Terrorismo de Estado en Colombia

De EcuRed
Terrorismo de Estado en Colombia
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Fecha:Inicio: 1948
Lugar:Bandera de Colombia Colombia
Descripción:
Política de terror y uso del poder exclusivo o monopólico de la violencia física sobre una población en particular que se lleva a cabo en Colombia
Organizaciones involucradas:
Los gobiernos colombiano y estadounidense, el ejército colombiano y los grupos paramilitares.
Terrorismo de Estado en Colombia. Política colombiana que tiene su explicación en la construcción y elaboración de un régimen terrorista totalitario, cuyos atributos de modernidad se relacionan con una territorialidad y un uso del poder exclusivo o monopólico de la violencia física sobre una población en particular, con la colaboración y el apoyo abiertos de las democracias capitalistas de Estados Unidos, Europa y América Latina.

Contenido

El terrorismo de Estado

Las diversas visiones liberales sobre el Estado conciben como elemento central de los actuales ordenamientos políticos dicho uso exclusivo de la coerción física. El monopolio de los medios de coerción es un atributo sin el cual no podríamos hablar de orden político en la modernidad.

Precisamente las diversas prácticas y consecuencias del uso discrecional de la fuerza física nos permite ubicar al terrorismo de Estado como categoría conceptual útil para entender lo ilegitimo e ilegal del manejo de los medios de coerción a través de la historia del Estado contra la Nación.

Muestra del terrorismo de estado en Colombia
Muestra del terrorismo de estado en Colombia
En estos términos, el terrorismo de Estado debe ser entendido como el empleo sistemático y masivo de métodos violentos físicos o simbólicos, ilegítimos, ilegales y antihumanistas por parte de un gobierno con el propósito de inducir el miedo dentro de una población civil determinada para alcanzar objetivos sociales, políticos, económicos o militares.

Dichos métodos son el uso de la violencia o coerción física, la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, la tortura, la amenaza, la extorsión, las chuzadas telefónicas (escuchas ilegales), las estigmas dirigidas, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, los atentados, los allanamientos, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el genocidio y el asesinato o ejecución extrajudicial (falso positivo) por parte de miembros de fuerzas estatales tales como las policiales, las militares o incluso paraestatales como las paramilitares.

Definido de esta manera el terrorismo de Estado aparece como una categoría conceptual y analítica útil para comprender en tanto describir y explicar las diversas prácticas del ejercicio del poder público en los actuales ordenamientos políticos. Dicho ejercicio en muchas ocasiones raya con la legitimidad y legalidad de un régimen definido hoy por hoy normativamente como democrático.

Para entender entonces por qué el ejercicio del poder público tiende a perseguir intereses minoritarios muchas veces en contra de la propia integridad física, personal y moral de los miembros de una comunidad política se hace necesario emplear esta categoría como orientadora de los debates alrededor del uso o mejor abuso del poder público en las actuales democracias.

El terrorismo de estado en Colombia

Niño de 8 años víctima del terrorismo de estado en Colombia
Niño de 8 años víctima del terrorismo de estado en Colombia
Según la historia, a partir de la segunda mitad del siglo XIX existen en Colombia dos partidos políticos, el Liberal y el Conservador. No es falso. Pero ello no es suficiente. En realidad, desde esa época, el país está dividido entre aquellos que lo poseen todo y aquellos que nada tienen.

Durante su historia reciente Colombia ha sufrido la peor de las tragedias humanitarias: la guerra entre los opresores contra los oprimidos. La paz, para el ciudadano colombiano, no tiene lugar ni aprobación por parte del Estado, sólo el terror que combina la guillotina y la demagogia para aupar el dominio del equipo opresor: la rancia oligarquía, que Jorge Eliécer Gaitán trató de combatir, y por la que fue asesinado el 9 de abril de 1948, en Bogotá, precisamente en el momento en que se le daba como favorito a la presidencia de la república.

Elegido al Congreso en 1929, el liberal Jorge Eliécer Gaitán decidió combatir a lo que él llamó la oligarquía: los ricos de ambos partidos. Con el paso del tiempo sus discursos se hacen incendiarios. Desde la tribuna, en mangas de camisa, él remata sus arengas con “¡Contra la oligarquía, a la carga!”. A pesar de ello, aboga por un cambio pacífico.

La ley estadounidense permite a sus ciudadanos examinar, después de ciertos años, los documentos que poseen organismos públicos como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), o el Departamento de Estado. La CIA tiene información sobre la muerte de Gaitán pero se ha negado a revelarla.

Reclamo de las víctimas desaparecidas producto del terrorismo de estado en Colombia
Reclamo de las víctimas desaparecidas producto del terrorismo de estado en Colombia
El asesinato de Gaitán provocó una insurrección generalizada, que Washington atribuyó al “comunismo internacional”, y una guerra civil a la que se ha llamado “La época de la violencia” (1948 - 1957): unos 300 mil muertos quedan tirados en los campos. En ese tiempo de horror y apocalipsis los liberales y comunistas, señalados como objetivo, son destinados al suplicio.

Como complemento del poder, políticos y terratenientes utilizaban a policías que, en uniforme o en civil, demuestraban una crueldad sin límite. Se les conoce como "chulavitas". También a sueldo de los mismos, los llamados pájaros van “volando” de región en región haciendo del terror su compañera.

Condenados a muerte, casi vencidos, y dispersos en un primer tiempo, los opositores entienden que una lucha gigantesca ha empezado. Han sido abofeteados, tratados de hez de la sociedad, perseguidos como a vagabundos importunos. Los miles de miserables que no poseen nada, y para quienes el respeto a la vida y un pedazo de tierra es suficiente, se suman a otros perseguidos que, armados de escopetas y machetes, se están organizando en incipientes grupos. Esos, que en realidad sólo tratan de subsistir y defender la vida de sus pequeñas comunidades, ahora van a combatir.

Marulanda, Jefe de las FARC
Marulanda, Jefe de las FARC
El 2 de septiembre de 1958, esos campesinos guerrilleros le hacían llegar una carta al presidente Alberto Lleras Camargo: « la lucha armada no nos interesa, y estamos dispuestos a colaborar por todas las vías a nuestro alcance en la empresa pacificadora que decidió llevar este gobierno. » Entre los firmantes, Manuel Marulanda Vélez, quien fuera posteriormente jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En 1964, para acabar con la revuelta de la guerrilla de campesinos insumisos a los cuales se les denominó “moscovitas”, Estados Unidos dona 300 millones de dólares, envía asesores y armamento. Se implementa la Operación Marquetalia. En 1999, el gobierno estadounidense aportó 1.600 millones de dólares para impulsar el llamado “Plan Colombia”. Hasta el 2006 ya había gastado 4 mil millones de dólares en el Plan. Sin más resultados que en 1964.

La inmensidad de las llanuras, los obstáculos naturales, la presencia de selvas inexploradas, hizo imposible aniquilar a los guerrilleros. Pero no a la población civil.

Al año siguiente, 1965, para luchar contra esos subversivos”, los consejeros militares estadounidenses sugieren la creación de organizaciones civiles armadas. Ya no se les llama "pájaros" o "chulavitas", sino “autodefensas”, legalmente reconocidas.

En carta al Parlamento, con fecha del 20 de julio de 1984, y mientras negociaban con el presidente Belisario Betancur|Belisario Betancur, las FARC anuncian el lanzamiento de un movimiento político nacional, la Unión Patriótica (UP). La intención de esa guerrilla era, junto a otros partidos y movimientos democráticos, ir ingresando a la vida política legal. Una tragedia para tres mil militantes, simpatizantes y dirigentes de la UP, víctimas de escuadrones paramilitares. Pocos, realmente, pertenecían a las FARC. Una intransigencia política total de la clase dirigente.

Práctica del terrorismo como política de estado

Víctima del terrorismo de estado en Colombia
Víctima del terrorismo de estado en Colombia
Como consecuencia de dicha tragedia se ha instaurado el terrorismo como política de Estado. Guerras civiles, genocidios en las bananeras, la conservadora y terrorista Ley de Defensa Social, el odio partidista, la dictadura democrática, entre muchos más, son el llamado a la ley de la selva en Colombia. Un Estado que se ufana de ser democrático y que se ha acostumbrado a condenar a muerte a quienes disientan de él.

La violación sistemática de derechos humanos en este país se inscribe dentro de la política de terrorismo de Estado. En este marco el alcance y la profundidad de las violaciones de los derechos humanos en Colombia exceden de lejos cualquier experiencia de dictadura militar en América Latina. Colombia que ha sido maniatada por quienes ejercen el poder protagonizando una gran tragedia el pueblo colombiano.

A diferencia de la mayor parte de los países latinoamericanos, Colombia nunca ha experimentado la modernización de su sistema político. Desde el siglo XIX, los partidos liberal y conservador, dirigidos por las oligarquías urbana y rural, han controlado el proceso político por medio de la violencia y del clientelismo.

En Colombia, la clase media y la clase trabajadora, los partidos revolucionarios y los reformistas de izquierda han sido reprimidos y marginados violentamente, en contraste con la diferenciación política que tuvo lugar en Chile o Argentina a principios del siglo XX.

No se permitió que ningún partido laborista, socialdemócrata o marxista tuviera representación y legitimidad, a diferencia de las experiencias en Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia y otros lugares de América del Sur. El sistema bipartidista basado en las élites familiares oligárquicas no se instauró para acomodar y aceptar los desafíos de la clase trabajadora urbana y los movimientos rurales de campesinos que surgen en el período posterior a la II Guerra Mundial.

Estudiantes desaparecidos, víctimas del terrorismo de estado en Colombia
Estudiantes desaparecidos, víctimas del terrorismo de estado en Colombia
En Colombia la resistencia a la representación social plural y a un sistema pluripartidista capaz de recoger los intereses de las clases más bajas tomó la forma de violencia y guerra civil a medida que los partidos liberal y conservador recurrieron al derramamiento masivo de sangre en los años 50 para resolver cuál de las dos facciones de la clase dominante gobernaría. El resultado fue un pacto entre los dos partidos para alternarse en la presidencia. El punto teórico clave en todo esto es que la unidad en el seno las élites colombianas se basaron en el gobierno por medio de la violencia masiva, la exclusión social y el monopolio del poder político.

La transición fallida de Colombia a la modernidad se basó exclusivamente en la introducción selectiva de instituciones occidentales de contrainsurgencia por parte de una oligarquía tradicional con vocación política de exclusión de las masas populares. Esta herencia histórica de continuidad de los partidos oligárquicos y la violencia generalizada proporciona el marco en que se llevan a cabo actualmente las elecciones y en que operan los "Escuadrones de la Muerte".

Todo el alto mando militar con mando de tropa y control de los servicios secretos estratégicos ha pasado por programas militares y de adoctrinamiento estadounidense, lo que demuestra la influencia generalizada del Gobierno estadounidense en la política colombiana. la asistencia a dichos programas y la certificación que otorga Estados Unidos son elementos necesarios para ascender en la carrera militar.

Reclamo de los desaparecidos, víctimas del terrorismo de estado en Colombia
Reclamo de los desaparecidos, víctimas del terrorismo de estado en Colombia
Un elemento básico de estos programas de formación es la contrainsurgencia, es decir la formación de los oficiales colombianos en la represión violenta de cualquier movimiento de masas que desafíe a la oligarquía nacional aliada de Washington.

Las estrategias que enseñan los instructores militares estadounidenses incluyen el reclutamiento y el encuadramiento militar de los escuadrones de la muerte paramilitares, y los oficiales jóvenes de menor graduación son preseleccionados por los militares estadounidenses en función de su lealtad política a Estados Unidos y su buena disposición hacia la guerra contra la izquierda y los movimientos de masas que desarrollan sus propios compatriotas.

Numerosos generales colombianos siguen esta senda en su carrera: primero, la selección y la formación en las altas escuelas militares de Estados Unidos; más tarde, el mando de tropas y la protección y formación de "Escuadrones de la Muerte"; luego, la autoría de matanzas múltiples contra civiles, la recepción de numerosas condecoraciones por parte de los presidentes colombianos y de los dignatarios políticos y militares estadounidenses.

Los Escuadrones de la Muerte

Masacre a la población campesina efectuada por los escuadrones de la muerte
Masacre a la población campesina efectuada por los escuadrones de la muerte
Existen numerosos testimonios, documentos, artículos periodísticos, informes de testigos oculares e investigaciones de violaciones de derechos humanos que detallan los vínculos orgánicos entre el Gobierno colombiano (incluido el propio gabinete de Uribe), los más de 60 miembros del Congreso colombiano (aliados de Álvaro Uribe Vélez), los gobernadores y alcaldes de derechas, y los escuadrones de la muerte, que cuentan con más de 30.000 miembros y cuya agrupación principal son las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia. De hecho, el ascenso de Uribe de gobernador de Antioquia a la Presidencia estuvo vinculado a sus relaciones con los escuadrones de la muerte, lo que demuestra que los "Escuadrones de la Muerte" actúan vinculados al Estado.

Los "Escuadrones de la Muerte" fueron organizados originalmente por las elites colombianas para destruir los movimientos campesinos que exigían la reforma agraria. Con la entrada masiva de 6.000 millones de dólares en ayuda militar y algunos miles de miembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos, los Escuadrones de la Muerte pasaron de ser pequeñas bandas dispersas de asesinos locales a ser una extensión centralizada, compuesta por 30.000 miembros, de las fuerzas de contrainsurgencia estadounidenses y colombianas, orientada exclusivamente al exterminio de pueblos y organizaciones sociales en las regiones de influencia guerrillera.

Decena de ataúdes después de una masacre en un estado de Colombia
Decena de ataúdes después de una masacre en un estado de Colombia
Estos no solamente son un brazo del Estado, sino también desempeñan un papel importante como vínculo de la oligarquía y la elite política con el multimillonario negocio del narcotráfico. La compleja red de élites, está compuesta por la clase gobernante colombiana, el aparato imperial de Estados Unidos y el ejército colombiano. Estos asesinos a sueldo desempeñan un papel importante en la matanza de miles de líderes populares y en la expropiación de tres millones de campesinos, recibiendo el apoyo de la oligarquía colombiana.

Una vez que los militares y el gobierno, gracias a los 5.000 millones de dólares de ayuda militar de Estados Unidos, conquistaron las regiones disputadas a la guerrilla, se desmovilizó en parte a los Escuadrones de la Muerte.

El auge y el declive de los Escuadrones de la Muerte fueron claramente resultado de la política de Estados Unidos y del gobierno colombiano: eran instrumentos tácticos diseñados para llevar a cabo las tareas más sangrientas de purga de la sociedad civil de la oposición popular y de masas.

Accionar de los grupos paramilitares

Este Terrorismo de Estado en Colombia se ha ejercido y se ejerce mediante las fuerzas regulares del Estado, y mediante las fuerzas irregulares o encubiertas del propio Estado: los "paramilitares".

Grupos paramilitares en Colombia
Grupos paramilitares en Colombia
Los paramilitares se han ensañado con la población civil rural. Sistemática y calculadamente han ido acabando con la oposición política legal. Así estos seudo clandestinos, que se hacen llamar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajan uno a uno todos los escalones que separan lo humano de la bestia. El terror tiene que golpear en el corazón de quien pueda ser enemigo en potencia. Asesina a uno y asustarás a mil.

En diciembre de 1997, el presidente Ernesto Sámper Pizano anuncia la creación de un “bloque especial de búsqueda” para capturar a los jefes paramilitares. Promete que esos grupos “serán perseguidos hasta en el infierno.” Todo queda en intenciones.

Tres años después, Phil Chicola, jefe de la oficina de Asuntos Andinos en el Departamento de Estado, estima que “según la ley de Estados Unidos, estos grupos deben cometer actos que amenazan los intereses nacionales estadounidenses para poder ser incluidos formalmente en la lista de grupos terroristas.”

En cambio, en 1982 el embajador estadounidense en Bogotá, Lewis Tambs, sin pruebas, trató de “narcoguerrilla” a las FARC. Por decisión del presidente George W. Bush, esa guerrilla y el otro grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional, (ELN), se convierten en “narcoterroristas” después del 11 de septiembre de 2001.

Provocando el empobrecimiento de importantes sectores de la población, los sucesivos gobiernos han favorecido el cultivo de la coca y las actividades ligadas al tráfico de cocaína. Pero son muchos los que tienen las manos metidas en el “negocio”: los militares, bastantes políticos de derecha y los sectores económicos, así como los paramilitares.

La “limpieza” política realizada por el ejército y los paramilitares ha vaciado de campesinos pobres a muchas regiones colombianas. Hombres y mujeres que cometieron uno de estos “errores”, o todos juntos: vivieron en territorios inmensamente ricos; se organizaron para exigir sus derechos; militaron o dieron su voto a formaciones políticas de oposición; o quizás simpatizaron con las guerrillas. Sus tierras pasaron a manos de terratenientes, jefes paramilitares, y de representantes de poderosos intereses económicos.

Manifestaciones en contra del terrorismo de estado en Colombia
Manifestaciones en contra del terrorismo de estado en Colombia
En el año 1999 una de las exigencias de la enmienda al "Plan Colombia" que imponen algunos senadores estadounidenses, es que se les dé la prioridad a las inversiones extranjeras, y en particular al sector de la industria petrolera. Las exigencias fueron aceptadas, las Fuerzas Armadas y sus paramilitares se encargaron, con el apoyo del Plan y de los asesores estadounidenses, de incrementar el vaciado de campesinos e indígenas en las extensas zonas petroleras.

El presidente Álvaro Uribe Vélez ofrece una reinserción “suave” a los paramilitares. Washington no se opone, aunque ya los tiene incluidos en su lista de organizaciones terroristas. Sus diplomáticos participan en varios actos públicos con jefes paramilitares, cuya extradición pide su gobierno por narcotráfico.

Los grupos paramilitares no sólo han masacrado poblaciones sino que se han convertido en el cartel de droga más poderoso de Colombia. Washington se contenta con hacer esporádicas declaraciones. Los paramilitares no han atacado ni el mínimo de sus intereses estratégicos en Colombia: los han cuidado como si fueran suyos.

El presidente Uribe Vélez ha tenido manos libres para firmar la ley de Justicia y Paz, 21 de junio de 2005. Esta les otorga a los paramilitares, también acusados de "crímenes de lesa humanidad", una casi impunidad, la legalización de sus fortunas y una jubilación dorada. A pesar de que hayan cometido unos 3 mil asesinatos más desde que firmaron un “cese al fuego” el 15 de julio de 2003.

Fue el Estado quien formó, fomentó, animó y protegió al paramilitarismo. Porque el paramilitarismo es una estrategia estatal, avalada y apoyada por Washington, para el beneficio de los poderosos conglomerados económicos. Los paramilitares se convirtieron en poderosos señores de la guerra, jefes mafiosos, que casi ni aceptan el mínimo castigo, y menos aún ser los únicos en cargar con toda la culpabilidad, lanzan una amenaza a quienes los criaron y dirigieron: si la justicia se “encarniza” con ellos, podrían revelar sus inmensos secretos. Han sido aliados en la destrucción y la muerte para compartir el botín.

Violación de los derechos humanos

Durante los primeros tres años de gobierno de Uribe (agosto 2002diciembre 2005) más de un millón de colombianos fueron desplazados por la fuerza, en su mayor parte campesinos que fueron desarraigados violentamente y expropiados de sus tierras y hogares, por los Escuadrones de la Muerte y los militares, que se apoderaron luego de sus tierras con el pretexto de eliminar a partidarios potenciales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros movimientos sociales. Horrorosa violación de los derechos humanos.

Manifestación de reclamo de los derechos humanos en Colombia
Manifestación de reclamo de los derechos humanos en Colombia
Los campesinos que se convirtieron en líderes locales, fueron asesinados posteriormente por la policía política secreta del régimen (DAS) o por los Escuadrones de la Muerte. El régimen de Uribe ha asesinado a más de 500 activistas y líderes sindicales desde su llegada al poder en 2003.

En Colombia es más fácil organizar una guerrilla que un sindicato. Según la Unión Europea, más de 300 activistas de los derechos humanos fueron asesinados por el régimen de Uribe en su primer mandato. En los primeros dos años de su régimen, Uribe era responsable del asesinato o de la desaparición de 6.148 civiles desarmados en circunstancias de no combate.

La utilización de escuadrones paramilitares de muerte promovidos, financiados y protegidos por el gobierno de Uribe para asesinar y desaparecer a los líderes populares sirve a varios objetivos políticos estratégicos: por una parte, permite que el gobierno rebaje el número de violaciones de los derechos humanos atribuidos a las fuerzas armadas colombianas; por otra parte, facilita el uso generalizado de tácticas terroristas extremas como amputaciones y visualización pública de cadáveres desmembrados, con el fin de intimidar a comunidades enteras (guerra psicológica); y por último, crea el mito de que el régimen es centrista: opuesto a la extrema izquierda, las FARC en este caso; y a la extrema derecha, los Escuadrones de la Muerte, especialmente las AUC.

Niños asesinados víctimas del terrorismo de estado en Colombia
Niños asesinados víctimas del terrorismo de estado en Colombia
Evidencia de este complejo marco son los más de 50.000 desaparecidos; 10% de su población desplazada; más de 150.000 homicidios y una gran destrucción de las comunidades (18 pueblos indígenas al borde del exterminio; sectores populares como campesinos, movimientos sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos son víctimas de crímenes continuos) como panorama general de degradación de los derechos humanos en el marco de una política de Terrorismo de Estado en Colombia durante las últimas décadas.

La clase dominante colombiana y los militares estadounidenses juegan un importante papel en el crecimiento del estado terrorista totalitario aunque muchas personas de izquierda consideran la opresión, la explotación y el terror simplemente como elementos impuestos por fuerzas exteriores imperialistas. El punto teórico es que la entrada, la expansión y el influyente papel de las fuerzas militares estadounidenses fueron posibles porque coincidían con los intereses y las necesidades a largo plazo y a gran escala de la clase dirigente colombiana.

Esta pretensión es particularmente efectiva en el fomento de las relaciones diplomáticas del régimen con Estados Unidos y Europa, y proporciona una coartada conveniente para los liberales y los socialdemócratas que facilitan a Colombia la ayuda militar y económica.

Evidenciando la magnitud de la problemática aparecen las cifras publicadas por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Durante el último gobierno (2002 – 2008), 1.190 personas fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida a manos de agentes estatales (235 por desaparición forzada y 955 por ejecuciones extrajudiciales).

Esta lesiva práctica no fue utilizada únicamente por el último gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Durante los años 1997 – 2002 (Gobierno Pastrana) se registraron 635 violaciones al derecho a la vida cometidas por agentes estatales (58 desapariciones forzadas y 577 ejecuciones extrajudiciales), lo cual deja en claro una sistematicidad en la práctica violatoria del derecho a la vida perpetradas directamente por agentes del Estado.

Los falsos positivos

Colombia es un país que sufre complejos fenómenos políticos, sociales y económicos que han venido confeccionando un contexto cada vez más distante de lo que puede llegar a ser una sociedad democrática. Dentro de los fenómenos políticos relacionados con el conflicto armado en la última década llama poderosamente la atención el fenómeno de los falsos positivos.

Falsos positivos en Colombia
Falsos positivos en Colombia
Se denomina falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) a las operaciones militares que entregan como resultado bajas de supuestos guerrilleros o paramilitares muertos en combate. Falsos en la medida en qué las bajas no son personas que hacen parte de algún grupo al margen de la ley sino campesinos, habitantes de la calle, trabajadores informales, entre otros. Y positivos ya que ésta es la terminología que utiliza las Fuerzas Armadas de Colombia para referirse a un éxito operacional.

Esta problemática se profundiza con la política de seguridad democrática del último gobierno pero tiene sus inicios en gobiernos precedentes, deslegitimando el accionar de la Fuerza Pública y convirtiéndose en una práctica sistemática de Terrorismo de Estado en Colombia.

Los falsos positivos generaron en el año 2008 un escándalo mediático de alcance internacional que causó la expulsión de 27 oficiales del ejército (entre ellos tres generales) y la dimisión del propio Comandante del ejército, General Mario Montoya, quien había sido relacionado con violaciones de derechos humanos. En la actualidad la Fiscalía General de la Nación está investigando unas 2.000 ejecuciones extrajudiciales que al parecer fueron cometidas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado Colombiano.

Dentro del gobierno de Uribe los meses más críticos en materia de ejecuciones extrajudiciales fueron los 18 meses transcurridos
Marcha en reclamos por los falsos postivos en Colombia
Marcha en reclamos por los falsos postivos en Colombia
entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008. Según los registros de las organizaciones que conforman la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU, durante este periodo 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública.

Frente a esta cruda realidad ha imperado la impunidad en materia judicial. De los 535 casos registrados en el periodo comprendido entre Enero de 2007 y Junio de 2008, en tan sólo 117 se realizó algún tipo de seguimiento jurídico (judicial o disciplinario) por parte de las organizaciones que conforman la CCEEU (21,9% de los casos). El resto (78,1% de los casos) no existe posibilidad alguna de saber hasta qué punto hayan sido objeto de algún procedimiento de seguimiento judicial o si permanecen en completo olvido de instancias judiciales encargadas de su investigación y esclarecimiento.

Impunidad en los casos falsos positivos

Las razones aportadas por el Informe MIOEEIC del año 2008 son contundentes:

  • Las investigaciones no son asumidas por un tribunal competente e imparcial.
  • La competencia judicial para la investigación de las ejecuciones extrajudiciales se inicia desde el primer momento por la jurisdicción penal militar.
  • La justicia ordinaria no formula conflicto positivo de competencia, hay situaciones de pasividad y dilaciones indebidas en la tramitación de los procedimientos.
  • Falta de minuciosidad y de la debida diligencia en las investigaciones.
  • Habitualmente el levantamiento de los cuerpos es realizado por las mismas unidades militares implicadas en la comisión de las ejecuciones extrajudiciales.
  • No se preserva la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes.
  • En la mayoría de los casos no se llevan a cabo necropsias. En los casos en los cuales se realizan, son superficiales e incompletas.
  • No se recaudan los testimonios de los testigos, de los familiares y otras personas que puedan contribuir a esclarecer las muertes.
  • No se garantiza el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas.
  • Los familiares de las víctimas y los testigos son amenazados para que se abstengan de denunciar o para que desistan de las acciones penales.
  • Los miembros de la Fuerza Pública implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales permanecen en servicio activo. En los casos en los cuales se inician investigaciones no se aplica la medida provisional de suspensión del servicio.
  • En cuanto a la responsabilidad de los hechos, además de los evidenciados vínculos entre grupos emergentes y fuerza pública tras las ejecuciones extrajudiciales se podría vincular un tercer actor externo a la problemática: el gobierno de los Estados Unidos.

El financiamiento militar de los Estados Unidos a Colombia advierte la existencia de vínculos alarmantes entre las unidades militares colombianas que reciben asistencia de los Estados Unidos y las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del Ejército colombiano.

El terror totalitario

La infraestructura del terror totalitario define los límites, el contenido y los participantes de la política electoral. Incluye, entre otros, el gobierno por decreto presidencial que suspende todas las garantías constitucionales, una red de policía secreta a escala nacional con 1,6 millones de confidentes, campesinos reclutados a la fuerza y obligados a actuar como colaboradores militares locales (Programa Soldados de Mi Pueblo) en 500 de los 1.096 municipios de Colombia, 30.000 miembros de los Escuadrones de la Muerte formados y armados por el ejército, 300.000 miembros activos del ejército, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), y decenas de miles de policías secretos. Las milicias privadas de terratenientes, banqueros y directivos empresariales que incluyen agencias privadas de seguridad superan el número de 150.000 pistoleros.

Falso positivo en Colombia
Falso positivo en Colombia
Esta infraestructura del terror usa la violencia física, la coacción ilegítima, el secuestro, la tortura, la amenaza, la extorsión, las chuzadas telefónicas, las estigmas dirigidas, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, los atentados, los allanamientos, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el genocidio y el asesinato o ejecución extrajudicial como prácticas sistemáticas en contra de la población civil en Colombia.

En relación a esta última práctica de ejecución extrajudicial ha existido una enorme preocupación durante los últimos años por parte de Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de la propia ONU. En septiembre de 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación había asumido la investigación de 1.273 casos, con un total de 2.077 víctimas (122 de ellas mujeres y 59 menores de edad) en 29 departamentos. Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no corresponden a hechos aislados.

Colombia es el país más militarizado de América Latina. El Congreso, el electorado, la judicatura y la función pública no efectúan ningún control efectivo. Las protecciones constitucionales son totalmente inexistentes. El alcance y la profundidad de las violaciones de los derechos humanos exceden las de cualquier otra dictadura militar latinoamericana reciente, incluidas las de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia.

Falsos Positivos
Falsos Positivos
La infraestructura terrorista totalitaria del Estado define el carácter político del sistema de poder. El proceso electoral sirve exclusivamente como fachada que permite mantener relaciones normales con los gobiernos democráticos liberales, conservadores y socialdemócratas de Europa y América. En efecto, los elogios de éstos y su apoyo a Uribe tras la resolución del asunto Betancourt han servido para legitimar el régimen terrorista. Su condena de las FARC ha sido también un rechazo de la izquierda antitotalitaria y antiterrorista.

Para comprender la estructura y la práctica de los regímenes terroristas totalitarios contemporáneos, es preciso ir más allá para examinar la nueva base de masas que apoya al régimen. Uribe movilizó a más de un millón colombianos contra las FARC en la primavera de 2008 en apoyo de su régimen totalitario, en un momento en que los medios de masas, los jueces y ex jefes de los Escuadrones de la Muerte revelaban que docenas de congresistas pro gubernamentales, ministros del Gobierno y generales mantienen vinculación con las AUC. Es decir, cientos de miles de ciudadanos colombianos de clase media apoyan, con conocimiento de causa, a un líder totalitario.

Bajo este panorama de guerra, muerte, y desolación, propiciado por las propias fuerzas del orden, queda muy difícil pensar en democracia en Colombia. La democracia implica principalmente ejercicio de libertades. Vivir en democracia y estar satisfecho con la misma implica la materialización en su conjunto de todas las libertades humanas. Libertades que en la sociedad colombiana estas siendo agobiadas, maltratadas y con una tendencia proclive a la desaparición de las mismas.

Consecuencias del totalitarismo

Enterramiento de víctimas del terrorismo de estado en Colombia
Enterramiento de víctimas del terrorismo de estado en Colombia
La aparición de un totalitarismo de base popular que sustituye a la oligarquía autoritaria tradicional forma parte de la aparición de una nueva política de derechas virulenta en América Latina. En Bolivia, la clase gobernante de extrema derecha de Santa Cruz ha organizado una combinación de base popular de clase media con sus propias fuerzas de choque paramilitares en demanda de la autonomía, o secesión, y del control sobre los ingresos masivos de petróleo y gas que producen las empresas mixtas establecidas con transnacionales extranjeras.

En Argentina, la derecha dura de las provincias ha construido una base popular de cientos de miles de personas en defensa de los enormes beneficios que proporcionan las materias primas.

En Venezuela, la derecha dura puede sacar a centenares de miles de persona a la calle y organiza sus propias tropas paramilitares de choque.

Fosa común encontrada en Colombia con más de 2000 cadáveres víctimas del terrorismo de estado
Fosa común encontrada en Colombia con más de 2000 cadáveres víctimas del terrorismo de estado
La aparición de la derecha totalitaria coincide con la incapacidad del centro-izquierda y de la izquierda para capitalizar el auge de los productos básicos a fin de financiar cambios estructurales y organizar a los trabajadores y los pobres rurales como fuerzas combativas.

En Colombia, la agrupación de centro - izquierda Polo Democrático acostumbra a apoyar a Uribe contra las FARC, con lo que ha conseguido proporcionar un importante impulso a la atracción del gobierno en el seno de las clases medias urbanas. La política adoptada por otros gobiernos de centro - izquierda en América Latina de apoyar las estrategias de exportación de productos agropecuarios y minerales han inmovilizado a las masas y han incrementado en gran medida el poder de la nueva derecha totalitaria, y fomentado su uso de tácticas de acción directa.

Restos hallados en una fosa común en Colombia
Restos hallados en una fosa común en Colombia
La Colombia de Uribe esta lejos de ser la excepción a una onda progresista en América Latina, es más realista contemplarla como emblemática de los nuevos líderes totalitarios que combinan elecciones y terrorismo político.

Colombia, tal como la describe Hernando Calvo Ospina, periodista y escritor colombiano residente en Francia, es efectivamente el laboratorio de la extrema derecha. El éxito de Uribe anuncia peligro para los trabajadores, los campesinos y los movimientos populares de América Latina.

Se dice que Colombia constituye una excepción notable en América Latina: sólo ha vivido cinco Golpes de Estado desde su independencia de la Corona española. En 1958 se depuso al general Gustavo Rojas Pinilla, y desde entonces el gobierno ha estado siempre en manos de civiles. Rige cierto modelo democrático. Sin embargo, tan solo en cuatro años fueron asesinados cuatro candidatos a la presidencia: Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo (1990). Con sus particularidades, todos reclamaban reformas, una extraña concepción de lo que es una democracia.

Fuentes

  • BAYER, Osvaldo; BORÓN, Atilio; y GAMBINA, Julio. (2010). El terrorismo de Estado en la Argentina, Buenos Aires, Instituto Espacio para la Memoria.
  • CALVO OSPINA, Hernando. (2007). Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado. Caracas, Editorial: El perro y la rana.

Enlaces Externos

Véase también

  • Apolinar Díaz Callejas, «Colombia bajo doble fuego: crisis interior y señorío de EE UU». Papeles de cuestiones internationales, N° 62, Madrid, 1997.