Portal:Panorama Mundial/RESUMEN SEMANAL/2019-12-08

POLÍTICA

¿Venezuela en calma? Así serán las elecciones del 2020 (Sputnik)

SPUTNIK 21 de noviembre del 2019 RUSIA

Esther Yáñez Illescas


Venezuela va a elecciones. El 2020 será un año lleno de expectativas en las urnas. La Revolución Bolivariana dice que estos comicios serán los vigésimo quintos desde que sus impulsores llegaron al poder en 1999. Se trata de una cifra que suelen repetir como un mantra de su democracia.


La conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) con rectores y suplentes para sustituir a los actuales, junto con la celebración de las elecciones parlamentarias en 2020, es, sin duda, el tema central de la política actual en Venezuela.


Nicolás Maduro lo está consiguiendo. El presidente venezolano ha puesto en los titulares de la prensa nacional una Mesa de Diálogo con la oposición (una parte de ella) que nació de repente y por sorpresa. El objetivo: conseguir la reconciliación del país. Hay varios puntos a debatir en esta Mesa; el electoral ocupa las primeras planas.


Cuatro partidos opositores (Esperanza por el Cambio; Movimiento al Socialismo; Soluciones para Venezuela, y Cambiemos Movimiento Ciudadano) están participando. Son los que reivindican la "sensatez", el "diálogo desde dentro", el "hacer política entre venezolanos".


Se trata de una contraposición a otro sector opositor, el denominado G4 (Voluntad Popular; Primero Justicia; Acción Democrática, y Un Nuevo Tiempo), más radical y con Juan Guaidó a la cabeza, quien se niega a sentarse a dialogar, al menos públicamente, en una bancada que consideran una farsa.


El G4 aboga por "retomar las calles" o por la consigna "calles sin retorno", que nació el pasado 16 de noviembre, cuando volvieron a salir a protestar por las calles de Caracas después de meses de hastío generalizado incluso entre sus propias filas. Era sábado, y esa marcha no fue mejor. No se cumplieron las expectativas, salió menos gente de la esperada y los que se movilizaron terminaron molestos con Guaidó.


Se vieron varias pancartas acusando al líder del G4 de "estafador" e incluso algunas instantáneas se hicieron virales en las redes sociales. También lo reprochan por incumplir el otro mantra del grupo opositor: "cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres". Hace tiempo que no se escucha en su tribuna.


El error de Juan Guaidó y el G4


Sobre Juan Guaidó y su postura sobre la Mesa de Diálogo Nacional, en marcha desde septiembre, Sputnik conversó con el analista político Jonathan Sánchez, quien observa que el líder de Voluntad Popular es "uno de los voceros de la mentira".


"Se contradice porque sí se sientan con el Gobierno y están acordando cosas. Eso sucede todos los días aunque el discurso pensado para el exterior sea que no van a reconocer un nuevo CNE que salga de la Mesa de la que supuestamente no están participando", apunta Sánchez.


El analista político señala además que la demanda de conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para las próximas elecciones sale de la propia oposición y que el Gobierno de Nicolás Maduro solo está respondiendo a esa petición. "Demuestra así su disposición para llegar a consensos, pero el chavismo no tenía necesidad de crear un nuevo consejo rector para tener unas elecciones libres, democráticas y transparentes", evalúa.


Sánchez asegura que lo ideal para Guaidó y el G4 sería que "todos los poderes públicos se pongan a su servicio. Pero eso no ocurre en política y mucho menos en un proceso democrático. En Venezuela se están buscando soluciones democráticas en el marco de la Constitución".


Sin embargo, sobre si la Mesa de Diálogo Nacional va a solucionar o no un conflicto enquistado desde hace años, el politólogo se muestra pesimista. "Pareciera que las vocerías de Guaidó no lo resuelven por un tema caprichoso. Están saboteando su propia demanda".


En este sentido, Melva Paredes, portavoz de Cambiemos en la Mesa, asegura, en entrevista con Sputnik, que la actitud de los partidos del G4 es "un error enorme, inaudito e imperdonable".


"Si no le damos una salida política al conflicto", continúa, "la alternativa es 'la calle sin retorno' y mira, después de meses así no han conseguido nada. Nosotros no estamos en una ruta de crisis ni de invasión (militar internacional) y creemos que dentro de sus filas hay muchos militantes que sí quieren participar de las elecciones".


Los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral


La diputada de Cambiemos considera hasta el momento "un éxito" la Mesa de Diálogo Nacional porque "se está avanzando", asegura, en "tres de los cinco principales acuerdos". Esos tres acuerdos en los que se habría llegado a consensos son: el establecimiento de garantías electorales para los comicios parlamentarios de 2020; acuerdos en materia económica y social, como el intercambio de petróleo por alimentos y medicinas, así como la eliminación de impuestos sobre algunos rubros de primera necesidad; y la reconciliación nacional que pasa por el reconocimiento a las víctimas de la violencia.


Sin embargo, a pesar de las opiniones optimistas de la portavoz (según Paredes conoceremos los nombres de los nuevos cinco rectores del CNE a finales de diciembre), hasta el momento solo se ha conformado un Comité Preliminar compuesto por 11 diputados (siete opositores y cuatro chavistas por la proporción de escaños en el Parlamento) y ahora deben integrarse 10 miembros de la sociedad civil. Estos 21 miembros que en total conformarán este Comité serán los encargados de seleccionar a los nuevos cinco rectores en base a los méritos curriculares pertinentes.


Según Francisco Torrealba, portavoz de la Mesa por parte del PSUV que también dialogó con Sputnik, "este proceso está dándose por los acuerdos políticos alcanzados desde República Dominicana pero van a llevar un tiempo indeterminado, dependiendo de la voluntad política que manifieste el G4".


Torrealba es cauto con el cronograma porque los acuerdos están planteados a través de la Asamblea Nacional, actualmente declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras considerar "irregular" y "falta de validez jurídica" la incorporación a la bancada de tres diputados indígenas del estado Amazonas tras las elecciones parlamentarias del año 2015, donde la oposición venció al chavismo en las urnas.


Desde entonces, el Parlamento venezolano se encuentra en un limbo jurídico para legislar y el propio TSJ asumió sus competencias en marzo de 2017, en una decisión controvertida que sería el punto de partida de las denominadas "guarimbas" de aquel año: cuatro meses de protestas violentas en las calles de Venezuela que terminaron con un saldo de más de 150 muertos y centenares de heridos en todo el país y que terminaron con las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.


"Si queremos elegir a los nuevos rectores dentro de la Asamblea Nacional", explica Torrealba, "primero hay que levantar el desacato porque si no, la elección no tendría validez. Y no creo que ellos quieran hacerlo". ¿Entonces?


El diputado responde: "Habría que acudir al Tribunal Supremo de Justicia y que por la vía de la comisión legislativa designe a los nuevos cinco rectores que conformarán el nuevo Consejo Nacional Electoral".


Para Torrealba, el desacato "continúa siendo un gran negocio para la derecha venezolana". "Están manejando cientos de millones de dólares y no están rindiendo cuentas. En el fondo ellos no quieren que haya ninguna elección y por eso se impone el discurso más radical. Así lo declaró el propio Guaidó", concluye.


Suena a círculo vicioso. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ya ha designado en tres ocasiones a los rectores del CNE por la vía de la omisión legislativa (en 2003, 2014 y 2016). Si volviese a ocurrir una cuarta vez, con las expectativas tan altas puestas en la Mesa de Diálogo Nacional, los titulares de prensa internacional no favorecerían a la opinión pública dentro y fuera de Venezuela. Buena estrategia para la oposición radical. No tan buena para un gobierno acostumbrado a esos titulares en contra.


En cualquier caso y sea con los rectores que sea (incluso cabría la posibilidad de que se mantuviesen los mismos que ostentan el cargo ahora si la Asamblea Nacional no abandona el desacato), en lo que coinciden analistas y diputados es que en 2020 habrá elecciones parlamentarias "y no presidenciales" como apunta Francisco Torrealba. Y serán en el último trimestre y no antes. "Como mucho podrán adelantarse a noviembre, pero nunca antes del tercer trimestre del año. Esto da garantías a los electores", señala el portavoz del PSUV.


Torrealba continúa: "si ellos (el G4) no reconocen al nuevo CNE, estarían cometiendo un terrible error porque nosotros vamos a ganar la mayoría de los cargos en el Parlamento y sin competencia. Creo que habría una ruptura interna porque la mayoría de los diputados opositores, en privado, dicen que quieren seguir siendo diputados y creen que pueden ganar las elecciones".


La posibilidad de que muchos parlamentarios de los principales partidos de la oposición rechacen la postura radical de Juan Guaidó de oponerse a participar en unos comicios, incluso con la elección transparente de un nuevo CNE, es cada vez mayor. Según fuentes de la Asamblea Nacional, muchos estarían negociando incluso, participar bajo el "tarjetón" de otros partidos o como independientes.


Bolivia: del golpe a la dictadura (La Jornada)

LA JORNADA 20 de noviembre del 2019 MÉXICO

Editorial


La bárbara represión policial y militar lanzada ayer por el régimen de facto boliviano en la planta de combustibles de Sakata, municipio de El Alto, contiguo a La Paz, dejó un saldo aún no determinado de muertos –la cifra oscila entre tres y 10– y decenas de heridos. Los hechos ocurrieron después de que partidarios del depuesto presidente Evo Morales accedieron a desbloquear la planta, que habían mantenido rodeada, con el fin de que una caravana de camiones contenedores cargara combustibles líquidos y gas para abastecer a la capital, que desde hace varios días padece de falta de gasolina y gas debido al bloqueo. De acuerdo con diversos testimonios videograbados, el ataque a la población estuvo apoyado por helicópteros de combate y carros blindados.


Este episodio se suma a la matanza perpetrada el pasado viernes por las fuerzas gubernamentales en la localidad de Sacaba, Cochabamba, donde 10 personas fueron asesinadas por militares y policías; al decreto expedido la víspera por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez en el que de antemano exonera a efectivos de las fuerzas públicas de toda responsabilidad penal por delitos cometidos en acciones de represión; a las numerosas expulsiones de periodistas y al ambiente de encarnizada persecución política en contra de opositores al régimen de facto.


Otro hecho que retrata de manera inequívoca el carácter totalitario de los golpistas bolivianos es su empecinamiento en exigir al gobierno mexicano que violente los derechos de Evo Morales y lo obligue a guardar silencio, para lo cual esgrimen un viejo Tratado sobre Asilo y Refugio Político (Montevideo, 1939) que México nunca firmó y Bolivia no ratificó.


Por más que Áñez y los cabecillas civiles del golpe de Estado cívico militar consumado el 10 de noviembre –el político derechista Carlos de Mesa Gisbert, el empresario ultraderechista Luis Fernando Camacho y otros– han insistido en que el régimen tiene el propósito de convocar a elecciones libres en un breve lapso, la inusitada violencia oficial en contra de los sectores populares, las declaraciones vitriólicas en contra de Evo Morales y el marcado acento racista y clasista en los discursos de quienes controlan en el momento actual las corporaciones armadas prefigura un régimen de abierta dictadura.


El propósito es claro: reducir al mínimo –ya sea mediante asesinatos, por la vía de las imputaciones penales o por medio de la intensa campaña de propaganda calumniosa que se realiza en estos días– el respaldo social al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, y organizar unos comicios a modo en los que esté garantizado el triunfo de una fórmula oligárquica y neoliberal.


Existe, pues, el designio de llevar a Bolivia a una regresión a los peores tiempos de las dictaduras militares sudamericanas. Ante este escenario de pesadilla, es necesario que el resto de las sociedades de América Latina y el mundo se mantengan al tanto de los sucesos y presionen a sus respectivos gobiernos para que la dictadura embrionaria se vea aislada y repudiada por la comunidad internacional.


A Dios rogando y con el mazo dando (Brecha)

BRECHA 22 de noviembre de 2019 URUGUAY

El papel de la religión en el golpe boliviano

Nicolás Iglesias Schneider


En las décadas del 60 y 70 varios golpes de Estado en América Latina recurrieron a un discurso religioso que reivindicaba lo “occidental y cristiano”. El fenómeno parece repetirse estos días en Bolivia mediante dos modelos de cristianización: el de la Iglesia Católica y el de las teologías de la prosperidad económica y el dominio político.


La religión siempre ha estado presente en la política boliviana y es un factor fundamental en los procesos subjetivos de cambio social del país andino. Según datos del 2018 del Instituto Nacional de Estadística boliviano, 71% de sus habitantes se definen como católicos, 21% por ciento evangélicos, un 4 por ciento se adscribe a las religiones nativas (aunque muchos viven su religiosidad originaria en diálogo con el catolicismo popular) y el tres por ciento se reconoce afiliado a otras religiones.


En el 2009, durante el gobierno de Evo Morales, la laicidad del Estado quedó garantizada en la nueva Constitución, lo que provocó desencuentros con la jerarquía católica y las élites de Santa Cruz. Aun así, la religión no quedó fuera de la escena política ni de los procesos de legitimidad simbólica usados por Morales: “Evo realzó las prácticas religiosas ancestrales andinas”, explicó a Brecha Julio Córdova Villazón, sociólogo boliviano e investigador sobre fenómenos religiosos. “Por ejemplo, la ceremonia de investidura gubernamental se hizo en Tiahuanaco, con la participación de yatiris (sacerdotes-médicos aymaras), amautas (sabios de la comunidad), y la realización dentro del Palacio de Gobierno de ofrendas a la Pachamama.” Estas no fueron, sin embargo, las únicas señales religiosas.


Aunque Morales se distanció de las prácticas clericales de la Iglesia Católica Romana, ya en 2015 había recibido al papa Francisco, el primer pontífice en visitar el país. En esa oportunidad ambos protagonizaron un polémico intercambio simbólico: el papa le regaló al mandatario boliviano un mosaico de la Virgen y una copia de su encíclica sobre el medioambiente. Morales, por su parte, le entregó al pontífice una cruz tallada sobre una hoz y un martillo, réplica de la obra del sacerdote jesuita español Luis Espinal Camps, torturado y asesinado por paramilitares en el 1980 por denunciar la violencia política en Bolivia.


Morales tuvo incluso varios gestos religiosos durante esta última campaña, que pretendía su reelección por un cuarto período consecutivo, según recordó también el investigador. Por ejemplo, el ahora expresidente comulgó durante el acto de entrega de las obras de refacción de la iglesia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, en Tarija, actividad que transmitió el canal estatal. Desde sus tiempos de sindicalista, Evo Morales supo manifestar su cercanía con la Iglesia Metodista boliviana, que en mayo de este año le obsequió un cayado que, según dijo entonces el obispo Antonio Huanca, simbolizaba “firmeza y autoridad”. Durante la ceremonia, Huanca también afirmó que su Iglesia denominó al período de gobierno de Morales como “tiempos de paz y de renovación” (Página Siete, 24-V-19).


El líder del Movimiento al Socialismo también participó este año en varios encuentros con iglesias pentecostales y neopentecostales, buscando apoyo y legitimidad, recordó Córdova. El 18 de mayo recibió el apoyo del pastor Fabricio Roca, de la iglesia Asamblea de Dios, quien dijo que “el binomio oficialista (Morales y su vice, Álvaro García Linera) debe seguir al mando del país porque es el camino que tú, Señor, has trazado para nuestra Bolivia”. Posteriormente Roca oró y pidió una bendición para el mandatario y su gobierno: “Bendecimos al presidente Evo, bendecimos al vicepresidente Álvaro y declaramos victoria y bendición sobre nuestra Bolivia” (Página Siete, 24-V-19).


Córdova destacó a este semanario que, “en cuanto a lo político-electoral, tanto el gobierno de Evo Morales con su sincretismo como (la autoproclamada presidenta) JeanineÁñez saben manejar los símbolos religiosos para conseguir el apoyo de la población (…). Desde mi perspectiva, los bolivianos tienen un nivel alto de fe religiosa, pero un nivel muy bajo de confianza interpersonal y hacia los líderes sociales y políticos”.


La cruz y la espada


En una reciente entrevista con Telesur, el teólogo boliviano Alejandro Dausá resaltó la potente simbología religiosa que eligió el líder social y empresarial Luis Fernando Camacho. El Macho, como se lo conoce en su país, convocó “a concentraciones multitudinarias en un espacio físico muy conocido en Santa Cruz de la Sierra, donde hay una imagen tradicional muy grande de Cristo y un altar donde estuvo el papa Francisco cuando visitó Santa Cruz. A esto se le suma el uso de la imagen de la Virgen, el rosario y la Biblia (…). Durante meses, Camacho se ha mostrado como un cruzado en la lucha entre el bien –que representaría él– y el mal –representado por Evo Morales y el partido de gobierno” (10-XI-19).


Semanas atrás el dirigente cruceño –que se define como católico– dijo que estaba destinado a llevar la Biblia a la casa de gobierno, y lo hizo junto con una bandera nacional y la carta de renuncia que pretendía firmara el presidente, en una imagen que recorrió el mundo. Pero este opositor a Morales no solo preside el Comité Cívico de Santa Cruz, que representa a los intereses del empresariado local desde los años cincuenta, sino que se ha presentado como un enviado de Dios y como un caballero cruzado frente al mal.


Aprovechando los sentimientos religiosos de los bolivianos, el empresario difunde en las reuniones del Comité Cívico un mensaje racista, mezclado con gestos religiosos, oraciones y alabanzas, en beneficio de sus intereses. Según Dausá, “la religión se volvió un instrumento para defender los intereses de la clase dominante y los grandes intereses económicos internacionales, en contra de los intereses populares”. De acuerdo al teólogo, en el proceso que desembocó en la salida de Evo Morales “han participado pastores y también referentes católicos que celebraron una misa como una manera de bendecir el golpe de Estado. Se usan las creencias religiosas para producir un quiebre de la democracia”.


Otro de los actores que han jugado de forma destacada en esta narrativa es Chi HyunChung, un pastor presbiteriano coreano-boliviano, desconocido hasta las últimas elecciones, que ganó popularidad gracias a su fanatismo religioso y sus posiciones contra el aborto y la comunidad lgbt. Su discurso está alineado con el de Áñez, y tal fue su éxito que en pocos meses logró las adhesiones suficientes para colocarse en el tercer lugar en los comicios, detrás de Morales y Carlos Mesa.


Enrique Dussel, destacado filósofo, historiador y teólogo latinoamericano, considera que el golpe da cuenta de un proceso de transformación de la subjetividad, afirmado en una interpretación racista, colonial y machista de la Biblia que busca destruir la tradición indígena. Se está dando una lucha de tipo religiosa que es política e ideológica, en la cual el mensaje de la Teología de la liberación (“bienaventurados los pobres y malditos los ricos”) está siendo invertido por el fundamentalismo religioso. “Con un sentido común burgués y proestadounidense dan una nueva interpretación de la realidad (…). Es un cristianismo fundamentalista que reinterpreta la cruz y la espada, dos conceptos coloniales, en pos de reeducar la subjetividad de los pueblos originarios para que supuestamente entren al mundo moderno, con el objetivo de trabajar y así conseguir cierta riqueza (…). Hay un racismo que desprecia al indígena y a las cholas, que han sido humilladas y tiradas, algunas han sido rapadas. Todo esto da un preocupante panorama en América Latina” (Aristegui Noticias, 14-XI-19). Según Dussel, la izquierda no ha sabido cómo interpretar este mensaje, y ha primado la incomprensión de la dimensión subjetiva y espiritual de los procesos sociales.


Soldados de cristo


Al igual que en muchas dictaduras latinoamericanas décadas atrás, hoy en Bolivia el poder religioso y el militar se aúnan para legitimarse mutuamente con un objetivo político común: si durante los años sesenta el enemigo a derrotar era el comunismo, en la Bolivia actual se trata de aniquilar las cosmovisiones originarias y su simbología (como la wiphala, que ha sido quemada y desterrada de los edificios de gobierno).


Frente a esta situación de violencia religiosa, la teóloga y antropóloga aymara Juana Condori declaró a Brecha que “la wiphala representa el territorio sagrado para el mundo originario, su quema es una afrenta a la existencia plurinacional de nuestros pueblos. No es solo contra el MAS: es un símbolo que para la clase media alta es cosa de los indios y sus ‘supersticiones’”.


Una misma caza de brujas puede verse en otros países de la región, donde el enemigo designado es la denominada “ideología de género”. Ambas –cosmovisiones originarias y lucha feminista– son vistas como enemigas en la narrativa que maneja la autoproclamada presidenta Áñez, una mujer identificada con los sectores católicos ultraconservadores, que comulga con la derecha evangélica latinoamericana y apoya a grupos como Con mis Hijos no te Metas.


En un video difundido a pocos días del golpe por el Ministerio Bautista Internacional, una iglesia evangélica con sede en Santa Cruz de la Sierra, se ve plasmada esta alianza religiosa y militar en las palabras del coronel de la policía boliviana Rodolfo Salazar, quien declara: “Sometiéndonos bajo su soberanía y su autoridad, por gracia de Dios hoy somos parte integrante del ejército más grande, somos soldados de Cristo”.


En ese mismo acto, su colega Raúl Rubén Lafuente Velásquez anuncia: “Soy creyente, hijo de Dios. Y como coronel del Ejército de Bolivia, restablezco un nuevo tiempo y entendimiento en las fuerzas armadas de Bolivia para cumplir su misión fundamental (…). Reivindico y consagro a las fuerzas armadas de Bolivia para Jesucristo y (estas) se someten al señorío de Jehová Tsebaoth, general de generales, Dios de los Ejércitos. Amén”. Su discurso es recibido por aplausos y gritos de amén de los presentes en la ceremonia.


La imagen, en sí misma, da cuenta de cierto sincretismo: medieval y contemporánea, muestra a uniformados presentes en un acto religioso que desde su lugar de autoridad militar se rinden ante una autoridad teocrática y resaltan una imagen militarista de Dios. No en vano Tsebaoth es la forma en que los hebreos se refieren al Dios de los Ejércitos en el Antiguo Testamento. La elección de ese nombre es una referencia a los tiempos donde primaba la teología sacrificial, es decir, una deidad que pide sacrificios para ser honrada. Eso que el propio Camacho exaltó tras el golpe de Estado cuando se dirigió a sus seguidores: “Agradezco todo el sacrificio que han hecho, han estado fuertes en esta lucha de 21 días de paro, era la señal que Dios tenía para recuperar el voto que fue violado, y llevar adelante el nombre de Dios, que ya volvió al palacio”.


Desde su exilio en México, mientras tanto, Evo Morales parece no haber perdido la fe en la presión internacional… ni en la divina. Ha pedido la mediación de la ONU, de personalidades europeas y también del papa Francisco, pero hasta el momento solo ha recibido deseos de buena voluntad. Quizás Evo en este momento esté preguntándose, como Atahualpa Yupanqui, si sabe dónde está Dios: “¡Por su casa no ha pasado tan importante señor!”.


En Bolivia como en Palestina (Resumen Latinoamericano)

RESUMEN LATINOAMERICANO 20 de noviembre del 2019 ARGENTINA

Carlos Aznárez*


Bolivia se está pareciendo a Palestina, por muchas razones que es importante enumerar a la hora de chocar con el horror de la instalación de una dictadura brutal en Sudamérica.


Por un lado, se trata de dos pueblos originarios que no solo enfrentan a un enemigo implacable, sino que dentro de las armas más letales que este utiliza está también el factor religioso.


En nombre de una versión difamatoria y enfermiza del verdadero cristianismo, la oligarquía boliviana se autorreferencia, como el nazismo, en “la pureza racial”, utiliza la Biblia y todos sus derivados, incluido el lavado de cerebro que aplica la mayoría de las iglesias pentecostales para cooptar a las capas más pobres de nuestras sociedades y a las distintas y numerosas etnias originarias a las que considera seres inferiores.


Si estas argucias no funcionaran, como plan B se les demuestra el odio, la burla procaz y se las trata de humillar y empequeñecer en cada circunstancia, destruyendo los símbolos más preciados de su identidad.


Quemar wiphalas, despreciar a las mujeres bolivianas “de pollera” o maldecir a los indígenas como han hecho Camacho, Mesa y la presidenta de facto son elementos concretos de ese castigo al diferente.


Con esa misma tesitura, el judaísmo sionista esgrime contra el pueblo palestino la idea del etnocidio, en nombre de una mentirosa lectura de la historia donde se omiten los datos fundamentales para disimular que cuando los invasores llegaron, los invadidos ya hacía siglos que se aferraban a su territorio con la misma fuerza que en el presente.


La entidad sionista es, como la oligarquía apátrida boliviana, racista y violenta, una en nombre de Jehová y la otra utilizando a un Dios inventado para justificar sus crímenes.


Esta dictadura boliviana de hoy, que ordena a sus militares y policías reprimir al pueblo indígena-campesino, obrero y estudiantil como en las más siniestras jornadas de la década latinoamericana de los 60-70, baleando desde helicópteros o tanquetas, torturando y asesinando, tiene, además, un odio de clase contra quienes, gracias a un gobierno popular y revolucionario, pudieron sentirse por primera vez incluidos, tratados como iguales, empoderados y hermanados con el resto de la población.


En Palestina, el ocupante no solo se apodera de territorios, expulsando a los habitantes nativos, demoliendo sus viviendas y destruyendo sus cultivos, sino que también manifiesta un profundo odio hacia quienes, a pesar de las continuas persecuciones y masacres, mantienen un perfil de resistencia política y sobre todo cultural.


Los ocupantes actúan como clase opresora, siendo en realidad una elite de nuevos ricos nutridos de riquezas surgidas del sostén que otros como ellos envían desde la diáspora.


El objetivo de estos aportes, voluntarios y a veces bajo presión, pasa por lograr, entro otros proyectos de opulencia económica, engrasar la maquinaria que ejecuta el saqueo continuo de Palestina y, a través de un gigantesco aparato bélico, militarizar ese territorio para hostigar desde allí al resto del mundo árabe.


Por otro lado, qué decir de las resistencias al opresor cuando todos los días estamos viendo en la Bolivia de Túpac Katari, Bartolina Sisa y Evo Morales escenas heroicas en las que las masas, orientadas por sus organizaciones naturales, utilizan todos los métodos de lucha, pero haciendo recaer el peso principal en la resistencia pacífica a la que están acostumbrados desde hace siglos los pueblos indígenas.


Un aspecto importante de esta estrategia es el bloqueo de las grandes ciudades para hacer sentir el peso superlativo que tienen aquellos que siembran, producen alimentos, los manufacturan y los distribuyen.


O generan a la vez movilizaciones masivas, ocupando las calles, las carreteras, los diversos territorios, exigiendo que caigan aquellos que nadie eligió y vuelva a gobernar el hombre que socializó el liderazgo con sus compañeros de tantas contiendas.


La respuesta de los parásitos de la burguesía y las clases acomodadas ante el menor atisbo de desabastecimiento consiste en ordenar a sus perros uniformados que salgan de cacería.


Al igual que en Bolivia, el pueblo palestino no ha dejado de luchar y movilizarse ni un día, desde que se produjo, hace más de siete décadas, la ocupación y la Naqba (catástrofe) que esta trajo aparejada, y en ese sentido, las pacíficas “marchas del retorno” que desde hace más de un año protagoniza el pueblo de Gaza o las continuas acciones de protesta y resistencia en Cisjordania se convierten en hitos de reivindicación territorial donde se muestra la heroicidad de sus protagonistas, enfrentando con piedras a francotiradores fuertemente armados en Palestina, o a policías y militares enceguecidos por el odio, gasificando hasta la asfixia a hombres, mujeres y niños, o ametrallándolos a mansalva en El Alto boliviano o en Cochabamba.


En ambas confrontaciones, símbolos identitarios, como la multicolor wiphala de los pueblos originarios de Abya Yala o la cuatricolor insignia palestina, son levantados con orgullo por quienes saben que ambos sintetizan mucho más que un estandarte al que hay que defender con la vida si es preciso.


Por último, un apartado sobre cómo reacciona el mundo frente a estos etnocidios. Los gobiernos, casi todos, con la excepción de los revolucionarios de Cuba y Venezuela (a la que se suman, sobre todo en el caso boliviano, México, Nicaragua, Uruguay, el futuro gobierno argentino y países del Tercer Mundo), callan o cierran filas apoyando a los asesinos.


En el campo de la intelectualidad internacional, frente a conflictos de tal magnitud como los que hoy ocurren en Latinoamérica y el Oriente Medio hay también dos expresiones diferenciadas.


Una franja importante, que está alineada junto a las revoluciones bolivariana y cubana, que tiene claro quién es el enemigo principal, no duda en manifestar su apoyo por ambos pueblos a los que se intenta sojuzgar.


Sin embargo, lamentablemente, hay algunas expresiones disonantes. Son las de aquellos que están al acecho para marcar y remarcar qué es lo malo que han hecho los liderazgos o los pueblos, y se lanzan con todo a la crítica corrosiva.


Son los que no emplean la misma potencia para, en medio de una masacre allá o aquí, denunciar y enfrentar con la misma fuerza a los criminales ligados al imperio. Lo vimos en más de una ocasión cuando en Palestina, cansados de poner la otra mejilla, hubo y hay sectores de la resistencia que se decidieron a combinar los métodos pacíficos de lucha con la violencia revolucionaria.


Enseguida se escucharon las voces de los eternos “bien pensantes” (muchos confesos “progresistas” o de “izquierda”) que salieron a pontificar: “así no se hace”, “esto le hace el juego al enemigo”. Y sin más, siguieron o siguen dictando conferencias en tal o cual universidad, mientras quienes por suerte no los escuchan se entregan por completo a defender sus territorios.


Ahora en Bolivia ocurre lo mismo, esta intelectualidad que se dice “compañera” o incluso “anti-imperialista” está muy preocupada por descubrir la “magnitud” de los “errores” de Evo Morales (como tiempo atrás los de Maduro) y lo hacen otra vez desde la comodidad, en medio de la atroz y sangrienta ofensiva de quienes derrocaron a Evo no por sus errores sino por sus miles de aciertos y que ahora tratan de retrotraer al pueblo boliviano a la Edad Media.


Lástima que ni siquiera en momentos tan límites, donde el imperio, el capital y el patriarcado están de un lado y los que lo desafían del otro, se pueda cerrar filas para dar una respuesta de sentido común ante semejantes enemigos.


Pero como no son tiempos de discursos, consejos o actitudes omnipotentes sino de acción y solidaridad concretas, nosotros a lo nuestro y quienes no lo entienden irán quedando en el camino.


  • Director desde hace 22 años de la plataforma comunicacional Resumen Latinoamericano (Argentina), que tiene impreso, radio y televisión y que tiene publicación mundial

La golpista Jeanine Áñez y Mauricio Macri, socios del mismo partido político latinoamericano (CLAE)

CLAE 20 de noviembre del 2019 URUGUAY

Internacional ultraderechista

Betiana Vargas* y Matías Caciabue**


No es para sorprenderse: La golpista boliviana Jeanine Áñez y el aún presidente neoliberal argentino Mauricio Macri son del mismo partido político latinoamericano, la Unión de Partidos Latinoamericanos (Upla), que es parte de la red ultraconservadora Atlas y cuenta con financiamiento público y privado estadounidense.


A rigor de verdad es una articulación partidaria que sienta en una misma mesa al Partido Propuesta Republicana (PRO), de Argentina, y al Partido Demócrata Social–Demócratas, de Bolivia.


La finalidad de esta organización, según enuncia su sitio web, es defender “la democracia y la libertad en América Latina” de las desestabilizaciones causadas por “intervenciones militares del pasado, caudillismos o populismos de algunos de sus gobernantes”.


En Upla también conviven el partido pinochetista Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional, del hoy cuestionadísimo presidente chileno Sebastián Piñera, el histórico Partido Conservador de Colombia y el uribista Centro Democrático, actual partido de gobierno en dicho país.


También participan la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de El Salvador; el Partido Colorado, de Paraguay; el Partido Unionista, de Guatemala (que controla la capital del país desde el 2004), y Proyecto Venezuela, de Henrique Fernando Salas Feo, entre otros.


A su vez, este espacio regional integra la Unión Internacional Demócrata, IDU por sus siglas en inglés. Allí, esos partidos latinoamericanos quedan bajo la protección del Partido Republicano estadounidense del presidente Donald Trump, la Democracia Cristiana que gobierna Alemania con la canciller Ángela Merkel, el Partido Popular (PP) español, entre las más de 40 organizaciones asociadas.


Demócratas, el partido constituido en la pata civil del golpe de Estado en Bolivia, llevó a su conductor, Óscar Ortiz, como candidato a presidente en las elecciones del pasado 20 de octubre. Con 260 mil votos y el 4,2% del electorado, Ortiz ocupó la cuarta posición. Pero, destrozando el pacto democrático, lo que no se obtiene por los votos se puede obtener por las botas.


El año pasado, y en el marco de una gira de campaña, Óscar Ortiz pudo encontrarse para la foto con Mauricio Macri y tener una reunión de coordinación con Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos de la nación y monje negro de la diplomacia macrista, siendo uno de los articuladores argentinos del “Grupo de Lima” y las movidas golpistas en Venezuela.


Jeanine Áñez, senadora bajo el mando de Ortiz, es una figura ignota para la sociedad boliviana. El diario La Razón, de Bolivia, el pasado 12 de noviembre, con Áñez ya protagonista de una presidencia autoproclamada, se veía en la necesidad de publicar una nota para presentarla en sociedad: “¿quién es la nueva presidenta del Estado boliviano?”


En dicha nota se dice que Áñez nació en el municipio de San Joaquín, en el departamento de Beni. Es Licenciada en Derecho y tiene diplomados en Gestión Pública y Gestión Social, Diplomado en Derechos Humanos y en Educación Superior.


Entre el 2006 y el 2008 ejerció como asambleísta constituyente por la oposición y su firma está presente sobre la Constitución Política del Estado, esa que pisoteó al asumir sin ningún tipo de quórum, legitimidad y legalidad declarándose “presidenta por sucesión constitucional”.


La “Guaidó boliviana” está casada con el político colombiano Héctor Hernando Hincapié, quien supo enrolarse en el Partido de la U del expresidente Juan Manuel Santos y el año pasado fue candidato a senador por el Partido Conservador en el departamento de Tolima. Allí, según el diario El Tiempo, de Colombia, Hernando Hincapié se “quemó” obteniendo apenas mil 66 votos.


Las elites locales y las oligarquías globales


En la globalización, al calor de la concentración y centralización del capital a una escala transnacional, las elites nativas se han re-articulado económica, social y políticamente en el marco de lo que el sociólogo norteamericano William Robinson ha definido como una cultura capitalista global.


Estas elites, ahora globalizadas, comparten de una manera creciente los mismos estilos de vida, el consumo de los mismos bienes y servicios de lujo, incluso los mismos patrones educativos, que incluyen la formación en los mismos nodos-universidades de una red educativa global con eje en las universidades mejor ranqueadas de Estados Unidos y Europa.


Debajo de la oligarquía global están los profesionales de altos ingresos, es decir, los directores, gerentes y CEO (ejecutivos), que parecen compartir más culturalmente con sus contrapartes en los diferentes países que con sus compañeros “nacionales” de las fracciones no favorecidas de la clase obrera.


Ese entramado cultural se articula, estratégicamente, en redes de thinks tanks, verdaderos partidos (y formadores) de cuadros del capital.


En tal sentido, las investigaciones sobre la red Atlas, del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (Clae), ponen en relieve los centros de estudios financiados por el Departamento de Estado y la National Endowment for Democracy (NED, Fundación Nacional para la Democracia).


Todo da cuenta de la capilaridad política creciente que dichos espacios, articulados en red, tienen en la región.


Así, la red Atlas tiene trece entidades afiliadas en Brasil, doce en Argentina, once en Chile, ocho en Perú, cinco en México y Costa Rica, cuatro en Uruguay, Venezuela, Bolivia y Guatemala, dos en República Dominicana, Ecuador y El Salvador, y una en Colombia, Panamá, Bahamas, Jamaica y Honduras.


Entre los cuatro thinks tanks de Bolivia pertenecientes a la red Atlas destaca la Fundación Nueva Democracia, con sede central en Santa Cruz de la Sierra, en cuyo directorio aparece nada más y nada menos que el propio Óscar Ortiz, indudable jefe político del rostro civil del golpe de Estado, la autoproclamada Áñez.


Otro de los thinks tanks bolivianos, calibrado en el entramado mundial neoconservador, es el Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud (Icees), que muestra públicamente sus vinculaciones con el Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra.


Con la firma de una de sus investigadoras, la periodista Susana Seleme, una nota del Icees ensalza al líder del Comité, el fascista Luis Fernando Camacho, afirmando que “por las inéditas dimensiones que ha cobrado su liderazgo, pareciera que responde a postergadas necesidades colectivas desde el punto de vista sociológico y psicológico”.


“Ha llenado un enorme vacío emocional y político que se traduce en cohesión social, reconocimiento entre bolivianos/as, representatividad, inclusión y consenso por un objetivo: derrotar ‘al tirano’ Morales y obtener su renuncia, con carta incluida. De características casi mesiánicas y religiosas, Camacho es el nuevo líder que retoma las banderas del Federalismo y se enfrenta a Morales”, añade.


Para el caso argentino, en una investigación sobre la red Atlas de la revista electrónica británica The Intercept, cuya edición brasileña desarmó recientemente la trama del lawfare contra el expresidente Lula, se señala que “a lo largo de los años, Atlas y sus fundaciones benéficas afiliadas han proporcionado cientos de subvenciones a grupos de expertos conservadores y de libre mercado en América Latina, […] incluida la Fundación Pensar, el think tank Atlas que se fusionó con el partido político formado por Mauricio Macri”.


Por donde se analice, se nos manifiesta una red de nodos y una red de redes, que superpone objetivos económicos, políticos, electorales e intelectuales, íntima y discretamente coordinados.


Mientras tanto, crece la violencia y la militarización en Bolivia


En estos días, calientes para Bolivia, aparecen informaciones sobre la militarización creciente que vive el país. Circulan vídeos sobre la represión de las fuerzas de seguridad en distintos puntos del país, donde destaca una feroz arremetida el 14 de noviembre contra campesinos del trópico en las afueras de la ciudad de Cochabamba, quienes iban de camino a La Paz, donde debían confluir en una gigantesca protesta contra el golpe.


El Cedib, Centro de Documentación e Información de Bolivia, ha publicado una nómina que confirma el asesinato de nueve personas en zonas periféricas de las ciudades principales y en ciudades intermedias o alejadas y, casi en su conjunto, son muertes no aclaradas ligadas a operativos policiales o militares y/o en intentos de desbloqueo de rutas por parte de activistas enrolados en el Movimiento Al Socialismo, el partido de Evo Morales.


Tras las protestas del fin de semana, numerosas informaciones ya estiman en más de 23 las muertes en manos de las fuerzas represivas.


En Cochabamba, grupos estudiantiles reaccionarios, públicamente vinculados al Comité Cívico de esa ciudad y organizados por fuera de la Federación Universitaria Local (FUL), promovieron violentamente la destitución de Juan Ríos, rector de la Universidad Mayor de San Simón, por su afinidad al MAS.


Los comandos civiles fascistas alimentan así el poder destituyente. Cualquiera que no piensa como los “de la resistencia” es tildado de masista (partidarios de Evo) y de ignorante.


Pero, tal como lo afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera, “el odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que detrás de cada mediocre liberal se agazapa un consumado golpista”.


Pese a la complicidad de Macri, Argentina denuncia el golpe de Estado


Mientras el oficialismo argentino no habla de golpe de Estado, las dos cámaras del Poder Legislativo se pronunciaron sobre el mismo de una manera contundente. La declaración aprobada por el Senado expresó “su más enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado en Bolivia contra el Gobierno democráticamente electo del presidente Juan Evo Morales Ayma”.


Agregó que “como argentinos de profunda tradición de paz y de respeto a la voluntad popular, instamos al Poder Ejecutivo a pronunciarse contra este golpe cívico-militar que ha interrumpido el orden democrático y constitucional”.


Alberto Fernández, quien asumirá la presidencia argentina el 10 de diciembre, durante su reciente visita al Uruguay ofreció públicamente asilo al gobierno violentamente destituido y afirmó que “Argentina es casa de todos los bolivianos, y el día que llegue a la presidencia va a ser un honor recibir a Evo Morales y a Álvaro Linera”.


Así, en un país de enorme vínculo económico, político y cultural con Bolivia se multiplican los esfuerzos por denunciar las violaciones a los derechos humanos con declaraciones de los organismos humanitarios, mientras las redes sociales convocan a visibilizar y denunciar el golpe de Estado.


El lunes 18 de noviembre una multitud de más de 100 mil personas repudió el golpe ocupando las calles frente a la Casa Rosada, la sede del Gobierno argentino.


En Bolivia, en 13 años de la “dictadura de Evo” –como la denominan las fracciones medias alimentadas por la prensa de la derecha- no se sacó nunca a las calles a las Fuerzas Armadas. En una semana de “democracia”, con una presidenta desconocida y autoproclamada ante una Asamblea Legislativa sin quórum, las Fuerzas Armadas y la Policía ya están “pacificando” el país.


De hecho, las fuerzas represivas del Estado cuentan con una verdadera licencia para matar a partir del Decreto Supremo N° 4082, firmado por Áñez, donde se afirma que se “estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad” [sic].


Pese a la represión y la muerte, la respuesta popular apenas comienza. La situación humanitaria es muy grave y una guerra civil está en curso, donde los medios militares y de seguridad son el sostén de un grupo civil ultra-reaccionario con fuertes lazos en Argentina, la región y el mundo.


  • Licenciada en Psicopedagogía, maestranda en Ciencias Sociales con orientación en Educación (Flacso). Investigadora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (Clae)


    • Licenciado en Ciencia Política y docente de la Universidad Nacional de Hurlingham. Investigador del Clae

Macri y Bolsonaro: cómplices activos del golpe de Estados Unidos en Bolivia (Aporrea)

APORREA 20 de noviembre del 2019 VENEZUELA

Stella Calloni*


Las denuncias sobre la participación y complicidad de los gobiernos de Argentina y Brasil en el golpe de Estado contra Evo Morales se confirman cada día más, después de analizar los acontecimientos previos y la pertenencia de los presidentes Mauricio Macri y Jair Bolsonaro tanto a fundaciones de Estados Unidos como su relación con las Iglesias evangélicas de nuevo cuño y sus amistades con los golpistas de Bolivia, especialmente con la poderosa élite de Santa Cruz de la Sierra.


El hecho de que ambos mandatarios formen parte activa de las redes de esas fundaciones y de sus ONG especializadas en profundizar los caminos de la injerencia en la región y de cooptación en diversos sectores de la población, para desestabilizar todo gobierno «molesto» para Washington, es ahora investigado a fondo.


Se investiga la actuación de estas fundaciones también en labores de inteligencia, ya que se convirtieron en la «cara social de la CIA» –como sucede con la NED, supuesta fundación para la democracia (National Endowment Foundation) creada especialmente por el gobierno de Ronald Reagan en los años ochenta, que invadió silenciosamente todo el territorio de América Latina después de las dictaduras de los años setenta y ochenta–.


Ya en el golpe fracasado, pero muy violento de septiembre del 2008 contra Evo Morales, quien entonces ordenó salir del país al embajador Philip Goldberg, aparecieron suficientes documentos del papel de la NED y la USAID. Morales también había expulsado a la DEA, organismo responsable de persecuciones y asesinatos en nombre de la supuesta lucha contra el narcotráfico.


En el 2009 también ordenó la salida de la CIA infiltrada en la dirección de la recuperada empresa Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) y en toda Bolivia desde fines de los años cincuenta, cuando lograron detener el proceso revolucionario del 1952, y que a la llegada de Evo Morales al gobierno tenía oficinas en la propia sede gubernamental: el Palacio Quemado.


Por su parte, el codirector del Centro para la Investigación Económica y Política de Estados Unidos, Mark Weisbrot, advirtió ya en esos años que el gobierno estadounidense «había decidido mantener sus vínculos con la oposición de Bolivia envueltos en el secretismo», preocupado porque la administración de George W. Bush se negaba a revelar el monto y los beneficiados de la ayuda a sectores en Bolivia.


Luego, documentadamente, difundió la información de que la NED financiaba programas que permitían llevar a Estados Unidos a jóvenes líderes emergentes bolivianos para fortalecer a los partidos derechistas. «No solamente la USAID, conocida en otros tiempos como la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo), sino otras entidades están entregando dinero a grupos de oposición en Bolivia […] una gran parte de los fondos están –al parecer– destinados a sobornar personas en ese país», escribió Weisbrot.


«No se supone que USAID deba ser una organización clandestina. Pero al proveer ayuda secreta a grupos de la oposición, deja la impresión de que Estados Unidos está contribuyendo con los esfuerzos para desestabilizar al gobierno boliviano», sostuvo también Weisbrot.


En el 2011 la USAID estuvo detrás de un supuesto levantamiento de indígenas en la zona amazónica que marchaban en «defensa del medio ambiente» y contra Morales.


El gobierno descubrió que los líderes indígenas de esas marchas, que llevaban también grupos de choques de los cívicos de Santa Cruz (paramilitares), se comunicaban hasta doce veces por día con la Embajada de Estados Unidos para informarles cómo iba la marcha y también que estos «líderes» habían sido llevados a Washington para entrenarlos y oponerlos a Evo Morales. Además, la USAID estuvo cuando en junio del 2012 se produjo un alzamiento policial de encapuchados que aterrorizaron durante horas a la capital.

En este 2019, apresuraron el golpe tramado día por día, antes que asumiera el nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández. Macri y Bolsonaro eran indispensables en sus planes y aseguraban los movimientos fronterizos. A esto se refirió la diputada nacional boliviana del Movimiento al Socialismo (MAS), Alicia Canqui Condori, quien aseguró que «en Jujuy se había reunido la hija de Donald Trump con el gobernador Gerardo Morales para planificar todo este plan que han hecho en Bolivia».


La visita de un día realizada por Ivanka Trump, hija y asesora de Trump, quien llegó en la noche del 4 de septiembre a Jujuy acompañada por más de 2 500 agentes federales, el subsecretario de Estado, John Sullivan, y una cantidad de funcionarios, cuyos nombres fueron cuidadosamente ocultados, produjo fuerte desconfianza.


Las nunca vistas medidas de seguridad tomadas y la cantidad de personas y aviones traídos se habían utilizado supuestamente para visitar una ONG jujeña PRO Mujer, dependiente de la iniciativa para el Desarrollo y la Prosperidad Global de las Mujeres (de la Casa Blanca).


Ivanka fue recibida por el canciller Jorge Faurie y el gobernador jujeño Gerardo Morales, y mantuvo almuerzos y reuniones especiales con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado, y otros funcionarios. También entregó «ayuda» a Gerardo Morales por la suma de 400 millones de dólares. Un avión militar de Argentina partió al otro día a Santa Cruz, Bolivia, según las denuncias, y hasta ahora Morales no ha informado cuál fue el motivo de ese y otros viajes y de la supuesta donación de equipos para controlar desastres naturales a esa ciudad boliviana.


Camacho, cuyo nombre figura en los listados de los Panama Papers con fortunas en los paraísos fiscales, entre otros antecedentes oscuros, se reunió también con el canciller de Brasil, Ernesto Araujo, y otros funcionarios importantes en mayo de este año. Araujo reconoció ahora al supuesto «nuevo gobierno» de Jeanine Áñez. Por supuesto, para Macri y su par brasileño «no hay golpe de Estado en Bolivia», mientras los organismos internacionales hacen silencio y la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general mintió deliberadamente sobre un supuesto fraude que no existió en base a una auditoría que nunca finalizó, participa activamente del golpe.


Dos organismos reconocidos en el tema de procesos electorales, como el Centro de Investigaciones sobre Política y Economía de Estados Unidos y uno similar de Europa, confirmaron que Evo Morales ganó con más del 10% de diferencia las elecciones del pasado 20 de octubre. El artero golpe preparado en Estados Unidos, con cómplices locales y regionales, intenta afirmarse sobre asesinatos, secuestros y cacerías contra un pueblo dispuesto a resistir como lo ha hecho durante siglos, demandando el regreso de Evo y el respeto de la voluntad popular.


  • Periodista argentina y corresponsal en su país del diario La Jornada


Latinoamérica: ¡ya basta! // Ecuador, Chile, Colombia (La Jornada)

LA JORNADA 22 de noviembre de 2019 MÉXICO

Carlos Fernández-Vega


Tardaron en reaccionar, pero los latinoamericanos gritan a coro "se acabó". Más de tres décadas de neoliberalismo depredador borraron del mapa sus beneficios sociales y la posibilidad de un mejor nivel de vida, a la par que los gobiernos a modo –meros gerentes del gran capital– incrementaron, como nunca, las ganancias y el poder político de los empresarios más ricos de la región.


El neoliberalismo zozobra y los latinoamericanos de a pie están dispuestos a darle un empujoncito Y, como dirían los chilenos, no son los 30 pesos de alza en el precio del Metro, sino los 30 años de una política económica devastadora que todo arrasa para beneficiar a un puñado.


Ayer fue Ecuador y Chile, cuyos gobiernos neoliberales quisieron apagar el fuego con chorros de gasolina y mucha violencia institucional. Hoy es el turno de Colombia: “miles protestan este jueves (ayer) en contra del presidente Iván Duque, que tras 15 meses en el poder afronta una variopinta convocatoria contra las políticas de su gobierno en momentos en que su popularidad está en rojo. El diverso grupo de convocantes –sindicatos, estudiantes, indígenas, artistas, ambientalistas y partidos opositores– lidera un paro nacional contra las políticas económicas, sociales y de seguridad del mandatario conservador. ‘Es un acumulado de situaciones que esperamos que, así sea en una gran mesa nacional de concertación, empecemos a revisar´ luego de la jornada, explicó Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, una de las organizadoras” (La Jornada).


En América Latina se suceden explosiones sociales por la draconiana cuan depredadora política económica en contra de la mayoría –que ha llevado a la región a ser catalogada como la más desigual del planeta, según evaluación de la Cepal–, y los gobiernos neoliberales –balas de por medio– todavía exigen que los afectados se lo agradezcan.


La orden neoliberal es "exprímanlos hasta la última gota" y el concepto lo definió muy bien el multimillonario Forbes, Sebastián Piñera, que hoy despacha en La Moneda (parapetado por los milicos): "estamos en guerra contra un enemigo poderoso (léase el pueblo), implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible; ellos están en guerra contra todos los que quieren vivir en democracia" (parecería una feroz crítica al neoliberalismo, pero no: los destinatarios son los chilenos de a pie).


Y en la misma tesitura están otros gobiernos latinoamericanos (como el de Ecuador y el de Colombia), que –con el manual neoliberal en la mano– quieren apagar el fuego social con más gasolina, paquetazos, balas, represión y toques de queda, todo, según dicen, en nombre de la "democracia", mientras orquestan un golpe de Estado en Bolivia contra un gobierno democráticamente electo y los millones de ciudadanos que vieron mejorar sustancialmente su nivel de vida por las políticas sociales de Evo Morales.


Pero el neoliberalismo los hace y ellos se juntan. Son idénticos y hablan igual. En Colombia se desarrollan masivas marchas en el paro nacional contra el presidente Iván Duque ("hay una campaña basada en mentiras que busca desatar la violencia") y su más reciente paquetazo, mientras la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez emula a Piñera y hace un llamado para "estar alertas ante los intereses de otros que quieren destruir a Colombia como lo han hecho en Chile y Ecuador". Ello, en medio de allanamientos, "búsqueda de material terrorista", criminalización de la protesta social y –no podía faltar– los militares en las calles ("actuarán con contundencia", según aviso del ministro de Defensa).


Tardaron, pues, pero ¡ya basta!


Las rebanadas del pastel


El dictamen y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 parece un culebrón. Bien a bien nadie sabe cuándo darán luz verde los diputados, si es que la dan, porque el plazo legal venció el pasado día 15 y nadie sabe, nadie supo.


Violación a derechos humanos en Chile (La Jornada)

LA JORNADA 22 de noviembre del 2019 MÉXICO

Rocío González* y Pablo Seguel**


Lo que se inició como una protesta contra el alza del transporte público en Santiago la segunda semana de octubre, en menos de un mes se ha transformado en la mayor crisis política y social del país desde el retorno de la democracia en el 1990. El agotamiento del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera y un viraje radical en la agenda política ha implicado la apertura de un camino constituyente que ha cuestionado los pilares del modelo neoliberal consagrado por la dictadura militar de Augusto Pinochet a través de la Constitución del 1980. El costo humanitario de este viraje en la agenda pública ha sido una masiva y sistemática violación de los derechos humanos cometidos por el actual gobierno, con un saldo de víctimas solo comparables con los crímenes cometidos por la dictadura militar.


Según reportes del Ministerio Público chileno, entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre se registraron 23 muertos en las manifestaciones, siete de ellos producto de armas de fuego en manos del ejército, producto de los golpes propinados por agentes de Estado o dentro de cuarteles de Carabineros. En ese mismo lapso se registran 22 mil 260 detenciones por parte de la fuerza pública, de las cuales los tribunales han decretado mil 229 medidas de prisión preventiva por estar amparadas por la Ley de Seguridad Interior del Estado.


El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, un organismo de derecho público autónomo) ha constatado 2 mil nueve heridos en hospitales en el contexto de las manifestaciones hasta el 10 de noviembre, de los cuales 387 fue por uso de armas de fuego, 643 por perdigones, 41 por balines y 938 por golpes y gases de la fuerza pública. Datos que según Cruz Roja se duplicarían, ya que existe un gran número de heridos que no denuncian por temor a ser procesados por el Estado.


Una situación de especial preocupación internacional ha sido el uso indiscriminado de escopetas antidisturbios, que ha dejado un saldo de 197 personas con daños oculares, de los cuales 170 fueron calificados como severos por la Sociedad Chilena de Oftalmología. Uno de los casos más dolorosos se registró el 8 de noviembre cuando un estudiante de sicología, de 21 años, perdió la visión en ambos ojos producto de un disparo percutado a escasos metros de distancia por Carabineros en Santiago. En ningún país del mundo se registran estas cifras de trauma ocular, ni siquiera en el contexto del conflicto en la Franja de Gaza. Motivo que llevó al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile a afirmar que el gobierno ejerce la mutilación de sus ciudadanos como un mecanismo de control político.


El uso desproporcionado de la fuerza física para contener las manifestaciones de los ciudadanos, las detenciones ilegales, apremios ilegítimos, torturas y violencia sexual se han transformado en situaciones sistemáticas desde el inicio de las movilizaciones en todo el país. Por estos hechos el INDH ha interpuesto 283 acciones judiciales en contra del Estado chileno y sus fuerzas de seguridad, entre las que destacan cinco por homicidio doloso, seis por homicidio frustrado, 52 por delitos sexuales y 192 por delitos de torturas y tratos crueles.


Los principales responsables de la crisis humanitaria que se vive en Chile son Piñera y su primo, el exministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera. Según demostró un reportaje del diario La Tercera, ambos ya habían tomado la decisión de decretar el estado de emergencia el viernes 18 de octubre por la tarde, antes de que se generaran los ataques a la red de transporte público como símbolos del malestar ciudadano y que hasta la fecha se ha utilizado como justificación del estado de excepción constitucional decretado. Esa decisión y la vehemencia en afirmar que Chile está siendo atacado por una conspiración internacional llevó al presidente a declararle la guerra contra la ciudadanía el domingo 21 de octubre, al afirmar: estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie.


Esta situación de profunda desconexión con el sentido común de una ciudadanía abusada por décadas por un modelo que institucionaliza y profundiza la desigualdad tiene al régimen de Piñera con 9.1% de aprobación ciudadana (según la encuesta Pulso Ciudadano) y con 79% de rechazo (Cadem). Por su parte, la ciudadanía pide a gritos una nueva Constitución Política (87%) vía asamblea constituyente (46%) (Cadem).


Las cifras de estas violaciones cometidas por el gobierno de Piñera no tienen parangón en la historia republicana del país e incluso superando en algunos aspectos a la dictadura militar del general Augusto Pinochet en el periodo 1973-1990, de la que el actual presidente y su primo fueron colaboradores civiles. El costo humano de dicho régimen fue una política sistemática de violación a los derechos humanos de los opositores. Según datos de la Comisión Rettig, del 1991, 3 227 personas fueron detenidas desaparecidas y ejecutadas. Por su parte, según la Comisión Valech I, del 2004, y Valech II, del 2011, la implementación del régimen fue llevado adelante a través de una política sistemática de detenciones y torturas que reconoció 38 000 casos acreditados por este motivo.


En la actualidad, en menos de 30 días, se registraron 22 000 detenciones por manifestaciones, cerca de 60% de las detenciones políticas que cometió la dictadura militar. Los datos hablan por sí solos y cualquier país civilizado y ciudadano debe condenarlos: el gobierno de Piñera viola los derechos humanos de sus ciudadanos.


  • Cientista política


    • Historiador y sociólogo


Volver a la página inicial


No quiero saber más de indios (La Jornada)

LA JORNADA 21 de noviembre del 2019 MÉXICO

Abraham Nuncio*


En la plaza principal de Bustamante, Nuevo León, se erigía un busto de Benito Juárez. Un día desapareció y en su lugar fue colocada la figura del arcángel San Miguel. El responsable de la maniobra había sido el gobierno panista del municipio en connivencia con el del empresario Fernando Canales Clariond.


Era esa una historia que se repetía, y que se repite hasta nuestros días. En los años sesenta, un busto de gran tamaño del mismo Juárez, localizado en la avenida Dorsal de Monterrey, fue manchado con pintura. Lo mismo han hecho con una imagen del Presidente que ha hecho de Benito Juárez su héroe tutelar. Para darle mayor difusión, ese acto lumpen (y otros semejantes de vandalismo) fue realizado en la biblioteca pública de Macuspana, el lugar de origen de Andrés Manuel López Obrador.


Es increíble que una sociedad producto de un mestizaje en el que intervino una cultura con miles de siglos de antigüedad –y a cuyos descendientes se les identifica como indios– haya resultado tan racista. Los actos vandálicos y las fobias irracionales tienen que ver con esta actitud. Un segmento interesado en el poder manipula y paga con sobras a los vándalos víctimas de un catecismo oscurantista para el cual no hubo contrapesos culturales en su biografía.


El desprecio, la devaluación de todo aquello que pueda ser identificado con la condición de indio (este equívoco geográfico convertido en equívoco étnico) ha dado lugar en América a una monumental estulticia colectiva. Naco, una de sus actualizaciones, es acaso apócope de totonaco, como decía Carlos Monsiváis. Pero la Real Academia Española recoge el término como lo que socialmente significa entre nosotros: naco significa indio (de los pueblos indígenas). Su uso es, sin duda, peyorativo, etnofóbico y clasista.


Quien ha defendido a los indios ha sido objeto de escarnio o castigo. Ignacio Ramírez, el gran reformador, escribió un artículo en Témis y Deucalión, periódico que fundó y dirigió. Lo tituló A los Yndios. Decía: “Vuestros enemigos os quitan vuestras tierras, os compran á vil precio vuestras cosechas, os escasean el agua aun para apagar vuestra sed, os obligan a cuidar como soldados sus fincas, os pagan con vales, os maltratan, os enseñan mil errores, os confiesan y casan por dinero, y os sujetan á obrar por leyes que no conocéis…” Ramírez fue hecho preso por órdenes de Mariano Riva Palacio, gobernador del estado de México. Los cargos: delito de imprenta y llamado a la sedición. Fue hace casi 170 años, pero pareciera que tuvo lugar hace una semana.


En Bolivia, un golpe de Estado obligó a Evo Morales, su presidente, a renunciar y exiliarse en México. En un gesto solidario, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador lo ha recibido con la dignidad que merece un estadista. Los racistas y discriminadores de este país pretenden hacer ver que ese gesto, apegado a nuestras mejores tradiciones de política exterior, es un error. El error está en su mezquindad, en la fobia hacia un hombre que sacó a su país de la pobreza en que lo habían mantenido los gobiernos anteriores, y a los indios permitió dejar atrás su miseria lacerante. Pero no le perdonan el color de su piel.


Si algo hay incivil y tonto eso es querer identificarse con lo que no se es y con lo que no se puede llegar a ser.


Los blancos europeos o de origen europeo no olvidan el discurso de Evo Morales ante los jefes de Estado de la Comunidad Europea en el que hace una crítica tan sutil como sagital del saqueo efectuado por los europeos durante la colonia. En ese discurso (un verdadero documento de época) les hace saber que él no consideraría tal saqueo sino como un préstamo amigable de América: el de los 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata que se llevaron a Europa para dilapidarlos en guerras y eventos vacuos. Tal préstamo, calculado a un interés módico de 10% acumulado a lo largo de 300 años equivaldría ahora a una cifra de más de 300 ceros. Y si el cálculo fuera hecho en kilos, ello equivaldría a un peso mayor al de la Tierra. Nos deben demasiado, sin considerar el pago por daños y perjuicios. Ningún estadista de América –no tenemos muchos– ha enjuiciado con mayor precisión a Europa.


Ese discurso pasará a la historia como la carta que el jefe Seattle de la tribu squamish le envió a Franklin Pierce, presidente de Estados Unidos, en el que le señala que la tierra que les expropian los nuevos habitantes de América a quienes han vivido en ella durante siglos, y que por ello la veneran y respetan, no debe ser tratada como mercancía.


Si no por otra razón, el presidente Evo Morales pasará a la historia en virtud de ese valioso documento. Ya podrán morirse de rabia las mentalidades mostrencas. No lo podrán borrar de la memoria de la humanidad libre y libertaria, no solo de América.


Nunca supuse que un cuento que escribí pudiera llegar a cobrar –en maldita la hora– la actualidad que los hechos nos muestran. Se titula No quiero saber más de indios y narra la presencia fantasmagórica de las tribus de indios aniquiladas por blancos y mestizos de Estados Unidos y de México.


  • Narrador, poeta, docente y analista político mexicano



Los republicanos contra la República (Progreso Semanal)

PROGRESO SEMANAL 20 de noviembre del 2019 EEUU

Max J. Castro*


Al concluir la Convención Constituyente le preguntaron a Benjamín Franklin qué forma de gobierno se había acordado. “Una República, si pueden mantenerla”, respondió.


Estamos viviendo en un momento en que esa pregunta está nuevamente a prueba. La Guerra Civil proporcionó la prueba más rigurosa, pero con un Presidente sin ley en la Casa Blanca y un Senado incondicionalmente detrás de un hombre que carece de brújula ética, ahora nos enfrentamos a una segunda prueba difícil.


Un presidente latinoamericano, en una oportunidad cuestionado por sus actos inconstitucionales, respondió que la Constitución es solo un pedazo de papel. A juzgar por sus acciones, así es exactamente cómo siente el presidente Trump que es la Constitución de Estados Unidos.


Dada la costumbre de Trump de violar, ignorar o evadir leyes y regulaciones inconvenientes, eso no nos sorprende, ni siquiera nos choca. Lo chocante, aunque no sorprendente, es el apoyo en masa a Trump por parte de los senadores republicanos, a pesar de la evidencia irrefutable de los múltiples delitos del Presidente que ameritan un juicio político.


Aquí hay un sentido de la historia que se repite. La mayoría de los partidarios más fuertes de Trump son senadores o exsenadores de los estados del Sur, incluidos Lindsey Graham, de Carolina del Sur; Mark Meadows, de Carolina del Norte, y Jeff Sessions, de Alabama. No les inquieta el hecho de que al invitar a una potencia extranjera a interferir en nuestras elecciones —primero a Rusia en el 2016, y ahora a Ucrania— Trump traicionó a la nación y cambió su soberanía por ventajas políticas.


Hay un precedente de esto. Toda la clase política sureña cometió un acto de traición cuando se rebeló contra Estados Unidos y se separó de la Unión a fin de mantener la maligna institución de la esclavitud.


Ahora los republicanos, con los senadores del Sur a la cabeza, están traicionando nuevamente a la nación al permitir la permanencia en el cargo de un jefe del Ejecutivo con ningún respeto por la Constitución y escaso conocimiento de ella, y el desprecio por la democracia y la gente de otros países que ha venido aquí a disfrutar de sus ventajas.


Las razones de esta traición no son muy diferentes de las que provocaron la Guerra Civil. La Confederación prefería desunir a la nación en aras de mantener un sistema de supremacía blanca. Trump, entre otras cosas, prefiere desunir a la nación en aras de mantener y restaurar la supremacía blanca. En ambos casos, el racismo es la base.


“Hagamos a Estados Unidos grande otra vez” es un código —uno bastante fácil de descifrar— para garantizar la supremacía blanca en Estados Unidos. Cuando Donald Trump y su equipo hablan acerca de la libertad de expresión, quieren decir reclamar el derecho a utilizar sin consecuencias discursos de odio.


A diferencia de muchas democracias que sufrieron el horror nazi y han prohibido el discurso de odio, la Primera Enmienda de la Constitución protege todos los discursos, incluido el de odio. Pero no protege a aquellos que lo utilizan debido al oprobio popular o las críticas punzantes. Quien a hierro mata, a hierro muere.


Trump y compañía se quejan y se presentan como víctimas cada vez que reciben incluso una pequeña dosis de su propia medicina. Y pierden la chaveta cuando un árabe-estadounidense los llama por su nombre: “hijos de puta”.


No todos los que defenderán a Trump en su búnker hasta la muerte son sureños. Jim Jordan, el hombre designado por el Partido Republicano como el asesino a sueldo en los debates de juicio político, es de Ohio. Pero bien podría proceder de Mississippi. Su distrito es 90% blanco. Hay áreas en los estados del Medio Oeste y de las montañas que son racial e ideológicamente similares a los republicanos en el Sur.


Durante la Guerra Civil hubo un número considerable de personas en los estados del Norte y fronterizos que favorecían al Sur, algunos fanáticamente. Les llamaban serpientes de cascabel. Uno de ellos, John Wilkes Booth, asesinó al presidente Abraham Lincoln.


Aunque la esclavitud fue un fenómeno mayormente sureño, en varias ocasiones también existió en partes del Norte. El racismo no es un legado exclusivamente del Sur. Fue un pilar de la nación, parte del ADN estadounidense.


Según la revista Time, en la década del 1920 el Klan aumentó drásticamente en los estados del Norte, alcanzando una membresía de 5 millones. Cómo sucedió eso, es especialmente pertinente hoy.


“El Klan, tal como existe en la actualidad, es una rama más directa de la iteración que surgió durante ese período de tiempo en el Norte, a menudo en lugares con poblaciones afroestadounidenses muy pequeñas. Lo que sí tuvieron esos lugares fue un aumento de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pronto, la retórica racista del KKK original se unió a la retórica anti-inmigrante dirigida a los católicos (acusados de adorar a un Papa que buscaba imponer un gobierno autoritario), inmigrantes no blancos como los chinos y japoneses, y los inmigrantes europeos no considerados lo suficientemente blancos, es decir, italianos y judíos de Europa del Este.”


El racismo es inclusivo e indiscriminado. Es muy probable que las mismas personas con prejuicios hacia los afroestadounidenses sientan lo mismo hacia los inmigrantes latinos, asiáticos, musulmanes, lo que sea.


De hecho, en la década del 1920, durante la primera gran migración, que fue mayor en proporción a la población de Estados Unidos de ese momento que la ola que siguió a la eliminación de las cuotas racistas en el 1965, los sociólogos asociados con la famosa “Escuela de Chicago” incluyeron un grupo nacional inexistente en una encuesta de actitudes hacia los inmigrantes y diversos grupos étnicos. Las personas que tenían sentimientos negativos acerca de los italianos, judíos y otras personas descendientes de europeos sureños y orientales también expresaron aversión hacia el grupo ficticio.


Hay solo una cosa que agradezco a Donald Trump y es que nos recordó a todos —inmigrantes, latinos de quinta generación, afroestadounidenses, somalíes de primera generación y todos los demás “falsos estadounidenses”— la verdad de una declaración que hizo Benjamín Franklin por la época de la Declaración de Independencia:


“Debemos mantenernos juntos o, seguramente, nos colgarán por separado”.


  • Sociólogo, columnista y activista social




SOCIEDAD

Resultados de la colaboración cubana y las ideas de Fidel antes del triunfo de la Revolución (Rebelión)

REBELIÓN 26 de noviembre del 2019 ESPAÑA


Fidel y las razones por las que andan los médicos cubanos por el mundo salvando vidas (I)

Wilkie Delgado Correa*


El tributo a Fidel en el tercer aniversario de su siemprevida


En los últimos meses se ha producido la retirada de las brigadas médicas cubanas que prestaban sus servicios en Brasil, Ecuador y Bolivia, tras el golpe de Estado en este último país, y la asunción al poder de gobiernos reaccionarios, con sus matices, en estos países. Permanecían en ellos a petición de los respectivos gobiernos anteriores, apegados estrictamente a acuerdos legítimos de colaboración solidaria para brindar servicios a las poblaciones más humildes y cooperar en la formación de personal de la salud.


Fueron numerosos los programas y los servicios en el campo de la salud que tuvieron como resultado la mejoría de los principales indicadores de la salud pública, y con el reconocimiento de los organismos internacionales competentes como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud de la ONU (OMS), pues estos programas son el mejor ejemplo de la cooperación Sur-Sur.


La decisión de los gobiernos citados ha respondido a móviles particulares de los gobiernos retardatarios que han coincidido con la campaña mundial del gobierno estadounidense de Donald Trump para entorpecer la cooperación médica cubana, denigrarla, calumniarla y desnaturalizar los fines nobles que han venido realizando los profesionales de la salud cubanos desde el 1963 en otros países. Si bien fue la colaboración con Argelia, recién liberada, la que se considera como el inicio del periodo de la colaboración médica, ya antes, en el 1960, Cuba envió un pequeño contingente a Chile en ocasión de un terremoto.


Pienso que se impone exponer primero la significación en resultados de esta colaboración médica, y finalmente las razones que han determinado el papel solidario e internacionalista de la misma, que se refleja en esa misión de la cura de males de salud y sociales y la consiguiente salvación de vidas.


Desde el inicio de la colaboración médica internacional cubana, esta ha estado presente en 164 países. Y la formación en Cuba de médicos de otras latitudes, en el periodo de (1966-2017) ha tenido los resultados siguientes: Se han graduado en Cuba 33 974 médicos procedentes de 135 países de todas las áreas geográficas del mundo, además de los graduados en 2018 y 2019.


De ese total el 84,1% han obtenido su grado en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Resulta significativo que, de todos, 5 135 son de Bolivia y 2071 de Ecuador. De Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela se han gradado más de 1 000 de cada país.


También hay que añadir que Cuba ha participado en la formación de médicos en instituciones docentes de muchos países, cuyos casos más significativos son Venezuela y Angola. Por ejemplo, esta colaboración docente se mantenía en el 2017 en siete Facultades en el exterior con una matrícula de 47 413 educandos en los niveles de pregrado y posgrado.


Como ejemplo de un programa sin antecedente a nivel internacional vale citar la llamada Operación Milagro enfocada en la atención oftálmica. En total, desde el inicio del programa se han llevado a cabo más de 2,9 millones de cirugías, beneficiando hasta ahora a 34 países de América Latina, Caribe y África.


Y para quienes aspiren a conocer algo más de los resultados, baste señalar que en el periodo 1999-2017, el acumulado de las Brigadas Médicas Cubanas en el mundo es el siguiente:


Casos vistos; 1 667 248 707


De ellos casos vistos en el terreno: 510 789 672


De ellos casos de pediatría: 234 462 192


Operaciones quirúrgicas realizadas: 12 188 554


Partos realizados: 3 188 554


Dosis de vacunas aplicadas: 14 001 911


Vidas salvadas: 6 296 489


Quienes duden de estos resultados y otros muchos realizados en los países que han recibido la colaboración fraterna de Cuba, sin condicionamientos por la posición política de los gobiernos respectivos, que pregunten a la OPS y a la OMS, y especialmente a los pueblos que han recibido los beneficios de los profesionales de la salud y que han convivido y tratado a las personas como nunca antes había ocurrido con los médicos de sus propios países y de otras partes del mundo.


Cabe ahora abordar las razones que han determinado la actuación de Cuba a nivel nacional e internacional en lo que respecta a la amistad con otros pueblos, que tienen sus raíces históricas desde sus luchas por la independencia y alcanzaron concreción y desarrollo gracias a la naturaleza humanista, a las ideas sociales profundas, a los proyectos creadores y transformadores, a los sueños y actuaciones en los más variados campos, y en especial los relacionados con la salud de las personas y los pueblos, de Fidel Castro.


Ha sido así la fraterna y solidaria política de Cuba, porque el iniciador de la lucha por la independencia y su primer presidente en la república en armas, expresó al iniciar la lucha independentista en La Demajagua el 10 de octubre de 1868, que Cuba aspiraba “(…) Ser una nación grande y civilizada, para tender un brazo amigo y un corazón fraternal a todos los demás pueblos”.


Porque José Martí, el Héroe Nacional de Cuba y líder de la Guerra por la independencia del 1895, expresó en el Manifiesto de Montecristi, firmado en República Dominicana, que convocaba a la guerra redentora el 25 de marzo del 1895: “(…) Ha de hallar el país maneras tales de gobierno que a un tiempo satisfaga la inteligencia madura y suspicaz de sus hijos cultos, y las condiciones requeridas para la ayuda y respeto de los demás pueblos”.


Porque Fidel expresó en un discurso en el Parque Central de Nueva York, el 24 de abril del 1959, una idea que sintetiza, tal vez, las otras ideas expresadas en otros momentos anteriores y posteriores a este acto: “(…Sembremos solidaridad y estaremos sembrando libertades”.


Desde el ataque al Cuartel Moncada el 26 de julio del 1953 Fidel tenía claro el papel de la Revolución en todos los campos, de tal modo que en su alegato La historia me absolverá, pronunciado en octubre de ese año, expresó ideas cardinales como las siguientes;


“(…) la política cubana en América sería de estrecha solidaridad con los pueblos democráticos del continente…”


“El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo: he ahí concretados los seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política”


“De tanta miseria solo es posible librarse con la muerte”, y a eso si los ayuda el Estado: a morir. El 90% de los niños del campo está devorado por parásitos que se les infiltran desde la tierra por las uñas de los pies descalzos. La sociedad se conmueve ante la noticia del secuestro o el asesinato de una criatura, pero permanece criminalmente indiferentemente el asesinato en masa que se comete con tantos miles y miles de niños que mueren todos los años por falta de recursos, agonizando entre los estertores del dolor y cuyos ojos inocentes, ya en ellos el brillo de la muerte parecen mirar hacia lo infinito como pidiendo perdón para el egoísmo humano y que no caiga sobre los hombres la maldición de Dios.


Y cuando un padre de familia trabaja cuatro meses al año, ¿con qué puede comprar ropas y medicinas a sus hijos? Crecerán raquíticos, a los treinta años no tendrán una pieza sana en la boca, habrán oído diez millones de discursos y morirán al fin de miseria y decepción. El acceso a los hospitales del Estado, siempre repletos, solo es posible mediante la recomendación de un magnate político que le exigirá al desdichado su voto y el de toda su familia para que Cuba siga siempre igual o peor”.


“Con estas tres iniciativas y reformas el problema del desempleo desaparecería automáticamente y la profilaxis y la lucha contra las enfermedades sería tarea mucho más fácil.”


“Lo inconcebible es que haya hombres que se acuesten con hambre mientras quede una pulgada de tierra sin sembrar, lo inconcebible es que haya niños que mueran sin asistencia médica (…)”


Al comenzar la lucha armada en la Sierra Maestra luego de su desembarco en el yate Granma el 2 de diciembre de 1956, Fidel demostró que el Ejército Rebelde con sus limitados recursos debía dar atención en lo posible a la población campesina, a los rebeldes y a los propios miembros del ejército batistiano.


En 1958 divulgaba su pensamiento y su estrategia humanitaria sobre este asunto y expresaba lo siguiente:


Desde el primer combate, el de la Plata el 17 de enero de, 1957, hasta la última batalla en Las Mercedes los primeros días de agosto del 1958, han estado en nuestro poder 600 miembros de las Fuerzas Armadas en este solo frente de la Sierra Maestra. Con el orgullo legítimo de los que han sabido seguir una norma ética, podemos decir que sin una sola excepción los combatientes del Ejército Rebelde han cumplido su ley con los prisioneros. Jamás un prisionero fue privado de la vida, jamás un herido dejó de ser atendido, pero podemos decir más: jamás un prisionero fue golpeado, y algo todavía que añadir a esto: jamás un prisionero fue insultado u ofendido.


Durante la ofensiva del 1958 contra la Sierra Maestra, por Radio Rebelde expresaba también: “Los heridos enemigos atendidos por nuestros médicos ascendieron a 117. De este total solo dos murieron, todos los demás están ya sanos o en proceso de recuperación. Este dato revela con elocuencia singular dos cosas:


Primero: el cuidado con que fueron atendidos los enemigos heridos.


Segundo: la capacidad y el mérito extraordinario de nuestros médicos que carentes de todos los recursos técnicos, en hospitales improvisados, realizaron tan brillantemente su humana tarea”.


Pocos meses después la dictadura colapsó y se produjo la huida del tirano. Con el triunfo de la Revolución comenzaron a desarrollarse los múltiples planes y transformaciones sociales, dentro de los cuales estuvieron los relacionados con la solución de los graves problemas de salud en Cuba y en el mundo, que se abordará en la Parte II de este artículo.


El derecho a la libertad (El Quinto Patio)

EL QUINTO PATIO 25 de noviembre del 2019 GUATEMALA

Carolina Vásquez Araya*


La necesidad constante de reconquistar derechos es el mayor desafío para las mujeres


Nada está dicho. Incluso la participación política, uno de los derechos elementales en cualquier sociedad, representa un obstáculo para la mitad de la población del mundo, desde estructuras diseñadas con visión patriarcal y profundamente antidemocrática. Avanzado el siglo de la tecnología, la marginación de las mujeres sigue latente, fuera de toda lógica y en abierta contradicción con los supuestos avances de la Humanidad. Esta realidad queda plasmada en leyes restrictivas sobre uno de los aspectos más íntimos de un ser humano como es la salud sexual, pero sobre todo en una creciente influencia de doctrinas cuyos preceptos colocan a la mujer en una posición dependiente, subordinada y abiertamente inferior.


Quienes experimentan con mayor violencia el choque con la realidad impuesta a partir de este sistema son las niñas y adolescentes, enfrentadas desde su nacimiento a la discriminación y la violación de su integridad física, sexual y social. Privadas de la capacidad de defenderse contra la agresión en los diferentes escenarios de su entorno, desde muy pronto deben aceptar la desigualdad como norma de vida, aun cuando pertenezcan a un círculo privilegiado dentro de su comunidad. La misoginia y el machismo atraviesan de manera transversal a todos los estratos, en todas las culturas e incluso en países de gran desarrollo social, en donde se destacan los logros en equidad –algo que debería ser la norma- como conquistas excepcionales.


En esta fecha especial, cuando se hace énfasis en la absoluta urgencia de establecer parámetros desde los estamentos políticos y sociales para eliminar la violencia contra la mujer, nos encontramos con un escenario cada vez más restrictivo en temas como la educación en igualdad, el derecho a la interrupción de embarazos provocados por violación, el derecho a la equidad en salario, participación política, acceso al crédito, eliminación de toda forma de discriminación institucional y de cualquier otra índole y, de manera muy puntual, la protección de niñas, adolescentes y mujeres adultas contra esas limitaciones que hacen de la marginación una forma de vida.


Una de las campañas más arteras contra la libertad de las mujeres ha sido la descalificación del feminismo como un intento de transformar el concepto mismo en una afrenta contra los valores de la sociedad, como si la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres constituyera una desviación moral. La férrea oposición de grupos conservadores contra los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia se ha acentuado mientras se consolidan los gobiernos dictatoriales marcados por la influencia de las doctrinas pentecostales alrededor del mundo. La intención es clara: obstaculizar la participación de la mujer en instancias de poder y decisión, ya que desde su posición podría alterar de manera significativa el fiel de la balanza y con ello redistribuir las cuotas de influencia en asuntos de impacto político y social.


Las innumerables formas de violencia en contra de la mujer, un grueso y antiguo catálogo de agresiones e injusticia, tienen como finalidad mantener un statu quo de privilegios para un sector determinado de la sociedad. Es el mismo cuadro definido por el sistema económico, impuesto por las potencias occidentales en contra de sociedades aplastadas por las desigualdades. Por lo tanto, derribar esas estructuras no provocaría necesariamente un desequilibrio en la dirección contraria, sino un cambio capaz de beneficiar a la sociedad en su conjunto, eliminando los mecanismos que actualmente le impiden alcanzar la tan ansiada paz.


El mundo necesita otro código de conducta; uno inclusivo y justo.


  • Periodista, editora y columnista chilena radicada en Guatemala

La gratuidad universitaria en América Latina (Página 12)

PÁGINA 12 21 de noviembre del 2019 ARGENTINA

Uruguay, Bolivia, Cuba y Venezuela tienen sistemas de educación superior similares al de Argentina, que se erige como un modelo a seguir para el resto de la región


Ezequiel Bergonzi


A 70 años de la gratuidad universitaria sancionada en la primera presidencia de Juan Perón, Argentina todavía se mantiene como un pilar de la educación superior pública y de libre acceso. Esta medida, que se realizó con el objetivo de democratizar el conocimiento para los habitantes del país, no sólo marcó un antes y un después para los argentinos, sino que también fue una inspiración para otros países latinoamericanos que adoptaron sistemas similares.


“El importante efecto democratizador de la reforma universitaria del 1918, a pesar de que no se sintió de forma inmediata sino hasta el 1949, es parte de este hecho de América Latina en el que la difusión de la educación superior está fuertemente influenciada por el efecto político y social de lo sucedido en nuestro país”, explicó para el Suplemento Universidad el miembro del Consejo Académico del Doctorado en Educación UNTREF/UNL Norberto Lamarra.


Los efectos del decreto del 1949 hicieron que, más adelante, la gratuidad universitaria fuera aplicada en países como Uruguay, Bolivia, Cuba y Venezuela, que son los más cercanos al modelo argentino, mientras que en otras naciones como México hay varias universidades estatales que son gratuitas, aunque no todas lo son. “Aún en países con tradición democrática como es México, el número de universidades privadas es bastante alto, y compone el 50% de la matricula”, explicó el experto.


También hay otras variaciones del modelo argentino como en Centroamérica, donde hay algunos arancelamientos como en Honduras, Panamá y Costa Rica. “A veces (las universidades) no son totalmente gratuitas, sino que cobran algunas tarifas menores. En Centroamérica uno se encuentra con varios casos de este tipo”, detalló Lamarra.


A pesar de que la educación universitaria gratuita representa una gran oportunidad para mejorar el futuro de millones de familias que no pertenecen a un estrato económico pudiente, en el resto del mundo todavía se ve a la educación superior como un instrumento al que solo pueden acceder los altos estratos sociales. “Lamentablemente, en gran parte del mundo la educación, sobre todo la superior, es elitista y destinada a los sectores sociales con mayores posibilidades económicas”, afirmó el experto y agregó que, por ejemplo, “en Brasil, alrededor de un 70 por ciento de la matriz universitaria está en manos privadas, y dos tercios son sociedades comerciales que cotizan en bolsa. Acá son sociedades civiles sin fines de lucro porque así se estableció luego del gran debate que se realizó al respecto, pero en Brasil el fin principal es el lucro”.


Por otro lado, en Europa está popularizado el uso de las becas y de ayuda sociales, pero el experto en educación superior distinguió que la gratuidad es más bien una “iniciativa latinoamericana” y que en el viejo continente todavía predomina la concepción elitista. “En general, la Argentina tomó liderazgo hace 70 años y fue el modelo de la universidad abierta y democrática para facilitar a todos los sectores sociales el ingreso a la educación superior”, reafirmó Lamarra.


21 de noviembre de 2019


70 AÑOS DE LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA


Un hito inamovible


El fin del arancelamiento universitario dispuesto por Perón el 22 de noviembre del 1949 sumó derechos a los ya introducidos por la Reforma del 1918. A siete décadas de aquel decreto, se acrecientan los desafíos para avanzar en mayores logros.


Horacio Raúl Campos


“Se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande. La universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba sólo admitido el oligarca”, evaluaba Juan Domingo Perón, dos décadas después de haber establecido la gratuidad de los estudios superiores. Al cumplirse 70 años de ese significativo hecho político, las universidades públicas celebraron debates, conferencias y otros eventos para celebrar aquella decisión adoptada por el presidente Perón el 22 de noviembre del 1949, medida que se hizo efectiva por medio del decreto 29 337.


Por entonces, solo existían las universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Tucumán y Litoral, todas aranceladas. El impacto de la norma hizo que se pasase de 51 272 estudiantes en el1947, a 143 542 en el 1955.


Al homenajear a Manuel Belgrano, el 20 de junio del 1949, Perón prometió: “Interpretando sus ideas y sentimientos, que lo impulsaran a destinar sus bienes y recompensas para construir escuelas en la rudimentaria comunidad Argentina de su tiempo, deseo anunciar que desde hoy quedan suprimidos los aranceles universitarios, en forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y al alcance de todos los jóvenes Argentinos que anhelan instruirse para el bien del país. Para honrar a los héroes nada mejor que imitarlos”.


La promesa se transformó en realidad. El artículo 1° del decreto 29 337 establece la suspensión de los aranceles con anterioridad al Día de la Bandera de aquel año y señala que “como medida de buen gobierno, el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación”.


A ese hito fundamental se había llegado después de otro, la Reforma Universitaria del 1918, que contó con el aval político del presidente radical Hipólito Yrigoyen y su ministro de Justicia e Instrucción Pública, el riojano José Santos Salinas, aunque no se había incorporado la gratuidad.


En el 1953, el segundo gobierno peronista eliminó el examen de ingreso de las universidades públicas, y al año siguiente aprobó la ley 14 297, que fue la primera norma sancionada por el Congreso que incluyó la gratuidad universitaria. El capítulo I, “De la misión y organización de las universidades”, inciso 7 del artículo 1º, establece “asegurar la gratuidad de los estudios”.


Quedaba plasmada así la concepción fundamental del peronismo con respecto a la educación superior, para desarrollar la investigación científica y tecnológica, con el propósito de reemplazar el país meramente agroexportador, matriz de nuestros males centenarios, por una Argentina moderna capaz de exportar productos con alto valor agregado.


El hijo del barrendero


“Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Todos los historiadores le atribuyen la frase a Arturo Rial, un oscuro capitán de navío, que alcanzó el grado de contraalmirante y murió en el 1981, quien se la lanzó a un grupo de trabajadores días después del golpe del 1955. Hacía solo seis años que Perón había instituido la gratuidad y el libre acceso a los estudios superiores para que el hijo del barrendero, si así lo quisiere, pudiera graduarse de ingeniero, periodista, docente o médico.


“La autodenominada Revolución Libertadora, dictadura cívico-militar que derrocó al peronismo en el 1955, derogó las leyes universitarias y estableció una serie de decretos. En muchas casas de estudio se reinstalaron los exámenes de ingreso, y la matrícula dejó de crecer”, escribe el doctor en Ciencias Sociales (UBA) Sergio Friedemann en La gratuidad de la educación superior, a 70 años (Edunpaz, 2019).


En declaraciones al Suplemento Universidad, Friedemann precisó que la normativa impuesta en el 1955 “no se modificó después durante los gobiernos constitucionales de Arturo Frondizi y Umberto Illia, pero hubo un aumento paulatino en la cantidad de estudiantes entre el 1958 y el 1966, fruto de la autonomía de cada institución para regular el ingreso y un aumento de las vacantes”.


Destacó que desde la dictadura del general Juan Carlos Onganía “la matrícula sufrió una leve caída, hasta que entró en marcha el Plan Taquini, que en el 1970-1971 dispuso la creación de nuevas universidades nacionales, revirtiendo esa tendencia negativa”.


“La reforma universitaria del 1973 instauró nuevamente la gratuidad y el ingreso irrestricto, elementos también presentes en la Ley de Universidades aprobada por el Congreso de la Nación en el 1974 (Ley Taiana). Si en el 1972 había 333.000 estudiantes universitarios en todo el país, en el 1975 se contaban 507 000”, puntualizó Friedemann.


Del ’18 al ‘49


Por su parte, la socióloga y doctora en Ciencias Sociales (UNLP) Nayla Pis Diez advirtió que “es importante no caer en análisis basados en dicotomías clásicas, sino observar modelos de universidades que jerarquizaron elementos en distintos momentos de nuestra historia”.


“Sirve más ver de forma articulada las leyes universitarias peronistas entendiéndolas como modelo peronista de universidad que, es verdad, se opuso en muchas cosas al modelo reformista, defendido por buena parte del estudiantado y profesores desde el 1918. A diferencia del segundo, aquel modelo se caracterizó por el abandono de los principios liberales aplicados a la universidad, como la autonomía, la democracia interna, hasta la libertad de participación y el pluralismo ideológico”, aseguró Pis Diez al Suplemento Universidad.


Sin embargo, afirmó que “a la hora de ponderar elementos, mi opinión es que el peronismo sustituyó el principio de democratización política por el de la democratización social de los estudios, a partir de definir nuevas funciones a la educación, así como nuevas relaciones entre ésta, la economía, la política y los requerimientos del país”.


Para Victoria Chabrando, licenciada en Historia (UNC), “más allá de desencuentros y tensiones que podemos visualizar entre el peronismo y la universidad, entiendo importante destacar los diálogos existentes entre los acontecimientos del 1918 y del 1949”.


“El carácter desacralizador da cuenta de líneas de continuidad de ambos procesos. Si en el 1918 las premisas fundamentales fueron el trastrocamiento de la educación clerical y la construcción de una universidad liberal, opuesta a una tradición monárquica, en épocas de primer peronismo la desacralización implicó la subversión de una verdad instituida donde la enseñanza universitaria cumplía con la reproducción del poderío político, económico y social de un sector privilegiado de la población”, afirmó Chabrando al Suplemento Universidad.


Y resaltó que “entre el 1918 y el 1949 hay más de una coincidencia porque, más allá de lo vertido en el Manifiesto Liminar, los reformistas también impulsaron acciones para aumentar la matrícula, a pesar de las elites que habitaban la alta casa de estudios, aunque ese proceso quedó trunco. Dicho de otro modo, el decreto 29 337 concretó el impulso verdaderamente democratizador abierto en el 1918”.



Los represores matan y los jueces ocultan (Rebelión)

REBELIÓN 22 de noviembre del 2019 ESPAÑA Se están cumpliendo 3 años del acuerdo que desmovilizó a las Farc, pero ha crecido el exterminio de líderes populares y el trato de guerra a la protesta social, así el Gobierno de Uribe y Duque hace trizas la paz


Himelda Ascanio


Según el informe de Somos Defensores, ¿El juego final? [1], la violencia política aplicada a los liderazgos sociales es sistemática, geoestratégica y goza de plena impunidad, porque nunca se determina quiénes están detrás de los ataques, cuáles son las causas y qué está haciendo el Gobierno.


El informe enfatiza en el propósito del Gobierno de Iván Duque de darle un giro a la relación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia y limitar su tarea en el país, modificando el acuerdo que se firmó con la ONU para borrar cualquier mención a conflicto armado interno y en su lugar hacer referencia solo a una “compleja situación” [2].


El Estado continúa su trato de guerra y la estigmatización al movimiento popular, que constantemente es intimidado a través de amenazas individuales o colectivas; entre el 2010 y el primer semestre del 2019 se registraron 3 mil 434 casos, de ellos 477 en el primer semestre del 2019.


Amenazar a los defensores de derechos humanos es re-victimizar


Recientemente el país conoció las amenazas de que es víctima el abogado Diego Martínez, representante de la familia del excombatiente Dimar Torres, torturado y posteriormente asesinado por miembros de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército estatal, con jurisdicción en el Catatumbo [2].


Las amenazas ocurrieron después que el Consejo Superior de la Judicatura dio vía libre para que un juzgado del Norte de Santander decida si el coronel (r) Jorge Pérez Amézquita, el cabo Daniel Gómez y los soldados profesionales Cristian Casilimas Pulido, William Alarcón Castrillón y Yeison Buriticá Duarte serán juzgados por la justicia ordinaria o por la justicia penal militar.


Por su parte, el personero de Puerto Rico, Caquetá, Herner Carreño, manifestó que desde hace un mes está siendo objeto de amenazas de muerte, después que denunció al Gobierno por tener conocimiento previo de la presencia de menores de edad en la zona donde un bombardeo de las fuerzas militares cobró la vida de 18 menores de edad [4].


El régimen de la impunidad


Según el informe de Somos Defensores, los casos de amenazas se encuentran en un 98% en la impunidad; entre el 2017 y el 2018, de mil 172 casos de amenazas que investiga la Fiscalía, solo han hecho 3 condenas, 9 imputaciones y 8 juicios. Los principales factores de impunidad obedecen a:


1.- Falta de investigación en contexto y acumulación de expedientes.


2.- Falta de diligencia de actos preliminares investigativos.


3.- Desestimación del contexto de la agresión y la calidad de la víctima.


4.- Fiscales locales sin la preparación adecuada.


5.- En imputación de cargos y condenas solo se llega al perpetrador y no al determinador.


6.- Cierre masivo de las fiscalías especializadas en derechos humanos.


7.- No existe un sistema de datos públicos que permita conocer el estado de las investigaciones y el carácter de las víctimas.


Veintidós mil indígenas Awá sí son víctimas


La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, de la JEP, caracterizó al pueblo Awá como víctima del conflicto armado.


Reconoció la interrelación, interdependencia e inescindibilidad del Katsa Su con el pueblo indígena Awá, integrado por 32 cabildos indígenas representados por la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá (Unipa) [5].


La Comisión de la Verdad denunció el desplazamiento forzado de 73 personas de la comunidad Embera Dochama y 53 campesinos en Altos de Uré, Vereda Batatalito del corregimiento de Versalles, Sur de Córdoba, hechos presentados desde el 12 de noviembre, en los dos últimos meses se han perpetrado dos masacres producto del recrudecimiento de la violencia.


En enero se intensificaron los asesinatos de líderes y desplazamientos de campesinos. Desde la Brigada 11 del Ejército en Montería, Duque informó que para “frenar la guerra a sangre y fuego” conformaba con 4 mil hombres la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles en el bajo Cauca antioqueño y el Sur de Córdoba; decisión que ha empeorado las agresiones a indígenas y campesinos [6].


Notas:


[1-2] Somos Defensores: informe ¿el juego final? https://bit.ly/2qnGdlc


[2] Amenazan a abogado de Dimar Torres. https://bit.ly/37bdjpd


[3] Amenazan a personero de Puerto Rico. https://bit.ly/33P1a7f


[4] Antes de bombardeo, personero de Puerto Rico ya había denunciado reclutamiento de menores. https://bit.ly/2OnTPoy


[5] Colombia reconoce que más de 20 mil indígenas fueron víctimas del conflicto armado https://bit.ly/32TITob


[6] Ejército no está garantizando seguridad a campesinos del Sur de Córdoba. https://bit.ly/2Xk1J6A


ECONOMÍA

Palos en las ruedas (Rebelión)

REBELIÓN 22 de noviembre del 2019 ESPAÑA


China y las instituciones multilaterales

Xulio Ríos*


Son muchas las iniciativas que China ha puesto en marcha a nivel internacional, en los últimos años, para configurar toda una red de nuevos acrónimos susceptibles de sentar las bases de una nueva gobernanza global.


Se trata de un proceso con altibajos, a veces lento pero en el que China no da muestras de desaliento, aunque los palos en las ruedas se multipliquen, en parte por la acción de terceros, que pueden pretender dificultar su empeño, en parte también por las propias deficiencias de su política que suscita temores y desconfianzas que no alcanza a mitigar.


Un caso paradigmático es India. A primeros de noviembre, la Nueva Delhi de Narendra Modi confirmó su renuncia a formar parte del acuerdo de la Asociación Económica Regional Global (RCEP, siglas en inglés) que China ha venido promoviendo con tenacidad como alternativa al viejo TPP o Acuerdo Transpacífico de Cooperación.


Mientras los países de la Asean, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Japón, han ultimado prácticamente las negociaciones, India les ha dado carpetazo, debilitando así la trascendencia del acuerdo.


Bien es verdad que aun sin ella sigue siendo muy importante y que el valor de su retirada, de confirmarse plenamente en los próximos meses, ni de lejos es comparable con el efecto de la retirada de EEUU del TPP.


Aun puede haber sorpresas, pues las negociaciones siguen su curso, pero es altamente probable que en el 2020 India no forme parte del acuerdo suscrito por las principales economías de Asia-Pacífico.


El principal argumento de la negativa india es China, su primer socio comercial en el mundo y con quien suscribe un considerable déficit (54 mil millones de dólares), un hecho que podría agravarse con el acuerdo dada la debilidad de su tejido industrial. Y no tiene fácil arreglo en las circunstancias actuales.


En esta línea, no ha servido de mucho el segundo encuentro informal de Xi y Modi, en octubre pasado, en el que hablaron de seguridad sin tocar el asunto de Cachemira. Del lado chino, a Hu Chunhua también se le ha encomendado la adopción de políticas para equilibrar la balanza comercial.


El RCEP seguirá adelante, con o sin India. China no quiere que se retrase mucho más. Sin embargo, estas prisas podrían también tener consecuencias en el orden político, ya que la participación de India era vista, sobre todo por Japón y Australia, como un elemento de equilibrio para enjugar las ambiciones chinas.


También en la Cumbre de los Brics, recientemente celebrada en Brasil, China ha topado con India. En pleno encuentro, su ministro de Defensa, Rajnath Singh, visitaba la zona disputada conocida como Arunachal Pradesh.


Al contrario, en positivo, fue relativamente sorprendente el giro matizado del presidente Bolsonaro, quien asegura comulgar ahora con la “cooperación pragmática” que promueve Beijing y hasta suscribe la defensa del multilateralismo que tanto reprueba su bien amado Donald Trump.


Pero su ambigüedad (como la de India) puede restar dinamismo a los Brics en un momento que justamente reclama lo contrario. Aunque Bolsonaro abandonó la hostilidad infantil contra China, no tirará del carro como así lo hacían Lula o Dilma Rousseff antaño, implicados como estaban en la demanda de un nuevo papel para las economías de los países emergentes.


Veremos qué apuesta realiza Brasilia en el 2020 cuando debe asumir la presidencia del Nuevo Banco de Desarrollo, el mecanismo más importante de los creados por este grupo hasta el momento y que también avanza con mayor lentitud de la esperada (en parte debido a la tibieza de su presidente, el indio K. V. Kamath).


Uno y otro marco, uno en lo geoeconómico y otro en lo geopolítico, sugieren escepticismo en muchos medios que recelan del papel que China reclama como co-gestor de los asuntos globales.


La estrategia del Indo-Pacífico de la administración de Trump está afectando a las políticas chinas en su región, ya nos refiramos a acuerdos económicos o a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.


Por otra parte, el alineamiento de Brasil con EEUU no solo ha autoquebrado su liderazgo regional sino que abre un paréntesis importante a propósito de la consolidación efectiva de los Brics. Otra reserva a sumar a los matices de India.


  • Ensayista gallego especializado en política internacional. Director del Observatorio de la Política china

LA REVISTA DEL LUNESTexto grande No. 257/La Habana, lunes 9 de diciembre del 2019 / Año 59 de la Revolución / RNPS 2442

El nuevo programa para “fabricar” líderes en Cuba

Rafael González Morales*


A partir del 6 de junio del 2019, el Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano lanzó una nueva convocatoria para que las organizaciones dedicadas al negocio de promover la subversión contra Cuba presentaran propuestas orientadas a crear la “nueva generación de líderes independientes cubanos”. El gobierno estadounidense en esta ocasión estaba destinando el “gran premio” de 1 millón 33 mil 86 dólares para financiar un proyecto más que se inscribe en la fracasada política del cambio de régimen.


El proyecto se titula “líderes emergentes cubanos” y tiene como propósito declarado crear una nueva generación de líderes en Cuba que tengan la capacidad de trabajar a nivel comunitario para crear una sociedad civil independiente. Según la convocatoria, este “grupo de líderes profesionales modelarán el liderazgo efectivo de las organizaciones de la sociedad civil y abogarán efectivamente por el interés público, promoverán el acercamiento con la comunidad, apoyarán la diversidad y promoverán las prácticas democráticas”. En esencia, el objetivo principal es transformar la sociedad cubana desde adentro promoviendo un desmontaje de los principios, valores y prácticas que caracterizan nuestro socialismo que la mayoría de los cubanos han decidido apoyar y defender. ¿Cuál es el perfil que están buscando en estos “líderes” de laboratorio?


Según el documento del gobierno estadounidense, deben seleccionarse ciudadanos cubanos entre 20 y 35 años que cumplan los requisitos de ser estudiantes universitarios o jóvenes profesionales que demuestren interés en asumir roles de liderazgo y que estén motivados por la comunicación social. Los aspirantes deben demostrar actitudes como madurez, independencia y autoconfianza. El documento es muy enfático en destacar que los jóvenes deben tener un deseo claro de implementar el programa en Cuba debido a que de otra manera no le sirven para sus propósitos subversivos.


Con relación a la concepción de este proyecto y los aspectos organizativos, el Departamento de Estado a partir del presupuesto destinado para este programa tiene previsto reclutar y entrenar entre 25 y 40 jóvenes en un período de tres años. Con ese propósito, el gobierno estadounidense le está exigiendo a las organizaciones que realizarán el trabajo en el terreno que deben garantizar que en la selección de los candidatos exista diversidad de género, racial, socioeconómica y geográfica. También fueron explícitos en establecer que “deben reclutarse mujeres y representantes de minorías”. Por lo tanto, se trata de un diseño abarcador que está tratando de contar con un perfil diverso para abarcar varios sectores y regiones del país.


Para el despliegue de este ambicioso proyecto, el gobierno estadounidense está adoptando un grupo de medidas dirigidas a evitar que se expongan en la Isla los organizadores de este programa. En ese sentido, se prohíbe explícitamente que se recluten y entrenen a los jóvenes en la Isla. Por lo tanto, el documento refiere que este tipo de actividades deben realizarse en Estados Unidos o en un tercer país, exceptuando los casos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Es decir, ejecutar este programa lleva toda una logística para asegurar sus propósitos subversivos.


Como parte del control que tendrá el gobierno estadounidense sobre este proyecto, se establece que el listado final de candidatos debe ser aprobado por el Departamento de Estado antes de acometer cualquier acción. Dentro de los resultados deseados de este proyecto, las autoridades estadounidenses refieren que “los participantes deben establecerse en Cuba como recursos profesionales para promover la democracia y los derechos humanos en la Isla, deben atraer amplias audiencias, comunicar sus mensajes de manera efectiva y movilizar a los actores independientes de la sociedad civil para promover la libertad de expresión y reunión”.


Este proyecto subversivo ya está en pleno desarrollo, las organizaciones que fueron beneficiadas con el presupuesto ya están desplegando sus recursos para cautivar, engañar y manipular a determinados jóvenes cubanos que, en términos prácticos, le ofrecerán ser mercenarios al servicio de una potencia extranjera. Este es un programa más de los cientos que se han desarrollado contra la nación cubana y, especialmente, hacia el sector que garantizará el futuro de la Revolución. Por lo tanto, desde su diseño y formulación está destinado al fracaso.


  • Politologo cubano

Ley Económica Urgente o Ley del Saqueo, otra derrota de Lenín Moreno

Eloy Osvaldo Proaño*


El gobierno neoliberal de Lenín Moreno obtuvo otra grave derrota, el rechazo legislativo a la llamada ley Económica Urgente, que incluía “entregar” la dolarización a la banca privada, eliminar impuestos, erosionar la institucionalidad de la administración tributaria, crear escudos fiscales, imponer impuestos regresivos, reducir el Impuesto a la Salida de Divisas y debilitar la empresa pública de telecomunicaciones (CNT).


“Cae la #LeyDelSaqueo. Una batalla ganada. Pero hay que mantenerse alerta porque los saqueadores no duermen...”, tuiteó el exvicecanciller Kintto Lucas.


Dos meses atrás, el gobierno de Moreno debió enfrentar un levantamiento popular –suspendido por el momento- tras el anuncio de un aumento del precio de los combustibles. No se debe pensar que el rechazo a la propuesta del gobierno sea por respeto a la opinión de las mayorías, sino que más bien se produjo por mero oportunismo de cara a las elecciones del 2021.


La crisis económica es grave, la recesión acecha, el déficit fiscal parece incontrolable, el sector externo está desequilibrado, el empleo escasea y tiende a más precarización. El Gobierno prefirió contratar deuda externa antes que ajustar la economía, abandonada en los 30 meses de gestión.


Moreno propuso una reforma que recaudaría 700 millones de dólares, cuando el déficit es más de 6 mil millones y sus propuestas socava, además, el sistema de impuestos, en beneficio de las empresas y los sectores de mayores ingresos. Busca un ajuste del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores mientras sigue apostando por favorecer la tasa de ganancia de grandes importadores y comerciantes.


Seguramente, Moreno volverá a enviar un nuevo proyecto urgente a la Asamblea Nacional evitando los errores políticos cometidos. Los bloques –salvo el minoritario correísmo- se mueven a conveniencia y por ende lo que se espera en una agenda tributaria sin las reformas monetarias.


Lenín Moreno deberá elegir, para los analistas, entre un ajuste más profundo –respaldado por el partido Social Cristiano y los grandes grupos económicos- o continuar con la deuda, siempre condicionado a que el Fondo Monetario Internacional siga apoyando al Gobierno, tras el fracaso vivido en Argentina.


La deuda externa ha venido acompañada de una liberalización del sector externo y una contracción casi absoluta de la inversión pública: es, sin duda, las más parasitaria e inútil que Ecuador ha logrado desde la dolarización, pues no se canalizó en el país, sino que salió tan rápido como entró, señala el analista Nicolás Oliva.


Pero esta derrota legislativa muestra a un gobierno solitario, ya que, hasta los socialcristianos de Jaime Nebot, que hasta ahora gobernaron con él, le dieron la espalda y propusieron archivar el proyecto del ejecutivo. Pero aún para el mandatario: su bloque parlamentario se dividió y buena parte se abstuvo de la votación. Moreno quedó solo con el banquero Guillermo Lasso, su oponente en las últimas elecciones –con intereses concretos para que esta ley fuera aprobada.


Lasso esperaba el apoyo a que se votara la entrega de la dolarización y de las reservas internacionales a la banca privada; la elección de una nueva Junta Monetaria gobernada por el sector financiero que tendría más poderes que el ministro de Economía y que la ley rompiera algunos de los candados legales que Lasso tenía por poseer bancos en paraísos fiscales.


El partido Social Cristiano de Nebot pensó que para la batalla electoral del 2021 un proyecto impositivo regresivo no era bueno para conquistar votos y tomó conciencia de que Moreno ya era un lastre para sus aspiraciones de gobierno. Mientras, el miedo a que la nueva ley abriera las puertas al fin de la dolarización, hizo que muchos de los legisladores morenistas se abstuvieran.


La banca quiso aprovechar la permisibilidad de Moreno para con su interés, que es el control de la dolarización a su conveniencia. Su error, quizá, fue enviar una ley urgente (con solo 30 días para tratarla) que pretendía modificar todo el marco monetario de golpe, sin sustento técnico ni respaldo de cifras, pero con muchos rasgos de inconstitucionalidad.


El gobierno, que pareció no ser autor del proyecto, no supo explicar cómo la “independencia” del Banco Central salvaba la dolarización ni por qué quería reducir el impuesto a la salida de divisas y eliminar los requerimientos de liquidez de la banca privada y menos aún la justificación para crear una Junta Monetaria de banqueros con plenos poderes para que, en momentos de crisis, sean ellos los primeros en salvarse.


Los ecuatorianos recuerdan que el eufemismo de la “independencia del Banco Central” no evitó el feriado bancario del 1999 y grave crisis posterior. La crisis financiera sucedió durante el gobierno de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa, en que varios bancos privados cerraron o entraron a proceso de rescate financiero pasando a manos del Estado ecuatoriano, que asumió los costos a la población a través de diversos mecanismos como, la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios.


El 12 de marzo del 1999 el Gobierno neoliberal de Jamil Mahuad y el Partido Social Cristiano anunciaban la subida de los combustibles en 169%, el IVA del 10% al 15%, un impuesto del 4% a los vehículos y el congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos. Mahuad sentenció que el paquete económico “sentará las bases para implementar una futura convertibilidad, o directamente la dolarización de la economía”. La dolarización fue una decisión de las élites tomada en el 1999 a espaldas del pueblo y que no fue anunciada hasta el 9 de enero del año 2000.


  • Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)


Tomado de CELAG/18 de noviembre del 2019

De la crisis como magisterio

Estamos en las vísperas de ingresar al periodo estimado en 1994 por Immanuel Wallerstein para que el sistema mundial ingresara de lleno en la transición hacia un momento enteramente nuevo en su desarrollo, entre el 2019 y el 2044


Guillermo Castro H.


Desde Ciudad Panamá


La identificación de teoría y práctica es un acto crítico, por el cual la práctica se muestra racional y necesaria o la teoría, realista y racional. [Por eso, este problema] se plantea especialmente en los momentos históricos llamados de transición, [cuando] las fuerzas prácticas desencadenadas exigen ser justificadas para ser más eficientes y expansivas, o cuando se multiplican los programas teóricos que exigen ser justificados de manera realista en cuanto demuestran ser asimilables por los movimientos prácticos, que solo así se tornan más prácticos y reales.

Antonio Gramsci1


Salvo Argentina y Uruguay, los movimientos progresistas no parecen encontrar salida al problema del relevo del liderazgo político. No parece haberla, tampoco, dentro del marco institucional demócrata-liberal en el que operan, que hace derrocables sus gobiernos con relativa facilidad si persisten en la reelección del movimiento, como en Brasil, o los expone a virajes imprevisibles, como en Ecuador.


El desgaste de ese marco institucional, por otra parte, se hace evidente en su dependencia cada vez más abierta de las fuerzas armadas en Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Brasil. Y esto incluye las relaciones internacionales de países como esos. La propia OEA pasa sin gloria y con gran pena de invocar sin éxito su Carta Democrática a convocar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en la esperanza de que los militares se hagan cargo de los problemas políticos que el Grupo de Lima no está en capacidad de resolver.


En el proceso, a lo viejo se suma lo nuevo. Así, la política fallida del bloqueo a Cuba se hace extensiva a Venezuela; o en Bolivia se recurre al más tradicional de los métodos, el golpe de Estado cruento y la cacería de opositores – al decir del nuevo Ministro del Interior. Pero también hay sorpresas, como la insurrección de masas en Chile, ante la cual los sectores dominantes y sus aliados buscan recurrir a viejas habilidades de manipulación. Ante este panorama, unos dirán que nos encaminamos a un periodo de equilibrio inestable.


Sin embargo, eso implicaría el ingreso a un escalón superior de aquel tipo de conflicto en que los de arriba ya no pueden, y los de abajo ya no quieren prolongar el orden de cosas vigente.


Nada de esto puede encontrar una explicación en el mero plano de los eventos, aunque sin duda cada uno de ellos demanda una toma de posición que defina las opciones enfrentadas. Hay que ir en busca de las largas y medianas duraciones que han dado lugar a estas coyunturas. El plazo de esas duraciones ha sido, es, el de la descomposición del legado de la Guerra Fría, con sus dogmatismos de izquierda y derecha, y sus piadosas hipocresías de centro. Pero es también el del relevo generacional y el cambio cultural en curso en los protagonistas del proceso político regional. Y en ese mismo plazo se han hecho evidentes los efectos contraproducentes del remedio neoliberal –que en nuestro caso es por necesidad oligárquico también– para los males de nuestras sociedades, que constituye el problema de fondo en la transición.


Estos son tiempos de reflexión urgente para la acción incesante que imponen las circunstancias. Estamos en las vísperas de ingresar al periodo estimado en el 1994 por Immanuel Wallerstein para que el sistema mundial ingresara de lleno en la transición hacia un momento enteramente nuevo en su desarrollo, entre el 2019 y el 2044. La lucha por la democracia de amplia base social, y el despliegue de la barbarie al servicio del racismo y de la opresión, no nos remiten ni al pasado ni al futuro: expresan tendencias del presente que pueden dar lugar a mundos mucho mejores o mucho peores en el futuro.


Lo que el recurso a la violencia por el Estado expresa en Chile y Bolivia, como lo que subyace a la reacción triunfante en Brasil y Ecuador es la bancarrota cultural y moral –y, por ende, política– del liberalismo latinoamericano, que ya solo es capaz de dar de sí lamentos o Grupos de Lima. Y esto es tanto más grave cuanto que nada indica que se esté a las puertas de un fin de tiempos en nuestra América. Lo que ocurre y ocurra entre nosotros, en efecto, demuestra que aquello que podría llegar a ser diferente a lo largo de los próximos 25 años “no son tanto las operaciones del mercado mundial como las operaciones del mundo político y las estructuras culturales.”2


En el proceso, los cambios en la política y la cultura están ya dando lugar a una creciente pérdida de legitimidad del Estado liberal democrático, con sus pesos y contrapesos de tan clara estirpe newtoniana. Sociedades mucho más interdependientes, educadas y comunicadas que las de fines del siglo XVII darán, sin duda, lugar a formas de vida política correspondientes a la complejidad de sus nuevas aspiraciones y formas de desarrollo.


Esto ocurrirá a partir de una escena geocultural en la que “podría no haber ningún discurso dominante”, ni existir un acuerdo “sobre lo que debe considerarse como un comportamiento racional o aceptable”, aunque esto no implique por necesidad “la ausencia de un comportamiento intencional, propositivo.” En suma, una diversidad de grupos de interés con culturas y formas de práctica política distintas –y en muchos casos antagónicas– estarían –estarán, están– actuando “un tanto a ciegas,” aun sin pensar que lo están haciendo.


En esta circunstancia, nos toca a cada uno decidir la actitud y la conducta más adecuadas ante la transformación en curso, cuando aun el apoliticismo es una opción política, que avala con la propia inacción la actividad de otros, por lo general conservadores en el mejor de los casos, o reaccionarios en el peor. Por lo mismo, tiempos de decidir son, también, tiempos de pensar, atendiendo a lo que nos advirtiera José Martí hace 129 años:


¿Pues pensar, qué es, si no es fundar? No es ir de lira o de bonete por el mundo, trovando y arguyendo, con una oda al brazo izquierdo y las pandectas al derecho, poniéndose cuando haga falta una escarapela verde o un barboquejo de hule. Pensar es abrir surcos, levantar cimientos, y dar el santo y seña a los corazones.3


1Gramsci, Antonio, 2003: El Materialismo Histórico y la Filosofía de Benedetto Croce. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. Traducción de Isidoro Flambaun. “I: Introducción al estudio de la filosofía y del materialismo histórico”, p. 45 - 46.

2Wallerstein, Immanuel: “Agonías del capitalismo”. Avispar Iniciativa Socialista, nº31, octubre 1994. El artículo "The Agonies of Liberalism: What hope progress?" fue publicado originalmente por New Left Review, nº 204. Tomado de www.rebelion.org, 16 junio 2001.

3“Discurso en conmemoración del 10 de octubre de 1868, en Hardman Hall, Nueva York. 10 de octubre de 1890.” Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. IV:248.


Tomado de CON NUESTRA AMÉRICA/23 de noviembre del 2019

Cómo las iglesias evangélicas han logrado ganar tanto peso en la política de América Latina

Nathalia Passarinho*


"La Biblia vuelve a palacio", declaró la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, al tomar posesión el pasado 12 de noviembre. Unos días antes, Fernando Camacho, una de las principales voces en el proceso que llevó a la renuncia de Evo Morales, entró Biblia en mano al mismo edificio declarando que "Dios" volvería al "gobierno".


Los dos son católicos y contaron con el apoyo de sectores conservadores de la Iglesia y de líderes evangélicos para debilitar a Morales.


En los últimos años, menciones a Dios y de pasajes bíblicos parecen haberse multiplicado en los discursos políticos, y el apoyo evangélico fue instrumental en el ascenso de los líderes de derecha en América Latina y Estados Unidos.


En Brasil, los evangélicos son la principal base electoral del presidente Jair Bolsonaro. En Estados Unidos no es muy diferente: Donald Trump contó con el apoyo de las iglesias pentecostales para salir elegido.


Para el historiador estadounidense Andrew Chesnut, autor de decenas de libros y artículos sobre el crecimiento de las iglesias pentecostales, la fuerte influencia de los evangélicos en el ascenso y caída de líderes es una de las principales "tendencias" de la política actual en el continente americano.


"Hasta en México, donde la población pentecostal es pequeña, de apenas un 8%, un partido político fundado por un pastor pentecostal ayudó al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, a llegar al poder", le dijo Chesnut a BBC News Brasil.


"La influencia política evangélica es una de las tendencias políticas más importantes de las últimas cuatro décadas en el continente americano", agrega el profesor de la Virginia Commonwealth University.


Pero, ¿qué explica esa influencia creciente de la religión en la política de países del continente? ¿Y por qué las iglesias evangélicas han conseguido cada vez más adeptos entre los latinoamericanos?


En entrevista con BBC News Brasil, Chesnut enlistó cinco factores que ayudan a responder a esas cuestiones:


- La cohesión ideológica de los evangélicos, que facilita articulaciones políticas.

- El hecho de que los ritos de las iglesias evangélicas son más "consistentes" con aspectos de la cultura latinoamericana.

- La adopción de reglas menos rígidas para la formación de sacerdotes, lo que permite una mayor inserción en las capas más pobres.

- La creación de redes de apoyo en comunidades marginadas.

- La capacidad de hacer eco de pensamientos compartidos por sectores conservadores de clase media y alta.


El continente americano ha vivido una acentuada caída en el número de católicos, al mismo tiempo que se registró un gran aumento en la población evangélica.


Según el Pew Research Center, principal centro de investigación sobre religiones, del 1900 al 1960, los católicos conformaban el 94% de la población de América Latina. Pero ese porcentaje cayó drásticamente. Un estudio del mismo centro del 2014 mostró que 84% de los entrevistados crecieron como católicos, pero apenas un 69% aún se identificaba como tal.


En contraste, solo 9% de los latinoamericanos crecieron como evangélicos, pero el 19% dice seguir esa religión actualmente.


Para Andrew Chesnut, quien estudia el movimiento pentecostal desde hace 25 años, una característica importante acompaña al crecimiento del número de evangélicos en el continente americano: el compromiso político de líderes e integrantes de esa religión.


El investigador destaca que los católicos son un grupo más "heterogéneo", con segmentos ligados a la izquierda y otros a la derecha. Esa pluralidad, en la práctica, dificultaría una movilización política coordinada.


"Dentro del catolicismo, tienes sectores conservadores, ligados al Opus Dei, por ejemplo, y otros más progresistas, como los miembros de la Teología de la liberación. Entonces, hay más diversidad y eso hace más difícil la tarea de lograr una alianza católica", explica.


"Y los evangélicos son más homogéneos políticamente. Eso facilita la unión y las alianzas para elegir determinados políticos".


Bolsonaro, Camacho y... Trump


Los ejemplos más recientes y evidentes de la fuerza evangélica en política son la elección de Jair Bolsonaro en Brasil y la caída de Evo Morales en Bolivia. Los dos episodios contaron con el apoyo crucial de sectores evangélicos.


En la caída de Morales, fue una figura ligada al ala más conservadora de la Iglesia católica y a los líderes evangélicos la que ganó protagonismo: Luis Fernando Camacho.


Camacho ejerce como presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, una entidad que reúne a cerca de 200 instituciones, entre asociaciones de residentes, trabajadores de derecha y empresarios. El comité funciona en la ciudad más poblada de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, y se le llama "gobierno moral".


Sus constantes menciones al "poder de Dios" y su costumbre de citar fragmentos de la Biblia han hecho que la prensa internacional se refiera a él como el "Bolsonaro boliviano".


Él fue el principal articulador de las protestas en las calles que culminaron en la retirada de apoyo de la policía y las fuerzas armadas al gobierno de Morales. Camacho suele iniciar sus discursos con una oración y, al entrar en el antiguo Palacio de Gobierno, en La Paz, pocas horas antes de la renuncia del expresidente, depositó una Biblia junto a la bandera boliviana.


Para Chesnut, Camacho y Bolsonaro tienen características en común.


"Bolivia es interesante, porque es un país más predominantemente católico que Brasil. El 70% de los bolivianos son católicos. Pero, en la salida de Morales del poder, vimos una fuerte influencia evangélica", analiza.


"Camacho es más o menos como Bolsonaro. Él es católico, pero tiene una gran influencia pentecostal y tiene a los pentecostales como grandes aliados. Su discurso es 100% pentecostal".


La senadora Jeanine Áñez, quien se proclamó presidenta interina de Bolivia tras la salida de Evo Morales, sigue la misma línea. Ella entró al Palacio de Gobierno, en La Paz, con una enorme Biblia, y juró detrás de un altar montado con velas y la imagen de Jesús crucificado.


"Un aspecto importante del papel que la religión ha ejercido en los gobiernos latinoamericanos es la existencia de una convergencia entre los evangélicos y los católicos conservadores", dice Andrew Chesnut.


Aunque los ejemplos brasileño y boliviano son contundentes, el profesor estadounidense dice que la tendencia de crecimiento de la influencia evangélica en los gobiernos no es característica solo de América Latina.


Para él, el fenómeno se inició en Estados Unidos, comenzó a ganar fuerza en América Latina en la década de los 80, con el ascenso de un pastor evangélico como presidente de Guatemala -José Efraín Ríos Montt-, y puede ser visto claramente hoy en el gobierno de Donald Trump.


Según un reportaje del periódico Washington Post, el 61% de los pastores evangélicos de Estados Unidos manifestaron su intención de votar por Trump en la elección del 2016. Y el presidente estadounidense mantiene relaciones cercanas con varios líderes evangélicos famosos en el país.


"En EEUU, los evangélicos son una de las principales bases electorales de Trump", dice Chesnut. Según el investigador, esa relación cercana del mandatario con sectores religiosos se refleja en la decisión de transferir la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.


Bolsonaro llegó a anunciar que haría lo mismo, para atender la petición de los grupos evangélicos que se basan en interpretaciones bíblicas para defender que Jerusalén debe ser "protegida" y habitada por los judíos.


No obstante, el presidente brasileño optó finalmente por abrir una oficina comercial en la ciudad, después de una fuerte presión de los países árabes y del sector exportador de productos básicos brasileño, que temía represalias comerciales.


"Una de las agendas importantes actuales para los evangélicos es el apoyo a Israel", afirma el profesor Andrew Chesnut.


¿Por qué las iglesias evangélicas son tan atractivas para el público?


Más allá de la cohesión ideológica, que facilita la articulación política de los evangélicos, Chesnut enlista otros cuatro factores que contribuyen al éxito del movimiento pentecostal entre los latinoamericanos. Uno de ellos es el hecho de que las iglesias evangélicas adoptaron ritos "más consistentes con la cultura de los pueblos de la región".


En ese sentido, las canciones de alabanza y la forma más informal y directa para que los pastores hablen sobre partes de la Biblia jugarían un papel importante.


Otro aspecto enlistado por el investigador son las redes de apoyo creadas por las iglesias evangélicas para intervenir en los problemas de las comunidades, como casos de alcoholismo, criminalidad y drogadicción.


El tercer factor sería el criterio flexible para la formación de sacerdotes (los obispos y pastores).


"Una gran ventaja que tienen las iglesias pentecostales es que los pastores se pueden casar y no tienen los mismos requisitos educacionales. Un sacerdote católico forma parte de la élite latinoamericana en lo referente al nivel educacional", dice.


"Esa facilidad de no exigir una extensa formación académica ni celibato permitió una mayor entrada de las iglesias pentecostales en las capas más pobres".


Más allá de eso, el investigador destaca que sectores conservadores de la clase media y alta de Estados Unidos y América Latina vieron que sus posiciones tenían eco en las nuevas iglesias evangélicas. Entre esas agendas están la preocupación por la educación sexual en las escuelas, el temor a lo que llaman "ideología de género", y la posición firmemente contraria a la flexibilización de leyes relacionadas con el aborto.


"Había una población que compartía esos valores: defendía una agenda anti-LGBT, el antifeminismo y era contraria a la legalización del aborto. Esas personas no tenían líderes que representaran esas perspectivas de la manera deseada", dice Chesnut.


¿Cuál es el impacto de esa influencia religiosa en la política?


Para el profesor estadounidense, el principal temor relacionado con el aumento de la injerencia evangélica en la política es que los líderes electos con el apoyo de esos sectores acaben aprobando políticas públicas que, en la práctica, discriminen a otros credos religiosos o que signifiquen retrocesos en las conquistas sociales de las minorías.


"En el caso de Bolivia, ya vimos comentarios racistas por parte de la presidenta interina. Allí, algunos sectores pentecostales ven a las religiosidades indígenas como satánicas o paganas", dice Chesnut.


En Brasil, el investigador percibe el riesgo del surgimiento de una atmósfera de intolerancia contra las religiones de matriz africana.


"Hay una preocupación de que las religiones indígenas y afrobrasileñas puedan sufrir persecución con los pentecostales en el poder. Grupos violentos pueden sentirse impunes o alentados a actuar así", dice Chesnut.


Pero el historiador destaca que el fenómeno del crecimiento de las iglesias evangélicas está acompañado de un movimiento muy diferente y que también puede influir en el escenario político del continente: el aumento en el número de personas que dicen no tener ninguna religión.


"Más allá del crecimiento de las iglesias evangélicas, en varios estados de EEUU y en varios países de América Latina, hay un crecimiento rápido de las personas que no tienen ninguna filiación religiosa", dice.


Y las características de ese grupo son opuestas a las que definen a los sectores evangélicos y católicos conservadores. "Son más jóvenes, sabemos que la tendencia es que son de izquierda y más liberales en las costumbres. Y están creciendo casi tan rápidamente como los pentecostales".


Falta saber cuál de los dos sectores tendrá más influencia electoral en los próximos años.


  • Reportera de la BBC News Brasil en Londres.


Tomado de BBC/27 de noviembre del 2019

El 1% posee el 45% de la riqueza; el 50% menos del 1%

La deuda de los hogares creció en todas las regiones, y a una tasa de dos dígitos en China e India. Estamos cerca de una crisis de deuda


Michael Roberts*


Se acaba de publicar el informe anual de Credit Suisse sobre la riqueza mundial. Este informe sigue siendo el análisis más completo y explicativo de la riqueza global (no del ingreso) y la desigualdad de riqueza. Cada año, el informe analiza la riqueza de los hogares de 5.100 millones de personas en todo el mundo. La riqueza de los hogares se compone de los activos financieros (acciones, bonos, efectivo, fondos de pensiones) y propiedades (casas, etc.). Y el informe la mide descontando deudas. Los autores del informe son James Davies, Rodrigo Lluberas y Anthony Shorrocks. El profesor Anthony Shorrocks era mi compañero de piso en la universidad donde ambos nos graduamos en economía (¡aunque tiene mejores habilidades matemáticas que yo!).


La riqueza global creció el año pasado un 2,6% hasta los 360 billones de dólares y la riqueza por adulto alcanzó un nuevo récord de 70 850 dólares, 1,2% más que la media del 2018, y Suiza situándose a la cabeza de la riqueza por adulto este año. EEUU, China y Europa contribuyeron más al crecimiento de la riqueza mundial con 3,8 billones, 1,9 billones y 1,1 billones de dólares, respectivamente.


Como cada año que se publica, el informe revela la desigualdad extrema de la riqueza personal a nivel mundial. La mitad inferior de los adultos en el mundo representa menos del 1% de la riqueza global total a mediados del 2019, mientras que el decil más rico (el 10% superior de los adultos) posee el 82% de la riqueza mundial y el percentil superior (1%) casi la mitad (45%) de todos los activos por hogar. La desigualdad de riqueza es menor en los países individualmente: las cifras típicas serían del 35% para la parte del 1% superior y del 65% para la parte del 10% superior. Pero estos niveles siguen siendo mucho más altos que las cifras correspondientes a la desigualdad de ingresos, o cualquier otro indicador de bienestar en general.


Si bien los avances de los mercados emergentes continúan reduciendo las brechas entre países, la desigualdad dentro de los países creció a medida que las economías se recuperaron después de la crisis financiera mundial. Como resultado, el 1% superior de los poseedores de riqueza aumentó su participación en la riqueza mundial. Pero esta tendencia parece haber disminuido desde el 2016 y la desigualdad global ha disminuido ligeramente. Mientras que el 1% superior de los poseedores de riqueza tenía el 50% de la riqueza personal del mundo en el 2016, en comparación con el 45% en el 2006, esa proporción ha vuelto a caer al 45%. Hoy, la participación del 90% inferior representa el 18% de la riqueza mundial, en comparación con el 11% en el 2000.


La pirámide de la riqueza captura las diferencias de riqueza entre los adultos. Casi 3 mil millones de adultos, el 57% de todos los adultos del mundo, tienen una riqueza inferior a 10 000 de dólares en el 2019. El siguiente segmento, que abarca a aquellos con riqueza entre 10 000–100 000 dólares ha experimentado el mayor aumento en este siglo, triplicando su tamaño, de 514 millones en el 2000 a 1,7 mil millones a mediados del 2019.


Esto refleja la creciente prosperidad de las economías emergentes, especialmente de China. La riqueza promedio de este grupo es de 33 530 dólares, aún menos de la mitad del nivel de riqueza promedio en todo el mundo, pero considerablemente por encima de la riqueza promedio de los países en los que residen la mayoría de las personas de este grupo. El grupo final de países con una riqueza inferior a 5 000 dólares, que se concentra en gran medida en África central y en Asia central y meridional.


He aquí lo asombroso. Si vives en uno de los países capitalistas avanzados y eres dueño de tu casa y tienes algunos ahorros, estarás entre el 10% superior de todos los poseedores de riqueza del mundo. Esto se debe a que la gran mayoría de los hogares en el mundo tienen poca o ninguna riqueza.


¡Una persona necesita activos netos de solo 7 087 dólares para estar entre la mitad más rica de ciudadanos del mundo a mediados del 2019! Sin embargo, se requieren 109 430 dólares para ser miembro del 10% superior de los poseedores de riqueza mundial y 936 430 dólares para pertenecer al 1% superior. Los ciudadanos africanos e indios se concentran en el segmento base de la pirámide de riqueza, China en los niveles medios y América del Norte y Europa en el percentil superior. Pero también es evidente un número significativo de residentes norteamericanos y europeos en el decil de riqueza global inferior, ya que los adultos más jóvenes adquieren deudas en economías avanzadas, lo que resulta en una riqueza neta negativa.


Y la desigualdad se ensancha en la parte superior de la pirámide. Hay 46,8 millones de millonarios en el mundo a mediados del 2019, pero la mayoría tienen una riqueza entre 1 millón y 5 millones de dólares: 41,1 millones o el 88% de los millonarios. Otros 3,7 millones de adultos (7,9%) poseen entre 5 millones y 10 millones de dólares y casi exactamente dos millones de adultos tienen una riqueza superior a 10 millones de dólares. De estos, 1,8 millones tienen activos por valor de 10–50 millones de dólares, dejando a 168.30 individuos con un patrimonio neto ultra alto con un patrimonio neto superior a 50 millones de dólares a mediados del 2019. En efecto, estos son la élite gobernante del mundo.


EEUU tiene, con mucho, el mayor número de millonarios: 18,6 millones, o el 40% del total mundial. Durante muchos años, Japón ocupó el segundo lugar en el ranking de millonarios, con un margen cómodo. Sin embargo, Japón ahora está en tercer lugar, con un 6%, superado por China (10%).


Luego vienen Reino Unido y Alemania con 5% cada uno, seguidos de Francia (4%), Italia, Canadá y Australia (3%).


Suiza (530 240 dólares), Australia (411 060 dólares) y los EEUU (403 970 dólares) encabezan nuevamente la clasificación según la riqueza por adulto. La clasificación por mediana de riqueza por adulto favorece a los países con niveles más bajos de desigualdad de riqueza. Este año, Australia (191 450 dólares) superó a Suiza (183 340 dólares) en primer lugar. Por lo tanto, Australia tiene la mayor riqueza media por adulto en el mundo (debido principalmente al valor de la vivienda).


Los activos financieros sufrieron más durante la crisis financiera del 2008-2009 y luego se recuperaron en los primeros años posteriores a la crisis. Este año, su valor aumentó en todas las regiones, contribuyendo con el 39% del aumento de la riqueza bruta en todo el mundo y el 71% del aumento en América del Norte. Sin embargo, los activos no financieros (propiedades) proporcionaron el principal estímulo para el crecimiento general en los últimos años. En los 12 meses hasta mediados del 2019, crecieron más rápido que los activos financieros en todas las regiones.


La riqueza no financiera representó la mayor parte de la nueva riqueza en China, Europa y América Latina, y casi toda la nueva riqueza en África e India. Pero la deuda de los hogares aumentó aún más, en un 4,0% en general. La deuda de los hogares creció en todas las regiones, y a una tasa de dos dígitos en China e India. Estamos cerca de una crisis de deuda.


  • Reconocido economista marxista británico y analista económico. Publica en el blog The Next Recession.


Tomado de LA HAINE/20 de noviembre del 2019

Mitos mediáticos: “Perpetuarse en el poder”

Sandra Russo*


Uno de los mitos mediáticos que la derecha convirtió más exitosamente en frase hecha, es que los líderes latinoamericanos de los diversos movimientos populares surgidos en la década pasada quieren “perpetuarse en el poder”. Recuerdo un día hace más de diez años, cuando mirando distraídamente la pantalla, mientras instalaba alguna aplicación, me apareció un jueguito de apariencia infantil, cuyo título era “Los que quieren perpetuarse en el poder”, y en una secuencia sinfín iban apareciendo Chávez, Lula, Néstor, Cristina, Evo, Ortega, Lugo, Correa.


Era una especie de publicidad sin anunciante visible, que lo que publicitaba era lo que se convertiría en latiguillo, en acusación y en una de las justificaciones de los golpes blandos que siguieron. Ya estaba planteado por Estados Unidos cuál era el “eje del mal” en América Latina: el que ganaba las elecciones. Si todos los beneficiarios de esos gobiernos se hubieran sentido tales, el ciclo era definitorio: por primera vez en siglos, las grandes mayorías serían las que retendrían el poder, y no las élites, como hasta entonces.


El mito mediático, que completaba su sentido con otros atributos negativos (narcisismo, ambición desmedida, robo de lo público para beneficio personal, etc.), plantaba una semilla transgénica en la mente de millones de usuarios no politizados que tomaban a la web como un soporte neutral, y en los que les creían todavía a los grandes medios de comunicación. Las grandes mayorías debían ser desarticuladas. Y lo hicieron fomentando el odio de clase, el odio racial, los bajos instintos de sectores que pertenecen al mundo del trabajo y no al del capital.


Todo ha ocurrido vertiginosamente en estos últimos treinta días. En la Argentina estamos en el final de una etapa que nos devolvió sombríamente al neoliberalismo y a su verdadera biblia, que no es la que levantó la presidenta de facto de Bolivia, sino la creencia fanática en el ajuste social para elevar el margen de la renta financiera y la reprimarización de la economía. Fue a lo largo de años y en boca de miles de comunicadores y dirigentes que hablaron desde centenares de medios, que la caracterización de los gobiernos populares se cristalizó.


Esos mitos –el populismo regala a los pobres cosas a las que no tienen derecho, porque son pagadas con los impuestos de todos; simula beneficios para las grandes mayorías pero esa es la pantalla para que “los políticos se roben todo”–, son los mismos en todos nuestros países. Es una pantomima un poco pueril, ya que Chile estalló porque su pueblo no aguanta más, en la Argentina el neoliberalismo perdió por diez puntos las elecciones y en Bolivia derrocan a Evo Morales con una excusa ridícula (irregularidades en 78 actas sobre más de 33 000) y entonces, en el país con mejores resultados económicos y sociales de la región, donde por primera vez la población indígena estaba representada en el poder, pegan un golpe duro, sangriento, ya sin pretensiones de república, se decreta que las fuerzas de seguridad pueden matar sin tener que dar explicaciones


Detrás de la presidenta de facto hay un hombre al que le gusta que lo llamen “el macho Camacho”, los pobladores aymaras son repelidos con balas y asco por militares de piel oscura, y una ministra de Comunicación echa a la prensa extranjera y amenaza con acusar al periodismo de “sedición” si menciona la palabra “golpe”.


Esos mitos antipopulares y antipolíticos germinaron con su veneno adentro y nos depararon en la Argentina estos últimos cuatro años de derecha saqueadora, persecutoria, delictiva, pero ahora parecemos mirar un terrible partido de tenis, girando alternativamente la cabeza, la mente y el corazón hacia Chile y Bolivia. Ambos escenarios son inéditos.


Hace más de cuarenta años que el pueblo chileno dormía el sueño neoliberal de la normalidad, y su despertar combina extrañamente dolor y alegría. Es difícil de asimilar esa combinación, cuando estos días de policía militar enloquecida están dejando, de noche, a una generación sin ojos, mientras se están cometiendo delitos sexuales en las comisarías, están arrinconando a los manifestantes para que caigan al río, están matándolos.


Y de día, la nueva Plaza de la Dignidad exhibe la contracara del horror de unas horas antes: la explosión de la creatividad y la confraternidad que da la lucha callejera. Muchos vimos el video de Frank, ese joven estudiante de Historia de Maipú, que tomó por asalto una cámara de televisión para hacer probablemente uno de los alegatos y análisis más lúcidos y autorizados que se hayan escuchado sobres las mentiras del neoliberalismo. Frank reprochaba el discurso de la meritocracia porque en Chile “ya están aburridos” de escuchar que el que no tiene éxito es un flojo.


Frank tiene una beca y por eso estudia, pero pertenece a esos sectores que “se rompen la cresta” de sol a sol trabajando para después usar su salario apenas en comer mal y enfermarse, porque no hay salud pública, mientras los chicos ricos aprenden tres idiomas y cursan en aulas donde hay veinte, no cuarenta, y tienen su capital cultural ya embolsado por haber nacido en el seno de familias de élite.


“Me aburrí”, decía Frank, y me llamó la atención que reemplazara el me harté o me cansé. En los ´90, la derecha logró generar “jóvenes aburridos” que caían en la abulia política, porque “todos eran lo mismo”. Eso marca una enorme diferencia con lo que pasa hoy, cuando el “aburrimiento” no aísla sino junta, no aplaca sino enardece.


También estos jóvenes chilenos están decepcionados de la dirigencia política, pero han descubierto que no están obligados a seguir mansos mientras otros hagan o no hagan las cosas por ellos. Han tomado el destino en sus manos, y si doscientos ojos después, decenas de muertos después, decenas de violaciones y abusos después, siguen y más inflamados todavía, es porque no se trata de espuma y no los convencerán con promesas.


Hay una épica de la “primera fila”, que parece una avanzada vikinga protegida con escudos rudimentarios, atrás de la cual avanzan también uno o dos músicos, haciendo salir de su saxo o su violín la cadencia de El derecho de vivir el paz. Y uno ve eso y se queda estupefacto, porque ahí hay un pueblo que estuvo callado pero que entendió visceralmente que lo estaban jodiendo.


Frank pedía un cambio de rumbo, como piden todos los chilenos que hace un mes están en las calles. Colombia sigue esa ruta. Bolivia, mientras tanto, se desangra. No ha sido un golpe cívico militar tradicional el que sacó a Evo Morales del poder. Tuvo componentes inéditos. Los más importantes son la complicidad activa de la OEA, y el odio racial apoyado en la nueva religiosidad impulsada por las agencias de la CIA, que parece que ya abandonan las formas que nunca tuvieron contenido, y renuncian a simular que les importa la democracia. Pronto hablarán elogiosamente de una raza superior.


Todo fue farsa. La democracia nunca les importó más allá de su fachada. Quieren asegurarse que América Latina les pertenece, y han declarado a los pueblos indígenas como los nuevos blancos a eliminar. Vienen por los recursos y esos pueblos siempre han sido los mejores y más persistentes guardianes del equilibrio. El capitalismo financiero y corporativo es enemigo del equilibrio, porque necesita la gran escala en todo. En Bolivia y en Chile estamos viendo la gran escala de la crueldad.


Los gobiernos populares nunca quisieron “perpetuarse en el poder” a través del fraude. Hubo muchas elecciones, de medio término y generales en las que las derrotas fueron asumidas inmediatamente. Pero esos gobiernos, que cada uno a su modo, a su ritmo, con sus errores, con sus contradicciones, repararon más que ninguno de los anteriores las enormes deudas sociales latinoamericanas, trajeron un nuevo paradigma de distribución que la derecha no acepta.


Y la repele y reacciona con ira, fanatismo y delitos de lesa humanidad porque es ella la que se ha perpetuado en el poder desde hace dos siglos, ella sí mediante fraudes muchas veces, y otras veces como mandantes de las fuerzas armadas. Es la derecha, el neoliberalismo, el racismo, el supremacismo, la política de los privilegios y la traición a la patria lo que se perpetuó realmente en el poder de nuestra región.


Los que echaron a Evo con el pretexto de que quería “perpetuarse en el poder” son, en Bolivia, los que han tenido el poder a lo largo de toda su historia. Nunca tuvieron reparos en mentir, en falsificar, en robarse lo público, en hostigar a opositores, en cometer crímenes aberrantes. De un partido o de otro, se han pasado la posta liberal y eurocéntrica primero, y neoliberal después, desde mediados del siglo pasado, y no soportan que por algo llamado democracia deban replegarse.


Siempre han acusado en espejo. Pero sobre todo en esto: las proscripciones, la del peronismo o ahora la que pretenden del MAS en Bolivia, les resultaron exitosas. Vuelven a ellas. Lo que encuentran sin embargo, ya no son pueblos a los que pueden venderles sus folletos. Encuentran pueblos “aburridos” de tanta oscuridad y maleficio. Y esta vez ese aburrimiento de escuchar siempre lo mismo, de sufrir siempre lo mismo, no viene manso sino furioso. Lo seguirán intentando, pero no solamente Chile despertó. Ya viene Colombia. América Latina es para los latinoamericanos.


  • Periodista, escritora y editora argentina.


Tomado de PÁGINA 12/23 de noviembre del 2019

El ser o no ser de los republicanos y los diez perritos demócratas

Ramón Sánchez-Parodi Montoto


Trump en la picota


Cuando el 24 de septiembre próximo pasado la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados de Unidos, Nancy Pelosi, anunció el inicio a puertas cerradas de la fase de investigación del proceso de imputación contra el presidente Donald Trump a través de los Comités de Inteligencia; de Supervisión y Reforma; y de la Judicatura de la Cámara de Representantes, el asunto desplazó a la campaña electoral presidencial como el foco de mayor atención pública en el ámbito de los trajines político.


La eventual imputación (impeachment, en inglés) pasó a ser para el presidente Trump el equivalente del dilema shakesperiano del Príncipe Hamlet; un asunto de vida o muerte política.


Elemento desencadenante, según se ha conocido posteriormente, fue la decisión tomada por Donald Trump de suspender la ayuda militar programada para ser entregada a Ucrania en los primeros meses del 2019, hasta tanto el presidente electo de Ucrania no se comprometiese públicamente a abrir una investigación sobre las relaciones del hijo del aspirante a la nominación presidencial demócrata, John Biden, con la empresa de gas ucraniana Burisma y sobre la sospecha de una injerencia de Ucrania en las elecciones presidenciales del 2016 en los Estados Unidos, lo cual había sido solicitado como “un favor” de Trump al electo mandatario Volodymyr Zelensky, durante una conversación telefónica sostenida el 25 de julio.


Desde el 12 de agosto y de manera reservada un analista de la CIA (cuyo género no se ha revelado públicamente de manera oficial pero cuya identidad es conocida en algunos círculos) adscrito al equipo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca había denunciado lo que estaba sucediendo (según lo establecido para estos casos), en una comunicación enviada al Inspector General de Inteligencia, aunque su envío reglamentario al Congreso de los Estados Unidos fue dilatado hasta el 25 de septiembre, después que su existencia fue conocida públicamente con el anuncio de Nancy Pelosi del día anterior.


El asunto había salido a la publicidad, de manera limitada, en un artículo del sitio digital Político del 28 de agosto y desde el 9 de septiembre los Comités del Judiciario, de Inteligencia y de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes habían comenzado internamente a investigarlo, pero sin tener formalmente fijado como razón una posible imputación a Trump. Inmediatamente después de esa iniciativa legislativa, la Casa Blanca levantó la suspensión de la entrega a Ucrania de la ayuda militar pendiente.


El anunció de Pelosi significó que los demócratas pasaron a la ofensiva y Trump (por primera vez en su carrera política) tuvo que colocarse a la defensiva y aún se mantiene en esa posición.


Trump y sus aliados basan su defensa en aseverar que nunca hubo ningún intento de “negociar” con Zelensky el inicio de investigaciones sobre John Biden y su hijo Hunter y sus vínculos con la empresa ucraniana Burisma, y de la posible participación de ucranianos en el “hackeo” a computadoras del Comité de Campaña Presidencial Demócrata del 2016 a cambio de dejar sin efecto la suspensión de la entrega de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania y de recibir a Zelensky en la Casa Blanca.


Alegan que el “denunciante” (whistleblower, en inglés) es alguien que tiene animosidad personal y política contra Trump y que no tenía conocimiento directo de lo que se habló entre Trump y Zelensky en la conversación telefónica del 25 de julio. Agregan que nunca hubo una transacción (quid pro quo) entre Zelensky y Trump y que el proceso de imputación elaborado por los demócratas es solo una artimaña con fines electorales.


El 31 de octubre la Cámara de Representantes, dio su aprobación en sesión plenaria a una resolución, aprobada con un marcado espíritu partidista (291 demócratas y un independiente a favor y 194 republicanos y dos demócratas en contra) para iniciar en la propia Cámara la fase pública de la investigación de la imputación a Trump, la cual comenzó el 12 de noviembre.


Culpable, pero inocente


A estas alturas, la opinión generalizada es que la Cámara de Representantes (donde existe una amplia mayoría demócrata) apruebe antes de que a fines de diciembre comience el receso legislativo por Navidades y fin de año, los llamados “artículos de imputación” los cuales serán enviados al Senado para que lleve a cabo un juicio dirigido por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos y con el pleno de senadores actuando como jurado, que decidirá si Trump es culpable o inocente de haber actuado de forma inapropiada en el ejercicio de su cargo.


Precisamente, el jueves 21 de noviembre, asistentes de Trump, entre ellos el jefe interino del equipo de la Casa Blanca, John Michael Mulvaney y el abogado Pat Cipollone, se reunieron en la Casa Blanca con senadores republicanos, entre ellos Lindsey Graham, de South Carolina y presidente de la Comisión de Judicatura, y Ted Cruz, de Texas y también miembro de la misma Comisión, para comenzar a elaborar los planes ante un eventual juicio de imputación, el cual se considera debe durar al menos dos semanas.


Paralelamente, al comenzar un almuerzo de trabajo en la Casa Blanca con ocho senadores republicanos (Mitt Romney -Utah-, Rand Paul -Kentucky-, Charles Grassley -Iowa-, John Joeven -North Dakota-, James Lankford - Oklahoma-, Shelley Moore Capito - West Virginia -, Susan Collins –Maine- y John Isakson – Georgia-, Trump hizo una exposición inicial donde se refirió brevemente a la investigación sobre la imputación, pero sin preguntar nada al respecto a los asistentes, según la senadora Collins, ni decir nada que no fuese ya concedo, según Romney.


El criterio prevaleciente es que Trump será absuelto por el Senado, aunque los testigos que se han ido presentando, tanto en la fase de investigación a puertas cerradas como en la fase pública, no dejan lugar a dudas sobre la actuación inapropiada del presidente Trump, después de cientos de horas de deposiciones por un grupo diversos de testigos, gran parte de ellos funcionarios públicos con una larga carrera profesional.


Los testigos, tanto en la fase a puertas cerrada como en las sesiones abiertas a los medios de divulgación son expresión de “todo lo que vale y brilla” en la política de los Estados Unidos hacia Ucrania y tenían conocimiento personal y directo sobre los hechos objeto de investigación, producto de lo cual se pudo reconstruir la secuencia y desarrollo de los hechos expuestos por el “denunciante” (whistleblower). Incluyen a Marie Yovanovitch, exembajadora de Estados Unidos en Ucrania, abruptamente destituida por Trump; Jennifer Williams, asistente del vicepresidente, Michael Pence; Gordon Sondland, Embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea; teniente coronel Alexander Vindman, director para Asuntos Europeos en el Consejo de Seguridad Nacional; Kurt Volker, ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania; Laura Cooper, vicesecretaria del Departamento de Defensa para Asuntos Rusos, Ucranianos y Euroasiáticos; David Hale, vicesecretario del Departamento de Estado para Asuntos Políticos; Fiona Hill, exdirectora para Europa y Asia del Consejo de Seguridad Nacional, donde trabajo como subordinada de John Bolton; George Kent, vicesecretario asistente del Departamento de Estado para Asuntos Euroasiáticos; William Taylor, diplomático de mayor rango de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania; Michael McKinley, ex asesor político del Secretario de Estado Mike Pompeo; Philip Reeker, secretario asistente interino del Departamento de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos; Catherine Croft, exasesora de Kurt Volker; Christopher Anderson, exespecialista sobre Ucrania en el Departamento de Estado; David Holmes, principal funcionario sobre asuntos políticos de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania.


La razón de que se prevean estos desenlaces antagónicos en el proceso es muy concreta. El voto responderá a la filiación partidista y en la Cámara lo que se requiere es una mayoría simple que, como ya se ha mostrado en la votación del 12 de noviembre, es fácilmente alcanzable para los demócratas que cuentan con 235 miembros, mientras que los republicanos solo tienen 199. Hay además cuatro escaños vacantes, tres por renuncia al cargo y uno por fallecimiento.


Además, hay un representante originalmente republicano, pero que se ha declarado independiente, precisamente porque considera que Trump es culpable de lo que se le acusa. En el Senado sucede a la inversa. Se requiere una mayoría de las dos terceras partes (67 senadores) para hacer efectiva la condena, pero en ese órgano los republicanos cuentan con 53 senadores, mientras los demócratas solo tienen 45 y hay dos independientes que votan en consonancia con los demócratas.


Además, las encuestas de opinión pública muestran que aunque gran parte de la población da seguimiento a la cobertura informativa sobre la investigación de la posible imputación, no hay una clara y absoluta mayoría que se incline a favor de la destitución de Trump.


Se espera que para diciembre la Cámara pueda votar sobre si se considera o no que Trump debe ser objeto de un juicio de imputación por parte del Senado, que a su vez deberá preparar las condiciones para la celebración del juicio por el pleno del Senado. El juicio en si solo podrá tener lugar en enero, ya que desde el 13 de diciembre el Congreso recesará sus actividades para solo reanudarlas a comienzos del 2020.


Cuando concluya este proceso, sobre todo si el veredicto es absolutorio y no se solapa durante mucho tiempo con la celebración de las elecciones primarias, el proceso de imputación irá desapareciendo paulatinamente de la atención de los medios de difusión y es de esperar que no tenga gran impacto en los votantes, especialmente entre los republicanos.


Eso significa que, hasta entonces, la atención política-electoral estará centrada en el proceso de imputación, prácticamente hasta que comiencen a partir de febrero del 2020 las elecciones primarias en las cuales se enfrentarán entre sí, por un lado los abundantes aspirantes a la nominación como candidato presidencial por el Partido Demócrata y, por el otro los aspirantes por el Partido Republicano, que en este caso todo indica que se nombra Donald Trump.


Abundantes aspirantes demócratas en pre-primaria electoral


La nominación de los candidatos presidenciales por cada partido corresponde a las convenciones nacionales demócrata y republicana, para lo cual el nominado debe contar con una mayoría de los delegados a las respectivas Convenciones Nacionales que se eligen en las llamadas elecciones primarias. Por tradición, el partido que está en la oposición la celebra primero. La Convención Nacional Demócrata tendrá como sede Milwaukee, Wisconsin, del 13 al 16 de julio. El Partido Republicano la tiene programada para Charlotte, North Carolina, del 24 al 27 de agosto.


En cuanto a los demócratas la situación guarda semejanza con lo recogido en la canción infantil “Los Diez Perritos”, lo único que en este caso los “perritos” (aspirantes a la nominación presidencial) se resisten a desaparecer y diez de ellos cumplieron los requisitos de porcentaje alcanzado en las encuestas y de número de donantes, que les permitieron participaron en el quinto debate celebrado el 20 de noviembre en Atlanta, Georgia, patrocinado por la cadena MSNBC y el periódico Washington Post y moderado por cuatro féminas, tres de la cadena y una del periódico.


La primera pregunta que tuvieron que responder los aspirantes fue si consideraban que Trump debiera o no, ser objeto de una imputación, lo cual respondieron de manera afirmativa. La senadora por Minnesota, Amy Klobuchar evadió decir cuál sería su voto en caso de haber juicio de imputación.


El número de aspirantes demócratas rebasa cualquier otra cifra anterior. Aunque hasta ahora todo indica que solamente hay tres de ellos con posibilidades de obtener la nominación como candidato presidencial hay cerca de una veintena, número que se mantiene más o menos estable, porque cuando alguno se retira de la contienda, luego aparecen otros que se incorporan.


Se hace evidente que son tres los principales candidatos (entre paréntesis el porciento de preferencia promedio), según encuestas seleccionadas por la organización Real Clear Politics del 17 al 20 de noviembre: John Biden (29,8%), Bernard Sanders (19,3%) y Elizabeth Warren (18,5%). Llama la atención que la ventaja inicial en la preferencia de los votantes que tenía Biden sobre Warren y Sanders al lanzar su candidatura en abril de este año, se ha ido reduciendo, hasta llegar a un virtual empate.


Además, las encuestas muestran que Peter Buttigieg ha estado incrementando sus promedios de preferencias en las encuestas y ya se coloca en un cuarto lugar bien distanciado de los aspirantes con menores porcentajes de preferencia en los encuestados


En cuanto a las preferencias en los dos estados (Iowa, New Hampshire) que serán los primeros en celebrar primarias desde comienzos de febrero 2020 y, por lo tanto, donde los aspirantes concentran sus mayores esfuerzos de movilización electoral, llama la atención que el favoritismo cambia sensiblemente con relación a las encuestas nacionales.


En Iowa, entre los días 6 al 19 de noviembre, Buttigieg ocupó el primer lugar con un 23,5%, seguido de Warren (17,8%), y Biden y Sanders (empatados con 17.0%), mientras que en New Hampshire, según encuestas tonadas entre el 6 y 19 de noviembre Warren está en primer lugar (20,7%), seguida por Biden (19,0%), Buttigieg (18,7%) y Sanders (14,3%). En los otros dos estados que les siguen en el calendario, Nevada South y Carolina, los números son más cercanos a los esperados por el establishment demócratas.


La preferencia en Nevada según encuestas del período 28 octubre al 11 de noviembre, es por Biden (29,0%), Warren (20,0%), Sanders 19,8%) y Buttigieg (7,3%), mientras que en South Carolina en el período 15 de octubre al 17 de noviembre, el promedio arroja: Biden (35,3%), Warren (16,3%), Sanders (12,8%) y Buttigieg (6,5%).


Además de los cuatro punteros mencionados (que entre ellos acumulan el 74.9% de las opiniones favorables en las encuestas), integran este grupo otros candidatos que juegan un papel secundario (como referencia, los porcientos de preferencia según la citada organización): la senadora por California, Kamala Harris (5,3); el senador por New Jersey, Cory Booker (2,3); la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar (2,3); la representante por Hawaii, Tulsi Gabbard (1,0); el multimillonario de New York, Tom Steyer (1,0); y el empresario, también de New York, Andrew Yang (2,8).


El quinto debate entre los aspirantes a la nominación presidencial demócrata tuvo lugar en la noche del 20 de noviembre en Atlanta, Georgia. En diciembre habrá otro debate en Los Angeles, California, que será el último antes del comienzo de las elecciones primarias.


Diez aspirantes lograron cumplir los requisitos para participar en el quinto debate: contar con no menos de 165 mil contribuyentes en al menos 20 estados con 600 en cada uno de ellos. Además, alcanzar entre el 13 de septiembre y el 13 de noviembre, por los menos, el 3% en cuatro encuestas certificadas nacionales o de estados individuales o 5% en encuestas individuales en los primeros estados en celebrar primarias: Iowa, New Hampshire, South Carolina y Nevada. Este quinto debate no tuvo grandes sorpresas y los aspirantes se limitaron a breves escarceos.


El sexto y último debate entre los aspirantes demócratas que se celebrará antes de las elecciones primarias tendrá lugar el 19 de diciembre en Los Angeles, California y hasta el momento solo cumplen los requisitos necesarios para participar seis de ellos: John Biden, Elizabeth Warren, Bernard Sanders, Peter Buttigieg, Kamala Harris y Amy Klobuchar.


Otros dos nuevos aspirantes parecen decididos a incorporarse a la puja por la nominación presidencial demócrata, en lo que se interpreta como una reacción al creciente criterio de que John Biden no lograr hacer que su candidatura gane fuerza entre las bases demócratas e independientes y que, por otro lado, que Elizabeth Warren y Bernard Sanders se sitúan en posiciones que puedan considerarse muy radicales para el carácter “bipartidista” del sistema político estadounidense.


El pasado 8 de noviembre el multimillonario y ex alcalde de la ciudad de New York, Michael Bloomberg, creó cierto revuelo al presentar la documentación necesaria para inscribirse como candidato a la nominación presidencial demócrata en los estados de Alabama y Arkansas y el jueves 21 de noviembre presentó a la Comisión Electoral Federal la documentación necesaria para crear un comité de campaña presidencial, lo que le permitirá comenzar a recaudar y gastar dinero en actividades electorales hasta que formalmente decida incorporarse o no a la campaña electoral.


El jueves 14 de noviembre, de improviso y sin preparación alguna se produjo, el día antes de que se cerrara el plazo, la inscripción del exgobernador de Massachusetts, el afroamericano Deval Patrick, como candidato a la nominación presidencial demócrata en New Hampshire, que seguirá a Iowa como los dos primeros estados en celebrar las primarias en febrero próximo.


También Hillary Clinton ha estado coqueteando con la idea de unirse a una aspiración presidencial en el 2020. El pasado jueves 14 de noviembre dijo a la BBC que “nunca diría nunca” a ser candidata y que estaba bajo “enorme presión de muchas, muchas personas para que pensara en ello”.


Biden no convence y la izquierda preocupa a la cúpula


Los periodistas Alexander Burns y Jonathan Martin, en comentarios que publicó el pasado jueves el New York Times, expresan que tanto Bloomberg como Patrick piensan que Biden ya no es el imponente adversario que se esperaba y es posible presentarse, con diferentes tácticas, como una alternativa más centrista que candidatos como Warren y Sanders. Tanto Bloomberg como Patrick dieron a conocer previamente a Biden su propósito de presentarse como candidatos.


Independientemente de estas opiniones, no puede descartarse que estos dos nuevos candidatos (y también Clinton) estén motivados por la posibilidad de que el proceso de imputación a Trump pueda tener un desenlace inesperado (es decir, su destitución) y quieran estar preparados para esa eventualidad.


Pero más allá de la pugna entre aspirantes, en el Partido Demócrata está teniendo lugar un proceso de confrontación entre una tendencia moderada que procura mantener el basamento “bipartidista” que domina la política estadounidense desde que concluyó la Guerra Civil hace más de siglo y medio y otra naciente corriente contestataria cuya fuerza motora se integra a través de las generaciones más jóvenes, particularmente las que se han dado en llamar “mileniales”, en medio de la crisis sistémica que cada vez con más fuerza se manifiesta en la sociedad estadounidense.


Los recientes discursos de Obama en New York y California, ante respectivos grupos de acaudalados donantes liberales demócratas instando a los candidatos a “no moverse demasiado a la izquierda en sus propuestas de política”, especialmente en cuanto a la atención a la salud y la inmigración “que van más allá de la opinión pública prevaleciente”. Expresó la opinión de que “el universo de votantes que apoyaría a un candidato demócrata no tiene la misma visión que reflejan ciertos “izquierdistas alimentadores de twiitts” o “el ala activista del partido”, señalando que “el estadounidense promedio no piensa que debamos echar abajo el sistema para rehacerlo”.


Aunque días después en California Obama procuró presentar sus ideas con un espíritu unitario y de optimismo frente a los “desacuerdos tácticos”, sus palabras encerraban una crítica implícita a los grupos que se consideran progresistas o socialdemócratas y muy especialmente a Bernard Sanders y Elizabeth Warren, los dos principales rivales de Biden.


Ya solo queda algo más de dos meses para el inicio de las elecciones primarias, donde la mayor atención estará enfocada hacia los resultados que se produzcan entre los aspirantes demócratas.


Según el calendario establecido, en febrero se celebraran estas elecciones en cuatro estados, de los cuales ya hemos ofrecido más arriba datos sobre los resultados de las encuestas. El día 3 serán las primarias en Iowa; el día 11, en New Hampshire; el día 22 en Nevada; y el día 29 en South Carolina.


Después, el 3 de marzo se celebrará el llamado “Súper Martes” con elecciones en 14 estados, entre ellos dos de los más populosos: California (base política de Kamala Harris y lugar de residencia del milmillonario Tom Steyer) y Texas, además de Alabama, Arkansas, Colorado (base política de Michael Bennet), Maine, Massachusetts (base política de Warren y de Deval Patrick), Mississippi, Minnesota (base política de Klobuchar), North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont (base política de Sanders) y Virginia.


Representan el 36% de los territorios del país, sin incluir el Distrito de Columbia y las posesiones coloniales de ultramar, una proporción suficientemente representativa para establecer una tendencia sobre el desenlace de esa etapa que debe definir quién será el candidato a la presidencia del país por el Partido Demócrata.


Otro elemento a tener en cuenta es que desde hace prácticamente dos meses la atención pública y el accionar de demócratas y republicanos se ha concentrado en el proceso de imputación contra Trump, pero hay innumerables situaciones críticas en la actual situación de Estados Unidos, tanto en el plano de la política interna como en la externa y en diversos sectores y, si como se avizora, en enero del próximo año se concluye el proceso de imputación sin la condena a Trump, las aguas comenzarán a fluir por los cauces usuales en un proceso electoral que ha funcionado de la misma forma desde hace más de siglo y medio.


Panorama Mundial/22 de noviembre del 2019