Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2016-07-21

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México está experimentando una monumental crisis de derechos humanos

IPS 15 de julio del 2016 ITALIA

Inés M. Pousadela*

México está experimentando una monumental crisis de derechos humanos. Hay abundante evidencia de las extendidas violaciones de derechos humanos en el país, que incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

Si los datos duros son preocupantes, lo es aún más la negativa persistente del Gobierno mexicano a reconocer la situación. En las palabras de Yésica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, una organización de la sociedad civil local, el Estado "está invirtiendo más esfuerzo y recursos en negar un problema que de todos modos es evidente, que en resolverlo".

Pese a las garantías constitucionales, en México el imperio de la ley es incompleto y muy disparejo. En estados como Oaxaca, donde las protestas de maestros fueron recientemente reprimidas con violencia, o Guerrero, donde 43 estudiantes de magisterio rural fueron desaparecidos y dados por muertos desde el 2014, organizaciones y activistas de la sociedad civil enfrentan fuertes restricciones.

Ellas se derivan de la violencia ligada al narcotráfico, la infiltración de gobiernos locales por parte de operaciones del crimen organizado crecientemente diversificadas, la penetración de la corrupción, la represión policial y las severas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

En junio, los maestros de Oaxaca se manifestaban en las calles en contra de la reforma educativa emprendida por el gobierno. En un solo fin de semana, el 19 y el 20 de junio, las fuerzas de seguridad mataron a por lo menos nueve personas e hirieron a varias decenas al atacar a maestros y pobladores movilizados.

Una declaración firmada conjuntamente por numerosos grupos de la sociedad civil mexicana subrayó que la gente de Oaxaca vive "en un contexto de violencia generalizada" en el cual los movimientos sociales -en particular los que involucran a los maestros- llevan largo tiempo criminalizados por el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación.

El hostigamiento judicial contra los líderes sindicales de los maestros es en efecto frecuente, e incluye arrestos y detenciones. Precisamente uno de esos arrestos tuvo lugar el pasado 11 de junio, al tiempo que el clima de protesta se recalentaba.

Los maestros denunciaron el arresto como un acto de acoso judicial motivado políticamente, desestimaron los cargos de malversación y lavado como meras excusas destinadas a desactivar la protesta y, acto seguido, redoblaron su estrategia de bloqueo de rutas.

En los días y horas que precedieron al desencadenamiento de la violencia, las autoridades convirtieron el área en una zona de guerra: a medida que la tensión se incrementaba, una flotilla aérea sobrevolaba la zona y eran desplegados numerosos efectivos de las fuerzas de seguridad. Nada más que tragedia podía resultar del encuentro cara a cara de esos efectivos fuertemente armados con las multitudes de manifestantes.

A la represión le siguió la consabida discusión acerca de las virtudes morales de los maestros (¿eran lo suficientemente pacíficos?), sus opciones tácticas (¿cuán legítimo es el bloqueo de rutas, uno de sus métodos disruptivos preferidos?), sus preferencias de política pública (¿es la reforma educativa tan mala como ellos afirman?) e incluso sus razones subjetivas para rechazar los cambios propuestos por el gobierno (¿tenían miedo de perder sus empleos en caso de imponerse evaluaciones de desempeño?).

Mientras que las opciones de política pública son en efecto el tema de una discusión que ha de ser saldada por los mexicanos -y de hecho uno de los principales reclamos expresados en las calles era justamente que el gobierno trataba de imponer su proyecto de reforma en vez de someterlo a debate público- a que no existe justificación alguna para el uso de fuerza letal por parte de las autoridades estatales.

A contramano de los estándares de buenas prácticas vigentes sobre el manejo de manifestaciones, el gobierno federal de México y el gobierno del estado de Oaxaca han recurrido una vez más a medidas punitivas de mantenimiento del orden público. Han tratado a los bloqueos de rutas, históricamente parte de las tácticas de resistencia de los movimientos sociales, como delitos graves.

Han utilizado el sistema de justicia penal como herramienta para inhibir las protestas, a la vez que castigar a los manifestantes por participar en ellas. La violenta reacción gubernamental frente a la protesta social de los días 19 y 20 de junio fue todo menos sorpresiva.

Según las autoridades, fue cuando la policía trató de desalojar a los manifestantes, que unos individuos armados no identificados (pero según todos los indicios no vinculados con las organizaciones que lideraban la protesta) abrieron fuego y desataron el caos. Tras los incidentes, numerosos testigos oculares coincidieron en afirmar que los manifestantes se encontraban desarmados.

Lejos de carecer de precedentes, esta tragedia siguió el guión de una masacre similar ocurrida una década atrás. Fue, precisamente, la impunidad reinante la que habilitó la repetición: tal como lo enfatiza Sánchez Maya, "todavía hoy no tenemos ni una persona detenida y sentenciada por la terrible represión ocurrida en el 2006. El Estado no ha sido capaz o no ha querido garantizar el acceso a la justicia, ni siquiera en los casos en que se sabe quién es el culpable de la violación de derechos humanos a partir del testimonio de las víctimas. Ello ha generado impunidad, y por lo tanto permisibilidad (hacia las violaciones de derechos humanos)".

En la práctica, las libertades básicas que componen el espacio cívico -las de asociación, protesta pacífica y expresión- no son plenamente respetadas en México, y predomina la impunidad. De acuerdo con los datos difundidos por el gobierno mexicano, desde el 2007 más de 22 mil personas han desaparecido en el país.

Un reciente informe de Front Line Defenders registró ocho asesinatos de defensores de derechos humanos ocurridos en el país durante el 2015, en tanto que el capítulo mexicano del Artículo 19 documentó 23 desapariciones de periodistas entre el 2003 y el 2015, es decir un promedio de dos al año. El último informe anual de la misma organización describe una situación de temor extendido entre los trabajadores de medios, con 397 agresiones contra la prensa documentadas en el 2015 (una cada 22 horas, un aumento de 22% en relación con el 2014), incluidos 7 asesinatos.

No resulta sorprendente que el espacio para la libre expresión, tanto en los medios tradicionales como en la web, quede restringido por efecto de la autocensura.

La participación en protestas callejeras también conlleva riesgos, en la medida en que la menor chispa de violencia por parte de los manifestantes suele constituir una excusa bienvenida para el despliegue de fuerza excesiva por parte de los agentes de seguridad, a menudo seguida de detenciones arbitrarias e incluso torturas bajo custodia.

Varios estados cuentan con legislación que permite a la policía utilizar armas de fuego o fuerza letal para dispersar manifestaciones.

La violencia y la represión son parte de la vida cotidiana en numerosos estados y localidades de México, aunque solo unos pocos casos seleccionados terminan colocados bajo los reflectores de la atención internacional.

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que en 2014 desaparecieron en camino a una protesta en Iguala, en el estado de Guerrero, constituyó en ese sentido un punto de inflexión. Cuando nuevos activistas mexicanos son asesinados por decir su verdad o exigir explicaciones al poder, sus conciudadanos ya no están mirando para el otro lado.

Desde la desaparición de los 43 de Ayotzinapa ha existido una demanda sostenida por una investigación independiente, la cual se ha renovado vigorosamente en las últimas semanas.

De igual modo, la represión en Oaxaca empujó a miles de estudiantes y pobladores locales hasta entonces ambivalentes hacia las reformas educativas propuestas a manifestarse en las calles en solidaridad con los maestros. Enormes multitudes sumaron sus voces en otras partes del país, incluida la Ciudad de México. Manifestaciones menores también tuvieron lugar en ciudades de todo el mundo.

Desde las calles, los medios y los foros internacionales se eleva un fuerte llamamiento al Gobierno mexicano. Las demandas son claras. En primer lugar, las autoridades en todos los niveles de gobierno deben buscar y mantener el diálogo con los grupos de la sociedad civil movilizados, entre ellos los sindicatos docentes.

En segundo lugar, deben dar instrucciones a las agencias de mantenimiento del orden para que cese de inmediato el uso de fuerza excesiva contra organizaciones y activistas de la sociedad civil en pleno ejercicio de su legítimo derecho a reunirse y peticionar a las autoridades.

Tercero, deben iniciar una investigación independiente de toda instancia de uso de la fuerza contra manifestantes y de todas las violaciones de derechos humanos perpetradas en conexión con aquellas. Tercero, deben adoptar las mejores prácticas para el manejo de manifestaciones recomendadas por el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas.

Finalmente, deben fortalecer y utilizar en forma efectiva las instituciones de protección ya existentes, tales como la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En pocas palabras, medidas efectivas de protección más sólidas garantías de no repetición: he aquí la simple fórmula del cambio.

• Oficial de Políticas e Investigación

La Alianza del Pacífico como proceso de disolución latinoamericana

REBELIÓN 18 de julio del 2016 ESPAÑA

Sergio Martín Carrillo*

Parece ser que la Alianza del Pacífico está de moda. Los grandes medios de comunicación nos hablan de algunos de los “grandes avances” que la misma ha presentado en términos de integración regional; pero cabe preguntarse, ¿procesos como la Alianza del Pacífico profundizan realmente la integración regional? Quizás es más apropiado darle la vuelta a la pregunta y reformularla, ¿procesos como la Alianza del Pacífico profundizan el carácter dependiente de las economías latinoamericanas?. Vayamos por partes.

Cuando hablamos de integración regional podemos realizar una clasificación dicotómica en función a la relación que tengan con el proceso de globalización neoliberal. Por un lado, tenemos aquellos procesos que van a profundizar este fenómeno histórico, actuando en un mismo sentido y guiado por la misma ideología. Aquella misma que sentó las bases del proceso de revolución neoliberal a partir de la década de los 70` y que acabó impregnando a las instituciones de Bretton Woods.

Por otro lado, y en oposición al anterior, tenemos aquellos procesos de integración regional que surgen como oposición al avance de la ideología neoliberal, así como respuesta a la dependencia creciente de la única potencia hegemónica que surge tras el fin de la Guerra Fría.

La disputa entre ambos tipos de bloques ha marcado lo que llevamos de siglo XXI en la región latinoamericana. El año 2005 supuso un claro cambio en el status quo de la correlación de fuerzas regionales. La desaparición del ALCA se vio precedida tan sólo unos meses antes por la creación de la ALBA y la decisión de crear la Comunidad de Naciones Suramericanas (inicios de la actual UNASUR). Posteriormente, también se crearía la CELAC, y por su parte, el MERCOSUR empezaría a impregnarse cada vez más de estos procesos, convirtiéndose en el principal promotor contra-hegemónico en la región en el aspecto económico.

Pero el regionalismo abierto, aquel que acompaña y profundiza el proceso de globalización neoliberal, no desapareció. En el año 2011 surgió la Alianza del Pacífico, conformada por 4 países con una visión compartida en cuanto a la inserción en la Economía-Mundo capitalista. Como resumen de su apuesta en cuanto a comercio internacional se puede destacar que todos estos países tienen vigentes tratados de libre comercio con los Estados Unidos.

La Alianza del Pacífico no tardó en convertirse en el juguete preferido del capital internacional. Entre sus “avances” se destacan su importante peso en el comercio internacional (aproximadamente el 50% del intercambio internacional extrarregional de América Latina), su nivel de atracción para la inversión directa extranjera (47% del total del flujo en la región) y contar con los países del área clasificados como los mejores para realizar negocios [1].

A menudo, entre las supuestas bondades de la Alianza del Pacífico, los grandes medios destacan que es un verdadero proceso de integración comercial, dejando de lado lo ideológico, a diferencia de otros bloques de este mismo entorno. Es decir, supuestamente la Alianza del Pacífico se guía por las bondades de la tecnocracia y ha mantenido un posicionamiento pragmático. Esta supuesta animadversión a lo político, algo muy recurrente entre los grandes capitales y buena parte de las derechas, es una gran falacia. La Alianza del Pacífico es un bloque plutocrático, guiado por y para los intereses del gran capital.

Podemos volver ahora a las preguntas lanzadas al inicio. ¿Procesos como la Alianza del Pacífico profundizan realmente la integración regional? No, la Alianza del Pacífico sólo profundiza la integración de los grandes capitales latinoamericanos con los grandes capitales mundiales, esto a través de las relaciones comerciales y de la inversión directa extranjera, primando las relaciones con países extra-regionales y excluyendo a las grandes mayorías.

Con respecto a la segunda: ¿Procesos como la Alianza del Pacífico profundizan el carácter dependiente de las economías latinoamericanas? Sí, las relaciones económicas dependientes centro-periferia se profundizan. Cierto es que hay unas ganancias, pero éstas son recogidas por las oligarquías exportadoras de cada uno de los países, quedando las grandes mayorías alejadas de los beneficios. La Alianza del Pacífico representa la integración de los grandes capitales en los flujos económicos mundiales, pero representa la disolución de un verdadero proceso de integración regional a nivel político, cultural, social y productivo.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

• Profesor de la escuela de Relaciones Internacionales José Peralta del IAEN

La coronación de Trump: la política de resentimiento del Partido Republicano sale del armario

PROGRESO SEMANAL 19 de julio del 2016 EEUU

Max J. Castro*

Desde la década de los 60, cuando el Partido Demócrata siguió el ejemplo del movimiento de derechos civiles y los tribunales federales destruyeron la columna vertebral de Jim Crow –el apartheid al estilo de EEUU–, el Partido Republicano ha sido un imán cada vez más fuerte para el resentimiento blanco.

Con el tiempo, la política de resentimiento racial del GOP hizo metástasis en una política generalizada de la retaguardia –antifeminista, anti-latina, anti-gay, anti-aborto, anti-medio ambiente, pro-armas de fuego, pro-pena de muerte, pro-guerra.

Después del colapso de un liberalismo que intentó sin éxito (en ambos frentes) luchar simultáneamente en una guerra contra la pobreza y en la guerra de Vietnam, lo que FDR llamó los “monárquicos económicos”, que habían sido la base del GOP durante décadas, llenaron el vacío dejado por el liberalismo.

Desde Reagan, hicieron su ideología, con la adhesión de la forma más salvaje y más egoísta de capitalismo en su núcleo, la ideología de los tiempos.

Donald Trump es la culminación de esta unión del prejuicio y la plutocracia de estilo Frankenstein. Puede que Trump no comparta cada hebra de este enrevesado tejido, pero él se siente más que cómodo con la suma de sus partes. Y, en cualquier caso, ¿quién sabe y qué importa cuando se trata de Trump? En un momento u otro ha tomado casi todas las posiciones posibles, a favor y en contra, respecto a todas las cuestiones importantes.

Con Trump, uno también siente que el resultado final no es la ideología, sino una búsqueda oportunista de victoria y poder. Paul Ryan es un verdadero creyente en el capitalismo ultrasalvaje. Jesse Helms era un racista hasta la médula. Donald Trump, por el contrario, mientras que apenas es un luchador por la justicia racial y económica, se preocupa más por otras cosas que por las abstracciones, principalmente por Trump.

La lucha en el GOP alrededor de Trump es una batalla entre fanáticos ideológicos del “libre mercado” como Paul Ryan, y un luchador que no reconoce reglas y que sabe exactamente cómo despertar a la chusma de xenófobos, racistas, y los de su clase que conforman el polo magnético no reconocido del Partido Republicano. Y él ha demostrado que está más que dispuesto y apto para hacerlo.

Como dice una columna en The New York Times, la campaña Trump ha creado un “espacio seguro” para la derecha. Eso es un eufemismo que en cierta medida distorsiona la realidad. La derecha ha tenido lugar seguro durante mucho tiempo –en “tanques pensantes” derechistas, financiados por corporaciones, en el Tribunal Supremo de Scalia y Thomas, y en el Congreso, especialmente en la Cámara de Representantes. Lo que la campaña de Trump ha hecho es crear un refugio para ese sector de la derecha que trafica en odio puro. Hasta cierto punto, él tiene acciones normalizadas, actitudes y expresiones que hasta hace poco estaban fuera de los límites, incluso entre los republicanos de derecha.

La injuria racista contra los inmigrantes mexicanos. Evitar una pregunta justa de un reportero de la derechista cadena Fox dando a entender que ella debía estar en su período. Expulsar de una conferencia de prensa al conductor de la más importante red latina de EEUU No rechazar el respaldo proveniente de organizaciones ultraderechistas o racistas como el Ku Klux Klan. Incluso falta de respeto al papa.

La lista es casi interminable. La campaña Trump ha creado una zona de confort para aquellos que una vez fueron estigmatizados como parte de la rama lunática de la derecha. Al sentir por primera vez el cálido abrazo de un candidato presidencial, los seguidores de Trump están dispuestos a luchar por su candidato en la sede de la convención o en las calles. Como escribió un columnista en The Washington Post, “Así es como el fascismo viene a Estados Unidos”.

Pero la movilización del resentimiento blanco no es la única carta de triunfo de Trump. Siendo como es, un estafador, Trump ha logrado, a pesar de toda la evidencia en contrario, engañar a una porción bastante grande del público y a expertos para que crean que él es una especie de populista, -como Bernie Sanders- que está de parte del pueblo en contra de un establishment indefinido.

Esto es una mentira dicha en grande. Goebbels, el ministro de propaganda nazi, pensó que si uno va a mentir, debe decir una gran mentira. Trump no discrimina. Él dice mentiras relativamente pequeñas que no afectan al público en general, como presumir de que las mil 282 unidades en el Trump International Hotel and Tower en Las Vegas se habían vendido todas cuando 300 quedaron sin vender. Dice mentiras colosales que tienen el potencial de tener malas consecuencias para millones de personas. La noción de que él está junto al pueblo es una de las mayores de esas mentiras.

Los impuestos son probablemente el mejor indicador de la posición de un candidato a favor del pueblo o de la élite económica. Recientemente, The New York Times comparó el plan “popular” de impuestos de Donald Trump con el del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el tipo de republicano del establishment que Trump menosprecia. El titular lo dice todo: “Plan de Impuestos de Trump, como el del GOP, Favorece a los Ricos; Ya se Graven el Consumo o los Ingresos, los Mayores Recortes Son para los Ricos”.

TREMENDO POPULISTA

Todo se reduce a un debate entre compañeros de viaje acerca de dos caminos hacia el mismo objetivo: ayudar a los ricos, joder a todos los demás, incluyendo la clase media. La innovación de Ryan, el tipo de cosa que atrae elogios de los observadores lerdos de cerebro que consideran “brillante” a Ryan, es pasar de los impuestos basados en los ingresos a los impuestos basados en el consumo.

Esto es más de lo mismo con un envase diferente, ya que mientras más pobre uno es mayor es el porcentaje de los ingresos dedicados al consumo para sobrevivir, o para tener una vida modestamente decente, o incluso unos pocos impuestos sobre el consumo de lujo, que no es nada nuevo, son notoriamente regresivos: mientras más rico, menos se paga proporcionalmente a los ingresos.

Trump, por el contrario, quiere recortes generales de impuestos al estilo de George W. Bush. Montones de investigaciones muestran que esos recortes favorecieron grandemente a los ricos y que el resultado fue el más alto nivel de desigualdad en más de un siglo.

El gran desacuerdo entre Trump y Ryan en cuanto a los impuestos es mucho ruido y pocas nueces. O, para aludir a un personaje literario inglés tan famoso como Shakespeare, Trump y los republicanos del establishment son todos Robin Hood al revés. Sólo que usan trajes diferentes.

El resultado de la convención republicana de esta semana es una conclusión inevitable. Trump será coronado. Aún así, será interesante ver las peleas verbales que, inevitablemente, se llevarán a cabo en la sala de Cleveland. Mucho más interesante y siniestro es lo que va a pasar en los exteriores del edificio. Trump ha elevado el nivel de polarización en el país, que había sido alto durante mucho tiempo y aún más alto después de la elección de Barack Obama, en varios órdenes de magnitud.

Habrá una mezcla combustible de apasionados seguidores de Trump y de apasionados oponentes en las calles de Cleveland. Trump ha suministrado mucho combustible para ese barril de pólvora. Todo lo que se necesita para una catástrofe es que alguien encienda una chispa.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

• Sociólogo, columnista y activista social

El sufrimiento laboral se ha convertido en un grave problema social

LA VANGUARDIA 19 de julio del 2016 ESPAÑA

Rafael Poch*

Patrice, un veterano del sector del espectáculo que pedía el reconocimiento de su invalidez laboral, se prendió fuego frente a la sede del organismo de la seguridad social francesa que gestiona los retiros por enfermedad. Era un 27 de abril en la ciudad de Marsella y el hombre sufrió quemaduras de tercer grado en el 65% de su cuerpo, pero sobrevivió.

El dossier de Patrice estaba atascado en la oficina y su protesta pretendía resolver el asunto por la vía de eliminarse. En la propia oficina de la seguridad social marsellesa las condiciones de trabajo, “se han hecho terribles”, explicó una de las empleadas a la hija de Patrice. La propia funcionaria se declaraba “quemada”, profesionalmente agotada en su labor.

Cuatro meses antes el mundo hospitalario parisino se había visto conmocionado por el suicidio del doctor Jean-Louis Mégnien, un conocido cardiólogo del hospital Georges Pompidou de la capital. Padre de cinco hijos, de 54 años, aficionado a la aviación deportiva y descrito por sus compañeros como persona de carácter jovial e incluso “juerguista”, Mégnien se tiró por la ventana de su despacho, en la séptima planta, un 17 de diciembre. De este modo, ponía así fin a una crisis depresiva, vinculada a las condiciones de trabajo en el hospital.

El 21 de mayo un profesor de instituto de la ciudad de Amiens (noroeste) de 40 años, Frédéric Legris, protagonizó un drama aún más sobrecogedor: se colgó de un árbol tras haber ahorcado a su propio hijo de seis años en un bosque de Oresmaux, al sur de Amiens. También en ese caso se ha especulado con una crisis laboral.

¿Qué ocurre en el mundo del trabajo que está destruyendo a tanta gente exhausta por ese agotamiento profesional físico y psíquico que en inglés se conoce como burn out? Los expertos consultados dibujan una situación que va mucho más allá de los problemas psíquicos personales y se refieren a un verdadero problema social central que afecta a todas las categorías profesionales, especialmente desde los años noventa, cuando se produjo una “intensificación del trabajo”.

Para la psiquiatra Marie-Hélène Braudo, de la asociación contra el sufrimiento laboral 24 Millones de Asalariados de París, el problema parte de la mentalidad del “todo es posible” que se ha impuesto en el medio laboral, donde las nuevas tecnologías y el “perverso despotismo administrativo”, con sus relaciones de poder crean un “ambiente sin límites” en el trabajo en el que todo es, o debe ser, posible. El resultado es que la mula sobrecargada se acaba desplomando.

En Francia, este fenómeno tiene un costo de entre 800 y mil 600 millones de euros anuales, según la estimación del Instituto Nacional de Investigación y Seguridad para la prevención de enfermedades y accidentes laborales (INRS), un organismo de la seguridad social.

“El 22% de las declaraciones de ineptitud laboral expedidas en el 2015 han estado relacionadas con sufrimiento en el trabajo”, explica la doctora Marianne Paul, del servicio de salud de la región de Brest, en Bretaña.

Los médicos responsables de cursar las bajas por agotamiento laboral dan fe de un fenómeno apenas conocido hace diez o veinte años y que añade otros elementos a la cuestión: “pacientes que sufren verdaderos problemas de salud y que piden cualquier cosa menos una baja temporal, por temor a ser mal vistos, sancionados o despedidos”, señalaba recientemente una investigación del diario católico La Croix.

“Trátese de jóvenes en su primer empleo, en plena actividad, o veteranos, ya no podemos más de esta salvajada que rompe las solidaridades, que nos aísla y nos atemoriza, entre el miedo de perder nuestro trabajo, la sumisión a la que nos vemos obligados y la misma desorganización del trabajo, constatamos día tras día, año tras año, un atentado creciente al trabajo y a los seres humanos”, señala la asociación parisina 24 Millones de Asalariados, que apunta a una “guerra económica” que, “en nombre del beneficio por el beneficio, de la rentabilidad y de la competitividad, extiende su empresa gestionaria”.

Para los profesionales que observan el fenómeno en los barrios populares, donde el mero hecho de trabajar ya es a veces un privilegio, la despersonalización del trabajo es una causa frecuente de sufrimiento. “He asistido a varias enfermeras que trabajaban, por ejemplo, en un centro de tercera edad. Todas ellas estaban mal por la sencilla razón de que cada día se las obligaba a cambiar de servicio o de planta, para impedir que desarrollaran un vínculo personal con los ingresados, cuando para ellas es precisamente eso lo que da sentido a su trabajo”, explica en La Croix la doctora Catherine Jung, médico de cabecera en el barrio periférico de Neuhof de la ciudad de Estrasburgo.

Pero el sufrimiento no es sólo consecuencia de una administración irracional, estúpida, o particularmente despótica. El caso de la empresa France Telecom, la primera empresa de telecomunicaciones francesa, que ahora se llama Orange, demuestra que el burn out puede ser también una estrategia.

Entre el 2008 y el 2009 trabajar en France Telecom, una empresa de 110 mil empleados, se convirtió para miles de ellos en un verdadero calvario. Pero era un calvario inducido. Originariamente, una empresa pública del servicio nacional de correos (PTT), el gigante fue privatizado en el 2004. El Estado perdió la mayoría en el accionariado.

Una nueva dirección, atosigada por la competencia entre las grandes empresas del sector, emprendió un plan de reconversión. Había que quitar de en medio a 22 mil empleados y recolocar a otros 10 mil, así que a muchos se les hizo la vida imposible. 35 cuadros de France Telecom se suicidaron en dos años, otros 12 lo intentaron. Tras siete años de investigación, la Fiscalía francesa pidió a principios de julio que se procese a esta empresa y a ocho de sus cinco altos directivos de la época. Es un caso sin precedentes que podría sentar al burn out en el banquillo.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

• Corresponsal del diario La Vanguardia en Berlín