Instituto Nacional de Protección de los Derechos al Consumidor
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Instituto Nacional de Protección de los Derechos al Consumidor (PRO COMSUMIDOR). Es el organismo estatal creado mediante la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (358-05), con el objetivo de establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la protección efectiva de los derechos de los consumidores en la República Dominicana.
Sumario
Sede
PRO CONSUMIDOR tiene su sede en Ave. Charles Summer, No. 33, Los Prados, Santo Domingo, República Dominicana.
Reseña
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, PRO CONSUMIDOR, es el organismo estatal creado mediante la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (358-05), con el objetivo de establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la protección efectiva de los derechos de los consumidores en la República Dominicana.
La Constitución Dominicana del 26 de enero de 2010, en su artículo 53, da carácter de derecho fundamental a las disposiciones de protección al consumidor. Estas son “de orden público, imperativas y de interés social”. La Carta Magna, expresamente señala que “Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use y consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley…”. Esta disposición constitucional ratifica el establecimiento de un régimen de protección, garantía, seguridad y defensa de los consumidores en sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios.
Antecedentes
En el año 1963, durante el Gobierno constitucional presidido por el profesor Juan Bosch, fue promulgada la Ley No. 13 de Protección a la Economía Popular. Con esta disposición la República Dominicana asume la defensa de la población consumidora bajo unos criterios vinculados a la realidad de la época, cuyos referentes eran los precios, la disponibilidad y la idoneidad de los productos. Este hecho acontece un año después de que el Presidente de Estados Unidos, J. F. Kennedy, en un histórico discurso, proclamara: “consumidores somos todos”, reconociendo cuatro derechos básicos a los consumidores.
El 9 de abril del 1985 fueron establecidas las Directrices para la Protección del Consumidor, aprobadas por aclamación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, mediante la Resolución No. 39/248, y ampliadas en el 1999, en las que se especifica el rol que deben jugar los gobiernos para proteger y salvaguardar los derechos e intereses de los consumidores.
Diez años después, el 20 de enero de 1995, mediante la Resolución No. 2-95 del Congreso Nacional, promulgada por el Poder Ejecutivo, la República Dominicana ratifica el acuerdo de Marrakech en el que se establece la Organización Mundial del Comercio, OMC. Este acuerdo entre otros objetivos plantea, que las relaciones entre países en la esfera de la actividad económico – comercial deben propiciar el mejoramiento de los niveles de vida de los consumidores, lo que implica que el consumidor disponga de ingresos adecuados que les permita una demanda efectiva, niveles de producción y oferta de bienes y servicios que favorezca el acceso, y la realización de la actividad comercial dentro de un marco de justicia y respeto a los derechos de los consumidores.
Dentro del contexto planteado es que surge la Ley de General de Protección de los Derechos del Consumidor, No. 358-085, resultado de diez años de esfuerzos, de consultas y de la participación de las organizaciones de consumidores. Tiene su génesis en el anteproyecto introducido al congreso por el Poder Ejecutivo en el año 1995, denominado Código de Ordenamiento del Mercado, del cual formaba parte el libro V, relativo a la Protección de los Derechos del Consumidor. De dicho código se extrajo el texto relativo a la defensa y protección de los consumidores, y presentado como anteproyecto de ley.
El 9 de septiembre del año 2005, fue promulgada la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario No. 358-05 y su reglamento de aplicación, aprobado por el Poder Ejecutivo el 30 de mayo del 2008 mediante decreto No. 236-2008.
Misión
Proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, mediante la aplicación de las normas jurídicas establecidas.
Visión
Ser reconocida, a nivel nacional e internacional, por su efectiva labor en la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, promoviendo el consumo sustentable e inteligente.
Valores
- Solidaridad: Comparten las mismas obligaciones, intereses e ideales y vocación de servicio, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los consumidores.
- Honestidad: Actúan con recto proceder en concordancia con los valores de la verdad y la justicia.
- Responsabilidad: Cumplen con eficiencia y eficacia las tareas propias de las funciones, asumiendo las consecuencias de nuestras acciones.
- Transparencia: Manejan con honestidad los recursos que se disponen, haciendo rendición de cuentas y abiertos al escrutinio público.
- Compromiso: Asumen sus funciones con pasión y responsabilidad, satisfaciendo con calidad las necesidades de sus clientes internos, consumidores y usuarios.
- Lealtad: Actúan con fidelidad crítica en todo lo concerniente a nuestra organización, defendiendo la institución y trabajando siempre por el logro de nuestra Misión.
- Identidad: Asumen la cultura organizacional, actuando apegados a los valores y principios institucionales.
Ejes estratégicos
- Cobertura, eficacia y calidad del servicio
- Educación y promoción
- Posicionamiento y articulación
- Fortalecimiento institucional
Objetivos estratégicos
- Fortalecer la vigilancia del mercado, a fin de que los consumidores y usuarios reciban los productos y servicios con la calidad adecuada.
- Fortalecer los mecanismos de respuesta a los usuarios y el rol de PRO CONSUMIDOR como órgano administrativo para la solución de conflictos.
- Promover una cultura de respeto de los derechos de los consumidores y usuarios, desarrollando estrategias que favorezcan la adquisición de competencias y conductas que permitan la toma de decisiones responsables en materia de consumo.
- Afianzar la credibilidad y consolidar el posicionamiento de la Institución mediante un conjunto de estrategias comunicacionales.
- Propiciar la defensa de los consumidores y usuarios, mediante la articulación y vinculación con instituciones públicas y privadas, a nivel nacional e internacional.
- Fortalecer los mecanismos normativos de Pro Consumidor para garantizar un efectivo accionar de la Institución.
- Favorecer el logro efectivo de la Misión y Visión Institucional, mediante el mejoramiento sostenido de la productividad y desempeño laboral de la institución.
