Golpe de Estado en Bolivia (2019)

Golpe de Estado en Bolivia
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Renuncia evo morales.jpg
Alocución de Evo Morales en la televisión nacional anunciando la renuncia
Fecha:10 de noviembre de 2019
Lugar:Bandera de Bolivia Bolivia
Resultado:
Renuncia del Presidente constitucional Evo Morales.
Líderes:
Partidos de oposición
Ejecutores o responsables del hecho:

  • Comités Cívicos
  • Fuerzas Armadas de Bolivia
  • Policia Nacional

Golpe de Estado en Bolivia. Golpe de Estado consumado el 10 de noviembre de 2019 contra Evo Morales, presidente legítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, quien es forzado a renunciar tras llevarse a cabo el golpe perpetrado por comités cívicos, partidos de oposición, las Fuerzas Armadas de Bolivia, la Policía Nacional; sectores de ultra derecha, ultra conservadores y antiderechos. La decisión asumida por el presidente fue para evitar una escalada de violencia contra el pueblo, provocada por las fuerzas opositoras.

Antecedentes

Contra el proceso de cambio boliviano, encabezado por el líder indígena Evo Morales, se han desarrollado desde el principio todas las acciones de desestabilización oligárquica e imperial, pudiéndose observar tres grandes intentos de interrumpir el proceso político más profundo de toda la historia en Bolivia.

Primer intento de golpe

El primer intento por derrocar a Morales se llevó adelante de manera temprana en el período 2006-2009. Preocupado por un gobierno que de entrada nacionalizó el petróleo, recuperó los recursos naturales y las empresas para el Estado, convocó a una Asamblea Constituyente, empezó a ejercer soberanía estatal en todos los campos, apostó al carácter multilateral de las relaciones internacionales e impulsó, junto a otros países de la región, novedosos mecanismos de integración y concertación política (ALBA y UNASUR), Estados Unidos mantuvo su línea conspirativa. Para ello utilizó a la DEA –que se dedicó al espionaje político junto a la CIA- y a la capacidad instalada de su embajada en La Paz, para organizar y fomentar los planes de división territorial, que fue la forma concreta con la que se pretendía derrocar al gobierno de izquierda.

La intentona golpista fue derrotada por la capacidad de movilización del gobierno y de los movimientos sociales más que por el accionar institucional de la Policía y las Fuerzas Armadas. El efecto de esa derrota sería duro para los Estados Unidos: el embajador Philip Golberg fue expulsado y también la DEA. Meses después, ya debilitada, la ultraderecha boliviana experimentaría otra nueva derrota al desmontarse una célula terrorista, con integrantes extranjeros, que pretendía retomar la debilitada bandera del separatismo e incluso asesinar al presidente Evo Morales.

Segundo intento de golpe

El segundo intento se llevó adelante entre diciembre de 2015 y febrero de 2016. Frente al proyecto gubernamental de modificar vía referéndum el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, para habilitar el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, para las elecciones de 2019, una conspiración político-mediática activada por los Estados Unidos a través de Carlos Valverde –ex director nacional de inteligencia del gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) y una fuente de consulta permanente para los EE.UU según lo confirman los WikiLeaks-, logró romper el vínculo emocional de un porcentaje de la población que hasta ese momento siempre había votado por Morales (2005, 2009 y 2014).

El resultado de ese referéndum cargó de optimismo a la oposición y le hizo ignorar la relación de fuerzas real en el país, que seguía siendo favorable en términos generales al Proceso de Cambio. Convencidos de que Morales estaba debilitado, en las dos siguientes semanas a ese acto electoral, los pedidos de renuncia del presidente no cesaron, aunque estaban focalizados en reducidos grupos de opinadores con cobertura mediática y dirigentes políticos con escasa representación.

El debate de alta intensidad sobre la legitimidad de Evo Morales después del referéndum del 21 de febrero subió de tono en septiembre de 2017, cuando un grupo de diputados y senadores del MAS presentó un Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para habilitar a Evo Morales para las elecciones de 2019, sobre la base de derecho preferente establecido en la CPE y en la Convención Americana. El 28 de noviembre de ese mismo año, una sentencia constitucional dio curso favorable al recurso constitucional.

La carta empleada por el gobierno y el MAS, de otras cuatro que tenía a mano para lograr el mismo resultado (renuncia de Evo tres meses antes de las elecciones, convocatoria a dos tipos de referéndum y el llamado a una nueva Asamblea Constituyente), dejó desubicada a la oposición por unas semanas, que solo atinó a volver a la queja como método de oposición.

Pero luego este bloque de oposición (partidos de derecha, medios de comunicación, jerarquía católica, algunos empresarios, dirigentes cívicos y plataformas ciudadanas) dio paso a una nueva escalada de su ofensiva.

Tres fueron los frentes desde donde la oposición llevó adelante esta nueva fase de la estrategia anti-Evo: el internacional, el político-conspirativo interno y el mediático nacional.

  • Plano internacional

En el plano internacional la oposición recurrió a tres tipos de actores: primero, organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ninguno de los dos tuvo éxito debido a la legalidad de la sentencia constitucional que habilitó a Morales, la constatación de que en Bolivia había disensos en democracia y a la existencia de jurisprudencia internacional, como la de Oscar Arias, quien fue habilitado para ir a la reelección en Costa Rica. El segundo actor fue Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y el Senado estadounidense que, cada uno por separado, emitieron declaraciones en las que le pedían a Morales respetar el resultado del 21 de febrero y le instaba –el primero- a no presentarse en las elecciones. El tercero, organismos privados de derechos humanos con vínculos con la derecha continental, analistas y medios de comunicación internacional.

  • Orden interno

En el orden interno, no obstante, la visión común de organizarse y apuntar juntos los misiles contra Morales, la derecha nunca pudo superar su división y la competencia entre las plataformas ciudadanas reproducía el mismo malestar. Esta fragmentación se hizo evidente aún antes de que se promulgara la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y se acentuó apenas se lanzó la convocatoria a las elecciones primarias para enero de este año. El resultado, ocho partidos de oposición registraron sus candidatos para las primarias.

Lo que sí, en el plano interno, las protestas de las plataformas devenían en violencia contra militantes del MAS o contra sedes del Tribunal Supremo Electoral en La Paz y Santa Cruz.

  • Frente mediático

El tercer frente fue el mediático. Si bien no existió nada que pudiera probar sobre la existencia de un mecanismo de coordinación a nivel de medios de comunicación, resultó evidente que medios y periodistas opositores, además de columnistas y analistas, coincidieron en golpear al presidente con el tema del 21 de febrero, la corrupción y el narcotráfico.

Tercer intento de golpe

Un tercer intento fue la ofensiva general contra el Proceso de Cambio y la continuidad de Evo Morales en la presidencia del Estado Plurinacional, el que adquirió un valor geopolítico de gran importancia a partir de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019[1].

El bloque opositor no pudo impedir que Evo se presentara en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y que se pusiera a la cabeza en las encuestas de intención de voto. Ni siquiera en encuestas manejadas por fracciones opositoras se pudo evitar que el líder indígena apareciera primero.

Mientras esa tendencia se profundizaba, dejando mal parado al ex vicepresidente del gonismo y presidente de octubre de 2003 a junio de 2005, Carlos Mesa, un hecho natural se presentó de manera inesperada que afectó el crecimiento electoral del candidato oficialista y eventualmente lo hizo retroceder unos puntos. Los incendios en la Chiquitanía le dieron a la oposición una forma efectiva para sensibilizar a sectores de la población y crear la imagen distorsionada de que Evo Morales era el mayor depredador de la historia de Bolivia.

En ese contexto es que el bloque opositor aprovechó el tema de los incendios para generar una plataforma de conflictos, como los protagonizados por el Comité Pro Santa Cruz -que en su cabildo del 4 de octubre de 2019 levantó las banderas del federalismo y de la desobediencia civil si Evo Morales triunfaba producto de un supuesto fraude electoral-, por el Colegio Médico –que se opusieron al acceso de la gente a la salud y llevó más de 30 días en paro indefinido-, por los cívicos de Potosí –que pedían mayor regalía por la explotación del litio, a pesar de que recién se estaba en los pasos iniciales de esta histórica reivindicación-, por un sector de los indígenas de las tierras bajas –que en una marcha hacia La Paz exigían que se levantara el decreto de ampliación de la frontera agrícola–, y por un sector de los cocaleros de Los Yungas de La Paz, que cuestionaban la Ley General de la Coca.

De esta manera, la estrategia general para desestabilizar a Evo Morales ingreso en su recta final y la ofensiva tuvo dos tiempos: antes y después de las elecciones del 20 de octubre:

  • Antes de las elecciones

En la etapa de antes de las elecciones, el objetivo era impedir que Evo fuera reelecto en primera vuelta el 20 de octubre. Aquí había tres grupos de actores con motivaciones y objetivos tácticos distintos.

Por un lado, existe una oposición de línea dura, cuyos principales dirigentes están fuera del país (Carlos Sánchez Berzaín, Manfred Reyes Villa, Branko Marinkovic y otros), que se oponen a Morales, pero también a los candidatos de la oposición “por ser funcionales” al gobierno al presentarse a las elecciones. Aunque no lo dicen, se inclinaban por generar hechos que obligaran a suspender las elecciones.

El segundo grupo estaba conformado por algunos activistas, políticos y cívicos conducidos por Jorge Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho del Comité Pro Santa Cruz que, si bien eran partidarios de apoyar a Mesa antes que a Ortiz, tenían por principal apuesta trabajar, dentro y fuera del país, para deslegitimar la figura de Evo Morales para antes y después de las elecciones. Una de sus cartas, fracasada, es que se presentara una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir una opinión consultiva sobre si la reelección indefinida era o no un derecho humano. A pesar de sus esfuerzos y de anuncios cargados de sensacionalismo, ni Jair Bolsonaro ni Iván Duque se prestaron a ese proyecto, debido a problemas internos que arrastraban en sus países.

El tercer grupo, era de los candidatos que se presentarían en las elecciones. Esta línea de activar los conflictos sociales desarrollados por gremios, sindicatos y cívicos contra Morales, para que les beneficie electoralmente, los enfrentaría entre sí y debilitaría el efecto que buscaban.

  • Después de las elecciones

Pero esta ofensiva tenía un segundo tiempo con variantes. Una en caso de que hubiera segunda vuelta y la otra de que Evo Morales fuera electo para un cuarto mandato.

En caso de una segunda vuelta, tampoco sería fácil para la oposición. Ya Oscar Ortiz había anunciado de que no votaría ni por Morales ni por Mesa, ya que eran dos proyectos que tenían vasos comunicantes y con los que su organización política tenía discrepancias de fondo. La posición forma parte de la convicción de que los demócratas serían la carta alternativa de la oposición en las elecciones de 2024.

En caso de que en la segunda vuelta Mesa se impusiera a Morales, es evidente que ese gobierno la tendrá muy difícil al tener las cámaras de diputados y senadores con mayoría a favor del MAS y movimientos sociales en las calles para defender las conquistas de los 13 años en el poder.

En el escenario de que Evo fuera reelecto para un cuarto mandato, una de las resoluciones del cabildo cruceño ya era un adelanto de lo que el gobierno de izquierda debería enfrentar: el ataque nacional e internacional montado sobre la idea del fraude electoral. Esto implicó la apuesta de la oposición para que hacia Bolivia se aplicara casi la misma receta desplegada contra Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, a los que además de criticarlos con el estigma de “dictadores” se los considera gobiernos ilegítimos y por lo tanto merecedores de que en su contra se materialice con todo su rigor la Carta Democrática Interamericana.

Elecciones generales 2019

El 20 de octubre de 2019 se efectuaron las elecciones generales, en una jornada caracterizada por una amplia participación popular, en las que el pueblo boliviano eligió, como Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a Evo Morales Ayma, por encima de las maniobras de la derecha interna y regional, el Imperialismo y una intensa guerra mediática[2].

El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, perdedor de las elecciones, primero pidió una segunda vuelta, sin esperar el cómputo oficial de votos, luego solicitó una auditoría internacional por sospechas de fraude e instó a desconocer los resultados del sufragio.

Ante una acusación de fraude electoral que según estos sectores se habría suscitado en las elecciones, el Gobierno nacional solicitó a la OEA la realización de una auditoría a las elecciones. Esta auditoría presentaría sus resultados el 12 de noviembre de 2019, aún así, los sectores golpistas se opusieron a los resultados sin haber culminado el proceso[3].

Golpe de Estado

Desconociendo a las instituciones electorales y el mandato popular expresado en las urnas, sectores de la oposición boliviana, con el apoyo y conducción de los Estados Unidos y de oligarquías regionales, pusieron en marcha un golpe de estado con el objetivo de escamotearle al pueblo boliviano el resultado electoral.

La oposición se negó a reconocer su derrota en las urnas y acudió a la violencia y la fuerza contra el orden constitucional. La estrategia golpista opositora desató en el país intensas jornadas de violencia, que costaron muertes, cientos de heridos y expresiones condenables de racismo hacia los pueblos originarios.

Horas antes del golpe de estado, el 10 de noviembre de 2019, en una demostración más de ecuanimidad y estatura política, Evo llamó a los organizadores de las protestas violentas a una “profunda reflexión” e instó al pueblo a movilizarse para defender la democracia, convocó a las fuerzas políticas a una mesa de diálogo por la paz y a nuevas elecciones generales, pero los grupos cívicos no aceptaron el diálogo propuesto por su Gobierno y, pese a que se anunciaron nuevos comicios y se garantizó varias de sus exigencias, fueron rechazadas las propuestas y pidieron su renuncia.

El 10 de noviembre de 2019 es forzado a renunciar tras llevarse a cabo el golpe de estado, decisión que asumió para evitar una escalada de violencia contra el pueblo, provocada por las fuerzas opositoras[4].

Ante la crítica situación creada en el país, en conferencia de prensa Evo manifestó:

"Decidí renunciar a mi cargo para que Carlos Mesa y Luis Camacho, dejen de maltratar y perjudicar a miles de hermanos (...) Tengo la obligación de buscar la paz y duele mucho que entre bolivianos nos enfrentemos, por esta razón envío mi carta de renuncia a la Asamblea Plurinacional de Bolivia"

La solicitud humanitaria de Morales se registró ante la ola de protestas violentas y vandálicas perpetradas por grupos de choque, que se ensañaron con la población, las autoridades del Estado y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), quienes fueron perseguidos, agredidos y despojados de sus viviendas poniendo en riesgo su integridad y la vida de sus familias.

Evo sufrió el desmoronamiento de su gabinete tras masivas renuncias como los casos del viceministro de Turismo, Marcelo Arze; la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque; la ministra de Planificación, Mariana Prado; así como el senador electo por el Potosí, René Joaquino; el gobernador Juan Carlos Cejas y el alcalde Williams Cervantes, por el departamento.

Aunque el expresidente boliviano, Álvaro García Linera, llamó a organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) auditar los resultados electorales y convocó a todos los sectores sociales a una Mesa de Diálogo, grupos ultraderechistas se mantuvieron desplegados en las calles agrediendo a la población.

El 12 de noviembre de 2019, el ex presidente arribó a México, país que le concedió asilo político, junto a todas las autoridades que estaban siendo duramente perseguidas en Bolivia[5].

Referencias

Fuentes

  • EEUU despliega su tercer gran intento desestabilizador contra Evo. Disponible en:Cubadebate. Consultado el 12 de noviembre de 2019.
  • Evo Morales alerta sobre nuevos planes desestabilizadores contra su gobierno. Disponible en:Cubadebate. Consultado el 12 de noviembre de 2019.
  • Evo denuncia intento de Golpe de Estado en Bolivia: “Vamos a defender la democracia”. Disponible en:Cubadebate. Consultado el 12 de noviembre de 2019.
  • Embajada de EEUU en Bolivia continúa su accionar encubierto para apoyar un Golpe de Estado. Disponible en:Cubadebate. Consultado el 12 de noviembre de 2019.
  • Último minuto: Jefe del Ejército “sugiere” a Evo Morales que dimita. Disponible en:Cubadebate. Consultado el 12 de noviembre de 2019.
  • Revelan plan de Estados Unidos para el golpe en Bolivia: nombres y apellidos, rol de la Embajada y países vecinos. Disponible en:Conclusión.com. Consultado el 19 de noviembre de 2019.