Red Andina de Migraciones
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Red Andina de Migraciones (RAM). Es un espacio de articulación entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y exigibilidad de los derechos de las personas en contextos de Movilidad Humana en los 4 países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Objetivo
El objetivo principal de la Red Andina de Migraciones es incidir para que se formulen políticas públicas migratorias comunes y eficaces en la Región Andina a fin de garantizar la protección de los derechos de las/os migrantes de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) y para que se construya una Agenda Social Migratoria que se promueva al interior de la Comunidad en defensa de los derechos de las personas en contextos migratorios.
Reseña histórica
La creación de la Red Andina de Migraciones fue acordada en la tarde del 7 febrero de 2009, por las aproximadamente 20 organizaciones sociales de los países de la Comunidad Andina que participaron en un seminario taller desarrollado en Quito, con el auspicio del Proyecto "Acción con la Sociedad Civil para la Integración Regional Andina" (SOCICAN), promovido por la Comunidad Andina y la Unión Europea.
La Red contribuye a la sensibilización de la opinión pública en torno a los derechos de los migrantes y a la identificación de mecanismos que permitan la realización efectiva de esos derechos, así como la implementación de sistemas de indicadores y verificación que den cuenta del cumplimiento de los mismos.
El seminario taller fue convocado por la Fundación Esperanza (sedes de Colombia y Ecuador), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES (Colombia), el Foro Urbano (Ecuador), el Instituto de Estudios por la Infancia y la Familia (Perú) y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, con el fin de identificar mecanismos de promoción, defensa y contribución al pleno goce de los derechos humanos de los migrantes andinos, en los espacios intra y extracomunitarios.
Participaron en el taller delegados de aproximadamente 20 instituciones de la sociedad civil, provenientes de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, institutos académicos y centros de investigación de la Comunidad Andina vinculados con el trabajo de apoyo a los migrantes, así como también observadores de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Internacional para las Migraciones, Organización Internacional del Trabajo y de la Secretaría Nacional del Migrante y Defensoría del Pueblo de Ecuador.
Según coincidieron en señalar durante la reunión, en la región "prevalece una tendencia migratoria que afecta a los más de 9 millones de ciudadanos de los cuatro países andinos que han emigrado hacia otros países, los que totalizan a 27 millones de personas si se toma en cuenta que por cada migrante existen por lo menos tres familiares o personas vinculadas.
Los participantes reconocieron que la Comunidad Andina "ha avanzado en un marco normativo que garantiza formalmente los derechos de los migrantes para el ejercicio pleno de la ciudadanía comunitaria andina".
No obstante, coincidieron en señalar que existe "un abismo entre las normas y la realidad de los derechos humanos de estas personas que, además, no conocen, no exigen, ni ejercen plenamente sus derechos".
Anotaron que "las condiciones de vulnerabilidad son especialmente críticas cuando se trata de mujeres, niñas y niños, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, personas en situación de discapacidad y aquellas con orientación sexual diferente".
