Transgénicos y Agrocombustibles en América Latina
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El área global estimada de cultivos transgénicos autorizados comercialmente en 2007 fue de 114,3 millones de hectáreas, sembradas en veintitrés países, incluyendo doce del Sur, entre los cuales sobresalen Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, México, Chile y Honduras en la región latinoamericana. Los promotores de la biotecnología agrícola argumentan que estos cultivos no solo han aumentado la producción con beneficios para la seguridad alimentaria, sino también han contribuido a aliviar la pobreza y el hambre, han reducido la huella ecológica de la agricultura industrial, han ayudado a mitigar el cambio climático atenuando la emisión de gases de invernadero y, recientemente, han sido un vehículo para la producción eficiente de biocombustibles.
Sumario
- 1 La conexión transgénicos-agrocombustibles
- 2 Soya, expulsión de pequeños agricultores y pérdida de la seguridad alimentaria
- 3 Impactos ecológicos de los cultivos transgénicos
- 4 Contaminación y erosión genética
- 5 Marco institucional, acuerdos internacionales y el «principio de la precaución»
- 6 Fuente
La conexión transgénicos-agrocombustibles
El informe anual del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA) sostiene que 11 de los 12 millones de agricultores que cultivan transgénicos son pobres del tercer mundo. Es difícil imaginar de qué manera esta expansión de la industria biotecnológica resuelve el problema del hambre o se adapta a las necesidades de los pequeños agricultores, cuando el 57% (58,6 millones de hectáreas) del área global sembrada con plantas transgénicas se dedica a la soya resistente a herbicidas (soya Roundup Ready), un monocultivo sembrado mayormente por agricultores de gran escala y muy tecnificados para exportación, tanto para alimentación animal, como para la creciente producción de biodiesel.
La fiebre por los agrocombustibles es estratégica en la expansión de una nueva ola de transgénicos para fabricar etanol y biodiesel en la región, priorizando cultivos como soya, maíz, caña de azúcar, palma africana, higuerilla (Ricinus communis), jatropha (Jatropha curcas) y otros. En Brasil, aproximadamente 750 000 hectáreas de soya Roundup Ready se utilizaron para producir biodiesel en 2007, y ya se anticipa la liberación de variedades modificadas de caña de azúcar con enzimas que incrementen el contenido de azúcar y el rendimiento industrial. Syngenta acaba de desarrollar un maíz transgénico (evento 3272) con la enzima alfa amilasa, que favorece el proceso de elaboración de etanol.
La industria, los gobiernos y los científicos que impulsan los agrocombustibles afirman que servirán como una alternativa al petróleo, al mitigar el cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar los ingresos de los agricultores y promover el desarrollo rural. Sin embargo, rigurosas investigaciones y análisis realizados por respetados ecologistas y sociólogos, sugieren que los resultados del boom de la industria de agrocombustibles a gran escala será como los de la agricultura a base de transgénicos: desastrosos para los agricultores, el medioambiente, la preservación de la biodiversidad y la salud de los consumidores, particularmente los pobres.
Varios países se posicionan para transformarse en potencias productoras y exportadoras de agrocombustibles. El sector agrícola argentino se ha planteado el objetivo de alcanzar 100 millones de toneladas de granos, lo que requerirá el incremento del área sembrada con soya, hasta alcanzar 17 millones de hectáreas. En Brasil, la soya biotecnológica ocupó un área de 22,5 millones de hectáreas en el campaña 2007-2008, lo que significa 11,4 millones de hectáreas más que el área sembrada entre 2006 y 2007. Esta expansión soyera se produce de manera drástica y afecta directamente los bosques y otros hábitats relevantes. En Paraguay, una porción de la selva paranaense está siendo deforestada. En el Chaco argentino, 118 000 hectáreas han sido desmontadas en cuatro años (1998-2002) para beneficiar la soya. En ese país han hecho otro tanto con 160 000 hectáreas en Salta y 223 000 hectáreas en Santiago del Estero, todo un récord. La «pampeanización», es decir, el proceso de importación del modelo industrial de la agricultura pampeana sobre otras ecorregiones «que no son pampa», como el Chaco, es el primer paso de un sendero expansivo que pone en riesgo la estabilidad social y ecológica de tan lábil región. En el noreste de la provincia de Salta, el 51% de la soya sembrada (157 000 hectáreas) en 2002-2003 correspondía a lo que en 1988-1989 eran todavía áreas naturales. En Brasil, el Cerrado y las sabanas están sucumbiendo a pasos agigantados, víctimas del arado.
La expansión del complejo soyero está acompañada de un aumento importante en logística y transporte, junto con grandes proyectos de infraestructura que conllevan una cadena de eventos que destruyen los hábitats naturales de grandes áreas, además de la deforestación directamente causada por la expansión de tierras para el cultivo de soya. En Brasil, los beneficios de la soya justificaron la refacción, mejora o construcción de ocho hidrovías, tres líneas ferroviarias y una extensa red de carreteras que traen insumos agropecuarios y se llevan la producción agrícola. El proceso atrajo otras inversiones privadas para la forestación, minería, ganadería extensiva y otras prácticas con severos impactos sobre la biodiversidad, aún no contemplados por ningún estudio ambiental. En Argentina, el clúster agroindustrial de transformación de la soya en aceites y pellets se concentra en la zona de Rosafé sobre el río Paraná, el área más grande de transformación soyera a escala planetaria, con toda la infraestructura asociada y los impactos ambientales que ello implica.
Soya, expulsión de pequeños agricultores y pérdida de la seguridad alimentaria
Los promotores de la industria biotecnológica siempre citan la expansión del área sembrada con soya como una forma de medir el éxito de la adopción tecnológica por parte de los agricultores. Pero estos datos esconden el hecho de que la expansión soyera conlleva extremar la demanda de tierras y una concentración de estas en pocas manos. En Brasil, el modelo soyero desplaza a once trabajadores rurales por cada uno que encuentra empleo en el sector. En Argentina, la situación es bastante dramática, ya que mientras el área sembrada con soya se triplicó, prácticamente 60 000 establecimientos agropecuarios (24,6%) desaparecieron. En una década, el área productiva con soya se incrementó en un 126% a expensas de la tierra que se dedicaba a ganado de leche, maíz, trigo o a las producciones frutícolas u hortícolas.
Este tipo de procesos de desplazamiento implica, para Argentina, más importación de alimentos básicos, además de la pérdida de la soberanía alimentaria. Para los pequeños agricultores familiares o para los consumidores, esa clase de incrementos solo implica un aumento en los precios de los alimentos y más hambre.
No hay duda de que el avance de la «frontera agrícola», ahora agudizado por la fiebre de los agrocombustibles, resulta un atentado contra la soberanía alimentaria de las naciones latinoamericanas, en tanto la tierra para producir alimentos está siendo destinada de manera creciente a alimentar los automóviles.
La producción de agrocombustibles también afecta directamente a los consumidores debido al incremento en el costo de los alimentos. Esta seducción del mercado global de agrocombustibles lleva a los gobiernos a desarrollar planes nacionales que transformarán de manera acelerada los sistemas agrícolas en una producción a gran escala de monocultivos energéticos, con variedades transgénicas dependientes de la utilización intensiva de herbicidas y fertilizantes químicos. Esto no solo desvía millones de hectáreas de cultivo que de otra forma podrían ser destinadas a la producción de alimentos, sino que incrementa el impacto ecológico de la agricultura industrial, cuyas dimensiones son desconocidas en América Latina.
Los agricultores pobres no tienen cabida en el nicho de mercado de las compañías privadas, cuyo enfoque productivista está dirigido a los sectores agrícola-comerciales de los países industrializados y desarrollados, donde tales corporaciones pueden esperar grandes retornos a su inversión en investigación. El sector privado ignora cultivos importantes como la yuca, los frijoles, la mayoría de los cultivos andinos y otros, que son alimento fundamental para millones de personas en la región. Los pocos agricultores empobrecidos que tendrán acceso a la biotecnología se harán dependientes de las compras anuales de semillas modificadas genéticamente. Estos agricultores tendrán que atenerse a los onerosos acuerdos de propiedad intelectual y a no sembrar las semillas obtenidas de la cosecha de las plantas producidas mediante bioingeniería. Tales condiciones constituyen una afrenta para los agricultores tradicionales, quienes por siglos han guardado y compartido semillas como parte de su legado cultural.
Impactos ecológicos de los cultivos transgénicos
Tal como en los Estados Unidos, los promotores de la biotecnología agrícola en América Latina aseguran que los cultivos producidos por ingeniería genética impulsarán la agricultura lejos de la dependencia en insumos químicos, aumentarán la productividad, disminuirán los costos de insumos y ayudarán a reducir los problemas ambientales. La agroecología cuestiona los mitos de la biotecnología y desenmascara a la ingeniería genética como lo que realmente es: una ciencia reduccionista que promueve una «varita mágica» destinada a solucionar los problemas ambientales de la agricultura —que son el resultado de una espiral tecnológica reduccionista previa— sin cuestionar las suposiciones defectuosas que ocasionaron los problemas la primera vez.
La biotecnología promueve soluciones basadas en el uso de genes individuales para los problemas derivados de sistemas de monocultivo ecológicamente inestables y diseñados sobre modelos industriales ineficientes. Tal enfoque unilateral y reduccionista no es ecológicamente sólido, como se demostró en la era de los pesticidas, cuando se adoptó el paradigma «un químico, una plaga» que condujo a problemas de resistencia y resurgimiento de plagas, comparables a los que resultan del paradigma «un gen, una plaga» promovido por la biotecnología. La biotecnología moderna percibe los problemas agrícolas como deficiencias genéticas de los organismos y trata a la naturaleza como una mercancía, sin concentrarse en las raíces que causan los problemas de plagas, sino en los síntomas, y haciendo a los agricultores más dependientes de herbicidas y semillas producidos por un sector de agronegocios que concentra cada vez más su poder sobre el sistema alimentario.
En América Latina, donde la investigación en este campo es casi nula, existen muchas preguntas ecológicas sin respuesta sobre el impacto de la liberación masiva de plantas transgénicas en el medio ambiente y la evidencia disponible apoya la posición de que el impacto ambiental y sobre la salud humana puede ser sustancial. Entre los principales riesgos ambientales asociados con las plantas producidas por ingeniería genética está la transferencia involuntaria de «transgenes» a las especies silvestres relacionadas con efectos ecológicos impredecibles.
A pesar de las limitaciones impuestas por derechos intelectuales de propiedad que imponen las multinacionales al proceso de investigación, los pocos estudios independientes lanzan evidencias que demuestran que la liberación masiva de cultivos transgénicos no hace otra cosa que reforzar la espiral ecológica que se deriva de enfoques unilaterales de control de plagas y enfermedades:
a) Creación de supermalezas por la aplicación masiva y continua del mismo herbicida o por hibridación entre cultivos transgénicos y especies de malezas de la misma familia o género. b) Conversión de cultivos transgénicos en malezas al germinar en el año siguiente como especies voluntarias fuera de las hileras del cultivo. c) Evolución rápida de resistencia de insectos plaga a eventos Bt. d) Disrupción de control biológico de plagas por exposición de predadores y parásitos a la toxina Bt vía presas u hospederos. e) Efectos no anticipados sobre organismos no plagas, como lepidópteros o polinizadores, que sufren mortalidad al estar expuestos al polen de cultivos transgénicos. f) Acumulación de la toxina Bt en el suelo al permanecer activa adherida a ácidos húmicos o arcillas con impactos sobre poblaciones microbianas y de mesofauna edáfica, afectando potencialmente procesos como reciclaje de nutrientes. g) Contaminación de variedades locales de cultivos vía introgresión genética mediada por transferencia de polen de especies de transgénicos. h) Creación de nuevas especies de organismos patógenos vía transferencia o precombinación de genes mediada por vectores.
Cabe resaltar que los efectos ecológicos de los cultivos transgénicos no se limitan a la resistencia de plagas o a la creación de nuevas malezas o razas de virus. Los cultivos transgénicos Bt pueden producir toxinas ambientales que se movilizan a través de la cadena alimentaria, que pueden llegar hasta el suelo y el agua, afectar a los invertebrados y, probablemente, alterar procesos ecológicos como el ciclo de los nutrientes.
Una de las grandes amenazas ecológicas es el uso masivo del glifosato, que solo en Argentina alcanzó 148 millones de litros en el año 2000. Este herbicida se degrada rápidamente en el suelo cuando se aplica de forma adecuada, que no se acumula en el agua subterránea, ni tiene efectos sobre otros organismos, ni deja residuos en los alimentos. Sin embargo, hay estudios que delatan al glifosato como tóxico para algunas especies que habitan en el suelo, incluyendo predadores como arañas, escarabajos carábidos y coccinélidos, para otras que se alimentan de detritos, como los gusanos de tierra, así como para organismos acuáticos, incluyendo peces. Se sabe que este herbicida persiste en frutas y tubérculos porque sufre relativamente poca degradación metabólica en las plantas. Por esto surgen preguntas sobre su inocuidad, particularmente en Argentina, donde el glifosato representa más del 37% de los herbicidas que usan los agricultores, y donde se ha detectado en alimentos a niveles muy por encima (20 mg/kg) de los límites permitidos (0,1 mg/kg). De especial preocupación es el efecto de los coadyuvantes y surfactantes que acompañan al glifosato (como POEA) y han sido ligados a problemas respiratorios, daños gastrointestinales, lesiones dérmicas y úlceras oculares.
Más aún, las investigaciones demuestran que el glifosato tiende a actuar en una forma similar a la de los antibióticos, alterando en una forma todavía desconocida la biología del suelo y causando efectos como:
- Reducción de la habilidad de la soya y del trébol para fijar nitrógeno.
- Mayor vulnerabilidad de las plantas de frijol a la anthracnosis, de soya al Fusarium, y de trigo a Gaemannomyces gramminis.
- Reducción del crecimiento de las micorrizas que habitan en el suelo, hongos clave que ayudan a las plantas a absorber el fósforo.
Aunque el Roundup Ready es para uso terrestre, muchas veces termina por derivar en sistemas acuáticos. Encontró que la dosis de 1,3 mg de ingrediente activo por litro exhibió un efecto negativo sustancial sobre los renacuajos, reduciendo su sobrevivencia y biomasa en un 40%.
El rápido lanzamiento de los cultivos transgénicos es una reminiscencia perturbadora de los incidentes asociados con previas revoluciones agrícolas, como la aplicación masiva de pesticidas clorados, entre ellos el DDT. Una combinación de oposición pública y obligaciones financieras forzó la paralización de estas tecnologías luego de que sus efectos sobre el medio ambiente y la salud humana demostraron que eran mucho más complejas, difusas y persistentes que las promesas que acompañaron su rápida comercialización.
Contaminación y erosión genética
Existe gran preocupación sobre la posibilidad de que la introducción de variedades transgénicas puede replicar o agravar aún más los efectos de las variedades mejoradas en la diversidad genética de los cultivos criollos y de sus parientes silvestres en sus áreas de origen y diversificación y, por tanto, afectar el tejido cultural de las comunidades.
América Latina es la región del mundo que tiene mayor diversidad agrícola. Por ello, la introducción de plantas transgénicas posee un gran riesgo, especialmente por la posibilidad de transferencia de estos genes modificados en las plantas silvestres y las variedades cultivables locales, lo que puede causar graves desequilibrios en los ecosistemas. Los riesgos de transferencia de genes de una variedad transgénica a una especie o variedad emparentada, es mayor en los centros de origen y/o diversidad, ya que los genes insertados tienen más oportunidades de transferirse a plantas compatibles, aunque sean variedades y razas locales o especies silvestres, lo que pondría en juego los recursos genéticos aún existentes. Está demostrado que los cultivos de maíz, papa, tomate, yuca, frijol, algodón, girasol, colza y muchos otros, pueden hibridarse —intercambiar material genético— con plantas silvestres que crecen en sus centros de diversidad. La vía principal de escape de los nuevos genes a otras zonas y especies es a través del polen, que puede fertilizar plantas sexualmente compatibles en la zona.
El debate se recrudeció a raíz de la publicación en Nature de un controvertido artículo que dio a conocer la introgresión de ADN transgénico en maíces criollos cultivados en lugares remotos de la sierra en Oaxaca, México.
La erosión genética implica una pérdida en las variedades locales, pero puede frenarse e incluso revertirse mediante iniciativas de conservación en sitios que preserven no solo los maíces criollos y sus parientes silvestres, sino también las relaciones agroecológicas y culturales derivadas de la evolución y el manejo de los cultivos en lugares específicos.
Marco institucional, acuerdos internacionales y el «principio de la precaución»
En el contexto de las negociaciones de la Convención de Diversidad Biológica, varios países de la región firmaron un convenio sobre bioseguridad que los obliga a adoptar el «principio de precaución» en el contexto del comercio de los organismos modificados genéticamente (OMG). Este principio, que es la base para el acuerdo internacional sobre bioseguridad —Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología—, sostiene que cuando se sospecha que una tecnología nueva puede causar daño, la incertidumbre científica sobre su alcance y severidad no debe obstaculizar la toma de precauciones.
Esto otorga a los países el derecho a oponerse a la importación de productos transgénicos sobre los cuales existan sospechas mínimas de que representan un peligro para la salud o el medioambiente. El principio de la precaución establece que en lugar de que los críticos sean los que prueben los daños potenciales de la tecnología, sus creadores deberán presentar evidencia de su inocuidad. Hay una clara necesidad de realizar monitoreos y pruebas independientes para asegurar que los datos autogenerados presentados a las agencias reguladoras gubernamentales no están parcializados o inclinados hacia los intereses de la industria. Además, se debiera propiciar una moratoria mundial contra los OMG hasta que grupos de científicos independientes aclaren las interrogantes lanzadas sobre el impacto ecológico y en la salud de los cultivos transgénicos.
En la región existen varios niveles en relación con los marcos regulatorios de bioseguridad existentes. Hay países con una total ausencia de un marco normativo —Venezuela, Ecuador y la mayoría de los países centroamericanos—; otros con un marco limitado y un nivel mínimo de aplicación práctica, como Bolivia; y aquellos con un marco jurídico inicial pero que resulta incompleto para su aplicación práctica, como Perú y Colombia. En el caso de países megadiversos de Mesoamérica y los Andes, la falta de normas mínimas de evaluación, gestión y monitoreo del riesgo es, por supuesto, de extrema gravedad, y aún más grave, ya que en la mayoría no existe un sistema claro de infracciones y sanciones en materia de bioseguridad.
Muchos grupos ambientalistas y de consumidores que abogan por una agricultura más sostenible, demandan el apoyo continuo a la investigación agrícola con base ecológica, ya que existen soluciones agroecológicas a todos los problemas biológicos que la biotecnología moderna quiere resolver. El asunto es que la investigación en las instituciones públicas refleja cada vez más los intereses de grupos privados, y dejan de lado los beneficios de la investigación pública como el control biológico, los sistemas orgánicos y las técnicas agroecológicas en general. La sociedad civil debe exigir más investigación sobre alternativas a la biotecnología moderna desarrollada por universidades y otras organizaciones públicas. También es urgente rechazar el sistema de patentes y los derechos de propiedad intelectual intrínsecos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no solo provee a las corporaciones multinacionales el derecho de apropiarse y patentar recursos genéticos, sino que también acentúa la velocidad con la que las fuerzas del mercado estimulan el monocultivo a partir de variedades transgénicas genéticamente uniformes.
La expansión de los cultivos transgénicos en América Latina representa una reciente y poderosa amenaza sobre la biodiversidad, la integridad ecológica y la seguridad alimentaria. La soya transgénica, que ocupa no menos de 30 millones de hectáreas en la región, es incluso mucho más perjudicial que el maíz y el algodón Bt. Además de los efectos directos derivados de los métodos de producción, principalmente del copioso uso de herbicidas, este cultivo requiere proyectos de infraestructura y transporte masivo (hidrovías, autopistas, ferrovías y puertos) que impactan sobre los ecosistemas y facilitan la apertura de enormes extensiones de territorios a prácticas económicas degradantes. Entre las consecuencias fundamentales de tales prácticas están la deforestación, la degradación de suelos, la polución con severa concentración de tierras e ingresos y la expulsión de la población rural a la frontera agrícola o hacia áreas urbanas, lo que contribuye al incremento de la pobreza en las ciudades.
Entre los múltiples impactos de la expansión soyera se destaca la reducción de la seguridad alimentaria de los países productores, al destinarse a su cultivo la tierra que previamente se utilizaba para la producción de leche, granos o frutas. Mientras estos países continúen impulsando modelos neoliberales de desarrollo y respondan a las señales de los mercados externos —especialmente China con soya para pienso, los Estados Unidos y Europa con soya para biodiesel— y a la economía globalizada, el cultivo de la soya seguirá creciendo y, por supuesto, lo harán también sus impactos ecológicos y sociales asociados.
Estos impactos se agudizarán dada la crisis energética y la fiebre por los agrocombustibles como alternativa al petróleo, impulsadas por poderosas alianzas globales entre las industrias del petróleo, granos, ingeniería genética y automotriz. Estas nuevas alianzas están decidiendo el futuro del paisaje agrícola mundial. El boom de los agrocombustibles consolidará el control de las multinacionales sobre los sistemas alimentarios y energéticos, y les permitirá determinar qué, cómo y cuánto se producirá, resultando en más pobreza rural, destrucción ambiental y hambre.
La industria de la biotecnología moderna está utilizando la actual fiebre de los agrocombustibles para lavar su imagen mediante el desarrollo y diseminación de semillas transgénicas para producir energía en lugar de alimentos. Ante la creciente desconfianza y el rechazo público que se viene manifestando por los cultivos y alimentos transgénicos, la biotecnología será usada por las corporaciones para maquillar su imagen, bajo el argumento de que desarrollará nuevas semillas modificadas genéticamente para producir biomasa o que contengan la enzima alfa-amilasa que facilita el proceso de producción de etanol de maíz y caña de azúcar. Es también preocupante que las universidades públicas y los sistemas de investigación sean presas fáciles de la seducción de los grandes capitales y la influencia del poder político y corporativo. El protagonismo de los capitales privados en definir las agendas de investigación y la composición de la academia —que desgasta la misión pública de las universidades en beneficio de los intereses privados— es un atentado a la libertad académica y al gobierno autónomo universitario. Este control corporativo no solo impide que las universidades se involucren en una investigación imparcial, también imposibilita que el capital intelectual pueda explorar verdaderas alternativas sustentables a la crisis energética y el cambio climático. Las universidades y los organismos públicos de investigación debieran gozar de la libertad de poder profundizar en la investigación dirigida a responder una serie de preguntas que se derivan del uso indiscriminado de la biotecnología y los agrocombustibles:
a) ¿A quién beneficia la tecnología y cómo se distribuyen dichos beneficios entre los agricultores de un determinado país, dada la heterogeneidad en cuanto al acceso a capital, recursos naturales, mercados, crédito y extensión agrícola? b) ¿A qué necesidades responde? ¿Locales o globales? ¿Quién somete las innovaciones biotecnológicas a un análisis previo y probatorio de evaluación de necesidades, y quién las compara con las alternativas existentes para cubrir dichas necesidades? c) ¿Cuáles son las repercusiones en los mercados locales dado que la adopción de la biotecnología moderna puede resultar en cambios en los mercados y en las políticas de precios que afecten a los pequeños agricultores? d) ¿Cómo afecta el acceso a los mercados internacionales, ya que la adopción de un cultivo transgénico puede conllevar la pérdida de opciones de mercado a nivel global? ¿Quién compensa a los agricultores ecológicos dada la dificultad en mantener una coexistencia diferenciada de los cultivos modificados genéticamente con otro tipo de cultivos no modificados, y que sus mezclas puede implicar la pérdida de mercados de aquellos países cuyos consumidores rechazan los productos con presencia transgénica? e) ¿Cómo coexisten los derechos de protección de propiedad intelectual con las normas de acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales? ¿Cómo se evalúa el efecto de la imposición de derechos de propiedad intelectual que acompañan estas innovaciones biotecnológicas sobre los agricultores, en especial cuando estos se vean forzados a firmar contratos de acceso onerosos para poder utilizar la semilla mejorada/modificada, renunciando a su capacidad de guardar y replantar semillas para futuras cosechas? f) ¿Cuáles son las capacidades en bioseguridad? ¿Cuáles son las limitaciones en el desarrollo de los mecanismos de bioseguridad, que hacen que estos no respondan adecuadamente a los requerimientos de la sociedad civil y de los mercados? g) ¿Qué valores culturales pueden verse afectados por la introducción de un cultivo modificado genéticamente? h) ¿Cuáles son los efectos ecológicos de los cultivos transgénicos y sus impactos sobre la salud humana? ¿No es ya muy tarde para esta evaluación dado que el monitoreo de impactos se debió hacer antes de la autorización masiva de estos cultivos?
Solo alianzas estratégicas y la acción coordinada de los movimientos sociales, organizaciones campesinas, movimientos ambientalistas y de trabajadores rurales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de consumidores, miembros comprometidos del sector académico, etc., pueden ejercer una presión sobre los gobiernos y las empresas multinacionales para asegurar que estas tendencias sean detenidas. Y más importante aún: necesitamos trabajar en alianzas para asegurarnos de que todos los países adquieran el derecho a conseguir su soberanía alimentaria por vía de sistemas basados en la agroecología y que cierren los ciclos locales de producción y consumo. Será necesario implementar una reforma agraria integral que asegure a los campesinos el acceso al agua, las semillas y otros recursos productivos, así como emprender políticas agrarias y alimentarias nacionales que respondan a las necesidades de los campesinos y los consumidores, en especial de los pobres.
Fuente
Altieri, M.A. 2009. Transgénicos y agrocombustibles en América Latina. En: Cultivos transgénicos ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Textos para un debate en Cuba. (F.R. Funes-Monzote y E.F. Freyre Roach, comp.). Centro Félix Varela. La Habana, Cuba. p. 235
