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Escándalo de los falsos positivos (Colombia, años 1990-2010)

Escándalo de los
falsos positivos
Información sobre la plantilla
Fecha:desde los años 1990
hasta la actualidad
Lugar:Zonas rurales, donde existen verdaderos conflictos con grupos guerrilleros
Descripción:
Militares del Ejército de Colombia asesinan civiles inocentes haciéndolos pasar como «guerrilleros muertos en combate».
Resultado:
Un número indeterminado (entre centenares y más de mil) de civiles asesinados
País(es) involucrado(s)
República de Colombia
Líderes:
 
  • Álvaro Uribe (presidente de Colombia y jefe de las fuerzas armadas durante dos períodos: 2002-2006 y 2006-2010) y
  • Juan Manuel Santos (ministro de Defensa de Uribe, y presidente de Colombia entre 2010 y 2018) 
Ejecutores o responsables del hecho:
Militares colombianos


El escándalo de los falsos positivos en Colombia es como se conoce a las revelaciones hechas a finales de 2006 sobre el involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles inocentes, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del combate a grupos armados irregulares en el país. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate.[1][2]

A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como «ejecuciones extrajudiciales», y en el Derecho Penal Colombiano como «homicidios en persona protegida».[3]

Hechos

Si bien ya se venían conociendo denuncias y especulaciones sobre estos hechos, como la tortura y ejecución de los ancianos Ana Francisca Rodríguez de Castro y Ernesto Castro Chaparro en Rionegro (Santander), en 1985,[4] fue hasta cuando se conoció en los últimos meses de 2008 sobre la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha (vecino a la ciudad de Bogotá) y de la localidad de Ciudad Bolívar (al suroeste de Bogotá), y que aparecían como bajas del ejército en el departamento de Norte de Santander, cuando se hizo de dominio público, denunciado por Luis Fernando Escobar Franco, que en ese entonces era el personero de Soacha. Desde entonces han aparecido otros casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre.[1][5] Por dicha denuncia fueron destituidos varios oficiales y suboficiales del ejército.[6] y el general Mario Montoya (el comandante de esa rama de las Fuerzas Armadas), renunció a su cargo. El presidente Uribe lo premió con un puesto como embajador en República Dominicana,[7][8] Según los críticos del expresidente Álvaro Uribe, dichas revelaciones han puesto en tela de juicio algunos procedimientos de la llamada «Política de Seguridad Democrática» emprendida durante su gobierno.

Aunque no se tiene un número confirmado de víctimas mortales, a octubre de 2009 la Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles «falsos positivos». La Procuraduría en cambio tenía 1043 casos.[1]

Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo, a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.[9][10]

Los desaparecidos de Soacha y Ciudad Bolívar en 2008

La desaparición en 2008 de 19 jóvenes en el municipio de Soacha y Ciudad Bolívar (al suroeste de la ciudad de Bogotá), desató el escándalo. Siendo locaciones casi marginales, los militares engañaron a varias decenas de jóvenes con promesas de trabajo y los trasladaron argumentando que trabajarían principalmente en fincas. Después los vistieron con uniformes camuflados (pero que tenían poco o ningún tiempo de uso, lo que generó sospechas). Aparecieron asesinados 19 jóvenes en Ocaña (departamento de Norte de Santander) y el ejército los presentó como guerrilleros muertos en combate. Algunos de ellos habían muerto 24 horas después de su desaparición y otros dos o tres días más tarde.

Así Clara López Obregón (entonces secretaria de Gobierno de la ciudad de Bogotá) dijo que este caso podría tratarse de «una desaparición forzada con fines de homicidio» y que no era lógico que los jóvenes se convirtieran en combatientes un día después de haber sido reclutados. El general Paulino Coronado Gámez (comandante de la Brigada 30 del Ejército, formado en el centro de torturas Escuela de las Américas, en Panamá)[11] negó tal posibilidad y dijo que se trataba de personas que habían sido reclutadas por la guerrilla y se habían enfrentado al ejército.[12][13]

El entonces senador Gustavo Petro (n. 1960) realizó denuncias en las cuales afirmó que los «falsos positivos» eran responsabilidad del Gobierno, ya que había sido el propio Álvaro Uribe ―a través de Camilo Ospina Bernal (ministro de Defensa)― quien firmó la Directiva Ministerial 029 de 2005,[14] que consistía en ofrecer 3.8 millones de pesos (aproximadamente 1900 dólares) por cada guerrillero o paramilitar muerto, lo que colocó un incentivo para asesinar indiscriminadamente, y que muchas veces los militares y paramilitares en operaciones conjuntas asesinaran civiles.[15][16]

Casos anteriores

El 7 de enero de 2009 un documento desclasificado de la CIA estadounidense, publicado por el NSA (National Security Archive: archivo nacional de seguridad), reveló que desde el año 1994 el Gobierno de Estados Unidos conocía fehacientemente los nexos entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares, y que los «falsos positivos» eran una práctica usual dentro del ejército.[17]

En 2007 salió a la luz pública los hechos ocurridos en San José de Apartadó, vereda (‘zona rural’) del municipio de Apartadó (departamento de Antioquia), en los cuales en el trascurso de una masacre fueron asesinados entre varios civiles, tres niños, que fueron degollados y descuartizados en una operación conjunta entre los paramilitares y el ejército de Colombia en febrero de 2005, en represalia por la muerte 1 oficial y 18 soldados que fueron asesinados en un cerco tendido por las FARC en el municipio de Mutatá (Antioquia). Posterior al hecho se llevó a cabo una campaña de encubrimiento en la cual se culpaba a las FARC de la masacre a través de testimonios falsos que fueron emitidos por los medios de comunicación y el mismo Carlos Alberto Ospina (comandante del ejército) negó la participación del ejército en lo ocurrido. A pesar de ello, a finales de 2007, basados en el testimonio de paramilitares involucrados en el hecho, fue capturado el entonces comandante de la operación, el capitán del ejército Armando Gordillo quien confesó el hecho y se acogió a sentencia anticipada, por el mismo hecho fueron juzgados otros 10 militares.[18]

Denuncias de la ONU

El 27 de mayo de 2010, Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, en informe presentado tras su visita a Colombia, en junio de 2009, denunció que existe «un patrón de ejecuciones extrajudiciales» y que la impunidad abarca el 98.5 % de los casos. El informe señala en varios apartados textualmente lo siguiente:

Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país... Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados «falsos positivos», en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados. Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un reclutador hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados, que informaban luego que habían muerto en combate y manipulaban la escena del crimen.
Informe del 27 de mayo de 2010 de Philip Alston (relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias)[19]

Casos y eventos recientes

Se ha reportado varios casos recientes que concuerdan con la metodología de los "falsos positivos", incluyendo el de Anderson Daza Hernández en febrero de 2015.[5] Según se ha reportado, Daza Hernández murió al recibir disparos en una acción conjunta de Ejército, Policía y Fuerza Aérea, y fue reportado como «guerrillero» sin que se hubiera demostrado ninguna evidencia al respecto. Incluso, a la madre de Daza Hernández se le restringió acceso a reconocer el cadáver de su hijo.[5] Este y otros casos siguen en investigación.

El 2 de septiembre de 2015, la Fiscalía ordenó la captura de otros 22 militares por casos de falsos positivos en los departamentos de Antioquia y Cesar.[20]

En abril de 2017, un juez de Cundinamarca condenó a 21 militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jovenes de Soacha, entre ellos un coronel retirado que fue condenado a 46 años de prisión; las condenas de los demás militares oscilaron entre los 37 y los 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crimenes relacionados a los falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático del Gobierno de la República en contra de la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los victimarios.[21]

Implicados

  • Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República en dos períodos: 2002-2006 y 2006-2010
  • Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Uribe, y presidente de Colombia en dos períodos: 2010-2014 y 2014-2018;
  • general Leonardo Gómez Vergara, excomandante de la Tercera Brigada;
  • general Jairo Antonio Herazo Marzola, excomandante de la Octava Brigada;
  • general Hernando Pérez Molina y Justo Eliseo Peña, excomandantes de la Tercera División, y
  • general Emiro José Barrios, comandante del Batallón Contraguerrilla número ocho.[22]
  • general Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII del Ejército. [23]
  • capitán Armando Gordillo, del Ejército de Colombia, condenado en 2007.
  • teniente Juan Esteban Muñoz Montoya, teniente del Ejército de Colombia. Fue capturado en el aeropuerto El Dorado al regresar al país.[24]

Falsos positivos judiciales

Una modalidad relacionada son los «falsos positivos judiciales». Se les da ese nombre a denuncias y casos comprobados sobre encarcelamiento de civiles inocentes presentados como culpables o sin las pruebas requeridas para su reclusión.[25] La ejecución de esta práctica se presenta de diversas formas y con distintas finalidades. Una de ellas es la detención arbitraria,[26][27] determinada como una de las formas de violación a los derechos humanos. En mayo de 2013 se revivieron denuncias por detenciones de este tipo, ligadas con casos del «escándalo de los falsos positivos».[28] Otra forma consiste en el uso de recolección de información no veraz, fabricación de informes de inteligencia, falso testimonio, y en otros casos a partir de sospechas infundamentadas que conllevan a detención. Las pruebas presentadas contra los judicializados, generalmente cuentan con contradicciones y en ocasiones han sido declaradas como flagrantes o determinadas en contra de derechos fundamentales y derechos humanos.[29]

Según el informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas, la privación arbitraria de la libertad ha sido usada en otros países como una de las prácticas más comunes para encarcelar opositores políticos, disidentes religiosos o para coartar la libertad de expresión, se ha encontrado que estos encarcelamientos se fundamentan también en el marco de la lucha contra el terrorismo.[30]

Existen excepciones no determinadas "falsos positivos judiciales" que poseen características similares, como el caso de civiles judicializados por error debido al parecido de sus nombres con el algún jefe criminal o delincuente.[31]

Tras la muerte de Luis Carlos Galán

Los falsos positivos judiciales han sido una práctica usual dentro del ejército, aunque el tema en Colombia proviene del año 1989 cuando a Alberto Jubiz Hazbum y otras 4 personas les fueron imputados los cargos por el crimen de Luis Carlos Galán estando recluidos durante 4 años en la cárcel y liberados al comprobarse de que no estuvieron en el lugar de los hechos además de determinar que el arma hallada en el lugar del arresto no era correspondiente al arma usada en el magnicidio. Daniel Roberto afirma en una entrevista que el caso de Jubiz Hazbum se trató de un falso positivo hecho por la Policía Nacional de Colombia, debido a la exigencia del presidente de turno Virgilio Barco de dar con los autores materiales e intelectuales del magnicidio y siendo señalado el general (retirado) Óscar Pélaez de la DIJIN como principal implicado de la captura de Jubiz Hazbum y de otros falsos positivos. Un documento desclasificado de la CIA estadounidense, presentado el 7 de enero de 2009 por el agente Rendón y publicado por el NSA (National Security Archive: archivo nacional de seguridad), evidenció que los nexos entre fuerzas militares y grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1994.[32]

Entre 2002 y 2004

Entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004 más de seis millares de personas fueron coartadas de la libertad vulnerando acuerdos y normas establecidas dentro de los derechos humanos. Muchos de los casos carecieron del debido proceso. Así, para este periodo hubo detenciones sin fundamento de prueba, detenciones masivas que desconocieron el derecho internacional en medio de operativos militares y detenciones usadas como mecanismo de persecución política.[33]

Otros casos

Un caso similar al de los jóvenes de Soacha fue el del joven grafitero Diego Felipe Becerra, asesinado el 19 de agosto del 2011 debajo del puente de la Avenida Boyacá con calle 116 en el norte de Bogotá a manos de un patrullero de la policía, quien afirmó haberlo confundido con un asaltante.[34] Versiones de la familia del joven muerto aseguran que la policía lo hizo pasar como delincuente común a quien dieron de baja en medio de un asalto, colocándole un arma de fuego e incluso presentando un falso testigo, quien afirmó ver al joven con otros más asaltando en el puente. Actualmente la familia se encuentra en un proceso jurídico para lograr que el estado reconozca la muerte del joven grafitero. El fiscal general Eduardo Montealegre calificó el caso como un «falso positivo urbano».[35][36]

En la cultura popular

Varios años se realiza en la ciudad de Bogotá una protesta de artistas junto a las Madres de Soacha por todos los asesinados y presentados como «muertos en combate» por el ejército de Colombia: «No disparen: no soy un falso positivo».

  • Postales colombianas, película colombiana de 2011 dirigida por Ricardo Coral narra la historia de tres mujeres de clase media que luego se convierten en blanco de oscuros agentes del estado que buscan falsos positivos para obtener premios en dinero.
  • Silencio en el Paraíso, película colombiana de 2011 dirigida por Colbert Gracía narra la historia de Ronald, un joven entusiasta de barrio marginal de Bogotá que se vuelve una de las centenares de víctimas de militares que buscan con falsos positivos obtener ascensos y recompensas.

Fuentes