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Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2018-05-22

La Asociación Nacional del Rifle lo considera "un guerrero de la libertad estadounidense"

LA JORNADA 8 de mayo del 2018 MÉXICO

Oliver North, figura central del escándalo Irán-contras, será presidente de la NRA

(Fragmentos)

La figura central en el escándalo conocido como Irán-contras que sacudió el Gobierno de Ronald Reagan en los años 80, ha sido nombrada próximo presidente de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

El teniente coronel Oliver North fue calificado de "guerrero legendario para la libertad estadounidense, talentoso comunicador y líder capacitado. En estos tiempos, no puedo pensar en nadie más apto para servir como nuestro presidente", declaró Wayne La Pierre, ejecutivo en jefe de la NRA, en un comunicado.

North, un asesor de Seguridad Nacional del presidente Reagan, fue uno de los coordinadores del ilícito programa encubierto, manejado desde la Casa Blanca, que empleó fondos de las ventas secretas de armas a Irán para financiar a las fuerzas antisandinistas conocidas como la contra en Nicaragua.

El operativo fue revelado en el 1986 y después de audiencias legislativas e investigaciones penales, North fue condenado en el 1989 por destrucción de documentos oficiales, obstruir al Congreso y recibir fondos ilegales, aunque un par de años después su caso fue anulado con un argumento técnico.

Sin embargo, se comprobó que North violó la prohibición del Congreso para financiar a la contra, mientras manejaba una operación para vender armas al Gobierno de Irán, violando un embargo, en un escándalo que también llevó a la desgracia a otros altos funcionarios de aquel gobierno, entre ellos Elliot Abrams, secretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, y los asesores de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, John Poindexter y Robert McFarlane.

El exmarine actualmente trabaja como comentarista y conductor de programas en Fox News, y es autor de varios libros. Participó en la reunión anual de la NRA el pasado fin de semana, donde se concentraron más de 70 mil miembros de una de las organizaciones políticamente más poderosas del país, donde también subieron al podio el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence, para afirmar su defensa incondicional del derecho a las armas.

La NRA ha contribuido con millones de dólares a las campañas electorales de políticos -incluidos unos 30 millones a la de Trump- pero por primera vez en muchos años se encuentra a la defensiva, como resultado de un nuevo movimiento de base encabezado por jóvenes que nació del tiroteo masivo en una preparatoria de Florida en febrero pasado. Una petición del movimiento March for our Lives es que los políticos dejen de aceptar donaciones de la NRA y prometen echar a los que se nieguen.

Ante ello, la selección de North indica que la organización buscaba un nombre reconocido -y considerado "héroe" en círculos conservadores- para enfrentar este desafío. North, quien se identifica como un patriota cristiano, concluyó su participación ante la convención de la NRA con una oración.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

EEUU: ¿más poderes de guerra para el presidente Donald Trump?

PL 18 de mayo del 2018 CUBA

Nota de Panorama Mundial: el imperio busca más opciones para encubrir sus agresiones a otros países. Todas las agresiones violan los principios del derecho internacional y causan la muerte y la destrucción de los países agredidos.

Roberto García Hernández *

Un controversial proyecto de ley cuya discusión se reactivó en días recientes en el Senado estadounidense, intenta ampliar, aunque con ciertos matices, las facultades del presidente Donald Trump para utilizar el poderío bélico en ultramar sin apoyo del Congreso.

Los legisladores valoran una propuesta de Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF) presentada el pasado 16 de abril por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, el republicano Bob Corker y su colega demócrata Tim Kaine.

La iniciativa, que aún no ha logrado un apoyo significativo, de ser aprobada otorgaría al jefe de la Casa Blanca amplios poderes para hacer la guerra, disfrazados en determinadas cláusulas que intentan neutralizar a quienes se oponen a la medida.

El proyecto está coauspiciado por los senadores demócratas Chris Coons, de Delaware y Bill Nelson, de Florida, así como los republicanos Jeff Flake, de Arizona y Todd Young, de Indiana.

Una veintena de grupos de diversas tendencias entregó una carta el 16 de mayo pasado al liderazgo republicano en la que refieren que el proyecto Corker-Kaine constituye un "verdadero basurero de malas ideas".

Los firmantes representan a la Unión Americana de Libertades Civiles, la ultraderechista organización Freedom Works y la entidad de tendencia liberal Indivisible.

Además, algunos legisladores objetan esta pieza legislativa porque no pone término ni limita la expansión de las operaciones antiterroristas hacia otros países o grupos extremistas no contemplados de forma explícita en el texto.

Dentro del Capitolio soplan fuertes vientos en contra, como son los casos de los senadores demócratas Bob Menéndez, de Nueva Jersey; Ben Cardin, de Maryland, y Jeff Merkley, de Oregon, quienes dijeron que la ausencia de un límite de tiempo para las operaciones en el proyecto de ley era un fuerte obstáculo para que este avance.

Por otra parte, según el diario The Hill, un bloque bipartidista de 50 miembros de la Cámara de Representantes, bajo el liderazgo de la demócrata Barbara Lee y el republicano Walter Jones, demandó que se elabore un borrador diferente de este tipo de autorización, que sea más transparente e imponga limitaciones de tiempo al jefe del Ejecutivo.

El texto bipartidista Corker-Kaine, de unas 20 páginas, no restringe el uso sostenido de unidades terrestres y por el contrario autoriza el empleo de "todas las fuerzas necesarias y apropiadas" para llevar adelante las operaciones, tal y como exigen algunos "halcones" dentro del Capitolio.

La propuesta, de ser aprobada por el plenario senatorial, permitiría la continuación de las acciones contra Al Qaeda, el Talibán, el Estado Islámico (EI) y fuerzas asociadas, aunque no autorizaría ataques contra países soberanos.

Si se convierte en ley, la legislación establecería que para usar el poderío bélico el presidente debe notificar al Congreso en un plazo de 48 horas si decide ampliar las operaciones militares hacia otras naciones además de Afganistán, Iraq, Siria, Somalia, Yemen y Libia o contra "fuerzas de nueva designación" y cuándo lo haría.

El proyecto ahora bajo discusión, de ser aprobado por el plenario del Senado y firmado por Trump, sustituiría a las legislaciones que en la actualidad "amparan" o al menos dan cierto matiz legal a las operaciones bélicas y que fueron aprobadas por el Capitolio tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.

La ley de poderes de guerra

Pero independientemente de lo que establecen estas legislaciones puntuales, el jefe de la Casa Blanca tiene, de acuerdo con las leyes, amplias facultades para el empleo del poderío bélico norteamericano sin el visto bueno del Capitolio.

La Ley de Poderes de Guerra, aprobada en noviembre del 1973, garantiza cierto nivel de supervisión del Congreso sobre el presidente en cuanto al empleo de las fuerzas armadas.

El estatuto obliga al jefe de la Casa Blanca a informar al Legislativo en un plazo de 48 horas, cuando se introducen en combate fuerzas militares o en situaciones en las que es inminente la participación de las unidades debido a las circunstancias en el teatro de operaciones.

Adicionalmente, la ley estipula que el presidente debe poner fin a acciones militares en el exterior 60 días después de su comienzo, a menos que el Congreso proporcione una declaración de guerra "o una autorización para dar continuidad a las hostilidades".

Según Louis Fisher, experto del Proyecto de Derecho Constitucional, "para una operación de gran envergadura, el presidente debe ir al Capitolio y buscar apoyo, aunque en el 2011 la administración Obama lanzó una campaña aérea durante siete meses contra Libia y ayudó al derrocamiento del Gobierno de ese país sin la aprobación del Congreso", añadió.

La AUMF de Obama

En febrero del 2015 el presidente Barack Obama presentó al Congreso una solicitud de AUMF para sus acciones contra el EI en Siria e Iraq, documento que se analizó posteriormente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado con la asistencia de altos jefes militares y civiles del Pentágono.

En esa ocasión, los republicanos plantearon que la petición de Obama no tenía todo el alcance que se necesitaba en esos momentos, por lo que favorecían un papel más activo de Estados Unidos en el combate a los fundamentalistas.

Por su parte, algunos demócratas se negaron a avalarla porque no intentaba prohibir de forma explícita el uso de tropas terrestres en combate.

De acuerdo con algunos expertos, en las circunstancias actuales constituye un serio peligro para la seguridad nacional del país y la estabilidad mundial darle al jefe de la Casa Blanca un cheque en blanco para el empleo del poderío bélico norteamericano.

Los especialistas hacen notar el peligro de ampliar las facultades del uso del poderío bélico por parte del presidente Trump, en momentos en que se agravan las tensiones en diversos puntos del planeta debido a los afanes hegemónicos de Washington.

La compleja situación en el Medio Oriente, la incertidumbre acerca del futuro de las negociaciones sobre el conflicto en la península Coreana -a pesar de ciertas señales de distensión-, así como la guerra en Afganistán y otros posibles focos de tensión, hacen pensar que el Congreso debe pensarlo dos veces antes de darle el visto bueno a una legislación de ese tipo.

Las decisiones erráticas que caracterizan a la actual administración y la tendencia a resolver con acciones de fuerza asuntos clave de política exterior, hacen pensar a los especialistas en el peligro que representará el otorgamiento de un cheque en blanco al mandatario para usar el poderío bélico.

Aunque los legisladores no se pongan de acuerdo acerca de esta u otra propuesta similar de autorización del uso de la fuerza, el presidente de Estados Unidos tiene un amplio abanico de opciones en este tema, que le permite perpetrar una agresión armada, presentarla como un hecho consumado y después pedir apoyo al Capitolio.

Por otra parte, en proyectos como este se decreta sobre la "legalidad" del uso de la fuerza por parte del Gobierno de Estados Unidos, y el papel del Congreso y la Casa Blanca, pero en ningún caso se menciona la validez de estas decisiones a la luz del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

  • Jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.

La tragedia de un Estado para poderosos

PÁGINA 12 9 de mayo del 2018 ARGENTINA

Raúl Montenegro*

Desde el campamento “Lula libre” en Curitiba, Brasil

La justicia de primera instancia persigue a Luiz Inácio Lula da Silva y lo encarcela sin pruebas, mientras actúan impunemente en Brasil autores intelectuales de ferocidad sin límite, empresas privadas de seguridad con prácticas ilegales y sicarios que asesinan a mansalva a indígenas, campesinos y trabajadores rurales.

En Brasil se está desarrollando un experimento social sin precedentes que todos los países democráticos de la región y el mundo siguen con honda preocupación. En lugar de los tradicionales golpes militares con fuerzas armadas en la calle y generales que asumen el poder, desde 2016 las minorías poderosas han desplegado un innovador y autoritario golpe de estado múltiple, donde se combinan golpe parlamentario, golpe judicial y sobre todo, golpe mediático desde medios hegemónicos como la Rede Globo. Ampliaron así los golpes institucionales registrados en Honduras y Paraguay.

Después del ensayo exitoso que logró el desplazamiento de Dilma Rousseff de la presidencia, el objetivo es que Lula da Silva, primero en intención de voto para las próximas elecciones, no pueda presentarse como candidato.

No es casual que los poderes económicos reales intenten derribar la candidatura del expresidente de Brasil, pues en uno de los países más desiguales del planeta, Lula logró sacar de la pobreza a más de 30 millones de brasileños. Semejante transferencia de recursos y poder a los más desprotegidos es considerado un peligro inaceptable por quienes se benefician con el trabajo esclavo y explotan sin grandes trabas gubernamentales los recursos naturales del país.

La desigualdad social ha crecido junto a cuerpos policiales del Estado y empresas privadas autorizadas por el gobierno, como “Atalaia Seguridad y Vigilancia” del Estado de Pará, en Amazonas. Grandes propietarios de tierras, madereras y empresas mineras contratan ejércitos privados que amenazan, torturan e incluso asesinan personas. Existe además una importante cantidad de sicarios dispuestos a matar por encargo, en su mayoría protegidos por los poderes locales, y sectores corruptos de la policía y la justicia. Según la Comisión Pastoral de la Tierra solamente en 2017 fueron asesinados 70 líderes sociales y ambientales en Brasil.

La justicia de primera instancia persigue a Lula y lo encarcela sin pruebas, mientras actúan impunemente en Brasil autores intelectuales de ferocidad sin límite, empresas privadas de seguridad con prácticas ilegales y sicarios que asesinan a mansalva. Para esta verdadera mafia descentralizada no existe Lava Jato, ni parece ser una prioridad para el juez Sergio Moro.

Lula es un obstáculo para el Brasil armado y rico que resuelve sus apetencias de tierras y poder con corrupción, asesinatos impunes y múltiples golpes de estado. En Brasil se han naturalizado prácticas aberrantes como la guerra química contra los agricultores más pobres que viven en tierras apetecidas por los poderosos. Yo mismo estuve en el campamento Helenira Resende del MST, en cercanías de Marabá, donde los aviones pulverizaban deliberadamente peligrosos plaguicidas sobre niños y adultos para que abandonen las tierras. Lo mismo se practica en Nova Guarita, en Matto Grosso, donde los aviones pulverizadores lanzaron venenos desde el aire sobre el campamento de pequeños agricultores Raimundo Vieira III.

La apuesta de los poderosos es que Lula pase 12 años en la cárcel. Nuestra preocupación, como premiados con el Nobel Alternativo, es que si Lula logra sortear la persecución judicial, se presente o no como candidato en las próximas elecciones, pueda ser víctima de sicarios que matan a quemarropa. No olvidemos que ya dispararon balas de plomo contra su caravana en Paraná, el único Estado que no ofreció custodia policial durante su recorrido. En Paraná actúa el juez Sergio Moro, y en una cárcel de ese mismo estado está preso Lula.

Nosotros, los galardonados con el Right Livelihood Award que estuvimos en Curitiba, pedimos al poder judicial brasileño que cumpla y haga cumplir la Constitución; que Lula sea liberado y se proteja su vida. Que se protejan las vidas de los indígenas, campesinos y trabajadores rurales de Brasil. Y que se haga justicia por aquellos que fueron asesinados.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

  • Biólogo, profesor titular plenario en la Universidad Nacional de Córdoba. Presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y Premio Nobel Alternativo 2004.

"Cambridge Analytica" no cierra, cambia de piel

ENTORNO 7 de mayo del 2018 CUBA

Ricardo Carnevali,

La consultora británica Cambridge Analytica, la que protagonizó el escándalo por el uso de datos de millones de usuarios de Facebook, anunció el cese inmediato de todas las operaciones e inició su proceso de quiebra, pero simplemente cambia de piel y seguirá sus manipulaciones con otros nombres, amenazando la pureza de las elecciones en varios países, entre ellos Argentina, Colombia y México.

La compañía británica culpó de su quiebra a las denuncias de manipulación política que inundaron los medios internacionales en los últimos, pero lo cierto (y que no dice) es que sus principales activos ya trabajan en una empresa con fines similares llamada Emerdata.

No es de extrañar que muchos medios del primer mundo se han hecho eco de la maniobra, aun cuando el británico Financial Times cita a exempleados que afirman que la empresa podría reinventarse con un nombre diferente, teniendo en cuenta que "Cambridge Analytica como marca es absolutamente tóxica (…) aunque, seguramente, SCL Group surgirá reencarnada o quizá disfrazada".

La entidad registradora pública de empresas y organizaciones del Reino Unido, Companies House, develó que existe una compañía llamada Emerdata Limited, “con sede en las mismas oficinas que SCL Elections y dirigida por la misma administración e inversores que Cambridge Analytica”. Incluso se describe a sí misma como una organización de "procesamiento de datos, alojamiento y actividades relacionadas", una actividad similar a la que decía realizar la empresa

El 21 de marzo Business Insider destapó la existencia de Emerdata Limited, en cuyo consejo de administración aparecen una serie de nombres directamente vinculados con Cambridge Analytica y SCL Group. Alexander Taylor fue nombrado director de Emerdata el 28 de marzo en sustitución del dimitido Alexander Nix. Otro directivo de SCL Group, Julian Wheatland, aparece en los registros como directivo de Emerdata.

Nix, quien reconoció que trabajó en elecciones en países de todos los continentes, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Nigeria, Kenia y República Checa, dejó la compañía justo tras estallar el escándalo de los datos de Facebook (o lo hizo estallar) y a raíz de un vídeo grabado por la televisión británica con cámara oculta donde hizo toda clase de comentarios inapropiados como ofrecer grandes cantidades de dinero a un candidato y amenazarle con publicarlo, para intentar extorsionarlo.

Jennifer y Rebekah Mercer, hijas del millonario Robert Mercer -fundador y financiador de Cambridge Analytica, y financista de la campaña presidencial de Donald Trump- quienes detentaban cargos de responsabilidad en Cambridge Analytica, también aparecen como directivos de Emerdata desde el 16 de marzo, en pleno estallido público del escándalo.

Es más, según Business Insider, entre los responsables de Emerdata también aparece Johnson Chun Shun Ko, un ejecutivo chino de Frontier Services Group, la firma militar presidida por el prominente partidario de Trump Erik Prince, fundador de la contratista militar estadounidense Blackwater US, y hermano de la secretaria de educación de Estados Unidos, Betsy DeVos.

Emerdata se constituyó en agosto del 2017, pero ha registrado bastante actividad desde que el escándalo del uso ilegítimo de los datos de Facebook llegó a los titulares en marzo de este año, incluidos los ya mencionados nombramientos de directivos provenientes, precisamente, de Cambridge Analytica.

Una provocada autoquiebra

Cambridge Analytica anunció también que en breve anunciará una bancarrota para su central en Londres y sus filiales en Estados Unidos. Todo esto pareciera una puesta en escena para hacer creer que muerta la empresa se terminó el mal. Pero es obvio que seguirán, con otro nombre las mismas manipulaciones.

En marzo pasado, Christopher Wylie, uno de sus fundadores, denunció que esa consultora había utilizado de manera ilegal la información de 50 millones de usuarios en Facebook.

Recién cuando el escándalo tomó dimensión global, Facebook reconoció que la consultora británica había accedido (¿o comprado?) a la información personal de al menos 87 millones de usuarios y la había utilizado para crear perfiles de votantes.

Wylie desnudó ante la Cámara de los Comunes británica la mecánica interna de la consultora, y denunció puntualmente la manipulación que realizó la empresa durante la campaña por la salida de Reino Unido de la Unión Europea a favor del Brexit, que incidieron en el resultado del referéndum de la UE.

AggregateIQ (AIQ), una empresa canadiense, trabajó con Cambridge Analytica durante la campaña a favor del Brexit y desarrolló un software denominado Ripon que utilizaba algoritmos de datos de Facebook para apuntar a ciertos perfiles ideológicos más abiertos al discurso anti UE, explicó Wylie. AIQ desempeñó un “papel muy significativo” en la victoria del Brexit en el Reino Unido, dijo.

Esta denuncia desató todo tipo de versiones y rumores en Estados Unidos, en donde Cambridge Analytica trabajó en la campaña presidencial de Donald Trump. El vínculo entre la consultora y el presidente republicano no es sólo laboral. Uno de los dueños de la compañía es el multimillonario estadounidense Robert Mercer, uno de los impulsores de la llamada derecha alternativa norteamericana, el movimiento de extrema derecha que apoyó desde el inicio al magnate inmobiliario. Pero Cambridge Analytica no fue la única que recibió golpes por este escándalo. Facebook tuvo una caída abrupta en la bolsa estadounidense y una disminución igual de fuerte en su número de usuarios.

Facebook, una de las señaladas por las autoridades fiscales americana y europeas por disfrutar de las ventajas impositivas que confieren las regulaciones mercantiles y tributarias a los domicilios sociales y fiscales y el principal agente empresarial involucrado en los cambios de tendencia en las urnas británicas y estadounidenses en el 2016, gestiona más de 300 millones de gigabytes en información personal de sus usuarios.

Estos datos equivalen a que cada uno de ellos tuviera archivados 126 e-books en sus cuentas, y un arsenal de perfiles que le permite disponer de una de las plataformas on line más importante del mundo, indispensable para beneficiarse de modelos de negocio que amplían consumidores y diversifican mercados al calor del incremento productivo de los robots y la automatización industrial.

Todo esto acontece apenas dos decenios después de que Sergey Brin y Larry Page registraran el dominio google.com y once de que Steve Jobs presentara en sociedad, en San Francisco, el primer iPhone. Mientras, Facebook sigue creando perfiles de usuarios y los algoritmos que usara Cambridge Analytica siguen a disposición de quien los quiera (o pueda) pagar.

  • Doctor en Comunicación Estratégica. Investigador del Observatorio en Comunicación y Democracia, asociado al CLAE

Juan Carlos Huerta: otro periodista asesinado

LA JORNADA 16 de mayo del 2018 MÉXICO

Editorial

El 15 de mayo, cuando se cumplió el primer aniversario del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, el conductor radiofónico Juan Carlos Huerta fue ultimado a balazos frente a su domicilio, en Villahermosa, Tabasco. El gobernador de esa entidad, Arturo Núñez, descartó el robo como móvil del ataque y aseguró que los agresores "llegaron a matar".

Huerta es el cuarto comunicador asesinado en lo que va de este año, tras los homicidios de José Gerardo Arraiga, editor de la agencia noticiosa de El Universal (6 de enero); Carlos Domínguez Rodríguez, del Diario de Nuevo Laredo (13 de enero), y Leobardo Vázquez Atzin, del portal noticioso Enlace Gutiérrez Zamora. Con la muerte del conductor radiofónico tabasqueño suman 43 informadores ultimados en el curso de este sexenio y 134 desde el 2000.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el homicidio, demandó a las autoridades el esclarecimiento expedito, objetivo e integral que tome en cuenta el trabajo periodístico de la víctima como línea de investigación y formuló un llamado a las instancias gubernamentales a revisar y actualizar los esquemas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, así como priorizar el esclarecimiento de las agresiones mortales contra ellos, casi todas impunes.

En este mismo espacio se señaló ayer que el asesinato de un profesional de la información es condenable en sí, en tanto que acto de privación de la vida de una persona; sin embargo, lo es además porque suele conllevar un ataque a la libertad de expresión y también al derecho de la sociedad a la información. Si se considera que la tarea de los periodistas es necesaria para los ciudadanos en general -la cual necesita estar informada para la toma de decisiones de toda índole-, estas agresiones mortales representan también atentados en contra de la normalidad democrática y la estabilidad institucional del país.

Sin embargo, a juzgar por el elevado número de periodistas asesinados, una de las facetas de la violencia exacerbada que padece México parece ser la de una guerra contra la información, en la que diversos actores -grupos de la delincuencia organizada o, peor aún, criminales enquistados en las instancias de los poderes políticos y empresariales- recurren con una frecuencia cada vez mayor a la supresión letal de voces que arrojan luz sobre diversos aspectos de la descomposición en curso y, al hacerlo, afectan intereses y estructuras que operan en la sombra.

Lo que puede verse es que el conjunto de las autoridades no ha logrado tomar conciencia de la gravedad de este fenómeno ni de sus implicaciones para la vida republicana del país; y por lo que respecta a las muertes violentas de personas de todos los oficios, edades, regiones y condiciones socioeconómicas, no ha estado a la altura de sus obligaciones legales primarias, que empiezan por garantizar el derecho a la vida, la seguridad y las libertades de los gobernados y por hacer justicia efectiva ante cualquier violación de tales garantías constitucionales.

El 15 de mayo se apuntó en este espacio: “A un año de la muerte de Javier Valdez y a más de 14 meses de la de Miroslava Breach (quien fue corresponsal de La Jornada en Chihuahua) ambos crímenes distan de haber sido plenamente esclarecidos y no hay certeza de quiénes los asesinaron. Sólo se sabe que los mató la impunidad y mientras no se haga justicia seguirá cobrando más vidas”. En cuestión de horas, por desgracia, el aserto se reveló certero y el periodista Juan Carlos Huerta fue asesinado.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris