Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2016-04-26
Brasil: ¿Por qué el juicio político es un golpe?
ALAIinf , 15 de abril del 2016 ecuador
Pedro Paulo Bastos Zahluth*
La clave para entender el golpe contra Dilma Rousseff es el hecho de que la presidenta “perdió popularidad en el Congreso” cuando, desde 2011, efectuó “limpiezas” en organismos públicos. No hay duda alguna de que la práctica de la corrupción es un delito de responsabilidad que constituye un impedimento para ser presidente. Es por eso que Fernando Collor fue destituido en 1992. En ese momento, la Cámara de Representantes no estaba involucrada en gran escala en los escándalos de corrupción en que se sumió el presidente y su pequeñísima base de apoyo. Además de tener el derecho de juzgar a un presidente corrupto, la Cámara contaba con el apoyo de un amplio consenso en la sociedad respecto a la legitimidad del proceso. Nada de esto sucede hoy: los acusadores de la presidente Dilma Rousseff no pudieron comprobar su asociación con los delitos de corrupción, cuya investigación ella siempre ha apoyado. Por el contrario, la crisis de legitimidad del Congreso Nacional es resultado precisamente de la acumulación de acusaciones de corrupción hasta el punto máximo de haber descubierto la relación entre los representantes políticos y los mecanismos ilegales de financiación de la política. Existen abundantes evidencias de que los empresarios que se apropian de contratos públicos sobrefacturados y que financian campañas políticas, tienen relaciones turbias con parlamentarios que, a cambio, patrocinan obras sobrefacturadas a través de enmiendas parlamentarias y recomiendan directores de organismos públicos y empresas estatales responsables de la contratación. Si alguien puede ser acusado de corrupción, no es la presidente Dilma Rousseff, sino sus acusadores en el Congreso Nacional.
Una clave para entender el golpe es el hecho de que la presidenta comenzó a perder popularidad en el Congreso cuando, a partir de 2011, se comprometió a realizar acciones de "limpieza" en los organismos públicos. Por supuesto, la acusación de Delcídio Amaral no es de lo más creíble, pero sacó a luz un punto de discordia entre Dilma y Eduardo Cunha que se comenta desde hace años: en 2011, ella puso fin al control corrupto que él tenía sobre directorios de la empresa Furnas y así se creó un enemigo vengativo. Lo mismo ocurrió con el Partido de la República (PR) después de la limpieza de la casa que tuvo lugar en el Ministerio de Transporte que involucró al propio ministro, el senador Alfredo Nascimento. La búsqueda de un delito de responsabilidad y la hipocresía de los acusadores
Hasta las piedras saben que el principal aliado de Temer es el diputado Eduardo Cunha. Fue él quien acogió el proceso de impeachment, el 2 de diciembre de 2015, poco después de que los diputados del PT (Partido de los Trabajadores) decidieron votar por la apertura del juicio contra él por corrupción explícita, en el Comité de Ética de la Cámara de Representantes. Recordemos que Cunha rompió con el gobierno de Dilma el 17 de julio de 2015, cuando el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, presentó una denuncia contra él ante pruebas firmes de corrupción. La cortina de humo de la acusación hecha por Cunha a Dilma Rousseff es que ella habría influido en la actuación de Janot, aun cuando ella había dado autonomía a la Policía Federal y al Procurador General para proceder con la operación Lava Jato y para presentar acusaciones a políticos de la base de apoyo político del gobierno y del mismo PT. Para Cunha, el único pecado de Dilma, en el fondo, era que no detuvo las investigaciones como lo hizo el “archivador”-general designado por Fernando Henrique Cardoso, o sea el Procurador Geraldo Brindeiro. El chantaje promovido por Eduardo Cunha claramente implicaba el apoyo a la presidenta a cambio del cese de las investigaciones. Ella y su ex ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, sin embargo, nunca trataron de limitar la Operación Lava Jata, ni siquiera para contener las evidentes arbitrariedades del juez Sergio Moro, como de fiscales y miembros de la policía federal. En este contexto, el chantaje banal en las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo se ha convertido en una cuestión de vida o de muerte para numerosos congresistas corruptos. Si Dilma Rousseff no puede ser acusada de corrupción, mas debe ser apartada de manera que las verificaciones sobre la corrupción se detengan, es necesario crear un pretexto para apartarla de cualquier forma. La acusación del proceso de juicio político se refiere a cuestiones relacionadas con el presupuesto de 2015 y no tiene nada que ver con el "pedaleo fiscal" de 2014, condenado por el Tribunal Federal de Auditoría (TCU) a pesar de ser rutina en la administración pública desde siempre.
Vale recordar que el Ministro del TCU que condenó el supuesto "pedaleo" de 2014, Augusto Nardes, ex miembro del Partido Progresista (PP) entre 2003 y 2005, es citado en el proceso en el Tribunal Supremo Federal (STF) en la Operación Zelotes, bajo cargos de haber recibido dinero de una empresa de consultoría que compraría decisiones para reducir impuestos a las empresas juzgadas por el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF). Además de ser acusado en la Operación Zelotes, Nardes fue implicado hace unos días (24/03/2016) en la misma Operación Lava-Jato: la denuncia premiada del ex congresista federal Pedro Correa (PE), ex presidente del PP, afirma que Nardes era uno de los diputados del PP que recibía recursos desviados de Petrobras, hasta que fue nombrado Ministro del TCU en 2005. Michel Temer, Aécio Neves, Agripino Maia, Romero Jucá, Antonio Anastasia y muchos otros opositores están citados en la Operación Lava-Jato, al igual que Cunha y ahora Nardes. La lista de Odebrecht, que Sergio Moro convenientemente se negó a investigar, implica a casi la mitad del Congreso en las operaciones (legales o ilegales) con la empresa. ¿Será exagerado decir que el primer objetivo de los políticos que apoyan el golpe contra Dilma es anular las investigaciones? ¿Será casualidad que, ante el inminente voto de impeachment, Moro afirma que anhela concluir con la Operación Lava-Jato para diciembre de 2016?
El pretexto pueril del juicio político No es sólo la venganza de Eduardo Cunha y de políticos amenazados por la lucha contra la corrupción, lo que hace ilegítimo el pedido de impeachment. Su base legal es el argumento de que había la “previsión” de que no se iba a alcanzar la meta de ahorro del gobierno (resultado primario) en 2015, y que sin embargo el gobierno habría autorizado "nuevos gastos" durante todo el año, a través de "créditos adicionales" que significaban redistribuir recursos entre líneas presupuestarias “ya autorizadas”. Irónicamente, ¡esto se hizo incluso a petición de los órganos judiciales y la propia TCU!
En cuanto al supuesto "pedaleo" de 2015, el retraso (no eliminación) de la transferencia de 3,5 millones de reales al Banco de Brasil para el pago del Plan Cosecha está totalmente en línea con el patrón histórico para cualquier gobierno desde la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Esto quedó más que compensado por el pago de $ 72 mil millones de dólares de "pedaleos" de años anteriores. La reinterpretación de la LRF es tan arbitraria, y la acusación tan pueril, que en la bella imagen de Juca Kfouri, se lo compara con el castigo con tarjeta roja, en un partido de fútbol, de un lateral cobrado con un pie en la línea. Esto demandaría cuanto más una advertencia para la corrección de la conducta, como mucho. Además, 16 gobernadores más deberían ser acusados por el mismo delito, sólo en 2015, así como el propio vicepresidente Michel Temer. Ni Lula, ni Cardoso hubieran terminado sus mandatos.
La selectividad de la acusación no es su principal falla. Lo peor es que las cuentas fiscales de 2015 cerraron dentro del objetivo aprobado por el Congreso el 31 de diciembre; ¡pero la solicitud de juicio político es del 2 diciembre! Como ya he señalado, es el mismo día que el PT declaró su apoyo a la apertura de la investigación sobre las cuentas en el extranjero de Eduardo Cunha. Las cuentas del gobierno de 2015 ni siquiera habían sido analizadas y juzgadas por el TCU, mucho menos por el Congreso. Con este pretexto absurdo, el juicio político es, sencillamente, un golpe.
Pedro Paulo Bastos Zahluth es Profesor Titular del Instituto de Economía de la UNICAMP.
Argentina después del golpe blando
APORREA.org 4 de abril de 2016 VENEZUELA
La marcha apresurada del capitalismo mafioso
Este enfoque de lo que sucede en Argentina sirve como enseñanza de lo que puede suceder en los países progresistas y revolucionarios en caso de restablecimiento del poder de la aristocracia pro imperialista, con más o menos cuotas de sangre (NR)
Jorge Beinstein*
EN ARGENTINA EMPIEZA a conformarse un régimen autoritario con apariencia constitucional, convergencia mafiosa de camarillas empresarias, judiciales y mediáticas monitoreadas por el aparato de inteligencia de los Estados Unidos; pero lo que demuestran los primeros meses del proceso es que la tentativa tropieza con numerosas dificultades que amenazan convertirla en una gigantesca crisis de gobernabilidad. El contexto de su desarrollo es una recesión económica que se va profundizando en marcha hacia la depresión, es decir, un funcionamiento económico de baja intensidad, con altas tasas de desocupación, salarios reales muy reducidos y baratos en dólares.
No se trata del retorno del viejo neoliberalismo de los años 1990 ni mucho menos de una imitación del régimen oligárquico de fines del siglo XIX, sino de la tentativa de instauración de un sistema mafioso parasitando sobre una población desarticulada que alberga grandes espacios de marginalidad y superexplotación laboral, y es víctima de un saqueo sin precedentes de recursos naturales. En esa dirección se van imponiendo los instrumentos esenciales del régimen dictatorial: control completo de los medios de comunicación, reconversión integral del sistema de seguridad como apéndice del de los Estados Unidos, implantación de mecanismos de destrucción económica y social a gran escala, despliegues mediático-judiciales tendentes a extirpar a las oposiciones que no se subordinen al nuevo régimen.
Sometimiento colonial y decadencia periférica
Los tiempos han cambiado, la “doctrina de la seguridad nacional” vigente en la época de Videla y Pinochet coincidía con la visión militar-profesional del Imperio, se trataba del control milimétrico de la sociedad colonizada, administrada como un cuartel que coincidió históricamente con la última etapa del predominio en los Estados Unidos del “complejo militar-industrial” tradicional, alianza entre la gran industria armamentista y los altos mandos militares subordinando a las elites políticas. Resultado del keynesianismo militar que marcó a la superpotencia desde la Segunda Guerra Mundial y que entró en declinación en los años 80 del pasado siglo.
Más adelante el “Consenso de Washington” reinó durante la era de Carlos Menem en Argentina, Collor de Mello y Cardoso en Brasil señalando el auge de la financierización de la economía y de la política en los Estados Unidos y el conjunto de potencias dominantes sin dejar por ello dejar de lado al componente militar que comenzó a transformarse.
Esos dos momentos trágicos expresaron la afirmación del sometimiento colonial de Argentina, el primero con formato militar-dictatorial y el segundo con rostro civil-constitucional, que se correspondieron con diferentes configuraciones imperialistas: en el primer caso con un imperialismo norteamericano industrial ascendente, disputando la Guerra Fría, y en el segundo, con la presencia de la única superpotencia global que venía de ganar esa guerra y que se aprestaba a ejercer la hegemonía planetaria.
Aunque al mismo tiempo se financierizaba, el parasitismo empezaba a corroer el sistema degradando sus pilares productivos, instalando la cultura del consumismo desenfrenado. Esa prosperidad malsana contagió a elites periféricas, en los Estados Unidos la fiesta se convirtió en ola militarista desde 2001 y la mega burbuja financiera estalló en 2008, en Argentina el show derivó en recesión la que a su vez culminó con un gran desastre económico, social e institucional en 2001.
El actual sometimiento de Argentina a los Estados Unidos no se corresponde con el auge del Imperio, sino con su decadencia, su degradación económica y social, su retroceso geopolítico internacional que busca ser compensado mediante el control total de su patio trasero latinoamericano, asegurando la súper explotación de recursos naturales decisivos, pero también para introducir a la región como pieza propia de su juego global: como señuelo para sus socios europeos en la OTAN o como retaguardia segura en el armado del “Acuerdo Transpacífico”.
Es un imperio comandado por una lumpenburguesía financiera, sobreviviendo con bajas tasas de crecimiento productivo, parasitando sobre el resto del mundo, que no busca instaurar una jerarquía mundial estable reproduciéndose en el largo plazo sino depredar recursos naturales, degradar o eliminar estados, destruir defensas sociales periféricas, extendiendo ofensivas desestructurantes, desintegradoras de identidades nacionales y culturales.
Su instrumento de intervención militar es ahora una constelación de organizaciones guiadas por la doctrina de la Guerra de Cuarta Generación que emplea de manera intensiva mercenarios, operaciones clandestinas de su estructura profesional, redes mafiosas, manipulaciones mediáticas y otras actividades destinadas a destruir y caotizar espacios periféricos con el fin de saquearlos.
En correspondencia con ese fenómeno, las burguesías latinoamericanas fueron mutando hasta llegar a la situación actual en la que grupos industriales, financieros o de agrobusiness combinan sus inversiones tradicionales con otras más rentables pero también más volátiles: aventuras especulativas, negocios ilegales de todo tipo (desde el narco hasta operaciones inmobiliarias opacas pasando por fraudes comerciales y fiscales y otros emprendimientos turbios), transnacionalizándose, convergiendo con “inversiones” saqueadoras provenientes del exterior. En el caso argentino podríamos encontrar antecedentes en el reinado de la “patria financiera” durante la última dictadura militar que a su vez tiene que ser visto como resultado del fin de la era industrialista.
En síntesis, la configuración lumpenimperialista impone dinámicas decadentes en la periferia, en América Latina ha llegado la hora del lumpencapitalismo, las elites argentinas venían avanzando en esa dirección, la llegada de Macri a la presidencia expresa un enorme salto cualitativo, el país en su conjunto acaba de ingresar de manera recargada y brusca en ese proceso.
Recesión, depresión y economía de baja intensidad
Recientemente el FMI pronosticó para Argentina un crecimiento económico real negativo en 2016 del orden del -1 %, cuando observamos las caídas que ya se han producido en indicadores decisivos desde diciembre de 2015 es posible bajar aún más esa cifra hacia el -3 % o menos aún.
Se ha producido en muy poco tiempo una fuerte reducción de los salarios reales, causada entre otros factores por la megadevaluación, los aumentos del precio de los combustibles y de las tarifas de electricidad, gas y transportes, la eliminación o reducción de retenciones y sus impactos inflacionarios, a lo que se agrega la suba de las tasas de interés y los despidos masivos en la administración pública (que empiezan a ser seguidos por el sector privado) con lo cual tenemos un panorama recesivo provocado por el gobierno cuyo objetivo principal es reducir los salarios reales y su valor en dólares.
La avalancha de cambios ha desatado en algunos círculos el debate en torno del supuesto “modelo de desarrollo” que la derecha estaría intentando imponer. Decretos, endeudamientos, subas de precios y despidos se han sucedido de manera vertiginosa, buscarle coherencia estratégica-desarrollista a ese conjunto es una tarea ardua que a cada paso choca con contradicciones que obligan a desechar hipótesis sin que se pueda llegar a una conclusión mínimamente rigurosa.
En primer lugar la contradicción entre medidas que destruyen el mercado interno para favorecer a una supuesta ola exportadora evidentemente inviable ante el repliegue de la economía global, otra es la subida de las tasas de interés que comprime el consumo y las inversiones a la espera de la llegada de fondos provenientes de un sistema financiero internacional en crisis que casi lo único que puede brindar es el armado de bicicletas especulativas.
Algunos han optado por resolver el tema adoptando definiciones abstractas tan generales como poco operativas (“modelo favorable al gran capital”, “restauración neoliberal”, etc.), otros han decidido seguir el estudio, pero cada vez que llegan a una conclusión satisfactoria aparece un nuevo hecho que les tira abajo el edificio intelectual construido, y finalmente unos pocos, entre los que me encuentro, hemos llegado a la conclusión de que buscar esa coherencia estratégica constituye una tarea imposible.
La llegada de la derecha al gobierno no significa el reemplazo del modelo anterior (desarrollista, neokeynesiano o como se lo quiera calificar) por un nuevo modelo (oligárquico) de desarrollo, sino simplemente el despliegue de un gigantesco saqueo protagonizado por fuerzas entrópicas altamente destructivas que convierten al país burgués en una república de bandidos.
Esto nos debería llevar a la reflexión acerca del significado del fin de la era kirchnerista visualizado por algunos como un traspié resultante de una derrota electoral por escaso margen y por otros como el producto de una manipulación mediática prolongada combinada con operaciones de la mafia judicial, de grupos económicos concentrados y del aparato de inteligencia de los Estados Unidos. Esta última evaluación está más cerca de la realidad, sin embargo es insuficiente, el “golpe blando” existió (lo que pulveriza la presunta legitimidad democrática del gobierno actual) pero falta explicar por qué fue exitoso.
Si nos limitamos a ciertos aspectos económicos del tema podemos observar que el motor externo empezó a enfriarse desde 2012 luego de la breve recuperación de la recesión global de 2009, la situación se agravó desde mediados de 2014 cuando los precios de las commodities cayeron en picada, la economía pasó a una etapa de crecimientos anémicos sostenidos por el mercado interno. Los grandes exportadores aumentaron sus presiones destinadas a obtener en la economía nacional beneficios que les permitieran compensar las menores ganancias externas convergiendo con intereses financieros y agrupando al conjunto de la derecha mediática, judicial y política, una jauría que se fue envalentonando a medida que su enemigo perdía espacio económico y se acentuaba la crisis global.
Los equilibrios del gobierno fueron cada vez más inestables, las compuertas neokeynesianas que bloqueaban la marea comenzaron a sufrir fisuras para finalmente desmoronarse. La candidatura presidencial de Daniel Scioli fue una opción defensiva y débil que no pudo evitar el derrumbe. Entonces se desató (fue desatada) la recesión y diversas señales nacionales e internacionales nos indican que lo hizo para quedarse, nos encontramos ante el comienzo de una depresión económica resultado de la reproducción de un sistema que ha ingresado en una fase de contracción desordenada.
Una referencia importante es la de la salida de la recesión producida desde 2003, en ese período convergieron dos factores principales: el alza de los precios internacionales de las commodities y la reanimación del mercado interno.
El “motor externo” fue impulsado por el auge de mercados emergentes como los de China o Brasil, entre otros, lo que permitió una mejora sustancial de las cuentas externas de Argentina. Los precios de las commodities experimentaron subas notables en esos años impulsadas no solo por la expansión de la demanda internacional sino también por el crecimiento de la especulación financiera, las operaciones globales con productos financieros derivados basadas en commodities llegaban en diciembre de 2003 a 1,4 billones de dólares, en diciembre de 2005 alcanzaban los 5,4 billones, en junio de 2007 llegaban a 8,2 billones y en junio de 2008 a 13,1 billones de dólares.
Por su parte el “motor interno” funcionó empujado por el ascenso del empleo, de los salarios reales y de los ingresos de las capas medias, en consecuencia se expandió la demanda interna y el tejido industrial, la economía argentina se recuperó creciendo a tasas excepcionales. Como es sabido, el salario real promedio experimenta en Argentina una tendencia descendente de largo plazo (desde mediados de los años 1970), sufrió una caída descomunal durante la crisis de los años 2001-2002, luego se recuperó llegando a los niveles de los años 1990, pero sin alcanzar nunca los de los años 1970, ni siquiera los de mediados de los años 1980, podríamos resumir lo sucedido señalando que la reanimación del mercado interno se apoyó en un fuerte crecimiento del empleo y en una recuperación salarial limitada.
Si el crecimiento anémico de los últimos años del gobierno anterior incentivó la voluntad de rapiña de los grupos económicos concentrados, es altamente probable que la recesión actual la acentúe mucho más, al achicarse la economía como resultado de los ajustes y las transferencias de ingresos esos grupos intentarán al menos sostener su volumen real de ganancias apropiándose de una porción creciente del ingreso nacional, aunque empujados por su propia dinámica y por el ejercicio de la totalidad del poder es casi seguro que buscarán absorber un volumen real mayor. Además, las medidas que buscan reequilibrar los desequilibrios provocados por las propias medidas económicas del gobierno causan mayor inestabilidad y empobrecimiento del grueso de la población.
Es el caso de la tentativa de desacelerar el alza de la cotización del dólar subiendo las tasas de interés con lo que a veces se consigue frenar por poco tiempo esa tendencia, pero a costa del agravamiento de la recesión, o cuando se pretende achicar el déficit fiscal reduciendo el gasto público (despidiendo empleados, clausurando programas, etc.) lo que agrava la recesión y en consecuencia reduce los ingresos fiscales y aumenta el déficit. En suma, nos encontramos ante un círculo vicioso de concentración de ingresos, achicamiento del Estado y hundimiento de la actividad económica.
La caída de los salarios reales no alienta más inversión interna o externa desalentada por el desinfle de los mercados nacional y global (no hay alternativa exportadora). Mientras tanto el gobierno aparenta aferrarse ante lo que sería la tabla de salvación de la economía: el endeudamieno externo que teóricamente le permitiría realizar inversiones reactivadoras, pero el clima enrarecido del sistema financiero internacional comprime el espacio de los potenciales acreedores cada vez más duros ante una economía nacional deprimida.
En realidad esa ansiedad por endeudarse no responde a una pasión desarrollista sino a la presión de los grupos de negocios que han acumulado superbeneficios en estos últimos meses (exportadores, bancos, etc.) y que necesitan convertirlos en dólares, es la evasión de capitales y no la inversión productiva la que reclama endeudamiento externo.
Conclusión: los dos motores de la salida de la recesión en la década pasada ha dejado de funcionar, las políticas que buscaban compensar el ciclo recesivo global han sido eliminadas por las clases dominantes, antes les habían sido útiles para restablecer la gobernabilidad y acumular beneficios ahora las han destruido porque frenaban su voracidad.
Es posible elaborar un modelo excesivamente abstracto de estabilización del proceso depresivo argentino bajo la forma de “economía de baja intensidad” o de “penuria”, es decir una estructura económica dual con un sector popular contraído y una elite parasitando sobre el primero (superexplotación de los trabajadores y otros saqueos a las clases medias y bajas). Ello permitiría mantener relativamente bajos niveles de importaciones que asegurarían (no siempre) saldos positivos de la balanza comercial destinados a pagar deudas externas. Estas últimas, además de llenar las arcas de las redes financieras, podrían ser utilizadas para bloquear peligros de implosión y de revuelta social operando como una suerte de droga dosificada destinada a preservar la reproducción del sistema.
Ese modelo económico siniestro necesitaría de manera ineludible del apoyo de un aceitado mecanismo de represión y degradación de las clases inferiores, se trataría de la instalación de un régimen neofascista acorde con la doctrina de la Guerra de Cuarta Generación (restringiéndonos a la realidad latinoamericana no está de más observar lo que ocurre en México o en países de América Central). Requeriría además de mucha estabilidad al interior de la articulación mafiosa, de la atenuación de las disputas internas ante un botín de volumen variable sujeto a numerosos factores de inestabilidad locales e internacionales. Se trata de un escenario de muy difícil (pero no imposible) realización empalmando con tendencias depresivas globales acompañadas por el aumento de la volatilidad en mercados decisivos, la proliferación de guerras, los deterioros institucionales de los estados centrales, los derrumbes y crisis graves de estados periféricos y otros síntomas claros que describen a un planeta que se encamina hacia horizontes de alta turbulencia.
El fantasma del 2001
El gobierno macrista se comporta como suelen hacerlo los llamados “sistemas caóticos” que a diferencia de los “inestables” (en desorden permanente) y de los “estables” (que tienden hacia el orden de manera irresistible), oscilan entre un polo ordenador, es decir un “atractor” neofascista y fuerzas que lo desordenan, que lo conducen hacia la crisis de gobernabilidad.
La marcha hacia la dictadura mafiosa está apuntalada por tres estrategias convergentes: la corrupción de dirigentes, la represión de las protestas sociales y políticas y el bombardeo mediático. Son operaciones de eficacia incierta circulando en medio del hundimiento económico y de la pugna de intereses entre grupos dominantes, se apoyan además en una base social reaccionaria cuyo núcleo duro impulsado por una euforia neofascista está incrustado en las clases medias y altas.
La corrupción de dirigentes políticos y sindicales puede serle útil a corto plazo para imponer decisiones impopulares o frenar protestas pero desgasta a los corruptos, erosiona sus posiciones de poder reduciendo a no muy largo plazo su capacidad operativa, las hace cada vez más vulnerables ante el descontento popular. Es lo que se percibe en los primeros meses del gobierno macrista respecto de la compra de sindicalistas, diputados, senadores y gobernadores.
La represión avanza, funciona un Ministerio de Seguridad subordinado al aparato de inteligencia de los Estados Unidos, han regresado las “policías bravas”, ha sido dictado un “Protocolo” de represión de protestas populares, aparecen las primeras expresiones, aparentemente desprolijas, de represión ilegal. Pero no es seguro que esa estrategia de amedrentamiento tenga éxito, es posible que su efecto termine siendo el opuesto del que busca el gobierno, porque en Argentina existe una enraizada cultura de confrontación contra la brutalidad estatal que puede resultar un catalizador del desborde opositor.
El bombardeo mediático fue un instrumento decisivo de la llegada de Macri a la presidencia, tuvo una elevada eficacia atacando al gobierno y ampliando un vacío político que podía ser ocupado por opositores de derecha que se limitaban a denunciar al oficialismo contraponiendo promesas vagas de felicidad futura. Ahora esos medios tienen que cargar con la compleja tarea de defender a un régimen claramente antipopular. En este nuevo escenario su eficacia es decreciente y el intento por compensar ese declive aumentando la presión mediática (de por si abrumadora) produce efectos de saturación y descrédito de dichas intoxicaciones hasta generar rechazos cada vez más fuertes.
Finalmente la base social neofascista puede ser fanatizada al extremo por los medios de comunicación, pero es casi imposible impedir que su área de influencia sobre todo en las clases medias se vaya reduciendo a medida que se prolonga la depresión económica, lo que terminará por deteriorar a ese sector reaccionario.
En síntesis, el sistema dispone de instrumentos y apoyos sociales crecientemente vulnerables, su fuerza depende en última instancia del grado de debilidad de su adversario: el espacio popular, si este se pone en marcha fortaleciéndose en la pelea, el instrumental autoritario podría sufrir fisuras, desgarramientos cada vez más importantes, su inevitable centralismo operativo acosado por una marea ascendente de ataques, resistencias y repudios iría perdiendo vitalidad acentuándose sus contradicciones internas, el contexto global turbulento debería contribuir a dicho proceso.
Tarde o temprano la resistencia popular puede llegar a convertirse en ofensiva general contra el sistema, la acumulación de despliegues combativos de los de abajo produciendo repliegues en las élites dominantes terminaría por generar un salto cualitativo de grandes dimensiones, no sería la primera vez que ocurre ese fenómeno en Argentina, aunque su aspecto y contenido puede llegar a incluir muchas novedades.
Obviamente el deterioro grave del gobierno macrista puede llevar a una remodelación del equipo presidencial (una suerte de “gobierno-de-unidad-nacional”) o a un cambio institucional de gobierno destinado a estabilizar la situación, aunque los mismos aún introduciendo medidas “sociales” más o menos audaces se enfrentarían a una crisis sistémica apabullante, mucho más grave que la de 2001 en un contexto global depresivo, una coyuntura de ese tipo difícilmente podría ser superada con aspirinas rosadas o de otro color.
Apenas llegó a la presidencia Macri lanzó a gran velocidad una andanada de decretos arbitrarios, desplegó de inmediato una ofensiva para asegurar el control derechista de los medios de comunicación, compró (o extorsionó) a dirigentes políticos y sindicales, redujo el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, lanzó una ola de despidos de empleados públicos, concretó enormes transferencias de ingresos hacia las elites dominantes, en suma: desplegó una blizkrieg destinada eludir las resistencias posibles antes de que estas se organicen. De todos modos no estaba en condiciones de imponer el gigantesco saqueo realizado mediante un sistema de negociaciones, el nivel de destrucción logrado en tan poco tiempo probablemente lo haya convencido de su éxito incitándolo a seguir avanzando.
La irrupción devastadora de las élites dominantes podría ser asimilada a la de un ejército penetrando en un vasto territorio, al comienzo la ofensiva es exitosa, el efecto sorpresa, la explotación de debilidades locales, la contundencia del operativo, etc. permiten avances rápidos aparentemente irreversibles, pero poco a poco las víctimas empiezan a reaccionar acosando al invasor y el espacio simplificado por mapas e informes de especialistas se va convirtiendo en un sistema complejo, crecientemente incontrolable.
La velocidad inicial de la sucesión de victorias que en un principio aparentaba ser la clave del éxito, empieza a ser percibido por el invasor como la principal causa de sus dificultades, la rapidez operativa genera fenómenos de inadaptación, de sobre-extensión estratégica que aumentan su vulnerabilidad llevándolo finalmente a la derrota, aplastado por una avalancha humana incontenible (recordemos lo que le pasó a Napoleón cuando invadió Rusia).
Macri podría terminar descubriendo que la realidad social argentina es mucho más compleja que lo que su visión de mafioso detectaba, que la cultura popular existe y se reproduce (maltrecha, golpeada, pero existe), que los salarios no son como él dijo una vez “un costo más” que puede y debe ser comprimido al máximo como cualquier otro insumo, sino el pago a seres humanos que piensan y se defienden, y finalmente que para un bandido no hay nada peor que otro bandido (los socios de hoy pueden ser los caníbales de mañana).
Selección en Internet: Melvis Rojas Soris
- Analista político argentino; profesor de la Universidad de Buenos Aires.
