Ataque de Estados Unidos a Venezuela

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Ataque de Estados Unidos a Venezuela
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Parte de Operación Lanza del Sur
Imagen difundida tras la detención de Nicolás Maduro
Fecha 3 de enero de 2026
Lugar Caracas, Venezuela
Causas Ejecución de orden de captura emitida por tribunales federales de EE. UU. contra Nicolás Maduro
Resumen Incursión militar puntual de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas, con el objetivo declarado de capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores. El gobierno de EE. UU. calificó la acción como legal; varios gobiernos la denunciaron como una violación de la soberanía venezolana.
Resultado Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a EE. UU. bajo custodia militar. El gobierno venezolano quedó acéfalo y se declaró en emergencia nacional.
Consecuencias Reacciones internacionales divididas; condena de gobiernos como Cuba, Rusia y China; protestas diplomáticas; crisis institucional en Venezuela
Territorio Sin cambios territoriales
Beligerantes
* Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM)
  • 1.º Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales-Delta (Delta Force)
  • 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (SOAR)
  • Agencia Central de Inteligencia (CIA)
  • Mando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM)
 * Guardia Presidencial de Venezuela
  • Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
  • Milicia Bolivariana
  • Asesores militares extranjeros (según reportes no confirmados)
Comandantes
Donald Trump (comandante en jefe); oficiales del SOCOM (no identificados) Nicolás Maduro; Vladimir Padrino López
Fuerzas en combate
Aprox. 300 efectivos (fuerzas especiales y apoyo aéreo) Estimado: 1 200 efectivos en Caracas (según fuentes locales)
Bajas
2 heridos (según fuentes estadounidenses) Más de 80 muertos (según medios locales); 32 militares cubanos fallecidos (según gobierno cubano)

Ataque de Estados Unidos a Venezuela (2026). El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación militar puntual en Caracas, Venezuela, con el objetivo declarado de capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. La acción, denominada "Operación Lanza del Sur", fue confirmada por el presidente estadounidense Donald Trump. Mientras el gobierno de Estados Unidos la calificó como una acción legal basada en cargos federales, varios gobiernos y organismos internacionales expresaron preocupación por su legalidad y por las implicaciones para la soberanía venezolana.

Antecedentes

Desde 2020, Nicolás Maduro enfrentaba cargos formales en tribunales federales de Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración transnacional. Washington ofrecía una recompensa por su captura. Las tensiones entre ambos países se intensificaron durante el segundo mandato de Donald Trump, especialmente tras la ruptura de relaciones diplomáticas y el reconocimiento de gobiernos paralelos en Venezuela.

Desarrollo de la operación

La madrugada del 3 de enero de 2026, unidades del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM), incluyendo el 1.º Destacamento Delta y el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (SOAR), ingresaron a Caracas con apoyo de inteligencia de la CIA. En menos de tres horas, capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Ambos fueron trasladados al portaaviones USS Iwo Jima y posteriormente a territorio estadounidense.

Reacciones internacionales

El gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 militares cubanos que integraban el anillo de seguridad presidencial. Rusia calificó el hecho como una "agresión" y exigió explicaciones inmediatas. China denunció la operación como una violación del derecho internacional y pidió la liberación inmediata de los detenidos. Por su parte, gobiernos como los de Argentina y Colombia respaldaron la acción, mientras que México, Bolivia y otros países del ALBA la condenaron.

Posición de la comunidad internacional

Diversos organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocaron sesiones extraordinarias para evaluar la legalidad de la operación. Mientras algunos Estados miembros defendieron el principio de no intervención y la soberanía nacional, otros destacaron la gravedad de los cargos imputados a Maduro y la necesidad de justicia internacional. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a garantizar el debido proceso y la transparencia en el tratamiento de los detenidos.

Consecuencias

La captura de Maduro provocó una crisis institucional en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia declaró la operación como un "secuestro internacional" y convocó a una sesión de emergencia. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, declaró acéfalo el poder ejecutivo. En el plano internacional, se intensificaron las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y varios países aliados de Venezuela.

Evaluación jurídica

Desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos, la operación fue una captura legal basada en cargos federales por narcotráfico y conspiración transnacional, presentados desde 2020 por el Departamento de Justicia. La administración estadounidense argumentó que Nicolás Maduro era un “criminal transnacional” y que su detención respondía a la ejecución de una orden judicial válida bajo su jurisdicción interna.

Sin embargo, desde el punto de vista del derecho internacional, la operación ha sido ampliamente cuestionada. La Carta de las Naciones Unidas, en su Artículo 2.4, prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en casos de autodefensa o con autorización expresa del Consejo de Seguridad. En este caso:

  • No existió consentimiento del Estado venezolano.
  • No hubo resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizara la acción.
  • No se invocó legítima defensa, ya que Venezuela no había atacado a Estados Unidos.

Diversos expertos y organismos multilaterales calificaron la operación como una violación de la soberanía venezolana. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó “grave preocupación” por el precedente que podría sentar el uso unilateral de la fuerza para ejecutar detenciones extraterritoriales sin mandato internacional. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Africana también manifestaron su rechazo a la acción, solicitando una investigación independiente sobre su legalidad.

En consecuencia, aunque la operación fue considerada legal bajo la legislación interna de Estados Unidos, no fue reconocida como legítima por amplios sectores de la comunidad internacional, y su legalidad sigue siendo objeto de debate en foros multilaterales.

Véase también

Fuentes

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