Golpe de Estado en Bolivia (2019)

Golpe de Estado en Bolivia Fecha: 10 de noviembre de 2019 Lugar: Cuba

Golpe de Estado en Bolivia. Golpe de Estado perpetrado el 10 de noviembre de 2019 contra Evo Morales, presidente legítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, perpetrado por comités cívicos, partidos de oposición, las Fuerzas Armadas de Bolivia, la Policía Nacional; sectores de ultra derecha, ultra conservadores y antiderechos.

Antecedentes

La ofensiva general contra el Proceso de Cambio y la continuidad de Evo Morales en la presidencia del Estado Plurinacional adquirió un valor geopolítico de gran importancia a partir de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

La dura arremetida de la derecha boliviana, respaldada desde fuera del país por Estados Unidos y de políticos bolivianos que se encontraban prófugos de la justicia, formó parte de la estrategia general de desestabilización que se desarrolló contra Evo Morales desde el 21 de febrero de 2016, cuando una inédita forma de conspiración político-mediática logró impedir que en un referéndum diera visto bueno a la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que habilitaría al líder indígena para las elecciones de 2019.

El resultado de ese referéndum —en la que tuvo una activa participación la embajada de Estados Unidos, cuyo encargado de Negocios se reunió con Carlos Valverde, quien hizo detonar el llamado “caso Zapata”—, cargó de optimismo a la oposición y le hizo ignorar la relación de fuerzas real en el país, que seguía siendo favorable en términos generales al Proceso de Cambio. Convencidos de que Morales estaba debilitado, en las dos siguientes semanas a ese acto electoral, los pedidos de renuncia del presidente no cesaron, aunque estaban focalizados en reducidos grupos de opinadores con cobertura mediática y dirigentes políticos con escasa representación.

El debate de alta intensidad sobre la legitimidad de Evo Morales después del referéndum del 21 de febrero subió de tono en septiembre de 2017, cuando un grupo de diputados y senadores del MAS presentó un Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para habilitar a Evo Morales para las elecciones de 2019, sobre la base de derecho preferente establecido en la CPE y en la Convención Americana. El 28 de noviembre de ese mismo año, una sentencia constitucional dio curso favorable al recurso constitucional.

La carta empleada por el gobierno y el MAS, de otras cuatro que tenía a mano para lograr el mismo resultado (renuncia de Evo tres meses antes de las elecciones, convocatoria a dos tipos de referéndum y el llamado a una nueva Asamblea Constituyente), dejó desubicada a la oposición por unas semanas, que solo atinó a volver a la queja como método de oposición.

Pero luego este bloque de oposición (partidos de derecha, medios de comunicación, jerarquía católica, algunos empresarios, dirigentes cívicos y plataformas ciudadanas) dio paso a una nueva escalada de su ofensiva.

Tres fueron los frentes desde donde la oposición llevó adelante esta nueva fase de la estrategia anti-Evo: el internacional, el político-conspirativo interno y el mediático nacional.

• Plano internacional

En el plano internacional la oposición recurrió a tres tipos de actores: primero, organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ninguno de los dos tuvo éxito debido a la legalidad de la sentencia constitucional que habilitó a Morales, la constatación de que en Bolivia había disensos en democracia y a la existencia de jurisprudencia internacional, como la de Oscar Arias, quien fue habilitado para ir a la reelección en Costa Rica. El segundo actor fue Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y el Senado estadounidense que, cada uno por separado, emitieron declaraciones en las que le pedían a Morales respetar el resultado del 21 de febrero y le instaba –el primero- a no presentarse en las elecciones. El tercero, organismos privados de derechos humanos con vínculos con la derecha continental, analistas y medios de comunicación internacional.

• Orden interno

En el orden interno, no obstante, la visión común de organizarse y apuntar juntos los misiles contra Morales, la derecha nunca pudo superar su división y la competencia entre las plataformas ciudadanas reproducía el mismo malestar. Esta fragmentación se hizo evidente aún antes de que se promulgara la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y se acentuó apenas se lanzó la convocatoria a las elecciones primarias para enero de este año. El resultado, ocho partidos de oposición registraron sus candidatos para las primarias.

Lo que sí, en el plano interno, las protestas de las plataformas devenían en violencia contra militantes del MAS o contra sedes del Tribunal Supremo Electoral en La Paz y Santa Cruz.

• Frente mediático

El tercer frente fue el mediático. Si bien no existió nada que pudiera probar sobre la existencia de un mecanismo de coordinación a nivel de medios de comunicación, resultó evidente que medios y periodistas opositores, además de columnistas y analistas, coincidieron en golpear al presidente con el tema del 21 de febrero, la corrupción y el narcotráfico.

El bloque opositor no pudo impedir que Evo se presentara en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y que se pusiera a la cabeza en las encuestas de intención de voto. Ni siquiera en encuestas manejadas por fracciones opositoras se pudo evitar que el líder indígena apareciera primero.

Mientras esa tendencia se profundizaba, dejando mal parado al ex vicepresidente del gonismo y presidente de octubre de 2003 a junio de 2005, Carlos Mesa, un hecho natural se presentó de manera inesperada, afectó el crecimiento electoral del candidato oficialista y eventualmente lo hizo retroceder unos puntos. Los incendios en la Chiquitanía le dieron a la oposición una forma efectiva para sensibilizar a sectores de la población y crear la imagen distorsionada de que Evo Morales era el mayor depredador de la historia de Bolivia.

En ese contexto es que el bloque opositor aprovechó el tema de los incendios para generar una plataforma de conflictos, como los protagonizados por el Comité Pro Santa Cruz -que en su cabildo de este 4 de octubre levantó las banderas del federalismo y de la desobediencia civil si Evo Morales triunfa producto de un supuesto fraude electoral-, por el Colegio Médico –que se opone al acceso de la gente a la salud y llevó más de 30 días en paro indefinido-, por los cívicos de Potosí –que piden mayor regalía por la explotación del litio, a pesar de que recién se estaba en los pasos iniciales de esta histórica reivindicación-, por un sector de los indígenas de las tierras bajas –que en una marcha hacia La Paz exigían que se levantara el decreto de ampliación de la frontera agrícola–, y por un sector de los cocaleros de Los Yungas de La Paz, que cuestionaban la Ley General de la Coca.

De esta manera, la estrategia general para desestabilizar a Evo Morales ingreso en su recta final y la ofensiva tuvo dos tiempos: antes y después de las elecciones del 20 de octubre.

En la etapa de antes de las elecciones, el objetivo era impedir que Evo fuera reelecto en primera vuelta el 20 de octubre. Aquí había tres grupos de actores con motivaciones y objetivos tácticos distintos.

Por un lado, existe una oposición de línea dura, cuyos principales dirigentes están fuera del país (Carlos Sánchez Berzaín, Manfred Reyes Villa, Branko Marinkovic y otros), que se opone a Morales, pero también a los candidatos de la oposición “por ser funcionales” al gobierno al presentarse a las elecciones. Aunque no lo dicen, se inclinaban por generar hechos que obligaran a suspender las elecciones.

El segundo grupo estaba conformado por algunos activistas, políticos y cívicos conducidos por Jorge Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho del Comité Pro Santa Cruz que, si bien eran partidarios de apoyar a Mesa antes que a Ortiz, tenían por principal apuesta trabajar, dentro y fuera del país, para deslegitimar la figura de Evo Morales para antes y después de las elecciones. Una de sus cartas, fracasada, es que se presentara una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir una opinión consultiva sobre si la reelección indefinida era o no un derecho humano. A pesar de sus esfuerzos y de anuncios cargados de sensacionalismo, ni Jair Bolsonaro ni Iván Duque se prestaron a ese proyecto, debido a problemas internos que arrastran en sus países.

El tercer grupo, era de los candidatos que se presentarían en las elecciones. Esta línea de activar los conflictos sociales desarrollados por gremios, sindicatos y cívicos contra Morales, para que les beneficie electoralmente, los enfrentaría entre sí y debilitaría el efecto que buscaban.

Pero esta ofensiva tenía un segundo tiempo con variantes. Una en caso de que hubiera segunda vuelta y la otra de que Evo Morales fuera electo para un cuarto mandato.

En caso de una segunda vuelta, tampoco sería fácil para la oposición. Ya Oscar Ortiz había anunciado de que no votaría ni por Morales ni por Mesa, ya que eran dos proyectos que tenían vasos comunicantes y con los que su organización política tenía discrepancias de fondo. La posición forma parte de la convicción de que los demócratas serían la carta alternativa de la oposición en las elecciones de 2024.

En caso de que en la segunda vuelta Mesa se impusiera a Morales, es evidente que ese gobierno la tendrá muy difícil al tener las cámaras de diputados y senadores con mayoría a favor del MAS y movimientos sociales en las calles para defender las conquistas de los 13 años en el poder.

En el escenario de que Evo fuera reelecto para un cuarto mandato, una de las resoluciones del cabildo cruceño ya era un adelanto de lo que el gobierno de izquierda debería enfrentar: el ataque nacional e internacional montado sobre la idea del fraude electoral. Esto implicó la apuesta de la oposición para que hacia Bolivia se aplicara casi la misma receta desplegada contra Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua, a los que además de criticarlos con el estigma de “dictadores” se los considera gobiernos ilegítimos y por lo tanto merecedores de que en su contra se materialice con todo su rigor la Carta Democrática Interamericana.

Elecciones generales 2019

El 20 de octubre de 2019 se efectuaron las elecciones generales, en una jornada caracterizada por una amplia participación popular, en las que el pueblo boliviano eligió, como Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a Evo Morales Ayma, por encima de las maniobras de la derecha interna y regional, el Imperialismo y una intensa guerra mediática.

Ante una acusación de fraude electoral que según estos sectores se habría suscitado en las elecciones, el Gobierno nacional solicitó a la OEA la realización de una auditoría a las elecciones. Esta auditoría presentaría sus resultados el 12 de noviembre de 2019, aún así, los sectores golpistas se opusieron a los resultados sin haber culminado el proceso.

El Golpe

Desconociendo a las instituciones electorales y el mandato popular expresado en las urnas, sectores de la oposición boliviana, con el apoyo y conducción de los Estados Unidos y de oligarquías regionales, pusieron en marcha un golpe de estado con el objetivo de escamotearle al pueblo boliviano el resultado electoral.

La oposición se negó a reconocer su derrota en las urnas y acudió a la violencia y la fuerza contra el orden constitucional. La estrategia golpista opositora desató en el país intensas jornadas de violencia, que costaron muertes, cientos de heridos y expresiones condenables de racismo hacia los pueblos originarios.

Evo Morales, que en una demostración más de ecuanimidad y estatura política, convocó a las fuerzas políticas a una mesa de diálogo por la paz de Bolivia, llamó a los organizadores de las protestas violentas a una “profunda reflexión” e instó al pueblo a movilizarse para defender la democracia.