Eduardo Ferro.
El periódico El Observador- rotativo
Este cuenta con fuentes leales entre los personeros del régimen dictatorial, aludiendo a informantes del 'entorno' de Medina, Arab y Sande, publicó que el secuestro de la nuera del poeta argentino tuvo fines de lucro. "Quizás hay que empezar a hablar del dinero que hubo, no sólo atrás del caso Gelman, sino también de uruguayos secuestrados en Argentina y que luego fueron liberados en Uruguay a cambio de dinero."
En 1987, se publicó una obra clave para comprender la corrupción económica bajo la dictadura militar: País vaciado, dictadura y negociados, del economista Miguel Carrió, ex miembro de la Comisión de Banca y Financiamiento del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Economía del PIT-CNT. "La corrupción acompañó al fascismo como dos caras de una misma moneda", afirmó Carrió. "La dictadura no solamente sirvió para llenar bolsillos militares, también los civiles que se adaptaron al modelo económico aplicado pudieron utilizarla en su beneficio".
Carrió señala que "hacia 1972 comienza a delinearse una nueva estrategia de política económica de liberalización y apertura externa, que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-77 elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Bordaberry, que contaba con el contador Ricardo Zerbino como director y con el contador Alberto Bensión como subdirector".
