Ataque de Estados Unidos a Venezuela
Ataque de Estados Unidos a Venezuela
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| Parte de Operación Lanza del Sur | |
| Imagen difundida tras la detención de Nicolás Maduro | |
| Fecha | 3 de enero de 2026 |
| Lugar | Caracas, Venezuela |
| Causas | Ejecución de orden de captura emitida por tribunales federales de EE. UU. contra Nicolás Maduro |
| Resumen | Incursión militar puntual de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas, con el objetivo declarado de capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores. El gobierno de EE. UU. calificó la acción como legal; varios gobiernos la denunciaron como una violación de la soberanía venezolana. |
| Resultado | Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a EE. UU. bajo custodia militar. El gobierno venezolano quedó acéfalo y se declaró en emergencia nacional. |
| Consecuencias | Reacciones internacionales divididas; condena de gobiernos como Cuba, Rusia y China; protestas diplomáticas; crisis institucional en Venezuela |
| Territorio | Sin cambios territoriales |
| Beligerantes | |
* Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM)
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* Guardia Presidencial de Venezuela
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| Comandantes | |
| Donald Trump (comandante en jefe); oficiales del SOCOM (no identificados) | Nicolás Maduro; Vladimir Padrino López |
| Fuerzas en combate | |
| Aprox. 300 efectivos (fuerzas especiales y apoyo aéreo) | Estimado: 1 200 efectivos en Caracas (según fuentes locales) |
| Bajas | |
| 2 heridos (según fuentes estadounidenses) | Más de 80 muertos (según medios locales); 32 militares cubanos fallecidos (según gobierno cubano) |
Sumario
Ataque de Estados Unidos a Venezuela (2026)
El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación militar puntual en Caracas, Venezuela, con el objetivo declarado de capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. La acción, denominada "Operación Lanza del Sur", fue confirmada por el presidente estadounidense Donald Trump y generó una ola de reacciones internacionales divididas. Mientras Washington la calificó como una acción legal basada en cargos federales, gobiernos como los de Cuba, Rusia y China denunciaron el hecho como una violación de la soberanía venezolana.
Antecedentes
Desde 2020, Nicolás Maduro enfrentaba cargos formales en tribunales federales de Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración transnacional. Washington ofrecía una recompensa por su captura. Las tensiones entre ambos países se intensificaron durante el segundo mandato de Donald Trump, especialmente tras la ruptura de relaciones diplomáticas y el reconocimiento de gobiernos paralelos en Venezuela.
Desarrollo de la operación
La madrugada del 3 de enero de 2026, unidades del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM), incluyendo el 1.º Destacamento Delta y el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (SOAR), ingresaron a Caracas con apoyo de inteligencia de la CIA. En menos de tres horas, capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Ambos fueron trasladados al portaaviones USS Iwo Jima y posteriormente a territorio estadounidense.
Reacciones internacionales
El gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 militares cubanos que integraban el anillo de seguridad presidencial. Rusia calificó el hecho como una "agresión" y exigió explicaciones inmediatas. China denunció la operación como una violación del derecho internacional y pidió la liberación inmediata de los detenidos. Por su parte, gobiernos como los de Argentina y Colombia respaldaron la acción, mientras que México y Bolivia la condenaron.
Consecuencias
La captura de Maduro provocó una crisis institucional en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia declaró la operación como un "secuestro internacional" y convocó a una sesión de emergencia. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, declaró acéfalo el poder ejecutivo. En el plano internacional, se intensificaron las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y varios países aliados de Venezuela.
Evaluación jurídica
Desde la perspectiva de Estados Unidos, la operación fue una captura legal basada en cargos federales. Sin embargo, desde el derecho internacional, varios expertos y gobiernos la consideran una violación de la soberanía venezolana y un acto unilateral sin respaldo multilateral. La controversia sobre su legalidad continúa siendo objeto de debate en foros internacionales.

