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===Argentina: No habrá plan de gobierno mientras no se acuerde con los acreedores (Rebelión)===
 
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Horacio Rovelli*
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En primer lugar, el gobierno de la coalición neoliberal Cambiemos empujó a la pobreza a cinco millones de argentinos, endeudó al país por 129 mil millones de dólares de los cuales unos 85 mil millones fueron con tenedores privados (fundamentalmente grandes bancos y fondos de inversión financiera) y unos 44 mil millones de dólares con el FMI, y esa deuda obliga a subordinarse a ese organismo internacional.
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Cuando el nuevo gobierno presentó el proyecto de ley de emergencia económica, social y sanitaria, que denominaron de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el 17 de diciembre de 2019, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, informó a los Diputados que el 60% de los niños de este país son pobres y mes a mes ha bajado el consumo de leche.
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Señaló que un millón y medio de jóvenes no trabajan ni estudian; y que la situación es más grave en el conurbano bonaerense y en localidades del interior del país. Sumemos a eso el cierre de empresas y la desocupación de trabajadores, que incluye el menor trabajo informal (changas), más el alto endeudamiento de las familias con préstamos personales y tarjetas de crédito para poder llegar a fin de mes, lo que en conjunto genera una fuerte vulnerabilidad social
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En esa misma reunión el ministro de Salud, Ginés González, al explicar la necesidad de declarar la emergencia sanitaria, sostuvo que fue tal el desmantelamiento de los hospitales y el desabastecimiento de los distintos programas del área que se necesita conformar y convocar a un Consejo Nacional Consultivo de Salud para evaluar la situación.
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Asimismo, en forma urgente importar vacunas para el sarampión y otras enfermedades por riesgo de pandemia, incluso eximiéndoles de pagos de aranceles e impuestos, el ministro no lo dijo, pero sabe que, como decía Ramón Carillo, la pobreza es la mayor causante de enfermedades.
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Si ese es el marco en que ha dejado al país el gobierno anterior, se entiende la urgencia de adoptar medidas para revertirlo, por ende más se justifica el estudio y revisión de las tarifas eléctricas y del gas, como la amplia e irrestricta moratoria para las Mipymes (Micro, pequeñas y medianas empresas) del país.
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Moratoria por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones, incluida las aduaneras, financiamiento de su pago en largo plazo y a tasas subsidiadas por el Estado[1], para que vuelvan a producir y a generar puesto de trabajo.
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También, a costa del Estado nacional, la mejora a los créditos UVA (Unidad Valor Adquisitivo), que fueron los préstamos para la compra de viviendas ajustables por inflación, con lo cual no son pocos los casos en que la deuda es mayor que el valor de la vivienda y, el listado de medicamentos e insumos a ser adquiridos por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y por la Superintendencia de Servicios de Salud de insumos y medicamentos esenciales por banda terapéutica, a precios preferenciales
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Del lado del ingreso se aplica un gravamen del 30% por la compra – venta de divisas por el término de cinco años a partir del día de vigencia de la ley, que incluye las compras de tarjetas de débitos y créditos y la adquisición de pasajes salvo que el destino sea un pueblo fronterizo[2]
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Asimismo, la reimplantación de los aportes previsionales patronales; el ajuste por inflación del impuesto a las ganancias; el aumento de la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales (riqueza)[3] y hasta su duplicación de estar situado en el extranjero; el aumento del 3 por mil al 6 por mil de la tasa del impuesto a los débitos y créditos bancarios; llevar al 3 por ciento la tasa del derecho de estadísticas de las importaciones; y restablecer los impuestos internos a bienes de lujo[4].
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Por supuesto reafirma los derechos de exportación (retenciones) a las exportaciones hasta el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB para la soja; hasta el 15% para el maíz, sorgo, trigo, girasol, etc.; hasta el 5% de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales y hasta el 8% de los hidrocarburos y minerales, convirtiendo todo en un porcentaje en lugar de una suma fija que queda desvirtuada por el ajuste del valor del dólar.
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Inclusive, la potestad de que el Poder Ejecutivo arbitre “mecanismos de segmentación y estímulo” para mejorar la rentabilidad de los productores afectados por los derechos de exportación, reintegrando su pago en los casos que se trate de pequeñas producciones.
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Haberes previsionales
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Donde la Ley de Emergencia derrapa es en el tema previsional, cuando en la reunión referida de presentación del Proyecto en la Cámara de Diputados el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que de los casi siete millones de jubilados y pensionados actuales, cuatro millones perciben el haber mínimo y que unos 400 000 jubilados reciben el 20% del total de lo que abona la ANSeS.
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Por ende, defendiendo la suspensión por el plazo de 180 días de la vigencia del artículo 32 de la Ley N° 24.241 y su índice de movilidad previsional del 70% por IPC y del 30% por RIPTE [5] aprobada por ley modificatoria en diciembre de 2017, para que el Poder Ejecutivo y una comisión ad hoc de Diputados y Senadores pueda fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración.
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La premisa es atender prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos, con lo cual, de hecho, frenan el ajuste de los haberes y lo subordinan a la disponibilidad de recursos del Estado nacional.
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En efecto, el gobierno encabezado por Alberto Fernández decidió otorgar un bono de 5 000 pesos en diciembre y otro por la misma suma en enero para los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima (14 068 pesos, unos 235 dólares). También percibirán un bono quienes cobran una jubilación o pensión de hasta 5 000 pesos superior a la mínima (esto es hasta 19 068 pesos, unos 317 dólares).
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El bono será menor a 5 000 pesos por la diferencia, garantizando que ningún beneficiado previsional cobre en diciembre y en enero menos de 19 068 pesos por mes.
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La declaración de la Emergencia por ley, por otra parte, pondría al Estado a resguardo de reclamos en el área previsional, dado que al haber pagos diferenciados en beneficio de los jubilados de menores ingresos, se trata de evitar lo que sucedió con los aumentos del mismo tipo que otorgó en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, quien también padeció la herencia de enormes restricciones presupuestarias.
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Esos ajustes a los de la mínima después motivaron el fallo Badaro de la Corte Suprema, que obligó al Estado a compensar a quienes habían quedado al margen de la medida y desencadenó una andanada de juicios de millones de jubilados para reclamar el mismo ajuste.
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Pero cuando el tema se debatió en el recinto, los Diputados acordaron excluir de ese artículo de la ley que suspende los ajustes de los haberes al Régimen especial para docentes, a la pensión graciable para ex presos políticos, a los beneficiados de la ley Brisa [6] y, al régimen jubilatorio específico para el personal que cumple tareas técnico científicas de investigación o desarrollo.
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No quedó muy claro si también se excluía a los beneficiados de la ley 24.018 que son las asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial [7], del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; Vocales del tribunal Fiscal y de Cuentas de la Nación; y Legisladores Nacionales.
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Tampoco los de Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, Secretarios y Prosecretarios nombrados a pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, el Intendente, los Concejales, Secretarios y Subsecretarios del Concejo Deliberante y los Secretarios y Subsecretarios del departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; Procurador General del Tesoro, Disposiciones comunes y transitorias que fuera sancionada en 1991.
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Esto provocó que el día 20 se frenara el tratamiento de la media sanción en el Senado de la Nación que, se destrabó cuando por twitter el presidente Alberto Fernández, anunció que ampliará las sesiones extraordinarias para derogar las jubilaciones de privilegio. Obviamente se debe ver cómo es el Proyecto, pero es sin lugar a duda un avance cuando según la ANSeS se trata de 4 938 jubilados que perciben un haber promedio de 210 000 pesos por mes (unos 3 500 dólares) y un haber máximo que puede duplicar esa cifra.
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Según el Informe de la ANSES, a mayo pasado, el haber medio era de 11,9 veces el haber medio de los jubilados del sistema general. Y de 17 veces el haber mínimo.
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Si el total de jubilados y pensionados, que según la Ley 27.467 de Presupuesto 2019 suman 6 990 099 beneficiarios, quienes en conjunto percibieron haberes en el mes de octubre 2019 por un total de 156 mil 853 millones de pesos, según informa la Secretaría de Hacienda de la Nación, por lo que la remuneración promedio mensual es en torno a los 22 500 pesos.-, pero, al decir del ministro Moroni, 400 000 perciben 31.370,6 millones (a razón de 79 000 pesos por mes) de los cuales se debe excluir a su vez los 4 938 casos de la ley 24.018.
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Por ende, lo que debería hacerse es dividir por monto del beneficio y ajustar a la mitad de los jubilados y pensionados que perciben la mínima con un ajuste incluso mayor que el de la formula de Cambiemos, ajustar por la fórmula a los que perciben menos de lo que a su vez el INDEC consideró que vale la canasta básica total para no caer en la pobreza de 37 596 pesos.
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Y de esa manera se les mantiene el poder adquisitivo y, a los otros que llegan a ganar hasta 400 000 por mes (unos 6 700 dólares), también con una debida escala, suspenderles el ajuste y actualizarlos según los ingresos de la ANSeS, que, por otra parte, son reforzados por la misma ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
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El tema clave de la deuda
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No se puede tener un plan de gobierno, ni el presupuesto de gastos y recursos del Estado nacional 2020, mientras no se tenga en firme el acuerdo con los acreedores.
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La consistencia macroeconómica requiere que el esquema previsional, las tarifas, el gasto público, el esquema cambiario (incluyendo la recomposición lógica de la alícuota de retenciones) y el monetario se inserten en la nominalidad buscada en el acuerdo de precios y salarios.
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Máxime que se debe tener en cuenta que en 2020 vencen “neteados” de la deuda intra sector público en torno a los 24 mil millones de dólares, mitad en dólares, mitad en pesos, por lo que se debe confluir en un dólar competitivo que garantice un superávit comercial sostenible en el tiempo y que se extremen las medidas de control ante la fuga
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El ministro de economía, Martín Guzmán, lo señaló las dos veces que habló por televisión desde que asumió: busca una suspensión del pago con reestructuración de la deuda que le permita crecer, empujar a la suba el gasto público en el año 2020, cobrar más impuestos, armar un plan de emergencia para los más necesitados, inyectar créditos subsidiados a las pymes, tasa de interés negativa contra la inflación y créditos no bancarios para las familias.
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Pero hasta llegar a ese momento debe seguir pagando la deuda, de allí que por un lado en la ley de de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, prevé la colocación de una Letra intransferible del Tesoro de la Nación a 10 (diez) años de plazo por 4.571 millones de dólares que se amortiza íntegramente a su vencimiento y pagará una tasa igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central para el mismo período, y hasta un máximo de la tasa Libor anual menos un punto porcentual con intereses se cancelará semestralmente.
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Por otra parte, consiguió el viernes 20 de diciembre de 2019 que el mercado local le prestara 18.846 millones de pesos- hasta el 22 de junio de 2020, cuando el 28 de agosto de 2019 el exministro macrista Lacunza había declarado desierta esa posibilidad.
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Paralelamente, el Gobierno, mediante el Decreto 49/2019 de Necesidad y Urgencia, resolvió postergar todos los pagos de las amortizaciones de las Letes (letras en dólares) hasta el 31 de agosto del 2020. De esta manera, se difieren pagos por casi unos 9.000 millones de dólares. Esta medida no afecta a las personas humanas y a las provincias, pero si alcanza a las personas jurídicas que representan el 90% de los acreedores.
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Advertimos que se supedita todo a lograr el objetivo principal que es la suspensión de los pagos, pero se trata de negociar con grandes fondos y bancos extranjeros (Goldman Sachs, Black Rock, Franklin Templeton, etc.) y con el FMI, que solo aceptarían no cobrar por dos años si existiera del lado argentino la seguridad de pago después de los dos años o, el temor de que la Argentina se declare en default y tengan que cobrar como puedan.
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Por otra parte, se deben extremar las medidas de control cambiario, porque un impuesto del 30% encarece el tipo de cambio y es una tentación tanto para los exportadores (que subfacturan sus ventas oficiales para vender en negro o fugar) y para los importadores (que sobre facturan importaciones en blanco para quedarse con dólares comerciales), a lo que se suma la posibilidad cierta que parte de ese incremento del dólar por el gravamen del 30%, se traslade a precios.
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La solución del tema deuda permitirá implementar la segunda etapa que es el Plan Económico, pero la carta fuerte del gobierno sigue siendo, de complicarse la renegociación, la de declarar el default* y obligar de ese modo a los acreedores de todo tipo a aceptar la suspensión total de pago de capital e interés por un plazo prudencial.
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El mismo ministro de Economía, Martín Guzmán, lo había estimado en dos años. El presidente Fernández le dijo al director del Cohete a la Luna que serían cuatro, toda la duración de su mandato.
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*Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Universidad de Buenos Aires. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
  
 
===Persiste la desaceleración generalizada en América Latina y el Caribe en 2019 y se espera un bajo crecimiento para 2020 (Rebelión)===
 
===Persiste la desaceleración generalizada en América Latina y el Caribe en 2019 y se espera un bajo crecimiento para 2020 (Rebelión)===

Revisión del 11:07 20 ene 2020

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Sumario

POLÍTICA

Asamblea Nacional de Venezuela renueva su directiva sin Juan Guaidó (Misión Verdad)

Venezuela inicia el año parlamentario correspondiente a este 2020 con la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN), la cual, aún permanece en desacato y desconocimiento frente a los demás poderes del Estado venezolano.


Sin embargo y pese a su status jurídico de nulidad de sus actos, los eventos alrededor de dicho parlamento no dejan de ser relevantes para la política venezolana. Este domingo 5 de enero se ha consolidado un quiebre significativo en su estructura mediante la elección de Luis Parra, quien formara parte del partido opositor Primero Justicia, como Presidente de esta instancia.


Franklin Duarte del partido socialcristiano Copei fue también juramentado como primer vicepresidente, seguido de José Gregorio Noriega, de Voluntad Popular, en la segunda vicepresidencia. Como Secretario del parlamento quedó Negal Morales del partido Acción Democrática.


Mediante esta elección, al menos en términos administrativos, concurre el fin de la gestión del Diputado Juan Guaidó, quien esperaba ser ratificado en el cargo y que a expensas de este, se autoproclamó “Presidente interino” de Venezuela en enero de 2019, convirtiéndose así en un factor clave para la consolidación de un gobierno paralelo, abiertamente apoyado por Estados Unidos y otros países alineados a Washington.


La elección de Luis Parra tampoco ha estado exenta de polémicas. Señalada su legitimidad desde varias direcciones, su elección es resultado de eventos que tuvieron lugar este 5 de enero, pero también por otros que tenían meses consumándose y que eran ampliamente conocidos en la vida política venezolana, uno de ellos, es la inocultable fractura entre partidos y figuras de la oposición venezolana, proceso que se aceleraría desde el ascenso de Guaidó.


El quórum parlamentario, las puertas del hemiciclo y la elección de Parra


Desde la madrugada de este domingo las puertas de la sede parlamentaria venezolana se encontraban custodiada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), instancia encargada de brindar seguridad a dicha sede ante la probable eventualidad de hechos de conmoción.


Sin embargo, el acceso al hemiciclo fue restringido, mediante la aplicación de la GNB de los criterios de inhabilitación política dirigida contra varios funcionarios diputados opositores que en los últimos años han sido señalados por la Contraloría General de la República de estar incursos en actos de presunta corrupción y, también por instigar la injerencia externa en Venezuela, delito plenamente tipificado en la Constitución venezolana.


Para un evento tan significativo, como sería la elección de la directiva parlamentaria, se dispuso la aplicación de la inhabilitación contra algunos de estos diputados y la solicitud de credenciales a los parlamentarios asistentes.


Sin embargo, trascendieron palabras del diputado antichavista Williams Dávila, quien si entró al hemiciclo. El parlamentario apareció en un video afirmando que “solamente al diputado Calzadilla y al Diputado de Amazonas (Romel Guzamana) no los dejaron entrar, del resto todos hemos entrado. Están los respectivos suplentes de los Diputados… Tenemos todo bien precisado” indicó.


Entretanto, el diputado Juan Guaidó fue grabado en las afueras, pero dentro del área del hemiciclo, del otro lado del piquete de seguridad, sin entrar a la sesión parlamentaria. Según el Diputado Francisco Torrealba del Partido Socialista Unido de Venezuela, Guaidó se resistió a entrar a la sede para no instalar la sesión, “dada la falta de votos” para ser reelecto.


Según el diputado Luis Parra, 140 diputados estaban en la sede parlamentaria al producirse su elección y además declaró que 81 diputados aprobaron su nombramiento.


La composición política que dio forma a esta nueva directiva, tiene a diputados antichavistas, gran parte de ellos diputados suplentes, integrantes de los principales partidos de la oposición, así como a otros diputados opositores independientes y de pequeños partidos, los cuales se sublevaron contra Juan Guaidó y las cúpulas de sus organizaciones en los últimos meses.


Para hacer efectiva la elección de Parra, este también contó con los votos de los diputados chavistas. El señalamiento de los diputados chavistas para dar su voto a una directiva opositora, se basó en que este grupo de diputados “aunque son opositores, no están bajo el mando de Estados Unidos”, dijo Francisco Torrealba.


Durante la juramentación, Juan Guaidó protagonizó una escena que inmediatamente dio la vuelta al mundo. Se le vio vestido con un traje azul intentando trepar sobre un enrejado, luego de que saliera nuevamente a las afueras del área del hemiciclo para entrar, pero pasando sobre el piquete.


El ministro de Comunicación de Venezuela Jorge Rodríguez, ridiculizó el fallido salto de Guaidó y refirió como opositores como Stalin González primer vicepresidente saliente del parlamento y como otros conocidos diputados, entre ellos el expresidente de la AN Henry Ramos Allup, si entraron por la puerta.


Según Luis Parra “A Guaidó nadie le impidió entrar al hemiciclo de sesiones” y aseguró que la supuesta mayoría que apoyaría la reelección de Guaidó, gran parte de ellos “no hicieron acto de presencia en el hemiciclo” sino que permanecieron en sus afueras, lo cual deja claro de que el argumento del ingreso "no permitido", se trató de una farsa del saliente presidente del parlamento y algunos de sus diputados acólitos.


Sobre el mecanismo de elección ante la ausencia de Juan Guaidó, el Diputado Francisco Torrealba explicó: “hoy fuimos testigos de un hecho inusual, pero que era previsible. Guaidó no tenía los votos necesarios y por eso se negaba a instalar la sesión. Nosotros aplicamos en forma analógica lo que dice el Reglamento de Interior y Debates… Se votó por separado y resultó electo Luis Parra… Es la primera vez que en la oposición venezolana se evidencia la fractura que existe, y con esa fractura nosotros creemos que podemos hablar…” indicó.


La fractura profunda de la oposición venezolana como causa


La elección de Luis Parra profundiza y da un matiz exacto a la división entre los antichavistas, la cual puede considerarse profunda y transversal. Ya no se trata solo de las diferencias entre partidos, ahora les asaltan las disputas entre integrantes de los mismos partidos políticos, tal como puede definirse mediante los eventos que desembocaron en la elección de Luis Parra y a los diputados que le acompañan en la directiva. Fueron electos por integrantes de las principales toldas antichavistas, las cuales, en teoría, apoyaban a Guaidó.


El punto de inflexión que signó el surgimiento de esta fractura, es el propio ascenso de Guaidó, mediante auspicios estadounidenses y en pleno favor al partido Voluntad Popular en detrimento de las demás facciones. Dicho evento significó en 2019 el apresuramiento de presiones económicas contra Venezuela, el desgaste de la legitimidad opositora y al mismo tiempo, el flujo de ingentes cantidades de dinero estadounidense con destino a dichos dirigentes, dinero que desató una euforia corrupta que fue señalada por varios grupos dentro de la propia oposición venezolana.


Los sonados casos de corrupción de Guaidó y sus acólitos, sobre la “Ayuda Humanitaria”, sobre los bienes confiscados a la República en el extranjero con CITGO en primer orden y el conocido evento de destitución de Humberto Calderón Berti de su cargo de “Embajador” en Colombia, dieron pie a que se hicieran evidentes las rupturas profundas.


En simultáneo al desplazamiento de la oposición venezolana al extranjero, a la pérdida de legitimidad de Guaidó, al desgaste de otros cabecillas dirigentes, fue tomando cuerpo cada vez una disidencia opositora que ahora, conjuntamente con votos chavistas, han tomado la directiva del parlamento.


El Diputado José Brito, integrante de “la rebelión de los suplentes”, quien denunciara a Guaidó de corrupción y fuera proscrito de su partido por ello, declaró en la mañana del domingo 5 que "este año (2019) ha sido un fracaso para la AN como poder legislativo autónomo. Guaidó abandonó por completo la autoridad parlamentaria para consolidar una estructura de poder personal".


El chavismo, por su parte, aprovechó la diatriba votando por opositores, para también intentar políticamente desbloquear la falta de interlocución política y el encallo institucional en Venezuela, que se profundizó mediante la directiva de Guaidó, la cual se caracterizó por su gestión envalentonada y perturbadora, a causa de su posición subordinada a Washington.


Las reacciones y el callejón sin salida


El ascenso de esta nueva directiva parlamentaria pone en un callejón sin salida a la agenda de la Administración Trump para Venezuela, o al menos reviste una bifurcación de la política interna que será complicada de gestionar para los halcones de Washington.


Michael Kozak, Subsecretario Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, condenó este domingo el nombramiento de Luis Parra como el nuevo presidente de la AN. A juicio del burócrata estadounidense “Juan Guaidó permanece como presidente interino de Venezuela bajo su constitución”, calificando la elección de Parra como una “farsa” que además “carece de quórum y no cumple con los estándares constitucionales mínimos”.


Entretanto el Senador estadounidense Marco Rubio, uno de los principales articuladores de la estrategia “Guaidó” para Venezuela indicó que “en Venezuela, el régimen de Maduro ha asaltado el edificio de la AN, impidiendo la entrada de Juan Guaidó y legisladores de la oposición para evitar que el voto de hoy reelegía a Guaidó como presidente”, publicó en Twitter.


El unísono de estos pronunciamientos, el Grupo de Lima emitió una declaración desestimando la elección de Parra y señalando el desconocimiento a la presencia parlamentaria en el hemiciclo este domingo, en una clara alineación con la burocracia estadounidense. Se espera también una posición similar desde la Unión Europea.


En efecto, para sectores específicos de la conjura contra Venezuela, el cese de la “era Guaidó” significaría un revés importante para el entramado de relaciones que se han tejido alrededor del Diputado como figura clave para el flujo de recursos e imposición de lobbys.


A finales de 2019 Namita Biggins vocera del Departamento de Estado estadounidense, ratificó la postura de la Administración Trump. “Lideramos el esfuerzo para la comunidad internacional y ahora hay más de 60 países que reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela” indicó, agregando que durante 2019 “el gobierno de Estados Unidos ha dado más de 650 millones de dólares hacia la asistencia humanitaria, no solo dentro de Venezuela sino también para apoyar a 16 países vecinos”, dijo.


De allí que lo que se encuentra en discusión en Venezuela, no es exclusivamente la directiva del parlamento, sino el punto medular de una estrategia política de desplazamiento del chavismo y cúmulo de intereses sobre los cuestionados recursos que Estados Unidos ha destinado para Venezuela.


Guaidó se autojuramenta, nuevamente


La jornada del 5 de enero no terminó en el hemiciclo venezolano, de hecho se trasladó a la sede del diario antichavista venezolano El Nacional, adonde Juan Guaidó convocó una sesión donde terminó, nuevamente, autoproclamado Presidente del parlamento y por la investidura de ese cargo, en consecuencia, “Presidente interino de Venezuela”.


Fuera de la sede del parlamento, sin quórum y con la “presencia” de Diputados vía online, es decir, en plena contradicción con el Reglamento de interior y debates de la AN, Guaidó relanzó su nombre al cargo y se autoproclamó presidente del parlamento unicameral y de la presidencia venezolana, dejando nuevamente en incertidumbre los destinos institucionales del país, ahora, siendo también presidente paralelo del parlamento, un hecho que, tal como su “presidencia interina” írrita, no tiene precedentes en la vida política venezolana.


Este último evento parece indicar que la continuidad de la agenda de Trump para Venezuela mediante la presidencia artificial de Guaidó, se consolida como única estrategia pese a sus fallidos resultados durante el 2019.

El 2019, el año de la movilización social en Latinoamérica (Crónicas para la paz)

Fernando Alexis Jiménez*


El 2019 se constituyó en uno de los años más relevantes para la movilización social en Latinoamérica. Se extendió como una llama incontenible, despertando el león dormido de la inconformidad que por muchos años estuvo reprimida. Fue así como afloraron diferentes expresiones populares como los indígenas, dirigentes comunales, agrarios, estudiantes e, incluso, indiferentes, aquellos que por mucho tiempo se mostraron ajenos a la realidad social. Un año para recordar y el anticipo de lo que será el 2020 en las calles de diferentes países.


Un aspecto relativamente novedoso fue la utilización de las redes sociales que, sin ninguna barrera para tener un alcance ilimitado, convocó a los manifestantes en todas las naciones. Y digo que relativamente novedoso, porque su fuerza incontenible se hizo sentir en la primavera árabe.


Quienes vivimos la época de los ochenta, recordamos lo dispendioso que eran jornadas enteras pegando carteles, al amparo de la noche, para convocar marchas, y el riesgo que representaba salir a distribuir hojas volantes.


Aunque expresarse es un derecho inalienable de los pueblos, aquella fue una época de semi clandestinidad en la que más de un promotor de las protestas terminó en una estación de policía. Ahora las cosas son distintas. Basta una cuenta en WhatsApp, Facebook, Twitter o Instagram, utilizadas por muchos para subir mensajes triviales, para enviar desde allí un mensaje que convoca. Gratis, fácil, sencillo pero eficaz.


ECUADOR LOGRÓ REVERSAR CARGAS IMPOSITIVAS


Los brotes de inconformidad por las cargas impositivas anunciadas por el presidente Lenin Moreno, iniciaron en marzo del 2019, pero maduraron en octubre con protestas que aglutinaron millares de personas en Quito, Guayaquil y otras ciudades ecuatorianas. Obreros, estudiantes e indígenas se tomaron las calles y bloquearon carreteras esenciales en la geografía nacional. Ríos humanos pusieron a temblar al gobierno.


Y como había que encontrar un “chivo expiatorio”, el presidente culpó a Rafael Correa y a sus seguidores, desconociendo que la rabia contenida por la injusticia terminó convirtiéndose en el principal combustible de las marchas.


Pese a la presión del Fondo Monetario Internacional, el presidente Moreno debió reversar sus medidas. Dialogó cuando medió la muerte de un centenar de personas y más de 1 500 heridos, entre ellos, miembros de la fuerza pública. Personalmente creo que no fue una negociación exitosa, pero sirvió de precedente para frenar futuros desmanes en materia fiscal que pretenda liderar el gobierno.


EN CHILE NO CESA EL DESCONTENTO SOCIAL


Con el 2019 cerraron dos meses de protestas que amenazan con proseguir en Chile, porque la convulsión social no cesa pese a la aparente calma de la que hace gala el presidente, Sebastián Piñera, tras reversar medidas que alimentaron la inconformidad. Pese a ello, persiste el descontento social por la desigualdad que plantea el modelo económico del país.


La nación austral batió el récord con una participación de 1.5 millón de personas que se concentraron en Santiago, el 25 de octubre. Las protestas se han ido espaciando, pero persisten y se retomarán en enero, tal como lo anunciaron los organizadores, que no consideran una respuesta a sus necesidades el anuncio del presidente Piñera sobre el aumento salarial en hasta 350 mil pesos chilenos—cerca de 435 dólares–. Lo consideran un paliativo que no resuelve nada.


Latinoamérica ha retomado la protesta social como la vía para evitar medidas impositivas planteadas por los gobiernos de varios países a instancias del FMI.


UN GOLPE DE ESTADO LEGITIMADO POR LA DERECHA BOLIVIANA


La derecha boliviana aprovechó cierto grado de inconformidad por la reelección del presidente Evo Morales, que suele ocurrir en todo proceso electoral, y construyó un gigante en el imaginario de los latinoamericanos para orquestar una fuerte presión, de cara a la renuncia del mandatario. No fue una renuncia voluntaria sino la conclusión de una cadena de hechos que sentaron las bases de un golpe de Estado.


Lo que siguieron fueron movilizaciones populares que no compartieron la jugada de los sectores que se hicieron con el poder. Las protestas fueron reprimidas por la fuerza pública a instancia de la presidenta interina, Jeanine Añez, quien asumió el 12 de noviembre haciendo acopio de subterfugios constitucionales.


Pese a la aparente calma, lo más seguro es que sectores afectos a Evo Morales retomarán las movilizaciones, soporte para que vía electoral, se retome el poder por parte del Movimiento al Socialismo. También en Bolivia la protesta social ha sido protagónica.


UN PARO QUE NO TERMINA EN COLOMBIA


El Paro Nacional del 21 de noviembre, en Colombia, marcó una de las más grandes movilizaciones sociales en la historia nacional. Un hito sin precedentes que estuvo signado por la participación de todos los sectores. Obreros, estudiantes, campesinos, indígenas, dirigentes populares y—lo más importante—los indiferentes, se sumaron a la toma de las calles.


Diciembre con todo su esplendor de trivialidad, no logró apagar las protestas que se han multiplicado de múltiples formas: conciertos como el del 8 de diciembre en Bogotá y otras ciudades y el de Medellín. También la protesta se ha alimentado de plantones, cacerolazos, jornadas de antorchas y múltiples formas de decir que la inconformidad sigue latente.


De la mano con esta movilización sin precedentes, aumentó entre noviembre y diciembre, el asesinato de líderes sociales, así como las amenazas de muerte contra quienes se consideran baluartes en la organización de las protestas. La cantante folclórica Adriana Lucía, es una muestra de la intolerancia de las fuerzas oscuras que siguen haciendo presencia en la geografía colombiana. Los defensores de derechos humanos no han sido ajenos a este drama. En los últimos 30 días murieron 23 de ellos, a manos de sicarios.


Los organizadores de las movilizaciones a nivel nacional y en los territorios, anuncian que las jornadas proseguirán a mediados de enero.


Califican de demagógico el Diálogo Nacional emprendido por el presidente Iván Duque, el cual desconoce sistemáticamente el petitorio recogido por las diferentes expresiones sociales, que se consigna en 104 puntos específicos. El gobierno colombiano considera inviable negociar, prefiere la continuidad del descontento social que se traduce en protestas callejeras.


UN 2020 DE MOVILIZACIONES


Si el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, retoma sus medidas impositivas; el presidente chileno, Sebastián Piñera no propone soluciones de fondo; la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez pretende hacer de las suyas en las elecciones y el presidente colombiano, Iván Duque, persiste en su renuencia a escuchar el clamor popular, lo más seguro es que el 2020 arrancará con movilizaciones que marquen la historia latinoamericana.


Un hecho para resaltar lo representa la participación de quienes, por años, se han mantenido al margen de las protestas. Ahora y de forma progresiva, han ido tomando conciencia de que la única forma de poner freno a las injusticias, es saliendo a las calles a decir ¡Basta ya!


  • Periodista colombiano.

¿Quién es Arturo Murillo? (Página 12)

Cuando asumió como ministro de Gobierno anunció que iba a salir de “cacería” contra prominentes figuras del MAS como Juan Ramón Quintana, hoy asilado en la Embajada de México


Gustavo Veiga*


Le dicen el Trompo Murillo por su pasado como corredor de autos. Supo representar a su país en el exterior donde también le gusta hacer excursiones en moto.


Hoy ya no da vueltas por las pistas, pero sí, como ministro de Gobierno del régimen golpista de Jeanine Áñez, acaba de hacer un tour por Estados Unidos buscando la legitimidad política que le falta a su presidenta para conseguir adhesiones de funcionarios de segundo orden.


Es el hombre duro del Gabinete o, al menos, presume de serlo. Alineado por completo con EEUU, cuando asumió su cargo anunció que iba a salir de “cacería” contra prominentes figuras del MAS como Juan Ramón Quintana, hoy asilado en la Embajada de México.


Nacido en Cochabamba, lo guía una aversión especial hacia el exmandatario. El 27 de diciembre festejó su cumpleaños 56 en el puesto desde el cual, por momentos, parece transformarse en canciller o en el encargado de Defensa.


Algún día deberá rendir cuentas por las masacres de Senkata y Sacaba. Su dialéctica beligerante contra la ahora oposición solo es comparable con la de su colega de Comunicación, Roxana Lizárraga.


Empresario hotelero, casado dos veces y con una hija, Arturo Murillo supera en protagonismo hasta a la presidenta Áñez. Incluso por su propia función –donde tiene a cargo la política interna, seguridad, migraciones y hasta el servicio penitenciario– ha desplazado del centro de la escena a Luis Fernando Camacho, el líder cívico que profesa ideas semejantes a las suyas de mano dura.


Murillo llegó a la política cuando lo convocó el excandidato a presidente y millonario Samuel Doria Medina, referente de Unidad Nacional (UN), la fuerza por la que podría postularse nuevamente.


Fue diputado y senador, cargo este último desde el cual mostró una postura misógina y contra los derechos de las mujeres.


Cuando se discutía en el Congreso un artículo del Sistema Penal que incluía el tema del aborto declaró: “mátense ustedes, mátense las mujeres que dicen que quieren hacer lo que les da la gana con su cuerpo, háganlo, suicídense, pero no maten una vida ajena, no es su vida”.


El ministro de facto, una especie de Torquemada de estos tiempos, es el mismo que se mostró exultante cuando el 18 de diciembre difundió la “orden de aprehensión” contra el expresidente por sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo, delitos que le imputa el régimen de Áñez para cercarlo judicialmente y mantenerlo fuera de Bolivia.


Murillo ha subido tanto el perfil que, incluso, se superpuso con algunas atribuciones a la canciller Karen Longaric, de ascendencia croata como él. El segundo apellido del ministro de Gobierno es Prijic.


Este mes hizo una gira por Estados Unidos en la cual se reunió con representantes de cada uno de los organismos que Evo Morales había expulsado de Bolivia o cuestionaba por su papel injerencista.


Se mostró en fotografías con Mauricio Claver-Carone, director para Latinoamérica del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. También se encontró con el Consejo de las Américas, al que le explicó el proceso electoral en curso y pidió que intercediera por inversiones.


Como no podía ser de otra manera, dialogó con John Barsa, funcionario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid por sus siglas en inglés), una organización fachada de la CIA que llevaba seis años fuera de Bolivia.


Su visita a EEUU se completó con dos reuniones: en la Cidh y en la OEA con su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, a quien le arrancó una declaración de compromiso con el proceso electoral boliviano.


Los favores que pidió los pagó con otros favores.


Además del automático alineamiento que pregona con el Gobierno de Donald Trump, Murillo –quien tiene a su cargo la Dirección General de Migración– anunció el pasado 20 de diciembre que los ciudadanos de Estados Unidos e Israel “ya no deben presentar visa o autorización por turismo o visita para su ingreso a territorio boliviano y que podrán hacerlo portando su documento de identidad vigente”.


Áñez refrendó por entonces que el anuncio se hacía porque los viajeros de esos dos países “siempre han contribuido grandemente al desarrollo del turismo y de las inversiones en todas las regiones de Bolivia”.


El carácter beneficioso de esta norma para esas nacionalidades no se compara con las declaraciones que Murillo realizó contra los organismos de derechos humanos que visitaron Bolivia.


Cuando fueron a recoger testimonios de las víctimas de las masacres cometidas por el gobierno, dijo de los abogados, sindicalistas y militantes argentinos: “que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo”. No fue un buen anfitrión en esa oportunidad.


El celoso Ministro del régimen golpista, quien gozaría con ver detenido a Morales, tampoco es un político de trayectoria muy prolija.


En mayo del 2016, cuando fungía como senador, un tribunal lo condenó a dos años de prisión por falsificar su libreta militar para habilitarse como legislador y aspirar al cargo de alcalde de Cochabamba en el período 2006–2011. Nunca fue preso. Ahora él pide penas de cárcel para decenas de funcionarios del depuesto Gobierno de Evo.


Cuando habló de salir de cacería se justificó porque dijo que los consideraba “animales”, como a los venezolanos y cubanos que vivían en Bolivia hasta que se produjo el golpe de Estado.


  • Periodista y escritor argentino

¿Tres años más de Bolsonaro? (Rebelión)

Emir Sader*


Los golpes de la guerra híbrida tienen, entre sus rasgos específicos, el mantenimiento de la apariencia de cierto grado de normalidad institucional. De ahí su reiteración de que no hubo golpes ni en Brasil, ni en Bolivia. Y de ahí el intento de mantener el calendario electoral, como se hace, en principio, en Brasil, en Ecuador y como se promete hacer en Bolivia.


Las elecciones en Argentina apuntan en esa dirección. A pesar de la puesta en práctica de la persecución contra Cristina Kirchner, se celebraron elecciones y la restauración neoliberal de Mauricio Macri fue derrotada, en gran medida por los efectos nefastos de esa política económica.


Esa persecución sigue en Ecuador contra Rafael Correa, pero en principio habrá elecciones presidenciales en el país y las fuerzas vinculadas al expresidente son favoritas. En Bolivia la autodenominada presidenta del país tiene dificultades para mantener el calendario electoral, siendo el MAS la fuerza favorita. En Brasil tiene que haber elecciones presidenciales en el 2022, en las cuales, al igual que hace un año, Lula es favorito para ser elegido de nuevo presidente del país.


En el caso de Brasil, a pesar de los intentos de la Rede Globo de propagar supuestos índices de algún tipo de recuperación económica, los balances del primer año del actual Gobierno son absolutamente negativos, empezando por la recesión económica.


El síntoma más claro es el unánime rechazo a Bolsonaro como presidente que se aprecia en los medios de comunicación. Su forma de actuar, de reaccionar a las críticas que recibe, empezando por las que les hacen los propios medios de comunicación, sus comportamientos groseros y torpes para dirigirse a quienes considera sus adversarios, la multiplicación de conflictos, la arbitrariedad con que actúa, los intentos de encubrir denuncias graves contra sus hijos –de corrupción, por un lado, de implicación en la muerte de Marielle por otro.


En definitiva, siguiendo los pasos de Trump, Bolsonaro, desde el comienzo de la campaña electoral, le ha declarado la guerra a los medios de comunicación, con la diferencia de que el de Trump es un Gobierno que para lo que se propone es eficiente y tiene el apoyo firme de su partido.


Sin embargo, en el caso de Brasil, los conflictos han llegado hasta el partido creado para la campaña del actual presidente, hasta el punto de que él mismo junto con sus hijos y sus seguidores más fieles han abandonado ese partido, pero hasta ahora no ha logrado fundar uno nuevo, no pudiendo concurrir a las elecciones municipales de octubre del 2020. Ni siquiera está en condiciones de mantener la mayoría en el Congreso.


El país se pregunta si tiene condiciones para seguir en la presidencia de Brasil por más tiempo. Más difícil todavía: ¿está en situación de poder permanecer en la presidencia durante tres años más, hasta las elecciones presidenciales del 2022? ¿Qué pasará con el país?


Algún tipo de recuperación económica podrá apreciarse a lo largo del 2020, después de un año de recesión sería normal. ¿Pero será suficiente para que el Presidente recupere prestigio, legitimidad?


El gran empresariado ya ha demostrado que lo apoya independientemente de lo que haga, siempre que mantenga una política económica ultraneoliberal que es lo único que les interesa.


No importa que el prestigio de Brasil en el mundo esté en su nivel más bajo, peor incluso que como lo dejó Temer. No importa el avasallamiento de los derechos de la gran mayoría de la población. No importa el desmantelamiento del Estado.


Tampoco le importa a gran parte de los evangélicos, sus fieles seguidores en las posiciones más extremistas y sectarias del Gobierno. Conforman con el gran empresariado la minoría en el país que sigue firme con el Presidente actual. Los pobres –la gran mayoría de los brasileños-, las mujeres, los nordestinos, son quienes más lo rechazan, sumando a la mayoría de los brasileños.


Columnistas de los medios de comunicación, incluso de la Rede Globo, empiezan a opinar que la falta de decoro de Bolsonaro es un motivo para someterlo a un impeachment.


Pero es una operación delicada para la derecha, porque Bolsonaro mira hacia Temer, quien fue detenido cuando dejó la presidencia, y se da cuenta de su fragilidad y la de sus hijos sin el amparo de la presidencia. Resistirá todo lo que pueda.


Como todavía hay quien lo apoya en el Congreso, al día de hoy no existe una mayoría de 2/3 para echarlo del gobierno, lo que incluso sería mejor para la propia derecha –gran empresariado y medios de comunicación-, ya que el actual Vicepresidente no alteraría la actual política económica.


Bolsonaro habla de las elecciones del 2022 como si él fuera candidato a la reelección, designando a Sergio Moro como su vice ideal. Las encuestas demuestran que el enfrentamiento se daría entre él y Lula.


Tres años son muchos años para que el país siga así. Además, Lula libre y circulando por todo el país, catalizando el desgaste del Gobierno, especialmente por las consecuencias nefastas para la gran mayoría de la población, generará una situación explosiva.


El favoritismo de Lula para ganar en primera vuelta en el 2018 confirma el potencial que la propuesta de lo que él representa para el país tiende a consolidar un consenso mayoritario alrededor suyo.


Brasil es una gran interrogante para los brasileños y para los latinoamericanos. Tres años es mucho más que nada, es un tiempo excesivo para un país que ya arrastra la crisis más prolongada y profunda de su historia desde hace cinco años. ¿Brasil retomará el camino de la construcción de un país más justo y solidario o seguirá una vía que nadie sabe hacia dónde lo puede conducir?


  • Sociólogo y politólogo brasileño; coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro

Gran año para Trump: 70 mil niños migrantes detenidos, 5,748 citas falsas, 394 tiroteos masivos… (Por Esto!)

OpenDemocracy


El 2019 fue un año importante para el 43 presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Aunque no fue bueno para migrantes, tampoco en materia de seguridad, ni en lo referente a la credibilidad del mandatario, quien solo en 2019 ha hecho más de 5 mil 748 declaraciones falsas o engañosas y ha subido más de 7 mil 270 tweets, en su mayoría exageraciones y ataques despiadados, en un show continuo que consigue marcar la agenda mediática de manera efectiva.


En 2016, Donald Trump se lanzó a la carrera presidencial en Estados Unidos con el lema de campaña “Make America Great Again” (Hagamos grande a América otra vez), una apelación nacionalista y populista a un pasado mítico, cuando los estadounidenses blancos dominaban el mundo y China no existía.


Cuando falta todavía un año para las nuevas elecciones, Trump presentó su candidatura a la reelección en Florida ante miles de seguidores, anunciando que el lema de su nueva campaña será “Keep America Great” (Mantengamos grande a América), implicando que ya consiguió lo que se proponía haciendo grande a América, y que ahora hay que conservarla así.


Solo en 2019, ha hecho más de 5 mil 748 declaraciones falsas o engañosas y ha subido más de 7 mil 270 tweets, en su mayoría exageraciones y ataques despiadados, en un show continuo que consigue marcar la agenda mediática de manera efectiva. En su hoja de servicio también está el haber llevado a casi 70 mil niños migrantes a centros de custodia gubernamental, mientras ha habido 394 tiroteos masivos en el país, según la página NowThis Politics.


A pesar de estas cifras escandalosas, su tasa de aprobación se ha mantenido relativamente estable durante todo 2019. Según la última encuesta Gallup, en noviembre era de un notable 43 por ciento teniendo en cuenta lo controvertido de su figura. Entre partidarios de los Republicanos, el 90 por ciento está contento con su gestión, y el 38 por ciento de los independientes también están satisfechos con su presidencia hasta ahora.


Pero la polémica alrededor de su presidencia es continua, y ha desembocado ahora en un debate sobre un posible impeachment (destitución) del presidente Trump debido a conductas criminales e inapropiadas, en un intento de decantar a su favor las próximas elecciones presidenciales. ¿Que nos aguarda en el último año con Trump? ¿Qué puede ocurrir con el impeachment?


2019 Y LA GESTIÓN DE TRUMP


El presidente Trump se declara continuamente encantado de su último año de gestión. En un discurso reciente, aseguró que la economía estadounidense es la envidia del mundo: “quizás la economía más grande que hemos tenido en la historia de nuestro país”.


¿Pero es cierto que en el último año ha mejorado la economía de EEUU? Según un informe publicado por el The New York Times, las tasas de empleo han subido en todos los estados desde que Trump llegó a la presidencia, y este año, la subida se ha mantenido.


Los estados con más aumento de empleo han sido Nevada y Utah, en donde las tasas de empleo han subido más del 9 por ciento. También ha habido subidas importantes en los estados de Texas, Florida, y Arizona, que son importantes estados electorales que suelen decantar elecciones debido al peso que tienen en el colegio electoral.


Los indicadores muestran que la economía está en un buen momento. Sin embargo, las guerras comerciales con México y China, las continuas amenazas tarifarias contra Europa, y las tensiones en Oriente Medio, han hecho que la Reserva Federal, mantenga tasas de interés muy bajas.


Siempre que esto ha ocurrido en el pasado, ha acabado habiendo una recesión. Si bien la gestión económica de Trump ha sido menos irregular, durante la presidencia de Obama, hubo momentos de crecimiento mucho más alto de lo que ha habido durante Trump.


Además, sus políticas de reducción de un estado de bienestar ya de por sí muy frágil han hecho mucho daño a los sectores más vulnerables de la sociedad. Aunque los datos de 2019 no se han publicado todavía, un informe de septiembre del U.S. Census Bureau reveló que, en 2018, 27.5 millones de estadounidenses no tenían seguro médico, y que esto representa un aumento del 8.5 por ciento en comparación con 2017.


Esto se ha sumado a la voluntad de Trump de acabar con el denominado “Obamacare” y debilitar Medicaid, el programa del gobierno de Obama que permitió que los más pobres tuvieran acceso a asistencia de salud.


Otra evolución preocupante que hemos visto bajo Trump en 2019, ha sido el aumento de los tiroteos masivos. Según el Gun Violence Archive, este año ha sido el peor de todos desde que empezaron a recoger datos sobre el fenómeno en 2014. Hasta el 1 de diciembre, hubo 385 tiroteos masivos este año, y hubo también 35 943 muertos por heridas de armas de fuego.


El caso de El Paso, en Texas, el peor tiroteo del año, fue cometido contra la comunidad latina por un hombre que subió a la red un manifiesto en el que temía el “gran reemplazo”, una ideología de supremacía blanca que cree que existe una sustitución de la raza blanca por personas de origen étnico diverso.


Jeff Schoep, exlíder de una organización neonazi y actual activista contra el extremismo, dice que el discurso del presidente Trump sobre una “invasión latina” en EEUU ha empoderado a supremacistas blancos para que actúen evitando el “reemplazo de la raza blanca”.


Su discurso político abiertamente racista y xenófobo, aunque no sea la causa principal del aumento de tiroteos de supremacistas, podría estar vinculado a estos de una forma extremadamente preocupante.


EL DEBATE SOBRE LA DESTITUCIÓN


Recientemente, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU aprobó dos artículos de impeachment contra Trump por el abuso de poder cometido cuando amenazó a Ucrania, un aliado vulnerable y en estado de guerra ante la invasión rusa de una parte de su territorio, con congelar millones de dólares en asistencia militar hasta que accedieran a ayudar a Trump en las elecciones de 2020 buscando información comprometedora sobre su principal rival político, Joe Biden.


Cuando se produjo la filtración del contenido comprometedor de las conversaciones de Trump con el Presidente de Ucrania, el Congreso de EEUU lo denunció, pero Trump respondió que un presidente no debería tener que responder por sus acciones ni justificarlas ante el Congreso. Es decir, pasar por alto su obligación fundamental de cumplir con los controles parlamentarios sobre el presidente.


Ahora, después de que la Cámara de Representantes haya votado a favor de la destitución gracias a su mayoría demócrata, el caso pasará al Senado. Pero dado que existe una mayoría de republicanos en el Senado, donde tendría lugar la votación final sobre el impeachment, es muy poco probable que, con los argumentos que hay actualmente sobre la mesa, estos apoyen una potencial destitución.


La apuesta por el impeachment, ciertamente arriesgada, está siendo ya atacada frontalmente por un candidato que tiene buenas probabilidades de ganar las elecciones presidenciales en 2020.


Trump, que era un outsider de la política todavía en 2016, ha convertido su personaje histriónico con vocación de showman en el eje de un mandato errático, basado en el populismo, el proteccionismo, el unilateralismo y el juego a favor de los lobbies energéticos, armamentistas, farmacéuticos y de toda índole.


Estos estarán encantados de seguir teniéndole a él acaparando toda la atención mediática mientras siguen con sus negocios multimillonarios pagando menos impuestos que nunca. Es sabido, además, que en EEUU la mayoría de los pobres no tienen la posibilidad de ir a votar.

Trump: una guerra para la reelección (Insurgente)

Atilio Borón*


Con una tasa de aprobación para Donald Trump del 45% en diciembre del 2019, los “déficit gemelos” (comercial y fiscal) creciendo inconteniblemente al igual que la deuda pública y una amenaza de juicio político en su contra, los consejeros y asesores de la Casa Blanca seguramente recomendaron al Presidente que apele al tradicional recurso e inicie una guerra (o una operación militar de alto impacto) para recomponer su popularidad y situarlo en mejor posición para encarar las elecciones de noviembre del corriente año.


Esta sería una plausible hipótesis para explicar el inmoral y sangriento atentado que acabó con la vida de Qassem Soleimani, ciertamente el general más importante de Irán.


Washington informó oficialmente que la operación fue explícitamente ordenada por Trump, con la cobardía que es tradicional entre los ocupantes de la Casa Blanca aficionados a arrojar bombas a miles de kilómetros de distancia de la Avenida Pennsylvania y de aniquilar a enemigos o supuestos terroristas desde drones manejados por jóvenes moral y psicológicamente desquiciados desde algunas cuevas en Nevada.


Esa misma prensa se encargó de presentar a la víctima como un desalmado terrorista que merecía morir de esa manera.


Con esta criminal actitud se tensa extraordinariamente la situación en Oriente Medio, para satisfacción del régimen neonazi que gobierna Israel, las bárbaras monarquías del Golfo Pérsico y los hampones dispersos del derrotado –gracias a Rusia- Estado Islámico.


El perverso cálculo es que en los próximos días la popularidad del magnate neoyorquino comience a subir una vez que la maquinaria propagandística de EEUU se ponga en marcha para embotar, por enésima vez, la conciencia de la población.


Como decíamos más arriba, esta apelación a la guerra fue utilizada rutinariamente en la historia de ese país.


Tal como el año pasado lo señalara el expresidente James Carter, EEUU estuvo en guerra durante 222 años de sus 243 años de vida independiente.


Esto no es casual sino que obedece a la nefasta creencia, profundamente arraigada tras siglos de lavado de cerebros, de que EEUU es la nación que Dios ha puesto sobre la Tierra para llevar las banderas de la libertad, la justicia, la democracia y los derechos humanos a los más apartados rincones del planeta.


No se trata ahora de hacer un recuento puntual de las guerras iniciadas para ayudar a presidentes en apuros, pero conviene traer a colación un caso reciente que también involucra a Irak y cuyo resultado fue distinto al esperado.


En efecto, en el 1990, el presidente George H. W. Bush (Bush padre) se encontraba en problemas de cara a su reelección. La operación “Causa Justa”, nombre edulcorado para designar la criminal invasión de Panamá en diciembre del 1989, no había surtido el efecto deseado puesto que no tuvo el volumen, la complejidad y duración necesarios como para ejercer un impacto decisivo sobre la opinión pública.


Tiempo después el The Washington Post titulaba en primera página (16-X-1990) que la popularidad del Presidente se desplomaba y comentaba que “algunos republicanos temen que el Presidente se sienta forzado a iniciar hostilidades para detener la erosión de su popularidad”. Previsiblemente, los demócratas triunfaron en las elecciones de medio término de noviembre del 1990.


Bush captó el mensaje y optó por el viejo recurso: duplicó la presencia militar de EEUU en el Golfo Pérsico pero sin declarar la guerra.


Poco después se filtraba la declaración de uno de los principales asesores de Bush, John Sununu, diciendo, en palabras que vienen como anillo al dedo para comprender la situación de hoy, que “una guerra corta y exitosa sería, políticamente hablando, oro en polvo para el Presidente y garantizaría su reelección”.


La invasión de Irak a Kuwait le ofreció a Bush padre, en bandeja, esa oportunidad: ir a la guerra para “liberar” al pequeño Kuwait del yugo de su prepotente vecino.


A mediados de enero del 1991, la Casa Blanca lanzó la operación “Tormenta del Desierto” –a la cual se asoció, para desgracia de la Argentina, el Gobierno de Carlos S. Ménem- contra Irak, un país ya devastado por las sanciones económicas y su larga guerra con Irán, y contra un gobernante, Saddam Hussein, previamente satanizado hasta lo indecible por la mentirosa oligarquía mediática mundial con la imperdonable complacencia de las “democracias occidentales”.


Pero, contrariamente a lo esperado por sus consejeros, Bush padre fue derrotado por Bill Clinton en las elecciones de noviembre del 1992. Y lo hizo con cuatro palabras: “¡es la economía, estúpido!”.


¿Quién podría asegurar que un desenlace igual no podría repetirse esta vez? Esto, por supuesto, dicho sin la menor esperanza de que un eventual sucesor demócrata del sátrapa neoyorquino pueda ser más favorable, o menos funesto, para el futuro de la humanidad.


No obstante, de lo que sí estamos seguros es que el “orden internacional” construido por EEUU y sus socios europeos exhibe un avanzado estado de putrefacción.


De otro modo no se entiende el silencio cómplice o la hipócrita condena, cuando no la abierta celebración, de los aliados de la Casa Blanca y la “prensa libre” ante un crimen perpetrado contra un alto jefe militar –no de un supuesto ignoto “terrorista”- de un país miembro de Naciones Unidas, ordenado por el Presidente de EEUU y en abierta violación de la legalidad internacional e, inclusive, de la propia Constitución y las leyes de EEUU.


Una nueva guerra asoma en el horizonte, provocada por Washington invocando los habituales pretextos para encubrir sus insaciables ambiciones imperiales. El “Complejo Militar-Industrial” [junto con Israel] festeja con champán mientras el mundo se estremece ante la tragedia que se avecina.


  • Politólogo y sociólogo argentino

Asesinato de Soleimani y la cultura del miedo de Trump (Rebelión)

Luis Manuel Arce Isaac


El asesinato del general iraní Qasem Soleimani -un militar muy carismático en el Oriente Medio- como resultado de una acción descabellada e irresponsable ordenada por el presidente Donald Trump, ha estremecido a esa región.


Miles de iraníes inundan las principales calles de Teherán y en el vecino Irak la gente tiembla después del ataque del viernes 27 de diciembre con drones estadounidenses al aeropuerto de Bagdad.


Sin aportar pruebas convincentes para atribuirle a pro iraníes ataques a su sede diplomática en Bagdad, ni importarle admitir que fue un acto terrorista con todas las consecuencias nefastas que pueda acarrear para la paz en la región, el Pentágono anunció a bombo y platillo que el presidente Donald Trump dio la orden de matarlo.


Sería una atrocidad si el riesgoso crimen fuera una necesidad de política interna de Trump ante el juicio político que se avecina y las próximas elecciones. Hay que hurgar en el porqué de tan condenable orden que, como advirtiera Philip Gordon, ex coordinador de la Casa Blanca para Medio Oriente y el Golfo Pérsico en el gobierno de Barack Obama, es una declaración de guerra hacia Irán.


Lo que resulta más sorprendente es que el ataque haya ocurrido precisamente ahora. Es sintomático que el Pentágono hiciera énfasis en que el ataque fue disuasorio, uno de los conceptos que adornan la política del miedo de Trump.


¿Realmente Trump espera que su acción dramática haya intimidado a Irán? No parece. Más bien se acerca a su necesidad de demostrar a sus aliados de la región, como Israel y Arabia Saudita, que el poder de disuasión de Estados Unidos sigue siendo grande y deben confiar en él.


Sin embargo, es casi inconcebible que no haya una respuesta dura por parte de Irán para la cual hay dudas si el Pentágono está preparado para hacerle frente a sus inevitables consecuencias dada su fracasada política guerrerista en la propia Irak y Siria.


El primer ministro de Irak, Adil Abdul-Mahdi, condenó la muerte de Soleimani, y en declaraciones recogidas por la agencia estatal Iranian Nes dijo que el ataque supone "una escalada peligrosa que es la mecha de una guerra devastadora en Irak". He ahí un gran problema derivado directamente de la acción terrorista en el aeropuerto de Bagdad.


Las repercusiones internacionales deben ser tomas en cuenta por la Casa Blanca y el Pentágono. Rusia pronosticó una escalada de tensiones en Oriente Medio. Reino Unido pidió suavizar las posiciones para que lo sucedido no desemboque en un conflicto de mayores proporciones. China pidió moderación, pero Trump respondió con un reto chovinista: celebró la muerte de Soleimani con la publicación en Twitter de la imagen de una bandera estadounidense.


Fue un reto. Un asalto al pensamiento racional al influjo de la cultura del miedo, de la cual Irán es blanco desde que Trump llegó a la Casa Blanca.


Todos lo recuerdan: había prometido en su campaña electoral romper el tratado nuclear con Irán pergeñado por Barack Obama e hizo creer al mundo que Estados Unidos se retiraba porque el pacto era insuficiente cuando la casi totalidad de los firmantes: Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia, opinaban todo lo contrario. Fue un clásico asalto al pensamiento racional con objetivos inquietantes.


También se recuerda como casi simultáneamente a la firma del decreto de Donald Trump para romper con el acuerdo nuclear, el ejército de Israel atacó con misiles el oeste de Damasco y una base de la fuerza aérea siria donde murieron siete colaboradores iraníes.


Lo más absurdo es la justificación de que los bombardeos se ordenaron bajo la presunción de la inteligencia sionista de que, después de la firma de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear, Israel sería blanco de ataques con cohetes y que Irán tomaría represalias. No sucedió nada d lo pronosticado y los argumentos para romper el acuerdo se hicieron polvo.


¿Por qué contra opiniones tan contundentes Trump insistió en abandonar el pacto, y solo fue apoyado por Israel y Arabia Saudita? Trump buscaba imponer así la cultura del miedo que, además, ni es nueva ni propia del mandatario estadounidense. La realidad concreta es que los desaciertos de la política exterior de Trump son una apocalíptica admisión de que Estados Unidos ha perdido el control del equilibrio del mundo y no lidera los cambios.


Gyorgy Lukács, autor de El Asalto a la Razón, dedicado a la formación de las bases ideológicas y culturales del nacionalsocialismo alemán, redactado en 1950, escribía que el asalto al pensamiento racional nace del miedo a la propia decadencia, y genera una tendencia constante y creciente a rechazar la razón misma y buscarle sustituto en la creación de mitos y el culto a la intuición.

Talmente parece que habla de Trump. Ciertamente, como ha explicado en varias oportunidades el académico panameño Guillermo Castro, Estados Unidos ingresa en una fase de su historia en la que se desgaja de todo instrumento de equilibrio -como los tratados de París, y acuerdo nuclear con Irán-, y pasa a ser percibido como un factor de riesgo por sus propios aliados principales.


La cultura del miedo, dice, no puede embargar al mundo ni sepultar al pensamiento racional. La grandeza de Estados Unidos no debe tener la connotación de la guerra, ni la manera que el actual gobierno la enfoca es una alternativa para la paz sino un elemento de confrontación militar, financiero y comercial.


No hay que engañarse: los dos períodos de postguerra con los que sueña Trump al querer recuperar el ámbito del expansionismo de Estados Unidos, desembocaron en el caos. El primero parió la gran depresión de 1929, y el segundo las crisis sistémicas después de agotado el Plan Marshal, con hitos históricos en los peores momentos de la guerra fría y la carrera armamentista en las crisis de 1968 y 1973 (energética).


Uno y otro están en la génesis del período histórico en el que vivimos y, en buena medida, en la cultura del miedo que expone a la intemperie la fragilidad capilar aparentemente prematura de un modo de producción que acaba de cumplir apenas poco más de dos siglos de existencia y encamina sus pasos hacia la capilla ardiente.

El asesinato de Soleimani impulsa una guerra preventiva (Página 12)

Gustavo Veiga*


Aunque ya es demasiado tarde, alguien debería explicárselo al presidente de Estados Unidos. Una guerra no se puede detener cometiendo un asesinato, como dijo en su última conferencia de prensa. Al contrario, las guerras se aceleran, se disparan con la muerte violenta de un funcionario de cualquier Estado y más si se trata de alguien que tenía prestigio en su propio país.


Donald Trump no está loco, por más que su physique du rol o sus actitudes induzcan a pensar que ese es su diagnóstico clínico.


Tampoco lo estaban George W. Bush cuando invadió Irak basado en la mentira de las armas de destrucción masiva que portaba Saddam Hussein, ni Bill Clinton cuando bombardeó la Embajada de China en Belgrado “por error” apoyado en un mapa desactualizado de la capital de la ex Yugoslavia, hoy de Serbia.


La idea de que estos actos de terrorismo de EEUU son decisiones individuales de sus líderes contrasta con los antecedentes. Son determinaciones políticas que nacen de las entrañas de su maquinaria industrial y militar, la más poderosa del planeta.


La provocación a Irán es, además, otro acto palpable de su beligerante política exterior a lo largo de casi dos siglos, prolífica en invasiones, utilización de bombas atómicas, napalm, operativos de represalia, dictaduras militares afines y todo tipo de artilugios para la consecución de sus propósitos.


Estados Unidos siempre se beneficiará con los conflictos bélicos en cualquier lugar del mundo porque vende armas de última generación como el dron con el que se ejecutó al general iraní Qasem Soleimani.


Washington destina a su gasto armamentista más dinero que los ocho países que le siguen en presupuesto y mantiene fuera de sus fronteras más de 800 bases militares, repartidas en alrededor de 40 países aliados.


Según un artículo del 9 de diciembre pasado, publicado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés), “por primera vez desde el 2002, los cinco primeros lugares en el ranking están ocupados exclusivamente por compañías de armas con sede en Estados Unidos: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon y General Dynamics. Estas cinco compañías solo representaron 148 mil millones de dólares y el 35% del total de las ventas de armas del Top 100 en el 2018”.


En el período 2014-2018, EEUU se mantuvo como primer exportador de armas, muy por encima de sus competidores, pero además se alejó de Rusia, el segundo del ranking. Si entre el 2009 y el 2013 superaba a Moscú por solo un 12%, ahora la diferencia entre las dos naciones se elevó al 75%.


Entre tantas miradas de analistas que explican el hervidero en que se transformó el mundo desde el viernes pasado, hay una que no debería desdeñarse sobre el asesinato selectivo de Soleimani.


Su muerte se habría ordenado para reavivar la llama del fundamentalismo islámico en Oriente Medio, hoy casi derrotado y a la defensiva. Aquel fenómeno le resultó funcional a EEUU y a sus intereses en las últimas tres décadas.


Justamente, el comandante de la Fuerza Especial Al-Quds contribuyó a derrotar al Isis en Siria cuando Rusia e Irán acudieron en respaldo de Bashar al-Asad.


Se sabe también que un estado árabe y sunnita como Arabia Saudita, enemigo declarado del Gobierno chiita iraní, financió al terrorismo del Estado Islámico.


Julian Assange declaró hace dos años -basándose en un correo enviado por Hillary Clinton a su jefe de campaña, John Podestá- que el Isis era apoyado por la más grande monarquía del Golfo y Qatar, enfrentados en los últimos años, pero ahora en pleno deshielo de sus relaciones diplomáticas.


Aquella especulación sobre por qué Estados Unidos se sacó de encima a Soleimani es una entre tantas (el juicio a Trump, las elecciones de noviembre, la subida del petróleo), más allá de los motivos declarados por Trump.


Motivos que el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, describió con argumentos incomprobables. En una entrevista con Fox News señaló que el General iraní se encontraba planeando ataques que podían “haber matado a cientos o miles de estadounidenses”.


En rigor, las víctimas que siempre se contaron por millones o cientos de miles han sido iraquíes, afganos, libios, yemeníes, palestinos y ciudadanos de todos aquellos países donde Estados Unidos y sus aliados buscan riquezas, abrir nuevos mercados o consolidar sus intereses geopolíticos.


A Trump y a Pompeo les faltó decir que el asesinato de Soleimani significa el comienzo de una nueva guerra preventiva. Porque para estos gobernantes evitar guerras consiste en asesinar o atacar primero. Es una tradición que viene desde el fondo de la historia estadounidense y que empezó en el siglo XIX. Hiroshima y Nagasaki son la exaltación más elocuente de esa política.


Cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba casi terminada, EEUU arrojó dos bombas atómicas bajo el argumento de que no debía extenderse el conflicto. El presidente que dio aquella orden, Harry Truman, dijo años después: “creo que el sacrificio de Hiroshima y Nagasaki era urgente y necesario para el bienestar prospectivo de Japón y de los aliados”.


Estados Unidos siempre tiene un argumento a mano para justificar sus acciones criminales, palabras de ocasión que en estos tiempos ni siquiera tienen valor para quienes producen sentido desde la Casa Blanca.


La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, lo hizo evidente cuando se refirió al ataque en Bagdad contra el General iraní, hombre clave en el Gobierno del ayatolá Alí Jamenei.


“Para protestar contra los ataques a sus embajadas (el argumento que utilizó como excusa Trump para mandar a asesinar a Soleimani), los países se dirigen al Consejo de Seguridad de la ONU. Washington no fue al Consejo de Seguridad. Eso significa que la reacción del mundo no le interesaba”, escribió en su cuenta de Facebook.


Según Bernie Sanders, precandidato demócrata a la presidencia en el 2020, “la peligrosa escalada de Trump nos acerca más a otra desastrosa guerra en Oriente Medio que podría llevarse incontables vidas y billones de dólares. Trump prometió poner fin a las guerras interminables, pero esta acción nos coloca en el camino hacia otra”.


Al decir de Noam Chomsky, el célebre lingüista y una de las principales voces críticas dentro de Estados Unidos, la principal potencia planetaria es “el Estado terrorista número uno del mundo”. No lo dijo ahora. Lo viene sosteniendo hace tiempo.


  • Periodista y escritor argentino

Conflicto entre EEUU e Irán: ¿por qué ahora y cuál es el futuro escenario? (Russia Today)

"El asesinato [de Soleimani] servirá para enojar a muchos en toda la región y aumentará gravemente la situación", opina la analista Narges Bajoghli


La situación en Oriente Medio es tensa tras el ataque estadounidense en Bagdad, Irak, en el que fue asesinado el mayor general iraní Qassem Soleimani, así como el jefe de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), Abu Mahdi al Muhandis.


Donald Trump, quien según confirmó el Pentágono ordenó el ataque, ha celebrado el suceso. El Presidente estadounidense señaló que Soleimani "debería haber sido eliminado hace muchos años".


Mientras, desde Irán ya lanzaron sus advertencias. El presidente Hasán Rohaní manifestó que Teherán y otras naciones de la región "vengarán" el asesinato del general iraní.


Entretanto, el líder supremo de Irán, Alí Hoseiní Jamenei, dijo que a los "criminales" les espera una dura venganza.


Guerra contraria para EEUU


Este hecho "traerá un antes y un después para toda la región", opina el analista internacional Basem Tajeldine.


En concreto, Tajeldine señala que, con este ataque, "EEUU habría comenzado la guerra que acabará rápidamente con su presencia en toda la región".


También considera que, "en adelante, deben temblar los altos mandos estadounidenses en la zona, porque aplicará el ojo por ojo".


Para este analista, EEUU, así como Israel, cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha respaldado el asesinato de Soleimani, "han subestimado la reacción de Irán".


Ali Vaez, director de cuestiones iraníes del proyecto International Crisis Group, ha indicado que "esto es nada menos que una declaración de guerra a un país acorralado que cada vez tiene menos que perder".


Según Vaez, Teherán podría sopesar una respuesta proporcional, que no invite a un "contraataque estadounidense", o "podría considerar una respuesta desproporcionada como una disuasión contra una mayor escalada por parte de un Presidente estadounidense que dice tener aversión a los atolladeros del Oriente Medio".


Sobre ello, Tajeldine considera que "Irán dará respuesta en el momento más oportuno. No se les conoce por desesperados".


Más que Irán, otros podrían actuar


Aunque considera que la mayor parte de este escenario "sigue siendo incierta", el integrante de International Crisis Group analiza que se "podría desencadenar un ciclo de escalada que podría descontrolarse fácilmente".


Vaez menciona que una preocupación grave en este conflicto es que algunos de los socios iraníes "podrían decidir tomar el asunto en sus propias manos sin esperar la luz verde de Teherán". Entre ellos nombró a "los hutíes", que operan en Yemen y que "ya estaban planeando un ataque por sus propios motivos".


Narges Bajoghli, antropóloga y profesora asistente de Estudios del Oriente Medio en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, opina que el asesinato de Soleimani por parte de EEUU fue "altamente simbólico", pero "el problema es que el simbolismo tiene el poder de mover a las personas a la acción".


En su análisis, Bajoghli hace referencia al liderazgo que tenía Soleimani, en especial en su conducción al frente de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una organización militar cuyo objetivo es la protección del sistema político de Irán.


No obstante, menciona que, más allá de la figura de ese general, está la relación que construyó entre el CGRI y las milicias armadas chiitas iraquíes y libanesas, que considera "larga y profunda". Por lo tanto, la analista señala que "este asesinato servirá para enojar a muchos en toda la región y aumentará gravemente la situación".


¿Por qué ahora?


Este año es electoral en EEUU, Trump se juega la continuidad de su mandato por otros cuatro años, y este es un motivo que algunos analistas contemplan para entender este ataque, pese a que, en el 2011, el actual mandatario estadounidense criticó a su antecesor, Barack Obama, por querer buscar una guerra contra Irán, considerando que era "la única manera" que tenía de "ganar las elecciones".


A ello se suma el 'impeachment' abierto contra el mandatario estadounidense.


"La acción militar que llevó adelante el presidente Trump contra Irán es, en los hechos, una declaración de guerra, violatoria del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU. Sin duda, busca desviar la presión de la opinión pública por el 'impeachment' en un año electoral en EEUU", opina Sebastián Hagobian López, relacionista internacional y presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe Juvenil.


Barnett Rubin, del Centro para la Cooperación Internacional, por su parte, escribió: "no veo ninguna manera de parar lo que está por venir. Guerra desde el Mediterráneo hasta el Indo y una dura represión en EEUU que puede viciar las elecciones del 2020. Es una prueba para los demócratas: ¿habrán aprendido algo nuestros líderes desde el 2003?".


"Trump cree que consiguió su momento Bin Laden en un año electoral. En realidad ha cometido el peor error estratégico de un líder estadounidense desde la invasión a Irak", dijo Sina Toosi, jefe de investigación y análisis del Consejo Nacional Iraní-Estadounidense, una organización con sede en Washington.


Añadió que "las consecuencias se sentirán en los próximos años. El atolladero resultante dañará la posición global de EEUU y sus posibilidades de reelección".


Otra lectura es la posición de EEUU frente al acuerdo nuclear con Irán, que fue alcanzado en el 2015 y del cual Trump retiró a Washington hace cerca de dos años.


Al respecto Toosi señaló que "la política de Trump con Irán lleva buscando provocar una guerra desde que se salió del acuerdo nuclear en mayo del 2018. Si estalla la guerra, la culpa será simplemente de esta política desastrosa y sus impulsores".

Las relaciones China-UE se encuentran en nuevo punto de partida histórico, dice canciller chino (El País)

Observatorio de la Política China


Las relaciones entre China y la Unión Europea (UE) se encuentran en un nuevo punto de partida histórico, y Beijing está listo para aprovechar la oportunidad y avanzar junto con el bloque en la asociación bilateral por la paz, el crecimiento, la reforma y la civilización, afirmó el domingo el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi.


Wang hizo estas aseveraciones en una conferencia de prensa luego de un encuentro con el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en el marco de la 14ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Reunión Asia-Europa (ASEM, siglas en inglés).


Las nuevas instituciones de la UE están determinadas en avanzar y los nuevos cambios están teniendo lugar, dijo Wang, quien agregó que está convencido de que las nuevas instituciones harán el bloque más unido, más estable, más abierto y más próspero.


Subrayando que la política de China hacia la UE es altamente continua y estable, Wang dijo que no importa si la UE se encuentra en buenos momentos o en malos momentos, China apoyará firmemente, como siempre, el proceso de integración europeo, la unidad y el crecimiento de la UE y un mayor papel de Europa en los asuntos internacionales.


Esta es la opción estratégica de China en vez de una medida temporal, apuntó Wang, anotando que ambas partes comparten puntos de vista idénticos o similares sobre los asuntos mundiales.

Dijo que China y Europa son socios y no rivales pues hay más consensos que divergencias y más cooperación que competición entre los dos.

No hay queja histórica o contradicción geopolítica entre China y Europa, y mucho menos conflicto de intereses fundamentales, agregó Wang.


El ministro de Relaciones Exteriores dijo que las relaciones entre China y la UE enfrentan oportunidades de desarrollo duramente ganadas, ya que el próximo año marca no solo el 45º aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos entre las dos partes, sino también el año de apertura de las nuevas instituciones de la UE.


Señaló que China organizará la reunión de líderes China-CEEC (países de Europa Central y Oriental) en el primer semestre del próximo año, y Alemania ha propuesto organizar una cumbre especial entre China y la UE en el segundo semestre.


Además, la 22ª reunión de líderes China-UE se realizará lo antes posible, subrayó Wang.


Estos intercambios intensivos de alto nivel definitivamente inyectarán un fuerte impulso a la cooperación bilateral, aclaró el alto diplomático chino, y agregó que su país y la UE deberían esforzarse por alcanzar un acuerdo de inversión de alto nivel entre las partes dentro del próximo año.


Wang señaló que las dos partes deben avanzar en la sinergia entre la iniciativa china de la Franja y la Ruta y la estrategia de la UE para conectar Europa y Asia con el fin de lograr resultados fructíferos.


También pidió fortalecer la cooperación en nuevos campos como el cambio climático y la economía digital.


Las dos partes deben trazar un nuevo plan para el diálogo y la cooperación en los próximos cinco años, abundó.

El antisemitismo como estrategia de ataque (Público)

Eugenio García Gascón


Es corresponsal de Público. Ha trabajado casi ininterrumpidamente en Jerusalén desde 1991, el año de la Conferencia de Madrid, como corresponsal de varios medios de comunicación. Antes residió en Damasco durante cuatro años. Actualmente vive en el barrio de Rehavia, en el sector oeste, a un kilómetro de la ciudad vieja. Es un barrio que inicialmente, a partir de 1921, lo habitaron judíos centroeuropeos laicos que poco a poco han ido desapareciendo. Hoy en Rehavia se ven más y más religiosos, como ocurre en toda Jerusalén y en gran parte de Israel. Ha escrito Israel en la encrucijada. Crónicas e historia de un sueño imperfecto, y, bajo el seudónimo de Andrés Jal, es coautor de la novela Doce Olas, una intriga religiosa ambientada en Jerusalén y Barcelona.


Los líderes israelíes utilizan el antisemitismo de muchas formas para proteger sus intereses y los intereses de la brutal ocupación militar de los territorios palestinos.


Es cierto que las investigaciones de los últimos años sobre este campo indican que existe un auge de antisemitismo en Occidente. Desde el pasado lunes ocho atentados antisemitas y ataques en Nueva York muestran que el fenómeno se está expandiendo.


Para combatirlo sería preciso que se adoptaran algunas medidas, y me estoy refiriendo especialmente a Israel. La política israelí del avestruz consiste en hacer responsable a todo el mundo del antisemitismo, y deliberadamente ignora que una gran parte del antisemitismo la generan las actuaciones ilegales del estado judío.


Esta semana el ministro de Defensa, Naftalí Bennett, ha vuelto a entrar en el conocido juego israelí acusando a la Corte Penal Internacional de «antisemitismo». La Corte Penal Internacional simplemente ha dicho que existen fundamentos para investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel y Hamás en los últimos años.


La acusación de antisemitismo contra la Corte Penal Internacional es insidiosa y falsa, pero sirve a los intereses de Israel. En lugar de acabar con la ocupación, desmantelar las colonias judías y aplicar al conflicto las resoluciones y las leyes internacionales, el estado judío juega hipócritamente la carta del «antisemitismo».


Israel podría hacer mucho para combatir el antisemitismo, pero no lo hace. Al contrario, continúa expandiendo las colonias judías y aplicando un férreo apartheid sobre los palestinos.


En las últimas semanas colonos judíos han pinchado las ruedas de cientos de coches palestinos en los territorios ocupados. Hasta donde sé, las autoridades israelíes no han hecho nada para detener a los autores de ese vandalismo que los palestinos sufren a diario.


De hecho, creo que las salvajadas que cometen los colonos judíos contra los palestinos son proporcionalmente mucho mayores en número que los incidentes antisemitas en Occidente.


Lo menos que se puede decir es que las acusaciones de antisemitismo por parte de Israel son cínicas, y que el estado judío no puede responsabilizar a todo el mundo del antisemitismo, como lo está haciendo cada día.


Mientras no cumplan las normas, los israelíes simplemente deben de dejar de acusar a cualquiera del antisemitismo que ellos mismos impulsan con sus acciones contra los palestinos.

ECONOMÍA

Argentina: No habrá plan de gobierno mientras no se acuerde con los acreedores (Rebelión)

Horacio Rovelli*


En primer lugar, el gobierno de la coalición neoliberal Cambiemos empujó a la pobreza a cinco millones de argentinos, endeudó al país por 129 mil millones de dólares de los cuales unos 85 mil millones fueron con tenedores privados (fundamentalmente grandes bancos y fondos de inversión financiera) y unos 44 mil millones de dólares con el FMI, y esa deuda obliga a subordinarse a ese organismo internacional.


Cuando el nuevo gobierno presentó el proyecto de ley de emergencia económica, social y sanitaria, que denominaron de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el 17 de diciembre de 2019, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, informó a los Diputados que el 60% de los niños de este país son pobres y mes a mes ha bajado el consumo de leche.


Señaló que un millón y medio de jóvenes no trabajan ni estudian; y que la situación es más grave en el conurbano bonaerense y en localidades del interior del país. Sumemos a eso el cierre de empresas y la desocupación de trabajadores, que incluye el menor trabajo informal (changas), más el alto endeudamiento de las familias con préstamos personales y tarjetas de crédito para poder llegar a fin de mes, lo que en conjunto genera una fuerte vulnerabilidad social


En esa misma reunión el ministro de Salud, Ginés González, al explicar la necesidad de declarar la emergencia sanitaria, sostuvo que fue tal el desmantelamiento de los hospitales y el desabastecimiento de los distintos programas del área que se necesita conformar y convocar a un Consejo Nacional Consultivo de Salud para evaluar la situación.


Asimismo, en forma urgente importar vacunas para el sarampión y otras enfermedades por riesgo de pandemia, incluso eximiéndoles de pagos de aranceles e impuestos, el ministro no lo dijo, pero sabe que, como decía Ramón Carillo, la pobreza es la mayor causante de enfermedades.


Si ese es el marco en que ha dejado al país el gobierno anterior, se entiende la urgencia de adoptar medidas para revertirlo, por ende más se justifica el estudio y revisión de las tarifas eléctricas y del gas, como la amplia e irrestricta moratoria para las Mipymes (Micro, pequeñas y medianas empresas) del país.


Moratoria por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones, incluida las aduaneras, financiamiento de su pago en largo plazo y a tasas subsidiadas por el Estado[1], para que vuelvan a producir y a generar puesto de trabajo.


También, a costa del Estado nacional, la mejora a los créditos UVA (Unidad Valor Adquisitivo), que fueron los préstamos para la compra de viviendas ajustables por inflación, con lo cual no son pocos los casos en que la deuda es mayor que el valor de la vivienda y, el listado de medicamentos e insumos a ser adquiridos por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y por la Superintendencia de Servicios de Salud de insumos y medicamentos esenciales por banda terapéutica, a precios preferenciales


Del lado del ingreso se aplica un gravamen del 30% por la compra – venta de divisas por el término de cinco años a partir del día de vigencia de la ley, que incluye las compras de tarjetas de débitos y créditos y la adquisición de pasajes salvo que el destino sea un pueblo fronterizo[2]


Asimismo, la reimplantación de los aportes previsionales patronales; el ajuste por inflación del impuesto a las ganancias; el aumento de la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales (riqueza)[3] y hasta su duplicación de estar situado en el extranjero; el aumento del 3 por mil al 6 por mil de la tasa del impuesto a los débitos y créditos bancarios; llevar al 3 por ciento la tasa del derecho de estadísticas de las importaciones; y restablecer los impuestos internos a bienes de lujo[4].


Por supuesto reafirma los derechos de exportación (retenciones) a las exportaciones hasta el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB para la soja; hasta el 15% para el maíz, sorgo, trigo, girasol, etc.; hasta el 5% de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales y hasta el 8% de los hidrocarburos y minerales, convirtiendo todo en un porcentaje en lugar de una suma fija que queda desvirtuada por el ajuste del valor del dólar.


Inclusive, la potestad de que el Poder Ejecutivo arbitre “mecanismos de segmentación y estímulo” para mejorar la rentabilidad de los productores afectados por los derechos de exportación, reintegrando su pago en los casos que se trate de pequeñas producciones.


Haberes previsionales


Donde la Ley de Emergencia derrapa es en el tema previsional, cuando en la reunión referida de presentación del Proyecto en la Cámara de Diputados el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que de los casi siete millones de jubilados y pensionados actuales, cuatro millones perciben el haber mínimo y que unos 400 000 jubilados reciben el 20% del total de lo que abona la ANSeS.


Por ende, defendiendo la suspensión por el plazo de 180 días de la vigencia del artículo 32 de la Ley N° 24.241 y su índice de movilidad previsional del 70% por IPC y del 30% por RIPTE [5] aprobada por ley modificatoria en diciembre de 2017, para que el Poder Ejecutivo y una comisión ad hoc de Diputados y Senadores pueda fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración.


La premisa es atender prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos, con lo cual, de hecho, frenan el ajuste de los haberes y lo subordinan a la disponibilidad de recursos del Estado nacional.


En efecto, el gobierno encabezado por Alberto Fernández decidió otorgar un bono de 5 000 pesos en diciembre y otro por la misma suma en enero para los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima (14 068 pesos, unos 235 dólares). También percibirán un bono quienes cobran una jubilación o pensión de hasta 5 000 pesos superior a la mínima (esto es hasta 19 068 pesos, unos 317 dólares).


El bono será menor a 5 000 pesos por la diferencia, garantizando que ningún beneficiado previsional cobre en diciembre y en enero menos de 19 068 pesos por mes.


La declaración de la Emergencia por ley, por otra parte, pondría al Estado a resguardo de reclamos en el área previsional, dado que al haber pagos diferenciados en beneficio de los jubilados de menores ingresos, se trata de evitar lo que sucedió con los aumentos del mismo tipo que otorgó en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, quien también padeció la herencia de enormes restricciones presupuestarias.


Esos ajustes a los de la mínima después motivaron el fallo Badaro de la Corte Suprema, que obligó al Estado a compensar a quienes habían quedado al margen de la medida y desencadenó una andanada de juicios de millones de jubilados para reclamar el mismo ajuste.


Pero cuando el tema se debatió en el recinto, los Diputados acordaron excluir de ese artículo de la ley que suspende los ajustes de los haberes al Régimen especial para docentes, a la pensión graciable para ex presos políticos, a los beneficiados de la ley Brisa [6] y, al régimen jubilatorio específico para el personal que cumple tareas técnico científicas de investigación o desarrollo.


No quedó muy claro si también se excluía a los beneficiados de la ley 24.018 que son las asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial [7], del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; Vocales del tribunal Fiscal y de Cuentas de la Nación; y Legisladores Nacionales.


Tampoco los de Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, Secretarios y Prosecretarios nombrados a pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, el Intendente, los Concejales, Secretarios y Subsecretarios del Concejo Deliberante y los Secretarios y Subsecretarios del departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; Procurador General del Tesoro, Disposiciones comunes y transitorias que fuera sancionada en 1991.


Esto provocó que el día 20 se frenara el tratamiento de la media sanción en el Senado de la Nación que, se destrabó cuando por twitter el presidente Alberto Fernández, anunció que ampliará las sesiones extraordinarias para derogar las jubilaciones de privilegio. Obviamente se debe ver cómo es el Proyecto, pero es sin lugar a duda un avance cuando según la ANSeS se trata de 4 938 jubilados que perciben un haber promedio de 210 000 pesos por mes (unos 3 500 dólares) y un haber máximo que puede duplicar esa cifra.


Según el Informe de la ANSES, a mayo pasado, el haber medio era de 11,9 veces el haber medio de los jubilados del sistema general. Y de 17 veces el haber mínimo.


Si el total de jubilados y pensionados, que según la Ley 27.467 de Presupuesto 2019 suman 6 990 099 beneficiarios, quienes en conjunto percibieron haberes en el mes de octubre 2019 por un total de 156 mil 853 millones de pesos, según informa la Secretaría de Hacienda de la Nación, por lo que la remuneración promedio mensual es en torno a los 22 500 pesos.-, pero, al decir del ministro Moroni, 400 000 perciben 31.370,6 millones (a razón de 79 000 pesos por mes) de los cuales se debe excluir a su vez los 4 938 casos de la ley 24.018.


Por ende, lo que debería hacerse es dividir por monto del beneficio y ajustar a la mitad de los jubilados y pensionados que perciben la mínima con un ajuste incluso mayor que el de la formula de Cambiemos, ajustar por la fórmula a los que perciben menos de lo que a su vez el INDEC consideró que vale la canasta básica total para no caer en la pobreza de 37 596 pesos.


Y de esa manera se les mantiene el poder adquisitivo y, a los otros que llegan a ganar hasta 400 000 por mes (unos 6 700 dólares), también con una debida escala, suspenderles el ajuste y actualizarlos según los ingresos de la ANSeS, que, por otra parte, son reforzados por la misma ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.


El tema clave de la deuda


No se puede tener un plan de gobierno, ni el presupuesto de gastos y recursos del Estado nacional 2020, mientras no se tenga en firme el acuerdo con los acreedores.


La consistencia macroeconómica requiere que el esquema previsional, las tarifas, el gasto público, el esquema cambiario (incluyendo la recomposición lógica de la alícuota de retenciones) y el monetario se inserten en la nominalidad buscada en el acuerdo de precios y salarios.


Máxime que se debe tener en cuenta que en 2020 vencen “neteados” de la deuda intra sector público en torno a los 24 mil millones de dólares, mitad en dólares, mitad en pesos, por lo que se debe confluir en un dólar competitivo que garantice un superávit comercial sostenible en el tiempo y que se extremen las medidas de control ante la fuga


El ministro de economía, Martín Guzmán, lo señaló las dos veces que habló por televisión desde que asumió: busca una suspensión del pago con reestructuración de la deuda que le permita crecer, empujar a la suba el gasto público en el año 2020, cobrar más impuestos, armar un plan de emergencia para los más necesitados, inyectar créditos subsidiados a las pymes, tasa de interés negativa contra la inflación y créditos no bancarios para las familias.


Pero hasta llegar a ese momento debe seguir pagando la deuda, de allí que por un lado en la ley de de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, prevé la colocación de una Letra intransferible del Tesoro de la Nación a 10 (diez) años de plazo por 4.571 millones de dólares que se amortiza íntegramente a su vencimiento y pagará una tasa igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central para el mismo período, y hasta un máximo de la tasa Libor anual menos un punto porcentual con intereses se cancelará semestralmente.


Por otra parte, consiguió el viernes 20 de diciembre de 2019 que el mercado local le prestara 18.846 millones de pesos- hasta el 22 de junio de 2020, cuando el 28 de agosto de 2019 el exministro macrista Lacunza había declarado desierta esa posibilidad.


Paralelamente, el Gobierno, mediante el Decreto 49/2019 de Necesidad y Urgencia, resolvió postergar todos los pagos de las amortizaciones de las Letes (letras en dólares) hasta el 31 de agosto del 2020. De esta manera, se difieren pagos por casi unos 9.000 millones de dólares. Esta medida no afecta a las personas humanas y a las provincias, pero si alcanza a las personas jurídicas que representan el 90% de los acreedores.


Advertimos que se supedita todo a lograr el objetivo principal que es la suspensión de los pagos, pero se trata de negociar con grandes fondos y bancos extranjeros (Goldman Sachs, Black Rock, Franklin Templeton, etc.) y con el FMI, que solo aceptarían no cobrar por dos años si existiera del lado argentino la seguridad de pago después de los dos años o, el temor de que la Argentina se declare en default y tengan que cobrar como puedan.


Por otra parte, se deben extremar las medidas de control cambiario, porque un impuesto del 30% encarece el tipo de cambio y es una tentación tanto para los exportadores (que subfacturan sus ventas oficiales para vender en negro o fugar) y para los importadores (que sobre facturan importaciones en blanco para quedarse con dólares comerciales), a lo que se suma la posibilidad cierta que parte de ese incremento del dólar por el gravamen del 30%, se traslade a precios.


La solución del tema deuda permitirá implementar la segunda etapa que es el Plan Económico, pero la carta fuerte del gobierno sigue siendo, de complicarse la renegociación, la de declarar el default* y obligar de ese modo a los acreedores de todo tipo a aceptar la suspensión total de pago de capital e interés por un plazo prudencial.


El mismo ministro de Economía, Martín Guzmán, lo había estimado en dos años. El presidente Fernández le dijo al director del Cohete a la Luna que serían cuatro, toda la duración de su mandato.


  • Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Universidad de Buenos Aires. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

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