Ley de Aguas Terrestres

Ley de Aguas Terrestres
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PaísBandera de Cuba Cuba
Ley de Aguas Terrestres. Ley que busca ordenar la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos en Cuba, y el cual se inscribe en la estrategia de protección del medioambiente. Aprobada durante el noveno periodo ordinario de sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Antecedentes

Cuba enfrenta durante los últimos años una situación desfavorable por el déficit de lluvias, y la consiguiente escasez en los acumulados de agua en sus embalses.

El proyecto de ley que transitó desde 2013 por una amplia consulta a expertos de varios organismos, autoridades del ramo, diputados y la población en general.

Para la elaboración de la norma se tomaron en cuenta los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, además de la Política Nacional del Agua, aprobada por el Consejo de Ministros en 2012. Fueron tomadas en consideración la aparición de nuevos actores y formas de gestión económica, el amplio proceso inversionista que ejecuta el país en materia hidráulica, el perfeccionamiento de la legislación relativa a la inversión extranjera y la participación del capital foráneo en el ramo.

Como resultado del ejercicio de consultas se vertieron más de 200 propuestas de modificaciones por los diferentes actores, para el cambio del 37, 7 % del Proyecto de Ley.

La Ley

El instrumento legal consta de 13 títulos, 29 capítulos, 15 secciones, 127 artículos, dos disposiciones especiales e igual cantidad de transitorias, seis disposiciones finales y un Glosario con 26 términos.

Además de ordenar la gestión integral y sostenible de este recurso limitado y esencial para la vida, el Proyecto de Ley pauta medidas para la protección de las aguas terrestres sobre la base de su planificación, preservación y sostenibilidad, en armonía con el medio ambiente.

Incluye, asimismo, conceptos como productividad, reúso y reciclaje del agua, caudales ecológico y sanitario, empleo de tecnologías limpias y la entrega en arrendamiento o usufructo de infraestructuras del patrimonio hidráulico estatal.

Reconoce el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial, y el hecho de que las aguas terrestres son de dominio público, mientras fija lo concerniente a las cuencas hidrográficas, su delimitación y la planificación eficiente del líquido para las actividades de desarrollo económico, privilegiando la protección medioambiental.

Enfatiza en la planificación nacional del uso del agua, con especial atención a organismos e instituciones que la emplean en la producción o los servicios.

Fuentes

  • Aprueba Parlamento cubano proyecto de Ley de Aguas Terrestres. Disponible en:Revista Bohemia. Consultado el 14 de julio de 2017.