Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2016-01-21
EEUU: Investigación sobre tortura de la CIA, una tarea inconclusa
HUMAN RIGHTS WATCH 1 de diciembre de 2015 EEUU
Un año después del informe del Senado, sigue sin haberse abierto una investigación penal ni se ha proporcionado ningún tipo de reparación
LAS ALEGACIONES DEL gobierno de Obama de que obstáculos legales impiden la investigación penal sobre la tortura a manos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no son convincentes y amenazan con dejar un legado en el que la tortura es una opción política, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Existe suficiente evidencia para que el Fiscal General ordene la investigación penal de altos funcionarios de Estados Unidos y otros implicados en el programa de la CIA después del 11 de septiembre para la tortura, la conspiración para la tortura y otros delitos tipificados en el derecho estadounidense.
El informe de 153 páginas, No More Excuses: A Roadmap to Justice for CIA Torture (No más excusas: una hoja de ruta hacia la justicia para las torturas de la CIA), exhibe evidencia para apoyar los principales cargos penales que pueden presentarse contra los responsables de los actos de tortura sancionados por el Estado, y cuestiona las afirmaciones de que los juicios no son legalmente viables. El informe también detalla las obligaciones legales de EEUU de proporcionar reparación a las víctimas de la tortura, así como los pasos que debe seguir para hacerlo. También especifica las acciones que otros países deben emprender para reivindicar las investigaciones penales sobre las torturas de la CIA.
“Ha pasado un año desde el informe del Senado sobre la tortura y aún el gobierno de Obama no ha abierto nuevas investigaciones penales sobre las torturas de la CIA”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Sin estas investigaciones penales, que eliminarían la tortura como una opción política, el legado de Obama quedará manchado para siempre”.
El 9 de diciembre de 2014, el Comité de Inteligencia del Senado de EEUU difundió un demoledor resumen del informe todavía confidencial de 6.700 páginas que documentaba el programa de detención e interrogatorios de la CIA. Además de confirmar informes anteriores, el resumen del Senado también reveló que la tortura era una práctica más brutal, sistemática y extendida en la CIA de lo que se había informado anteriormente. También brindó nuevos detalles sobre los abusos cometidos, como la denominada “alimentación rectal”, y aportó información sobre el brutal impacto que las posiciones dolorosas y la privación del sueño tenían sobre los detenidos. El resumen se centró en si “las técnicas de interrogatorio mejoradas” eran un medio eficaz para obtener inteligencia útil (concluyó que no lo eran), pero no evaluó la legalidad del programa.
El Departamento de Justicia asegura que ya había investigado los abusos de la CIA en 2009 y concluyó que no había pruebas admisibles suficientes para presentar cargos. Pero esa investigación, dirigida por John Durham, examinó sólo los abusos de la CIA que iban más allá de las acciones “autorizadas”, en lugar de todas las torturas y malos tratos de la agencia. Incluso entonces, parece que ninguno de los investigadores entrevistó a ninguno de los exdetenidos, debilitando las alegaciones de que su investigación fue exhaustiva y creíble.
Uno de los argumentos de defensa más repetidos es que la CIA y los altos funcionarios de la Casa Blanca se basaron en opiniones legales de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que pretendían considerar que las “técnicas de interrogatorio mejoradas” eran legales: los denominados “Memos de la tortura”. Sin embargo, el resumen del Senado pone en evidencia que los funcionarios de la CIA sabían desde el principio que estas prácticas supondrían una violación de las leyes contra la tortura. Otra prueba muestra que funcionarios de la CIA y la Casa Blanca trataron de obtener garantías contra el procesamiento penal y cuando éstas les fueron denegadas, contribuyeron a elaborar esas mismas opiniones legales que autorizarían la tortura que aplicarían a continuación.
Los “Memos de la tortura” estaban tan forzados en su razonamiento jurídico que no pueden ser considerados de manera justa como una interpretación honesta de la ley. Estos hechos constituyen la antítesis de la confianza de buena fe en el asesoramiento de un abogado que podría servir como una defensa legítima en los cargos de tortura. Además, el resumen del Senado y otras evidencias muestran que la CIA cometió abusos que no fueron autorizados y aplicaron técnicas permitidas en formas que excedían las autorizaciones.
Aunque gran parte de la tortura y otros abusos fueron cometidos hace una década o más, la ley de prescripción no obstruye algunos cargos criminales. La prescripción usual federal de cinco años no es un impedimento para los delitos de tortura y conspiración para torturar en los casos en que hay un “riesgo previsible de que pudieran producirse lesiones físicas graves o la muerte”, ni para ciertos cargos de abuso sexual. Además, la ley de prescripción para el delito de conspiración puede ser extendida si los responsables ocultan un componente central de la trama, como fue el caso con el programa de la CIA, dijo Human Rights Watch.
Bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que EEUU ratificó en 1988, los gobiernos están obligados a investigar de manera creíble las denuncias de tortura y a entablar procesos legales en los casos en que esté justificado. No investigar ni enjuiciar las torturas de la CIA aumenta el peligro de que algún futuro presidente autorice métodos ilegales de interrogatorio similares en respuesta a una inevitable amenaza de seguridad grave. Varios candidatos presidenciales para las elecciones de 2016 han defendido el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas” y algunos han asegurado que las volverían a utilizar en caso de resultar elegidos.
La Convención contra la Tortura, en cuya concepción el gobierno de EEUU jugó un papel decisivo, también contempla el derecho de las víctimas de tortura a recibir una reparación o indemnización. Sin embargo, los gobiernos de Bush y Obama han frustrado activamente todos los esfuerzos por parte de exdetenidos de obtener reparaciones en los tribunales estadounidenses, invocando reclamaciones de inmunidad y seguridad nacional para conseguir que las demandas fueran desestimadas incluso antes de que los demandantes pudieran siquiera presentar evidencias de abuso.
El Departamento de Justicia debería nombrar a un fiscal especial para llevar a cabo nuevas investigaciones que garanticen que todos los testigos pertinentes, incluso las presuntas víctimas de tortura, sean entrevistados y que se recopilen, conserven y examinen todas las pruebas materiales pertinentes disponibles, recomendó Human Rights Watch.
“Si EEUU, con su democracia establecida y su sistema político estable, puede incumplir su obligación legal de procesar la tortura, socava el respeto por el imperio de la ley en todo el mundo”, dijo Roth. “Los funcionarios del gobierno, que buscaron y ayudaron a crear opiniones jurídicas que justificaban lo injustificable no deberían de poder valerse de esas opiniones para evadir su responsabilidad”.
El informe también describe casos en el extranjero para investigar los abusos de la CIA relacionados con la tortura. Estas investigaciones realizadas en otros países se han centrado en funcionarios de EEUU, así como funcionarios nacionales acusados de haber participado o actuado como cómplices de abusos de la CIA. El deber de enjuiciar le corresponde principalmente al gobierno de EEUU, pero la Convención contra la Tortura contiene una cláusula de “jurisdicción universal” que obliga a todos los gobiernos a procesar a los sospechosos que entran en su territorio, independientemente del lugar donde tuvo lugar la tortura. El hecho de que EEUU no lleve a cabo sus propias investigaciones exhaustivas y creíbles sobre las torturas de la CIA significa que otros gobiernos deberían tomar medidas para investigar estos crímenes.
“Ante la negativa del gobierno de Obama de investigar y procesar a altos funcionarios responsables de estos graves delitos, otros países deberían proceder”, dijo Roth. “Si el presidente Obama no va a evitar un peligroso precedente de impunidad para la tortura, otros países deberían intervenir”.
¿Guantánamo para siempre?
EL PAÍS 19 de enero de 2016 ESPAÑA
Los desafíos políticos y, sobre todo, legales dibujan un futuro en el que no parece probable el fin del penal en territorio cubano
Yolanda Monge
¿CERRAR GUANTÁNAMO? BARACK Obama lo prometió en su primera semana en el poder allá por 2009 y, siete años después, a un año de abandonar la Casa Blanca, parece haber renovado esos votos con la urgencia que impone dejar un legado. Primero fue su jefe de gabinete, Dennis McDonough, quien volvió a poner sobre la mesa tan espinoso asunto. El presidente siente “como una obligación hacia su sucesor cerrar el penal, razón por la cual vamos a hacerlo”, declaró taxativo McDonough.
El pasado viernes, la Casa Blanca recibía una actualización del plan propuesto por el Pentágono para cerrar el centro de detención en territorio cubano, que a día de hoy alberga 93 reclusos, tras la reciente puesta en libertad de 10 yemeníes trasladados a Omán. En su mayor ocupación, Guantánamo llegó a tener a 779 personas.
El número de reclusos está así por debajo de la simbólica cifra de 100, lo que no sucedía desde enero de 2002, cuando la Administración de George W. Bush se inventó el penal para circunvalar la legislación nacional e internacional y retener en territorio extranjero a los bautizados como “combatientes ilegales” capturados en su particular guerra contra el terrorismo.
Entre McDonough y el informe del Pentágono, Obama compareció el pasado martes ante ambas cámaras del Congreso para pronunciar su último discurso del estado de la Unión. Esta fue la única mención que hizo respecto a la gran mancha que es Guantánamo: “Seguiré trabajando para cerrar la prisión: es cara, es innecesaria y solo sirve como folleto de reclutamiento de nuestros enemigos”.
Lo que el presidente no dijo es cómo lo haría. Quizá porque sabe que no puede hacerlo. Al menos sin que su legado final no sea el del presidente que liberó en territorio norteamericano a 50 peligrosos terroristas enemigos jurados de Estados Unidos. Semejante hecho, sin duda, dejaría sin ningún valor el cierre en sí mismo, por no hablar del legado.
Cierto es que Guantánamo se vacía poco a poco. Y eso podría ser una señal de optimismo. Uno podría pensar que aunque sea con cuentagotas, el centro de detención acabará por quedar desierto. Los últimos diez liberados -a los que nunca durante sus 14 años de cautiverio se les aplicó ningún cargo- han supuesto en cifras que el penal haya reducido su población carcelaria total en un 10%.
Del 93 total, 34 presos tienen el visto bueno de Defensa para ser transferidos a terceros países: siete están siendo juzgados por las polémicas comisiones militares -entre ellos el supuesto cerebro del 11-S y cuatro colaboradores y un acusado del ataque al navío Cole en Yemen en 2000-; tres han sido condenados bajo ese mismo sistema judicial; y 49 se encuadran bajo la categoría de “detenidos indefinidamente" bajo las leyes de guerra y no se recomienda su traslado a ningún país.
Hasta hoy, el Congreso republicano ha bloqueado cualquier iniciativa para cerrar el infame penal. Y se ha negado a aprobar los fondos para que el núcleo duro de los detenidos -aquellos con la etiqueta de presos de por vida- sean transferidos a una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.
Pero imaginemos por un momento que Obama obra el milagro y lograr que el Congreso dé luz verde a ese traslado. Aunque parezca menor, entonces quedaría el espinoso asunto de dónde: ¿A qué cárcel? ¿En qué Estado? ¿Quién quiere vivir cerca de casi medio centenar de individuos que el Pentágono ha calificado de alto riesgo para la seguridad nacional? -No hay que olvidar el dato que dice que la mayoría de los estadounidenses se oponen al traslado de estos peligrosos presos a EEUU-.
Pero es que incluso superado el anterior nudo gordiano, Obama se enfrenta y es consciente del más obvio, aunque menos citado, problema a la hora de transferir a territorio estadounidenses a los presos: cualquier juez o tribunal que se lo proponga puede desafiar la legalidad de la detención y confesiones de los presos de Guantánamo, logradas en muchos casos bajo torturas.
Por eso, no deja de ser chocante, o simplemente responde a una estrategia diseñada para hacer creer que el cierre de Guantánamo es posible, que el principal asesor de seguridad nacional del presidente, Ben Rhodes, haya declarado como argumento para lograr echar el cierre al penal en el Caribe que si el sistema penitenciario “es lo suficientemente bueno para encerrar al Chapo, y bueno para el terrorista del maratón de Boston o para el responsable de los ataques de Bengasi… debería ser bueno para el número que sea de prisioneros de Guantánamo que queden tras completar las transferencias a terceros”.
Puede que los muros del sistema penitenciario de EEUU sean inexpugnables. Que las llamadas prisiones Supermax, diseñadas para albergar a “lo peor de lo peor”, logren que un prisionero no vuelva a ver jamás en su vida la luz del día. Pero un tribunal que no tenía inconveniente con que un detenido estuviera encerrado sin cargos en territorio cubano puede tenerlo en Estados Unidos. Y entonces, cerca de medio centenar de peligrosos terroristas estarían andando libres, por ejemplo, por las calles de Kansas, tras abrírseles las puertas de la prisión federal militar de Fort Leavenworth, la única de máxima seguridad en EEUU, y donde se ha especulado que podrían ser enviados los reos de Guantánamo.
¿Cerrar Guantánamo? ¿A ese precio? ¿Siendo ese el legado?
Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo
En la espesa selva, un frente de las FARC se prepara para la paz
THE ASSOCIATED PRESS 19 de enero del 2016 EEUU
(FRAGMENTOS)
MONTAÑAS DEL NOROESTE Antioqueño, Colombia. El comandante Juan Pablo lleva colgado al hombro un potente rifle con mira telescópica recién estrenado y una gran tristeza dentro.
Como uno de los responsables del frente 36 de las FARC, considerado uno de los más violentos del conflicto armado colombiano que ya va para medio siglo, Juan Pablo es capaz de recitar pasajes completos de los discursos de Fidel Castro, pero nunca ha ido al cine, ha manejado un automóvil, ha comido en un restaurante o ha estado en la ciudad. Lleva 25 años metido en la selva preparando emboscadas, poniendo minas o quemando autobuses, acciones que la Policía y el Ejército colombiano atribuyen al frente 36.
Ahora que la paz se acaricia con los dedos, a Juan Pablo le habría gustado hacer política junto a su hijo y su compañera. Sueña con ser concejal o alcalde del pueblo del que salió hace tres décadas, pero tendrá que hacerlo sin su mujer, pues Patricia murió en un ataque del Ejército contra su campamento hace solo seis meses.
"Esta guerra terminará sin vencedores ni vencidos pero con mucho sufrimiento de ambos lados", resume este comandante barrigón de sonrisa tan fácil como triste. "No es cierto que llegamos derrotados a la mesa de negociación. Nos han dado golpes, sí, pero 51 años de guerra contra el Ejército más poderoso del mundo (en referencia al apoyo que Estados Unidos le da a las Fuerzas Armadas) no han conseguido doblegarnos porque las injusticias por las que tomamos las armas siguen presentes".
Esa mezcla de orgullo y temor por el futuro es común entre los aproximadamente 7.000 combatientes que aún conserva las FARC, muchos de quienes, como Juan Pablo, ingresaron a las filas de la insurgencia cuando apenas eran adolescentes huyendo de la pobreza y la exclusión en sus comunidades.
En su mayoría, los rebeldes provienen de poblaciones rurales abandonadas por el Estado, prácticamente todos aprendieron a leer y escribir dentro de las FARC, y ahora se esfuerzan por imaginar una vida de civil, lejos de la rígida disciplina marcial de los campamentos guerrilleros, haciendo política codo a codo en pueblos, veredas y ciudades junto a sus compatriotas.
The Associated Press hizo una visita de tres días a un campamento de las FARC, en el departamento de Antioquia, para atestiguar cómo el movimiento insurgente más antiguo de América Latina se prepara para una paz que parece estar más cerca que nunca. La organización y coordinación del encuentro tomó semanas. Los periodistas de la AP fueron citados en un lugar remoto y luego fueron llevados por las FARC hasta uno de los campamentos del frente 36 oculto bajo la espesura de la selva y bajo árboles que no dejan pasar la luz. Como condición para realizar la visita, las FARC pidieron que la ubicación del campamento no fuera revelada para no poner en peligro la vida de sus combatientes.
Cinco décadas de enfrentamientos entre guerrillas, grupos paramilitares derechistas y las Fuerzas Armadas colombianas, financiadas por Estados Unidos, han dejado más de 220.000 muertos, 40.000 desaparecidos y más de cinco millones de personas expulsadas de sus casas, el segundo país del mundo con mayor número de desplazados después de Siria.
Ahora que FARC y gobierno lograron superar el escollo más difícil de la negociación, con la firma del acuerdo sobre la justicia, las condenas y la transición de la vida armada a la civil de todos los combatientes, y que Juan Manuel Santos viajara en septiembre a Cuba y estrechara la mano del máximo comandante de las FARC, ambas partes se sienten lo suficientemente seguras como para poner punto final al derramamiento de sangre.
Si se llega a la meta, ésta sería la primera generación de guerrilleros que renuncia a su intención de derrocar al gobierno por la vía armada, a cambio de competir en las urnas en elecciones locales y generales.
Juan Pablo, hijo de una vendedora de comida callejera, y miembro de las FARC desde los 16 años, es uno de ellos. A pesar de que en los últimos meses no suena un disparo en esta región de los Andes gracias al cese al fuego unilateral decretado por las FARC, Juan Pablo lleva consigo dos cargadores, munición de repuesto, un arma corta y dos granadas a la altura del pecho.
Él, cuatro comandantes, 22 guerrilleros rasos y dos perros conviven en la región con una especie única de oso en Sudamérica, serpientes venenosas, veinte especies de ranas y un exuberante paisaje de espesas montañas, humedales, bosques con inmensos árboles que ayudan a que el frente se oculte.
A las 4:30 de la madrugada inicia la jornada en el campamento, cuando la luna es sólo una línea blanca en el firmamento y la noche un bosque negro en el que sólo se distinguen sonidos: las ollas metálicas del desayuno, la lluvia sobre las hojas grandes y el ir y venir de las botas de plástico largas hasta la rodilla de los guerrilleros pisando el barro. Con el paso de las horas las nubes se diluyen y surge, como un teatro, el imponente verde de Colombia.
Pese a que el proceso de paz se encuentra en su recta final, la guerrilla mantiene intactas las instrucciones propias de una fuerza en pie de guerra: duermen junto al fusil, se visten rápidamente sobre una pierna, operan bajo los árboles, están prohibidas las luces y conversaciones durante la noche y hacen continuos cambios de ubicación que los obliga a hacer largas caminatas. Las comunicaciones están encriptadas y los diálogos entre los comandantes de los frentes se hacen exclusivamente a través de memorias USB que vienen y van a través de correos humanos.
En la mente de todos sigue fresco el recuerdo de la muerte en 2011 del comandante de las FARC, Alfonso Cano, que fue perseguido y asesinado por el Ejército luego de que dieran con su paradero tras haber interceptado su teléfono celular.
Cuando hablan del miedo ante la nueva etapa política que comienza, los guerrilleros citan una y otra vez a la Unión Patriótica, o UP.
En 1985, cuando los diálogos de paz entre la guerrilla y el gobierno agonizaban, las FARC decidieron lanzar la UP como su partido político. La respuesta de los grupos paramilitares de extrema derecha fue la aniquilación de unos 3.000 militantes a lo largo de una década. Los que sobrevivieron huyeron del país. Aquel genocidio sembró en la guerrilla una eterna desconfianza hacia el Estado colombiano que no desaparece.
"¿Quién ha dicho que sólo se hace política en el Congreso?", se pregunta el comandante Leónidas desde su hamaca. "También se hace en los pueblos, las veredas y los corregimientos donde los campesinos nos conocen porque hemos convivido siempre con ellos. En las ciudades está nuestro principal enemigo".
Leónidas dice que la actividad política de las FARC se concentrará en la inclusión social de los pobres, y la recuperación del campo, que históricamente no ha tenido un modelo de desarrollo, ni una reforma agraria, problemáticas que llevaron al surgimiento de las FARC a mediados de los sesenta cuando eran un grupo de autodefensa que protegía a los campesinos, que vivían en sus "repúblicas independientes", de los ataques del Ejército.
Al interior de la guerrilla, la dialéctica parece no haber superado la Guerra Fría. Aquí no hay soldados sino "compañeros", no hay superiores sino "camaradas", no hay ejército sino "enemigo", no se habla de empresarios sino de "oligarcas", no existen desertores sino "traidores" y los libros que pasan de mano en mano, entre los jóvenes guerrilleros, son discursos de Fidel Castro, o biografías del Che Guevara.
En el momento de conversar con los comandantes es imposible detectar algún signo de deslealtad o crítica a los negociadores de las FARC. Lo único que ha cambiado es que los comandantes ya no hablan tanto de doctrina militar; ahora hablan de paz. En concreto, dos veces al día.
La primera charla, antes de desayunar, está coordinada por la comandante Gyra Castro, que lleva 33 años en la guerrilla. Es fácil detectar que los tres últimos años ha estado en La Habana como miembro de la delegación de las FARC por el acento cubano que se le escapa y el moderno computador Apple que utiliza en la selva.
Ella es la encargada de leer en voz alta el "Acuerdo general de víctimas" aprobado recientemente por los negociadores. El resto de la información que llega hasta el campamento lo hace a través del transistor mal sintonizado que posee cada guerrillero.
Gyra ejerce de "madre" de las 12 chicas de entre 18 y 34 años que se acercan a ella cariñosamente. Tiene la misión de prepararlas para la vida política una vez se alcance la paz y las FARC se conviertan en un partido político. Según el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, eso ocurrirá antes del 23 de marzo, o "cuando se den las circunstancias apropiadas", dice la guerrilla.
El día que ocurra, Gyra sueña con hacer, por primera vez en 33 años, un viaje a solas con su compañero de armas y de vida.
Durante la charla, una de las jóvenes más atentas del grupo es Juliana, de 19 años, que se suma a la conversación después de matar un cerdo junto a sus compañeros.
"Quiero estudiar para poder hacer política y seguir vinculada a la organización", dice con un pañuelo en la cabeza y los labios ligeramente pintados de rosa. Ella es miembro de una familia de siete hermanos y fue violada por su padrastro hasta que decidió seguir a su tío en la guerrilla, donde aprendió a leer y escribir como tantos otros.
Tres años después sonríe tímidamente y explica que lo primero que hará cuando se firme la paz será visitar a su madre, a la que no ve desde hace años. Si no tuviera un arma en sus manos le hubiera gustado estudiar "sistemas" pero insiste en que la lucha "ha merecido la pena".
La gran mayoría de guerrilleros cuenta en su historial con campesinos muertos o desaparecidos en su familia después de años de conflicto. Muchos de ellos, pobres y sin estudios, entraron como adolescentes y aquí han encontrado una "familia" que ha dado sentido a su vida.
Junto a Juliana su "socio", Alexis, le toma la mano.
¿Es posible el amor en la selva? "En la guerrilla no se maneja dinero, todo nos lo dan aquí, desde medicinas a las paletas. Por eso entre nosotros no hay una relación de dependencia en la que ella espera de mí que la mantenga como es habitual en América Latina", dice Alexis, de 24 años. "Entre nosotros sólo hay amor".
Alexis tiene la habilidad de limpiar y dejar impecable en pocos minutos su inseparable AK-47. El joven campesino explica que ingresó en las FARC a los 18 años.
La conversación se interrumpe de forma abrupta cuando un avión sobrevuela por segunda vez el campamento. El alto al fuego de las FARC ha sido parcialmente correspondido por el gobierno que decidió suspender los bombardeos aéreos contra campamentos como éste, pero no los ataques cuerpo a cuerpo, ni suspender las ordenes de captura.
"Mentalmente estamos preparados para hacer política pero nos falta formación, estudiar y mejorar antes de incorporarnos a la vida civil", dice Leónidas meciéndose bajo los árboles. "Es más dura la política que la guerra. Un error en el campo de batalla lo pagas con tu vida, un error en el campo político arrastra a toda la organización".
Selección en Internet: Raquel Román Gambino
