Portal:Panorama Mundial/DE LA PRENSA/2017-12-22
Internet para pobres y ricos
LA JORNADA 20 de diciembre del 2017 MÉXICO
Alejandro Nadal*
Nota de Panorama Mundial: Se potencia la privatización del espacio público virtual creado por la red de redes, y, cómo sucedió a principios del siglo XVI cuando la conquista y colonización de América por España, ahora nos vienen con la evangelización neoliberal y los hatos, corrales y realengos en internet.
Hace cinco días la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos decidió revocar las reglas que impiden a los proveedores del servicio de Internet acelerar, bloquear o hacer más lento el acceso a cierto contenido, aplicaciones o sitios de la red. La administración Trump cumple así su promesa de desmantelar la regulación heredada de su predecesor y puesta en marcha en el 2015 para garantizar la neutralidad de Internet. Los argumentos son los mismos que hemos escuchado una y otra vez para justificar la desregulación: la intervención gubernamental es un obstáculo para la inversión y para la introducción de innovaciones, lo que impide refinar el servicio.
Se inicia así la destrucción del principio de no discriminación en la red. Las implicaciones de esta serie de medidas llegan a todos los rincones de las comunicaciones y de la vida democrática. El acceso a voces independientes y al conocimiento científico está en peligro mortal. Y esto no es un problema privativo de Estados Unidos. Sus ramificaciones para México y Europa pueden ser devastadoras.
La votación en la FCC estuvo cerrada, pues dos de los cinco comisionados votaron en contra del proyecto de desregulación que lleva el engañoso nombre de "Orden para restaurar la libertad en Internet". El resultado final es muy importante porque es la primera vez que dicha agencia renuncia a su misión de servir al público. Quizás lo más negativo es que priva a la FCC de los medios para intervenir cuando algún proveedor de servicios de Internet comience a manipular tarifas, velocidades de acceso o de plano a bloquear contenidos que considere indeseables.
Muchos analistas consideran que lo más grave de la desregulación es que será muy difícil para los usuarios darse cuenta de lo que está sucediendo con su acceso a la red. En algunos casos podrán experimentar una lentitud inusual para ingresar a una cierta página o canal, en otros puede ser que reciban la notificación de que el sitio que buscan no está disponible. En cambio, otros sitios podrán ser accesibles a muy buena velocidad y sin riesgo de que se interrumpa la señal. Los usuarios se quedarán perplejos. Sin saberlo, habrán perdido el control que anteriormente tenían para escoger libremente su derrotero en la navegación. De golpe, Internet habrá dejado de ser el espacio libre al que estamos acostumbrados y se habrá convertido en un recinto cercado en el que todo es posible para los proveedores, desde la discriminación por contenidos hasta la descarada censura.
En las audiencias públicas en el seno de la FCC sobre estas reformas los representantes de las principales compañías proveedoras de servicios de Internet aseguraron que nunca adoptarían este tipo de prácticas en detrimento de la libre circulación de ideas en términos igualitarios. Pero es absurdo creer en la palabra de esta gente. Son los mismos proveedores que han invertido millones de dólares para cabildear en favor de esta desregulación.
Uno de los argumentos para justificar la destrucción de la neutralidad es que la desregulación permitirá aumentar la competencia en el sector. Pero lo cierto es que el sector está copado por un férreo oligopolio que hoy busca garantizar la rentabilidad al construir el muro digital que separaría Internet para ricos y pobres.
En Estados Unidos las tres principales compañías en este sector (AT&T, Verizon y COMCAST) controlan más del 70% del mercado de banda ancha de alta velocidad (definida por la FCC como una capacidad superior a los 25Mbps). Y los datos del censo de telecomunicaciones muestran que solo nueve por ciento de los usuarios puede escoger entre dos o más proveedores del servicio de alta velocidad. Es decir, se trata de un mercado altamente concentrado en el que es difícil que la desregulación incremente la competencia y permita reducir precios.
Para países como México o los miembros de la Unión Europea el ejemplo que viene de Estados Unidos es mala noticia. En México el mercado también se encuentra altamente concentrado. La Ley federal de telecomunicaciones supuestamente preserva el principio de neutralidad de la red. Pero el excelente estudio de Luis Fernando García y Carlos Brito, de la organización R3D, revela que los lineamientos para aplicar la ley no han sido emitidos, lo que es un mal presagio.
Por otra parte, la renegociación del TLCAN puede ser el caballo de Troya para imponer las nefastas reformas de Trump en el espacio digital mexicano. Si a esto añadimos los términos de la nueva Ley de Seguridad Interior el panorama se torna siniestro.
En noviembre Trump designó a Ajit Pai, antiguo abogado de Verizon, como presidente de la FCC. Durante toda su carrera este personaje ha sido acérrimo enemigo del principio de la neutralidad en la red. Hoy parece que su objetivo está a su alcance. Pero la lucha no ha terminado. Millones de personas y miles de organizaciones están protestando. Cientos de demandas judiciales ya han sido interpuestas en contra de la decisión de la FCC por violar la Ley federal de comunicaciones (en especial, el Título II). La batalla legal apenas está comenzando. El próximo año será decisivo para la supervivencia de Internet.
Selección en Internet: Melvis Rojas Soris
- Economista mexicano
El grito silencioso de Honduras
TELESUR 16 de diciembre del 2017 VENEZUELA
Mientras la autoridad electoral de Honduras legitimó desesperadamente el domingo 17 de diciembre el fraude de las presidenciales de noviembre, la OEA llama ahora a repetir el sufragio
Patricio Zamorano*
El problema de Honduras no son solo los hechos gravísimos de estas semanas y de esta década. El problema dramático real de Honduras es el terrible vacío comunicacional en que ha caído frente al resto del planeta. El país de más muertes violentas por 100 mil habitantes del mundo; gran centro de tráfico de drogas en las narices de una de las bases militares estadounidenses más grandes de Centroamérica; el único país que ha sufrido en el nuevo siglo un golpe de Estado exitoso al más estilo tradicional de los setenta; y el que ha sido golpeado por fraude electoral sistemático en las últimas dos elecciones, parecer ahogarse en la indiferencia casi total de la comunidad internacional.
Pareciera que el país está a la deriva total, sin ningún gesto concreto de reforma institucional realmente constructiva impulsada por su padrino forzado, los Estados Unidos.
La OEA admite la existencia de irregularidades electorales
Honduras tiene la palabra “escándalo” en cada rincón de su golpeada institucionalidad. En una cadena de hechos que comería cientos de páginas, todo comienza con las recientes elecciones, donde organismos como la OEA han enumerado una enorme cantidad de irregularidades en el conteo electoral. Primero, el candidato Salvador Nasralla iba ganando por cinco puntos, para luego, tras cortes sorpresivos del sistema computacional y del conteo electoral, aparece el presidente de facto Juan Orlando Hernández ganando por 40 mil votos.
El caso de Hernández raya en lo cómico: tras el enorme escándalo en que su presidencia ha caído, apareció tras las cámaras anunciando su triunfo y destacando lo “impecable” del proceso. La verdad, impresionante.
Es común escuchar de actores relevantes de la política hondureña sobre cómo dan por hecho que se manipularon directamente las actas electorales en la anterior elección, sufragio que (si todas estas denuncias son ciertas) fue efectivamente ganado por Xiomara Castro. Lo dicen así, casual y abiertamente, por supuesto, sin una base legal concreta. Son conversaciones de pasillo. Pero ahora en la reciente elección los rumores volvieron con más fuerza hasta convertirse en hechos concretos que incluso la OEA no pudo ignorar.
Esta vez, se procedió a un modus operandi similar, a vista y paciencia de la nutrida presencia de observaciones electorales. Atraso crónico del conteo, corte sorpresivo del sistema computacional, resultados opuestos a los que el conteo parcial venía mostrando. El mismo escenario: miles de actas electorales sospechosas que tanto en el 2013 como ahora en el 2017 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se niega nuevamente a corroborar. Por ejemplo, más de cinco mil actas que la OEA denuncia no fueron transmitidas por el TSE la noche de las elecciones. Hecho grave imposible de ocultar.
En la noche de este domingo 17 de diciembre, el TSE se apresuró de forma desesperada a ratificar los resultados viciados que dan como ganador a Juan Orlando Hernández, pese a un tweet de alerta enviado por Luis Almagro pocos minutos antes. Seguramente sabía lo que Hernández intentaba: “Falta de certeza me lleva a solicitar no se hagan pronunciamientos irresponsables hasta informes definitivos de la MOE de OEA en Honduras”, expresó el secretario general.
El gobierno de Hernández ignoró la presión. Posteriormente, ya con el fraude consolidado tras el anuncio del TSE, Almagro pidió derechamente repetir la elección. “Secretaria General de la @OEA_oficial propone nuevas elecciones para garantizar paz y concordia en #Honduras ante imposibilidad de dar certeza a resultado electoral”. Se anuncia también que el candidato Salvador Nasralla acude a Washington a reunirse con la OEA, el Departamento de Estado y organizaciones de derechos humanos, con las pruebas técnicas del fraude electoral.
Honduras y Venezuela: criterio disímil
El caso de la OEA es sui generis. Potenciada la energía personal de su secretario general Luis Almagro con su campaña específica contra el gobierno de Venezuela, en el caso del escándalo concreto de Honduras, Almagro permaneció en silencio hasta el 6 de diciembre, cuando en un comunicado tuvo que formalizar las denuncias de irregularidades electorales y abrió la posibilidad de exigir nuevas elecciones. Frente a lo absurdo y evidente del fraude electoral, en un hecho histórico, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA había reconocido días antes que tras el conteo fraudulento, no podía ratificar ganadores. Pero estas palabras han tenido poco eco a nivel comunicacional continental.
La OEA debiera ejercer con una extraordinaria fuerza toda la presión de la que es capaz, y de la que ha dado grandes demostraciones en la campaña personalísima de Almagro contra el gobierno de Venezuela. Pero el fraude en Honduras es tan escandaloso, que Almagro no tendría absolutamente ningún problema de legitimidad moral si quisiera ejercer tan solo una parte de la energía que desplegó contra la Presidencia de Venezuela.
Lo mismo con las agencias de cooperación internacional. Es su obligación moral y profesional ejercer toda la presión de la que son capaces, considerando todo el dinero que envían a Honduras, para que la elección fraudulenta de noviembre se anule y convocar a nuevas elecciones, esta vez con control férreo del proceso para evitar un nuevo fraude. No importa quién sea el ganador en Honduras, el candidato de izquierda o de derecha. Pero se debe respetar de forma sagrada la voluntad de los electores.
La corrupción, frente a frente
Basta con escarbar mínimamente en la clase política e institucional de Honduras (una conversación informal de sobremesa, una cena de trabajo, una entrevista académica), y el olor ácido de la corrupción emana inmediatamente. Todo se sabe, todos lo saben. La información es tan concreta, tan abiertamente obvia, que el observador internacional siente un gusto extraño en el paladar pensando en que los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, los funcionarios de la OEA, los expertos de las agencias de cooperación internacional, acceden diariamente a las mismas conversaciones, a las mismas revelaciones escandalosas. ¿Por qué la inacción?
Algunas pistas. Meses antes, entrevistando al expresidente derrocado, Manuel Zelaya, le preguntaba: “Todos analizamos las causas del golpe contra su gobierno, pero ¿por qué cree usted mismo, Presidente, que lo derrocaron?”.
Zalaya me respondió con firmeza, rápidamente. “Por Cuba y por Venezuela”, me señaló. Se refería a que no lo sacaron a la fuerza del cargo elegido por las urnas debido el tema de la Asamblea Constituyente que él impulsaba, o la lucha por reformar la Constitución y permitir la reelección presidencial. Esa es la versión oficial de quienes propiciaron el golpe. Zelaya da en el clavo cuando señala que la clase política y financiera hondureña, intacta en el poder por ya un par de siglos, nunca permitirá que un gobierno reformista (de izquierda o de derecha, pero principalmente progresista según los últimos hechos), sobreviva en Honduras. Mucho menos inspirado por el bolivarianismo chavista o castrista, al que identifican como el enemigo del modelo socio-político y económico que garantiza su situación de privilegios.
La estructura política de Honduras, enquistada en el poder empresarial del país, es un constructo rígido que nunca ha sido reformado por una revolución popular, guerra civil o proceso de independencia y reformismo colonial como en el resto de las Américas. En ese sentido, la estructura social de Honduras vive cercana a un neofeudalismo que se niega a democratizar el acceso al poder, y que se opone rabiosamente a la integración de nuevos grupos sociales y políticos.
Presidente Hernández se reelige sin golpe y sin tapujos
Tiene razón Zelaya (que proviene del área latifundista de Honduras, por tanto, era hombre de la elite tradicional, para gran sorpresa de su exsector), pues a pocos años de derrocarlo, la propia derecha del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández procedió, nuevamente a vista y paciencia de la OEA, de EEUU y de la comunidad de ayuda internacional, a autorizar su propia reelección a través de una Corte Suprema nombrada a dedo por el propio presidente Hernández.
Sin reforma constitucional. Sin plebiscito. Sin golpe de Estado. Sin escándalo mundial. La verdad, un hecho difícil de comprender. Silencio de la comunidad internacional.
Todos los organismos y actores nacionales e internacionales que condenaron la consulta plebiscitaria de Zelaya para preguntar al pueblo hondureño sobre reformar a la Constitución y permitir la reelección en el 2009, mantuvieron un férreo silencio cuando el propio presidente Hernández hizo lo mismo en el 2015. No hubo condena desde la OEA, no hubo amenazas de aplicar la Carta Democrática, ni amenazas de suspensión del Consejo Permanente. EEUU no castigó a los miembros de la presidencia de Honduras con sanciones económicas ni suspendió las visas de viaje. Ningún efecto notorio.
Un hecho irregular de muchos
No es primera vez que la golpeada Constitución de Honduras es mancillada sin tapujos, de acuerdo a la voluntad de la elite en el poder. El país ejerce un enorme escándalo institucional cada año, autorizando antes al golpista Roberto Micheletti a ser precandidato presidencial, pese a estar clara y literalmente inhabilitado (los presidentes del Congreso no podían ser presidenciables). Pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema simplemente desconoció a la misma Constitución, y lo autorizó. Reforma a dedo por decreto.
Hay hechos de esta década pasada que rayan en el absurdo. La misma Sala Constitucional impidió en el 2008 que el vicepresidente Elvin Santos pudiera ser precandidato presidencial, por considerarlo inhabilitado debido a que ejerció la presidencia transitoriamente cuando Manuel Zelaya salía del país. En la campaña de primarias, Santos encontró una solución delirante. Nombró a Mauricio Villeda como su candidato-representante, divulgando a través de los medios de comunicación que la gente votara por Villeda, pues eso implicaba que estaban votando por él, dentro de la competencia en el Partido Liberal. Si ganaba Villeda, entonces él sería el candidato. Sorprendente.
EEUU: mil millones de dólares, al vacío
El tema de EEUU es capítulo aparte. El país del norte ha gastado en Honduras la impresionante suma de mil 213 millones de dólares del 2005 al 2016 (fuente, USAID). Estados Unidos tiene en ese territorio una de las bases militares más grandes de Centro América, Palmerola, la misma donde se detuvo el avión que se usó para expulsar a Zelaya del país en el Golpe de Estado del 2009. Los fondos de EEUU del área de la seguridad llegan de forma generosa a las fuerzas armadas y a la policía.
Pese a todo este marco de ayuda internacional, Honduras está hundido, ironías de su nombre, en una situación crítica de seguridad con un claro componente de crisis humanitaria. Miles de hondureños son asesinados cada año (60 a 88 asesinatos por 100 mil habitantes, según las fuentes, una de las tasas más altas del planeta). La mafia de las drogas se confunde con el Estado y las instituciones de forma más profunda que en México. La policía es temida incluso por los propios fiscales y ministros, y las pandillas aterrorizan a la población en cada rincón del país. He sido testigo de cómo abogados funcionarios del Poder Judicial no se identifican frente a los agentes de seguridad en las calles para no caer víctimas de posibles emboscadas filtradas por los propios policías.
Es decir, en un hecho que no tiene explicación, la inyección de recursos de EEUU a la policía y a las fuerzas armadas de Honduras, las mismas que derrocaron a Zelaya, no está condicionada a resultados. Las mafias de las drogas, las pandillas y los asesinatos continúan sin tapujos, sin que los cientos de millones de dólares gastados tengan efecto alguno. Y con base militar estadounidense a pocos kilómetros de la capital del país. Otro escándalo que parecer no permear los pasillos en Washington DC.
Una pobreza dolorosa
La población de Honduras es tan crónicamente pobre, que el viajero puede encontrar adultos en estado grave de desnutrición, como vi personalmente en la Montaña de la Flor, donde sobreviven vestigios de tribus indígenas. En esa zona, hasta la policía come una vez al día, y la población pasa a veces más de una jornada sin alimentos. Según el Banco Mundial, un 66% de los hondureños vive en la pobreza. Una mancha social enorme para todas las Américas. Una vergüenza para la elite financiera hondureña.
Todo este espectro de realidades sociales es producto de una realidad política dañina y tóxica contra la población hondureña, realidad que emana de la propia clase política en el poder, apoyada, a veces simplemente por inacción, por EEUU, la OEA y la cooperación internacional.
Pareciera que el experimento de izquierda de Zelaya radicalizó enormemente a estos tres estamentos, y han decidido simplemente mirar hacia el costado frente al reciente fraude electoral, con tal de mantener el status quo más conservador.
Ya van varios expresidentes de Centro América con procesos judiciales por corrupción flagrante luchando por escapar de la cárcel. Según demuestran las irregularidades electorales denunciadas por el informe de la MOE de la OEA, Hernández ha ganado de forma viciada algunos años de protección en el poder, pero si los rumores de las conversaciones de sobremesa en Tegucigalpa o San Pedro Sula son ciertos, los días de impunidad están contados. Eso, en un escenario donde una posición ética y legítimamente moral de la comunidad internacional así lo decida.
Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo
- Analista político, profesor universitario y trovador chileno
Armas y tiroteos masivos, año triste para EEUU
PL 19 de diciembre del 2017 CUBA
Martha Andrés Román*
Hannah Ahlers era la madre de tres niños en el estado norteamericano de California; Bill Wolfe llevaba dos décadas de casado con su esposa Robyn y vivía en Pensilvania; dos pequeños tenía Carly Kreibaum, natural de Iowa.
Probablemente ninguno de ellos se conocía, pero a todos les esperaba el mismo destino fatal: morir durante el peor tiroteo masivo registrado en la historia de Estados Unidos.
Los tres formaban parte de la multitud de 22 mil personas que en la noche del domingo 1 de octubre disfrutaban de Jason Aldean y su interpretación de "When she says baby", en lo que prometía ser un buen cierre para el festival de música country Route 91 Harvest, celebrado en Las Vegas.
Justo en la primera parte de la canción comenzaron a escucharse las detonaciones caídas como lluvia mortífera durante 10 minutos, que para los presentes en el lugar parecieron eternos.
Aún faltan muchas respuestas para lo sucedido ese día, cuando sumaron 58 los muertos y 546 los heridos a causa del acto criminal de un hombre identificado como Stephen Paddock, de 64 años.
En una cronología de eventos ordenada por las autoridades, se conoció luego que el sospechoso realizó más de mil disparos desde su habitación en el piso 32 del hotel Mandalay Bay y luego se suicidó con un tiro en la cabeza.
Como parte de las investigaciones las fuerzas del orden encontraron 47 armas de fuego en tres lugares vinculados con el autor del crimen.
Solo en la habitación del hotel la policía halló 23 artefactos de diferente tipo, entre ellos varios de largo alcance y modificados para disparar con mayor velocidad a partir del empleo de unos dispositivos conocidos como "bumb stocks".
Hasta la fecha, pese a que se han divulgado detalles sobre la vida y la personalidad del autor del tiroteo, no hay una explicación de las causas de la terrible masacre, que aunque ha sido la más mortífera ocurrida en el país, no fue la única que dejó heridas abiertas este año.
Poco más de un mes después de la tragedia de Las Vegas, Estados Unidos volvió a enlutarse a causa de un tiroteo masivo, que en ese caso no ocurrió en una gran urbe, sino en una localidad pequeña de menos de 600 habitantes: Sutherland Springs, Texas.
Con certeza casi todos en esa comunidad al sur de San Antonio lamentaron la muerte de un familiar, un amigo o un conocido a raíz del crimen en el que perdieron la vida 26 personas, con edades de cinco a 72 años.
El autor de esa masacre fue un joven de 26 años identificado como Devin Kelley, quien el 5 de noviembre disparó contra los feligreses de la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs con un rifle Ruger estilo asalto, y luego se suicidó tras ser perseguido por un vecino del lugar.
Lo sucedido en Texas, el peor tiroteo masivo del estado y el cuarto más mortífero del país, incrementó las nefastas estadísticas relacionadas con la violencia armada en esta nación, que con solo un 4,4% de la población mundial posee 42% de las armas de fuego del orbe, según estimados.
Hasta el 12 de diciembre la corporación sin fines de lucro Archivo de la Violencia Armada calculó en 329 el número de tiroteos masivos ocurridos en el país en el 2017, entendidos estos como hechos en los que cuatro o más personas fallecen o resultan heridas en un solo evento, a la misma hora y lugar.
Más allá de ese tipo de crímenes, la organización calculó en 58 mil 146 la cifra de incidentes relacionados con un arma de fuego.
De acuerdo con el portal digital del Archivo, el total de muertes por ese tipo de artefactos fue hasta ese día de 14 mil 673, al tiempo que los lesionados sumaron 29 mil 726.
Entre esos datos se contabilizaron 693 niños hasta 11 años y tres mil 81 adolescentes de 12 a 17 años que resultaron muertos o heridos.
Las conmociones por crímenes de esa naturaleza comenzaron temprano en el 2017, cuando el 6 de enero cinco personas murieron y otras seis resultaron heridas en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood de Florida.
Un joven de 26 años nombrado Esteban Santiago, excombatiente de Iraq, abrió fuego ese día con una pistola semiautomática Walther PPS 9 mm en la zona de recogida de equipajes.
El 26 de marzo, en tanto, reinó el caos en el club nocturno Cameo de Cincinnati, Ohio, donde una persona falleció y se registraron 15 lesionados luego de que un altercado subiera de tono e inmiscuyó a individuos que sacaron armas y dispararon en el lugar.
Otras ocho personas murieron el 27 de mayo en un tiroteo de una zona rural de Misisipi, entre ellas el segundo al mando del alguacil del condado de Lincoln, durante un tiroteo en el que el sospechoso atacó tres viviendas diferentes.
Hechos como esos se repitieron en diferentes lugares del país casi todas las semanas, e incluso golpearon a las personas que tienen en sus manos la posibilidad de regular el control de armas del país: los miembros del Congreso.
El pasado 14 de junio un hombre identificado como James T. Hodgkinson disparó contra legisladores que entrenaban en Alexandria, Virginia, para un partido de béisbol, y provocó heridas al representante republicano Steve Scalise y tres trabajadores del Capitolio.
Pero ni este hecho, ni las posteriores masacres en Las Vegas y Texas, hicieron que el Congreso respondiera a las demandas de muchos sectores que exigieron un control más estricto del armamento en manos de civiles.
Luego de cada una de esas matanzas se alzaron numerosas voces como la del senador demócrata Chris Murphy, quien denunció el papel del lobby de armas en el país y emplazó a los demás miembros del Capitolio por la falta de acción sobre el tema.
Nada de esto es inevitable. Lo sé porque ningún otro país soporta este ritmo de carnicería masiva como Estados Unidos. Es único y trágicamente norteamericano. Mientras nuestra nación se inunde con armas y se deje que caigan en manos de personas peligrosas, estos asesinatos no disminuirán, consideró.
Carnicería masiva en Sutherland Springs. Podemos hacerlo mejor que esto. La idea de que no haya nuevas leyes de seguridad para las armas no es solo idiota, sino asesina, manifestó tras la masacre en Texas el guionista, director y comediante Adam McKay.
Los republicanos, por su parte, acusaron a los miembros del partido azul de politizar las tragedias por demandar acción justo luego de dichos eventos y sostuvieron que no era el momento para un debate de ese tipo; semanas y meses después, la discusión y las medidas sobre el tema siguen sin llegar.
En tanto, datos del Buró Federal de Investigaciones indicaron que las ventas de armas de fuego se dispararon en noviembre durante el "Black Friday" (viernes negro), pues la agencia federal debió procesar 203 mil 86 solicitudes de verificación de antecedentes de compradores, lo cual supuso récord para una sola jornada.
- Corresponsal Jefa de Prensa Latina en EEUU
