Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2016-08-17
Mercosur, en peligro la integración regional
REBELIÓN 15 de agosto del 2016 ESPAÑA
Hedelberto López Blanch*
El Mercado Común del Sur (Mercosur) está sufriendo en la actualidad uno de los ataques más fuertes contra su funcionamiento y contra el programa de integración regional, al no reconocer tres de sus miembros, los plenos derechos de Venezuela a ocupar la presidencia pro témpore del presente período.
En poco menos de un año, la situación del Mercosur se ha revertido completamente, pues si en julio del 2015 había logrado acoger en su seno a seis países que abogaban por fortalecer los intercambios comerciales, la integración regional y los programas sociales, ahora su entorno se enrarece al pretender Paraguay, Argentina y Brasil, impulsar medidas neoliberales auspiciadas desde Washington y los organismos financieros internacionales.
La guerra política intestina se ha desatado, primero por la ya tradicional postura del gobierno paraguayo (después del derrocamiento del gobierno legítimo de Alejando Lugo) de tratar de impedir la entrada de Caracas a la institución. A esa actitud se unen ahora Argentina, presidido por el neoliberal Mauricio Macri, y de Brasil, encabezado por Michel Temer tras el golpe institucional en curso contra la presidente Dilma Rousseff.
Estos tres países se han opuesto a que Venezuela asuma la presidencia pro témpore que oficialmente le corresponde por orden alfabético, según la reglamentación de la organización.
Son tres gobiernos muy ligados a las orientaciones provenientes de Washington, que optan por sistemas neoliberales, aplican extremas medidas de privatizaciones a favor de las transnacionales en detrimento de las empresas públicas y minimizan las políticas sociales.
El Mercosur se fundó el 26 de marzo del 1991 en Asunción, Paraguay, y entró en vigencia el 29 de noviembre de ese año.
Los cuatro primeros socios (Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina) buscaron la ampliación de los mercados nacionales mediante la unión, lo cual constituye una condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social.
Tres años más tarde, en diciembre del 1994, durante la Cumbre de Ouro Prieto se firmó el Tratado de Asunción con el objetivo de buscar la integración de los Estados miembros, mediante la circulación de bienes, servicios y factores productivos; aranceles externos y adopción de políticas comerciales comunes; coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y armonización de legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.
Al parecer tres de estos cuatro Estados, con la exclusión de Uruguay, se han olvidado de las directrices signadas en Ouro Prieto.
El Mercosur continuó creciendo y en julio del 2012, tras una fuerte oposición del Parlamento paraguayo que se había opuesto desde el 2006 a la entrada de Caracas en el organismo, éste país fue aceptado.
El hecho ocurrió al producirse en junio del 2012 el golpe de Estado parlamentario de las fuerzas de derecha contra el presidente Lugo, lo que provocó la suspensión momentánea de Asunción en el organismo y facilitó la entrada de Venezuela, aprobada por Argentina, Brasil y Uruguay.
Se producía así, un despegue geopolítico de la institución al incorporar (con criterios de soberanía latinoamericana) zonas amazónicas, andina y caribeña, extender el bloque económico desde el extremo sur hasta el norte del continente, y contar con las tres grandes cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y La Plata.
En una región donde habían ocurrido violentas dictaduras militares (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay) y años después sufrido esos países políticas neoliberales, la integración de Caracas aportaba potencial energético y sobre todo, las experiencias llevadas a cabo sobre desarrollo integral en los sectores de salud, educación, vivienda, alimentación a favor de la población.
Bolivia, que participaba como país asociado, logró en julio del 2015 que se aceptara su entrada oficial durante la XLVIII Cumbre del grupo efectuada en Brasilia, lo cual reforzaba en esos momentos el sentido de unión sudamericana y de fortaleza integracionista, económica y política de la región.
La nación andina, por su ubicación geográfica en el centro de la región, aporta al organismo facilidades comerciales, a la par que fortalecía la integración económica y social entre esos países.
La Paz pone a disposición del Mercosur sus grandes recursos gasíferos y de petróleo, madera, oro, plata, caucho, estaño, litio, hierro, a la vez que puede recibir inversiones para su desarrollo productivo y social que las naciones miembros le pueden ofrecer.
Pero toda esta integración regional está completamente en peligro pues Argentina, Brasil y Paraguay apuestan por llevar al organismo hacia políticas neoliberales que no tienen nada que ver con los postulados acordados en Ouro Prieto durante la creación del bloque.
No se puede obviar que la mayor obsesión de esos gobiernos de derecha, con apoyo y asesoría de Estados Unidos, es continuar cerrando el cerco contra la República Bolivariana de Venezuela que ha sido el eje fundamental de la unión latinoamericana por la política de independencia soberana llevada a cabo desde 1999 por Hugo Chávez y continuada después por Nicolás Maduro.
No cabe la menor duda que el Mercosur está en peligro y esas amenazas se extienden a la integración latinoamericana y a los gobiernos progresistas de la región.
Selección en Internet: Melvis Rojas Soris
- Periodista cubano
La OTAN y las operaciones sicológicas modernas
TERCERA INFORMACIÓN 15 de agosto del 2016 ESPAÑA
Pablo Heraklio
Las Operaciones psicológicas o PSYOP son operaciones planificadas para transmitir información seleccionada e indicaciones a la Opinión Pública con el fin de influir en sus emociones, motivos, razonamientos, y en última instancia en el comportamiento de organizaciones, grupos e individuos.
INICIO DE LAS PSYOP MASIVAS
El principio del interés por las operaciones informativas en la posguerra fría se puede remontar a la intervención de la ONU en Somalia y el genocidio de Ruanda. Reportajes relativamente honestos y directos desde estas zonas de guerra significan que la opinión pública de los países occidentales fueron un factor que tuvo que ser considerado por la clase política. De ahí la queja en el momento del llamado “Efecto CNN“, que obligó a los políticos a enviar o retirar tropas con independencia de lo que las élites en realidad deseaban que pasara en ese momento (atendiendo a los deseos de la Opinión General).
Los primeros métodos para influir en la opinión pública mediante la manipulación de los medios de comunicación, aunque razonablemente eficaces, no fueron suficientes. Hemos visto sus fortalezas y limitaciones durante las dos guerras de Irak, en la que la mayor parte de los medios de comunicación fueron efectivamente cooptados por el proceso de ruedas de prensa periódicas (en las que se ofrecían vídeos en que se mostraban bombas de la OTAN que infaliblemente caían sobre sus objetivos, obviamente malignos) y más tarde por “reporteros incrustados“, en su mayoría hombres en unidades militares, que, naturalmente, tenían el doble efecto de acariciar su ego y adoptar el punto de vista de los militares.
Aún así, a pesar de todo eso, resultó imposible controlar la narrativa, y el apoyo público a las diversas guerras de Estados Unidos y de la OTAN se derrumbó bajo la presión de noticias inconvenientes provenientes incluso de los grandes medios de comunicación que mantuvieron claramente un grado de independencia.
OBJETIVO: CONTROL SOBRE LA OPINIÓN PÚBLICA
Pero si se hace un avance rápido de una década, hasta las actuales guerras en Libia, Siria, Yemen, Irak, Ucrania y otros conflictos, está claro que algo ha cambiado. Hay una narrativa dominante que está siendo impulsada por, literalmente, todas las fuentes principales de los medios de comunicación, independientemente de su ostensible inclinación ideológica. No importa donde te inclines, lo que se lee o escucha es acerca de “bombas de racimo” de Assad, “las masacres” de Gadafi, o “agresión rusa”.
Estos artículos periodísticos invariablemente representan un punto de vista que no sólo es completamente unilateral, sino también objetivamente erróneo, incluso en el más básico de los problemas. ¿Cómo es que Estados Unidos y la OTAN logran mantener tal increíble disciplina dentro de los medios occidentales supuestamente libres e independientes?
Fundamentalmente, hay tres opciones en la respuesta:
– El Estado supervisa los medios de comunicación (censura y financiación);
– la cooptación de los reporteros individuales (autocensura/intimidación, soborno/financiación);
– la difusión de la propaganda encubierta través de los medios.
Las dos primeras son bastante obvias y han sido largamente practicadas. Las Empresas de comunicación son sólo eso, corporaciones, sujetas a diversas leyes y reglamentos cuya observancia puede ser utilizada para reconducir a los autores individuales hacia la adopción de un punto de vista deseado. La moneda de “acceso” del reportero al reino a la información privilegiada, puede otorgarse o denegarse en función de su eficacia como propagandista para el Gobierno de turno.
La tercera, la difusión de la propaganda encubierta, es nueva, y ese factor probablemente explica la falta de variación de la información de un medio de comunicación al siguiente. Los medios de comunicación ya no sólo animan a apoyar la línea oficial- contienen las historias plantadas por ellos recogidas a través de los medios sociales y otros canales no oficiales.
La llamada “investigación de la catástrofe MH17” es un caso de estudio, bastante claro debido a los simples métodos de Guerra de Información de Ucrania. Es evidente que casi todas las “pruebas” que implican a Rusia o a los insurgentes de Novorossia fueron preparadas por los servicios secretos de Ucrania y a continuación procesadas a través de medios sociales, antes de ser presentadas al público occidental como la verdad, la única verdad, y nada más que la verdad.
RECURSOS PSYOPS MILITARES APLICADOS EN CIVILES
La OTAN está llevando a cabo operaciones similares que son más difíciles de identificar y contrarrestar, ya que son más sofisticadas, más institucionalizadas, y provistas de altos niveles de financiación. El Reino Unido, por ejemplo, mantiene la 77th Brigade cuyas subunidades se incluyen al sombrío Grupo de Operaciones Mediáticas y al 15 Grupo de Operaciones Psicológicas que se ha denominado el “Destacamento Twitter.” Alemania ha establecido el ZOpKomBw, Bundeswehr Rapid Communications Center, Centro de Comunicaciones Rápidas Bundeswehr.
En los EE.UU., las operaciones de desinformación contra la población de Estados Unidos (cuyo epicentro es Fort Bragg) parecen ser la responsabilidad de los servicios de inteligencia, lo cual es comprensible teniendo en cuenta el tabú sobre las operaciones militares estadounidenses en territorio estadounidense. Como tal, siguen quedando en gran parte fuera del escrutinio público, aunque su obra se puede ver fácilmente reflejada en forma de “informes no verificables” desde gran variedad de zonas de guerra, e incluso el uso de falsos “testigos” especialmente preparados para hacer frente a los comités del Congreso (para exponer sus casos de forma tendenciosa).
Incluso los países fuera de la OTAN como Suecia están haciendo lo mismo mediante el establecimiento de sus propias unidades de operaciones de información destinadas a hacer la guerra de la información sobre su propia población.
A nivel de la OTAN, las operaciones de información son coordinadas por la Doctrina JP 3-13 sobre Operaciones de Información de la OTAN (OTAN Doctrine Joint Publication 3-13), con aplicaciones prácticas perfeccionadas por los ejercicios en toda la alianza tales como el Experimento de Operaciones de Información Multinacionales (MNIOE).
Los votantes occidentales han venido aceptando todas estas medidas porque se las han vendido como parte de las medidas antiterroristas de sus países. Lo que no tuvieron en cuenta es que el terrorismo es un fenómeno que no conoce fronteras, con un enemigo ya presente en las sociedades occidentales. Lo que significa que las operaciones de información antiterrorista no solo han de ser eficaces, sino que también tienen que estar dirigidas a las poblaciones occidentales (potenciando los miedos sociales tradicionales en forma de racismo, xenofobia, machismo, antiislamismo y aporofobia).
A corto plazo, las operaciones de información pueden ser eficaces en la fabricación del apoyo popular a las políticas que de otra manera ninguna sociedad libre aceptaría. A largo plazo, que las élites se permitan puentear a la opinión pública significa que son ahora más libres que nunca para embarcarse en aventuras internacionales altamente peligrosas que probablemente serán contraproducentes (para el conjunto de la sociedad) e incluso más bellacas con respecto a los ya de por si bajos estándares actuales de las élites. Por lo tanto el hecho de que las llamadas élites “mundo libre” tengan que recurrir cada vez más a este tipo de trucos sucios con el fin de mantenerse en el poder significa que su presa sobre el poder se está lentamente debilitando.
Selección en Internet: Melvis Rojas Soris
Chevron en Ecuador, un asunto de poder
ALAINET 12 de agosto del 2016 ECUADOR
Irene León*
Una corporación transnacional, de las más poderosas del mundo: Chevron (Texaco), se queja de haber sido víctima de trato injusto, denegación de justicia y otros maltratos por parte del Ecuador de tiempos neoliberales, y por esos reclamos, de hechos que alega sucedieron entre el 1964 y el 1992, justamente, cuando los gobiernos colocaban los intereses corporativos por encima de las prioridades nacionales, el país se vio obligado a pagarle $112 millones de dólares USA, el pasado julio del 2016.
La transnacional, luego de haber causado significativos daños ambientales en la Amazonía, invirtió la responsabilidad y con insospechados argumentos, impuso a la República del Ecuador, es decir al pueblo y sus instituciones, una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya (2009), acusando al país de causarle perjuicios extendidos en un cierto lapso de tiempo.
Pero, esta es la misma transnacional que, en un caso precedente (2003-2011), conocido como el de “los afectados”, fue inculpada por daños a poblaciones amazónicas y sentenciada, en instancias nacionales, a indemnizar con una suma de 9 mil 500 millones de dólares a los demandantes, unas 30 mil personas. Sentencia incumplida por la transnacional que más bien vuelve a la carga acusando a estas comunidades indígenas y campesinas de extorsión.
Ha esquivado también la sentencia a pedir perdón a las comunidades amazónicas por los agravios causados, sin lo cual el dictamen estipulaba un resarcimiento adicional de 8 mil 500 millones de dólares. Al contrario, más bien parece abrigar la expectativa de que el país le pida perdón en el marco del arbitraje.
La demanda de arbitraje de la Chevron a Ecuador contiene elementos tanto para eludir su responsabilidad en el caso de “los afectados”, como para coartar las políticas de soberanía energética, productiva y económica enunciadas en el país. Pues el arbitraje extrajudicial, preferido por las corporaciones, por considerarlo “expedito” y distante de los “rudimentos” de la legislación internacional, exige a los países renunciar a sus prerrogativas nacionales y en casos hasta internacionales.
Más aún, como señala el experto Gus Van Harten, sólo las corporaciones pueden demandar a los gobiernos y estos últimos apenas pueden defenderse, en medio de procesos que no son independientes, ni transparentes y cuyos procedimientos no son claros. Ejercen, además, gran influencia en la selección de los árbitros, en la sede de los arbitrajes y otros elementos, que optimizan las condiciones para la obtención de reiterados resultados en su ventaja.
Esto es manifiesto en la demanda de Chevron contra Ecuador, donde las variantes de “procedimiento” comprenden la inclusión constante de nuevos elementos, la “subdivisión” de problemáticas e incluso un “reinicio”, que le permitió agregar alegatos a la demanda en curso, mientras que, durante años, la defensa de Ecuador no obtuvo respuesta a sus requerimientos, a tal punto que, luego de un cúmulo de solicitudes sin respuesta, el país se vio obligado a solicitar, sin éxito, la cesación de algunos de los árbitros.
Asimismo, la definición de “perjuicio” o de “injusticia” con la que la corporación formula su demanda, no refiere a las conocidas conceptualizaciones de desigualdad o injusticia apegadas a los principios de derechos humanos, sino que apunta a alguna perturbación del privilegio de “trato más favorable” para la inversión, el comercio y la rentabilidad, que se ha posicionado como argumento inapelable en los tribunales de arbitraje internacional.
La sede del arbitraje es Estados Unidos, país reconocido por una importante simbiosis entre la economía corporativa y el mundo político. Para ilustrar con un ejemplo, citado por Alejandro Teitelbaum, autor de una importante obra sobre transnacionales, derechos humanos y democracia, mencionamos el caso de la exsecretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, miembro de varias corporaciones, cuyos servicios en el directorio de Chevron fueron tan apreciados que quisieron ponerle su nombre a un importante buque.
Pero este no es un caso aislado, numerosos estudios y seguimientos de caso arrojan datos y cifras sobre cómo el conjunto de Mecanismos de solución de controversias contemplan, en palabras de la estadounidense Lori Wallach, “especiales privilegios y derechos solo para unos: los inversionistas extranjeros, a quienes se les otorga más poder que a la ciudadanía y a los gobiernos”.
Son parte de esta arquitectura del comercio transnacional los acuerdos de inversión, tales como el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, bajo cuyo paraguas mercantil Chevron argumenta su demanda de arbitraje y alega ser víctima de denegación de justicia, de una supuesta colusión intersectorial y otros. Pero se trata, a todas luces, de una aplicación retroactiva, pues el TBI firmado en el 1993 sólo entró en vigencia en el 1997, mientras que la compañía se retiró del país en el 1992.
Es por ese tipo de sesgos reiterados, que denotan el afán excesivo de velar por la plena seguridad jurídica de las inversiones realizadas por las multinacionales, colocando a los Estados receptores y a sus pueblos en un segundo plano, que más que de “reglas” de comercio transnacional se habla de una “arquitectura jurídica de la impunidad”.
EL PODER EN TODA SU AMPLITUD
Chevron figura entre las mayores transnacionales del mundo, sólo sus ingresos operativos y ventas en el 2015 ascendieron a 129 mil 900 millones de dólares USA, equivalente a tres veces y media el presupuesto nacional ecuatoriano de ese mismo año, 36 mil 317 millones, 16 veces el presupuesto de salud. Y eso que, debido a la depreciación del petróleo en el mercado mundial, el 2015 no fue un año tan bueno para la transnacional, comparado con el 2014, cuando sus ingresos operativos fueron de 200 mil 500 millones de dólares, es decir cinco veces y media más que el mencionado presupuesto anual del país.
Su poderío se expresa en una amplia expansión por el mundo y a operaciones estratégicas y fusiones, como la ocurrida el 2000 con Texaco. Esta práctica de poder y estrategia integral, son patentes también en la estrategia de la demanda arbitral contra Ecuador, cuyos componentes comunicacional, económico y político, actúan como complemento de una ofensiva legal sin barreras.
Es más, la amplitud de acciones deja entrever que la demanda de arbitraje es apenas una parte, de una movida estratégica relacionada con geoeconomía petrolera. Un indicio: el petitorio formulado al gobierno de Estados Unidos en 2012 para que se suspenda las ventajas arancelarias al Ecuador, como medida de presión indirecta.
En el proceso de arbitraje, mientras acusa a Ecuador de “colusión” entre gobierno y pueblo afectado y censura su eventual encuentro, la transnacional desborda el claustro arbitral cuando lo requiere, fustiga a las instituciones ecuatorianas y a sus voceros con adjetivos varios. Las palabras “corrupción”, “fraude”, “coaligados”, son incluso argumentos de la demanda. Eso se refleja en una sostenida acción comunicacional de descrédito del país, que incluso el autor Orlando Pérez la asocia con la estrategia de golpes blandos.
Ecuador por su parte, en desigualdad de condiciones, se ha movido con circunspección, quizá buscando precautelar su reputación, frente a una multiplicidad de ardides, a través de los cuales ha operado un desplazamiento desde su situación de víctima hacia el banquillo de los acusados. Es una defensa “defensiva” y disciplinada a los condicionamientos del mecanismo arbitral.
Aun así, ¿hay otra salida? ¿se puede revertir el escenario arbitral, máxime si persisten situaciones pendientes? ¿se puede plantear un restablecimiento de equilibrio, a la luz de nuevas evidencias que muestran la lesión causada al Ecuador?
Abundante bibliografía, con significativas credenciales académicas, sustenta los sesgos del sistema arbitral y de los tratados de inversión, como los que presenta la transnacional para acusar al Ecuador. Está en debate igualmente el desbalance de un sistema injusto, que prioriza la seguridad de las inversiones privadas y coloca a los países como concurrentes de menor rango, que deben defenderse, por fuera del amplio acervo de legislación internacional y de derechos humanos, como si las cuestiones de soberanía fueran sólo un malentendido de términos contractuales.
Una demanda internacional extrajudicial contra la República no es un juicio cualquiera, pues a más de la soberanía, tiene que ver con geoeconomía y geopolítica petrolera. En otras palabras, es una cuestión de Estado, que impacta al pueblo y sus instituciones, que deberían comprometerse en una estrategia sostenida de defensa integral y multidisciplinaria.
Además, Ecuador tiene para defenderse no sólo la evidencia de un ecocidio, que produjo consecuencias irreversibles en uno de los entornos más biodiversos del mundo, sino que en los 24 años transcurridos luego de la partida de la transnacional, un remanente de unas 800 piscinas de residuos tóxicos al descubierto, contaminaron agua, aire y tierra, impidieron prácticas agrícolas, sustrajeron el disfrute del hábitat, causaron enfermedades y otros daños.
Y eso sólo es una parte de las consecuencias ulteriores de una mala práctica ambiental deliberada, pues como lo señala el presidente Rafael Correa, en esa época ya existían tecnologías para evitar estos ecocidios y el de Lago Agrio es 85 veces mayor al causado por la British Petroleum en el Golfo de México (2010), que benefició de defensa inmediata del Presidente del afectado Estados Unidos y obtuvo reparación.
Y justamente, es determinante desde la mirada geopolítica, especialmente de defensa de la soberanía, la exposición documentada de hechos y cifras, para mostrar al mundo las evidencias de la contaminación, que amparado por el mandato constitucional de defender pueblo, soberanía y territorios ha realizado el presidente Correa. Esto marca un hito histórico, que empina el sentido de responsabilidad en la gestión de Estado, de modo inverso a la tendencia obsecuente de gobernantes anteriores, que actuaron más bien como auxiliares de las corporaciones foráneas.
Estos hechos han movido ampliamente a movimientos sociales, personalidades, diversos actores sociales del mundo, quienes se han expresado y en casos hasta se han movilizado, para defender al Ecuador de esta perversa inversión de papeles. Asimismo, numerosas instituciones, Congresos nacionales, instancias internacionales, y hasta la OPEP, han emitido su solidaridad con el país.
EL PAGO, LOS EMBARGOS Y OTRAS CONFUSIONES
Chevron utiliza sin ambages argumentos del “caso afectados amazónicos” para sustentar el arbitraje, sostiene que este caso vulnera el mencionado Tratado Bilateral de Inversiones; pide al país ordenar el cese de las acciones emprendidas por esas comunidades en otros países, es más, denuncia como un incumplimiento de laudos arbitrales, que el gobierno no anule la sentencia de Lago Agrio y no coarte las acciones subsecuentes de los amazónicos, pero en contradicción con esto acusa como fraudulento cualquier intercambio entre nacionales.
Tanto es así, que en el reciente incidente del pago de 112 millones de dólares, que el país se vio obligado a sufragar a la transnacional, por un laudo arbitral sobre denegación de justicia, cundió la confusión. Pues a más del arbitraje, la transnacional sostiene una maraña de juicios y apelaciones, en distintas partes, para eludir el pago que ella sí tiene pendiente con los indígenas y campesinos amazónicos.
Estos últimos, por su parte, en la busca de mecanismos para hacer respetar la sentencia a su favor, interpusieron un embargo sobre los bienes de la Chevron en Ecuador y otros países. Por eso, cuando se anunció el pago del Ecuador a la Chevron, los amazónicos reclamaron el monto del arbitraje como un abono a los 9,5 mil millones que la transnacional les debe.
Por otro lado, también la Chevron pretendía, a su vez, un embargo de bienes ecuatorianos, para capturar el monto antes descrito y evadir su responsabilidad con los amazónicos. Por lo que los indígenas y campesinos amazónicos tuvieron que levantar el embargo en Ecuador, ante la consideración de que ellos son parte de este país y que cualquier confiscación de los bienes nacionales no constituye un resarcimiento para ellos, ni para el pueblo ecuatoriano, sino al revés.
En síntesis, la Chevron no solo sale más que bien librada, sino que ha logrado trasladar al país de su papel de víctima al banquillo de los acusados y, además, el Ecuador ha pagado a la Chevron y no al contrario. Y, este laudo arbitral es sólo un componente de una demanda más amplia aún en curso.
El país está inmerso en la trampa de un sistema arbitral, que tiene más relación con los negocios de las transnacionales que con sistemas de justicia, y para salir urge refrescar la estrategia de defensa, con una mirada más integral que nunca, donde todo apunte a defender al pueblo y su soberanía y para eso cada ecuatoriano/a cuenta, cada gesto de coherencia cuenta.
Selección en Internet: Melvis Rojas Soris
- Socióloga ecuatoriana
