Portal:Panorama Mundial/RESUMEN SEMANAL/2020-01-12

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POLÍTICA

Cubanos en Estados Unidos: desarmar la hostilidad (Progreso Semanal)

Rachel D. Rojas*

La comunidad hispana en Estados Unidos no es un monolito. Estos migrantes e hijos de migrantes no representan a una Latinoamérica unida, sino a sus propias historias y experiencias migratorias, y por tanto a intereses que, una vez manejados como plataformas políticas, son también distintos entre sí.

Así lo piensa Ricardo Herrero, director del Cuban Study Group de Estados Unidos, quien estuvo recientemente en Cuba invitado a la conferencia sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos. “No se les puede hacer campaña a ellos y decirles: ‘hispanos, voten por mí por A, B o C’, porque los puntos que un puertorriqueño y un venezolano consideran importantes pueden ser muy diferentes”. Tratar de tocar el tema migratorio con un cubano (que tiene la Ley de Ajuste Cubano y tenía la política de Pies Secos/Pies Mojados a su disposición) o con un puertorriqueño (que nace con ciudadanía estadounidense) no funciona de la misma forma que con otros hispanos, explica el investigador.

Muchas veces existe desconocimiento de estas comunidades, dice Herrero. “A veces los políticos piensan que la manera de llegarle a la comunidad hispana es hablando de los ‘Dreamers’, pero eso en realidad solo llega a ciertos puntos, porque esos ‘Dreamers’ son hispanos de algunos países, y no todos se sienten solidarios hacia los demás”. En dependencia del nivel que representen, muchos políticos no conocen muy bien las comunidades que coexisten dentro del territorio que representan. A nivel nacional, alguien que represente un estado donde por lo general no hay muchos latinos, las impresiones son más neblinosas. “Pero no hay un solo tema —concluye Herrero— con el que puedas decir que los ganas a todos”.

Comunidad cubana en Estados Unidos

Tradicionalmente los cubanos que han ido llegando a Estados Unidos se han clasificado en diferentes grupos u oleadas migratorias, de acuerdo a períodos de tiempo, pero también de posiciones con respecto a Cuba, de grados de inserción en la sociedad que les recibe, costumbres, etc.

Quizás ninguna de esas oleadas migratorias ha sido tan estudiada y conocida en su accionar como el exilio histórico, compuesto en su mayoría por las personas que salieron de Cuba durante los años 60 y 70, con una línea de derecha bien dura contra el gobierno revolucionario. En palabras de Ricardo Herrero, esta generación está más vinculada a las identidades políticas tradicionales en Estados Unidos; se identifican como republicanos o demócratas, y tienden a votar por uno o por el otro.

Los descendientes de esa generación, en cambio, se asumen más americanos que cubanos. “Sigue la cultura, se toma el cafecito, le gustan las croquetas, añora a Cuba, tendrá cierto nivel de nostalgia por el país, aunque no esté en él, por los cuentos que escucharon de los abuelos. Todo eso. Pero cuando llega a los temas que lo motiva a votar, Cuba usualmente no es uno de los principales”.

Y hay otra, que la integran cubanos llegados a Estados Unidos a partir del período especial en los noventa, que representan un sector más desconocido. Para Ricardo Herrero “no se ha hecho suficiente investigación para entender qué es lo que motiva a este grupo, no como los anteriores, que se han estudiado hasta el infinito. Hemos tenido un entendimiento sobre su posición hacia Cuba que me parece ha sido bien simplista”.

“La relación con Cuba del cubano que ha llegado a Estados Unidos después del 94 es mucho más compleja de lo que pensábamos —agrega Herrero—. Sí, muchos son más moderados, muchos están a favor de levantar el embargo, pero eso no quiere decir que lo deseen porque estén a favor del gobierno en Cuba, pues por alguna razón se fueron. Tampoco quiere decir que tienen una nostalgia con Cuba como la tenía la generación que llegó en los 60.

“Ese cubano ve a Cuba como un lugar en el que hay una situación que no se va a resolver hasta que el gobierno no cambie, y una situación sobre la que los americanos no pueden hacer mucho para cambiar. Muchos están a favor de levantar el embargo, otros no, pero ven a Cuba como algo que dejaron atrás y se centran en hacer su vida en Estados Unidos. Tienen familia y visitan el país, muchos habrán invertido en la Isla, que son vínculos importantes, pero pueden perfectamente votar por Donald Trump”.

Ahora, ¿por qué un cubano nacido y crecido en Cuba, pero residente en Estados Unidos votaría por un hombre como Donald Trump?

Herrero mencionaría tres puntos:

La personalidad de Trump y lo que representa. “Es un líder, caudillo, fuerte, que dice lo que piensa, que hace lo que le da la gana, o el gran mito con el que han convencido a la población americana de que él mismo creó su riqueza. Ese estilo de liderazgo caudillista, de ser machote, es algo que les atrae a muchos cubanos. Encima de todo, la economía en los últimos tres años ha ido muy bien, entonces se asocia mucho la economía al líder. Donald Trump hace muchas cosas horribles, dice muchas cosas ofensivas, pero, al fin y al cabo, es un líder fuerte y está manteniendo la economía creciendo. Así que lo apoyan, pero no porque se identifiquen como republicanos y voten siempre por los republicanos. Muchos de estos mismos cubanos votaron también por Obama, porque lo veían como un hijo de inmigrantes, que pasó de tener nada a la presidencia de Estados Unidos, entonces se identificaron con él también”.

El ecosistema mediático en Miami: “Está alineado más a la derecha que al partido republicano, especialmente en los medios locales e hispanos. Eso lo sabe todo el mundo. En esos mismos medios, cuando hablan de Cuba, mantienen una línea más dura. Durante los años de Obama, cuando yo iba mucho a estos programas, me ponían a mí solo contra dos entrevistados o panelistas de línea dura para debatir un tema. Ese tipo de cosas era práctica común, y lo sigue siendo. Eso influye también. Ahora también tienen personalidades en plataformas y redes sociales, como Otaola, quien tiene una audiencia creciente, que además él mismo apoya a Trump, y sabemos que muchos de los cubanos de este grupo se identifican con Otaola. De hecho, Otaola es uno de ellos, vino en esa época”.

Patriotismo: “Es precisamente una de las diferencias en el cubano que ha llegado en los últimos 25 años y en el que llegó hace 60 años. Los primeros eran cubanos y nunca quisieron ser americanos; se fueron con planes de regresar algún día. La nostalgia respecto a esa Cuba que dejaron atrás fue lo que definió su manera de pensar en la política hacia Cuba. El cubano que se fue durante el período especial se fue de una Cuba en uno de sus peores momentos, ven a su país como un lugar en donde no hay oportunidad. Y sí, mandan dinero, ayudan a su familia, vienen de visita, pero, especialmente si no viven en La Habana, perciben al país como uno que no ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Cuando abrió la política americana hacia Cuba, como pasó cuando Obama, muchos de ellos estaban bien a favor, porque quizás vieron oportunidades para hacer cosas en Cuba, y muchos de ellos ayudaron a montar todo tipo de negocios en el sector no estatal. Pero también muchos tienen una relación muy frustrada con este país, porque a diferencia de los que se fueron hace 60 años, que cortaron y dijeron que no regresaban hasta que todo cambiara aquí, estos sí regresan, pero les frustra que el pasaporte sea el más caro en el mundo, que tengan que pagar unos precios exorbitantes para poder renovarlo y después tener que prorrogarlo cada dos años. Conozco muchísimos cubanos que se niegan venir a Cuba solo por ese punto. Eso es lo que ayuda a explicar cómo ese cubano, que puede estar a favor de una apertura, le gusta Trump y votan por él al mismo tiempo. Porque la política hacia Cuba no está atada a una identidad partidista o ideológica, como sucedía con la generación anterior.

¿Qué hacer?

Ante el nuevo endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba (más sanciones, persecución y restricciones de todo tipo), Herrero piensa que desde Cuba se pueden tomar medidas que, al decir del profesor cubano Jesús Arboleya, “le quiten la comida a la hostilidad”.

“Se pueden crear oportunidades —afirma Herrero— para que el cubano en el exterior se pueda reintegrar en esta sociedad, sea a través de los negocios, proyectos culturales, etc., de forma que ellos sientan que su contribución se valora dentro de Cuba, que no sientan que los están estafando con el pasaporte, que aún deben hacer muchas cosas ‘por la izquierda’… Oportunidades que puedan adjudicar a cambios ocurridos en Cuba. Se hace eso, y cuando entra una retórica de línea bien dura, resonaría mucho menos, porque no tendría resentimiento al que engancharse”. Sí, quitarle el alimento a la hostilidad podría ser una fórmula inteligente para los cubanos de ambas orillas, tanto a nivel familiar y de amistad, como al punto de concebirse y proyectarse como una sola comunidad, amén del lugar de residencia.

• Articulista de Progreso Semanal

Cruzar el abismo (El Cohete a La Luna)

Horacio Verbitsky

La relación de la Argentina con Estados Unidos es una de las cuestiones principales a las que debe prestar atención el gobierno del Presidente Alberto Fernández, dado el rol decisivo del accionista mayoritario del FMI. A su vez, el organismo internacional es clave para la renegociación de la descomunal deuda contraída en apenas cuatro años por el alegre gobierno anterior.

Bajo la conducción de Fernández, la Argentina debe cruzar un abismo, sobre un inestable puente de troncos. Llegar a la otra orilla no es imposible, pero un paso en falso puede precipitar una caída mortal.

Del acuerdo que pueda alcanzarse, tanto con el FMI como con los acreedores privados, depende la disponibilidad de recursos para revertir la estanflación que dejó como herencia Maurizio Macrì, sin lo cual el nuevo gobierno no tendría futuro. La nueva directora del Fondo, Kristalina Georgieva, muestra hasta ahora buena disposición, como si la Argentina pudiera ser el leading case para mostrar un cambio radical respecto de sus predecesores.

Más frágil que el Kristal

Fernández presentará la campaña nacional contra el hambre en la ciudad más castigada por esa aberración, la entrerriana Concordia, sede de la primera capital alternativa donde sesionará el gabinete nacional. Ese programa prioritario y las diversas medidas de recuperación del poder adquisitivo de salarios y asignaciones y de contención de precios son los pasos iniciales de un giro de 180° en la política económica, aquello que Alberto ha definido como poner plata en el bolsillo de los argentinos. En su primera conferencia de prensa, el Ministro de Economía Martín Guzmán advirtió que esos fondos no provendrán de la emisión monetaria, declaración que sorprendió a quienes preveían otro curso de acción.

Como expone en otro artículo de esta edición Guillermo Wierzba, las fuentes fiscales que quedan para hacer política económica y evitar la continuidad del descenso de la actividad económica son la reasignación de las partidas previstas para el pago de deudas, las retenciones al sector agropecuario, al minero y a las grandes empresas industriales con competitividad exportadora, los impuestos a los activos de los argentinos en el exterior, a los bienes personales y los tributos a los bancos que tuvieron ganancias extraordinarias debidas a los negocios con LEBACs y LELIQs y a las altas tasas de interés.

El primer paso fue el decreto que modificó el esquema de retenciones. El enojo de las cámaras patronales no es razonable: Alberto procedió al amparo de la ley y no como Maurizio Macrì, y la alícuota para la soja estuvo por debajo de lo que estaba facultado para imponer. En septiembre, Macrì fijó una retención de 4 pesos por dólar exportado, medida para la que el Congreso no lo había facultado. ¿Por qué los autodenominados constitucionalistas ni el sector protestaron? Tal vez porque en tiempos de alta inflación, una alícuota fijada en pesos se iría extinguiendo más temprano que tarde, tal como ocurrió. En cambio, Fernández invocó el artículo 81 de la ley 27.467, sancionada en diciembre de 2018. Allí se establece que, de acuerdo con el Código Aduanero, el Poder Ejecutivo podrá fijar una alícuota del 12% para mercaderías que no estaban sujetas a derechos de exportación y hasta del 30% para las demás. En vez del 12% el gobierno se contentó con el 9% para carne, maíz, trigo y otros cereales. Y con la soja también se detuvo tres puntos por debajo del 30% que le permitía la ley. No es seguro que las entidades valoren este self restraint, pero sería bueno que supieran que dentro del gobierno hubo incluso quienes pensaron en llegar al 35%, mediante un artículo en la ley de emergencia en ciernes.

Esto se relaciona con las negociaciones entabladas con los acreedores. Guzmán fue recibido en Washington por Georgieva a pedido de Alberto Fernández, quien la llamó para comunicarle mucho antes del anuncio público que el joven académico de Manhattan sería su ministro.

—¡Tenemos un amigo común con — respondió Georgieva, en referencia a Joseph Stiglitz, quien ya había hecho sondeos en Washington sobre lo que podía esperar la Argentina. El respaldo del premio Nobel de Economía obra como un reaseguro para Georgieva ante la incertidumbre de un cambio en las prioridades del organismo.

Aun así, la primera respuesta de la nueva directora gerente del Fondo ante la solicitud de que se reuniera con Guzmán antes del cambio de gobierno, fue que no podía apartarse del procedimiento establecido, que requiere un previo dictamen de la línea del organismo sobre un proyecto oficial. Fernández replicó que la línea tendría una actitud defensiva, porque el Fondo es corresponsable de la situación argentina, y luego de mucho insistir consiguió la excepción pedida. En la segunda parte de la reunión, Georgieva hizo pasar al nuevo encargado de la Argentina, el venezolano Luis Cubbedu, quien desplazó al italiano Roberto Cardarelli. Un venezolano, oh casualidad.

Son cuatro años, no dos

Tanto en ese encuentro de Guzman con Georgieva, como en los que se han venido sosteniendo con los tenedores privados de papeles argentinos, el nuevo gobierno plantea que durante cuatro años no podrá afrontar pagos de capital ni de intereses. Cuatro, no dos como se ha venido publicando en diversos medios. Es decir, todo el mandato de Alberto Fernández y de su Vicepresidente CFK.

En principio habría asentimiento, aunque faltan detalles no menores por definir. Por ejemplo, algunos acreedores privados pretenden que los intereses que no se paguen en esas 200 semanas se capitalicen, lo cual engrosaría aún más la factura a partir de 2024. Es lo que Scalabrini Ortíz llamó atarse a la rueda del interés compuesto. En cambio, el gobierno plantea que se practique una quita sustancial en los intereses, que refleje las condiciones actuales del mercado mundial, donde el 8% anual que paga la Argentina se ve como un fósil de otra era, cuando la tasa de interés de los nuevos convenios apenas levanta de cero, e incluso hasta en Alemania los bancos están recibiendo depósitos con tasas negativas, es decir que quien paga es el depositante, no la entidad financiera.

Si la propuesta oficial fuera aceptada, el cruce del puente sobre el abismo sería menos sobresaltado, por más que resten definiciones importantes. Dos ejemplos:

   ¿Buscar inversiones que redunden en un incremento de las exportaciones argentinas, o para substituir importaciones? En ambos casos, mejoraría la balanza de pagos, con una diferencia importante: las producciones exportables argentinas emplean poca mano de obra y su demanda es inelástica, depende de las condiciones de los mercados globales, no de la oferta argentina. En cambio, la sustitución de importaciones industriales generaría empleos de calidad, elevaría el salario medio y no dependería de las condiciones externas.

   La inversión hidrocarburífera, ¿se dirigirá a la no convencional de Vaca Muerta, o a la convencional en distintos lugares del país? El presidente de YPF, Guillermo Nielsen, parece inclinarse por el primer camino, aunque no es seguro que la ecuación entre lo que se invierte y lo que se produce sea racional, además de las objeciones ambientales que genera el fracking.

A fondo

El fracaso de Macri es también un duro contraste para la ortodoxia que orienta las decisiones del Fondo. El éxito de Fernández sería el perfecto reverso, legitimador de un nuevo enfoque, que algunas condiciones objetivas avalan. La crisis del capitalismo de rapiña regido por el sistema financiero internacional ha alcanzado niveles apocalípticos, en todo el mundo e incluso dentro de Estados Unidos. En esta misma edición, el columnista conservador de Fox News, Tucker Carlson, narra la devastación que los fondos buitre han causado en la América profunda y concentra su análisis en el viejo conocido de la Argentina, Paul Singer, cuyo fondo Elliot se está preparando para comprar una vez más bonos argentinos por monedas, a la espera de que el puente de troncos se derrumbe. Este daño sistémico de la financierización sobre la sociedad, explica en parte la victoria de Donald Trump en 2016 y la de les Fernández en 2019. Pero la mejora económica en Estados Unidos llegó demasiado tarde, en dosis insuficientes y no para todos. Sin embargo, la rotunda victoria de Boris Johnson en Inglaterra puede ser un anticipo de lo que ocurra del otro lado del Atlántico.

Algunas cosas están a la vista, otras transcurren por canales discretos, y no siempre coinciden. La semana pasada, la atención se dirigió al desplante del enviado del Consejo Nacional de Seguridad del Presidente Donald Trump, Mauricio Claver, quien se retiró del Congreso al ver en la Asamblea Legislativa al ex Presidente de Ecuador, Rafael Correa, y al enviado de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, uno de los funcionarios incluidos en listas negras por Washington. En cambio, no trascendió el llamado al Presidente argentino del representante especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams, quien le transmitió el desacuerdo de Mike Pompeo con el gesto de Claver.

De hecho, el enviado de Pompeo, Michael Kozac, permaneció en el país y asistió al almuerzo previsto con Fernández. Las relaciones exteriores las maneja el Departamento de Estado, no el Consejo de Seguridad Nacional. Claver es hijo de exiliados luego de la Revolución de Fidel Castro, nació en el estado de Florida, y habla español como un cubano. Ese es uno de los estados swinger que podría definir la elección de 2020, en la que Trump buscará el segundo mandato que en la Argentina el electorado le negó a su amigo y ex socio Macrì. Es tan importante, que Trump mudó su domicilio legal a Florida, donde posee el fastuoso resort Mar-a-Lago, construido hace nueve décadas en Palm Beach.

Nada que hablar

Durante el encuentro mantenido en México antes de que Fernández asumiera la presidencia, Abrams le solicitó que intercediera ante el Presidente Nicolás Maduro por la situación de cinco ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas. El interés de Abrams se concentró en uno de los detenidos, por problemas de salud. Maduro recibió el mensaje y decidió que los cinco salieran de la cárcel y pasaran al arresto domiciliario. El gesto se potencia cuando se sabe que en realidad son cinco opositores venezolanos, a quienes Estados Unidos les concedió la nacionalidad como protección cuando ya estaban detenidos.

En esa conversación, y en el tête à tête con Kozac, cada parte se atuvo a su propia visión. Para los norteamericanos, no le hace bien a la democracia la radicación aquí del ex Presidente del estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Para el argentino, lo que no le hace bien a la democracia es el elogio de Trump al Ejército que forzó la renuncia del Presidente. Alberto y Evo hablaron por teléfono en cuanto el boliviano aterrizó en Ezeiza, acompañado por dos funcionarios de la cancillería mexicana que lo acompañaron para garantizar su seguridad. Es posible que hoy se encuentren en persona. En esa primera conversación, Morales expresó su convicción de que el MAS vencerá en las elecciones presidenciales en las que ni él ni su vice, Álvaro García Linera, serán candidatos. En Brasil era impensable que quienes forzaron la destitución de Dilma, permitieran poco después la elección de Lula, y así fue. ¿Podrá Evo incidir en la sucesión en Bolivia? El lenguaje y los actos del gobierno de facto lo tornan dudoso.

En respuesta al agradecimiento por la salida de la cárcel de los cinco venezo-denses, Fernández planteó que, si él va a mediar entre ambos gobiernos, es preciso que también Washington realice algunas concesiones. Kozak tomó nota y no respondió. El abrupto retiro de Claver se explica por sus dos adscripciones: la actual, en Seguridad Nacional, pero también la previa, en el FMI, donde fue director por Estados Unidos. Durante el encuentro en México se jactó de su intervención para que el Fondo concretara los préstamos solicitados por Macrì.

—¿Y quiere que le agradezca?— lo petrificó la respuesta.

Fernández le explicó en privado lo que repite en público: la corresponsabilidad del Fondo por la catástrofe económico-social que hereda su gobierno.

Con Kozac también se discutió el rol de la OEA, de su secretario general Luis Almagro y de su asesor político, Gustavo Cinosi. En los encuentros en México, la presencia de Cinosi fue un hecho consumado de Claver y Abrams, quienes lo presentaron como un amigo de la Argentina que intentaba ayudar. Fernández advirtió ahora que el accionista del hotel Sheraton de Pilar (que encubre así sus tareas de inteligencia para organismos estadounidenses), no será admitido en futuras reuniones salvo que asuma formalmente la representación de sus mandantes.

Cuando le preguntan a Almagro por qué lo designó como su principal asesor político, responde que no pudo evitarlo. Desde hace varias semanas, Fernández no responde a los insistentes llamados de Cinosi. Durante la visita presidencial a la sede de la Unión Industrial, Cinosi apareció sentado en la primera fila, igual que durante la reunión del Council of America, a la que asistió Felipe Solá.

Al concluir en la UIA, Cinosi se acercó a Fernández:

—Alberto, tenemos que hablar— le dijo.

—Yo no tengo nada que hablar con vos— fue la respuesta.

—Pero somos amigos— insistió, sin un buen registro de la situación.

—Un amigo no se porta como te portaste vos— y siguió su camino.

Cuando la OEA envió la misión técnica para auditar las últimas elecciones bolivianas, Almagro pidió a Fernández que designara dos personas de su confianza para integrarla. Los enviados fueron Santiago Eguren (ex director de operaciones contra el Terrorismo y Delitos contra el Orden Constitucional de la AFI) y Gerónimo Ustarroz, representante del nuevo Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

La difusión anticipada de conclusiones de la auditoría antes de que estuviera terminada, y el uso por parte de Almagro de la palabra fraude, que no figuraba en el informe técnico, desencadenaron el pedido militar de renuncia del Presidente, como si hubiera sido concertado. Almagro, a quien Cinosi acompaña hasta para ir al baño, acusó a Eguren y Ustarroz de ser infiltrados en la Comisión. La respuesta fue exhibir la invitación y los pasajes emitidos por la OEA. Fernández también les anunció a sus interlocutores estadounidenses que hará todo lo posible para que el ex canciller uruguayo (que fue expulsado del Frente Amplio por su alineamiento acrítico con las posiciones estadounidenses) no sea reelecto para un segundo periodo.

Tampoco Pascualito

Otra presencia familiar que el nuevo gobierno rechazó fue la del traficante de parafernalia bélica, de seguridad e inteligencia Mario Montoto, el caso más extremo de conversión: de líder guerrillero que supervisó el entrenamiento de jóvenes montoneros en bases palestinas en Siria para preparar la denominada Contraofensiva de 1979, a presidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí. Hace cuatro décadas, Montoneros suministró a la Organización para la Liberación de Palestina la fórmula para producir en Líbano el poderoso explosivo plástico Exógeno. En los últimos cuatro años, Montoto fue el puente entre el gobierno de Maurizio Macrì, y en especial con su compañera de entonces, Patricia Bullrich, para que las empresas israelíes de inteligencia y seguridad vendieran sus chiches tecnológicos a la Argentina.

La embajadora de Israel, Galit Ronen, solicitó una audiencia con el canciller Felipe Solá, e informó que asistiría acompañada por Montoto. La respuesta oficial fue que no se admitirían terceras personas en la reunión solicitada. Igual que Cinosi con Alberto Fernández, Montoto intentó un diálogo personal con Solá, en el que utilizó el mismo argumento:

—Tenemos que hablar, yo sólo quiero ayudar.

La respuesta fue parecida:

—El canciller no necesita ayuda de nadie para hablar con los embajadores.

Acero y aluminio

Quien también se interesó por la situación argentina en relación con su país fue el ex responsable de América Latina en el Departamento de Estado y ex embajador en Brasil Thomas Shannon, uno de los diplomáticos que mejor conocen la región. Igual que el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Shannon piensa que lo único desaconsejable es la polémica pública con Trump, que hasta dentro de once meses subordinará todo a las necesidades electorales. A eso se atribuye también el anuncio presidencial sobre la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Brasil y la Argentina, en represalia por las devaluaciones del real y el peso y el potencial perjuicio para los agricultores estadounidenses.

Que hayan caído en el mismo cedazo Fernández y Jair Bolsonaro, cuyas posiciones políticas e ideológicas no pueden ser más divergentes, sugiere que se trata de una movida publicitaria. Lo ratificó el jefe del consejo de asesores económicos de la presidencia, Larry Kudlow, al señalar que fue sólo un twitt pero que no hay ninguna resolución firmada. Es un estilo que después de cuatro años de Macrì, la Argentina conoce bien. La misma definición le cuadra a Bolsonaro, quien se cansó de insultar al Presidente argentino, pero no pudo impedir que su Vicepresidente asistiera a la toma de posesión.

Hay dos versiones sobre el episodio. Cada cual juzgue sin son excluyentes o complementarias:

   La furia de Bolsonaro con el gobierno argentino no es sólo ideológica, sino que se alimenta de sus recelos hacia el presidente de la Cámara de Diputados de Brasilia, Rodrigo Maia, un liberal del Partido Demócrata, aliado a la coalición oficial, pero cuya aspiración es sucederlo en el Planalto. Maia nació en Chile en 1970 y llegó a sus tres años como exiliado a Brasil. Luego de la elección presidencial estuvo en la Argentina, donde se reunió con Fernández, Solá y Sergio Massa. Que lo hayan recibido habría sido una de las razones por las que Bolsonaro decidió que ningún miembro de su gobierno representara a Brasil en la transmisión del mando. Sin inmutarse, Maia comunicó que volvería él, ya que no necesita autorización presidencial. Eso motivó la marcha atrás.

   Las Fuerzas Armadas brasileñas, de fuerte presencia en el gobierno de Bolsonaro, no ven con simpatía la erosión de las relaciones con la Argentina. Buscar el favor de Washington, como hace Bolsonaro con constantes sobreactuaciones, no es una política inteligente. Sólo asociado con la Argentina y con los demás países del Mercosur, Brasil puede fortalecer su posición ante Estados Unidos. Ese sería el sentido de la presencia en la Asamblea Legislativa del Vicepresidente Hamilton Mourao, quien es un general del Ejército.

Huevo duro

“Nunca Más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más», leyó Alberto ante la Asamblea Legislativa en el tramo más aplaudido de su discurso. Pronunciado ante cuatro de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia en la Asamblea Legislativa, dejó pasmado al juez Ricardo Lorenzetti. Presidente durante nueve años de la Corte. Su expresión evoca la de un personaje de la historieta Condorito, que responde al nombre de Huevo Duro. Lorenzetti buscó el apoyo del Presidente para regresar al mando del tribunal, en lugar del bienmandado de Macrì, Carlos Fernando Rosenkrantz. Fernández le hizo contestar que sólo dependía de que el propio Huevo Duro consiguiera los votos. El problema es que no los tiene ni parece a su alcance obtenerlos.

Salvo que a corto plazo se produjeran vacantes, cosa que no puede descartarse, no hay otra solución que ampliar el número de miembros de la Corte, una idea que no es atractiva para Fernández, pero que la realidad va imponiendo. El Obispo de Rafaela, quien promete lealtades con el puñal en la liga, llamó a distintos jueces, para que el encuentro en Resistencia de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales respondiera con dureza a los señalamientos presidenciales. No tuvo éxito, porque los jueces del interior escapan como de la peste que se los identifique con los del Estado libre asociado de Comodoro Py. En vez de patalear por el discurso de Alberto, demandaron más recursos.

Otra cosa ocurre en el barrio del Retiro: la Cámara Federal de la Capital reeligió como presidente a Martín Irurzun, jefe del Sistema de Escuchas y Filtraciones que Macri delegó en la Corte Suprema y firmante del texto de Lorenzetti por el cual los ex funcionarios procesados deberían padecer prisión efectiva antes de ser juzgados. Como jefe supremo de la República Autónoma del Cuarto Piso, instó a los jueces federales a avanzar en causas por corrupción contra Cristina y les prometió protección, mensaje que ratificó en público con su foto entre el doctor Glock y el carcelero de Lula, Sergio Moro.

En otro acto oficial dio por sentado que el exfiscal Natalio A. Nisman había sido asesinado, cosa que no surgía del expediente, y presentó su muerte como un ejemplo de impunidad. Permeable a las sugerencias de la embajada, orientó al fuero federal hacia lo que llamó la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, definición de política criminal que no compete a la Corte. Todas esas medidas fueron instrumentadas para desestabilizar al anterior gobierno peronista.

En una notable coincidencia, el viernes 13 la Corte Interamericana de Justicia informó que el lunes 9 condenó al estado de Argentina por la «vulneración a la libertad personal y a la presunción de inocencia por la detención ilegal y arbitraria en perjuicio del ciudadano Raúl Rolando Romero Feris». El Tato Romero Feris, ex gobernador de Corrientes, estuvo detenido sin condena entre agosto de 1999 y septiembre de 2001, bajo cargos de administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, defraudación, malversación de caudales públicos, entre otros. La Corte entendió que únicamente deben ser consideradas como finalidades legítimas de la prisión preventiva, aquellas que están atadas directamente con el desarrollo eficaz del proceso, es decir, que estén vinculadas con el peligro de fuga del procesado (directamente establecido en el artículo 7.5 de la Convención Americana) y aquella que busca evitar que el procesado impida el desarrollo del procedimiento.

A su vez, la Corte consideró que la prórroga de la privación de la libertad impuesta a Romero Feris fue arbitraria, y vulneró el principio de presunción de inocencia, toda vez que los criterios con base en los cuales se fundamentó la finalidad legítima de “peligro de fuga”, fueron abstractos y por ende contrarios a lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art 7.3, 7.5 y 8.2). El resumen oficial de la sentencia, aquí, y su texto íntegro aquí. Hasta Julio De Vido duerme desde hace dos noches en su casa.

Gustavo y Marcela

Ya en 2003, el entonces Ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Béliz había planteado la fusión de los fueros federal y de instrucción criminal, lo que provocó una reacción furibunda en Comodoro Py. El proyecto actual que impulsa Béliz es aún menos complaciente con los federales. No sólo equipara a esos 12 señoríos feudales con los 63 juzgados de instrucción, sino que fusiona la Ciudad Autónoma con el Conurbano, prorrogando la jurisdicción. Más allá de sus buenas intenciones, Béliz ignora, porque hace 15 años que vive fuera de la Argentina, qué caterva de burócratas, arribistas y coimeros se compraría, además de casi tres docenas de jueces, fiscales y camaristas designados por Macrì y su ministro Germán Garavano.

Béliz también impulsa la designación del fiscal de cámara del fuero ordinario, Ricardo Sáenz, en reemplazo del renunciante Germán Moldes en la Cámara Federal, lo que se dice caer en Guatepeor. Sáenz proviene de federal, pero hace tres décadas fue desplazado a instrucción a pedido de Luis Moreno Ocampo, luego de que dejara en libertad al narco cubano-estadounidense Fernando Pruna, quien participó en la invasión de Bahía de los Cochinos y cuya extradición pedía Washington.

En 2013, Sáenz fue grabado en conversaciones con funcionarios policiales involucrados en graves delitos, pero la causa se congeló cuando asumió Macrì. Junto con Moldes, Raúl Plee y otros colegas, encabezó las movilizaciones acusando al gobierno de CFK por la muerte de Nisman. Es el paradigma de la promiscuidad entre policías, políticos, servicios, jueces y fiscales que Alberto denunció al asumir. Su promoción sería una señal contradictoria con esas palabras.

La Ministra de Justicia, Marcela Losardo, socia y amiga del Presidente desde sus tiempos de estudiantes, cuestiona los proyectos y las designaciones que pretende Béliz. Ella sí ha pasado estos años aquí, conoce el paño e intenta evitarle un paso en falso tan grave como innecesario.

Argentina: soberanía popular y cerco geopolítico (La Jornada)

José Steinsleger

Buenos Aires. En la apretujada multitud que el día de la transmisión del mando intentaba llegar a la Plaza de Mayo, alguien exclamó: ¡Hay futuro, pero no hay cómo llegar! Pero otra voz replicó: ¡El futuro llegó y estamos acá! Y un dato no menor tuvo lugar cuando entre forcejeos, la marea humana estuvo a punto de arrojar al articulista sobre una parrilla en la que ardían sabrosos choripanes.

A los que arribaron con horas de anticipación les fue imposible entrar a la histórica plaza, que, ya sin las rejas erigidas por Mauricio Macri, desbordaba de pueblo humilde, acampando desde la noche anterior. En las 15 cuadras que distan entre el Congreso y la Casa Rosada, millares de grupos coreaban: “¡Pre-si-denteee...! ¡Alberto presiden-teee…!”

Difícil… muy difícil de transcribir aquel clima de fervor y cívica esperanza. Porque la democracia real volvía tras cuatro años sostenidos de hambre y desnutrición en el país de los alimentos, la deliberada marginación de viejos, enfermos y discapacitados, la persecución judicial a empresarios y dirigentes políticos de la oposición, el cierre masivo de pequeños y medianas industrias (pymes), los indiscriminados y arbitrarios despidos, y el burdo desdén de los símbolos patrios ejecutado por una mafia de capitalistas salvajes y delincuentes del fuero común.

Por ende, nada de receso navideño o distracciones decembrinas. En tan solo cinco días, el presidente Alberto Fernández (AF) congeló las tarifas de los servicios públicos; relanzó el programa de precios cuidados; aumentó las jubilaciones y la asignación por hijo; rebajó el precio de los medicamentos; restringió las artimañas en los balances de las empresas para eludir el pago de ganancias; duplicó la indemnización por despido durante los próximos seis meses; restructuró los servicios de cobertura médica y social, y aumentó el impuesto al sector agroexportador, a los bienes personales de los ricos, el consumo con tarjetas en el exterior, y el largo etcétera que se dispone a desmontar el modelo económico neoliberal.

Desafíos que para el gobierno de AF, cercado por regímenes hostiles y funcionales a Washington y Tel Aviv, dibujan densos nubarrones: el Brasil del desquiciado (Jair) Bolsonaro, el Chile del genocida (Sebastián) Piñera, el Paraguay neocolonial de Mario Abdo Benítez, la OEA de Luis Almagro y, por sobre todo, el agresivo grupo golpista de fascistas que en noviembre pasado dieron un golpe de Estado en Bolivia, derrocando al presidente Evo Morales.

Con excepción de Paraguay y Uruguay, pocos presidentes asistieron a la transmisión del mando. Chile, Perú, Ecuador y Colombia enviaron funcionarios de segunda línea, mientras la presencia de Jorge Rodríguez (ministro de Comunicación de la República Bolivariana de Venezuela), y del expresidente de Ecuador Rafael Correa, fue causa suficiente para que el yankicubano Mauricio Claver-Carone (enviado de Donald Trump y asesor para del Consejo de Seguridad Nacional) se retirara del acto protocolar, poniendo en cuestión el perfil democrático de Alberto Fernández.

El periodista Horacio Verbitsky apuntó que Elliot Abrams (representante especial del Departamento de Estado para Venezuela) le habría transmitido a Fernández el desacuerdo de su jefe, Mike Pompeo, con el gesto de Claver. No obstante, el enviado de Pompeo, Michael Kozac, permaneció en el país y asistió al almuerzo previsto por el nuevo gobernante argentino. “Y en el tête à tête con Kozac –dice Verbitski– cada parte se atuvo a su propia visión. Para los estadounidenses, no le hace bien a la democracia la radicación aquí del expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia… Para el argentino, lo que no le hace bien a la democracia es el elogio de Trump al Ejército que forzó la renuncia del presidente” (El cohete a la luna, 15/12/19).

En cambio, el caso del presidente de Paraguay, Mario Abdo, luce más preocupante. Habiendo sido el primero en saludar a Fernández en la Casa Rosada, Abdo se reunió tres días después con Trump. Y luego, lo hizo en una reunión ampliada con Pompeo; el jefe de gabinete, Mick Mulvaney; el asesor presidencial del Consejo Nacional de Seguridad, Robert O’Brien; el presidente de la Corporación Internacional de Finanzas para el Desarrollo Adam Boehler, y el citado Claver Carone. Según el periodista paraguayo Celso Guanipa Castro, de la declaración conjunta Trump-Abdo se desprende que Estados Unidos proveerá a Paraguay financiamiento para entrenamiento militar y educativo en el 2020 y en el 2021, y que “el Comando Sur ejecutará un ejercicio de respuesta conjunta a crisis regionales en el 2021…” (sic, Nodal, 16/12/19).

Por ahora, la nueva generación de argentinos, que promete. Así, cuando en la noche del 10 de diciembre la jefa apareció en el templete levantado para la ocasión, 300 mil jóvenes la saludaron haciendo cimbrar la Plaza con la V de la victoria: ¡Cristina! ¡Cristina corazón! ¡Acá tenés los pibes para la liberación!

Chile: represión que no cesa (La Jornada)

Editorial

Van más de dos meses del inicio de las protestas sociales que sacuden a Chile y que se originaron por un intento gubernamental de elevar la tarifa del Metro de Santiago. El inesperado brote de descontento se generalizó muy pronto al resto del país y adquirió un rumbo preciso: poner fin al modelo neoliberal que impera en la nación austral desde la instauración de la dictadura militar que derribó al presidente Salvador Allende (1973) y continuado por los siguientes gobiernos de la democracia formal.

Asimismo, el movimiento hizo patente la escasa representatividad de las actuales instituciones y demandó la redacción de una nueva Constitución que remplace al documento de 1980, redactado bajo la presión de los remanentes de la dictadura con el propósito de impedir cambios sustanciales en esa orientación económica y en la conformación del Estado.

El gobierno que encabeza el derechista Sebastián Piñera ha simulado sensibilidad ante las protestas, y en ese sentido dejó sin efecto el alza tarifaria mencionada, procedió a la remoción del gabinete presidencial en pleno y ofreció algunas concesiones menores en materia laboral y educativa.

Por otra parte, el oficialismo maniobró para neutralizar la exigencia de un nuevo texto constitucional. Pero es claro que la administración chilena, si bien aislada, debilitada y cada vez más deficitaria en legitimidad, no tiene la menor intención de emprender un cambio significativo en el modelo imperante, el cual si bien ha dado a Chile una estabilidad macroeconómica sin paralelo en América Latina con cifras de crecimiento en apariencia envidiables, se ha traducido en un incremento indignante de la desigualdad y en la pérdida de derechos básicos –sobre todo, educativos, laborales y de salud– para la mayoría.

Lo más alarmante, sin embargo, es la brutal persistencia represiva del régimen en contra de las manifestaciones masivas que, a dos meses de iniciadas, no dan muestra de declinar: las fuerzas del orden –particularmente, la corporación de granaderos– han disparado indiscriminadamente con balines de goma sobre manifestantes y viandantes, han rociado con gases lacrimógenos avenidas, parques y hasta escuelas y edificios habitacionales, han matado a más de 20 personas, lesionado a miles, perpetrado cientos de violaciones y otras agresiones sexuales en contra de mujeres y de hombres, y han incurrido en otras modalidades de tortura.

La información sobre las decenas de jóvenes que han perdido un ojo o ambos por disparos de carabineros realizados a corta distancia ha dado la vuelta al mundo, y los abusos sexuales de la policía dieron origen a un motivo de protesta feminista que muy pronto se volvió vuelto universal: Un violador en tu camino. Y la barbarie se supera a sí misma: el pasado fin de semana la opinión pública se estremeció con el video de un manifestante que fue prensado entre dos vehículos antimotines, lo que le provocó graves lesiones internas.

Un hecho que no debe pasarse por alto es que la insólita barbarie represiva del gobierno de Piñera tiene en la historia reciente el sustrato de la violenta dictadura pinochetista, que fue un paradigma mundial de atropello a los derechos básicos de la población.

Por más que hoy está en las calles de Chile una generación que mayoritariamente no enfrentó los horrores del régimen militar –y que, por consiguiente, no tiene el temor que quedó impreso en quienes sí los vivieron–, la referencia es ineludible y lleva a preguntarse si puede considerarse democrático un gobierno que para contener las manifestaciones en su contra recurre sistemáticamente a una violencia de Estado no muy distinta a la que empleó en su momento la tiranía castrense de Pinochet.

La dictadura boliviana prepara una mayor represión de campesinos bolivianos (Rebelión)

Ernesto Reyes

Con la luz verde de la Casa Blanca, que no hace más que asegurar el rápido y buen traslado de su estrategia político-militar hacia territorio boliviano, el gobierno de facto de Jeanine Áñez se prepara con todo para responder con el recurso desproporcional de la fuerza represora a los más mínimos movimientos de resistencia popular que se den en ese país sudamericano, particularmente en los núcleos indígena campesinos leales a Evo Morales, quien fue desalojado del poder mediante un golpe de Estado el 10 de noviembre.

El modo en que los golpistas bolivianos se han propuesto mantenerse en el gobierno, evitar la protesta social contra sus medidas antinacionales y seguir contando con el apoyo de amplias capas fascistizadas de la clase media, es por la represión concentrada y selectiva a la vez del movimiento campesino-indígena, que es el “sujeto histórico” que lideró el Proceso de Cambio.

Hay tres hechos –uno interno y dos externos- que confirman el modo en que el gobierno ilegítimo pretende avanzar en la línea estratégica de desmontar las bases materiales y simbólicas del Proceso de Cambio, así como las conquistas sociales logradas en el Estado Plurinacional.

El primero, de ninguna manera sorpresivo y el más importante con respecto a los otros dos, es el pronunciamiento del presidente estadounidense Donald Trump, quien a través de su cuenta en Twitter sostuvo en la tarde del martes 17: "apoyamos a @JeanineAnez en Bolivia mientras trabaja para garantizar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres. Denunciamos la violencia en curso y los que la provocan tanto en Bolivia como desde lejos. ¡Estados Unidos apoya a la gente de la región por la paz y la democracia!".

No es nada sorpresiva la posición del Presidente estadounidense. Para decirlo claro, no es que Áñez recibe el apoyo de EEUU a una línea propia, autónoma y nacional, sino es Trump quien respalda la política general de los golpistas que, a través de una senadora desconocida antes de ser colocada como presidente, solo están materializando la estrategia estadounidense para América Latina en un país importante desde el punto de vista geopolítico en la subregión.

La estrategia, que recupera los aspectos positivos para los intereses imperiales de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de la Guerra de Baja Intensidad –desarrolladas en la región entre las décadas de los 60 y 80-, consiste en el despliegue de la “guerra total y permanente” contra todos los gobiernos y movimientos de izquierda y progresistas de América Latina con el objetivo de “cerrarles el paso a todos los espacios legales e institucionales” que amenacen la hegemonía estadounidense y el orden establecido.

Esta estrategia se opera mediante la combinación de viejos y nuevos métodos de desestabilización, intervención y dominación conocidos en la historia de América Latina.

A diferencia de algunas interpretaciones parciales y erróneas de algunos ingenuos políticos e intelectuales progresistas, quienes llegaron a suponer que el poder duro (hard power) había sido sustituido por el poder blando (soft power), sobre todo en la llamada “era Obama”, la combinación de lo empleado antes y de lo incorporado en los últimos años es la principal característica de la estrategia en curso.

Esos métodos van desde el uso, directo e indirecto, del componente militar (golpes de Estado e intervenciones directas) hasta los novedosos juicios políticos (lawfare) y noticias falsas (fake news), pasando por las ya conocidas sanciones y acciones internacionales a través de organismos como la OEA.

El segundo hecho es la promulgación del Decreto supremo 4116 que hizo hace pocos días la autonombrada presidenta Áñez, por el cual se autoriza al Ministerio de Defensa la adquisición, en el extranjero, de material bélico de uso militar.

¿Cómo justifica la compra el ministro de facto de Defensa? La respuesta es como escuchar al mismo Trump: “el país está amenazado, y el boliviano y la boliviana están amenazados permanentemente por gente del exterior armada, por narcoterroristas y por un expresidente (Evo Morales) que permanentemente está incitando al odio y la violencia, el terrorismo y la sedición. Debemos estar preparados para eso”.

Esto quiere decir, para no equivocarse, que la represión será la política general de este gobierno y se basará no en el uso legítimo de la fuerza policial, como encargada de mantener el orden público, a veces con excesos, sino en la participación de las Fuerzas Armadas.

Esto implica, al mismo tiempo, que las masacres de Sacaba y El Alto no habrán sido un hecho aislado, sino que se tienen previstas otras masacres, donde sean necesarias, para evitar la organización del descontento popular.

Las masacres de Sacaba (15 de noviembre) y Senkata, y El Alto (21 de noviembre) fueron producto de la acción combinada de policías y militares (a estos últimos se les garantizó mediante decreto estar exentos de procesos penales), con un saldo de más de 32 muertes y centenas de heridos, según da cuenta un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que visitó Bolivia en la segunda quincena del mismo mes.

Como ocurrió desde la mitad de la década de los 80 hasta fines del 2005, la represión como política general se concentrará, principalmente, en la región del Chapare y en base al discurso, característico de la estrategia estadounidense desde la caída de la URSS, del “terrorismo y el narcoterrorismo” con presencia externa.

El tercero hecho, en el que no vamos a profundizar ahora, es la peligrosa militarización de la política de defensa y seguridad de América Latina, como ya se aprecia en los casos de Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Este “retorno” de los militares a la escena política es uno de los efectos de la “guerra permanente y total” que EEUU impulsa en la región.

La biblioteca prohibida de García Linera (El Cohete a La Luna)

onemos online los documentos del Vicepresidente boliviano que los golpistas quisieron destruir

María Clara Albisu y Martín Anzorena

A poco de consumado el golpe de Estado en Bolivia, un rumor circuló en redes sociales: el incendio de la biblioteca personal de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. De comprobarse tal pérdida, nunca confirmada, sin duda estaríamos frente a otro acto de barbarie de parte de los fascistas del 10 de noviembre.

En “La biblioteca en llamas”, la periodista Susan Orlean narra: "en Senegal, la expresión amable para indicar que alguien ha muerto es decir que su biblioteca ha ardido". La conflagración golpista de la derecha racista boliviana sin duda intenta matar las ideas de Evo Morales y García Linera para intentar matar su proyecto político, su gravitación en torno a los asuntos del país, sus casi catorce años de reformas y a la clase social boliviana que por primera vez llevó las riendas de lo propio.

Al mismo tiempo que se alzaba el rumor de la biblioteca en llamas del vicepresidente, se concretaba, sin necesidad de fósforos, la censura y desaparición de las obras editadas por la Vicepresidencia de Bolivia.

Las producciones que estaban disponibles libremente en el sitio web de la oficina que hasta el domingo ocupaba Álvaro García Linera servían como insumos políticos y teóricos, pero a la vez como repositorio, archivo y memoria de las ideas de los pueblos del Estado Plurinacional.

La colección contiene varias revistas, recopilaciones de discursos, informes gubernamentales, artículos de análisis político, relevamientos de discusiones en torno a la reforma constitucional y producción teórica sobre el Estado Plurinacional.

Los autores son muchos, desde Álvaro García Linera hasta Slavoj Žižek o la disuelta dupla podemista de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, pasando por una pléyade de pensadores y actores de la vida política, sindical, académica, intelectual y administrativa boliviana y latinoamericana.

Se trata, esencialmente, de materiales que permiten cumplir un objetivo que distingue al proceso de cambio comandado por Morales y García Linera de otros análogos en nuestro continente: pensar a Bolivia desde Bolivia, en simultáneo a su transformación y para alimentarla.

A horas del golpe de Estado y a la luz de la evidente ansia del núcleo golpista por acabar con todo rastro del proceso emancipatorio que protagonizaron Morales, García Linera y su pueblo, vislumbramos que el sitio web de la Vicepresidencia era un obvio objetivo de las llamas, candidato a dejar de existir, y con él las ediciones disponibles para quien las requiriera.

Aunque varias de esas obras pueden encontrarse desperdigadas por Internet, concertamos de manera artesanal una estrategia de preservación y sistematización del material, como unidad documental, con vistas a su futura reposición y publicación, que hoy concretamos gracias a la generosidad de El Cohete a la Luna.

El gobierno de facto de Jeanine Áñez, en un gesto típico en el que incurre casi de modo ritual cualquier dictadura que se precie, finalmente quemó la biblioteca virtual, eliminando el sitio de la Vicepresidencia el mismo día que producía la masacre en Sacaba.

Las ideas detrás del proyecto de país que los indios defienden desde El Alto, Cochabamba, Senkata y las calles hostiles de La Paz están acá, para restablecer su circulación y difusión, para que les sean devueltas como herramientas, esta vez para la resistencia y defensa del Estado Plurinacional que supieron construir.

La baja popularidad de Álvaro Uribe, una sombra para los que apadrina (Rebelión)

Fernando Alexis Jiménez

La mejor decisión del expresidente Juan Manuel Santos fue desmarcarse del hoy senador Álvaro Uribe y la peor del presidente Iván Duque Márquez, seguir a su sombra, con lo cual su índice de impopularidad ha crecido ostensiblemente.

Es una percepción que toma fuerza entre la opinión pública y que, difícilmente, podrá modificar el próximo secretario de prensa de la presidencia, Hassan Nassar, a menos que ande con una lámpara como la de Aladino y que de su interior -al frotarla- salga un genio que le conceda tres deseos: sensatez para que el mandatario no siga empecinado en su propia verdad, que los periodistas dejen de ver la realidad del país y que la inconformidad de la base popular disminuya. Ninguno de los tres probable, ni tan siquiera remotamente.

El discurso de la seguridad democrática cautivó en su momento. Pero los errores de Uribe, el favorecimiento a los empresarios, las medidas económicas lesivas a los más pobres, la política de tierra arrasada y los falsos positivos, entre otros, llevaron a que progresivamente mermara el encanto que lo llevó a ser reelegido.

Impuso su candidato: Santos. Afortunadamente él decidió gobernar bajo su propio criterio, que si bien es cierto no fue el mejor, le permitió tomar sus propias decisiones y no caminar por el sendero que pretendía trazarle Uribe. La disposición de deslindarse, le provocó toda suerte de críticas y la animadversión de su mentor, pero logró salir adelante, con aciertos y desaciertos.

Iván Duque Márquez, por el contrario, no solamente pertenece a su línea de gobierno y de pensamiento, sino que, en criterio de la mayoría de los colombianos, es hasta tal punto fiel copia, que adoptó incluso el hablado paisa cuando es de puro origen bogotano.

Uribe es una sombra para quienes se le arriman. En el Valle del Cauca quien creyó que arrasaría en las elecciones para gobernador, el empresario Francisco Lourido, terminó en cuidados intensivos por las quemaduras e, igual, Roberto Ortiz, el Chontico. Su camino a la alcaldía de Cali iba bien hasta que Uribe le anunció su respaldo.

Eso solamente en el Valle del Cauca, incluyendo por supuesto los municipios. El panorama nacional fue muy similar. Los guarismos electorales así lo demuestran.

La reciente encuesta que se conoció sobre Uribe lo ubica con un 69% de desfavorabilidad, el índice más alto: 69%. Una cifra histórica por encima de Germán Vargas Lleras y de Sergio Fajardo.

Pero volvemos a la tesis: Iván Duque Márquez que es su pupilo, tiene una percepción de desfavorabilidad del 70%, mientras que la favorable es solo del 23%.

Algo que sí debemos abonarle al gobernante es su capacidad de concitar el apoyo para sacar adelante iniciativas impopulares como la Ley de Crecimiento Económico. Le importó un pepino el conjunto de movilizaciones en el país, procurando la revisión de la iniciativa y unió a su causa a Cambio Radical, el Partido Conservador y Colombia Justa Libres que en un comienzo salieron a la palestra como defensores de los perjudicados con esta nueva reforma.

Si no se puede hablar de mermelada para los congresistas, ¿de qué hablamos entonces? De mazamorra con panela rayada, como siempre le gustó a Uribe en su acogedor Rionegro.

Lo mejor que podría hacer Duque es apartarse del senador y comenzar a gobernar al país, al menos por respeto a quienes lo eligieron. Seguir a la sombra del expresidente, lo llevará a crecer su nivel de impopularidad más que cualquier otro en la historia.

Perú: Elecciones atípicas y estallidos sociales (Rebelión)

César Zelada

El cierre del Congreso de la República, por parte del Ejecutivo, sorprendió a tirios y troyanos. Y más al fujiaprismo, que pretendía vacar al mandatario Vizcarra. Y es así como nos encontramos ahora en un escenario de adelanto de elecciones, con viejas y nuevas reglas de juego (franja publicitaria estatal que no permitirá conocer bien a los candidatos), donde la campaña electoral en sí misma, pareciera pasar desapercibida para el ciudadano común y corriente, ya que las mismas son convocadas para complementar el período de los congresistas destituidos. En este sentido son elecciones atípicas.

Y en efecto, a un mes de las elecciones del 26 de enero, según varias empresas encuestadoras, más del 50% de la población electoral no sabe todavía por quién votar, el voto nulo alcanza al 22% (con tendencia a subir) mientras que solo el 16% dice estar seguro de su voto. “Ni reír, ni llorar, comprender”, diría el filósofo Baruch Spinoza. Y es que esta contienda política se da en un contexto donde, por un lado, los ciudadanos están más preocupados por las fiestas de fin de año, y por otro, por el odio o indiferencia del poblador con los políticos (siendo este un síntoma profundo en los sectores más pobres), donde por regla general, una buena parte de los electores recién deciden su voto entre el debate electoral final y la última semana previa a la elección.

A estos factores habría que agregar que estas encuestas podrían reflejar una tendencia a la recomposición del régimen político, así como un recordatorio de “marca” tanto por las recientes elecciones locales (donde AP salió ganador), como por la confrontación mediática contra el fujiaprismo acaparando titulares de prensa todos los días.

No obstante, a la misma vez, hay algunas estadísticas que son interesantes para el análisis, partiendo de que las encuestadoras responden a un status quo y que las mismas son “fotos” de un momento determinado, donde lo más importante es la valoración de las tendencias de la opinión pública.

En este marco, es comprensible que la derecha (y centro derecha), siga manteniendo la hegemonía política nacional ya que el Cierre del Congreso, no se produjo por una rebelión popular, sino por la iniciativa estratégica que sigue teniendo el populismo liberal en el poder. La clausura del Parlamento por las masas sublevadas podría haber generado una “sacudida” del pensamiento conservador de los trabajadores peruanos. Ejemplos de esto lo tenemos, en otro nivel, en el Argentinazo que aupó al poder al Kirchnerismo o en el Bolivianazo que coadyuvó el ascenso del indígena Evo Morales a Palacio Quemado. En Perú, en cambio, fue la policía la que clausuró el Congreso por órdenes del bonapartista Vizcarra, acentuando el pensamiento conservador en lxs electores.

Así las cosas, las diversas denuncias como la de los peajes contra el alcalde Jorge Muñoz, pareciera no hacerle mella a los partidarios de la lampa que figuran en el primer lugar de las preferencias electorales con un 10.1%, mientras que Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP), el Partido Morado (PM), el Partido Aprista Peruano (PAP), y Somos Perú (SP) bordean el 6.8%, 4,3%, 4.1%, 3.2% y el 2.7%, respectivamente (Encuesta IEP, La República, 15/12/19).

Y si bien es verdad, la encuestadora IPSOS, ubica a AP, FP, PM y APP, entre los primeros cuatro preferidos, pues, es interesante observar cómo Vamos Perú (VP), el Partido Popular Cristiano (PPC), y el APRA, aparecen con el 2% de intención de voto, en el séptimo, octavo y noveno lugar. Atrás, con el 1%, se encuentran el FREPAP, Avanza País (AP), Democracia Directa (DD), Perú Podemos (PP), Juntos por el Perú (JP), Unión por el Perú (UPP), Perú Patria Segura (S), y Perú Libre (PL). Talvez estas diferencias se deban a que mientras que IEP realizó su encuesta hasta el 19 de diciembre, la de IPSOS, es del 11-13 de diciembre, una semana antes.

Sin embargo, algo a destacar de ambas empresas encuestadoras, a pesar del carga montón del establishment contra la izquierda por no postular unida, es la ubicación expectante que le dan al centroizquierdista Frente Amplio (FA).

Mientras que IPSOS le da un 3%, IEP le da un 2.1%, algo comprensible dentro del marco del error técnico. Es obvio que la unidad de toda la izquierda pudo haber tenido un mayor impacto emocional en la población (como sucedió en su momento con Izquierda Unida), lo que difícilmente podríamos decir de la derecha que va dividida en 18 partidos políticos, sin embargo, pareciera que las amargas experiencias del FA con Verónica, la división de la bancada congresal, escándalos de corrupción apuntando a Jehude Simons, una “flor” como marca posicionada y un cuadro mediático como “Chaparrón”, empujaron al FA, a promocionar sus propios cuadros políticos y a desarrollar una estrategia de alianzas con líderes de los movimientos sociales e intelectuales como de la Federación Minera, maestros radicalizados, Magno Ortega, Rocío Silva Santiesteban, Arlette Contreras (Ni una Menos) o Farid Matuk.

Es también de destacar que, según IPSOS, los sectores A y B, sean los que más respaldan a AP, con el 28% y 14% respectivamente, mientras que los sectores C y E se inclinan por el fujimorismo con el 8% y 13% también respectivamente, que podría expresar –en este último caso- su voto duro y el sector más atrasado políticamente. En el sector E solo se ve con tendencia a subir a APP, Morados y el FA. Y en este sector es probable que el antaurismo también dé una sorpresa.

En definitiva, hay “miradas” para todos los gustos, pero con un factor particular para analizar ya que de elegirse a varios candidatos fujimoristas que van “camuflados” en varias listas, pues, la crisis podría volver a salir a la superficie generando estallidos sociales ya que el cierre del parlamento por parte de Vizcarra, respondía a descomprimir la ira popular, que, en su momento también rechazaba el co-gobierno congresal con el fujiaprismo y/o escándalos de corrupción de varios partidos que hoy lideran las encuestas como AP, APP, SN, etc.

Otro factor como expresión de la propia crisis política es el hecho que hasta la derecha se haya visto obligada a levantar propuestas populistas como la eliminación de los privilegios de los congresistas incluyendo hasta los Iphones, bonos, pasajes aéreos, etc. Todo con el fin de evitar una rebelión popular y afirmar la tendencia a la recomposición del état politique bourgeois.

Finalmente, hay que señalar que la guerra política electoral se desarrolla en un clima enrarecido, de tendencias a la reacción (golpe de Estado en Bolivia), así como de tendencias a la rebelión popular (Haití, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Colombia), polarizante (con la cuestión de la Constituyente), de liberación de Keiko, de denuncias de corrupción contra el gobierno vizcarrista, de protestas de nuevos movimientos sociales como las de Secundaria combativa y los colectiveros; y de una crisis económica que tiene a la caída del crecimiento del PBI hasta el 2% como un efecto central de la crisis mundial, que en otros países ha producido estallidos sociales históricos (Piñera fue electo en el 2017 con el 54,48% de los votos y hoy solo tiene el respaldo del 4% de la población).

César Zelada. Director de la revista La Abeja (Teoría, análisis y debate).

El Gobierno de Bolsonaro camina hacia el abismo (Rebelión)

Raúl Zibechi

Sputnik (Rusia)

Cada vez hay más preocupación en los círculos financieros internacionales por la suerte del presidente brasileño Jair Bolsonario y sus reformas debido a la conjunción de turbulencias políticas en la región y en su propio país.

La preocupación se relaciona con los llamados tiempos políticos. Se considera que el primer año de Gobierno es clave para emprender reformas, ya que luego las inercias y las trabas del propio sistema tienden a ser mayores, en particular cuando se avecinan tiempos electorales.

El influyente periódico británico Financial Times, se pregunta si a Jair Bolsonaro ya se le pasó la hora de hacer las reformas que Brasil necesita.

Según el diario inglés, la ventana de oportunidades se produjo entre enero de 2019, fecha en que Bolsonaro asumió la presidencia, y las elecciones municipales de 2020. El periódico se pregunta si el presidente "sucumbirá nuevamente a su hábito perpetuo de decepcionar a los inversores".

Los mercados financieros globales recibieron con euforia al Gobierno de Bolsonaro, lo que se refleja en la impresionante subida de la bolsa (Bovespa), que durante su primer año trepó por encima de los 100.000 puntos, escalando un 30% este año.

Los mercados esperan mucho más de un alumno aventajado de la escuela neoliberal de Chicago. Restan por implementarse la reforma de la administración pública y sobre todo una simplificación del sistema tributario que los empresarios consideran una cuestión irrenunciable, ya que es muy riguroso y burocrático.

Los márgenes del Gobierno brasileño quedaron expuestos cuando el ministro de Economía Paulo Guedes, el más fervoroso defensor de las reformas, admitió la necesidad de frenarlas por temor a un contagio de la situación que vive la región.

En efecto, días atrás, Guedes declaró en Washington que nadie debería sorprenderse si en Brasil hubiera manifestaciones como las que suceden en Chile y su Gobierno reaccionara imponiendo un nuevo Acto Institucional-5. Se trata de un decreto de la dictadura militar que otorgó potestades a las Fuerzas Armadas para cerrar el Congreso y suprimir la oposición.

Uno de los más importantes opositores a esa medida es el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que implementó un riguroso programa neoliberal en la década de 1990 y es atentamente escuchado por el mercado financiero.

Más aún, ya surgen voces incluso dentro del sistema financiero que dudan de que Bolsonaro vaya a aprobar las reformas que prometió, ya que "como legislador nunca apoyó ese tipo de cambios". En ese sector se extiende el temor de que el pequeño crecimiento que se registra, de apenas el 1% del PIB, luego de años de retroceso, se vea afectado por una política sin rumbo como la que encara Bolsonaro.

En la mencionada rueda de prensa en Washington después de reunirse con Donald Trump, Guedes admitió también que la oleada de protestas en la región llevó a su Gobierno a paralizar las reformas administrativa y tributaria.

Las luces rojas se encendieron en Brasilia cuando estalló la protesta en Chile, considerado el país modelo en la aplicación de medidas neoliberales en la región. Uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, diputado federal, señaló antes incluso que el ministro de Economía la posibilidad de reflotar el decreto de la dictadura.

Es evidente que existen temores en el Gobierno. Bolsonaro envió al parlamento un proyecto de ley para garantizar la impunidad de los militares, policías federales y agentes de la fuerza nacional durante operaciones que se realicen en el marco de la legislación Garantía de Ley y Orden.

Esto en un país donde los agentes policiales matan impunemente desde hace ya mucho tiempo. Los estudios realizados en el estado de Río de Janeiro, destacan que más del 90% de las muertes provocadas por policías y militares no son investigadas y acaban archivadas por la justicia. Desde que asumió el gobernador bolsonarista Wilson Witzel (de enero a octubre), han sido muertas 1 546 personas, la cifra de letalidad policial más alta desde que existen registros, después de 1998.

La situación en Brasil se encamina hacia el fracaso del Gobierno de Bolsonaro, lo que se traduce en la necesidad de buscar o de crear un enemigo interno para culparlo de un seguro fracaso electoral. Pero hay algo más.

Lo primero, es que un Gobierno que frena su programa estrella de reformas por temor a un estallido social es necesariamente un Gobierno débil. Las razones de esta debilidad hay que buscarlas en la forma como llegó al poder: una avalancha de votos poco consolidados, arrastrados por promesas imposibles de cumplir en una situación de profunda crisis económica, social y política.

Todos los datos indican que el bolsonarismo va quedando reducido a su núcleo duro, alrededor del 30% del electorado. Una cifra muy importante que permite concluir que esa corriente no va a desaparecer, pero que tendrá enormes dificultades para repetir dentro de tres años. Es la debilidad intrínseca de las fuerzas que lidera Bolsonaro lo que provoca deslices como los señalados.

La segunda consiste en que tanto el sistema financiero como el político consideran que la situación regional es explosiva, que luego de lo sucedido en Chile puede suceder cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier momento. Si estalló la ciudadela neoliberal, el oasis, como dijo el presidente Sebastián Piñera, los países con situaciones más delicadas pueden preparase para lo peor.

En Brasil las huestes de Bolsonaro tienen perfecta conciencia de que son una camada de intrusos en el sistema político brasileño, que crecieron de forma geométrica y, sobre todo, que cualquier desliz puede devolverlos a una oposición de la que nunca creyeron que iban a salir. En suma, son oportunistas que medraron en una situación extremadamente crítica.

Creo que tanto la izquierda como la oposición de centro-derecha brasileñas, están domesticando las aristas más filosas del bolsonarismo, cuando aún no ha cumplido su primer año. Lo que aún no sabemos es qué hará la calle. Sería una ironía de la vida que un movimiento que creció cuando millones ocuparon las calles desde el año 2013, impulsadas por la ultraderecha, cayera por la misma medicina que le llevó al poder.

Brasil: reconquistar la democracia (Rebelión)

Alice Portugal*

En menos de un año de gobierno centrado en torno a una fuerza de extrema derecha, sus vasallos y robots, Brasil se encuentra inmerso en la más profunda crisis económica, social y política de los últimos 30 años.

Ganaron las elecciones gracias a las fake news y al control de la información, con parte de los medios de comunicación haciendo de caja de resonancia a los sectores más politizados del poder judicial, sembrando el odio hacia la izquierda y estimulando la criminalización de la política.

Bolsonaro mintió al pueblo, profundizó e hizo reformas regresivas, eliminando derechos laborales y previsionales. Está desmantelando el Estado brasileño por medio de las privatizaciones del sector público, favoreciendo la deforestación de la selva amazónica y ahora, a través de tres Propuestas de Enmienda a la Constitución (PEC), destruyen el servicio público y la economía nacional.

Bolsonaro dijo que generaría empleos, pero hoy superamos los 12 millones de desempleados, más de seis millones de desalentados, con una población de casi 30 millones en grave pobreza. Uno de cada cuatro brasileños vive con menos de 420 reales brasileños. Pobreza, desempleo y regreso del hambre y de la miseria que estaban en retroceso en el país.

El Presidente dijo también que la economía crecería, pero estamos en depresión económica, descrédito internacional y alza del dólar. En este segundo semestre, la cotización del dólar registró un récord nominal desde la creación del Plan Real, cerrando a 4,24 reales brasileños en la venta.

La desigualdad es la marca de ese gobierno. Según la ONU, Brasil tiene la mayor concentración de renta del mundo, pierde solo ante Qatar. El 1% de los más ricos concentra 28,3% de la renta total.

Dijo, además, que atraería inversiones internacionales, sin embargo, la subasta del presal mostró el profundo desinterés que el mercado internacional tiene de hacer negocios en Brasil. Un Gobierno autoritario y errático no inspira confianza a los inversores extranjeros.

El Gobierno oprime a los trabajadores, desarticulando el movimiento sindical y criminalizando la participación política de funcionarios.

¡Este es el momento de darle la vuelta a las cosas!

Chile, hoy, puede ser el Brasil de mañana. Tenemos que revertir esta tendencia destructiva y, con creatividad, retomar la ofensiva política con el movimiento sindical y social por la reconquista de derechos y de libertad de organización.

¡La defensa de la democracia está en el orden del día! Mantuvieron a Lula prisionero, sin culpa, durante 580 días, en una curva creciente de agresiones a las libertades. El clan Bolsonaro comete desatinos diarios. El y sus hijos proponen la vuelta del AI-5, el armamento generalizado y exponen relaciones con milicianos, provocando una enorme inestabilidad política.

Ahora, uno de ellos es investigado por supuesta implicación en el asesinato de Marielle Franco.

Necesitamos un amplio frente articulado en defensa de la democracia. Ya vivimos una dictadura disfrazada y no podemos dejar que la excepción se convierta, de nuevo, en la norma.

Tenemos que proveer a nuestro pueblo de argumentos, enfrentar la arrogancia de este Gobierno y afrontar las elecciones municipales eligiendo a hombres y mujeres del pueblo para dar el pistoletazo de salida de la reconquista de la democracia en nuestro país.

• Diputada federal (PCdoB-BA) y vicelíder de la minoría en la Cámara de Diputados

Los Bolsonaro en la mira de la justicia de Rio de Janeiro por lavado de dinero (Página 12)

El operativo de fiscales y agentes con 24 órdenes de inspección se llevó adelante en las propiedades del presunto lavador de un hijo del Presidente

Dario Pignotti*

Fiscales y policías allanaron propiedades de Fabricio Queiroz, amigo del presidente Jair Bolsonaro y colaborador durante años de su hijo, Flavio Bolsonaro, en un operativo que incluyó requisas en los domicilios del exsuegro y la excuñada del mandatario.

Las investigaciones iniciadas en julio del 2018, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, indican que, al parecer, Queiroz era el encargado de lavar dinero para su entonces jefe, el diputado estadual Flavio Bolsonaro.

Los archivos del Coaf, organismo del Ministerio de Hacienda que registra los movimientos financieros, revelaron que Queiroz recibió regularmente plata de los empleados de Flavio Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Rio. En el Coaf quedó asentada una transferencia de Queiroz para la actual esposa del presidente, Michelle Bolsonaro.

El mandatario se negó a responder a los periodistas que lo consultaron en la residencia oficial de Brasilia sobre los allanamientos realizados en la mañana de hoy en Rio de Janeiro. El abogado de Flavio, Frederick Wasseff, calificó como “maniobra política” el despliegue de fiscales y agentes con 24 órdenes de inspección, ninguna de arresto.

Parte de las diligencias ocurrieron en la zona Oeste carioca, en oficinas y domicilios de familiares de Fabricio Queiroz, cuyo paradero es desconocido desde principios de año cuando fue citado a declarar por la justicia.

Otros allanamientos se llevaron a cabo en Resende, interior de Rio, donde vive la exesposa del presidente, Ana Cristina Siqueira Valle. En esa ciudad fueron incautados celulares y documentos en las residencias del exsuegro y la excuñada del mandatario.

Nueve parientes de Ana Cristina Siqueira Valle fueron contratados por Flavio Bolsonaro, quien ocupó una banca en la Legislatura provincial del 2003 al 2018, y desde enero pasado asumió como senador federal.

El juez estadual Flavio Nicolau autorizó el operativo haciendo lugar a un pedido de la Fiscalía que, según trascendió, fue elaborado hace unos seis meses. La postergación de las requisas e incautación de documentos se debió a una orden del titular del Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, un magistrado bastante permeable a las presiones del Palacio de Planalto.

El mecanismo

Jair Bolsonaro y Fabricio Queiroz entablaron una estrecha relación durante la dictadura militar, en los años ochenta, cuando ambos estaban en el Ejército. Años más tarde Bolsonaro dejó la vida militar, tras un proceso en el que fue acusado de planear atentados, y Queiroz se convirtió en policía provincial en Rio.

Luego de pasar por la Legislatura local el capitán retirado saltó al Congreso federal, desde donde comenzó a montar un clan político-familiar escoltado por sus tres hijos: Flavio, senador federal, Eduardo, diputado federal, y el concejal de Rio de Janeiro, Carlos.

Investigaciones judiciales y artículos periodísticos indican que el cuarteto montó un esquema de recaudación vigoroso, cobrando dinero de los empleados que cedieron parte de sus ingresos o directamente a través de “ñoquis” que jamás aparecían por el Palacio. Uno de los funcionarios que figuraba en las planillas de Flavio vivía en el exterior.

Además, hay documentos judiciales sobre los recursos mal habidos del actual presidente. En las más de quinientas hojas de su divorcio con Ana Cristina Siqueira Valle, esta denunció que el por entonces diputado federal contaba con ingresos y bienes no declarados a la justicia electoral.

Este mecanismo ya era conocido por la justicia desde julio del 2018, pero se le mantuvo en sigilo tal vez (por decir lo menos) para garantizar la victoria del candidato de ultraderecha, según publicaron algunos medios.

Si el operativo de hoy deriva en el arresto de Fabricio Queiroz, podría comenzar a desmontarse el esquema construido desde hace más de dos décadas. Se podría saber cómo se erigió económicamente el imperio Bolsonaro y, en un segundo paso, conocer hasta dónde llegan las relaciones políticas con las milicias paramilitares de Rio.

Ocurre que Queiroz ha mantenido una histórica relación con las “milicias”, y que un gran número de los empleados del clan Bolsonaro son policías retirados sospechosos de integrar esas fuerzas irregulares.

• Corresponsal de Página 12 y la agencia ANSA. Colabora con Le Monde Diplomatique y Milenio, de México

La izquierda latinocaribeña en el 2019 (La Jornada)

Ángel Guerra Cabrera*

En el 2019 se demostró la falacia que auguraba el fin del "ciclo" progresista en América Latina y el Caribe. Bastaría con citar las rotundas victorias electorales de Andrés Manuel López Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina para refutarla.

No obstante, la aseveración sobre el fin del ciclo se basaba en hechos reales y muy lamentables, pero a la vez aleccionadores para las fuerzas populares, progresistas y revolucionarias.

Después de todo, la irrupción de gobiernos populares iniciada posteriormente al arribo de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en el 1999 parecía no solo estar en retroceso, sino haberse detenido en el 2016 tras dos derrotas muy graves para el movimiento popular en Nuestra América: el desplazamiento de la Casa Rosada en diciembre del 2015 del Frente para la Victoria, gracias al triunfo electoral de una coalición neoliberal y pro-imperialista encabezada por Mauricio Macri; y el golpe de Estado mediático-judicial-parlamentario contra la presidenta de Brasil Dilma Rousseff en agosto del año siguiente.

El golpe llevó a una pandilla de bandidos a Planalto que, como ya había hecho el macrismo en el país rioplatense, inició de inmediato un gobierno para el 1%: desmantelamiento del andamiaje de defensa de la soberanía nacional y protección social instaurado por los gobiernos del PT, especulación financiera desenfrenada y venta a las transnacionales de los recursos naturales y bienes públicos. Aunque estas fueron las más costosas derrotas para la izquierda en el período analizado, no fueron las únicas.

En el 2009, un golpe de Estado militar, evidentemente orquestado por Estados Unidos, derrocó al Gobierno del presidente Manuel Zelaya, quien había ingresado a Petrocaribe, la Alba y promovido una política exterior digna y soberana. Cuatro años después era derribado por un golpe parlamentario-mediático el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, notable adherente del progresismo.

A esto debe añadirse la artera traición de Lenín Moreno a sus compañeros de la Revolución ciudadana, al pueblo de Ecuador y a su propio discurso desde que se integró al primer gobierno del presidente Rafael Correa hasta que resultó electo a la primera magistratura del país, desde donde impulsó un retroceso a vapor al neoliberalismo y un entreguismo sin precedente a Washington.

De la misma manera, la injusta y perversa condena de cárcel al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en abril del 2019, maniobra evidente del imperialismo yanqui y la oligarquía local para impedir su segura victoria en la elección presidencial de octubre de ese año.

Como resultado, la elección de Jair Bolsonaro constituyó un refuerzo a las posturas ultraderechistas, no solo en la región sino en el mundo, y a la profundización de las políticas neoliberales y las actitudes aún más obsecuentes hacia el imperialismo, también traídas a sus países por los nefastos presidentes Sebastián Piñera e Iván Duque.

A consecuencia de este devenir, sufrieron también rudos golpes organismos como Unasur –hoy deshecho– y la Celac –en estado de parálisis– que, nacidos después del 2004, habían logrado dar importantes pasos hacia la unidad, la integración y la concertación política soberanas de América Latina y el Caribe.

A su vez, Petrocaribe y la Alba fueron impactados por las consecuencias de la caída en los precios del petróleo y, sobre todo, del recrudecimiento cada vez mayor de la guerra económica estadounidense contra Venezuela y Cuba.

Pero lo más sobresaliente de este año han sido tres factores que constituyen victorias indiscutibles para las fuerzas revolucionarias y progresistas, además de los ya citados triunfos electorales en México y Argentina.

El primero son las grandes protestas populares que recorren el continente desde el primer trimestre del año, que han puesto contra las cuerdas a los gobiernos de varios países de la región, muy especialmente al de Piñera en Chile y al de Uribe-Duque en Colombia.

Contrasta la estabilidad y el orden existente en Cuba, Venezuela, Nicaragua y México con la situación de impopularidad de los gobiernos de derecha, prendidos con alfileres y sostenidos fundamentalmente por el apoyo de Estados Unidos.

Es un hecho que el neoliberalismo no puede gobernar más al Sur del río Bravo sin infringir brutalmente las reglas de la democracia liberal.

El segundo factor es la denodada resistencia y batalla por su desarrollo de Cuba y Venezuela contra la implacable y creciente guerra económica de Washington, signada en el caso venezolano por el golpe permanente y por graves hechos de violencia contrarrevolucionaria.

El tercero es el relevante papel de los países miembros del Caricom en la defensa de los principios del Derecho Internacional, como se vio el 19 de diciembre con la paliza a Estados Unidos y a Almagro en la OEA y en otros hechos de este año.

El golpe de Estado en Bolivia, la derrota electoral del Frente Amplio de Uruguay y un par de asuntos más quedan para la siguiente entrega.

• Analista internacional, graduado de Periodismo en la Universidad de La Habana

Incertidumbre electoral (Por Esto!)

Alfredo García*

Tras la inicial tendencia izquierdista de los precandidatos demócratas a la presidencia, frente al extremismo ultraderechistas del presidente Donald Trump que aspira a su reelección, la oposición demócrata contra un segundo mandato de Trump comienza a moverse hacia el centro.

Estimulado por el triunfo electoral en las elecciones parlamentarias del pasado año, donde los demócratas lograron mayoría en la Cámara de Representantes destacándose la victoria de tres mujeres legisladoras de izquierda, los primeros debates de los precandidatos demócratas se caracterizaron por propuestas económicas y sociales progresistas.

El principal precandidato moderado y exvicepresidente, Joe Biden, líder en las encuestas, comenzó a perder apoyo frente a la embestida izquierdista de los precandidatos Elizabeth Warren y Bernie Sanders.

Sin embargo la polarización política generada por el debate y la votación en la Cámara de Representantes que aprobó someter al presidente Trump al juicio político, trajo a la superficie el carácter mayoritario moderado del Partido Demócrata, así como el tradicional conservadurismo de los republicanos. Según algunos analistas, el giro al centro está siendo percibido por el electorado demócrata como mejor opción para impedir la reelección de Trump.

Después de las elecciones legislativas del pasado año, una encuesta de Gallup reveló que un 54% de los demócratas preferían que su partido se moviera hacia posiciones más centristas y un 41% hacia la izquierda, mientras un 57% de los republicanos elegían una postura partidaria más a la derecha.

La primera consecuencia del juicio político a Trump en el proceso electoral es el movimiento de los precandidatos demócratas hacia el centro, cuyo primer beneficiario es el exvicepresidente Joe Biden, quien ha estado recuperando su liderato en las encuestas.

Un reciente estudio de CNN/SSRS reveló que Biden (49%) supera actualmente a Trump (44%) en las elecciones generales. Ese cambio también ha favorecido al joven alcalde de la pequeña ciudad de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, veterano de guerra, abiertamente gay y defensor de los derechos de la comunidad LGTB, quien inició su campaña política desde posiciones de centro.

La incorporación del multimillonario exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, a la carrera presidencial demócrata es también vista como una señal de la tendencia del electorado hacia programas de centro.

La moderación observada en los últimos debates en Warren y Sanders confirma que la preferencia política que se va abriendo paso entre los demócratas es la de favorecer a quien presente mayor capacidad para derrotar a Trump, lo que equivale a convencer con su programa a moderados, independientes e indecisos.

Mientras tanto, la influencia del juicio político a Trump en la campaña electoral llegó a un punto de no retorno. Una reciente encuesta del periódico digital Huffington Post arrojó que un 49% de los norteamericanos apoya el juicio político a Trump, mientras un 42% lo rechaza y un 9% se encuentra indeciso.

La duda demócrata sobre la “imparcialidad” de la mayoría republicana en el Senado convertido en jurado provocó la amenaza de un bloqueo para iniciar el juicio, en medio de afirmaciones de senadores republicanos de que “no serán imparciales”.

Los demócratas exigen una negociación que establezca garantías de un juicio “justo” antes de enviar los documentos procesales al Senado. Los términos en los que se juzgará a Trump son el centro de las diferencias.

Los demócratas exigen que Mick Mulvaney, jefe de Gabinete interino de Trump, y John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional, comparezcan en el juicio como testigos y los republicanos se oponen. El nuevo curso político de la oposición demócrata y el inicio del juicio a Trump crean una inesperada incertidumbre electoral.

• Periodista y director del semanario Voces

El partido antidemocrático (Progreso Semanal)

(Fragmentos)

Max J. Castro*

Hoy, el principal enemigo de la democracia en Estados Unidos no es Rusia, China, Irán o el Estado Islámico; es el Partido Republicano. Esa es una declaración audaz, pero que puedo probar.

Jugar al sistema se ha convertido cada vez más en la única opción para el Partido Republicano, incluido su actual esfuerzo surrealista por defender al presidente Donald Trump contra la Constitución y a pesar de una montaña de pruebas.

La necesidad es la madre de la invención, según el refrán. En este caso, el cliché dice una verdad. La necesidad es la razón por la cual los republicanos han decidido que la mejor manera, quizás la única, para que el Partido Republicano siga siendo un partido político viable, es por medio de diversas artimañas.

Cuando se gobierna para una base cada vez más reducida —la gente blanca acomodada, sureños, ciudadanos de nacimiento, electores rurales, víctimas de la desindustrialización en el Medio Oeste— su mayor esperanza es burlar a la democracia. En lugar de desarrollar un programa político y un mensaje de amplio atractivo, los republicanos han elegido el estrecho camino de selección y supresión. Selección: identificar a los electores extremistas de Trump y elaborar la retórica para ellos. Supresión: usar métodos estadísticos científicos para concentrarse en los electores anti-Trump y hacer todo lo posible, por cualquier medio necesario, para evitar que voten o desalentarlos a que lo hagan.

La treta significa suprimir los votos de personas inconvenientes, como eliminar los colegios electorales de los campus universitarios, porque las personas jóvenes y educadas no son admiradores de Trump. Cuando se trata de estudiantes universitarios negros en lugares como la Prairie View A&M University en Texas, suprimir sus votos es crucial, y los republicanos se dedicaron a ello en ese estado.

Ya sea trasladando los colegios electorales a kilómetros del campus, exigiendo una identificación que las personas pobres y las minorías no puedan poseer, o haciendo que los expresidiarios que han recuperado su derecho al voto tengan que pagar mucho más de lo que pueden permitirse para ejercer ese derecho, los republicanos son partidarios totales del negocio antidemocrático de evitar que vote el tipo de personas “equivocado”.

Si eso fracasa, lo mejor es recortar el mapa electoral para reducir el peso del voto de “ciertas” personas. Se llama manipulación y, aunque en el pasado ambos partidos la han practicado, el Republicano la ha convertido en un arte.

Esta perspectiva muestra a la cruzada contra la inmigración de manera diferente. Es el otro lado de la moneda de la supresión de votantes. Para los republicanos, la mejor manera de evitar que las personas de color voten en contra de ellos es evitar que entren a Estados Unidos.

El Partido Republicano es antidemocrático debido a una razón más profunda. Consideren lo siguiente: en dos de las últimas tres elecciones presidenciales ganadas por un republicano, el candidato demócrata obtuvo más votos. Al Gore obtuvo 543 000 votos más que George W. Bush en el 2000, pero Bush ganó el cargo gracias al Colegio Electoral. Fue la primera vez en casi 120 años que el perdedor en la votación popular ganara la presidencia, desde la elección de Benjamin Harrison en el 1881.

En el 2016, Hillary Clinton venció a Donald Trump por casi tres millones de votos, más de cinco veces el margen de Gore. El potencial antidemocrático del Colegio Electoral, no utilizado durante más de un siglo, no solo surgió, sino que se convirtió en un factor creciente en la política estadounidense, favoreciendo sistemáticamente a los republicanos.

El Colegio Electoral, una institución establecida por los Fundadores como un control sobre la democracia, sistema no probado en el 1789 y que los artífices de la Constitución temían que se convirtiera en un gobierno del populacho. En un mundo gobernado por los monarcas, esto era una preocupación razonable, en especial porque en aquel momento la masa del pueblo rara vez tuviera apenas una educación primaria.

Pero había otra razón menos sana para la creación del Colegio Electoral y muchos otros controles sobre la democracia. Los firmantes de la Constitución eran todos hombres blancos que poseían propiedades, incluidos seres humanos considerados como propiedad, una élite que se parecía a una aristocracia sin títulos nobiliarios, pompa y ceremonia. Ellos crearon instituciones consistentes con los intereses y estatus de las personas de su clase. Temían que la mayoría carente de propiedades formara una “combinación”, es decir, que se uniera y exigiera una parte de la riqueza.

Al unir todas estas cosas, lo que queda claro es que el poder republicano de hoy depende de los procedimientos más antidemocráticos y los aspectos menos democráticos y más arcaicos del sistema político de los Estados Unidos, desde la manipulación del mapa electoral hasta el Colegio Electoral y el Senado, donde los estados menos poblados están radicalmente sobrerrepresentados, y por último ante el Tribunal Supremo, cuyos miembros, una vez nombrados, sirven de por vida como reyes y que de manera creciente han sido nominados y confirmados más por compromiso ideológico de derecha que por su sabiduría judicial.

Esto deja abierta la pregunta de por qué, después de doce décadas, el voto popular y el Colegio Electoral han comenzado de repente a divergir cada vez más. La pregunta merece un análisis propio más allá del alcance de esta columna, pero aventuraré algunas ideas.

La versión que los republicanos presentan de que el Partido Demócrata se ha desviado violentamente hacia la izquierda es falsa. La facción más progresista del Partido Demócrata se ha desplazado moderadamente en esa dirección, aproximadamente a medio camino de los partidos socialdemócratas europeos. La otra facción del partido, aproximadamente los seguidores de Biden y Bloomberg, apenas han tendido a la izquierda.

En segundo lugar, una simple observación, así como un estudio publicado en The New York Times, muestra que es el Partido Republicano el que se ha movido como un bloque hacia el extremo ideológico, específicamente a la derecha de los principales partidos conservadores europeos, como los conservadores en Gran Bretaña. y los demócrata-cristianos en Alemania. Como de costumbre, se puede tomar lo que afirman los republicanos, invertir el signo y llegar a la verdad.

El análisis anterior sugiere que el Partido Republicano se ha alejado de la democracia debido a su extremismo. Es difícil formar un consenso de gobierno desde las antípodas. Casi no hay intersección entre los dos partidos, lo cual anteriormente era un escenario de compromiso. Es por eso que, a diferencia del juicio político a Nixon, cuyos delitos fueron mucho menos atroces que los de Trump, hubo suficientes republicanos imparciales que se dieron cuenta de que Nixon tenía que ser destituido de su cargo. Ahora, esos republicanos no existen.

Donald Trump ha convocado al fantasma de una guerra civil si es destituido de su cargo. La pregunta final es: a medida que disminuye el electorado republicano con el cambio demográfico y la sucesión generacional, ¿hasta dónde transgredirán la democracia los republicanos para mantenerse en el poder?

• Sociólogo, columnista y activista social

Los avatares de la globalización que nos llegó (La Jornada)

Rolando Cordera Campos

Los signos se obstinan en llevarnos a escenarios ominosos, irrumpa o no la recesión por todos tan temida. La declaración del secretario general de la ONU, António Guterres, en la frustrada reunión de Madrid de la COP25, de que las señales y amenazas del cambio climático ya no están en el horizonte sino a nuestra vista, resume la galaxia de calamidades con las que la comunidad internacional organizada no ha podido lidiar. Ni, al parecer, quiere hacerlo.

Estas asechanzas se acumulan para formar unos escenarios oscuros para lo inmediato, para mañana y desde luego para el año que implacable se abre paso.

No habrá proyecciones o diseño de expectativas nacionales, por parte de los gobiernos o de las organizaciones sociales y políticas, que puedan desprenderse de estas visiones calamitosas que para no pocos portan escenarios punto menos que apocalípticos. Todo depende de todo: de aquí la necesidad de pensar globalmente la política, la economía, el medio ambiente, aunque se tenga que, al mismo tiempo, actuar local o regionalmente. Sin asumir esta obligada y dura sintonía no se podrán trazar estrategias de alcance nacional y lo que solíamos llamar el resto del mundo nos impondrá sin clemencia ni consideración su agenda cargada de exigencias, sesgos, improvisaciones y distorsiones configuradas desde el o los poderes de hecho y sin derecho.

Así lo tuvimos que experimentar en estos infaustos días de efímera celebración por la renovada firma del T-MEC. El principio de interdependencia intensa y en tiempo y real, se nos impuso nada menos que por lo que solía verse como el coto de caza por excelencia del poder corporativo, burocrático empresarial: el mundo laboral ahora de nuevo proletarizado por la nueva industrialización vinculada al comercio internacional y en especial al libre comercio. Con tratado o sin él.

Desde Washington se dejó sentir, sin mediaciones, el afán de republicanos y demócratas, paradójicamente encabezados por Trump, por dejar labrada su impronta en el nuevo tratado. Como lo ha hecho el presidente Trump y han buscado hacerlo los demócratas encabezados por Nancy Pelosi con sus adendas laborales de última hora.

Expresión del oportunismo y el pragmatismo característicos de la política estadounidense, sus reclamos y prevenciones no dejaron, sin embargo, de apuntar a varios de los hoyos negros que la estrategia de desarrollo y comercio internacional de México desde finales del siglo pasado soslayó y pretendió poner bajo la alfombra hasta el final de los días.

Como ocurrió con el TLCAN y sus acuerdos paralelos, en esta nueva jornada nuestros saldos en los temas laboral y ambiental son negativos y advierten de incumplimientos recurrentes que, para muchos, en realidad formaban parte de la estrategia misma adoptada para la globalización económica de México. La competitividad epidérmica contra las que no advertía Fernando Fajnzyl-ver y que tanto daño ha provocado en esos espacios estratégicos para el mundo bravo de la globalización del siglo XXI.

Nuestras fortalezas se tornan debilidades cuando no se reconoce la necesidad ineludible de contar con mecanismos institucionales, desde luego políticos, dispuestos expresamente para propiciar y encausar la adaptación de las fuerzas productivas a circunstancias nuevas y mutantes. Así nos ocurrió cuando empezaron los shocks petroleros, se impuso la stagflation y el neoliberalismo se abrió pasó y decretó el fin del Estado social y conductor de la economía. Y así ha sido el caso, por lo menos, desde el fin de la bipolaridad y el arribo de la globalización y su impetuosa cauda de innovación tecnológica y conmoción política a todo lo largo del planeta.

Visto con esta perspectiva, la audaz decisión de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos no tuvo la continuidad necesaria, sino una incongruente refutación al decretarse que la mejor política industrial era la que no había. Y así empezamos a navegar a golpe de remo y al amparo de corrientes de fondo y superficie que se volvieron una especie de tsunami en el 2008. El nuevo tratado tiene que inscribirse en un contexto de política y estrategia dirigido a crear o recrear energía y potencialidades indispensables para traducir el libre tránsito en consistente progreso productivo y social. Lo que el anterior convenio no prohijó, pero más que nada porque desde dentro, desde el poder y el capital, se creyó que con la magia del mercado de la que hablaba Ronald Reagan nos bastaría.

Ya vimos que no y que la empresa del desarrollo supone proezas y destrezas mayores que no se compran en el mercado libre.

ASUNTOS MILITARES

Las falsedades sobre los ataques químicos en Siria (Almayadeen)

Pedro García Hernández*

Nuevas revelaciones públicas confirman las falsedades elaboradas desde Occidente y en la región relacionadas con presuntos ataques químicos que los grupos terroristas escenifican para culpar al Ejército sirio y alentar aún más la intervención extranjera.

Cadenas estadounidenses como la CNN, argumentan sin prueba alguna o evidencias demostradas, más de 200 acciones con sustancias tóxicas en el territorio sirio, específicamente en las localidades de Guta Oriental en los alrededores de Damasco y en la de KhanSheikhun, al sur de la provincia de Idleb, entre el 2013 y el 2018.

Las más recientes revelaciones en sitios web como Wikileaks o el nada imparcial o a favor de Siria como el diario británico Daily Mail, demuestran que los sucesivos informes sobre esos hechos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), son contradictorios, sufrieron cambios y apelaron a versiones manipuladas.

Ninguna muestra recogida en el lugar de los hechos mencionados evidencia el uso de gas sarín o cloro o la asociación de esos productos altamente tóxicos para crear síntomas de asfixia o causar la muerte y solamente fueron hallados cantidades del segundo elemento químico en "cantidades que se pueden encontrar en cualquier hogar".

De acuerdo con los datos divulgados, tales alegaciones resultaron expuestas en un primer informe actualmente alterado y manipulado, según un alto experto de la OPAQ, cuyo nombre no es revelado, pero recibe el apodo de Voldemart.

Otra alteración del informe original es que se eliminaron datos de al menos 20 especialistas de la OPAQ que cuestionaron el mal manejo de supuestas evidencias obtenidas y la argumentación original, precisaron las denuncias y que corroboran la posición de Siria y Rusia sobre la labor de esa institución de Naciones Unidas.

Un ejemplo en ese sentido es que los llamados Cascos Blancos, al servicio de las organizaciones terroristas, suministraron información de que las víctimas, en el caso de Guta Oriental, fueron al hospital regional de Duma, en esa zona, pero los encargados de salud del centro negaron con insistencia que hubieran tratado a personas con síntomas de intoxicación por sustancias químicas.

En más de una ocasión y en el transcurso de los casi nueve años de guerra impuesta a esta nación del Levante, el Gobierno sirio solicitó a la OPAQ recorrer los sitios presuntamente afectados por ataques químicos, pero de manera consecuente nunca se concretaron esas inspecciones de forma imparcial y sin politizar.

Rusia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó a su tiempo que los informes mencionados son "una serie continua de noticias falsas sobre el uso de cloro y otros agentes químicos por parte de las fuerzas gubernamentales".

Coincidentemente, otras agencias como Anna News o Al Masdar, señalaron que cada presunta acción de ese tipo ocurre cuando el Ejército sirio mantiene la ofensiva, reconquista posiciones y reduce las organizaciones terroristas en zonas de la provincia de Idleb, último bastión que mantienen en Siria.

Por otro lado, la denominada agrupación "humanitaria" de los Cascos Blancos es la principal fuerza utilizada por la Junta para la Liberación del Levante, otrora Frente Al Nusra, para escenificar las provocaciones en ese sentido, algunos de cuyos integrantes bajo la condición de anonimato, expusieron las falsedades de tales acciones a la agencia Sputnik.

Tanto los Cascos Blancos, fundados en el 2013 en Turquía por el recién, extrañamente, fallecido en Estambul James Le Mesurier, continúan preparativos para ejecutar hechos similares en áreas al sur de Idleb y con la colaboración de expertos extranjeros y un apoyo técnico de cámaras y personal que incluso contratan y pagan dinero a los actores de tales escenas.

WikiLeaks, en la más reciente información sobre el tema, señaló que la mayoría de los autores de los informes de la OPAQ “jamás estuvieron en Siria” y añadió que, hasta el director general de la OPAQ, Fernando Aruias, expresó el desacuerdo sobre los documentos emitidos al respecto.

En medio del barraje mediático y desinformador contra Siria, ningún medio de comunicación occidental, o de algunos países del Oriente Medio, alude a las recientes evidencias, mantienen silencio o simplemente dan por hecho una realidad nunca demostrada.

• Corresponsal de Prensa Latina en Siria

ECONOMÍA

La estrategia de Estados Unidos y ‎el precio que pagamos los europeos por ‎la guerra de los gasoductos (Red Voltaire)

Manlio Dinucci*

Después haber excluido al gigante chino Huawei de las licitaciones para el despliegue ‎de la tecnología 5G, Estados Unidos prohíbe a los países europeos incrementar ‎sus compras de gas natural ruso. Si bien la exclusión de Huawei podría explicarse ‎como un esfuerzo por mantener la coherencia de la OTAN, prohibir a Europa ‎aprovisionarse con gas ruso no es una muestra de rusofobia sino la simple aplicación ‎de la «doctrina Wolfowitz», iniciada en 1992: no permitir que la Unión Europea ‎pueda convertirse en un competidor para el Imperio estadounidense. En ambos casos, ‎Estados Unidos impone sus propias decisiones a la Unión Europea y la mantiene en ‎una situación de dependencia.‎

Aunque están‎ enfrascados en un encarnizado enfrentamiento alrededor de la eventual destitución ‎del presidente Donald Trump, republicanos y demócratas votaron casi unánimemente en ‎el Senado la adopción de duras sanciones contra las empresas que participen en el proyecto ‎‎Nord Stream 2, destinado a multiplicar por dos los volúmenes de gas ruso que llegan a ‎Alemania a través del Mar Báltico. Se verán afectadas las empresas europeas que participan en ‎ese proyecto –una inversión de 11 000 millones de dólares– ya terminado en un 80%, con ‎el gigante ruso Gazprom: la empresa austriaca Omy, la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, ‎la francesa Engie, las alemanas Uniper y Wintershall, la italiana Saipem y la suiza Allseas que ‎tienen participación en la instalación de las tuberías. ‎

Estados Unidos estima que al multiplicarse por dos la capacidad de Nord Stream también ‎aumenta la dependencia europea del gas ruso. Pero lo que más preocupa a los estadounidenses ‎es que, al atravesar el Báltico pasando por aguas territoriales rusas, finlandesas, suecas ‎y alemanas, ese gasoducto evita los países del Grupo de Visegrado (la República Checa, ‎Eslovaquia, Polonia y Hungría), los países bálticos y Ucrania, o sea los países europeos ‎más atados a Washington a través de la OTAN –a los que se agrega Italia. ‎

Para Estados Unidos, el asunto es más estratégico que económico. Así lo confirma el hecho que ‎las sanciones contra el Nord Stream 2 están incluidas en la National Defense Authorization Act, ‎la misma ley que asigna al Pentágono la colosal suma de 738 000 millones de dólares, que ‎serán utilizados durante el año fiscal 2020 en nuevas guerras y nuevas armas –incluyendo ‎armamento espacial. A esos 738 000 millones de dólares se agregan otras asignaciones que ‎elevarán el gasto militar estadounidense a unos 1 000 millardos [1] ‎de dólares. Las sanciones económicas contra el Nord Stream 2 son parte de la escalada ‎político-militar contra Rusia. ‎

Otra confirmación de eso es el hecho que el Congreso de Estados Unidos adoptó sanciones ‎no sólo contra el Nord Stream 2 sino también contra el gasoducto TurkStream. También en fase ‎de terminación, el TurkStream atravesará el Mar Negro para llevar el gas ruso hasta Tracia ‎oriental, en la pequeña porción de territorio europeo de Turquía. A partir de allí, a través de otro ‎gasoducto, el gas ruso llegará a Bulgaria, Serbia y otros países europeos. ‎

Esa es la respuesta rusa al golpe que Estados Unidos logró asestarle a la Federación en 2014, ‎cuando logró bloquear el gasoducto South Stream, que debía conectar Rusia con Italia pasando ‎por el Mar Negro y por tierra hasta Tarvisio, en la provincia italiana de Udine. Italia se habría ‎convertido así en centro de redireccionamiento del gas ruso hacia los demás países de la Unión ‎Europea, lo cual habría reportado a los italianos notables ventajas económicas. Pero la ‎administración Obama logró hacer fracasar aquel proyecto, con la complicidad de la propia Unión ‎Europea. ‎

La empresa Saipem –del grupo italiano ENI–, afectada ahora por las sanciones de Estados Unidos ‎contra el Nord Stream 2, ya había sufrido graves pérdidas en 2014, cuando el bloqueo del ‎South Stream le hizo perder contratos por valor de 2 400 millones de dólares, sin contar la ‎obtención de otros contratos que debían derivarse de la continuación del proyecto. Pero en ‎aquel momento, nadie –ni en Italia, ni en la Unión Europea– absolutamente nadie protestó ‎cuando Estados Unidos bloqueó el South Stream. Sin embargo, ahora que están en juego los ‎intereses de Alemania, se oyen en ese país y en la Unión Europea voces que critican las sanciones ‎estadounidenses contra el Nord Stream 2. ‎

Pero no se dice nada sobre el hecho que la Unión Europea se ha comprometido a importar desde ‎Estados Unidos el gas licuado (GNL) obtenido mediante la destructiva técnica de fracturación ‎hidráulica, conocida como fracking. En su empeño por perjudicar a Rusia, Washington trata de ‎reducir en algo la exportación de gas ruso hacia la Unión Europea… pero son los consumidores ‎europeos quienes pagan la factura. ‎

Desde que el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude ‎Juncker, firmaron en Washington –en julio de 2018– la Declaración Conjunta sobre la ‎Cooperación Estratégica USA-UE, la Unión Europea multiplicó por dos sus importaciones de gas ‎estadounidense, llegando incluso a cofinanciar la infraestructura necesaria para esas ‎importaciones con un gasto especial inicial de 656 millones de euros. Pero eso no salvó a las ‎empresas europeas de las sanciones estadounidenses. ‎

• Geógrafo y politólogo italiano.

[1] 1 millardo = 1 000 millones

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