Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2016-06-10
Las suculentas ganancias de las clínicas privadas en Chile
LA HAINE.org 3 de junio del 2016 ESPAÑA
Paul Walder*
La casi absoluta privatización de los servicios de Salud y su alto costo evidencian que a pesar de la prosperidad de la nación andina la mayoría de la población no tiene acceso a ellos. El sistema político establecido es para los ricos. (NR)
Una de las actividades más rentables que pueden existir hoy en Chile no se trata del retail, de la electrónica de consumo masivo, tampoco de la banca usurera. Hablamos de la salud, actividad comercial que durante las últimas décadas descolla como uno de los mejores negocios y atrae inversionistas de otras áreas. En este rubro, otrora derecho social y cultural, si antes fueron las Isapres hoy son las clínicas, orientadas al sector de mayores recursos y hacia la generosa mano del Estado. Una vez más observamos cómo el modelo neoliberal, apoyado en un hipócrita laissez-faire , recibe millonarios subsidios de su repudiado aparato público.
Esta nueva “distorsión” del mercado que involucra una sangría de recursos fiscales hacia el sector privado, del mismo modo que los subsidios estatales a los operadores del Transantiago, ha permitido que la salud privada en Chile, que atiende a una escasa proporción de la población (cifras oficiales estiman que en la actualidad sólo un 16% cotiza en Isapres) se haya levantado como uno de los sectores más poderosos en la economía chilena con ganancias que suman decenas de millones de dólares.
Hace unas semanas el gremio Clínicas de Chile hizo públicas las utilidades de sus afiliados durante el año pasado.En este informe se revela que durante 2015 las clínicas obtuvieron ganancias por 55 mil millones de pesos, una cifra cercana a los 80 millones de dólares, que fue un 7% superior a la conseguida en el 2014 y los ingresos por ventas llegaron a 784 mil millones de pesos, un 11% más que el año anterior. En síntesis, un año para recordar y un negocio redondo a costa de personas enfermas y muy pacientes. Para la industria, estos resultados no corresponden ni a precios altos ni subsidios cruzados, directos o indirectos, sino a la “eficiencia”, eufemismo que engloba de todo, desde buen marketing y publicidad, altas tarifas, o bajos sueldos.
Según informa el matutino que hizo públicos estos datos, los cuales no tienen obligación de difundirse como sí la hay para las Isapres a través de la Superintendencia del ramo, esa cifra no considera los números de los mayores centros médicos privados, como la Clínica Alemana o la Red UC.
DOS CARAS DE LA MISMA MEDALLA
Las ganancias de las clínicas privadas no pueden dejar de observarse comparativamente con las Isapres. Son dos caras de la misma medalla, negocios en muchos casos en las manos de los mismos inversionistas. Este rubro, posiblemente entre los más repudiados por la población según no pocos sondeos de opinión, ha disminuido su alta rentabilidad desde el fin de los subsidios entregados por el Estado y por el proceso de judicialización abierto por la ciudadanía hace un par de años para evitar las alzas arbitrarias e indiscriminadas en los planes de salud. Este virtuoso proceso impulsado por los usuarios ha hecho caer los ingresos de estas aseguradoras, aun cuando siguen exhibiendo cifras más que positivas. El año pasado las Isapres ganaron 37 mil millones de pesos, un 38% menos que en 2014, y cifra por debajo de la suma obtenida por las clínicas.
En la ley del libre mercado, que rige en Chile en todas las actividades, salud, transporte y educación incluidas, los precios y tarifas son también libres. Es por ello que los prestadores privados de salud pueden subir sus precios sin rendirle cuentas a nadie para equilibrar sus costos o simplemente para aumentar las ganancias esperadas por sus inversionistas. Como en cualquier otro negocio, son los usuarios, los clientes, y en estos casos los pacientes, los que financian las utilidades de las Isapres y las clínicas y el enriquecimiento de sus accionistas y grupos controladores.
A diferencia de otros mercados rentables de la economía chilena, en este sector no hay aparentemente un nivel de concentración para hablar de prácticas monopólicas. Aun así, son pocos los actores, bien densificados, que se disputan al sector más rentable de la población. En las Isapres, no así en las clínicas que intentan ocultar sus cifras, podemos ver que cinco aseguradoras (Cruz Blanca, Banmédica, Más Vida, Colmena y Consalud) tienen el 92% del “mercado” de afiliados (cifras de 2014 de la Asociación de Isapres). Ello, sobre un universo de 1,8 millones de cotizantes, que se eleva a poco más de tres millones al considerar a sus familiares.
NEGOCIOS CON EL 20% DE MAYORES INGRESOS
Como puede desprenderse de estos datos, el sistema Isapre no alcanza a cubrir ni al 20% de la población nacional, lo cual se relaciona con la verdadera y desequilibrada distribución de los ingresos. Porque al observar el nivel de salarios de los cotizantes de las aseguradoras, vemos que el 72% tiene sueldos superiores a los 700 mil pesos, en tanto un poco más del 20% realiza cotizaciones por ingresos entre 300 mil y 700 mil y un escaso cuatro por ciento bajo los 300 mil.
La concentración del mercado de las aseguradoras, algo propio en tantos otros sectores rentables de la economía chilena, está relacionada con otras estructuras aún más reñidas con las teorías que tanto declaman los puristas del libre mercado. Junto a la concentración existe una oscura trama de integración vertical. El negocio de la salud en Chile, que tiene diferentes estratos o rubros, descansa en unas pocas manos.
La otra cara de la salud privada son las clínicas, las que responden a modelos similares de negocios. Están orientadas al sector de mayores ingresos y también reciben subsidios, así como las Isapres gozaron de este beneficios durante unos veinte años. En el caso de las clínicas, los apoyos del Estado van por el lado de la compra de servicios y subsidios a la demanda. Concretamente, la modalidad libre elección de Fonasa; la compra de servicios -que desde la implementación de las GES se ha incrementado exponencialmente-; y desde 2011, el bono AUGE. “Esto ha implicado el traspaso de 6 mil 809 millones de dólares entre 2005 y 2012, lo cual explica el vertiginoso crecimiento de la red privada que aumentó su capacidad en 20% en el periodo 2005-2011”, señalan en un estudio de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea y Danae Sinclaire. Este factor sin duda responde a la pregunta que pudiera surgir al observar las ganancias de 2015 de estas pocas clínicas.
El negocio es floreciente por todos lados y reproduce el esquema discriminador y elitista de las Isapres. Como ejemplo, de los 58 centros privados con hospitalización de la Región Metropolitana, 36 se ubican en Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura y Lo Barnechea, las zonas de mayor poder adquisitivo, lo cual aumenta las brechas y la inequidad en el acceso a la salud.
INTEGRACION VERTICAL
Tal como en otros sectores de la economía, en la salud privada podemos hallar también las características propias de los mercados desregulados. Vemos concentración, integración vertical y una propiedad vinculada con otras áreas de la economía, entre las que destaca el sector financiero. Desde finales de 2014 se ha podido descubrir una nueva faceta de este negocio: su alta capacidad de ejercer lobby y realizar favores políticos a parlamentarios, lo cual explica la consolidación de un sistema de salud caro y rechazado por la población. Empresas Penta, corruptora de políticos, es también dueña de uno de los mayores holdings médicos del país.
Empresas Banmédica es dueña de dos Isapres, Banmédica y Vida Tres, con aproximadamente un cuarto del mercado y utilidades que el año pasado superaron los 45 mil millones de pesos. El consorcio, controlado por Carlos Alberto (Choclo) Délano, Carlos Eugenio Lavín y Eduardo Fernández León, posee las clínicas Santa María, Dávila, Help, Clínica Vespucio, Bío Bío, Ciudad del Mar, los centros médicos Vida Integra y Home Medical Clinic. “En este modelo de negocios los ‘costos’ de las Isapres son las ganancias de las clínicas, y estas a su vez están aumentadas por los traspasos de fondos públicos. Finalmente el dinero permanece en el holding ”, concluyen los expertos de Fundación Creando Salud.
Bupa Chile es parte del holding español Bupa-Sanitas y controla en Chile el 54% de la Isapre Cruz Blanca y otros negocios en el ámbito de los seguros y, por cierto, en la salud, lo que confirma la integración vertical en este rubro. Tiene poco más del 20% de los cotizantes y posee la red de centros médicos Integramédica, Sonorad y Pilar Gazmuri. En el área hospitalaria posee la Clínica Reñaca, Antofagasta, San José en Arica, el sistema domiciliario Clinical Service y construye en estos momentos la Clínica Bupa en La Florida, de más de cien mil metros cuadrados y 400 camas. Durante la OPA (Oferta Pública de Acciones) de 2014, Cruz Blanca quedó valorada en nada menos que 650 millones de dólares.
El caso de la Isapre Colmena, aun cuando tiene matices, mantiene el modelo de integración vertical a través de la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo y otros centros en regiones, a través de su propietario, el grupo Bethia. Este extenso consorcio está presente en negocios tan diversos y antagónicos como viñas (Indómita, Santa Alicia y Dos Andes), transporte aéreo (Latam), hípica (Club Hípico), medios de comunicación (Mega), agua potable (Aguas Andinas) o el retail (Falabella), entre otros. Bethia es también un inversionista en la Clínica Las Condes, con el once por ciento del capital.
Junto a estos negocios, Colmena está relacionada con centros de prestaciones médicas, tales como Dial Médica; Dial Médica Hospitalización Domiciliaria; Centro de Salud Mental Golden Cross y Golden Cross Hospitalización Domiciliaria. Además, según un informe de la Fiscalía Nacional Económica publicado en la prensa corporativa, el conglomerado tiene participaciones minoritarias en varias clínicas a lo largo del país, tales como Clínica Magallanes de Punta Arenas; Clínicas Elqui de La Serena; Integral de Rancagua; Hospital Clínica del Sur de Concepción; y Clínica Puerto Montt, entre otras.
Por último, Consalud es la otra gran Isapre, con aproximadamente un 20% de los afiliados. Con un esquema similar y ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, mantiene la integración vertical en el negocio con decenas de centros médicos y hospitalarios.
El modelo actual de negocio, elitista, discriminador, de altos costos para el usuario y subsidiado por el Estado, se ha mantenido bajo estrategias similares a otros sectores. Ya hemos mencionado la importante presencia de Penta en Banmédica, pero es también muy habitual hallar a expertos en lobby , políticos de fuste derivados al sector privado y dirigentes gremiales entre sus filas. Sin ir muy lejos, Sebastián Piñera formó parte del directorio de la Clínica Las Condes hasta 2010, cuya propiedad, si bien está todavía diluida, pertenece en un porcentaje no menor a Bethia e Inversiones Santa Filomena, ambas del grupo económico Solari. Actualmente el presidente del directorio de la clínica es Fernando Cañas Berkowitz, que viene del Banco de Chile y es también presidente de Transbank y de la Bolsa Electrónica.
La presencia de relevantes miembros de la elite económica y financiera es habitual en este sector.
Pero también podemos ver cómo se han ido tendiendo puentes entre el negocio privado y políticos y ex políticos de la Concertación-Nueva Mayoría. Por ejemplo -cita Fundación Creando Salud-, Integramédica, hoy en manos de Bupa, ha contado en sus directorios con Alvaro Erazo (PS), exministro de Salud (2008) y director de Fonasa (2000-2006) y César Oyarzo (DC), también ex director de Fonasa (1994) y actual gerente de la prestadora de salud. Por otro lado, la Asociación de Isapres tiene contratos con la consultora Imaginacción, ligada al ex ministro Enrique Correa (PS). Además, la Asociación de Isapres nombró al ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, Eduardo Aninat (DC), como su presidente en diciembre de 2006, cargo que mantuvo hasta junio de 2010. Luego fue reemplazado por Hernán Doren, entonces más cercano al oficialismo, quien fue director de la Isapre Consalud y presidió varias entidades vinculadas a la Cámara de la Construcción.
Selección en Internet: Melvis Rojas Soris
- Periodista chileno, editor de El Clarín
- Clínicas elitistas del sistema de seguros médicos
Involuciones
LA HAINE 7 de junio del 2016 ESPAÑA
Transición desde un estado soberano a otro de carácter semicolonial, presto a obedecer los mandatos emanados del régimen de Washington
Atilio Borón*
Con el cambio de Gobierno, la Argentina ha experimentado un doble tránsito involutivo. Por un lado, desde una democracia capitalista -con todas las insalvables limitaciones que el capitalismo impone a la democracia, sobre todo en la periferia del sistema- a un régimen semiautoritario o, para decirlo con palabras un poco más amables, a una democracia de baja intensidad; por el otro, una transición desde un estado soberano a otro de carácter semicolonial, presto a obedecer los mandatos emanados de Washington alineándose incondicionalmente con la política exterior de EEUU.
En relación a la primera involución, los gestos y las decisiones políticas adoptadas por la Casa Rosada han sido de una elocuencia ejemplar y sería ocioso enumerarlos en su totalidad. Baste en cambio señalar apenas los más importantes: la autocrática pretensión de designar por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo a dos jueces de la Corte Suprema; la aplicación de una brutal terapia de shock para “sincerar” la economía argentina, eufemismo acuñado para ocultar el saqueo del “tarifazo”, la caída del salario real, el aumento del desempleo, la disparada inflacionaria y el vertiginoso crecimiento de la pobreza; la escandalosa transferencia de ingresos realizada en los primeros meses del gobierno, calculada en poco más de 20 mil millones de dólares producto de la eliminación de las retenciones (impuesto a las exportaciones) del agronegocio, la minería y los hidrocarburos.
En el terreno político se registra un debilitamiento del impulso democrático cuando se toman decisiones trascendentales sin un previo debate público y en función de criterios supuestamente técnicos. Un gobierno que se impuso en el balotaje con un exiguo 51,4% de los votos y que actúa como si su legitimidad de origen reposara sobre un mandato popular conferido por el 70% o más de los electores, sin reparar que se yergue sobre un país partido en dos y que la búsqueda del diálogo y el consenso tantas veces pregonado por los personeros de Cambiemos durante la campaña electoral es un imperativo categórico que fue velozmente archivado una vez que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada.
El caso de los desorbitados aumentos en los precios de los servicios esenciales como el agua, la electricidad, el gas y el transporte impuestos sin las necesarias audiencias públicas previas que establece la legislación argentina ilustra con elocuencia lo que venimos diciendo. Es cierto que, en algunos casos, ante el descontento popular y los límites impuestos por fuerzas políticas de la oposición el gobierno se avino a revisar sus propuestas. Pero sus intenciones originales eran otras, y si aceptó la negociación democrática lo hizo a regañadientes y porque no tenía otra alternativa. Por otra parte, la misma composición del elenco gobernante con una significativa presencia de CEO de grandes transnacionales echa luz sobre el carácter oligárquico del gobierno, que se ve ratificado no sólo por el origen social de los supuestos representantes de la voluntad popular encumbrados en las alturas del aparato estatal sino fundamentalmente por las políticas que promueven que, al menos hasta el momento, sólo han beneficiado a las clases dominantes y perjudicado a todas las demás. Involución autoritaria que se confirma también cuando se nota la asfixiante uniformidad comunicacional (salvo muy contadas excepciones) que hoy sufre la Argentina debido al DNU 267 de Macri que derogó parcialmente la Ley de Medios –manotazo presidencial lamentablemente convalidado después por la Cámara de Diputados- cuyo objetivo era precisamente la democratización de la esfera pública.
Por eso, episodios tan graves como los que revelaron los Panama Papers, y que comprometen la propia figura presidencial, han sido meticulosamente blindados ante los ojos de la población por un sistema de medios cuya misión parece ser manipular o confundir a la opinión pública en lugar de informarla. La voluntad de imponer el “pensamiento único” amparado por el oficialismo se manifestó en la eliminación de la grilla de los canales de cable de la señal noticiosa internacional de Telesur, condenando a los argentinos a escuchar tan sólo lo que el imperio considera apropiado, coartando de raíz cualquier posibilidad de contraponer hechos e interpretaciones alternativas.
Por comparación al pluralismo de voces y opiniones que hasta hace pocos meses existía en la Argentina, que sin dudas no era el ideal por el aplastante predominio que aún así conservaban los medios hegemónicos, la situación actual no puede sino calificarse como un lamentable retroceso que empobrece la conciencia de la ciudadanía y carcome la vitalidad de la democracia porque ésta adquiere una existencia meramente espectral cuando lo que predomina en el sistema de medios es una sofocante oligarquía comunicacional.
En esta tendencia se inscribe la más reciente decisión del gobierno nacional derogando parcialmente, también por un DNU, un decreto del Presidente Raúl Alfonsín del año 1984 que consagraba el control civil de las fuerzas armadas. Según el mismo era el Ministerio de Defensa quien entendía y resolvía todo lo relativo a los ascensos, traslados, designaciones, premios y otras cuestiones relativas al funcionamiento de las instituciones militares.
La supremacía civil sobre las fuerzas armadas es una de las señas distintivas de la democracia y lo que, hasta ahora, distinguía a la Argentina del resto de los países de la región. Lo que hace el DNU de Macri es debilitar esa supremacía y alentar la autonomía corporativa de los uniformados, lo que acercaría la Argentina a la triste situación imperante en países como Brasil y Chile, en donde las iniciativas de verdad, justicia y castigo a los responsables de los crímenes perpetrados por las dictaduras se estrellaron contra el veto del establecimiento militar.
La segunda involución es la que se produjo cuando el gobierno abandonó cualquier pretensión de autonomía en materia de política exterior haciendo suya la agenda, las prioridades (¡y los conflictos!) de los EEUU. La Argentina ya intentó probar las virtudes de la sumisión neocolonial en los nefastos años noventas, durante la presidencia de Carlos S. Menem y así nos fue. Sin recibir nada a cambio, ningún beneficio especial como recompensa a tanta obsecuencia oficial, se pagó un precio atroz por tanta obsecuencia: 106 personas perdieron la vida en los dos atentados en contra de la Embajada de Israel y la AMIA, en represalia por la participación argentina en la Primera Guerra del Golfo.
¿Por qué la historia habría de ser diferente esta vez? La vociferante ofensiva en contra de una política exterior latinoamericanista -la única sensata en un sistema internacional atravesado por amenazantes turbulencias- que se expresa en la deserción del macrismo frente a proyectos como los de la UNASUR y la CELAC nada bueno presagia para el tan cacareado como enigmático “regreso al mundo” de la Argentina.
Precisamente, una inserción fecunda en él sólo será posible desde una postura de autonomía -por supuesto que siempre relativa- que preserve los intereses nacionales y no desde una condición de sumiso peón en un peligroso tablero mundial cuyas fichas el emperador mueve a su antojo, y solamente atendiendo a sus propios intereses y no a los de sus serviles vasallos. En las últimas semanas esta actitud ha sido atemperada, por razones oportunistas, debido a que la postulación de la actual canciller Susana Malcorra a la Secretaría General de la ONU requiere un cierto consenso entre los países del área y otros del Tercer Mundo, algo imposible de lograr si con tono desafiante se exaltan las virtudes del alineamiento automático con EEUU.
Pese a la mayor cautela en la retórica primermundista las incorrectas decisiones de fondo del gobierno de Macri siguen en pie. La adhesión a la Alianza del Pacífico sólo puede traer renovadas dificultades para la Argentina, lo mismo que el eventual ingreso al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés), habida cuenta de que ambas iniciativas fueron diseñadas por Washington con un claro propósito geopolítico: contener y, de ser posible, revertir la creciente gravitación de China en la economía y la escena internacionales. Pero el gigante asiático es uno de los dos principales socios comerciales y financieros de la Argentina, por lo cual asociar este país a acuerdos concebidos con tal objetivo difícilmente puede servir para mejorar los vínculos entre Beijing y Buenos Aires.
Tampoco servirá para robustecer las relaciones con Rusia, un importante foco de poder en el cambiante sistema internacional. Por otra parte, a nadie se le escapa que el TPP, que es el proyecto más ambicioso, ha despertado crecientes resistencias en buena parte del mundo. Y la Alianza del Pacífico es una inverosímil creación estadounidense que congrega a cuatro países: México, Colombia, Perú y Chile que mantienen tenues vínculos comerciales entre sí, con lo cual sus motivaciones geopolíticas “anti-chinas” afloran con inusitada transparencia y no han pasado desapercibidas para los gobernantes de la China. Países, además, en donde dos de ellos, México y Colombia, han sido devastados por el narcotráfico que ha infestado todos los estamentos de la vida estatal. No parece una buena opción para la Argentina subirse a un vehículo tripulado por semejantes actores.
Pese a estos antecedentes, subsiste en el gobierno la ilusoria y suicida creencia de que con la sumisión al imperio este país se verá favorecido por una lluvia de inversiones externas. El abandono de una política exterior independiente -que por serlo ha generado la permanente animosidad de los EEUU desde la época del Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1826- sólo puede traer nuevos infortunios a la Argentina.
Para los muchos y muy diversos enemigos que Washington tiene en los cinco continentes el nuevo e indefenso aliado sudamericano será un blanco fácil de atacar, mientras que la burguesía imperial jamás estará dispuesta a recompensar a su voluntario peón con la magnanimidad que el ocupante de la Casa Rosada imagina. No lo hizo con México ni con los otros integrantes de la Alianza del Pacífico, y menos lo hará con la lejana e impredecible Argentina. Para concluir, este doble tránsito hacia el semi-autoritarismo y la semi-colonia nada bueno augura para el futuro de este país.
Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo
- Politólogo y sociólogo argentino, doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Harvard.
Ambiciosa conspiración neoconservadora
POR ESTO!.net 1 de junio del 2016 MÉXICO
Manuel E. Yepe*
“Estados Unidos es una fábrica de armas que exporta guerra y pobreza a las masas, la Casa Blanca es un cuartel y el presidente de la nación es el jefe de la conspiración neoliberal para recolonizar el planeta. En el frente económico, Washington es el prestamista del neoliberalismo; en el frente militar, promotor de guerras ilegales. Estas son las trincheras de su batalla por la dominación del mundo en el siglo XXI. Si no se le detiene, será un siglo corto.”
Esto dice y pronostica Luciana Bohne, crítica de cine y profesora de la Universidad de Edinboro, en Pensilvania, en un documentado ensayo acerca de la agresividad que despliega Estados Unidos en función de afirmar su hegemonía global.
En el siglo XIX, Estados Unidos, presentándose como la nación escogida de Dios por destino manifiesto para expandirse por el mundo y dominarlo para bien de la humanidad, decidió exterminar la “amenaza roja” interna. Forzó inicuos tratados y destrozó otros que no eran de su conveniencia, robó tierras, masacró poblaciones nativas, convirtió fincas de pastoreo en campos de concentración (reservas indias), todo en nombre del propósito de civilizar salvajes.
En 1890, con la matanza de Wounded Knee, su vocación imperialista completó la fijación de la frontera nacional que en lo interno llenaba sus aspiraciones. Pero quedaba un mundo por conquistar y el naciente imperialismo global estrenó su codicia con la conquista de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que eran parte del decadente sistema colonial de España. Nació el imperialismo externo norteamericano, escribe Bohne.
En 1917, dice la autora, “ocurrió una revolución social en Rusia, la segunda tras la francesa de 1789 que se proponía redistribuir la riqueza de los pocos para beneficio de los muchos. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros acólitos, dejaron a un lado sus diferencias y se unieron para detener la terrible amenaza que planteaba la democracia popular y su difusión. Invadieron Rusia, fomentaron una guerra civil, financiaron y armaron a las fuerzas de la contrarrevolución. Cuando fracasaron, lo intentaron de nuevo en 1939. Pero la guerra de Hitler por el exterminio en la URSS terminó con espectacular victoria de Moscú”.
Por un tiempo, después de 1945, Estados Unidos tuvo que comportarse formalmente como un país civilizado. No obstante, desarrolló una campaña contra la URSS alegando que tenía una ideología de exterminio, terror, asesinatos y torturas. Estados Unidos, por el contrario, era un faro de esperanza para el “mundo libre”. Su Santuario estaba en las Naciones Unidas; su Sagrada Escritura en el derecho internacional, y era su principio básico la inviolabilidad de la soberanía de las naciones.
Todo esto, aclara Bohne, era pura falacia. Estados Unidos era una sociedad de apartheid que había sido capaz de llevar a cabo bombardeos nucleares -dos veces-, sobre objetivos civiles de Japón cruelmente seleccionados. Evitó que se hiciera justicia a los criminales nazis al finalizar la guerra para absorberlos como socios en las estructuras de su inteligencia militar. Llevó a cabo juicios mediatizados contra disidentes durante la histérica era macartista, sembrando al país para una cosecha de miedo. Libró una guerra genocida contra Vietnam para evitar su independencia y unificación. Asesinó a líderes independentistas africanos y promovió dictadores fascistas en América Latina. Ató a Europa Occidental mediante acuerdos de “cooperación” militar en la OTAN y libró un esfuerzo implacable por debilitar a la Unión Soviética y aplastar la autodeterminación en el mundo colonial.
La Unión Soviética se disolvió en 1991 y Estados Unidos lo celebró con triunfalismo. La conquista del mundo, interrumpida en 1917, podría reanudarse. Cayó la máscara benigna. “La historia había terminado, las ideologías habían muerto y podría cumplirse la misión mesiánica de Estados Unidos, convertido en el administrador de la propiedad de Dios en la Tierra”.
Una ambiciosa conspiración neoconservadora bosquejó el “Proyecto para un nuevo siglo americano (PNAC)”, que pronosticó que el siglo XXI sería el del afianzamiento mundial de los valores estadounidenses mediante guerras preventivas y cambios de los regímenes que no fueran afectos a ellos.
Este frenético delirio de dominación militar de Estados Unidos se convirtió en política oficial con la doctrina de Bush después de los actos terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, aunque antes tomó cuerpo en la doctrina de la guerra humanitaria aplicada por Clinton que mezcló los principios liberales de “democracia y libertad” con las políticas sobre derechos humanos para inducir a la izquierda liberal a abrazar la guerra y al imperialismo como medios de defensa de los derechos humanos.
Desde 1945, dice la autora del artículo, el destino manifiesto proclamado por Estados Unidos como cruzada del mundo libre, ha cobrado las vidas de entre 20 a 30 millones de personas y ha bombardeado a un tercio de los habitantes del planeta.
Selección en Internet: Melvis Rojas Soris
- Periodista cubano especializado en política internacional
