Portal:Panorama Mundial/RESUMEN SEMANAL/2019-11-8

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POLÍTICA

¿Qué hay detrás de los recursos entregados por el Gobierno de EEUU a Guaidó? (Resumen Latinoamericano)

RESUMEN LATINOAMERICANO 24 de octubre del 2019 ARGENTINA

Estados Unidos no solo intenta deponer al Gobierno del presidente Nicolás Maduro proponiendo y apoyando vías violentas, tal y como lo ha denunciado el mandatario en varias ocasiones, sino que también está invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en la instrumentación del llamado golpe blando y de su supuesto gobierno paralelo.

De acuerdo con el politólogo estadounidense Gene Sharp, el golpe suave o blando o no tradicional, utiliza un conjunto de técnicas conspirativas no frontales y principalmente no violentas, con el fin de desestabilizar un Gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no solo reconoció el pasado mes de enero como presidente de Venezuela al autoproclamado Juan Guaidó, sino que se encargó de hacerle lobby mundial en un intento porque otros gobiernos hicieran otro tanto.

Luego de numerosas “invitaciones”, amenazas (directas o veladas) y presiones, el mandatario logró que varios países latinoamericanos y europeos (54) tampoco reconocieran a Maduro como presidente y avalaran a Guaidó, al tiempo que recrudecía las sanciones económicas contra el país.

Pero como si esto fuera poco, luego de fracasar en sus intentos por quebrar la unidad de las Fuerzas armadas Bolivarianas, asumieron en su totalidad el financiamiento de la oposición y los planes conspirativos.

Es tan descarado el papel que está desempeñando que cada vez que otorgan sumas millonarias a Guaidó para sus actividades progolpistas le especifican con detalle las áreas en las que deberá invertir el dinero otorgado.

De acuerdo con reportes de los medios de comunicación, en lo que va de año el Gobierno estadounidense ha realizado tres desembolsos millonarios de dinero a Guaidó.

“Lo que estamos intentando hacer es conseguir que el equipo de Guaidó pueda pagar embajadas, embajadores, una oficina de la Asamblea Nacional en Caracas (…) Nos gustaría usar fondos de los Estados Unidos para hacerlo”.

Así lo aseguró el delegado especial de Donald Trump para Venezuela, ElliottAbrams, en una entrevista concedida a representantes del Instituto Empresarial Americano (AEI), y que fue divulgada el pasado mes de agosto de este año en Supuesto Negado.

A mediados de julio, el Gobierno estadounidense dio la orden de que 41.9 millones de dólares, que en principio estaban presupuestados para proporcionar ayuda a países centroamericanos, fueran redireccionados hacia la oposición venezolana.

En esa ocasión, se supo que los recursos iban a ser entregados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el fin de “cubrir gastos operativos del entorno inmediato de Guaidó”.

Pudiera entenderse que gastos operativos son viáticos, pasajes para viajes al interior del país, así como al exterior, pago de bonos en dólares a los diputados de la Asamblea Nacional, así como pagos a determinados medios de comunicación.

Los diputados de la Asamblea Nacional dejaron de percibir los salarios que le correspondían, debido a que el ente fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, organismo que les bloqueó cualquier asignación presupuestaria.

El pasado mes de septiembre el Gobierno estadounidense autorizó un monto de 52 millones de dólares para financiar al autoproclamado presidente Juan Guaidó.

De esta manera, la Administración gringa estaba triplicando los desembolsos realizados a la oposición venezolana, pues en el 2018 Estados Unidos destinó 15 millones al antichavismo, es decir menos de la tercera parte.

Los recursos serían distribuidos, según anunció el administrador de la Usaid, Mark Green, entre la Asamblea Nacional manejada por Guaidó, medios de comunicación y frentes organizados de la “sociedad civil”.

Según un alto funcionario consultado por la agencia de noticias AP, 19 millones de dólares del total asignado serán empleados para que “las fuerzas de Guaidó dispongan de comunicaciones seguras, dinero para gastos de viaje, capacitación en la preparación de presupuestos y otras herramientas que las preparen para gobernar si logran desplazar a Maduro del poder”.

El tercer desembolso millonario realizado a la oposición venezolana es mayor que todos los anteriores. Se anunció el pasado 8 de octubre y se etiquetó como un “acuerdo bilateral” entre la USAID y la oposición venezolana dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

En términos diplomáticos un Acuerdo bilateral es “un tratado estrictamente entre dos Estados partes. Estas dos partes pueden ser dos estados, o dos organizaciones internacionales, o un estado y una organización internacional.

Es decir, no puede hablarse de un tratado o acuerdo internacional entre un Estado y la oposición política de otro Estado.

En todo caso, un acuerdo bilateral es, de acuerdo con la Real Academia Española, es un compromiso que asumen dos partes. Estos acuerdos generan obligaciones recíprocas para ambos firmantes, que incluso pueden ser castigados en caso de incumplimiento.

El Gobierno de Estados Unidos se comprometió a desembolsar 98 millones de dólares. Lo que no se aclaró, porque no se informó en el acto de la firma, fue cuál había sido el compromiso que había adquirido la oposición venezolana.

“Los contribuyentes estadounidenses ahora pagan los salarios y gastos de docenas de figuras de la oposición venezolana que han creado un “gobierno en la sombra” dentro de Venezuela y en el extranjero”.

Así lo escribió el pasado 21 de octubre en el portal MROnline Leonardo Flores, un experto en políticas latinoamericanas y activista de CODEPINK, una ONG que hace vida en EEUU y que promueve la paz y la justicia social y es enemiga de las guerras y las ocupaciones.

Refiere Flores que, durante la firma del acuerdo con la USAID, Carlos Vecchio, representante de Guaidó en Washington, elogió a la agencia por ayudar a “mejorar nuestras capacidades para aumentar nuestro servicio exterior”, confirmando que los fondos van al equipo de Guaidó.

“Con esta admisión pública de financiamiento, ahora no se puede negar que el golpe (se refiere al intento de golpe del pasado mes de abril) se orquestó desde Washington y que cualquier autoridad que el Sr. Guaidó pueda tener es solo una función de su servicio como representante de los Estados Unidos”, dijo.

A su juicio, los subsidios a la oposición venezolana nunca han sido tan evidentes, pero tampoco son nada nuevo. “La Oficina de Iniciativas de Transición de USAID comenzó el financiamiento indirecto de la oposición en el 2002. Comenzó financiando organizaciones no gubernamentales afiliadas a la oposición, estudiantes y partidos; ahora ha progresado a pagar a los políticos directamente. El objetivo siempre ha sido el mismo: cambio de régimen”.

Este sería el plan de Guaidó para quedarse con el exceso del valor de la venta de Citgo (+Bono 2020)

El “autoproclamado” Juan Guaidó y sus aliados tendrían el dinero para pagar los 913 millones de dólares de los intereses del Bono PDVSA 2020, así lo aseguró Andrew Rosenberg, abogado de los acreedores, quien detalló que de no producirse el pago y embargar la refinería Citgo, la oposición podría quedarse con el “exceso del valor de la venta” de la refinería venezolana que está ubicada en Estados Unidos.

En una entrevista publicada por The Wall Street Journal, el representante legal de los acreedores dijo que esta fracción de la oposición venezolana que está apoyada por Estados Unidos “tienen acceso a suficiente efectivo para hacer un próximo pago de los bonos”.

Este dinero podría provenir de las cuentas del Estado venezolano y de PDVSA que han sido congelados en Estados Unidos, debido a las medidas coercitivas y unilaterales implantadas por Washington desde el 2015 y que se han agudizado bajo la Administración de Donald Trump.

Sin embargo, si se diera el escenario en donde no se paga a los acreedores, también Guaidó y sus aliados podrían salir beneficiados con dicha acción.

Hay que recordar que la semana pasada la Asamblea Nacional en desacato catalogó de “ilegal” el pago de estos bonos, por lo que una de las estrategias es que este conflicto de intereses se dirima en los tribunales de Estados Unidos. Para ello, tanto los dirigentes del partido Voluntad Popular y sus principales financistas han dicho “estar preparados”.

Sin embargo, no serían los únicos que están estudiando esta posibilidad. Rosenberg aseguró que sus representados también “están elaborando planes para tomar control de Citgo si no se les paga”.

De darse el incumplimiento del pago, los acreedores “pueden excluir la garantía y poner las acciones en venta”. Para ello, explicó el jurista, designarían a una junta directiva integrada por estadounidenses para administrar Citgo por un “periodo interino”, mientras las acciones se subastan.

“El asesor financiero DuceraPartners LLC ha sido contratado para ayudar en un posible proceso de comercialización”, señaló el abogado al medio estadounidense. También aseguró que el comprador más probable es una importante compañía petrolera estadounidense, cuyo nombre no fue revelado.

Luego de que los acreedores “sean reembolsados”; afirmó Rosenberg, “el exceso del valor de la venta volvería a la oposición”, aunque tampoco ofreció detalle de cuánto sería el monto.

Vale resaltar que el Buró Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) estadounidense inició una investigación con respecto al pago de los Bonos PDVSA 2020, donde se incluye un listado en el que los varios dirigentes Voluntad Popular, entre ellos Leopoldo López y Juan Guaidó, usarían testaferros para cobrar las ganancias.

“La agencia de investigación correspondiente al Departamento de Justicia norteamericano ha estado haciendo un seguimiento a los bienes adquiridos por los ‘tenedores políticos’ de los bonos tanto en Europa como en suelo estadounidense”, reseñaba una nota de prensa publicada por el diario Últimas Noticias.

También a principios de esta semana, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que se abrirá una investigación contra el diputado opositor Juan Guaidó “y sus amigos”, por los manejos de estos bonos.

Selección en Internet: Raquel Román Gambino

Por qué EEUU salva a Citgo ‘in extremis’ para derrotar a Rusia y a Maduro (Sputnik)

SPUTNIK 25 de octubre del 2019 RUSIA

Esther Yáñez Illescas*

Washington ha salvado ‘in extremis’ a Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela en EEUU, de las manos de los acreedores de deuda. Antes del lunes 28 de octubre, Venezuela debía pagar 913 millones de dólares como intereses del bono Pdvsa 2020, de no hacerlo, la empresa pasaría automáticamente a los tenedores de bonos. Citgo era la garantía de pago.

El Departamento del Tesoro ha emitido durante la jornada del jueves una licencia que prohíbe a los tenedores del polémico bono ejecutar su garantía para quedarse con Citgo.

La medida no llega como una acción de solidaridad con el Gobierno de Nicolás Maduro, sino todo lo contrario. Aparece como una muestra de apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó.

¿Por qué? Recordemos que, en el mes de enero pasado, días después de que Guaidó se autoproclamase presidente encargado de Venezuela y recibiese el apoyo de Washington, EEUU impuso sanciones a Pdvsa que incluían el bloqueo de fondos de Citgo y el traspaso de poderes al séquito de Guaidó, quien no tardó en nombrar una nueva Junta Directiva para controlar la filial.

A los ojos de EEUU, el pago de esos 913 millones de dólares por intereses de deuda debería hacerlo su aliado Guaidó y no Nicolás Maduro, al que consideran ilegítimo y por lo tanto sin ningún tipo de potestad sobre la empresa.

La medida del Departamento del Tesoro ha ido, por lo tanto, encaminada a "ayudar" a su socio en el país, debido a la incapacidad de pago de los intereses antes de la fecha prevista. Casi les sale el tiro por la culata.

Lo que ha hecho la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (Ofac, por sus siglas en inglés) es emitir la denominada Licencia General Nº 5-A, que prohíbe cualquier tipo de transacción con el bono Pdvsa 2020 durante 90 días más.

Esto da aire al líder opositor Juan Guaidó y a su Junta Directiva ficticia hasta el 22 de enero del próximo año. Las partes tienen ahora un plazo de tres meses para refinanciar la deuda y negociar.

El futuro de la filial venezolana pendía de un hilo. Pdvsa utilizó una participación del 50,1% de Citgo como garantía de los 3 mil 400 millones de dólares que emitió en forma de bonos en el año 2016.

Parte de los intereses de esos bonos debían cancelarse antes del próximo lunes, de lo contrario el reparto de la filial iría a parar, en primer lugar, al Fondo de Inversión de Mercados Emergentes Británico, Ashmore, que tenía la mayor participación en la compra de deuda.

La petrolera rusa Rosneft también es protagonista de esta historia. Pdvsa colocó las acciones restantes del bono 2020 como garantía de un préstamo de esta petrolera, por lo que parte del reparto del pastel sería para Rusia, algo que EEUU no estaba dispuesto a permitir.

Para Franco Vielma, analista del portal web de investigación Misión Verdad y experto en asuntos petroleros, "la medida (del Departamento del Tesoro) está direccionada contra Rosneft".

"Es evidente que EEUU ve a Rosneft no solo como un acreedor, sino como un aliado venezolano (del Gobierno de Nicolás Maduro) que resultaría beneficiado del impago de ese bono. Y ahí está la variable política. Se teje una nueva trama rusa pero esta vez sobre Citgo y los bonos venezolanos, lo cual, en teoría, justifica la profundización del arbitraje y control que el Gobierno de EEUU tiene sobre la filial de Pdvsa y otros bienes financieros de Venezuela", señaló Vielma.

Sobre la importancia del papel de Rosneft en los bonos Pdvsa 2020, Félix Roque, profesor universitario y analista internacional, opina que, al estar los bonos garantizados a través de una línea de crédito que la petrolera rusa dio a Venezuela, "se crea un conflicto de intereses entre el Estado venezolano, la administración de Trump, las autoridades de Guaidó y las autoridades de la empresa Rosneft".

"Rosneft va a jugar un papel fundamental, que se establecerá a corto o mediano plazos. La petrolera rusa no permitiría una pérdida tan cuantiosa para sí, ni permitiría que Citgo cayera en manos de terceros", señaló el analista.

De esta manera, era necesario para EEUU aplicar la nueva licencia para evitar las transacciones de los bonos Pdvsa 2020 y favorecer que Rusia se hiciese con la filial, importantísima en lo que a rentabilidad y activos se refiere.

Antes de las sanciones, Pdvsa exportaba diariamente 500 mil barriles de petróleo extra pesado para ser procesados por Citgo, que posee refinerías en Luisiana, Illinois y Texas y da trabajo, a tiempo completo, a más de 5 mil estadounidenses.

Según señala un artículo del Financial Times, en una carta a Donald Trump un grupo de legisladores norteamericanos advirtió que era probable que Citgo "se rompa en pedazos, que los activos se vendan por separado y que el futuro del empleo de miles de estadounidenses quede en una incertidumbre inmediata". La presión venía por todos lados.

Viéndolo así, la decisión de último momento de la Ofac era más que previsible teniendo en cuenta los intereses geopolíticos del asunto y el tablero de ajedrez en el que se mueven los diferentes actores.

Pero la historia viene de lejos. En previsión de lo que podría pasar el próximo 28 de octubre, la Asamblea Nacional venezolana (actualmente declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y de mayoría opositora) declaró el pasado 15 de octubre "ilegal" la emisión de los bonos Pdvsa 2020.

Según un comunicado del Parlamento, estos bonos "violan la Constitución", en concreto el Artículo 150, "pues se trató de un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, que no fue autorizado por la AN".

Este intento a la desesperada por parte del Parlamento, liderado por Guaidó, se contradice con la autorización que la misma Asamblea, que hoy declara como ilegales estos bonos, dio el pasado mes de mayo para el pago de 71 millones de dólares por concepto de intereses de esta misma deuda.

A todo ello hay que sumarle un último acontecimiento que ha contribuido en hacer un tanto más sórdida toda esta historia. Según publicara en exclusiva el portal venezolano de información y actualidad Últimas Noticias, el FBI habría iniciado una investigación contra estos bonos Pdvsa 2020 a raíz de denuncias formuladas por inversionistas privados de JP Morgan, considerada como la primera institución bancaria de EEUU.

Según este artículo, el FBI tendría en sus manos "la plantilla de cómo fueron otorgados los pagos a los inversores que adquirieron los bonos Pdvsa 2020", y en este listado resaltan algunos dirigentes del partido Voluntad Popular, entre ellos Leopoldo López y Juan Guaidó, quienes estarían utilizando testaferros para cobrar las ganancias. La cuadratura del círculo perfecto.

• Periodista

Cuatro claves para entender la Bolivia de Evo 2019-2025 (Rebelión)

REBELIÓN 29 de octubre del 2019 ESPAÑA

Katu Arkonada*

¿Cómo es posible que en el país con mayor crecimiento de la región se ponga en duda la continuidad del Presidente responsable de su estabilidad política y económica?

Para responder a esta pregunta vamos a intentar ensayar no una, sino varias respuestas.

Proceso electoral. Aunque se ha explicado varias veces desde el domingo de las elecciones, no ha habido ninguna manipulación de los resultados.

De hecho, ningún líder o partido opositor en Bolivia ha presentado ni una sola prueba de fraude, y las actas escaneadas de cada mesa electoral, donde había fiscalización de cada partido político, se pueden consultar en línea en la web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Lo que sí hubo es una muy mala gestión de los resultados. En primer lugar, por parte del OEP, que paró la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) en el 83% una vez que empezó a cargar las actas del cómputo oficial de resultados.

Pero también hubo una pésima gestión comunicativa del Gobierno boliviano cuando la oposición, interna y externa, comenzó a hacer su trabajo cuestionando los resultados y este no supo dar una explicación clara y certera de lo que estaba sucediendo, allanando el camino para que la OEA y las transnacionales de la información (con Jorge Ramos a la cabeza), que no han cuestionado al Gobierno de Piñera por imponer una dictadura violenta y sangrienta en Chile, pudieran sembrar la duda en la opinión pública internacional.

De hecho, la mala gestión comunicativa es solo la culminación de un 2019, y especialmente de una campaña electoral, donde no se logró comunicar nunca para qué se quería la reelección de Evo.

Mesa y Chi. Estos dos factores también son importantes para entender los resultados.

En principio parece difícil de entender cómo el vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y presidente más timorato de la historia, un candidato sin estructura política, haya podido alcanzar en el 2019 un 36% de los votos y casi forzar una segunda vuelta que, con toda seguridad, le hubiese convertido en presidente.

También parece difícil de entender como Chi Hyun Chung, un pastor evangélico desconocido y con un discurso homófobo y misógino, haya podido quedar tercero, alcanzando más de medio millón de votos (8,78%).

La respuesta es más sencilla de lo que parece, y es que una parte importante de la ciudadanía no ha votado por Mesa sino contra Evo, aun si el candidato opositor no les convencía. A su vez, Chi ha acumulado el voto duro más reaccionario, doblando el porcentaje obtenido por Oscar Ortiz, representante de la derecha cruceña, quien quedó en cuarto lugar.

Eso sí, es importante mencionar que la suma de Mesa, centro-derecha, Ortiz, derecha, y Chi, ultraderecha, suma el 49,53% de los votos. Si le sumamos el resto de opciones electorales de derecha que sacaron porcentajes pequeños, la suma supera ampliamente la mayoría de votos.

Podemos concluir, por tanto, que Evo Morales ha ganado las elecciones en primera vuelta más por deméritos de la oposición, que no fue capaz de unirse ni de construir ni un candidato ni una alternativa electoral sólida, que por méritos del oficialismo.

De hecho, es necesario reflexionar sobre la pérdida progresiva del voto, que va más allá del núcleo duro del MAS-IPSP, voto que en el 2005 fue del 51%, en el 2009 del 64% y en el 2014 del 61%, bajando al 49% en el referéndum del 2016 y al 46% en el 2019.

Factor Evo. Es claro que Evo Morales sigue siendo un líder que interpela a una amplia mayoría social en Bolivia, pero que ha ido perdiendo la confianza de las clases medias urbanas en un país que, paradójicamente, se ha ido desplazando de rural a urbano en la medida en que se sacaba de la pobreza a casi 3 millones de personas (la extrema pobreza pasó del 38,4% en el 2005 a menos del 15% actual). Pero donde se construyeron millones de consumidores sin politizar (o más bien, politizados por los medios de comunicación) que han estado a punto de ser los verdugos del proceso de cambio boliviano, de manera similar a lo sucedido en Argentina en el 2015.

2019-2025. En el 2025, Bolivia festeja el 200 aniversario de la independencia republicana que encabezó, dando su nombre al país, el Libertador Simón Bolívar.

Esta segunda y definitiva independencia, y probablemente el cierre de un ciclo constituyente que comenzó antes de la victoria de Evo en el 2005 (más bien allá por los 90 con las marchas indígenas en defensa de la tierra, el territorio y la soberanía sobre los recursos naturales), se presenta como el momento más complicado para un Gobierno que reinicia en enero del 2020 con el nivel de deslegitimación más alto de sus 14 años de historia.

Y si ya en febrero del 2016 la ciudadanía no entendió (no se le explicó en realidad) la necesidad de un referéndum, toca ahora hacer pedagogía de la necesidad de terminar lo que se empezó. De la necesidad de profundizar el proceso de cambio y apretar el acelerador de la revolución en salud y justicia, los grandes pendientes del proceso.

Asimismo, solo una verdadera revolución cultural, que impulse la formación política y la memoria histórica, será garantía de defensa de lo conquistado. Pero para ello, y como la gente no come ideología, es necesario cuidar más que nunca la estabilidad económica y la redistribución de la riqueza.

Y todo ello, ante los cantos de sirena de quienes quieren bajar banderas y construir un proceso light para las clases medias clásicas, apostando por hacer palanca en tu núcleo duro, aquel que, cuando las cosas se ponen complicadas, nunca te abandona.

• Politólogo vasco. Militante del proceso de cambio boliviano. Es miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad

La OEA a la vanguardia del golpe (en curso) en Bolivia (Misión Verdad)

MISIÓN VERDAD 24 de octubre del 2019 VENEZUELA

La OEA a la vanguardia del golpe (en curso) en Bolivia

El protagonismo que viene tomando la Organización de Estados Americanos (OEA) en el conflicto boliviano no parece tener algún signo de improvisación. La institución regional tomó para sí los anticipos de "fraude" por parte de la oposición local y los volcó hacia una prerrogativa electoral imposible de cumplir.

Algunos países convocaron a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que se dio el 23 de octubre, en la que hubo quienes defendieron las mociones de "fraude" mientras otros sospecharon de la legitimidad de sus denuncias sobre el reciente proceso electoral en el país andino-amazónico.

Del informe preliminar

En dicha reunión extraordinaria se presentó el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA, a cargo de Antonio González, excanciller tico, en la que se toman conclusiones derivadas de las quejas opositoras sobre todo el proceso antes de los comicios y "la falta de confianza en el órgano electoral".

Los aspectos técnicos en el retraso de la transmisión de los resultados preliminares por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron el ancla de la OEA para confirmar las denuncias, lo que no es suficiente prueba de fraude alguno.

Sin embargo, el informe presenta el anterior motivo como el móvil del incremento "de las tensiones en la calle" y no a la convocatoria partidista de Carlos Mesa y demás organizaciones que han llamado a la desestabilización en propio terreno boliviano.

Para la Misión de Observación Electoral, si los resultados no reflejan los datos de medición que tienen en las manos y las denuncias adelantadas de la oposición boliviana, lo mejor es "convocar a una segunda vuelta":

"Los resultados de una elección deben ser creíbles y aceptables para toda la población, no solo para un sector. En estos momentos, con 96,78% de las actas computadas, el cómputo definitivo marca una diferencia de 9,48% entre los binomios más votados, lo que de mantenerse significaría una segunda vuelta.

“En el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las 5 problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta."

La OEA trae a colación este informe preliminar antes de publicarse los resultados definitivos, en un intento por consolidar, a nivel hemisférico, la línea narrativa que pone en entredicho la victoria electoral de Evo Morales previo a cualquier anuncio oficial del TSE.

De esta manera, la correa de influencia política, institucional y mediática de Estados Unidos en la región gira su atención hacia Bolivia mientras se impone una especie fabricada.

Del Consejo Permanente

En Washington, sede de la OEA y escenario de la reunión extraordinaria, hubo reacciones diversas al informe preliminar.

- El embajador estadounidense Carlos Trujillo dijo que su Gobierno apoya el informe presentado y que es importante vigilar de cerca el desarrollo de los eventos. Opinó que la supuesta suspensión del conteo de votos fue porque el partido del presidente Morales no iba ganando.

- La representante de Nicaragua, Ruth Tapia, dijo tajantemente que "no es competencia de la OEA intervenir en asuntos internos de países soberanos". Su país se opone a cualquier tipo de injerencia.

- La embajadora de México, Luz Elena Baños, dijo que el informe debió esperar por el conteo completo de las actas electorales, criticó el pronunciamiento de la OEA, y recordó que esta institución representa a un organismo imparcial. Advirtió mayor prudencia porque este tipo de convocatorias debilita y fractura a la organización.

- Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, expuso en la sesión que la diferencia de puntos entre Morales y Mesa, así como la reciente renuncia del vicepresidente del TSE, "debilita la institucionalidad y pone en duda la legitimidad de los comicios". Para la institución, la diferencia porcentual es "escasa" aunque el cómputo dé más del 10% de diferencia entre ambos candidatos al cierre de esta nota.

Además, el Consejo Permanente le dio voz a Carlos Mesa a través del enviado de Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, quien leyó un comunicado del candidato presidencial boliviano en el que expone su postura ante el conflicto boliviano:

"Estas acciones del TSE están generando un estado de convulsión en mi país porque el ciudadano percibe una maniobra de fraude para evitar la realización de la segunda vuelta e impedir elegir el próximo presidente de Bolivia."

Así, Tarre Briceño "representó" en la OEA a dos presidentes que no existen: uno autoproclamado en Venezuela y otro que pretende serlo en Bolivia con el apoyo de Washington.

Del golpe en curso

En horas de la madrugada de este 24 de octubre se confirmó oficialmente la victoria definitiva de Evo Morales en primera vuelta, tendencia irreversible.

Esta mañana, el Presidente reelegido dio declaraciones ante sus seguidores para celebrar los resultados, donde volvió a denunciar el "golpe de Estado interno y externo".

La estrategia del Gobierno boliviano en el plano exterior se basa en llamar a la OEA para su involucramiento en el conteo final de los votos, una auditoría que la institución regional exige sea "vinculante".

Aunque se haga la auditoría y las conclusiones sean la reelección de Evo Morales, tanto la oposición local como la OEA construyeron un ambiente de tensión en torno a la exigencia de una segunda vuelta lo que anuncia una posible profundización del conflicto en Bolivia.

En ese sentido, Carlos Mesa y 11 políticos opositores crearon la Coordinadora de Defensa de la Democracia, una especie de bloque de presión ante las instituciones bolivianas, pata la elevación de plano de las denuncias de "fraude" sin pruebas pero con cierta movilización de comités civiles y partidos políticos nucleados en esta.

La misma Coordinadora de Defensa de la Democracia apoya su fundación en el informe preliminar de la OEA; la "segunda vuelta" es un "deber" del TSE, según la declaración.

Mesa dijo luego de reunirse con los otros opositores para formar dicha plataforma: "el señor Morales, en su mensaje a la nación, comenzó por hablar de un golpe de Estado y claramente nos señaló, a mí en particular, como responsable. Mi primera respuesta clara y categórica a esa increíble acusación es que si hay alguien que ha roto y rompe sistemáticamente el orden constitucional de Bolivia se llama Evo Morales".

Bajo esta dirección, la irrupción de la OEA (el "golpe externo") dio pie para que el "golpe interno" tomara mayor músculo y se encaminara hacia el discurso de criminalización sobre lo que hace o no el Gobierno de Evo Morales.

Esta maniobra semántica traslada la responsabilidad de cualquier interrupción del hilo constitucional al Gobierno boliviano por "no atender la voluntad ciudadana", como dice el mentado informe preliminar.

Con estas consignas como marco, la OEA toma la vanguardia de la desestabilización en Bolivia, con una agenda que irrumpe en el escenario electoral y pone en la palestra el tan manido "fraude" como excusa para el golpe de Estado.

El siglo XXI en Latinoamérica: entre momias y amaneceres (Alai)

ALAI 29 de octubre del 2019 ECUADOR

YldefonsoFinol

Se van cayendo mitos alienantes como deshojando margaritas neoliberales. ¡Qué pronto le llegó el otoño a la restauración conservadora!

Mito I

Vendieron la conseja que los empresarios son los que saben gobernar, porque conocen de economía y no necesitan robar porque tienen plata. ¡Ay mamá, tremendo pelón!

Si revisan el prontuario de Piñera descubrirán como en tiempos de la dictadura pinochetista se enriqueció robando el Banco de Talca, y Macri –con toda su familia y sus testaferros- es el campeón del affaire mundial conocido como “Panamá Papers”. Gobernantes descarados que exigen con furia el pago de impuestos e imponen sacrificios a la población, mientras los dineros robados al pueblo los engordan en infiernos fiscales (Si, infiernos; porque sin justicia y sin ética no hay paraíso).

Estos personajes del mundo de los negocios van a la política a saciar dos aberraciones: afán de lucro y egocentrismo megalómano. No van a servir, olvídense de una vez de esta fábula. Fiera no cuida presa, la victimiza.

La lista de empresarios políticos desastrosos la encabeza Trump, y bastaría su mal ejemplo para que no se sucediera un caso más.

En cambio, la clase trabajadora ha hecho proezas cuando es gobierno.

Mito II

Que las políticas sociales incluyentes desarrolladas por gobiernos de izquierda son un despilfarro de recursos: si ocurren en Europa les dicen “estado de bienestar”, pero si es en Nuestra América le endilgan el remoquete de “populismo”.

El enfoque derechista considera que los pobres deben arreglárselas por su cuenta, que los trabajadores cumplan jornadas diarias de más horas, cobren salarios de subsistencia y se jubilen el día antes de morir de viejos. La salud la convierten en privilegio lucrativo, y fijan tarifas elevadas a los servicios públicos básicos. Luego, los dineros esquilmados a lo social, lo transfieren a los propietarios de empresas y banqueros por las diversas y complejas vías de la política económica neoliberal.

Por eso las desigualdades se ensanchan; las limitaciones de las mayorías para acceder a una vida digna contrastan grotescamente con la vitrina de vanidades obscenas de la burguesía. El malestar social lo manipulan con mediáticos discursos legitimadores, patrioteros y xenófobos. Pero toda farsa tiene su día para estallar.

Desde la izquierda vemos el presupuesto nacional como herramienta de justicia social y de promoción del aparato productivo en beneficio de la colectividad. Los apartados para salud, educación, vivienda, servicios, constituyen una inversión, tal vez la más importante dinamizadora de nuevas realidades socialmente gratificantes. La distribución del ingreso nacional debe tender al equilibrio entre la atención de las necesidades de las mayorías trabajadoras y sus familias, y la inyección de recursos a las actividades estratégicas de la economía.

El modelo de vida que impulsamos desde la izquierda tampoco desestima renglones marginados en la visión desarrollista del capitalismo, como la protección del ecosistema y la incorporación de las diversidades humanas en la agenda de los derechos.

Mito III

Que los gobiernos populares de izquierda emanados de elecciones legítimas son “dictaduras”, pero las dictaduras del capital y la represión impuestas por la derecha neoliberal con elecciones mediáticamente manipuladas son “democracias”.

Ya vimos como en México los poderes mediáticos se fabricaron presidentes de utilería y como en Chile se gastó en despliegue represivo lo que se le negó a educación. La industria ideológica neoliberal llama dictadores a Nicolás Maduro y Evo Morales, que han respetado -por principios- las libertades ciudadanas hasta en situaciones extremas, cuando la violencia opositora manejada desde Estados Unidos quiso destruir la paz de Venezuela y Bolivia. Pero no chistan cuando las fuerzas armadas asesinan a los pueblos de Chile y Honduras que protestan los desmanes de esos gobiernos. Es la doble moral típica de las derechas.

Impunidad y complicidad garantizadas también por los inservibles parapetos regionales de impronta panamericanista. La OEA y ONG pagadas por la USAID arman el teatro llorón si es Nicaragua la que debe controlar guarimbas golpistas, mientras callan frente a los miles de muertes de líderes populares en Colombia y jóvenes martirizados durante las recientes manifestaciones en Chile.

La verdadera dictadura es la que impone el capital contra los pueblos, obligando a vivir en la miseria a millones para enriquecimiento de unos pocos. La verdadera dictadura es la que pretende ejercer Estados Unidos aplicando medidas intervencionistas unilaterales contra Cuba y Venezuela, saboteando las economías y dificultando más las condiciones sociales de nuestra gente.

Con el cuento de la democracia el imperialismo infestó de dictaduras este continente y hoy los herederos de aquellos genocidas son los mismos que llevan a cabo el plan de restauración neoliberal que se viene a pique.

Mito IV

Que la izquierda lo “ideologiza” todo, mientras lo correcto es dejar que el mercado (sin ideología) haga de las suyas con su poderosa “mano invisible”.

Nada tan ideológico como afirmar que las ideologías no sirven o que están pasadas de moda. Tras ese aparente pragmatismo subyace la más rancia ideología de los últimos tiempos: la del sistema dominante: la capitalista, hoy trajeada de neoliberalismo.

Las diferentes vocerías del capital, sean líderes empresariales, políticos o culturales, todos incurrirán en esa liviandad intelectual de invitarnos a dejar de lado lo ideológico. Pero eso es como pedirle a la humanidad que deje de respirar, alimentarse y soñar.

Las ideologías son la expresión racional de las condiciones materiales de vida, del conjunto de contradicciones que se generan en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios en la sociedad. Es imposible la existencia humana sin ideología. Todo lo humano es colectivo. Todo lo humano requiere método y organización. El pensamiento es lo que hace específico al ser humano. En el desarrollo de las formas de vida social la historia sirve de memorial y guía de construcciones culturales, donde la idea, la palabra, el debate, el impulso creativo, desencadenan las fuerzas productivas a estadios insospechados pero generados en el seno mismo de los antagonismos.

Izquierda y derecha son dos categorías sociopolíticas muy simplistas, pero que han servido para la diferenciación entre quienes propugnan el surgimiento de relaciones más igualitarias, con justicia social y accesibilidad general a los derechos, y aquellos sectores que desean mantener el sistema explotador con preeminencia del capital y la ganancia por encima del ser humano y el medio ambiente.

En palabras del Libertador Simón Bolívar, el sistema dominante no le deja a los pueblos “otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo, y cuando más, el de simples consumidores”, de allí surge la contradicción dialéctica entre “reformadores y conservadores”, y los sistemas políticos serán justos y liberadores si la correlación de fuerzas favorece a los primeros, o retrógrados y opresores si se imponen los momios.

Por los momentos, en Nuestra América mestiza los vientos históricos anuncian nuevos amaneceres emancipatorios.

Selección en Internet: Raquel Román Gambino

El gato y la piraña (Página 12)

PÁGINA 12 28 de octubre del 2019 ARGENTINA

Dos caras del neoliberalismo

María Moreno*

En la feria americana de usados que nadie visita han quedado las buenas maneras presidenciales que incluían donar los sueldos a la Sociedad de Beneficencia, caminar solo por la calle o hacerse mayorista de margaritas como lo fue hasta hace poco el Pepe Mujica. El look neoliberal dicta el presidente inversor, que trae por descontadas sus otras “virtudes cotidianas” : la del evasor de impuestos y Bel Ami de las oligarquías financieras internacionales, desechada primero de su lengua –por lo general pobre–, aquella vieja palabra del diccionario setentista: “antimperialismo”, ahora interpretada como incapacidad retro para pedir fondos al FMI y obtenerlos.

¿Qué tienen de semejantes El gato y La piraña, amén de sus apodos populares, en su cualidad de peleles neoliberales, al mando de dos países acostados uno al lado del otro y separados por los Andes en el mapa imaginario de la globalización radiante (sí, ya sé, un mapa es una abstracción pero el que evoca la geografía de hoy es uno arañado por millones de pisadas, en el de Chile por su bautizado despertar insurgente, el de Argentina por la celebración callejera, mientras que los mapas globalizados podrían representarse vacíos, todo está bancarizado, el “líquido” circula y se manipula en tramas digitales , la protesta encerrada o desaparecida cuando no asesinada).

Según la revista Forbes el patrimonio de Piñera es 650 millones de dólares y el de Mauricio Macri de 150, grosso modo debido a las cuentas no declaradas, las escondidas en paraísos fiscales, los testaferros, las acciones indemostrables y otros afanos de guante blanco.

El neoliberalismo de derecha le viene a Piñera vía árbol genealógico pijo que habría trepado hasta Huayna Cápac. Franco Macri, en cambio, era en Italia, albañil y de corto linaje, pero tanto sus negocios como los que su hijo protagonizara en solo una generación, bastaron para que todo el mundo comenzara a sospechar de ese extorsivo y demagógico valor popular del “hecho de abajo”.

La clase venida de arriba, en todos los sentidos suele traducirse en una suerte de soltura o savoir faire a menudo rústicos, porque así lo exige la rudeza del fundo, por eso Piñera se abraza con los dueños de la tierra con una campechanía confianzuda mientras Macri recibe en el teatro Colón durante el G20 con la torpeza asombrada de quien cumple un sueño de pibe: pertenecer (aunque el grosero de Trump lo haya plantado en el escenario).

La semiología barata, aquella que suelo tentarme con ejercer, y rama de la picaresca popular, esa comunión inofensiva de todos los tiempos para embarrar la prestancia de todo poder, ha llenado su inmenso archivo –ese donde el general Perón queda siempre bien parado por su criollo y cínico arte de la réplica- con las barrabasadas de Macri como cuando afirmó que la droga mata tanto a pobres como a “gente muy valiosa” o cuando denunció que mueren en accidentes viales “5000 argentinos que no tenían que morir”.

Y Piñera, con su impostada campechanía no le va en saga, cuando en vísperas del Día del Joven Combatiente se le escapó que padres, familiares y amigos de un caído tenían derecho a “celebrar”…o recordar su muerte. Ni hablar de cuando convirtió la palabra terremoto en “terrepoto”, sugiriendo que para la lógica financiera las catástrofes naturales suelen coaccionar a una eficacia no rentable, entonces caen como el culo.

Pero esas piezas de escarnio oratorio no se pagan caro en un régimen en el que ni siquiera la política del carisma como sustitución de las acciones de un líder, propias de siglo XX, según la teoría de Richard Sennett, son comparables con las promesas del crecimiento económico indefinido y la libertad traducida en su ejercicio individual entre las opciones del mercado y de espaldas a los xcluidos a los que siempre se mantendrás a raya mediante las armas y lejos de los propiedades de unos pocos que no son los condenados de la tierra.

Hace poco Horacio González, entre una serie variada de afirmaciones ante la Agencia Paco Urondo, habló de la necesidad de valorar positivamente la guerrilla de los años setenta para que escape “un poco de los estudios sociales que hoy la ven como una elección desviada, peligrosa e inaceptable”. El “te diría” que encabezaba la valoración más el “un poco”, sugerían el carácter provisorio de la afirmación en el sentido de que merecería un desarrollo y una argumentación fuera de los tiempos pautados para la entrevista.

La totalidad del texto sugería una relectura de la historia argentina, extrayéndola de las manos presurizadas de los historiadores positivistas, y que solo luego de la caída de Macri, esa lectura sería posible. La misma práctica política de González –no fue uno de “los imberbes” que se fue de la Plaza de Mayo, formó parte de la JP Lealtad, fue crítico de la organización Montoneros– desmiente la posibilidad de que la valoración tomara la forma de una apología y sí, en cambio, la de una crítica que no fuera rápidamente reducida a descalificación.

Pero como aún se estaba en Macriland, una suerte de gandhismo a la violeta explotó para convertir la frase en una apología de la violencia, aun viniendo del mismo sector en que se promulgó la doctrina Chocobar, encubriendo el crimen de Santiago Maldonado e intentando promover el 2xl en las condenas por crímenes de lesa humanidad. Ahora no se trataría de ejercer ni siquiera la doctrina de los dos demonios sino de un solo demonio que sustituiría al del Terrorismo de Estado, figura que, en las críticas a González, brilló por su ausencia.

Si bien no puede reducirse el pensar la guerrilla meramente por su brazo armado, vale la pena subrayar un párrafo de la nota de Martín Kohan “Tomar las armas”:

“Me pregunto (…) si al menos en ocasiones, desde tal o cual perspectiva política, no se ofrece una consternación visceral previo barrido bajo las respectivas alfombras de los propios hechos de armas, esos que la historia empero registra como si nunca hubiesen pasado o como si fueran completamente ajenos. O me pregunto, en todo caso, si al menos en ocasiones no subyace en tales consternaciones una regla finalmente simple: la admisión de la toma de armas cuando responde a los intereses propios, cuando corresponde al ciclo histórico del propio acceso al poder, y se lo repudia con igual enjundia cuando responde a intereses contrarios, cuando se trata de que ese mismo poder se vea cuestionado y desafiado”

Entonces cabría también la pregunta de si la denegación incondicional de toda violencia no es el llamado al orden de una autoridad que se quiere impune, la exigencia de una resignación y un vasallaje que quien los impone no suele ostentar, argumentando su propia violencia en la fanfarria de la Razón Nacional, la Familia u otras mayúsculas por las que se justificarían los derramamientos de sangre.

Si para Cristina “la Patria es el otro”, para la familia Piñera el otro insurgente es alienígena y para Macri – ¿se acuerdan?– serían 562 los argentinos, entre gremialista, periodistas, empresarios y opositores varios a los que habría que mandar en cohete al espacio. Quizás, de uno y otro lado de la cordillera, se ha acuñado un slogan más pregnante que el prolongado Civilización o Barbarie: Terrestres versus Extraterrestre. Es que el imaginario de la globalización solo puede concebir a sus enemigos fuera del planeta.

“Átese a un poste para no oír el canto de las sirenas” le habría dicho Piñera a Macri en un despliegue culto para alentarlo en la elección. Metáfora confusa aunque lo de atarse es un buen consejo para quien sugirió que si se volvía loco podía hacer mucho daño. Porque todavía falta para llegar a diciembre. Pero lo que es en la América antineoliberal, entre las urnas y el despertar, de Atlántico al Pacífico ya hay uno menos y otro en veremos.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

• Periodista, narradora y crítica cultural argentina

Chomsky dice que para nada es sorprendente estallido social en Chile (Rebelión)

REBELIÓN 27 octubre del 2019 ESPAÑA Roberto Manríquez

Si bien el estallido social en Chile sorprendió al mundo político en un primer momento, con el correr de los días, la consistente queja de los manifestantes respecto a la aguda angustia económica que padecen y que contrastan con el sostenido crecimiento económico que exhibe el mundo de los negocios, terminó por convertir el asombro en un consenso respecto a las profundas causas del malestar.

El intelectual estadounidense Noam Chomsky, uno de los más elocuentes críticos del neoliberalismo tampoco parece sorprendido con el estallido social en el país y dirige sus dardos a las consecuencias de la aplicación de esta variante del capitalismo en Chile y a nivel global.

Chile enfrenta una explosión social debido al aumento en el precio del transporte público, el país sudamericano tiene un per cápita similar a Portugal, pero una distribución de ingresos de las peores del mundo, los medios y partidos políticos parecen sorprendidos, ¿Es sorprendente en su opinión?

Para nada sorprendente lo que ocurre en Chile. Estas son las consecuencias que eran perfectamente previsibles tras el asalto neoliberal a la población en los últimos 40 años, verificadas constantemente en todo el mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, el 0.1 por ciento de la población ahora posee más del 20% de la riqueza, la mitad de la población tiene un patrimonio neto negativo, los salarios reales son casi los mismos que hace 40 años, por primera vez en un siglo la mortalidad está aumentando, principalmente entre los blancos en edad laboral y un largo etcétera.

¿El país era generalmente descrito como el lugar de América Latina que demostraba que el neoliberalismo era un sistema digno de imitación, era presentado como ejemplo por Bolsonaro antes de ganar las elecciones, era ilusorio?

La dictadura de Pinochet proporcionó condiciones experimentales perfectas para la aplicación de los principios neoliberales guiados por las principales figuras de la doctrina. Fue un fracaso total. Para el 1982, la economía colapsó. El Estado tuvo que intervenir radicalmente. Los economistas internacionales bromearon diciendo que era "el camino de Chicago hacia el socialismo". Sin embargo, los efectos perniciosos permanecieron y continuaron.

Pero en el caso chileno se ha argumentado que a pesar de seguir las recetas de Friedmann, la dictadura de Pinochet no privatizó su principal empresa, la minería del cobre ¿Por qué cree que se alejó del dogma?

Los expertos de Chicago fueron lo suficientemente inteligentes como para apartarse del dogma en el caso de CODELCO, una productora de cobre estatal altamente eficiente y una fuente importante, si no la principal, de ingresos para el Estado.

Al comienzo de esta crisis, las autoridades parecían no entender por qué los estudiantes protestaron, dado que “a ustedes no le subimos el pasaje”, el concepto de solidaridad les parecía desconocido.

Margaret Thatcher expresó bien el dogma neoliberal: no hay sociedad, solo individuos, solos para enfrentar las devastadoras fuerzas del mercado. La solidaridad es un crimen. Es por eso que, desde la década del 1920, las principales figuras del neoliberalismo, von Mises, Hayek y otros, han acogido con satisfacción la violencia estatal a gran escala para destruir los sindicatos y otras interferencias similares a la "buena economía" Pinochet, por ejemplo.

Parte de la ira de los manifestantes se dirige hacia los medios de comunicación, porque algunos en un primer momento parecían poner más énfasis en la destrucción material que en las víctimas del estallido, el neoliberalismo supone que el derecho a la propiedad es superior al derecho a la vida, ¿de dónde viene esa idea, del capitalismo?

Como le he comentado el neoliberalismo fue fundado por von Mises y otros en Viena en la década del 1920. Es una versión particularmente salvaje del capitalismo. Ganó poder con Reagan y Thatcher, con efectos devastadores en gran parte del mundo. Esa es la razón básica de la ira, el resentimiento y el desprecio por las instituciones políticas que están barriendo gran parte del mundo, creando oportunidades para los demagogos de ultraderecha como Trump, Bolsonaro, Orban, Salvini y otros que buscan desviar la ira justificada hacia chivos expiatorios como inmigrantes , negros, musulmanes, etcétera. Una táctica milenaria, con graves consecuencias.

Selección en Internet: Raquel Román Gambino

La invasión alienígena (La Haine)

LA HAINE 29 de octubre del 2019 ESPAÑA

Odio y miedo de clase en Latinoamérica

Renán Vega Cantor*

Las protestas y procesos migratorios que se presentan en varios países de América Latina han puesto de presente que este continente es el más desigual e injusto del mundo. Un hecho endémico en nuestros países es el odio y el miedo de clase, que profesan las clases dominantes de este lado del planeta.

Ese odio de clase se caracteriza por un perjuicio de superioridad, un abierto racismo y la discriminación de la población, indígena, negra, mestiza y de color quebrado, como se decía en tiempos del colonialismo español. Ese odio es histórico, estructural, de larga duración, se siente todos los días en la vida cotidiana, se sustenta ideológicamente la desigualdad y la explotación (el clasismo) y se exhibe con descaro y cinismo cuando algún sector de la población pobre y trabajadora protesta o se revela. Y en esas ocasiones, ese odio se combina con el miedo de clase, el cual conduce a utilizar la represión desembozada contra quienes osan desafiar con su accionar rebelde el orden desigual del capitalismo realmente existente en nuestros países.

Ese miedo de clase ha recurrido en cada momento histórico a un fantasma para justificar la represión y la antidemocracia. En un tiempo fue el espectro comunista, lo que justificó el peor anticomunismo de las dictaduras criminales a lo largo y ancho del continente, anticomunismo aupado e impulsado por los EEUU como pretendido campeón del “mundo libre”. Ahora ese espectro es el “castro-chavismo”, al cual se le presenta como el responsable de lo que sucede en la actualidad en Colombia, Ecuador y Chile. Y como van las cosas, no sería raro que también lo acusen de auspiciar las protestas en la otra orilla del atlántico, en la España monárquica, en tierras de Cataluña. Castro-chavismo es una construcción ideológica de la extrema derecha latinoamericana (orquestada ideológicamente desde EEUU por sus “tanques pensantes”), como una forma de renovar su obsoleto anticomunismo y de culpabilizar a “fuerzas externas” de la rebeldía insurgente de los pueblos latinoamericanos.

Así, el régimen de Lenín Moreno en el Ecuador afirma que las protestas que se han presentado en ese país son producto de la acción concertada del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, las guerrillas colombianas del ELN y las FARC-EP y del expresidente Rafael Correa. El régimen de Piñera en Chile sostiene que "estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie, y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas". Para el régimen colombiano de Iván Duque las protestas de los estudiantes universitarios son impulsadas desde Venezuela…

Como en Fuente Ovejuna, todos (los reaccionarios) a una, el gobierno colombiano, el secretario de la OEA, el presidente saliente de Argentina, el presidente de Brasil… todos repiten que Latinoamérica se está incendiando por la acción directa del gobierno de Venezuela. Afirmación que no tiene nada de original ni en términos históricos ni políticos, puesto que es lo mismo que las clases dominantes del continente repetían en la década del 1960, cuando acusaban a Cuba de alentar la revolución en el continente y es lo que vienen diciendo hace varios años para justificar su acoso a la Venezuela bolivariana.

El sentimiento clasista de odio contra los pobres se expresa en el lenguaje peyorativo y descalificador que se escucha por estos días en Latinoamérica contra quienes se han atrevido a protestar contra este “reino de injusticia y desigualdad”, como decía Víctor Jara. En Ecuador el movimiento social fue denominado por el régimen de Lenín Moreno como la “rebelión de los zánganos” y ese mismo funesto personaje sostuvo: "No dudo, bajo ninguna circunstancia, que para la agresividad, para el contratar bandas organizadas de criminales a los cuales se pedía que garroteen (apaleen), que asalten, que quemen Quito, hubo dinero extraño". En Colombia, la vice-presidenta Martha Lucía Ramírez al referirse a las protestas de estudiantes afirmó en un twitter: “Los jóvenes de arriba y los de abajo son distintos. Los de arriba no tienen nada que esconder, ya que expresan su descontento, que comparto, por corrupción en la Universidad Distrital. Los de abajo se esconden en capuchas como los colectivos de Venezuela porque son criminales”.

En Bolivia, en las recientes manifestaciones que se han dado, antes y después de las elecciones presidenciales, los “blancos” que respaldaban al candidato Mesa, vestidos con ropa de última moda y usando celulares de alga gama, les gritaban a los partidarios de Evo Morales, con un claro carácter racista y clasista, “indios de mierda”, “vayan a bañarse”, “vayan a mascar coca”, o “vayan a estudiar”. En Chile la esposa de Piñera, Cecilia Morel señaló que la protesta que se vive en ese país es “como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”.

Aunque esta última afirmación pueda causar hilaridad debe ser tomada en serio por todo lo que revela sobre la desigualdad clasista de las sociedades latinoamericanas. Claro, para los capitalistas, terratenientes, grandes banqueros y en general lo que se llama en Colombia “gentes de bien”, los pobres, los campesinos, los indígenas, las comunidades negras raizales no solo son de otro país, sino de otro planeta, con los que nunca se tiene contacto, salvo cuando los necesitan para explotarlos como trabajadores o para convertirlos en carne de urna o de guerra. Sí, esos pobres y humildes son alienígenas y cuando se atreven a mostrar que existen, mediante su movilización, son vistos como invasores que llegan de otro planeta (y es que vienen de otro planeta, el de la pobreza, miseria, injusticia, desigualdad, opresión, racismo, patriarcado y clasismo) y ensucian con su presencia el planeta de los opulentos y poderosos, el del capitalismo realmente existente, con sus mentiras, falacias, hipocresías y artificialidad.

Y en el caso de Chile eso sí que es evidente puesto que durante casi medio siglo (después del 11 de septiembre del 1973) lo que se ha construido es el planeta de los ricos, una minoría exigua, de gente como Sebastián Piñera, cuya fortuna personal (acrecentada en esta época) lo ubica entre los primeros 900 millonarios el mundo. Y las aguas de Chile, ese pretendido oasis de prosperidad artificial y de aparente tranquilidad social, que hasta hace dos semanas era presentado como el “milagro neoliberal” más exitoso no solo de nuestro continente sino de toda la tierra, han sido contaminadas por el ingreso abrupto y sin pedir permiso de los alienígenas (los “rotos” de hoy y de ayer) que vuelven a abrir las grandes alamedas y las colman de dignidad.

Por eso, podría parafrasearse a dos celebres autores que resaltaron el miedo al espectro comunista, con la sentencia de mucha actualidad en nuestro continente: ¡Alienígenas del mundo, uníos!

Selección en Internet: Raquel Román Gambino

• Historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. Doctor de la Universidad de París VIII

Ecuador, insurrección abortada: Faltó la vanguardia política (Rebelión)

REBELIÓN 24 de octubre del 2019 ESPAÑA

Valentín Pacho*

El nefasto decreto 883 dictado por el gobierno de Lenín Moreno desató la rebelión insurreccional masiva del valeroso pueblo indígena ecuatoriano, de organizaciones sindicales, movimientos sociales, organizaciones de jóvenes, barriales, intelectuales progresistas, de mujeres y demás fuerzas sociales anti-neoliberales, contra los dictados del Fondo Monetario Internacional FMI y de su fantoche Lenin Moreno.

Como respuesta, el gobierno ordenó la masacre con saña a los manifestantes, cierre de medios de comunicación independientes, asaltos a los locales de refugio, de instituciones sociales, universidades… con el resultado de más de 1 300 heridos, otros tantos encarcelados, 10 asesinados y centenares de heridos de suma gravedad, perpetrados por las fuerzas policiales y el Ejército. Pero la fuerza de la resistencia popular obligó a Moreno a fugarse a Guayaquil para luego regresar a Quito y decretar el estado de sitio, toque de queda y así dar rienda suelta a la peor represión criminal.

Después de 11 días de cruentas batallas de resistencia del pueblo, Lenín Moreno apareció ante los medios de prensa en reunión solamente con la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para anunciar la derogación del nefasto Decreto 883 por acuerdo de ambos a cambio de otro decreto que será acordado en una comisión dispuesta por el gobierno. Jaime Vargas, presidente de CONAIE, anunciaba el levantamiento de la protesta, difundida por la prensa del gobierno como una gran victoria, pero con sabor agridulce para la población ecuatoriana. CONAEI se olvidó de sus principales demandas de su plataforma de lucha como reversión de los acuerdos del gobierno con el FMI.

Pasado la euforia de la “victoria pírrica” cabe evaluar con objetividad los acontecimientos suscitados; en primer lugar, hay que recordar que Lenin Moreno fue vicepresidente durante el anterior gobierno de Rafael Correa. Este lo promocionó como candidato a la presidencia y fue elegido, aunque rozando, frente al candidato de los banqueros Guillermo Lasso.

Una vez ungido presidente, Lenín Moreno traicionó a su patrocinador Rafael Correa, se sometió al gobierno de Donald Trump, se entregó a los banqueros y poderes económicos y al Fondo Monetario Internacional (FMI) firmando la repudiada carta de intención a cambio de un préstamo cuya consecuencia fue el paquetazo de medidas económicas que no solamente se refería a la anulación del subsidio a la gasolina sino principalmente a las reformas económicas para favorecer a los banqueros y empresarios, así como exoneraciones millonarias del pago de impuestos a las empresas, privatizaciones de sectores estratégicos y lo más duro: las reformas laborales que afectan a los trabajadores hacia mayor precarización laboral y, por supuesto, elevación del costo de vida que aflige a la población. Todo lo contrario a todo lo que había prometido en su campaña electoral demostrando así la catadura moral de este personaje.

Hay preguntas que requieren respuesta: ¿por qué el gobierno se reunió solamente con la dirigencia de CONAIE? ¿Por qué fueron excluidas las centrales sindicales aglutinadas en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y demás organizaciones sociales participantes en la protesta? ¿Por qué la dirigencia de CONAIE no pidió al gobierno que también participaran en la negociación las otras organizaciones que lucharon junto con los indígenas? Ni el gobierno ni los dirigentes de CONAIE han respondido.

El levantamiento de la protesta del pueblo ecuatoriano fue a cambio de una migaja (la no subida de la gasolina), pero las medidas económicas, los ajustes y los acuerdos del gobierno con el FMI no se han tocado. Lenín Moreno, en vez de quedar debilitado políticamente, ha pasado de ser acusado a acusador: culpa como causantes de las protestas al gobierno de Maduro de Venezuela y al expresidente Correa, a las FARC, hasta a los rusos: y, por ende, ha ordenado persecución a las fuerzas opositoras, ninguna sanción para los responsables de la masacre a la población ni de los autores de los 1 300 heridos y los 10 asesinados.

La insurrección popular de costo doloroso fue abortada por la ausencia de la vanguardia política; el FMI, la derecha y los poderes económicos, con su títere Lenín Moreno, seguirán gobernando. Y sigue flotando la pregunta: ¿eso es lo que negociaron la dirigencia de CONAIE y Lenín Moreno? ¿Quiénes asesoran a la CONAIE? ¿Serán las ONG?

Pero no se acabó el mundo para las fuerzas progresistas anti neoliberales, solo han perdido una batalla, por ahora. Hay que sacar lecciones: CONAIE se convirtió en la vanguardia de la protesta porque la clase obrera está dividida y debilitada. Las siete centrales sindicales nacionales, a pesar de que conforman el frente Unitario de Trabajadores, (FUT) no pudieron abanderar la lucha debido a discrepancias entre ellos y lo más notorio fue la ausencia de las fuerzas de la izquierda como vanguardia política debido a su debilidad y crisis. Con una izquierda sólida, el resultado de la insurrección popular hubiera sido otro y Lenín Moreno hoy no estaría cantando victoria: faltó la vanguardia política.

La lucha continua; los trabajadores y los pueblos de nuestra América Latina están en pie de combate contra el capitalismo neoliberal y corrupto.

Selección en Internet: Raquel Román Gambino

• Exsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y actual vicepresidente de la Federación Sindical Mundial (FSM)

¿Un nuevo modelo de contrainsurgencia para la región? (análisis especial) (Misión Verdad)

MISIÓN VERDAD 23 de octubre del 2019 VENEZUELA

Ecuador como modelo

La ambigüedad ha sido el signo político del Gobierno de Lenín Moreno desde que asumió el mando, enfrentando él mismo el desconocimiento, la protesta y el fallido intento de desestabilización de los partidos y sectores oligárquicos (medios, finanzas) que lo desconocieron cuando fue electo y asumió el mando, y que ahora son la base política que lo sostiene.

Lo mismo puede decirse de los que "por izquierda" y en el ámbito del complejo industrial de las ONG o los movimientos identitarios que en su momento también se situaban en la oposición política a la Revolución ciudadana, bajo la dirección del presidente Correa. Y que luego del breve pero intenso (¿primer?) ciclo de protestas ahora se distribuyen efectivamente en lo que también resultó ser el proceso de oficialización de una oposición controlada.

Un cuadro cerrado donde el "relato" se autogestiona, aspirando a que surta efecto la disonancia que produjo negociar con una parte de la oposición mientras se proscribe de forma exprés a la otra.

El asunto es que el evidente proceso de desmantelamiento nacional por el que hoy pasa Ecuador, que comenzó una vez que Lenín Moreno fue nombrado presidente y Rafael Correa, el cuadro de mayor liderazgo de la Revolución ciudadana y de su partido, Alianza País, abandona el país mientras se rompen las relaciones políticas.

El partido fue el primer foco indispensable de división para que la administración de Moreno iniciara su aparente política de la ambigüedad, que en esencia malamente tapa el sonido del estallido que produce la demolición controlada en la que, en el fondo, el país entra en la entropía sociopolítica.

Igualmente, en la dimensión de los grandes poderes, Ecuador agarró la autopista de la realineación a Estados Unidos, tal vez a una velocidad que ni el propio Moreno sospechaba que iba a alcanzar.

Sin embargo, de cara al cierre de ciclo que por ejemplo representan las elecciones en Argentina, la velocidad destructiva, vista en conjunto (Ecuador, Brasil), es un patrón común de la carrera por revertir la mayor cantidad de conquistas sociales o señales de independencia política en la región. Vistos como grupo, son una clara y delimitada tarea histórica.

Macri, Moreno y Bolsonaro son presidentes parachoques. Son los gobernantes del interregno descrito en clave gramsciana: el punto geográfico exacto entre lo que muere y lo que nace, el ínterin de los síntomas malsanos, despojado de la poesía idiota con la que se intentó sublimar la frase de Gramsci en el pasado.

El colapso de los modelos en Perú y Chile, así se enrumben hacia la misma dirección (y todos los caminos del deseo oligárquico conducen al FMI) también forman parte del evidente momento de crisis del consenso neoliberal. Y dado lo que parecen ser los modelos de gestión de esa conflictividad, no solo #LosPueblosDespiertan sino que también lo han hecho #LasOligarquías.

El caso ecuatoriano, por la zona en disputa donde se encuentra, constituye uno ejemplar de juegos de manipulación de percepción, así como en los días de la violencia, del 2 al 13 de octubre, la administración del conflicto constituyó también, al parecer, el desbloqueo de un renovado nivel de reacción, un modelo de contrainsurgencia inteligente por la manera visible en que combinó recursos soft con la violencia pura y dura.

Política de cal y arena

Algunos hitos de la gestión Moreno parecieran arrojar una pista de un patrón en el proceso de reversión que hoy en día desembocó en el FMI. El 18 de octubre, el Fondo dejó claro que espera el nuevo Decreto para seguir avanzando.

Ecuador ha sido tan ejemplar en el austericidio que en el centro de la discusión sujeta al Decreto está el desembolsamiento de un segundo tramo del préstamo, puesto que para el FMI ya se alcanzaron las condiciones para continuar con las reformas.

El asunto es que la táctica de "perception management" del Gobierno marchaba maravillosamente mientras no tocara en lo inmediato y en forma directa a la gente, tal como lo hizo el Decreto 833 y todo lo que implica.

Hasta ese momento, la administración de Moreno, ambigüedad mediante, había sido capaz de pilotar parte del impacto en la "opinión pública" matizando entre los extremos, lanzando una reforma hardcore junto a una medida "incluyente" con gran apoyo del eufemismo que llaman "la comunidad internacional".

Una forma, tal vez, de producir distancia e indolencia para la fabricación de consenso. Moreno no tiene el problema que tenía Correa con los medios corporativos ecuatorianos. Así, las medidas de shock gozan del beneficio del relato acolchado.

El proceso judicial contra Jorge Glas y contra Julian Assange, la migración venezolana (y el chavismo, en un solo lote indiferenciado) como chivo expiatorio o los pasos agigantados de subordinación de Ecuador al Comando Sur y el proceso de reapertura al imperio de las bases en el territorio, no impactan con la misma velocidad que el bolsillo en la calle.

Algunas medidas pueden silenciarse o abstraerse, en particular si se trata de algo en el ámbito de la política exterior o la "lucha contra la corrupción"; puede que la agenda comunicacional esté coordinada mitigando algunos efectos con el beneficio de la distancia, pero se demuestra una vez más que existen límites claros una vez que hace contacto con lo concreto.

En este punto, para controlar la situación, hace falta combinar esos recursos blandos con métodos duros.

El primer hito de la política de la ambigüedad lo podemos encontrar en el exitoso referendo del 2018. La composición del referéndum (más "consulta popular"): cinco preguntas con criterio de francotirador de forma no manifiesta (pero explícita) atacaban directamente al Gobierno anterior, toda vez que "corregía" presuntos aspectos en materia fiscal.

"Lucha contra la corrupción", contra la "reelección indefinida", y la renovación del Consejo de Participación Ciudadana (un órgano contralor) se combinaban con "protección a la niñez" y una enmienda "para que se prohíba sin excepción la minería metálica, en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos", además de dos preguntas no-refrendarias sino de "consulta popular": la Ley de Plusvalía y la expansión territorial del proyecto Yasuní.

Una barroca combinación de preguntas en la que se absuelve de responsabilidad fiscal a quienes tienen mayores ingresos (Ley de Plusvalía), se institucionaliza/formaliza la proscripción del Gobierno anterior (corrupción, reelección indefinida, Consejo de Participación Ciudadana compuesto principalmente por funcionarios del ancién regime), más temas de fácil solución y justificación moral inmediata (la niñez, la ecología).

Así, una consulta de alto calibre político, con un peso determinante, se volvió un festival rosa de encumbramiento moral. Pero el objetivo principal se cumplió (organizar el campo de batalla entre "los buenos y los malos"), mientras que el secundario (los temas universal y liberalmente correctos) volvió a la irrelevancia frente al poder.

Producto de la "situación humanitaria" en Venezuela, pero también por la búsqueda de "independencia" política, Ecuador abandona la Alba en agosto del 2018 y al mes siguiente se incorpora al Grupo de Lima.

El país se desplaza hacia el cártel político/grupo de presión creado por la Cancillería canadiense una vez que la nueva situación interna llegó a consolidarse. Tal ha sido el afán de independencia de Moreno que para julio de este año la Alianza del Pacífico (el contrapeso a la Alba levantado por Estados Unidos) le abre las puertas.

El 2019 es el año en el que las "sutilezas" oximorónicas alcanzan dimensiones monumentales. Un breve acopio puede darnos una medida de lo que parece un patrón más que una coincidencia en el tiempo.

La velocidad con la que a lo largo de este año ha avanzado la administración de Moreno se puede entender a partir de dos importantes datos de contexto: el pobre desempeño en las elecciones seccionales, y el cierre del cerco legal producto del escándalo de los INA Papers, donde muchos de los "lenínfuncionarios" comenzaban a ser citados para lo que eventualmente debiera desembocar en un juicio por corrupción al propio Moreno. Elementos que, sin lugar a duda, pesaron en la decisión de acelerar los pasos (que de todos modos ya venían dándose).

Mientras el 24 de febrero sale a la luz pública la primera denuncia, casi un mes después, el 30 de marzo, el caso ya se encontraba en manos de una jueza que había citado a declarar a 153 funcionarios. Este puede tomarse como nuestro punto de partida. El punto de llegada se desarrollará en detalle más adelante.

Paralelo a esta situación, en las negociaciones entre el Gobierno y el FMI ya se había acordado un rescate financiero pocos días antes de que reventaran los INA Papers, y, entre ambas fechas, el Gobierno anuncia la salida de Ecuador de la Unasur.

- El 11 de abril se concreta la amenaza de expulsar a Julian Assange, director y fundador de Wikileaks, de la Embajada donde se refugiaba en Londres.

- El 11 de junio, Oswaldo Jarrín declara en rueda de prensa que la Fuerza Aérea de Estados Unidos podrá usar la pista de aterrizaje del aeropuerto de la Isla de San Cristóbal, en Galápagos. Matizaba el Ministro que solo será empleada por aviones con tareas de espionaje, y su enfoque estará centrado en "la lucha contra el narcotráfico".

Ya el año anterior el Gobierno había accedido a la creación de una Oficina para la Investigación de Crímenes Transnacionales, y unos meses después, en el contexto Galápagos, de una Oficina de Cooperación en Seguridad con el Comando Sur.

- Pero al mes siguiente, el 9 de julio, luego de un par de sentencias de la Corte Constitucional (próximas a la órbita del actual Presidente), se aprueba el matrimonio igualitario.

- El 17 de septiembre, la Asamblea Nacional ratifica el retiro efectivo del país de la Unasur, propinando un golpe mortal a la organización regional, cuya sede se encontraba, precisamente, en la Mitad del Mundo (donde la línea ecuatorial marca cero grados), en las afueras de Quito. La retirada de la instalación no escatimó en agresiones simbólicas, al trascender fotografías de la estatua de Néstor Kirchner en el suelo.

- Al día siguiente sale la noticia de que la misma Asamblea despenaliza el uso y producción de marihuana medicinal.

- El 1º de octubre el Gobierno informa sobre su disposición de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) a partir del 1º de enero del 2020.

- El 2 de octubre se anuncia el paquetazo de reformas, que continúa el camino hacia la ortodoxia y el austericidio (la salida de la Opep armoniza con la "responsabilidad fiscal" del FMI), y se firma el Decreto Ejecutivo 833, que dentro del combo de reformas incluyó un aumento dramático del precio del combustible, con las consecuencias en la calle conocidas por todos.

- Luego de cinco días replegado en Guayaquil (los poderes que sostienen al Gobierno aprendieron la lección histórica, sabiendo que tal como iban las cosas, si permanecía en Quito, caía), el 12 de octubre convoca a un diálogo y, al mismo tiempo, decreta un toque de queda, militarizando la capital. Reconoce a una oposición mientras que a la otra, al mismo tiempo, la suprime.

Como se puede ver en esta incompleta enumeración, la toma de decisiones geopolíticas o de reversión social de alto octanaje se alternan o atenúan con una que otra pequeña concesión, políticamente correcta: la instrumentalización oportunista de las reivindicaciones en materia de derechos identitarios, en teoría socialmente "avanzadas".

Pero, como se dijo más arriba, lo que puede que funcione en una dimensión más distante del día a día no es efectivo con acciones políticas que se traducirán en ese mismo ámbito de cotidianidad de la sociedad, lejos de los ires y venires de lo que se juega en los pasillos del poder.

Ese cambio de repertorio obligó a una aproximación más contundente que favoreciera la gestión del conflicto, que demostró, sobre todo en la primera etapa, del 2 al 7 de octubre, poner en jaque (y cerca del mate) a la administración de Moreno.

¿Qué hizo que en Ecuador, donde la tendencia era al final predecible del derrocamiento en la calle, se recondujera hacia otro puerto, más seguro para el Gobierno, que ya demostró ser nada más que un vehículo del FMI y el capital concentrado?

La diferencia esencial entre un movimiento y otro la encontraremos en el desplazamiento de quienes acompañaron sin aspereza el desarrollo de esta táctica hasta el día de las protestas, donde antiguos aliados, al menos por un tiempo, sobre todo en la primera etapa de las manifestaciones, se situaron en el campo antagónico, oponiéndose al Decreto.

Estas claves tal vez podamos desentrañarlas reconstruyendo aproximadamente una secuencia de los acontecimientos, enfocados más que en el comportamiento mediático analizado acá.

Cronología de la violencia política y el "work-in-progress"

1) Primeras reacciones de las partes en conflicto

El estallido revienta por el eslabón más débil de la cadena: el subsidio a la gasolina, factor de cohesión social esencial que bajo la administración de Rafael Correa se mantuvo durante diez años.

Sabiendo esto, el Estado ecuatoriano tuvo que al menos prever la respuesta del sector transportista y de algunos sectores políticos del país. Sin embargo, en vista de las decisiones extremas que tomó en función de garantizar el control, podemos inferir que no imaginó la expansión que tendría en todos los niveles sociales.

El sector de transporte fue el primer grupo identificable que se organizó en contra del Decreto 833, por los evidentes efectos de la eliminación del subsidio en el gremio. Rápidamente fue desarticulado combinando el uso de la fuerza policial y judicial.

A horas de lanzarse el Decreto, los transportistas anunciaron un paro indefinido que iniciaba en sincronía con la aplicación de la ley, siendo su derogación condición para levantarse de la huelga.

En dos días, los transportistas son neutralizados y puestos de nuevo bajo el carril. Varios de los cabecillas de las huelgas son detenidos bajo procesos cuestionables.

Es el caso de Jorge Calderón, presidente de Fedotaxi en Quito; de Mesías Vicuña, secretario general del Sindicato de Choferes en Azuay, y de Manolo Solís, presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, todos bajo la acusación de haber "paralizado el servicio de transporte".

Página 12, de Argentina, escribió una nota a propósito de las irregularidades que se cometieron en la detención de Calderón. Su sobrino, Alejandro Calderón, dijo al medio que la causa no procedía pues "la medida adoptada por el gremio del taxismo trataba de suspender las actividades, no paralizarlas. Se trata de una medida amparada por el derecho constitucional".

El efectivo control de la agitación transportista contrasta con las crecientes movilizaciones de los ecuatorianos que van apoderándose de la ciudad capital.

Sus motivaciones no se detienen en una medida específica, son la expresión generalizada de una población que arrastra una crisis sistémica que abarca lo económico, político y social, tal y como lo resume Francisco Herrera Arauz, director general del portal Ecuador Inmediato, en una entrevista para Sputnik.

Por esta razón Moreno avanzó con el decreto de estado de excepción, reconociendo la fuerza y la amenaza no solo del grupo de transportistas que bloqueaban vías en algunas zonas del país, sino de los ecuatorianos en general que iban haciendo presencia en las calles.

Así, la figura del estado de excepción se invoca para criminalizar las protestas. Contrasta con Venezuela, donde en varios ciclos las cotas de violencia de las manifestaciones fueron extremas, pero con la diferencia cardinal de que en Caracas y en otras ciudades no se decretó, en ningún momento, el estado de excepción.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo (feminista y oposición por izquierda al gobierno anterior), manifiesta que se toma la decisión para garantizar la "movilidad de todos los ciudadanos", manejando el relato de resguardar el orden público.

La Ministra tomará protagonismo en las cámaras los días siguientes por dos motivos: blanqueará las medidas represivas que se irán ejecutando, e impulsará la teoría conspirativa del "golpe de Estado" coordinado por Rafael Correa y el Gobierno venezolano. La demostración "dura" de esta acusación será la detención de los 17 venezolanos taxistas, a quienes terminaron liberando por falta de pruebas.

El 4 de octubre aparece el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, junto con Romo, haciendo un primer balance de los dos días de estado de excepción: "se está logrando el propósito fundamental de restablecer el orden y la paz social".

Jarrín consta en el informe de la Comisión por la Verdad que recopila las violaciones de los derechos humanos cometidas en los gobiernos anteriores al de Rafael Correa. Bajo su mando se coordinarán las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para "bajar la intensidad de las agresiones y la violencia". Es el canal directo con Estados Unidos.

Trescientas cincuenta personas son detenidas, de las cuales 90 son procesadas por la Fiscalía con la causa de vandalismo.

Llama la atención que esta institución deja en libertad a Marlon Santi, uno de los dirigentes indígenas que más adelante se sentará a dialogar. Cuestión que no va con la persecución de políticos vinculados a la Revolución ciudadana.

En todo caso, la huelga de transportistas finaliza oficialmente ese día: el 4 de octubre. Pero los movimientos indígenas llegan a hacerle relevo, asumiendo el mando la Conaie, el movimiento mejor estructurado (presupuesto, cuadros operativos) y con alcance nacional.

Mientras tanto, los excesos policiales se van volviendo tendencia dentro y fuera del país a través de las redes sociales, toda vez que los medios privados y estatales proyectan al manifestante como saqueador y terrorista.

2) El sistema inmunológico de las instituciones responde

Pero esta fuga al cerco mediático obliga de algún modo a que las instituciones fijen posición.

La Fiscalía lanza un primer comunicado por excesos de la fuerza pública, que se queda solo en la advertencia de que el Código Penal sanciona estas extralimitaciones de los agentes de seguridad, pero no se activan investigaciones en contra de sus miembros.

La Defensoría del Pueblo también se hace eco del saldo de la violencia. El 6 de octubre emite el siguiente reporte: "485 personas fueron detenidas a escala nacional. De esta cifra el 80% de las personas han sido liberadas, lo cual evidencia el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas".

De ahí en adelante van a confluir dos realidades paralelas. Por un lado, la del Gobierno "dialoguista" que ofrece establecer un puente con los grupos indígenas en protesta dentro de la capital, bajo un consenso armado con la ONU, la Iglesia católica y algunas universidades.

De la otra acera, la que van a conducir las fuerzas de seguridad en las calles una vez que Moreno abandona Carondelet y se protege en la ciudad de Guayaquil.

Con el apoyo de la OEA y resguardado en Guayaquil, el Gobierno de Moreno señala a Nicolás Maduro de ser responsable de estas movilizaciones: "el sátrapa de Maduro activó junto con Correa su plan de desestabilización". Da fuerza a la presunción del golpe de Estado y en consecuencia a las medidas de seguridad del caso.

Policía y Fuerzas Armadas van abultando los desmanes y atropellos a civiles, que se generalizan el resto de los 11 días de la jornada insurreccional. Imponen a fuego y sangre el paquetazo del FMI a expensas de la criminalización de las protestas populares y evitan que estas tengan una conducción política de los grupos políticos vinculados a Correa.

Ahora el paso es a las instituciones estatales que comienzan a negociar con las nacionalidades y pueblos, apoyándose en la iniciativa de la ONU que se ofrece como mediadora para concretar el diálogo.

Los líderes de los movimientos indígenas, segundo sector que pasa a conducir las manifestaciones, son aislados de las "ideas extremistas", entre esas la de exigir la dimisión de Moreno, que ronda entre facciones de sus grupos.

¿Cómo incide el Gobierno en la dirigencia de la Conaie y otros movimientos sociales? Estaba siendo asesorado al menos por un intermediario que conocía muy bien la estructura y comportamiento de los movimientos indígenas, como se supo luego al filtrarse el audio del exrector de la Universidad Andina, Enrique Ayala Mora, mandamás del Partido Socialista de Ecuador y connotado terrateniente de la provincia de Imbabura.

Aparte ocurren varias actividades que desarrolla la Secretaría de los Derechos Humanos en relación con los afectados por la violencia, siguiendo acaso los dictámenes de los organismos internacionales de derechos humanos para cumplir con el perfil de "buena voluntad": se reúne con los rectores de las universidades que acogen a los indígenas y hace acompañamiento de algunas de las mujeres detenidas, evaluando que se garanticen sus derechos en los centros de detención.

De este modo, la narrativa pasa a reducir la crisis política generalizada a un conflicto gremial de los indígenas.

Las universidades asociadas a la Iglesia católica juegan un papel fundamental: su intervención impide que los ataques de las Fuerzas Armadas dejen mayores bajas en los manifestantes indígenas, la oposición visibilizada por el Gobierno de Quito.

Justamente, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (Puce) y la Universidad Politécnica Salesiana albergan a los grupos indígenas, mujeres, niños heridos, sobre todo, que llegan del interior del país a la capital ecuatoriana. Declaran las instalaciones de su campus como "zona de paz".

Cuando estas son atacadas con bombas lacrimógenas por la Policía Nacional, de inmediato el rector de la Puce, Fernando Ponce León, intercede bajando la tensión de la violencia y destacando la "correcta reacción de la ministra Romo".

María Romo incluso emite una disculpa pública de este suceso y ordena investigar a los policías involucrados. De allí que entendamos a los académicos religiosos como los articuladores para que la violencia sea cesada en los focos necesarios y las mediaciones puedan darse. Comienza a armonizarse la distribución controlada de roles "entre las partes".

El Gobierno puede fácilmente refugiarse en estas instituciones "autónomas" y sin afiliación política para mostrar su disposición al entendimiento con la contraparte en conflicto.

También sirven para filtrar las demandas. Las que entren no van a incluir el rechazo al espectro completo del modelo neoliberal o la destitución del Presidente ecuatoriano, aun cuando estos son exigencia central de la gente en las calles.

Se trata simplemente de discutir las propuestas que dosifiquen el golpe de la privatización del combustible, a lo que las universidades proponen una "reorientación del subsidio" que pase a cubrir inversiones para el desarrollo agrícola de los indígenas.

Otros actores que planteen salidas blandas al problema del Decreto 883 tendrán turno de hablar.

3) Tercer acto: el interlocutor "intermedio"

La Conaie calzó como la oposición legítima: ¿qué puede ser más antagónico, al menos en principio y en abstracto, a las corporaciones y los intereses financieros que los pueblos originarios? Era con ellos y no con el empresariado que Lenín estaba creando canales para el consenso.

Sin embargo, ninguna de las múltiples exigencias del gremio se constituyeron en un bloque contundente de rechazo al modelo neoliberal. La resolución final no se extralimitó de los márgenes que impuso el Gobierno.

Apenas asomaban las ideas de renuncia de Moreno, de otros altos cargos militares y de Jarrín y Romo de sus respectivas carteras, o la reversión total del paquetazo, eran etiquetados de "correístas", trazando el lugar de la periferia "radical", descontrolada, violenta y tutelada por el binomio Correa-Maduro.

El tiempo que dedicaron a desvincularse de esta fuerza política, para no ser desplazados por ella en la conducción del estallido ni perder la atención principal que les otorgó el Gobierno, fue aprovechado por el equipo de Moreno que detectó dentro de sus filas a los voceros complacientes.

Salvador Quishpe es el encargado de entregar una carta en nombre de los movimientos indígenas a los delegados de la ONU en Ecuador.

Al revisar el perfil de Quishpe se entiende que el Gobierno lo prefiera en detrimento de otros voceros: flexibiliza la condición de derogatoria a "al menos revisión" del documento, y en su cuenta de Twitter lanza opiniones que lavan de culpas a Moreno, señalando que la represión militar es por presiones de sectores de la derecha que no lo dejan "conciliar con el movimiento indígena".

Al principio la Conaie desmiente que hayan accedido a negociar, para más tarde terminar aceptando el diálogo luego de que las universidades involucradas confirmarán la reunión con las Naciones Unidas y le dieran validez a la carta.

De este modo, la Conaie, para los medios representada como "los indígenas", acude a un proceso de consenso en donde las reglas son puestas por el Estado. Participan solo en la derogación de un Decreto (que se va a reformular) y no hay cabida para la consulta sobre lo que vendrá a sustituir esa medida.

Quishpe, desde el otro lado de la calle, colocaba su grano de arena al denunciar que el "correísmo" se había apropiado de las manifestaciones impidiéndoles negociar. Y el papel de la Conaie, en el mejor de los casos, oh coincidencia, ha sido ambiguo.

Opositor temprano a los gobiernos de Correa, la Conaie no tuvo ningún problema en ponerse del lado del golpe cuando la asonada del 2010. En el 2013 apoyó la expulsión de la Usaid de Ecuador, pero aquí también se manifiesta una relación, al menos públicamente, contradictoria, ya que tampoco se puede decir que le han cerrado las puertas a la agencia estadounidense en el pasado.

Sin embargo, ante el punto de choque de ellos (el subsidio de la gasolina) hay una rectificación del Gobierno (que ya controla los márgenes volátiles), validando la narrativa del triunfo de las protestas.

Igualmente estar a la cabeza de las demandas durante esos días le permitió, además, ganar un punto como opción política. El anuncio de querer fundar un partido y presentarse en las presidenciales del 2021 lo confirma. Una solución clientelar revestida de discurso virtuoso.

Amarrado el sector blando de la oposición, el Gobierno de Moreno entrega el mando al Ejército para que se encargue de barrer a la gente que queda en las calles, toque de queda mediante, e intensificar el asedio contra los dirigentes vinculados al "correísmo" que se desarrollaba en paralelo.

El aumento de la represión fue proporcional a la amplitud de la sublevación contra el Gobierno. El toque de queda decretado en Quito el 8 de octubre se dio paralelo a la intermediación de la ONU, la Iglesia católica y las universidades.

El 9 de octubre se oficializa el paro nacional por iniciativa de la Conaie, vendido en los medios de todo signo como "los indígenas" y no como un grupo político con intereses claros, siendo acogido por los manifestantes en Quito.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a cambio, dobla la apuesta eximiéndose de responsabilidades por las acciones que tomarían y adjudicando las consecuencias de los próximos días a los "actores que generan la convulsión social".

Las fuerzas represivas arremetieron contra el país que buscaba en el estallido un cambio radical a la fondomonetarización del Gobierno y del país.

4) Surfeando la ambigüedad: fabrica un enemigo a tu medida

En este punto habría que detenerse para añadir un dato de contexto: el uso progresivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad entró en debate en enero de este año, cuando una mujer embarazada fue asesinada por un venezolano estando rodeado de policías. Entonces, María Romo declaró que la muerte de la mujer "debió ser evitada con el uso de la fuerza policial".

El impacto causado en la población, con una cobertura que propaló los tonos más salvajes de amarillo que pudiera tener el sensacionalismo, no solo sirvió en ese momento para profundizar la xenofobia contra el gentilicio venezolano, sino que en este caso es un recurso madurado al cual acudir para justificar los excesos policiales, más aún al forzar la idea de los "venezolanos infiltrados" en las protestas.

El todos contra todos en Ibarra a mediados de enero, en retrospectiva, fue un globo de ensayo.

5) La "buena causa" detrás de la violencia

La violencia extendida por más de una semana no pasó desapercibida ante la mirada internacional. Según la Defensoría, los 11 días de manifestaciones dejaron un saldo de 7 muertos, mil 340 heridos y mil 152 detenidos.

Medida que fue tomada en caliente por Moreno para maniobrar su permanencia en el poder.

Cuando baja la tensión social y el diálogo encuentra un cauce, destituye al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roque Moreira, y al comandante del Ejército, Javier Pérez, pero sus ministros de Seguridad y Defensa permanecen en su sitio (su dimisión era parte de las reivindicaciones de las protestas).

Esta "sutileza" aparente pudiera decirnos más sobre el estado de ánimo dentro del estamento militar. Kintto Lucas asegura que el resquebrajamiento no es solo social sino que "las Fuerzas Armadas ya no le dan apoyo total" al Gobierno de Lenín Moreno.

¿Cuánto será el impacto real del socavamiento de la soberanía, de los nuevos acuerdos de seguridad con Estados Unidos y del tratamiento semioficial (reforzado por la renovación del mando) de responsables de la violencia en los cuarteles y las oficinas de mando?

Tanto Jarrín (en el 1969) como los dos nuevos generales designados, Luis Lara y Luis Altamirano, realizaron cursos en la Escuela de las Américas siendo cadetes (en el 1982 y el 1983, respectivamente).

A María Paula Romo le cuestionan la ola de violencia marcada por el despliegue de los agentes de seguridad en las calles. Igualmente, la Asociación de Venezolanos en Ecuador está haciendo campaña para que se retracte por las falsas acusaciones a los venezolanos y su detención arbitraria.

Por su parte, el Ministro de Defensa desató polémica en uno de los puntos álgidos de las protestas al viralizarse un vídeo donde amenaza con el uso de armamento letal para proteger "instalaciones estratégicas" de los ciudadanos ecuatorianos a los que califica como terroristas.

"No se olviden que tenemos experiencia de guerra", advirtió, haciendo clara alusión a los llamados Conflicto del Falso Paquisha (1981) y a la Guerra del Cenepa (1995), dos guerras fronterizas con Perú, en zonas remotas y poco pobladas, donde Jarrín fue jefe de operaciones de la segunda.

Hubo armamento letal, contra civiles (y en última instancia en defensa de una entidad internacional), y difícilmente pudiera considerarse equivalente a una guerra entre ejércitos profesionales en un teatro de operaciones de avanzada.

6) Balances gatopardianos

Es muy difícil de imaginar que el Gobierno no considerara dentro de sus cálculos la dimensión que podía tener la respuesta en la calle a las medidas contempladas en el Decreto 833; pudiera concederse que no se esperaba una reacción capaz de evacuar la sede del Gobierno, lo mismo en la verdadera composición demográfica de las movilizaciones y protestas, muchísimo más amplia y menos delimitada que el resultado final, a todas luces capitalizado por la Conaie, concediendo que el liderazgo de base mucho tuvo que ver en lo que por su lado estimó el mando institucionalizado de la organización.

Fue un alzamiento popular con todas sus letras, con su carga difusa en la conducción (no hubo dirección política, sino gremial), donde el Gobierno pudo anticiparse en los aspectos esenciales, si consideramos que en el tratamiento de la información actores mediáticos llegaron a adelantarse a los acontecimientos, delineando el hilo narrativo confirmadamente predeterminado que desembocó en el diálogo, la división de la protesta, el avance sobre la detención/supresión de altos mandos de la Revolución ciudadana todavía en el país, la derogación del famoso Decreto (por ahora), manteniendo al actual Gobierno en el poder y pacificando el país.

En términos, digamos, de guerra híbrida, el Gobierno fue capaz de quebrar el bucle Ooda (Observar, Organizar, Decidir, Actuar) o principio de Floyd de la movilización.

Esto fue calculado como un contragolpe, porque un golpe de fuerza se esperaba. Y el grado de éxito (así sea de corta duración) lo vemos en que, retrocediendo con la medida, avanzó en otros sentidos: neutralizando oponentes, esterilizando el contenido político y las responsabilidades directas de las medidas, en el sistema de prebendas en el que la Conaie salió como el principal ganador (con flamante partido) mientras que se vendía, con toda efectividad, la idea de que "los indígenas" (una media verdad) voltearon el tablero. Una situación seguida muy de cerca (¿supervisada?) por Estados Unidos.

Pero para llegar a este punto, en resumen,

- tuvieron tiempo de contener por meses la evidencia del proceso de entrega del país;

- fueron formulando un nuevo enemigo interno híbrido, combinación de migración venezolana y "correísmo" (tuvieron oportunidad de ponerlo a prueba, meses antes);

- dieron pasos agigantados en la reforma estructural de la economía, a tal punto de ser elogiados por el propio FMI;

- pudieron poner a prueba la capacidad de respuesta, fuerza, organización y logística de la población para posibles próximos escenarios;

- se constituyeron en epicentro de una maniobra diplomática que ahora intentan extender al resto de la región, sentando las bases de una nueva idea de seguridad regional emergente;

- la experiencia reciente constituye un modelo de exportación, capaz de moverse en aguas gatopardianas, "cambiando todo para que todo siga igual";

- mientras el retorno de la convulsión está garantizado, así Moreno salga debilitado pero a la luz de los medios "renovado" en su posición de poder, y el FMI, como siempre, intacto.

¿Un modelo de Doctrina de Seguridad Nacional renovado para la era de la ira?

"Ante esta amenaza inminente, sin duda las Fuerzas Armadas seguirán preparándose para destruir la intención de imponer, mediante la subversión urbana y el terrorismo, sus intereses delincuenciales", afirmó Fidel Araujo, mayor del Ejército procesado por la asonada del 30 de septiembre del 2010.

El 22 de octubre, el diario Expreso publicó una nota titulada "Defensa se alista para afrontar la insurgencia", con el taquigráfico antetítulo "Cambios en la cúpula [militar] apuntan a ese objetivo. El último paro evidenció grupos violentos".

"En el país existen grupos insurgentes, es la nueva realidad del Ecuador. Lo reflejaron las violentas acciones que cumplieron grupos delincuenciales en la protesta indígena que paralizó el país por casi 12 días y dejó seis fallecidos, más de mil 300 heridos y un número similar de detenidos", abre la nota.

En una parada militar donde se presentó al nuevo mando del Ejército y del Estado Mayor, el ministro Jarrín declaró que el "objetivo concreto" es "afrontar la insurgencia del país", toda vez que, según dice la noticia, es una preocupación el manejo de la crisis, habida cuenta de que el Ministro ha encabezado visitas a Estados Unidos y el Reino Unido para conocer los modelos de salas de crisis que ofrecen en esos países.

"Además, para conocer cómo actuar en actos de terrorismo una comisión fue a España e Israel a conocer cómo se elaboran planes y se manejan en situaciones anti-terroristas. Se busca prevenir y anticiparse a las situaciones como las que se presentaron en el paro", apunta la nota de Expreso.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, declaró en el marco de las protestas sociales que su Gobierno (que pudiera leerse como una extensión de la oligarquía neoliberal que lo controla) está en guerra "contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite", agregando que "estamos muy conscientes de que tienen un grado de organización, de logística, propia de una organización criminal".

De un tiempo para acá, de Colombia hasta Argentina, se le ha otorgado al Foro de Sao Paulo un papel regidor, que según esa lógica conspirativa actualmente operaría en una instancia paralela, el Grupo de Puebla, para "socavar los cimientos" del Grupo de Lima. Esta especie la pergeña y promueve el circuito de políticos, combatientes mediáticos y soldados de la Guerra Fría remojados, como el propio Jarrín, cuyos respectivos establishment políticos se sienten amenazados.

Porque pareciera ser una condición sine qua non que, así como a nivel de gobierno, casos como el ecuatoriano que en el actual realineamiento político se juega la vida, también ocurre lo mismo a nivel individual de los presidentes para abajo, algo que se convierte en una batalla también existencial, donde probablemente las órdenes que se emitan desde La Embajada tienen que cumplirse a cabalidad.

Macri, Moreno, Bolsonaro (más Cunha y Temer), Duque (y el uribismo), el fujimorismo y los gobierno de Vizcarra, Mario Abdo Terán, Juan Orlando Hernández y por lo visto ahora Juan Guaidó, todos penden de un hilo judicial con sendos expedientes pesando mucho, al punto de que, al no seguir la línea, en un instante caen en la cárcel si los gringos quieren.

Así, una combinación extrema de necropolítica, capitalismo zombie y lumpencracia de cuello blanco encabezan gobiernos que ahora tocan los límites del metabolismo neoliberal.

El caso ecuatoriano es descriptivo puesto que, a diferencia de Chile, se encuentra en franca situación de tránsito del paradigma del cambio de época a la restauración neoliberal. Y Chile es la cuna del experimento neoliberal.

Culiacán: ¿operativo diplo-militar? (La Jornada)

LA JORNADA 24 de octubre del 2019 MÉXICO

John Saxe-Fernández*/I

En la conferencia de prensa de la mañana del 21 de octubre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló urbe et orbi que “no sabía del operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. Así lo informó el noticiero de Televisa a las 9:24 a.m. (tiempo del centro).

La nota agrega que AMLO indicó que tiene mucha confianza en el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y recordó que su recomendación siempre es cuidar las vidas y que no se violen los derechos humanos durante los operativos.

Y concluyó: lo que más importa es mi autoridad moral, porque si no tengo autoridad moral, no tengo autoridad política. No tengo nada, soy nada sin autoridad moral, no sin adelantar, aun antes del inicio de cualquier investigación detallada e imprescindible ante una operación tipo regime change, que el gobernador de Sinaloa no tuvo responsabilidad en lo ocurrido porque fue operado por la Sedena.

Entonces, ¿por qué no fue informado AMLO tratándose de un operativo de alto calibre, equivalente a una declaratoria de “guerra al narco”, basada en ataques, capturas y/o deportaciones de altos capos o, peor aún, de sus familiares?

Ese modus operandi, se sabe en México y en EEUU, genera alta violencia dentro y entre cárteles. Al fracturarlos la violencia se disemina e intensifica. Es fuente de más violencia. Pone en riesgo la vida de cientos a miles.

¿De dónde la orden de captura de Ovidio y peor, en Culiacán, cuna del narcotráfico, como señalaron analistas varios? ¿Por qué si se impulsa otra estrategia se insiste en detener, en este caso, al hijo del Chapo, aunque sin derramamiento de sangre?

Ya Ríodoce había informado el 16 de septiembre de una reunión del gobernador de Sinaloa con altos cargos de la DEA, de la Embajada de EEUU y de la Sedena y otros cargos de seguridad.

En relación con esa nota, el 29 de septiembre, en la misma fuente, se publicó La Insólita Reunión de la DEA con el gobierno de Sinaloa, de Ismael Bojórquez. En ese artículo se indica que: “hace dos semanas publicamos en Ríodoce una nota que en principio parecía extraña. A hurtadillas, sin que casi nadie se enterara, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se reunió con Uttam Dhillon, director interino de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés)”. Fue, se lo dijeron al reportero, por invitación del gobierno estatal.

De haber continuado el operativo como exigieron en las horas más álgidas los panistas, quienes además se apresuraron a levantar querella judicial contra AMLO por haber detenido la operación, la masacre habría sido el principio del fin de la gesta histórica en curso de la 4T: después de 36 años de saqueo prianista avalado por el fondomonetarismo y su programa de empréstitos de ajuste estructural, centrado, desde el 1982, en la privatización de los beneficios y la socialización de los costos. Fue una brutal guerra de clase del mal llamado neoliberalismo que debilita los fundamentos sociales y económicos de la paz social y que estalla en la masacre calderonista, la “guerra al narco” y la diplomacia militar de facto de la Iniciativa Mérida (IM), eje de la ampliación territorial que acarreó el Tlcan y sigue en el T-MEC negociado por Peña Nieto.

Los riesgos diplo-militares de la 4T, un rescate de activos y recursos naturales estratégicos, no cesa, sigue en curso por mandato del electorado en las presidenciales del 2018 y del alto nivel de aprobación de AMLO ahora de 67.5%, aun después de esa intentona golpista. Son riesgos que merecen atención no solo en los detalles, también en los contextos geoeconómicos y geopolíticos de la madeja a deshilvanar.

Los medios locales de Sinaloa y Yucatán, por cierto, ambas localidades con índices a la baja en violencia, resaltaron la reunión secreta del gobernador priísta de Sinaloa y la DEA, días antes del operativo/intentona en Culiacán.

López Obrador hace bien en lanzar una investigación sobre esa aparente madeja bajo el principio esencial de la presunción de inocencia, sin dejar de tener presente las animosidades que se cultivan, en nombramientos o expresiones de bajeza, como aquella en voz de Fox de darle en la madre a la 4T.

Eso es lo que escupió al cielo la bárbara insensatez que se anida en ese expresidente. No importa lo gracioso o payaso que parezca a algunos: se relaciona con gente que sabe de fortalezas y desestabilizaciones, que han operado bajo principios como todo de todo con EEUU, nada de nada con América Latina y andan fuera de sí luego del patente hundimiento político del prianismo y su bancarrota. Es un enloquecimiento riesgoso para México, bajo un cielo plagado de aves de rapiña que observan atentas al menor fallo para entrarle al golpismo.

Solo téngase presente que para EEUU la guerra al narco, además de negocio, sirve para desgastar y exportar a México conceptos y legitimaciones territoriales de la homeland security.

• Doctor en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México (Unam)

El combate a la Hidra del narco (La Jornada)

LA JORNADA 24 de octubre del 2019 MÉXICO

Abraham Nuncio

Felipe Calderón fue invitado días atrás a dar una conferencia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC). Sus directivos no tuvieron en cuenta –o quisieron pasar deliberadamente por alto– lo acontecido en el 2010 en sus instalaciones. Allí fueron asesinados por el Ejército dos estudiantes a los que, además, se les golpeó y les fueron sembrados unos fusiles para hacerlos pasar por miembros del grupo delictivo al que los soldados persiguieron inútilmente, pues lograron escapar.

Los que no olvidaron cómo perdieron la vida los dos estudiantes –con muy altas calificaciones–, durante un operativo militar en la llamada “guerra contra el narco”, son los que cursan actualmente estudios en esa institución.

El documental titulado Hasta los dientes recupera la memoria de ese episodio trágico y arroja luz sobre la tragedia siniestra en que el Ejército pretendió hacer ver que la suya era una más de las aportaciones valiosas a tal guerra. Esta es una de las hipótesis explícitas del documental, y de ella da pelos y señales.

Así que los estudiantes del TEC se movilizaron y pugnaron para evitar que el expresidente que causó miles de muertes inocentes, entre ellas las de quienes los antecedieron en la matrícula del TEC, se presentara en su espacio. Y lo consiguieron. Calderón optó por declinar la invitación que se le hizo.

Tiempo de recordar para el vocerío cuyo ulular recoge el magnavoz de la derecha en diarios, radiodifusoras, televisoras, redes sociales: en Culiacán el Estado claudicó frente al narco (por la liberación de Ovidio Guzmán López); el narco lo puso de rodillas; ya no hay quien nos defienda. Etcétera. Solo en Monterrey, una acción de los Zetas bastó para que ardiera el Casino Royale y más de cincuenta personas perdieran la vida en el verano del 2011. El establecimiento funcionaba con permisos ilegales, como muchos otros, mediante la colusión con funcionarios de gobernación vinculados a Felipe Calderón. Todo un éxito.

Cabe recordar también lo que ocurría con los medios de comunicación, no solo en el sexenio calderonista, sino en el de Vicente Fox y en el de Enrique Peña Nieto. Sus dueños, personal informativo y de opinión dieron por bueno el uso indiscriminado del Ejército y la Marina para combatir al narcotráfico.

No se detuvieron a pensar ni poco ni mucho sobre sus consecuencias militaristas y el clima de arbitrariedad y violencia que agregaban al ya existente; tampoco acerca de la tarea que nos asignó Estados Unidos en ese combate: como comprador de armas y como cobertura a la ausencia de combate al narco en su territorio. Allá no existe una campaña sostenida sobre ambas realidades ni una prensa que insista en ella.

A las voces que pretenden copiarse de la espada flamígera de Dios para poner al Gobierno de López Obrador en la antesala de la expulsión es preciso responder con un balance mínimo sobre el narcotráfico en México y la estrategia del Estado para combatirlo.

Si algo se le puede reconocer a Gustavo Díaz Ordaz es la respuesta que le dio a Lyndon Johnson cuando este le reclamó la insuficiencia al combate a las drogas por parte del Gobierno mexicano. “México –le dijo– es el trampolín de la droga hacia Estados Unidos; cierren su alberca y se acaba el trampolín”.

En los setenta se dispara el consumo de drogas por el Ejército estadounidense que combatía torpemente en Vietnam. Los cárteles mexicanos dieron entonces un enorme paso en su capacidad.

A partir de ese momento, la alberca de Estados Unidos crecería imparable. Y desde el debut del neoliberalismo, vía la globalización, los nexos entre consumidores (externos e internos), productores, traficantes, funcionarios (civiles, policíacos y militares) destacados en el combate al narcotráfico, empresarios legales y otros agentes han creado una tupida red de intereses que ningún país ha logrado erradicar.

Frases como la de Fox, de dar contra el narco la madre de todas las batallas o políticas contrarias a la vida y al erario no han disminuido ni el volumen del narcotráfico ni sus gestores. A cada cabeza que le es cortada a la Hidra de los estupefacientes, le aparecen dos.

En la mayoría de los intentos hay derramamiento de sangre inocente y en cada capo extraditado México entrega información de seguridad nacional y el dinero que le es confiscado.

Pero los ululantes pretenden que el Gobierno de López Obrador resuelva en cosa de meses el problema creado a lo largo de más de medio siglo. Hipócritas, repetidores o desinformados que opinan.

La conclusión es sencilla: cuando se reduzca el tamaño de la alberca estadounidense se podrá aspirar a que el narco se reduzca. Ya conversaremos sobre el tema dentro de algunas décadas. Por ahora hay que buscarle al problema una salida de aprovechamiento científico, social y fiscal. Es lo más práctico y lo más político. En varios estados de la potencia al Norte ya se hace así.

ASUNTOS MILITARES

Narcotráfico en México, Fusiles Barret, AR-15, granadas, lanzacohetes... los arsenales estadounidenses del crimen organizado mexicano (BBC Mundo))

BBC MUNDO 25 de octubre de 2019 REINO UNIDO

Alberto Nájar

Es una de las imágenes más vistas en redes sociales: camionetas con ametralladoras patrullando las calles de Culiacán, Sinaloa, durante la fallida operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Autoridades y expertos identificaron el arma como una Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de Estados Unidos.

Pero no fue la única. El día del operativo, el jueves 17 de octubre, decenas de jóvenes recorrían la ciudad con fusiles de asalto AK47 y R15, además de granadas y pistolas 9 milímetros.

En estos días la atención de los medios y analistas mexicanos se concentra en la batalla de Culiacán.

Pero en realidad, el uso de armas compradas ilegalmente en Estados Unidos es frecuente entre la delincuencia organizada del país, que según especialistas han acumulado verdaderos arsenales con estas importaciones.

Un ejemplo ocurrió el 17 de octubre, durante el enfrentamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación con policías en Aguililla, Michoacán.

Las autoridades encontraron evidencias de que en la emboscada se utilizaron casquillos del calibre .50 como los del Barret.

Se trata de un arma, capaz de atravesar fuertes blindajes, utilizada por francotiradores de élite de las tropas estadounidenses.

Ninguna de estas armas es fabricada en México. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la mayoría proviene de armerías en Arizona y Texas.

El destino de este mercado son bandas de delincuencia organizada, como se demostró en los ataques de Culiacán y Aguililla. Y el resultado es violencia en el país.

"La correlación entre la producción de armas en Estados Unidos y el alza de homicidios en México es muy alta", le dice a BBC Mundo Eugenio Weigend Vargas, director asociado de la organización civil Centro para el Progreso Americano.

Bazucas, morteros, granadas

Lo que sucedió en Sinaloa y Michoacán es una muestra de la capacidad de respuesta militar que han adquirido los carteles de narcotráfico en los últimos años, coinciden especialistas.

Las organizaciones utilizan armas de guerra en sus operaciones, no sólo en la batalla contra grupos rivales sino como respuesta a las autoridades.

Por ejemplo, en el 2015 el CJNG derribó un helicóptero de la Secretaría de Marina con un lanzacohetes RPG-7, de fabricación rusa. El arma entró al país por la frontera con Estados Unidos, según datos oficiales.

En el 2016, tras la tercera captura de "El Chapo" Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, la Secretaría de Marina encontró decenas de fusiles de asalto, entre ellos un Barret.

Ese modelo de arma se utilizó en enero de este año en Tamaulipas durante un enfrentamiento entre los carteles del Noreste y El Golfo que causó la muerte a 21 personas, según la Fiscalía del estado.

Pero en distintos momentos las autoridades han confiscado otros artefactos de guerra.

Durante una operación contra el cartel de La Familia Michoacana, la Sedena confiscó ametralladoras SAW 5.5 con capacidad de 700 disparos. También fusiles Remington 700 utilizado para francotiradores, granadas y bazucas.

Un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados establece que el arsenal de los carteles incluye granadas de 47 milímetros, por ejemplo.

También pistolas consideradas de última generación que utilizan balas trazadoras capaces de traspasar blindajes. En México se conocen como "matapolicías".

Al Cartel de Sinaloa se le han confiscado bazucas y morteros utilizados en el ejército estadounidense.

Algunos de estos ejemplares se exhiben en el Museo de los Enervantes en las instalaciones centrales de la Sedena, en Ciudad de México.

"Operación Frozen"

El creciente poder de fuego de los carteles de narcotráfico es uno de los problemas más graves del país reconocen autoridades.

De hecho, tras la batalla en Culiacán, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron implementar una estrategia especial en la frontera común contra el tráfico de armas.

El operativo se llama "Frozen" y según el presidente Andrés Manuel López Obrador fue parte de una conversación telefónica con Donald Trump tras la fallida operación militar en Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la estrategia consiste en "sellar las fronteras", para impedir el tráfico ilegal de armas.

La vigilancia se aplicará especialmente en cinco de los principales sitios de cruce fronterizo, donde según la Sedena se concentra el paso irregular de arsenales.

López Obrador propuso que Estados Unidos utilice más sistemas de tecnología, como rayos X o detectores de metales en sus pasos fronterizos.

Más de 200000 armas ingresan cada año a México y el 70% proviene de armerías estadounidenses, afirma la Secretaría de la Defensa.

De acuerdo con la SRE en el 70% de los homicidios en el país se cometieron con armas de fuego. Muchas son estadounidenses.

Las estimaciones oficiales indican que en los últimos diez años ingresaron al país unos dos millones de armas de fuego, de distintos calibres. De éstas se han confiscado 193000 de acuerdo con la Sedena.

Con la operación "Frozen" se pretende reforzar la seguridad en las aduanas fronterizas donde, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) existen serios problemas.

En 29 de las 49 garitas aduanales "no existe la infraestructura necesaria para la aplicación de sistemas de Reconocimiento no intrusivo, lo que implica debilidades en la operación".

El dato corresponde al informe de la cuenta pública presentado en el 2018 por la ASF, el organismo del Congreso responsable de fiscalizar la aplicación del presupuesto.

Miedo en la frontera

Las aduanas son una de las rutas por donde llegan los arsenales a carteles y bandas de delincuencia organizada, dice Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.

La operación la realizan redes capaces de introducir "camiones completos" con armamento, le dice Rivas a BBC Mundo.

"Las aduanas son absolutamente permeables, no tenemos elementos suficientes de control y no hay decomiso suficiente de armas".

Por ejemplo, en las garitas fronterizas existen básculas que detectan el peso excesivo de los vehículos, un elemento para sospechar que lleva armamento.

Pero en muchos casos los agentes aduanales se ven obligados a permitir el paso de los camiones.

"Si detienen esos vehículos no hay la certeza de que un grupo delictivo no vaya a tomar represalias contra sus familias".

El destino de esos cargamentos son los grandes carteles de narcotráfico, pero no es el único.

En muchos casos, las autoridades han confiscado armas provenientes de Estados Unidos a bandas más pequeñas. Un ejemplo ocurrió en el barrio de Tepito, en el centro de Ciudad de México.

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana confiscaron al grupo Unión Tepito fusiles AK47, R15 y una bazuca. La operación ocurrió este martes.

Selección en Internet: Raquel Román Gambino

El complejo militar industrial: el papel de los científicos como mercenarios del capitalismo contemporáneo (Insurgente)

INSURGENTE 25 de octubre del 2019 ESPAÑA

Juan Manuel Olarieta*

La política económica de Trump ha seguido la moda de los recortes presupuestarios, lo que suscita la pregunta inversa: ¿en dónde no escatiman el dinero? La respuesta es evidente: en gastos militares, dentro de los cuales están los proyectos “cientificos” de Darpa, la agencia de investigación del Pentágono.

La guerra ha sido y es uno de los grandes motores de la ciencia, y los científicos son los más fieles siervos de las guerras porque su trabajo tiene más relación con el sueldo que cobran que con un amor desinteresado por el saber.

Los presupuestos militares han convertido a Darpa en un gigantesco fondo de inversiones a través del cual los militares controlan universidades, laboratorios y centros de investigación por todo el mundo. Los científicos, académicos e investigadores no son más que unos de tantos subcontratistas del Pentágono, de manera que cuando se les acaban los fondos tienen que viajar a Washington a mendigar más dinero para mantener la maquinaria en marcha.

En el 2017 Darpa percibió 2 mil 900 millones de dólares que este año llegarán a los 3 mil 200 millones. El destino de ese dinero marca la pauta de lo que interesa a los imperialistas, además de marcar la pauta también de lo que en el mundo actual consideran como “ciencia” que los más papanatas llamaban antes “puntera” y ahora “deep tech” (1). La tecnología “punta” es la más moderna, la mejor, la más innovadora y los demás no hacen más que seguir ese camino: el que marca el Pentágono.

Darpa no invierte en armas sino en hegemonía y, por lo tanto, en poder o, por mejor decirlo, en mantener el poder (el ‘status quo’) a lo largo y ancho del mundo. Poco después de que en el 1958 fundara Darpa fue cuando el general Eisenhower acuñó la famosa expresión “complejo militar industrial” (2), un binomio del que se suele olvidar la tercera pata a la que el entonces Presidente también se refirió: la ciencia.

Más que la ciencia propiamente dicha, son los científicos actuales los que portan las taras del complejo militar industrial, por más que se empeñen en disimularlas. Aquí ya hemos expuesto algunas, como la llamada “inteligencia artificial”, que va a consumir 2 mil millones de dólares de Darpa en cinco años. No es más que ingeniería social o, como decía Marx, convertir a la humanidad en una extensión de la máquina (y no al revés).

Por lo demás, la “inteligencia artificial” es lo menos inteligente que cabe imaginar. Es el intento de trasladar el modelo militar a la sociedad, o sea, militarizar a los civiles, convirtiéndolos en autómatas, soldados robotizados, carne de cañón.

La subcontratación permite a los científicos cerrar los ojos ante sus verdaderos amos. También le permite al Pentágono contar con la colaboración de instituciones e investigadores que le cerrarían las puertas porque no quieren aparecer como tentáculos de la guerra imperialista. En fin, la maraña de intermediarios mantiene la imagen de la ciencia que los científicos quieren aparentar: aséptica y alejada del mundanal ruido.

Pero la ciencia no solo depende de los militares y de científicos militarizados, sino también de la industria, es decir, del capital. La biología moderna es una creación de las empresas de fondos de inversión altamente especulativos. Los laboratorios de biotecnología, la farmacia y la agroindustria actuales serían impensables sin las sociedades de capital riesgo.

La industria funda y destruye revistas científicas, crea, equipa y disuelve laboratorios y centros de investigación, financia cursos de formación, convoca congresos nacionales e internacionales, incorpora a los científicos a su accionariado y a los consejos de administración de sus empresas, nombra y destituye a ciertos ministros…

Desde el punto de vista industrial, la ciencia moderna no tiene que fabricar conocimientos verosímiles, sino algo mucho más simple: es una máquina de hacer dinero rápidamente, bien entendido que quienes hacen dinero no son solo las empresas sino también los científicos que forman parte de ellas.

Quizá el mejor perfil que hay en España de uno de esos científicos de última generación sea Cristina Garmendía, donde aparecen todas las patas que la sustentan. Doctora en biología, Garmendia fue ministra del PSOE de Ciencia e Innovación, un cargo al que llegó procedente de los grupos de presión de la biotecnología, la famacia y la medicina, unidos en una intrincada red de fundaciones que no son otra cosa que conglomerados empresariales.

Era miembro de la Junta Directiva de la CEOE, presidenta de la Fundación Inbiomed y de la Asociación Española de Bioempresas. En el 2000 fundó Genetrix, empresa del sector de la biotecnología y en el 2008 la sociedad de capital riesgo YSIOS, especializada en salud y biotecnología. “Cristina Garmendia fue pionera al sentar las bases de una industria de la biotecnología en España al trasladar el ‘know-how’ de la investigación biomédica académica española al ámbito del mundo empresarial”, dice de ella la Wikipedia.

En el 2011 aquella ministra aprobó la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que, por primera vez, elevó la innovación a rango de ley, incidiendo en las puertas giratorias del conocimiento: del sector público a las empresas privadas, y a la inversa.

Aquel mismo año 2011 la ministra se concedió préstamos públicos para sus propias empresas privadas, porque en los tiempos del capital monopolista de Estado ¿cómo se diferencia lo público de lo privado? ¿Cómo diferenciar la ciencia de los científicos? ¿Cómo diferenciar a la ciencia del capital? ¿Cómo diferenciar al PSOE de Ciudadanos? En el 2015 a la científica ya la veían participando en los actos electorales de Ciudadanos.

En el mundo actual a los científicos que marcan la pauta donde se los ve es en los actos oficiales; los otros tienen su jornada de trabajo en los laboratorios y dependen de los anteriores.

Notas:

(1) En Estados Unidos llaman “deep tech” a los proyectos científicos prometedores o rompedores, pero que requieren un desarrollo a largo plazo y, por lo tanto, de dinero público

(2) Aunque la expresión se atribuye a Eisenhower, quien le escribió el discurso fue Malcolm Moos, rector de la Universidad de Minnesota (https://www.shmoop.com/historical-texts/eisenhower-farewell-address/malcolm-moos.html).

Selección en Internet: Raquel Román Gambino

• Abogado natural de Bilbao

Dramática advertencia (Por Esto!)

POR ESTO! 24 de octubre del 2019 MÉXICO

Alfredo García*

Según publicó el periódico austríaco Kronen Zeitung, la Otan está realizando maniobras secretas en territorio alemán y holandés, siguiendo protocolos frente al hipotético estallido de un conflicto nuclear, que tienen como centro la base aérea de Buchel, en el Este de Alemania, sede del Escuadrón Táctico 33 de la Fuerza Aérea alemana y del Escuadrón de Apoyo de Municiones 702 de la Fuerza Aérea de EEUU.

Desde el 1985 se encuentran almacenadas en la base aérea de Buchel 20 bombas nucleares B 61, conocida como “penetrador de búnkeres”, construidas en el 1968 y cuatro veces más potentes que las utilizadas en Hiroshima y Nagasaki, principal arma táctica del arsenal nuclear norteamericano, cuya cantidad se calcula en más de 3 mil.

La Otan establece que para accionar estas bombas en Buchel se requiere un sistema de doble llave con autorización simultánea de EEUU y Alemania.

En los ejercicios militares que llevan el nombre de “Mediodía Constante”, el Escuadrón Táctico 33 alemán se ocupa de transportar las bombas nucleares desde sus almacenes subterráneos hasta los dispositivos de lanzamiento de los aviones.

Trascendió que, además de los bombarderos alemanes, participan aviones italianos con sede en la base aérea de Volkel, en los Países Bajos, donde desde el 2010 se encuentran almacenadas 22 bombas nucleares B 61. Se estima que EEUU mantiene 240 bombas termonucleares de ese tipo en solo 5 países aliados: Alemania, Bélgica, Italia, Holanda y Turquía.

La Otan fue fundada al final de la II Guerra Mundial, en abril del 1949, por varios países occidentales, liderados por EEUU, frente a supuestas amenazas expansionistas de la Unión Soviética.

La organización constituye un sistema de defensa colectiva, (Artículo 5) donde los estados signatarios acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una potencia externa. La sede de la Otan se encuentra en Bruselas, Bélgica y sus 29 estados miembros forman parte de Norteamérica y la Unión Europa.

Después de la guerra de la península coreana en el 1953, con el inicio de la “Guerra Fría” los países socialistas de Europa del Este, liderados por la URSS, crearon, en mayo del 1955, el Pacto de Varsovia, una alianza militar en respuesta a la Otan, cuyo amenazador balance marcó la “Guerra Fría”.

Después del colapso de la URSS y del resto de los países socialistas, el Pacto se disolvió en julio del 1991, pero la Otan prevaleció, más poderosa y amenazadora que antes, a pesar de la desaparición de la supuesta expansión soviética.

En el 1999, durante un breve período unipolar de EEUU, la Otan intervino en el conflicto interno en Yugoeslavia con bombardeos que ocasionaron 2 mil 500 muertos, más de 10 mil heridos y un daño material estimado en 100 mil millones de dólares, agresión que no contó con la aprobación de la ONU.

El Artículo 5 de la Otan fue invocado por primera vez por el presidente George W. Bush, para invadir y ocupar Afganistán, después del atentado terrorista contra New York y Washington. Posteriormente, la Otan intervino en Irak, Libia y Siria, bajo la comandancia de EEUU. La Otan es considerada por Rusia su principal amenaza militar.

Un equipo de científicos de la Universidad de Princeton, EEUU, hizo una dramática advertencia sobre el peligro de un conflicto nuclear.

A partir de la retirada de Washington y Moscú de los tratados de control de armas nucleares para eliminar misiles de alcance entre 500 y 5 mil 500 km; y basándose en el armamento con el que ambas potencias cuentan, los investigadores simularon un movimiento de tropas de la Otan en Europa hacia la frontera rusa y la supuesta respuesta del Kremlin con el lanzamiento de un misil táctico nuclear de prevención, que desencadenaría un intercambio de ataques con un estimado de 34,1 millones de muertos y 57,4 millones de heridos en las primeras 5 horas.

Selección en Internet: Melvis Rojas Soris

• Periodista y director del semanario Voces

SOCIEDAD

Alguien tiene miedo (El Quinto Patio)

EL QUINTO PATIO 28 de octubre del 2019 GUATEMALA

La maldad, cuando parece no tener límite, esconde un temor profundo a la justicia.

Carolina Vásquez Araya*

Tenía la intención de escribir sobre la situación en Chile. Lo sucedido durante los días pasados no solo merece la mayor atención del mundo, sino también un análisis ponderado y sensato sobre los posibles escenarios luego de la masiva protesta del pueblo chileno contra los abusos de un sistema que lo ha marginado durante 30 años. Pero hay otro tema fundamental que no debemos dejar pasar y es, aunque parezca mentira, otra guerra. Esta vez contra las niñas sobrevivientes de la masacre ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala.

Muchos ya conocen la historia; estos "hogares seguros" -administrados por una dependencia de la Presidencia- tienen la misión de proteger y dar cobijo a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, la historia es diferente: en el HSVA se comprobó que la situación de los internos presentaba un cuadro de abusos, maltrato, violaciones sexuales y precariedad en alimentación, salud, vestuario y condiciones de alojamiento, todo ampliamente investigado y divulgado por la periodista Mariela Castañón desde mucho antes de producirse la tragedia.

Esto detonó la protesta de las niñas, la cual desembocó en el encierro ordenado por las altas autoridades y posteriormente el incendio del aula en donde, hacinadas y en una situación de total violación a sus derechos, habían pasado toda la noche.

En esa aula murieron calcinadas 41 niñas y 15 quedaron con graves quemaduras. Durante los días posteriores surgieron denuncias sobre la dura realidad en que se encontraban y, entre ellas, la existencia de una red de trata administrada por algunos miembros del personal del hogar.

Es importante señalar que Guatemala es un paraíso para las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. A diario "desaparecen" niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres adultos con fines de esclavitud sexual y laboral. Para nadie es un secreto que solo se mantiene la impunidad de estas redes gracias a conexiones firmes en altas esferas, en donde los cómplices allanan obstáculos y se benefician del negocio.

Aun cuando este parece ser el escenario extremo de la perversidad, todavía faltaba el detalle para hacer del cuadro una asombrosa muestra de la bajeza humana.

Una persona que ha prestado servicios profesionales a la Secretaría contra la Violencia sexual, Explotación y Trata de personas, Svet, ha presentado una demanda ante la justicia contra las sobrevivientes por los supuestos delitos de "muchedumbre, asesinato, lesiones leves, graves y gravísimas; inducción al abandono, amenazas, hurto agravado, robo agravado, incendio, incendio agravado, atentado, desobediencia, desorden público e instigación a delinquir".

Dado el carácter surrealista de esta demanda contra las verdaderas víctimas de la violencia institucional, perpetrada por el Estado de Guatemala contra niñas indefensas, es lógico suponer que se trata de una maniobra para amordazarlas, desacreditarlas y desarticular así cualquier intento de las verdaderas víctimas en la búsqueda de justicia y reparación.

Por ello, surge la duda de quién o quiénes serán los verdaderos impulsores de tal iniciativa. Cuánto miedo tienen a que se conozca la verdad de lo sucedido tras esos muros. Cuántos personajes poderosos podrían caer al conocerse en detalle las atrocidades cometidas contra niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad acogidos en esos hogares, creados para ser seguros, bajo la protección de un Estado que ha demostrado con creces su debilidad moral.

• Periodista y analista política chilena radicada en Guatemala. Trata temas de derechos humanos, justicia, ambiente, derechos de la niñez y violencia de género

MEDIO AMBIENTE

El modelo agroindustrial que cambió nuestro vínculo con la tierra y la alimentación (Rebelión)

REBELIÓN 24 de octubre del 2019 ESPAÑA

Avance editorial de Los monocultivos que conquistaron el mundo (Akal, 2019)

Nazaret Castro*, Aurora Moreno y Laura Villadiego**

"El problema de la agricultura actual es que no es un sistema orientado a la producción de comida, sino a la producción de dinero", escriben las autoras.

Es sabido que en el siglo XX dos momentos cambiaron la historia de la agricultura y, con ella, de la humanidad. Entre los años 50 y 60, la llamada Revolución Verde introdujo en el campo productos químicos como fertilizantes y pesticidas que permitieron sustanciales mejoras de productividad, pero que se cobraron también un alto costo socio-ambiental.

Ya en los años 80, las innovaciones tecnológicas, sumadas a los cambios en la economía que impondrá el régimen neoliberal, configurarían el modelo del agribusiness o agro-negocio, que conllevó una expansión del monocultivo que se tradujo en los territorios en deforestación, pérdida de biodiversidad y desplazamiento masivo de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

El agro-negocio se sigue presentando como el único modelo posible para calmar el hambre de un planeta que se acercará a los diez mil millones de habitantes en el 2050. El argumento es falaz: según el Grupo ETC, la agricultura campesina provee el 70% de los alimentos con apenas el 25% de la tierra.

En el sistema agroindustrial global, la comida –y las fuentes de vida– quedan en manos de un puñado cada vez más reducido de empresas; es lo que se ha llamado un régimen agroalimentario: la agricultura se industrializa y con ello adquiere fuerte dependencia de los insumos fósiles.

Al mismo tiempo, los procesos de producción, distribución y consumo alimentario se integran por encima de las fronteras estatales, en paralelo a un proceso de corporativización y oligopolización del sector.

Lo que está en juego es nada menos que el control de la alimentación de los pueblos, que en la actual fase del capitalismo neoliberal y globalizado está en manos de corporaciones cada vez más concentradas e influidas por los mercados financieros.

“Controla el petróleo y controlarás naciones; controla los alimentos y controlarás pueblos”, reza la cita atribuida al exsecretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger.

Hemos dejado nuestra alimentación en manos de empresas transnacionales como Nestlé, Unilever o Danone, con la confianza de que pueden cocinar por nosotros.

Pero esas empresas no cocinan alimentos: procesan ingredientes, de un modo más similar al de un laboratorio que al de una cocina; y son muy buenas en hacer dinero, pero pésimas en nutrir cuerpos.

Lo estamos viendo con el ascenso en todo el mundo, al compás de la generalización de nuestro sistema alimentario moderno, de enfermedades que antes eran propias de las sociedades opulentas, como la diabetes, la obesidad infantil o las afecciones cardiovasculares.

Nuestra alimentación está también detrás del aumento de otras muchas enfermedades provocadas por déficits nutricionales, al sustituir alimentos reales, como legumbres, frutas y verduras, por productos comestibles ultra-procesados altos en calorías y bajos en nutrientes.

Dicho de otro modo: hemos cambiado la comida real por productos comestibles hechos por las empresas, diseñados en laboratorios para hacernos adictos y generar lucro, y no para alimentarnos.

Los impactos sobre la salud en nuestros cuerpos son la otra cara de los amplios problemas ecológicos –o mejor, eco-sociales– que impone este sistema agroindustrial.

Tras la aparente diversidad de marcas, colores y paquetes que encontramos en los estantes de los supermercados, se esconde una homogenización cada vez mayor de los ingredientes que consumimos; del mismo modo, el avance de los monocultivos arrasa con la biodiversidad de algunos de los ecosistemas más valiosos y vulnerables del planeta.

El monocultivo sojero avanza sobre la Amazonía y el Chaco argentino, mientras la caña de azúcar lo hace sobre el Cerrado brasileño; la palma aceitera ha arrasado con los bosques nativos del sureste asiático.

La pérdida de especies, tal vez una de las aristas más graves de la crisis ecológica, se refleja en las semillas: las semillas nativas desaparecen mientras se van instalando unas pocas variedades, lo que vuelve los cultivos más vulnerables a las plagas; en Estados Unidos se cultivaban 307 variedades a principio del siglo XX; en el 1983, solo 12, y hoy, con el avance de la variedad transgénica bt, la gama se redujo a cinco. El correlato en la ganadería es la reducción del número de razas de gallinas, cerdos o reses, igualmente expuestas a las epidemias.

Al mismo tiempo, disminuye el número de empresas multinacionales que controlan este sector de la economía. Tras el último ciclo de fusiones y adquisiciones, cuatro grupos de empresas controlan el 90% de las semillas transgénicas y el 60% de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF.

Detrás del desastre ambiental hay también, casi siempre, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que son expulsadas de sus territorios y se ven impedidas de continuar con sus modos de vida ancestrales, esos que durante siglos han asegurado la sostenibilidad de esos ecosistemas, y que hoy se juegan la vida por defender sus territorios: solo en el 2017, según la organización Global Witness, murieron 40 personas en conflictos asociados al agro-negocio.

Hablamos de dos modelos de desarrollo en disputa: de un lado, un modelo corporativo que trata de maximizar el lucro, aunque se disfrace de sostenible con técnicas marquetineras de greenwashing; de otro, proyectos anclados en la soberanía alimentaria, que abarcan desde las formas de vida ancestrales de las comunidades campesinas a los planteamientos de la permacultura.

• Periodista española. Maestranda en Economía Social y Solidaridad (Universidad Nacional General Sarmiento, Buenos Aires)

• • Licenciada en Periodismo y en Ciencias Políticas

Revista Semanal No. 233/La Habana, lunes 11 de noviembre del 2019 / Año 59 de la Revolución / RNPS 2442

"[…], hoy en la América Latina la batalla prioritaria es —a mi juicio— derrotar el neoliberalismo, porque si no derrotamos al neoliberalismo desaparecemos como naciones, desaparecemos como Estados independientes, y vamos a ser más colonias de lo que nunca lo fueron los países del Tercer Mundo." Fidel Castro Ruz, 24 de julio del 1993

América Latina lucha y vota a la izquierda

Emir Sader*

Nuestro continente continúa siendo el escenario de las más importantes luchas del mundo contemporáneo –contra el neoliberalismo y por la construcción de alternativas al modelo adoptado por el capitalismo en el periodo histórico actual-. El aliento de la remontada neoliberal se confirma como corto. Derrota espectacular de Mauricio Macri, del tamaño de la euforia que su victoria ha despertado. Evo Morales aguanta firme la ofensiva de la derecha, a pesar de la pérdida de apoyos. En Uruguay el Frente Amplio sigue como la más grande fuerza política, pero va a tener un desafío duro en la segunda vuelta, por la pérdida de apoyos y por la suma de los candidatos de derecha. En Colombia, las elecciones municipales representan una dura derrota para el actual presidente, Iván Duque, representante del uribismo, se fortalecen candidatos del campo popular y vinculados al nuevo líder de la izquierda, Gustavo Petro.

Argentina confirma las debilidades del neoliberalismo, que la derecha no tiene otra alternativa, que no ha aprendido del agotamiento de su modelo, que se ha engañado respecto al éxito de los gobiernos antineoliberales, vuelve con su política de ajustes fiscales y revela su incapacidad no solo para retomar el crecimiento económico y luchas en contra del desempleo como consecuencia de ello, de conquistar bases de apoyo suficientes para tener gobiernos con estabilidad política.

A pesar de la recomposición de la derecha. Evo se apoyó en sus bases populares, en gran medida en el movimiento indígena, para resistir, triunfar electoralmente y ganar un nuevo mandato, importante no solo para completar la extraordinaria recuperación económica y las conquistas sociales y étnicas de Bolivia, así como para recomponer sus fuerzas políticas de apoyo.

En Colombia, también un gobierno neoliberal paga el precio del desgaste de ese modelo, así como de la política represiva y autoritaria del uribismo, retomada por el presidente actual. El gobierno fue derrotado en todos los frentes, empezando por Bogotá y Medellín, proyectando una derrota en las próximas elecciones presidenciales en favor de Petro.

Pero Latinoamérica no solo vota a la izquierda, lucha a la izquierda, desmontando el modelo neoliberal en su eje fundamental, Chile, y destruyendo la posibilidad de que Moreno pueda restablecer el neoliberalismo en Ecuador. Explosiones populares fueron la respuesta del pueblo a las medidas de ajuste fiscal, que han tenido como reacción la retracción abierta de Piñera y de Moreno, mostrando que su modelo es claramente antipopular y que el pueblo ya se ha dado cuenta de eso, por lo que no acepta la continuidad de las medidas antipopulares. Esos gobiernos se han agotado. En Ecuador se dibuja un retorno de gobiernos vinculados a Rafael Correa. En Chile, donde la derecha tradicional lideraba las encuestas, la izquierda –especialmente el Frente Amplio– tiene una nueva y enorme oportunidad de volver a polarizar en contra del gobierno de Piñera.

La primera década del siglo XXI en América Latina fue claramente de izquierda, con protagonismo de gobiernos antineoliberales y cuyos líderes –Hugo Chávez, Lula, Néstor y Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa– fueron los principales líderes de la izquierda en el mundo. La contraofensiva conservadora se ha impuesto en la segunda década del nuevo siglo, con las victorias de Macri y de Bolsonaro, el vuelco del gobierno de Moreno y el aislamiento internacional del gobierno de Maduro en el marco de la elección de Trump y la victoria del Brexit.

Esa ofensiva ha revelado pronto sus debilidades, empezando por el mismo Trump y por el Brexit, por el fin del gobierno de Salvini en Italia y por la derrota de Netanyahu en Israel, que se muestran evidentes con la formidable victoria de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, la de Evo Morales y las fantásticas movilizaciones en Ecuador y en Chile. China se reafirma como la gran potencia del siglo XXI y los BRICS como el proyecto de construcción de un mundo bipolar, alternativo a la hegemonía imperial norteamericana en declive.

La tercera década promete ser la de la remontada de la izquierda y la del declive de la derecha en América Latina.

• Sociólogo y politólogo brasileño; coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ)

Tomado de REBELIÓN/1 de noviembre del 2019

EEUU y la OEA apuestan a desestablizar la región, pero se encuentran con la resistencia popular

Lo que no preveían los “guionistas” estadounidenses era la fuerza y resiliencia de la respuesta indígena y popular en Ecuador y la explosión chilena

Aram Aharonian*

Todo indica que, en su plan de reelección, el presidente estadounidense Donald Trump, con el apoyo de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha desatado una ofensiva para la desestabilización de las naciones latinoamericanas y terminar no solo con gobiernos progresistas sino también con las organizaciones sociales que los sustentan.

El pasado 11 de septiembre 12 países miembros del belicista Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) aprobaron la resolución según la cual “la crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el Hemisferio”. Lo más desestabilizante parece ser la necesidad de EEUU de apoderarse de sus riquezas energéticas y mineras y de robar sus recursos. Como las de Ecuador o de Bolivia.

La puesta en marcha del TIAR confirma el uso de los sectores civiles en los planes militares de Washington. La cosecha fue el paquetazo ecuatoriano, la poblada chilena, la puesta en marcha de un golpe en Bolivia y el intento de un “cerco sanitario” a Venezuela.

Era evidente que el “paquetazo” ecuatoriano y el intento de golpe de Estado en Bolivia iban a desembocar en fuertes tensiones sociales y disturbios. De allí el guión tan poco original de que la culpa la tiene Cuba y el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Para la derecha, siempre la culpa es otros: nunca de sus planes de miseria y hambre para las grandes mayorías.

Pero quizá lo que no preveían los “guionistas” estadounidenses era la fuerza y resiliencia de la respuesta indígena y popular en Ecuador y la explosión chilena, luego del llamado de atención de las elecciones primarias argentinas el pasado 11 de agosto. Y, en Uruguay, aún no hallaron la fórmula para desalojar al Frente Amplio del gobierno, tras 14 años de gestión.

Y tampoco tuvieron en cuenta que no todos los países están de acuerdo con las posiciones asumidas por el secretario general de la OEA Luis Almagro y tampoco con la misión de observación electoral (MOE) enviada a Bolivia. La representante permanente de México ante la OEA, Luz Elena Baños, dejó en claro que ninguna misión debe entrometerse en los comicios de un país y menos opinar cuando el mismo aún no concluye; su trabajo debe limitarse al asesoramiento técnico y no tratar de tomar decisiones vinculantes.

“El trabajo de la MOE es de naturaleza técnica y no vinculante. La Carta Democrática Interamericana, en su artículo 23, brinda asesoramiento o asistencia, no dictamina elecciones”, prosiguió Baños, para quien el trabajo de las misiones debe ser neutral y no intervencionista.

Las reacciones surgieron luego de que el representante de EEUU en la OEA exigió una segunda vuelta electoral en Bolivia, pese a que aún no se había terminado el conteo oficial de voto, mientras los delegado de Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Canadá, hicieron de repetidores de la voz del amo y hablaron de supuestos fraudes denunciados por el candidato perdedor, el derechista Carlos Mesa.

Casuales causalidades

Tres semanas después de la invocación al TIAR, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció su “paquetazo” económico, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, desatando un estallido social aún no resuelto. Al inicio de la segunda quincena de octubre, medidas anunciadas por el presidente chileno Sebastián Piñera desataron la protesta de los estudiantes secundarios, que pronto se tornó en estallido social, que aún persiste.

El 20 de octubre en Bolivia se realizaron las elecciones presidenciales, en las que el actual mandatario Evo Morales, lograra su reelección. La oposición de derecha desconoció los resultados y comenzó la desestabilización del país. Morales denunció que está en marcha un intento de golpe de Estado orquestado desde la derecha e hizo un llamado a los organismos internacionales a defender la democracia boliviana.

Bolivia, la OEA y el golpe

El miércoles, una masiva marcha en apoyo al presidente boliviano copó el centro de La Paz, mientras la oposición tuvo su protesta más fuerte en Santa Cruz de la Sierra, mientras continuaba el escrutinio definitivo que parece orientado a confirmar la victoria en primera vuelta del Movimiento Al Socialismo (MAS), evitando el ballotage.

Pero hete aquí que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA –sin vergüenza- pidió al gobierno que más allá del resultado que arroje la elección llame a segunda vuelta.

Hay claras diferencias en la naturaleza social de clase de los que en Bolivia alientan el golpe de Estado y en las bases sociales que lideran las sociedades en rebeldía de Ecuador y Chile, pero el interés final es aterrorizar a la población argentina y uruguaya para que inclinen sus votos hacia los candidatos de derecha y no al Frente de Todos argentino o el Frente Amplio uruguayo.

La desestabilización e intento de golpe de Estado que la derecha vernácula, con el apoyo estadounidense y de la OEA, se está desarrollando en Bolivia a pocos días de la primera vuelta electoral en los dos países del Río de la Plata y trata de incidir en el miedo a situaciones similares que alimentan las derechas en ambas naciones.

No pueden sorprender, en este contexto, las declaraciones del estadounidense secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, donde exige a Bolivia “restaurar la credibilidad en el proceso de recuento de votos”, como si no hubiera sido cuidadosamente respetado. Es una forma de crear el imaginario colectivo de que hubo anomalías.

Luego que el canciller de Bolivia, Diego Pary, hiciera pública la carta a Almagro solicitando una completa auditoría de los resultados electorales, la oposición, alentada por Washington y la Secretaría de la OEA, impide que se haga el conteo de los votos, quemando instituciones del Estado como las infraestructuras del Tribunal Supremo Electoral en los departamentos (provincias) como Chuquisaca, Santa Cruz y Potosí.

El cinismo de la OEA

Es de un cinismo sin precedentes el comunicado de la Secretaría General de la OEA, que señala que “las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse, no a través de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover conflicto político y social”.

La comunicación hecha en nombre del conjunto de naciones del continente, afirma que la crisis en Ecuador es una expresión de las distorsiones que las dictaduras venezolana y cubana han instalado en los sistemas políticos del continente. “Sin embargo, lo que también han demostrado los hechos recientes es que la estrategia intencional y sistemática de las dos dictaduras para desestabilizar las democracias ya no es efectiva como en el pasado”, añade.

Y también aboga la posibilidad de intervenir (¿a través del TIAR?) para “proteger los principios democráticos y los derechos humanos, y de defenderlos donde estos sean amenazados”, y “hacer frente a los factores de desestabilización organizados por la dictadura venezolana y cubana”.

Ecuador, roto el diálogo ¿qué viene?

La movilización del pueblo ecuatoriano fue más allá de la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) -algunos de sus dirigentes quisieron incluso apagarla-, mientras el gobierno de Moreno mostró su raíz de clase, subordinada a los mandatos de Washington y del FMI.

Pero no solo el mandatario sale con plomo en el ala, sino también los cuadros de la derecha como Jaime Nebot, Cynthia Viteri, Guillermo Lasso, Abdalá Bucaram y los “socialistas” de Carlos Ayala.

Aquellos que desde afuera trazaron los planes de Moreno, lograron por el momento impedir la conformación de un Frente amplio. Su meta era destruir al correísmo: encarcelaron a su principal dirigente, la gobernadora de Pichincha, Paola Pabón y obligaron a la expresidenta de la Asamblea nacional, Gabriela Rivadeneira a pedir asilo en la embajada de México.

El miércoles 23, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, informó que la organización decidió suspender el diálogo con el Gobierno, que mantenían desde el 13 de octubre y que puso fin a duras protestas antigubernamentales. "Hemos parado porque no ha habido ambiente de diálogo", dijo Vargas.

Vargas denunció que, desde el gobierno, emprendieron una persecución contra los dirigentes de la CONAIE. "No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo", agregó. Vargas es uno de los perseguidos y se le abrió juicio por hablar en Macas sobre la formación de un ejército indígena.

Chile y los falsos positivos

Chile es un país donde la «primera dama» (léase esposa del presidente Piñera) teme a la invasión alienígena y pide a sus amigas burguesas reducir «privilegios».

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, anunció el pedido de la visita de una Misión de trabajo y observación de la Comisión Interamericana de DDHH y un observador de la Comisión de DDHH de la ONU, que dirige Michelle Bachelet [que no han expresado críticas; solo 'preocupación' o sugerencias...].

Primero fueron los golpes, las humillaciones y las amenazas, pero en las últimas horas las torturas y violaciones de mujeres en Chile se convirtieron en una realidad. El estado de excepción que implementó el gobierno de Sebastián Piñera trajo las prácticas de la dictadura, también respecto a las desapariciones. Muchas de las mujeres que han sido detenidas hasta el momento se encuentran desaparecidas, denunciaron organismos humanitarios.

Además, las apresadas en Santiago de Chile fueron desnudadas delante del personal masculino, manoseadas en sus genitales y “les han metido la punta del fusil en la vagina mientras las amenazaban con violarlas y asesinarlas”, tal como surge de los testimonios recogidos por compañeras de detención.

Otras denuncias hablan de detenidos que fueron «crucificados» en Comisaría de Peñalolén y de torturas en la estación de Metro Baquedano en Santiago.

En una guerra, la primera víctima es siempre la verdad. Y también lo es en estas guerras de quinta generación, donde la información juega un papel importante sobre la percepción, los sentimientos de la ciudadanía. La lucha no solo se da en las calles sino también en las llamadas redes sociales y, sobre todo, en los medios hegemónicos de comunicación e información, nacionales y trasnacionales.

El miedo al populacho ha puesto a temblar a la clase dominante, que teme a un pueblo harto de abusos, segregaciones, humillaciones y desigualdad. La indignación acumulada por años se ha volcado a las calles y no da señales de retornar a la línea de resignación que era su refugio.

Hace más de 45 años que la opinión de los ciudadanos no ha sido escuchada, ni la sensibilidad de la clase política ha sido capaz de darse cuenta de las profundas inequidades existentes en el país, y la complicidad y corrupción de la clase política. Todo eso está hoy impugnado.

Se trata de una insurrección popular espontánea, pacífica [aunque cada vez menos, a medida que aumenta el hartazgo], sin dirección ni programa, pero que ha incorporado a vastos sectores sociales. Es un malestar profundo que no solo tiene motivaciones económicas y que no disminuyó con el anuncio del aún presidente Sebastián Piñera de una agenda social, un ofertón de campaña electoral consensuada con los partidos del sistema.

En los últimos días se desató un verdadero festival de la demagogia –ofreciendo caridad y no justicia- desde el gobierno y el empresariado multimillonario en dólares, en un país donde 650 mil jóvenes, entre 18 y 29 años, no estudian ni trabajan; suman altas tasas de enfermedades mentales y suicidios entre ellos; miles de ancianos solos, abandonados, de los que nadie se preocupa, con tasas de suicidio cada vez mayores…

La violencia y la soledad en Chile son una pandemia, denunciaba desde la sureña Concepción el obispo Fernando Chomalí.

Mucha información sobre lo que acontece en Chile ha llegado a los chilenos y al mundo por redes sociales. La diferencia mayor que hay con levantamientos anteriores es que ahora todos cargan celulares y graban los acontecimientos. Es la realidad real, dicen.

Pero muchos de esos videos salen de los laboratorios de los servicios de inteligencia, para imponer un imaginario colectivo de anarquía, protesta desmadrada. Una realidad virtual que permita una mayor y mejor represión.

Hay mucha información que no cierra. Mucha des-información alentada por la televisión y los medios hegemónicos, que cubrieron la poblada de la Alameda santiagueña, donde no había policía ni fuerzas armadas, que llegaron luego a reprimir. La idea de los laboratorios mediáticos es crear el imaginario de que está todo sobrepasado, para que sea la clase media [minoritaria en Chile], la "gente", la que pida mayor represión.

Videos difundidos por redes sociales muestran que los carabineros son los causantes de incendios y saqueos, que disparan contra jóvenes desarmados y a cara descubierta, que hoy son identificados por los programas de reconocimiento facial de la seguridad del Estado.

No hay que subestimar a esta derecha que se ha mantenido en el poder por 46 años, que cuenta con servicios de inteligencia bien asesorados por expertos estadounidenses e israelíes. Una de las estrategias del poder es poner a la gente contra la gente para poder validar las acciones programadas, una represión mayor, alertan organizaciones sociales.

Es crear el imaginario colectivo de la necesidad de mayor presencia policial y militar para retomar el poder, sin que se tenga a un amplio espectro de la población cuestionando las medidas.

Es necesario permanecer atentos. El presidente estadounidense es capaz de cualquier desmán o tropelía para apuntalar su cada vez más difícil reelección, con su cabeza pendiente de un juicio político.

• Periodista Uruguayo, magister en Integración, fundador de Telesur, codirector del OCD y del CLAE, presidente de Fundación para Integración Latinoamericana

Tomado de LA HAINE/25 de octubre del 2019

Ecuador: un Octubre que fue Febrero

Atilio A. Borón*

Concluida la supuesta negociación entre la cúpula dirigente de la Conaie y Lenín Moreno, este 14 de octubre, quedó sentenciada la derrota del alzamiento popular.

La movilización había comenzado, según un tuit oficial de la Conaie, para poner fin a “las políticas económicas de muerte y miseria que genera el FMI y las políticas extractivistas que afectan a nuestros territorios”.

En la muy completa y detallada Declaratoria de Agenda de Lucha de Organizaciones de Pueblos, Nacionalidades y Comunidades Indígenas y Amazónicas en Apoyo a la Movilización Nacional y el Ejercicio de Nuestra Autodeterminación, aprobada en Puyo (Pastaza), el 7 de octubre del 2019, destacaban como algunos de sus contenidos más sobresalientes el rechazo a “las medidas económicas, denominadas el ‘paquetazo’”, y se agregaba que “demandamos la reversión íntegra de la carta de intención suscrita con el Fondo Monetario Internacional, cuyo contenido no se ha hecho de carácter público violando la obligación de transparentar los actos del Ejecutivo; así como la terminación de los intentos de privatización de las empresas públicas encubiertos bajo la figura de ‘concesión’”.

La Agenda y otras declaraciones de la Conaie también denunciaban “los enormes beneficios que la burguesía sigue recibiendo a través de múltiples políticas de reactivación económica” y decían que había llegado el “momento de una acción para conquistar reivindicaciones populares e impedir que la aplanadora de reformas pase sobre la economía de los hogares pobres”.

Esto se traducía, según los líderes del movimiento, en escandalosas medidas a favor de los bancos y grandes empresas que fueron exoneradas del pago de 4 mil 295 millones de dólares en impuestos, así como la “colonización”, por parte de sus representantes, de los principales cargos de la administración pública, y la desregulación y precarización laboral exigida en el “paquetazo” del FMI.

Recuérdese que las medidas anunciadas por Moreno el 1º de octubre establecían que los trabajadores de las empresas públicas “deberían aportar cada mes un día de su salario” y que con el objeto de “reducir la masa salarial los contratos ocasionales se renovarían con un 20% menos de remuneración, al paso que el tiempo de sus vacaciones se baja de 30 a 15 días”.

A esto había que añadirle el enorme aumento del precio de los combustibles, ocasionado por la eliminación de unos subsidios establecidos hacía ya cuarenta años, lo que encarecería casi todas las mercancías de consumo popular y generaría un fuerte recorte en los ingresos de la población.[1]

Sorprende que esta frondosa agenda quedara por completo al margen de la discusión entre la dirigencia de los pueblos originarios y el Presidente ecuatoriano.

No se entiende, por consiguiente, el triunfalismo que trasuntan algunos protagonistas y observadores del conflicto al hablar de la “negociación” que puso fin a la revuelta. Salvo la cuestión del precio de la gasolina –sin duda importante- todo lo demás sigue intacto, como si la enorme movilización popular en contra de las imposiciones del FMI no hubiera ocurrido.

Los temas que hacían al “paquetazo” asombrosamente quedaron fuera de la discusión, lo mismo que el reclamo, anteriormente expresado por la dirigencia indígena, de revertir la carta de intención firmada con el FMI “de manera inconsulta”.

No solo esto: también quedaron sepultados en el olvido, al menos por ahora, el hecho de que Moreno hubiera llegado al gobierno con el programa de la Revolución ciudadana del expresidente Rafael Correa, que contemplaba continuar aplicando las medidas de corte pos-neoliberal que habían sido encarnizadamente combatidas por las élites económicas del Ecuador y con una agenda que reposicionaba a ese país en línea con los gobiernos progresistas de la región, pugnando por emanciparse de la pesada tutela que Washington, tradicionalmente, había ejercido sobre las naciones ubicadas en lo que con tanto respeto por nuestros pueblos denominan el “patio trasero” de Estados Unidos.

Mediante una espectacular voltereta política Moreno malversó ese mandato con una velocidad y radicalidad pocas veces vistas, al tiempo que convirtió a Rafael Correa -quien hasta el día de la toma de posesión no se cansaba de decir que había sido una de las más señeras figuras del Ecuador, solo superado por Eloy Alfaro- en un nefasto personaje causante de las mayores desgracias jamás padecidas por el Ecuador y a quien persiguió –y persigue- con enfermiza saña y sin tregua.

Moreno no solo revirtió el camino transitado por Correa sino que lo hizo sometiéndose vilmente a los mandatos de Washington: abandonó la Alba; entregó una base militar en Galápagos (uno de los últimos refugios incontaminados de la humanidad); desalojó a las autoridades y funcionarios de la Unasur del edificio construido en las afueras de Quito, precisamente sobre la línea ecuatorial; y se puso de rodillas ante Donald Trump para satisfacer con inigualada ignominia (en un continente pródigo en lamebotas del imperio) los menores caprichos del emperador, tratar de destruir la Unasur y promover el nefasto Grupo de Lima para atacar a la Revolución bolivariana.

En suma, Ecuador pasó de la autodeterminación nacional conquistada por el Gobierno de Correa a ser un “proxy”, mejor dicho: un Estado-peón que se limita a obedecer las órdenes emanadas de Washington y de las corruptas oligarquías dominantes en el Ecuador.

Nada, absolutamente nada de esto apareció en las “negociaciones” que la dirigencia de la Conaie mantuvo con Moreno y que puso fin al conflicto.

Tampoco hubo en esa peculiar “negociación” una condena a la brutalidad de la represión policial y militar, los muertos (mínimo diez), casi 100 desaparecidos, centenares de heridos y encarcelados, estos últimos por millares, y nada se dijo sobre el pedido de dimisión de los ultra-reaccionarios ministros del Interior y Defensa y sobre los atropellos a los derechos humanos.

¿Toda la conmoción que sacudió al Ecuador fue tan solo por el precio de la gasolina? ¿Y qué hay del “paquetazo” del FMI? Por lo visto los montes parieron un ratón.

Permítasenos ofrecer algunas conjeturas para tratar de desentrañar lo ocurrido y sus razones.

Primero, lo que caracterizó esta revuelta fue su tremenda debilidad ideológica y política, que mal podía ocultarse bajo lo multitudinario de su convocatoria. Carecía de una dirección política motivada por un genuino deseo de cambio y de oposición al régimen gobernante.

En realidad, vistas las cosas con la ventaja que otorga el paso del tiempo, podría decirse, con un cierto dejo de exageración, que fue una disputa al interior del proyecto morenista y nada más, y que el espontaneísmo de la protesta, gatillada por el decreto del 1º de octubre, fue visto con beneplácito por sus conductores, para nada interesados en una elevación del nivel de conciencia de las masas insurgentes. El resto era una hojarasca retórica que tenía por finalidad más confundir a las masas que clarificar su conciencia y el sentido de su lucha.

Segundo, la traición de Moreno encuentra su espejo en la de algunos de los más connotados dirigentes de la Conaie, en especial Jaime Vargas, quien arrojó por la borda sus propios muertos y desaparecidos para obtener a cambio la promesa –entiéndase bien, “la promesa”- de un nuevo decreto que solo un iluso, o un perverso cómplice, puede creer que significará desandar el camino del total sometimiento al FMI.

Cabe esperar una profunda discusión en el seno de la Conaie porque hay indicios de que un sector de la dirección, y no pocos en sus bases, no están de acuerdo con lo pactado con el régimen de Moreno.

No solo con lo acordado por Vargas sino también con el papel jugado por el exprefecto de Morona, Salvador Quishpe, encarnizado enemigo de Correa y cuya animosidad hacia este lo llevó a forjar un obsceno contubernio con Moreno. No es para nada arriesgado pronosticar que este conflicto latente no tardará en estallar.

Tercero, el Presidente se movió con astucia, bien aconsejado por Enrique Ayala Mora, presidente del Partido Socialista del Ecuador, y algunos otros mercenarios de la política ecuatoriana (unidos por su enfermizo rencor contra el expresidente Correa), como Pablo Celi, Juan Sebastián Roldán y Gustavo Larrea, asiduos visitantes y correveidiles de “la Embajada” (por no calificarlos de “agentes”), quienes le indicaron de qué modo tenía que negociar con los indígenas: promesas, gestos simpáticos, fotos, un montaje televisivo, exaltación de la falsa unidad tipo “somos todos ecuatorianos”, una fraternidad de opereta a cargo del camaleón mayor de la política latinoamericana, Lenín Moreno, para hacer que los rebeldes se vuelvan a sus comunidades dejando el campo despejado para que luego el Gobierno prosiga sin tropiezos con su proyecto.

Cuarto, el éxito de la estrategia del Gobierno se monta también en un hecho tan cierto como lamentable: la profunda penetración de las ideas de la “anti-política” en la sociedad civil del Ecuador, que concibe a los partidos como incurables nidos de corrupción, amén del virulento y sostenido ataque contra el correísmo y todo lo que se le parezca, la complicidad del Poder Judicial en convalidar la sistemática violación del Estado de derecho durante la gestión de Moreno y el papel manipulador de la oligarquía mediática que no cesó de (mal)informar y desinformar a lo largo del conflicto.

Quinto, que si bien la insurgencia indígena contó con el apoyo de amplios sectores de la población, estos no fueron sino un coro que acompañó pasivamente las iniciativas de la dirigencia de la Conaie.

No de otro modo puede interpretarse el hecho anómalo de que solo la dirigencia de esa organización (muy influida, es sabido, por algunas ONG que actúan en el Ecuador y que son los invisibles tentáculos del imperio e inclusive de algunas agencias federales del Gobierno de Estados Unidos) hubiera estado sentada en la mesa de negociaciones.

¿Y los otros sectores del campo popular, qué? Nada. De golpe y porrazo se esfumaron todos sus otros componentes y todo aquello sólido “se disolvió en el aire”, sin dejar huellas en el conflicto.

El debilitamiento de los partidos y sindicatos facilitó enormemente las cosas para el Gobierno y para la dirigencia conservadora de la Conaie. No deja de ser un dato vergonzoso y extravagante que el principal blanco de ataque de esta hubiera sido Rafael Correa y no el verdugo que estaba asesinando a sus seguidores en las calles de Quito.

Esto revela la hondura de un conflicto entre el expresidente y aquella organización, que en esta coyuntura sirvió para impedir que el correísmo y otras fuerzas políticas y sociales pudieran converger en la conducción de la revuelta.

Es más, el Gobierno encarceló a varios de los más importantes líderes del correísmo, comenzando por nada menos que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, sin que hubiese la menor protesta de la dirigencia de la Conaie ante semejante atropello.

Para concluir: lejos de haber triunfado, lo que realmente ocurrió fue la consumación de una derrota de la insurgencia popular, cuyo enorme sacrificio fue ofrendado sin nada concreto a cambio y para colmo en una falsa mesa de negociaciones.

Una dirigencia indígena o bien ingenua o si no corrupta porque, parafraseando lo que decía el Che a propósito del imperialismo, “¡a Moreno no se le puede creer ni un tantito así, nada!” Y esta dirigencia le creyó al “capo” de un régimen francamente dictatorial y corrupto hasta las vísceras. ¡Le creyó a un personaje como Moreno, traidor serial que si faltó a sus promesas cien veces lo hará ciento una, sin escrúpulo alguno y muriéndose de risa de los negociadores indígenas!

Claro que el Presidente también salió debilitado del conflicto: tuvo que huir de Quito y montar una negociación, fraudulenta pero vistosa y eficaz ante las cámaras de televisión. El FMI le reprochará su actitud y volverá a la carga, obligándole a cumplir con lo que pactó, pese a las promesas que le hiciera a la Conaie.

No pasará mucho tiempo antes de que las masas populares del Ecuador, no solo los pueblos originarios sino también las capas pobres de la ciudad y el campo, los sectores medios empobrecidos y desempoderados, en fin, la mayoría de la población del Ecuador caiga en la cuenta de la gran estafa perpetrada por Moreno y sus torvos asesores, con la imperdonable complicidad de la dirigencia de la Conaie, y decidan tomar las calles nuevamente.

Es una venerable traición al pueblo ecuatoriano que derrocó a varios presidentes reaccionarios y si esta vez, cuando hizo un esfuerzo increíble, las cosas salieron mal es probable que en su segura resurgencia los resultados sean muy distintos.

Trazando un paralelo con la historia de la Revolución rusa, lo que vimos en Ecuador parecía ser un Octubre y resultó ser un Febrero. Por eso el “Kerenski” ecuatoriano todavía se mantiene en el poder, como se mantuvo el ruso hasta que le llegó su Octubre.

Más pronto que tarde también al ecuatoriano le llegará su Octubre y si las masas populares algo aprendieron de esta lección, en el futuro no se equivocarán y cuando se rebelen se desembarazarán de su dirigencia entreguista y pondrán fin a un régimen cipayo, inmoral y retrógrado como pocos ha habido en la historia de Nuestra América.

[1] Cf. https://www.culturalsurvival.org/news/declaratoria-de-agenda-de-lucha-de-organizaciones-pueblos-nacionalidades-y-comunidades

• Politólogo y sociólogo argentino

Tomado de REBELIÓN/17 de octubre del 2019

Argentina: cinco “nudos” para la reconstrucción de un gobierno popular

Matías Caciabue*

Ganó Alberto Fernández. Los votos de millones argentinos validaron en las urnas cuatro años de pelea, con los hechos de diciembre del 2017 (lucha de calles contra la reforma previsional) como punto bisagra en un proceso de acumulación de poder, es decir, de organización, conciencia y heterogeneidad social.

Bajo conducción de un núcleo político-gremial, apenas 50 días después de un importante triunfo de Cambiemos en las elecciones de medio término, la lucha callejera sintetizó un nuevo alineamiento social y político que tomó forma de fuerza social de oposición, impugnando todas y cada una de las políticas de entrega y de ajuste llevadas adelante por el macrismo.

En las elecciones primarias de agosto, este nuevo alineamiento político y social, forjado en las calles, encontró su síntesis político-institucional en el Frente de Todos, un hecho que rompió toda la guerra de encuestas en las que se sustentaban los análisis políticos.

Una especie de “votazo” dió más de 16 puntos porcentuales de diferencia a la fórmula de Alberto y Cristina Fernández. “Detrás de las papeletas del voto estaban los adoquines el empedrado” expresó Marx, de una situación similar, en sus análisis sobre “las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”.

Este domingo 27 de octubre, en las elecciones generales, la diferencia entre Macri y “los Fernández” se redujo producto a una polarización que instaló Cambiemos. En una especie de adelantamiento del ballotage, y aún sin el escrutinio definitivo, el macrismo achicó la diferencia ocho puntos porcentuales a costa de crecer electoralmente usufructuando votos que en agosto estuvieron en manos de terceros candidatos (Lavagna, Espert y Gómez Centurión).

Pese a la fuerte imputación callejera y electoral que el neoliberalismo atraviesa en el país y en la región, este paradigma civilizatorio no deja de mostrarnos que cuenta con una importante adhesión de ciertos grupos sociales (centralmente, las fracciones medias globalizadas).

El macrismo y sus marchas del #SiSePuede –copia del “yes, we can” de Barack Obama- lograron, incluso, una concentración de más de 300 000 personas el pasado sábado 19 de octubre. Esa movilización resultó novedosa porque expresó la capacidad de movilización de masas de un espacio político partidario de la derecha política -luego de muchos años sin que ocurriera en la historia del país- y que habrá que seguir observando para identificar la forma que asume de cara a esta nueva etapa de la política argentina.

Pareciera que el triunfo electoral argentino manifiesta el duro equilibrio regional entre las fuerzas de la dictadura global del capital y las fuerzas populares que, por todos los medios de lucha, han manifestado su voluntad de configurar un relanzamiento del denominado “ciclo posneoliberal”, ese que nació con el triunfo de Hugo Chávez en el 1999 y la construcción del “No al ALCA” del 2005 como marcos de referencia.

Al calor de la lucha contra el neoliberalismo, esa fuerza social de oposición forjó una visión del país y el mundo en el que quieren vivir, algo que volvió a expresarse en la inédita concentración de personas en las puertas del bunker del Frente de Todos. “La Avenida Corrientes estaba totalmente colmada de gente, por lo menos hasta cuatro cuadras desde el escenario. Lo mismo pasaba en Avenida Dorrego y en la calle Bompland”, señalaba el para nada kirchnerista diario La Nación.

En este marco, vale mencionar una serie no exhaustiva de “nudos”, de grandes desafíos, que la política neoliberal nos impondrá como legado. El desafío, tanto para el próximo gobierno como para las fuerzas populares, estará en resolverlos con una mirada de justicia, soberanía y dignidad.

1. Desactivar el triángulo prensa hegemónica, servicios de inteligencia y mafia judicial

La llegada de Macri a la presidencia de Argentina no se puede explicar sin una mínima mención a las estrategias de poder blando que se aplicaron contra el pueblo argentino. La utilización mediática del hoy probado suicidio del fiscal Alberto Nisman en enero del 2015 habilitó, en su momento, una estrategia de golpe blando que minó la credibilidad del gobierno de Cristina Kirchner.

Ese triángulo de poder de medios de comunicación, servicios de inteligencia y mafia judicial, apoyada en una ofensiva de trolls en redes sociales, encontró su punto de esplendor en las causas del juez federal Claudio Bonadío y en las maniobras de una decena de fiscales, donde destacan las figuras de Carlos Stornelli y Guillermo Marijuan, todos de públicos y probados vínculos con la embajada estadounidense y la trama del poder institucional angloamericano.

Resolver este nudo no requiere el recitado de los preceptos del republicanismo abstracto, sino la cabal comprensión de las guerras no convencionales, de cuarta y quinta generación, donde las fronteras entre el conflicto y la paz desaparecen, y donde poderosos intereses, bajo una estrategia neoconservadora, buscan instalar en la región lo que el analista francés Thierry Meyssan define como una “geopolítica del caos” –así como ya lo han hecho en Medio Oriente-.

2. Neoliberalismo Nunca Más

Fuera de los grandes sectores del capital transnacional y local, todo el pueblo argentino ha vivido una enorme merma en su calidad de vida. Entre ellos, sin dudas, los sectores asalariados y cuentapropistas son los que fueron puestos al borde del abismo por las políticas neoliberales.

Las ganancias de los grandes bancos y fondos de inversión, de los oligopolios locales (energéticas y constructoras contratistas del Estado), de las exportadoras de commodities, y de las empresas que controlan las tecnologías de la información, la comunicación y el comercio electrónico, fueron puestas como prioridad de una política económica que implementó una verdadera “acumulación por desposesión”.

“Cuando termine el mandato actual, vamos a tener una Argentina con un 40% de pobres, con una economía en recesión y con una inflación anual del 57%. Vamos a tener que trabajar mucho, pero si hay algo que los argentinos sabemos es arremangarnos y salir del pozo”, dijo Fernández en su gira por España. Los datos se completan con un escalofriante informe de UNICEF, que afirma que el 48% de los niños, niñas y adolescentes de Argentina son pobres.

Esta alarmante pobreza solo se comprende si se denuncia su raíz estructural que, para el caso argentino, tiene un origen en la implementación del modelo de valorización financiera que inauguró la dictadura militar en el 1976.

Profundizado durante el régimen de convertibilidad, sostenido por la desindustrialización y la entrega del patrimonio público de los años noventa, la valorización financiera se restituyó como modelo económico en un salvaje espiral de “endeudar-fugar-hambrear” en los tiempos de la Alianza Cambiemos.

Los períodos de mayor endeudamiento de la Argentina han coincidido con los períodos de mayor fuga de dólares del país. No hay ningún misterio, señaló Cristina Fernández en un acto en El Calafate del 14 de octubre.

Días después, en el acto de cierre de campaña desde la ciudad turística de Mar del Plata, advirtió que “no estamos cerrando una campaña electoral, sino un ciclo histórico: que definitivamente nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. Nunca más estas políticas”, dejando por sentado todo un planteo político que señala la necesidad de desplazar, de una vez y para siempre, las bases materiales del neoliberalismo en el país.

3. Auditar el endeudamiento y reformar las reglas del sistema productivo

La desactivación del Estado de su rol activo en la economía, la desregulación y eliminación de aranceles, la dolarización de tarifas, los golpes inflacionarios y el decidido abaratamiento de la fuerza laboral, han empujado un proceso mayúsculo de concentración y centralización del capital, golpeando de lleno en el entramado productivo local y en la capacidad de consumo de los sectores asalariados y populares.

A eso se suma la total renuncia del gobierno macrista a gravar impositivamente a los sectores privilegiados del país. El panorama de conjunto llevó al país a la “inevitable” y “festejada” entrega del manejo de la política económica y del Banco Central al Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha montado una especie de ocupación económica del país a partir de una apuesta deliberada de un préstamo de 56 mil millones de dólares, equivalente a un 60% de su cartera crediticia mundial.

En síntesis, sin la potenciación económica de la fuerza social que impugnó el modelo (trabajadores de la economía informal y formal, cooperativas, productores regionales y Pymes), difícilmente se pueda salir de la crisis producida por el capital financiero transnacionalizado, los oligopolios locales, las exportadoras de commodities y la economía TIC (“del conocimiento”).

La política económica, entonces, deberá estar puesta en beneficio de los sectores que efectivamente derrotaron el proyecto neoliberal, y realizar, de una buena vez por todas, una reforma jurídica e impositiva sobre los sectores del gran capital.

4. Relanzar los mecanismos de integración regional (neutralizar la guerra)

Gran parte de Latinoamérica está viviendo un momento de crisis política e institucional. La estrategia neoconservadora que emana desde la Casa Blanca y la aguda y creciente tensión inter-imperialista global han puesto a la región al borde del caos. Los pueblos han dado una pelea ejemplificadora, reafirmando que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad para que gane la iniciativa de las masas, empujando programas ciertamente audaces y progresivos.

En ese sentido, resulta urgente recuperar y acelerar una agenda de integración regional autónoma. Sin un puntapié definitivo a la construcción de un Estado Continental Latinoamericano, todos y cada uno de los pueblos de los países de la región seguirán siendo seriamente amenazados por los intereses del capitalismo globalizado, donde hay entidades financieras que controlan, en activos, los equivalentes al PBI nominal de Brasil, novena economía mundial y principal economía latinoamericana, es decir, 1,8 billones de dólares.

La ofensiva de los intereses financieros concentrados es feroz producto, también, de este momento donde el neoliberalismo, a pesar del duro empate de fuerzas, cruje en toda América Latina. Ese es el denominador común que tiene en Chile su principal ejemplo.

El recorrido de campaña ha facilitado la construcción de una posición certera sobre Venezuela por parte de Alberto Fernández. En el primer debate entre candidatos (13 de octubre), afirmó: “No quiero eludir el tema Venezuela. Quiero que los venezolanos resuelvan el problema de Venezuela y no intervenir. ¿El Presidente está preparando la ruptura de relaciones? Espero que ningún soldado argentino termine en Venezuela”.

Esa posición, coincidente con lo planteado por los gobiernos de Bolivia, México y Uruguay -entre otras decenas de países- protege el estatus de “Continente de Paz” y abre un proceso donde el próximo gobierno argentino juegue un importante rol regional.

Finalmente, la inmediata mención a las rebeliones de Chile y Uruguay, el reconocimiento del triunfo electoral de Evo Morales en Bolivia y el pedido público de libertad para Lula Da Silva, que tanto Cristina como Alberto Fernández han hecho desde el escenario del triunfo electoral en el barrio porteño de La Chacarita en la noche del 27 de octubre, han mostrado una audaz voluntad de relanzar un proceso de integración regional autónomo.

5. Construir una democracia con protagonismo y participación popular

Al tiempo de la revolución tecnológica en la que estamos inmersos, las democracias corren una gran amenaza. La economía de plataformas, los teléfonos inteligentes y las redes sociales están transformando radicalmente las mediaciones sociales. En palabras del propio Donald Trump en la 74° Asamblea Anual de Naciones Unidas, “una burocracia sin rostro opera en secreto y debilita el régimen democrático”.

En otras palabras, la democracia es una organización social de velocidad analógica que está siendo amenazada por la velocidad digital en la que funciona esta fase del capitalismo globalizado.

A este escenario al que nos empuja la transnacionalización del capital, se suma la total caducidad del diseño jurídico e institucional que Argentina sufre virtud a la Constitución neoliberal del 1994, que ya cumple 25 años de existencia.

El pueblo argentino y sus necesidades terminan siendo verdaderos prisioneros de esta democracia, restrictiva y deliberativa, que bloquea y traba toda posibilidad de transformar positivamente la estructura económico-social de nuestras sociedades.

Un nuevo ciclo político se abre en Argentina. Los nudos y desafíos que se tienen son muchos. Sólo la confianza en lo que la participación popular puede realizar podrá poner al país en un nuevo tiempo económico, social, cultural y político.

Por su parte, los sectores populares organizados, que estuvieron a la cabeza de la fuerza social de oposición política durante el macrismo, deberán construir una agenda propia y avanzar hacia la consolidación de una estructura y una dinámica política que pueda dar respuesta al peligro, siempre presente, de caer en la burocratización y la disociación entre la gestión de políticas públicas y la construcción de poder popular.

En resumen, no se puede pensar la nueva etapa política sin una estrategia de fortalecimiento económico y empoderamiento político de los sectores populares. Las esperanzas de millones de argentinos deberán materializarse en una política que, con su participación, garantice márgenes crecientes de dignidad, equidad, solidaridad y justicia social.

• Docente de la Universidad Nacional de Hurlingham. Investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico

Tomado de REBELIÓN/1 de noviembre del 2019

Asamblea Constituyente por la razón o la fuerza

Manuel Cabieses Donoso

“Tomad de mí la venganza que queráis, que yo no os opondré resistencia. ¡Aquí está mi pecho!”

(Bernardo O´Higgins al abdicar el 28 de enero de 1823)

El presidente Sebastián Piñera camina por una angosta cornisa. Cualquier movimiento imprudente puede precipitarlo al vacío. Solo cuenta con 13% de respaldo, según encuestas. En cambio el movimiento que exige Asamblea Constituyente goza del 87% de apoyo ciudadano.

El mandatario ni siquiera cuenta con la red de seguridad que podrían proporcionarle los partidos políticos -de moros y cristianos-. Ellos apenas logran un 2,4%. En suma, las instituciones fundamentales del Estado son una ficción carente de legitimidad democrática. Son entelequias que todavía subsisten porque el pueblo ha decidido desplazarlos por una vía pacífica y democrática: la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La crisis auto provocada por el modelo neoliberal, es ahora un nudo ciego que la soberbia de la élite política impide desatar. Tres semanas de multitudinarias manifestaciones en todo el país. Una veintena de muertos. Más de dos mil heridos, cinco mil detenidos y torturados. Enormes daños a bienes de uso público. Incendios y saqueos de supermercados que han afectado también a medianos, pequeños y micro empresarios. Es el costo de la intransigencia de instituciones que se ven enfrentadas por primera vez al rechazo de la democracia directa. Casi todo un abanico de clases sociales enfrenta al Estado oligárquico. (Ojo: hay que cuidar esa amplitud social e ideológica). En el seno del movimiento se perfilan condiciones para reconstruir una Izquierda que esté a la altura de esta nueva época.

Apenas un 3,4% confiaría al Parlamento -la más desprestigiada de las instituciones-, la misión de redactar la nueva Constitución.

La intransigencia de las élites las ha metido en un atolladero. O abren paso a la Asamblea Constituyente o aceleran su propio derrumbe, comenzando por la renuncia del presidente de la República.

Las renuncias de mandatarios por revueltas sociales no son desconocidas en América Latina. Fernando de la Rúa en Argentina (2001) y Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia (2003) tuvieron que tomar ese camino. También se obligó a dimitir a Otto Pérez en Guatemala (2015), Carlos Mesa en Bolivia (2005), Raúl Cubas en Paraguay (1999), Jorge Serrano en Guatemala (1993) y Fernando Collor de Mello en Brasil (1992).

No sería insólito que Sebastián Piñera también tuviera que hacerlo. Lo negó en una entrevista con la BBC de Londres. Sostuvo que terminará su mandato que aún no llega a la mitad del periodo. Pero el reclamo por su renuncia continúa atronando en las calles. Si la movilización continúa, la permanencia del presidente se podría convertir en un tapón que sus mismos partidarios harían saltar. Hay que recordar que Piñera es socio del exclusivo club de los multimillonarios de este país. Son los intereses de la oligarquía los que están en juego. Sus voceros admiten resignados que están dispuestos a sacrificar una pestaña de sus fortunas. Pero si la situación se pone color de hormiga, no tendrían remilgos en sacrificar al rey del tablero.

Por otra parte la táctica del gobierno para apagar el incendio social es un mayúsculo error pues condiciona al restablecimiento del “orden público” la atención de los cambios estructurales que se demandan. Esto ha significado incrementar las violaciones de derechos humanos que exacerban la indignación del pueblo. El Cuerpo de Carabineros ha sacado lustre a su tenebrosa fama y el gobierno, en los hechos, se está metiendo en un callejón sin salida.

En la confrontación que vive Chile la razón está del lado del pueblo. Y si la razón no es suficiente para imponer los cambios, la fuerza ocupará su lugar. Una alternativa no deseada. La inmensa mayoría quiere un tránsito pacífico y democrático a una fase superior de convivencia social.

Las lucha por justicia, igualdad y dignidad es un torrente que rebasará cualquier dique que le cierre el paso.

• Periodista chileno. Exdirector de la Revista “Punto Final”

Tomado de ALAI/6 de noviembre del 2019

Paquetazo colombiano

Pablo Nariño*

Vendrán duras reformas que afectarán a amplios grupos sociales, por la aprobación del FMI de un crédito por USD 11 mil 400 millones para el régimen de Duque

Como una forma de anunciar a los colombianos lo que se avecina en el país, el Ministerio de Hacienda celebró el compromiso de las entidades del Estado para la que será “una ambiciosa agenda de reformas estructurales acertadas para fortalecer la resiliencia de la economía”.

Por su parte el Fondo Monetario Internacional FMI, ya “alertó” sobre la economía de Colombia y pidió medidas fiscales adicionales. Paso seguido, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, que controla un tercio de todas las entidades financieras de Colombia, con una fortuna de 10 mil 800 millones de dólares, resaltó la importancia de tramitar con urgencia una reforma laboral, e insistió en la necesidad de promover reformas para disminuir los “altos costos laborales”, e instó al gobierno para que tome medidas.

Una de las causas de toda esta campaña de presión y expectativa por parte del gobierno, magnates y organismos económicos internacionales, tiene que ver con la aprobación el pasado mes de mayo por parte del FMI de un nuevo crédito de USD 11 mil 400 millones para el gobierno Duque, con un plazo de dos años, y que será endosado al adquirido en el 2016.

El préstamo se aprobó porque el Estado colombiano cuenta, de acuerdo al FMI, con antecedentes sólidos y “marcos institucionales de política económica que generan confianza”, lo que se traduce en que el régimen colombiano ha sido especialmente dócil con los requerimientos de la banca internacional, a partir de la fórmula: Mínima inversión social, un muy oportuno pago de los servicios de la deuda y represión desmedida.

Para tal fin, el gobierno nacional ya ha evaluado en un total de 160 billones de pesos las propiedades del Estado que, tras la aprobación del Plan de Desarrollo, serán rematadas. Ya es un hecho la venta del 20% restante de las acciones de Ecopetrol, la subasta de ISA, la venta del oleoducto Cenit y de las electrificadoras estatales. El paquetazo además conlleva recortes en los gastos del Estado para atender la educación y la salud.

Desde que fueron fundados en el 1944, el FMI y el Banco Mundial BM, dirigidos por el Departamento del Tesoro de EEUU, han puesto y quitado gobiernos, establecido dictaduras militares y civiles, con el fin de que estos incrementen las deudas y faciliten su entrada, que junto a la OCDE, y OMC, son antifaces intercambiables de un mismo sistema económico.

Estos organismos sumen a las naciones en profundas crisis, para luego presentarse al “rescate”, el cual se ejecuta con dinero público, eludiendo identificar las políticas de expoliación y despojo como la causa de la crisis, y señalando como causante del crecimiento de la deuda, a un pretendido “excesivo gasto social”.

La función fundamental de estos organismos es cuidar y recomendar para que los países deudores paguen los intereses a los bancos comerciales prestamistas o para refinanciarlos, ya que su propósito es mantenerlos perpetuamente endeudados, y así la deuda original se canjea por otra muy superior, haciéndose eterna. Los países que no se comprometen con el FMI son señalados de ser gobiernos populistas, bloqueados económicamente y amenazados con guerras.

Joseph Stiglitz economista y quien hasta el año 2000 fue primer vicepresidente del Banco Mundial, confiesa frente a la liquidación y privatización del patrimonio nacional: "Podías ver cómo se les abrían los ojos ante la posibilidad de una comisión del 10%, pagada en cuentas suizas, por el simple hecho de haber bajado unos cuantos miles de millones del precio de venta de los bienes nacionales”, refiriéndose a los equipos ministeriales que viajan por el mundo feriando los bienes públicos para abonar las deudas externas contraídas para las arcas de la clase económica y política gobernante, mientras los ciudadanos pagan su frenético enriquecimiento.

Por eso no es gratuita la rebelión contra el FMI, que desde hace unos meses se propaga por el continente. El caso más sonado es el de Ecuador, donde el FMI aprobó al gobierno de Lenin Moreno un crédito de 4 mil 200 millones de dólares, acompañado de las subsecuentes reformas estructurales, para hacer efectivo un desembolso inmediato de 652 millones de dólares.

Moreno que al igual que Duque y Macri llegaron a la presidencia con el objetivo de endeudar sus naciones, espera también préstamos de casi 6 mil millones de dólares de otros bancos como el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el BID, el Banco Europeo de Inversiones y de la Agencia Francesa de Desarrollo, los cuales deberá pagar la sociedad ecuatoriana, a través de impuestos y reformas laborales como en Colombia, a pesar de que como en Colombia, no serán destinados a la inversión social.

Lo logrado hasta el momento por el pueblo ecuatoriano en las calles, es decir la derogatoria del decreto 883 del Paquetazo, es un importante avance pero aún falta mucho más; el gobierno Moreno continuará con las más importantes reformas de ajuste, mientras el FMI presiona para que le cumplan.

En Argentina, Mauricio Macri aumentó la deuda a 340 mil millones de dólares en solo dos años, y acordó un crédito de 67 mil millones para devolver en el 2021, aunque ya gastó casi la totalidad, en beneficio de su propio grupo empresarial, de sus funcionarios y de otros empresarios.

Obviamente el rechazo popular se ha manifestado no solo en importantes movilizaciones sino en las pasadas elecciones en las que Macri perdió con el 40% de los votos, ante un 48% de Alberto Fernández y Cristina Fernández.

En Haití, las carreteras se encuentran bloqueadas en todo el país, es la quinta semana de protestas por el aumento en los precios de la gasolina, el petróleo y el kerosene, medida acordada entre el Gobierno de Jovenel Moïse y el FMI. Las protestas que han logrado reunir más de un millón de personas, ya hicieron rodar la cabeza del primer ministro haitiano, Jack Guy Lafontant, pero los haitianos exigen la renuncia del presidente Moïse y el desmonte total de las exigencias del FMI.

La deuda externa de Haití se estima en unos 890 millones de dólares, 41% corresponde al BID, y 27 % al BM; y aunque la “ayuda humanitaria” se dio tras el terremoto del 2010, que dejó al menos 222 000 fallecidos y 1,5 millones de personas en la indigencia; millones de dólares no llegaron nunca a la población; casi el 90% de este financiamiento quedó en organizaciones extranjeras, entre ellas se acusa a la Fundación Clinton, mientras que miles de personas siguen viviendo en campamentos.

Honduras por su parte vive desde finales de abril una grave crisis político-social, y se presentan grandes movilizaciones de trabajadores y usuarios. La represión de Juan Orlando Hernández ha sido brutal y ya ha dejado varios fallecidos y heridos graves. El programa de ajustes privatizadores es consecuencia por supuesto del acuerdo Stand-by, y Servicio de Crédito Ampliado de 24 meses, por un monto de 311 millones de dólares, al que llegaron el gobierno hondureño y el FMI en mayo.

El paquetazo en Colombia, efecto de las implicaciones que se derivan del Acuerdo firmado por el gobierno con el FMI; -independientemente del fallo de la Corte Constitucional en relación a la Ley de Financiamiento- será aplicado; el país presenciará reformas que afectarán directamente a amplios grupos sociales: aumento de la edad de jubilación, reducción de los derechos pensionales, ampliación de las personas que pagarán impuestos, reducción de transferencias a las regiones, aumento del desempleo, disminución de los salarios, entre otros. Ya que a través de funcionarios de la banca devenidos en presidentes como el caso de Iván Duque, de las directivas de ministerios como el de Hacienda, y emisarios en el Congreso, se ha llevado al país a una situación de completa sumisión y dependencia extranjera.

Como en los demás países mencionados; en Colombia se socializan las pérdidas hacia los sectores populares y la clase media y se privatizan las ganancias en manos de la clase alta, salvaguardando los intereses del capital especulativo donde uno de sus principales favorecidos como siempre será Sarmiento Angulo.

El gobierno Duque ha pretendido encubrir este Paquetazo con falacias, y lo ha intentado disimular con perturbaciones diplomáticas contra los países vecinos; pero los colombianos no son tan incautos después de todo, y vienen tomando atenta nota; ya veremos su respuesta.

• Sociólogo y escritor colombiano

Tomado de LA HAINE/30 de octubre del 2019

El retorno del arsenal barroso

El avión F-35 es uno de los mejores ejemplos de los efectos negativos de la tecnología militar sobre la industria civil

Alejandro Nadal*

En su obra Movimientos seculares de la producción y los precios (1930), Simon Kuznets señaló que la principal causa del atraso de una industria reside en la reducción de su ritmo de innovación tecnológica. Para Kuznets, el desarrollo tecnológico puede alcanzar un ritmo muy acelerado de mutaciones y mejoras. Pero cada mejoría reduce las oportunidades de mayores progresos en el futuro. Cuando eso sucede, el ritmo del crecimiento y las inversiones se hacen cada vez más lentos.

En esos casos el ritmo de cambio técnico se mantiene introduciendo pequeñas innovaciones que mejoran marginalmente el desempeño de la plataforma original, pero a un costo cada vez más alto. Todo termina pareciéndose a una pieza de arte barroco, en la que la acumulación de capas ornamentales solo lleva al manierismo y la extravagancia. En materia de armamentos, el término de arsenal barroco fue inicialmente acuñado por el físico Herbert York, uno de los desarrolladores de la bomba atómica y después fue popularizado en un libro extraordinario de Mary Kaldor sobre tecnología militar.

Hoy la idea del arsenal barroco, caro y decadente, regresa con la portentosa aventura del avión F-35. Es uno de los mejores ejemplos de los efectos negativos de la tecnología militar sobre la industria civil.

Hace 20 años el Departamento de Defensa de EEUU dio a conocer los planes para un nuevo avión de combate. En gran despliegue de publicidad se habló de una nave furtiva que garantizaría la supremacía aérea hasta bien avanzado el siglo XXI.

Desde los planos originales, el F-35 tenía como misión llenar múltiples requisitos. Debía volar más rápido que sus antecesores, poseer mayor maniobrabilidad, alcance y poder destructivo. Sería capaz de despegar y aterrizar verticalmente, y tendría una mayor y más sofisticada capacidad para la guerra electrónica. Alcanzar esta serie de objetivos simultáneamente ya se anunciaba como una tarea difícil. Por si esto fuera poco, el F-35 debía ser un avión furtivo (o lo que en la jerga anglosajona se denomina stealth).

Ese último requisito tiene muchas implicaciones para la arquitectura del avión. Para lograr una huella de radar pequeña y lograr evadir las defensas enemigas, un avión furtivo debe estar revestido de un material que absorba las señales de radar. Adicionalmente, todo el armamento y tanques de combustible adicionales tienen que estar al interior del fuselaje. De lo contrario, la silueta electrónica del avión sería visible para los radares enemigos.

El resultado final fue un desastre tecnológico, militar y económico. El F-35 resultó ser el avión militar más caro del mundo (con un costo aproximado de 120 millones de dólares por ejemplar). Además, su desempeño es inferior en cada uno de los rubros en que se pensaba tendría superioridad. Mientras el F-35 es capaz de alcanzar una velocidad de Mach 1,3, sus predecesores pueden desplazarse a velocidades superiores a Mach dos. En lo que concierne a la maniobrabilidad, el F-35 no puede dar las vueltas en ángulos cerrados que se necesitan para evadir defensas anti-aéreas.

Es cierto que el F-35 puede aterrizar verticalmente en la cubierta de un barco, pero eso es lo que lo hace menos rápido. Ciertamente no tiene la velocidad para tratar de escapársele a un misil S 400 ruso, que alcanza velocidades de hasta Mach 14. Este deficiente desempeño se relaciona con las restricciones que cada uno de sus múltiples objetivos impone sobre los demás.

El revestimiento y la silueta del F-35 le permiten absorber o desviar las señales de radar, pero no lo ocultan totalmente. La cantidad de señales de radar que un objeto regresa al emisor se mide por su perfil transversal de radar. Los aviones de la cuarta generación (F-18) tienen un perfil de entre cinco y 10 metros cuadrados. El perfil transversal de radar del F-35 es mil veces más reducido, lo que le permite acercarse a las defensas y blancos enemigos antes de ser detectado. Sin embargo, todo eso depende de la longitud de ondas de radar utilizadas.

En el 1999, un F-117 estadounidense furtivo fue derribado por un misil antiaéreo en Yugoslavia. Ese misil [un S 200 soviético de los años '70] no era muy sofisticado, pero se usó un radar de onda larga y el tan publicitado Stealth Nighthawk no pudo evadirlos.

El F-35 ya es considerado uno de los peores fiascos en la historia de la industria militar. Su costo ha rebasado todas las previsiones y alcanza ya la cifra de 1,4 billones de dólares durante la vida útil del proyecto. La red de proveedores del contratista principal, Martin Lockheed, cubre todo el territorio estadounidense. Así que el efecto de arrastre de este desplante tecnológico decadente ha contaminado el tejido industrial de todos los estados.

Así como el programa de máquinas herramientas de control numérico del Pentágono tuvo efectos negativos en la industria de máquinas herramientas de EEUU durante los años 1950-60, hoy las preferencias del complejo militar industrial siguen erosionando la competitividad de la industria estadounidense.

• Economista mexicano, doctor en Economía por la Universidad de París X. Actualmente es profesor e investigador de economía en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Publica habitualmente en los periódicos La Jornada de México y la revista Sin Permiso

Tomado de LA HAINE/31 de octubre del 2019

“El Califa”, superproducción de la CIA entre ficción y realidad

Manlio Dinucci*

Es un producto elaborado con un objetivo muy bien definido. Al poner fin a una enorme operación especial en la cual se hizo algo inconfesable, hay que ofrecer al público la muerte de un gran culpable. Es la mejor manera de borrar los indicios que el público no debe ver. Después de la eliminación de Osama bin Laden, ahora nos ofrecen la de Abu Bakr al-Baghdadi.

«Fue como ver una película», dijo el presidente Trump al referirse a la eliminación de Abu Bakr al-Baghdadi, el Califa, jefe del Emirato Islámico (Daesh), que según dijo pudo seguir en vivo en el Situation Room de la Casa Blanca, el mismo lugar donde su predecesor, Barak Obama, siguió en el 2011 la eliminación del enemigo número 1 de aquella época, Osama bin Laden, el jefe de Al-Qaeda.

El guión es el mismo: la inteligencia estadounidense había localizado al enemigo, pero –en vez de capturarlo– lo eliminó. Osama bin Laden cayó abatido por los comandos estadounidenses. Al-Baghdadi se suicidó… o lo “suicidaron”. En ambos casos, el cuerpo desaparece. El de Osama bin Laden fue sepultado en el mar. Los restos de Al-Baghdadi, hecho pedazos por su cinturón explosivo, también fueron lanzados al mar.

La casa productora es la misma: la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que se compone de 17 agencias federales. Además de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, siglas en inglés) está también la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, la agencia de inteligencia del Departamento de Defensa), pero cada rama de las fuerzas armadas estadounidense tiene su propio servicio de inteligencia, como también los tienen el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security).

Para las acciones militares, la comunidad de inteligencia estadounidense utiliza el Mando de Operaciones Especiales (USSOCom o SOCom, siglas de United States Special Operations Command), con unidades de fuerzas especiales desplegadas en al menos 75 países, cuya misión oficial incluye, además de la «acción directa para eliminar o capturar enemigos», la «guerra no convencional realizada por fuerzas exteriores, entrenadas y organizadas por el Mando».

Eso es exactamente lo que ha venido sucediendo en Siria desde el 2011, el mismo año en que la guerra de Estados Unidos y la OTAN destruyó Libia. Así lo demuestran numerosas pruebas documentales ya publicadas.

Por ejemplo:

- En marzo del 2013, el New York Times publica una investigación detallada sobre la red de la CIA mediante la cual llegan a Turquía –gracias al financiamiento de Arabia Saudita y de otras monarquías del Golfo– enormes cargamentos de armas para los islamistas entrenados por el antes mencionado Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos antes de ser introducidos en Siria.

- En mayo del 2013, un mes después de la fundación de Daesh, Al-Baghdadi se reúne, en suelo sirio, con una delegación del Senado de Estados Unidos encabezada por el senador John McCain, encuentro inmortalizado con numerosas fotos.

- En mayo del 2015, Judicial Watch revela un documento del general Michael Flynn, con fecha del 12 de agosto del 2012, donde se señala que existe «la posibilidad de establecer un principado salafista en el este de Siria y que eso es exactamente lo que quieren los países occidentales, los Estados del Golfo y Turquía, que apoyan a la oposición».

- En julio del 2016, WikiLeaks revela un correo electrónico fechado en el 2012 donde la secretaria de Estado Hillary Clinton escribe que, debido a la relación entre Irán y Siria, «el derrocamiento de Assad aportaría un inmenso beneficio a Israel, reduciendo su temor a perder el monopolio nuclear».

Todo esto explica por qué, aunque Estados Unidos y sus aliados dicen iniciar en el 2014 la campaña militar contra Daesh, los yihadistas de ese grupo terrorista logran avanzar en el terreno sin ser atacados cuando se desplazan a campo abierto en largas columnas de vehículos artillados.

La llegada en el 2015 de las fuerzas rusas en apoyo a las tropas del gobierno sirio, modifica el rumbo del conflicto. La decisión estratégica de Moscú es impedir la destrucción del Estado sirio para evitar un caos como el que aún vemos hoy en Libia, caos que Estados Unidos y la OTAN aprovecharían para atacar Irán y cercar a Rusia.

Al verse imposibilitado de lograr sus objetivos, Estados Unidos sigue apostando a fragmentar Siria, respaldando a los grupos armados kurdos que pretenden crear un nuevo Estado en suelo sirio, grupos kurdos que finalmente Washington decide abandonar para no perder a Turquía, el puesto avanzado de la OTAN en la región.

Después de ver todo este contexto es más fácil entender por qué Al-Baghdadi –como antes sucedió con Osama bin Laden, quien había comenzado su “carrera” como aliado de Estados Unidos contra Rusia en Afganistán y más tarde en Bosnia-Herzegovina– no podía ser capturado y juzgado públicamente. Había que liquidarlo físicamente para hacer desaparecer las pruebas de su verdadero papel en la estrategia de Estados Unidos.

Por eso a Trump le gustó tanto esta “película”, porque termina con un happy end.

• Geógrafo y politólogo italiano

Tomado de RED VOLTAIRE/29 de octubre del 2019