Primera Ley de Reforma Agraria en Holguín

Primera Ley de Reforma Agraria en Holguín.
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La ley de Reforma Agraria incorporada en la Constitución de la República.
Fecha:17 de mayo de 1959
Lugar:Holguín
Descripción:
La Primera Ley de Reforma Agraria entregó la tierra al que la trabaja y aunque no eliminó totalmente las relaciones capitalistas en el campo, golpeó al gran latifundio y los monopolios estadounidenses.
Resultado:
Fueron beneficiadas miles de familias campesinas.
Consecuencias:
Agudizó la lucha de clases y la agresividad del imperialismo.
País(es) involucrado(s)
Bandera de Cuba Cuba
Líderes:
Fidel Castro Ruz.
Ejecutores o responsables del hecho:
Instituto Nacional de Reforma Agraria.


Primera Ley de Reforma Agraria en Holguín. De todas las medidas adoptadas por la Revolución en esa primera etapa, la más trascendental fue, sin dudas, la Ley de Reforma Agraria, firmada en La Plata, Sierra Maestra, el 17 de mayo de 1959, que benefició a más de cien mil familias campesinas. Ella asestó un golpe mortal al dominio imperialista sobre Cuba y al viejo cáncer del latifundismo. Anuló el derecho de las compañías y de los ciudadanos extranjeros a poseer tierras en Cuba, excepto en el caso de que estos ciudadanos fueran pequeños agricultores, y fijó en 30 caballerías (402 hectáreas) el máximo de extensión de tierra que podía tener una persona natural o jurídica.

Contexto en que se aprueba la Primera Ley de Reforma Agraria

El resultado de la lucha revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio Batista culminó con el ascenso al poder político de un Gobierno Provisional Revolucionario, representativo de las clases interesadas en el derrocamiento del tirano y en la solución de los problemas más apremiantes de la nación. Se inició una profunda revolución social, sobre todo, después del 16 de febrero de 1959, cuando Fidel asumió el cargo de Primer Ministro, anunció su programa y comenzó a dirigir la política general del Gobierno. Los llamados ministros retrancas, opositores a la profundización del proceso revolucionario, no podrían contener los cambios radicales. Más bien se vieron precisados a decantarse del ejercicio del poder. Había llegado el momento de cumplir el programa del Moncada.

Medidas como la rebaja de las tarifas eléctricas y telefónicas, la rebaja de los alquileres, de medicamentos; la creación del Departamento de Bienestar Social para atender a los desamparados, el uso público de las playas, el saneamiento de la administración pública, entre otras. Contribuyeron a que las más amplias capas sociales, estuvieran indefectiblemente al lado de la Revolución. Fenómeno este que definió la postura radical de la Revolución Cubana. Lo cual preparaba el camino hacia la Reforma Agraria.

En ese recorrido fue significativo que la Ley Fundamental de la República se refiriera a la Reforma Agraria y el consiguiente reparto de tierras, a los tipos de pagos de las indemnizaciones en caso de expropiación forzosa de la tierra. También dispuso la vigencia de la Ley Nº 3 de la Sierra Maestra, y se aclaró su carácter provisional, al tiempo que se informaba el estudio del texto definitivo.[1]

El 3 de febrero de 1959, en una concentración popular en Guantánamo, Fidel demandó del Gobierno Revolucionario la aprobación de una amplia Ley de Reforma Agraria, al tiempo prometió su aplicación. La Ley Nº 3 de la Sierra era insuficiente en las condiciones de Cuba. Días después, el Consejo de Ministros acordó crear una comisión presidida por Humberto Sorí Marín, ministro de Agricultura para el estudio y reglamentación de la Ley Agraria. Debido a los componentes de dicha comisión, Fidel comenzó a reunirse con Ernesto Guevara, Alfredo Guevara, Oscar Pino Santos, Antonio Núñez Jiménez, Segundo Ceballos y Vilma Espín. De las reuniones con este grupo salió el proyecto de Ley Agraria, presentado en abril al Consejo de Ministros.

En medio de este complejo proceso político, tuvieron lugar ocupaciones ilegales de tierra. Unos azuzados por elementos desestabilizadores de la Revolución, otros de manera espontánea. Para poner coto a esta práctica, se adoptó la Ley 87, del 20 de febrero de 1959, referida a la ocupación irresponsable de la tierra. Su contenido subrayó el propósito del Gobierno Revolucionario de realizar una “Reforma Agraria amplia, organizada y justa” Dicha ley consideró antipatriótico y contrarrevolucionario fomentar la anarquía y la desorganización en los campos.[2]

Aplicación de la Primera Ley de Reforma Agraria

A partir de este momento se inició una fase de concientización de los campesinos, sobre la espera de la Ley Agraria; con los obreros, de la necesidad de priorizarla, recabando su apoyo. Se preparó una campaña sin precedentes que la enfocó como medida económicamente elemental para salir del subdesarrollo y la dependencia; como fundamento de la justicia social, para elevar el nivel de vida y como condición indispensable para la futura industrialización del país. Del mismo modo, se intensificó la tarea de crear las condiciones subjetivas y objetivas para la promulgación de la ansiada Ley, en medio de la aplicación de otras medidas económico-sociales también importantes; de presiones de todo tipo, internas y externas para contener el cauce renovador del proceso revolucionario que se anunciaba.

Demostrativo del avance de la política agraria fue el primer reparto de tierras, el 1 de marzo, a los campesinos de Las Martinas en Pinar del Río, donde se otorgaron 340 títulos a igual número de familias.[3] En ese acto Fidel señaló: “(...) esto no es nada, esto es, si acaso, el primer paso por donde empezar (...)”.[4] De hecho, fue el inicio real y objetivo de la Reforma Agraria en Cuba.

Si las medidas anteriores no lesionaron la raíz del andamiaje económico de la Isla, la primera Ley de Reforma Agraria, sin un objetivo socialista, suscitó una gran conmoción en las fuerzas económicas de la nación. Proclamada el 17 de mayo de 1959 desde la histórica Comandancia General de La Plata, en Sierra Maestra, puso de relieve la sensatez revolucionaria en medio de la premura. La aplicación de la ley fue un proceso que abarcó hasta algo más de 1961. Fijó el máximo de tenencia de la tierra en 30 caballerías (402 ha), límite que podía extenderse a 100 caballerías en función de rendimientos productivos por encima del 50% de la media nacional. Fue otorgado en propiedad el mínimo vital de 2 caballerías (26,8 ha) a familias de cinco personas que las trabajaran, las cuales podían obtener hasta 5 caballerías con facilidades de pago. Más de 100,000 familias campesinas fueron beneficiadas, y el Estado se fortaleció con el traspaso del 40% de las tierras.[5] El latifundio fue proscrito, así como la posibilidad para los extranjeros de obtener tierras cubanas. La aplicación de su contenido le otorgó un profundo carácter antimperialista y popular.

Fidel entregando títulos de propiedad de la tierra

Primero se intervinieron las fincas más extensas y en manos de geófagos o que sus dueños no emplearan a los campesinos. Con ellas se organizaron cooperativas. En la segunda fase de la Reforma Agraria en 1960,[6] las plantaciones cañeras fueron cooperativizadas violentándose el desarrollo de las fuerzas productivas, aunque la cooperativa fue válida ante la parcelación de la tierra en pequeños minifundios.[7] A finales de ese año, las cooperativas agropecuarias pasaron a Granjas del Pueblo, un paso de avance, así se restituyó el obrero agrícola.

La ley creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Fidel fungió como su presidente y Antonio Núñez Jiménez como director. Era un organismo técnico que, por sus funciones, devino en una institución estatal de primer orden, pues:

“Fidel duplicó en el INRA las más importantes funciones del Gobierno Revolucionario. A más de las facultades agrarias, el Comandante en Jefe creó, por resolución del organismo, su Departamento de Industrialización, el de Comercialización, el Departamento de Pesca y otros importantes organismos nacidos al calor de la Revolución (…)”.[8]

Con ello ampliaba considerablemente la autoridad y actividad del INRA respecto a otras esferas de la economía nacional. Antes de terminar el año de 1959 “El INRA (era) la Revolución hecha organismo, como la Ley de Reforma Agraria (fue) la Revolución hecha Ley“.[9] Todos los organismos del Estado se vieron precisados a cooperar con el programa del INRA y a los jefes de Zonas de Desarrollo Agrario les fue otorgada jerarquía de máxima autoridad en cada territorio. La acción del INRA fue una forma sui géneris del ejercicio del poder.

También se estructuró el país en Zonas de Desarrollo Agrario (ZDA), vigentes hasta la segunda mitad del año 1961. Fueron concebidas 26 ZDA como homenaje a las acciones del 26 de julio de 1953,[10] pero la práctica demandó la creación de otras hasta completar 29 ZDA, dos en Oriente y una en el centro del país. A partir de 1961 y de acuerdo con los planes del Gobierno, las granjas del pueblo, las cooperativas cañeras y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)[11] fueron los organismos responsables de intensificar la producción de los campos.

La diversificación de los cultivos y de la producción pecuaria caracterizó la Reforma Agraria. Además de incrementarse los cultivos agrícolas de poca producción antes de 1959, aumentó la cría de ganado porcino y bovino y la de aves, ampliándose el mercado interno.[12] Se buscó disminuir las importaciones y suministrar una base de materias primas para la industria nacional. Al revertir la situación económica, el INRA elevó el estándar de vida de los campos en todo el país. La aparcería, el arrendamiento y todas las formas de explotación desaparecieron.

La cristalización de esta Ley constituyó, en ese momento, el colofón del pensamiento cubano alrededor de los temas agrarios desde la época colonial, sustentado por los intereses de clases en cada circunstancia, enriquecido con la experiencia internacional. En ella se sintetizaban las aspiraciones del movimiento campesino desde el nacimiento de esta clase social en la nación.

Por el contrario, la oligarquía y las compañías estadounidenses reaccionaron de forma violenta. No aceptaron la indemnización ofrecida por el Gobierno revolucionario:[13] tanto unos como otros rechazaron este tipo de pago y hasta renunciaron a las 30 caballerías que les dejaba la ley. Iniciaron así una escalada de agresiones de todo tipo impulsadas desde el exterior por Estados Unidos y que desembocaron en una aguda lucha de clases. Los grandes ganaderos mostraron ser el estrato social más reaccionario. Los dueños de grandes extensiones de tierra, especialmente compañías extranjeras, comenzaron a sabotear la producción. Intentaron dividir el movimiento obrero azucarero y atentaron contra la economía y la subsistencia de la población.

Pero las masas no eran simples espectadoras de los cambios sino eran partícipes y protagonistas en vínculo estrecho con la máxima dirección del proceso. El dinamismo de las transformaciones y su honda raíz humanista transformaron la efervescencia revolucionaria en conciencia revolucionaria. Sin duda, la Ley Agraria fue determinante, pues, más que una Reforma, alcanzó la categoría de Revolución Agraria.

Reforma Agraria en Holguín

La Ley de Reforma Agraria, se enfocó como medida económica para salir del subdesarrollo y la dependencia, como fundamento de la justicia social, y como condición indispensable para la futura industrialización del país, se preparó a través de una campaña sin precedentes, con la colaboración de todos los sectores y medios de divulgación. El pueblo holguinero participó de manera entusiasta para hacerla efectiva, mediante la Comisión Pro-Ayuda a la Reforma Agraria y la columna Pedro Díaz Coello, dirigido por el Movimiento 26-7, presidida por la consigna ”Cada barrio urbano, un tractor”, con el objetivo de recaudar medio millón de pesos.

El Congreso Campesino de Holguín, legalizó su asociación como baluarte de la Ley y la Escuela de Instrucción Revolucionaria preparó los cuadros para su aplicación. Esta región perteneció a la Zona de Desarrollo Agrario (ZDA) O-23 con sede en Bayamo y a partir de septiembre de 1959, a la O-28, con cabecera en la ciudad de Holguín.

Las primeras intervenciones se efectuaron a las fincas de mayor extensión, en manos de geófagos, o en las que sus dueños no daban trabajo a los campesinos; con ellas se organizaron cooperativas dedicadas al cultivo de arroz y maíz. El 28 de junio con la intervención de 1880 caballerías pertenecientes a 6 propietarios se hizo efectiva la Ley Agraria en este territorio.

Se generó un movimiento cooperativo motu propio, con pequeños propietarios y arrendatarios, como los de San Andrés, primera cooperativa de este tipo en Oriente, y en Sao Arriba y La Palma, la primera cooperativa industrial. También en los grandes almacenes de tiendas intervenidos, los obreros demandaron esta forma de organización. La cooperativa empleó a miles de hombres. Entre otros beneficios sociales, permitió la organización y la diversificación de la producción agrícola y el fortalecimiento del sector estatal de la economía.

El INRA dirigido por Antonio Núñez Jiménez aplica la Ley de Reforma Agraria en el latifundio de la United Fruit Company

En la medida en que se conocía la inminente aprobación de la Ley de Reforma Agraria, crecía la inquietud de la dirigencia de la United Fruit Company la cual comenzó a movilizarse contra ella, apelando directamente al embajador yanqui. El temor de los funcionarios de la Compañía no era debido solamente al peligro de una expropiación de tierras, sino también la posibilidad de que la tasación que realizara el gobierno fuera hecha de acuerdo a los valores declarados por la Empresa al pagar los impuestos municipales, puesto que estos generalmente eran inferiores a los asignados en los libros.

Entre octubre y diciembre de 1959, la mayor parte de las tierras no sembradas de cañas por la United Fruit Company fueron ocupadas por el INRA. El trámite completo fue legalizado el 25 de abril del año siguiente, fecha en que la Compañía fue notificada oficialmente por los jueces de primera instancia de los municipios de Banes, Antilla y Mayarí, de que las tierras de ambas Divisiones habían pasado al INRA en carácter de "posesión previa". Tenía para su apelación legal hasta el 9 de mayo de ese año. Finalmente, el 6 de agosto de 1960, conjuntamente con el resto de las empresas estadounidenses que operaban en Cuba, fue nacionalizada la United Fruit Company.

A finales de noviembre de 1960, se transformaron en Granjas del Pueblo, donde se crearon centros comunales con más de 100 casas y comodidades para satisfacer necesidades de convivencias.

El INRA, en 1961, intervino las tierras de los que abandonaron el país y las propiedades se redujeron a 30 caballerías, que por excepción, se le habían dejado 50 o se encontraban entre 30 y 50 a los propietarios. Hasta septiembre de ese año, por esta vía pasaron al Estado 653 929 caballerías.[14] Una porción de los latifundios cañeros intervenidos en 1960 se otorgaron en propiedad a los campesinos de la agricultura cañera, al finalizar la zafra.

En el primer trimestre del año 1961, la ZDA-O-28 había entregado 1300 títulos de propiedad con una capacidad variable de 0.25 a 2.00 caballerías.[15] Los remanentes de arrendamientos y partidarios y de ocupación ilegal de la tierra fueron decididos por una Comisión Agraria. Al mismo tiempo comenzó la tramitación de la compra-venta a los campesinos beneficiados por la Ley, en un área superior a dos caballerías y que no excediera de cinco. La diversificación de los cultivos y de la producción pecuaria identificó la Reforma Agraria, además de incrementar productos agrícolas de poca producción antes de 1959 como la papa; se introdujo el kenaf, la trufa, el cafub para el alimento animal, se incrementó la cría de ganado porcino, bovino, aves, ampliándose el mercado interno.

Reforma Agraria en Banes

El Gobierno Revolucionario representado por el comisionado en el municipio, aplicó el programa de la Revolución, que incluía: la liquidación definitiva y la entrega de las tierras a los campesinos, la completa y definitiva ratificación de la soberanía nacional, el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y la defensa y ayuda al desarrollo de la industria y la economía en general.

Banes, junto a Mayarí, pertenecía a la zona de desarrollo agrario (ZDA) O – 24. Para dar cumplimiento a las resoluciones emanadas por el INRA fue designado el Dr. Waldo Medina Méndez. Con la adopción de la Ley de Reforma Agraria las tierras, que fueron el primer elemento de la riqueza nacional arrebatada al municipio por la United Fruit Company, motivaron el conflicto entablado entre esa empresa estadounidense y el gobierno revolucionario. Enfrentó directamente no sólo a la oligarquía nacional sino también al imperialismo yanqui.

Finalmente el 2 de abril de 1960 fue emitida la Resolución No. 2193 – E, 60 del INRA, la cual legalizó la expropiación de la finca rústica denominada central Boston y lotes parcelas procedentes de las haciendas Los Berros, Tacajó, Banes, Mulas, Río Seco, Retrete, Samá y Yagüajay. Las mismas estaban compuestas por 2 980 caballerías de tierras, con previa indemnización por $ 882 747.00 como valor ajustado del inmueble y que constituía el valor agrícola de este y la cantidad de $ 1 413 891.00 como valor ajustado a las fabricaciones, instalaciones, cepas, ganado, maquinarias y equipos, que hacían la cantidad total de $ 2 296 638.00, como valor total ajustado de la finca Central Boston.[16]

Campesinos con sus títulos de propiedad de la tierra

Con la aplicación de la Ley además de haberse nacionalizado el latifundio de la United Fruit Company, se propinó un golpe demoledor a los terratenientes de la localidad: los Quiñones, los Pérez, los Rodríguez, González, Salvador, Panceira, Cárdenas, Domínguez y Carbón.[17]

Todas las tierras confiscadas o nacionalizadas, excepto las que estaban en usufructo de los pequeños agricultores, pasaron a ser propiedad del Estado y se conservaron como grandes empresas agrícolas en forma de granjas del pueblo, cooperativas cañeras y haciendas administrativas. El gobierno de las granjas estaba a cargo de administradores designados por el poder revolucionario que respondían de todos los asuntos ante el Estado. En las plantaciones de caña expropiadas, a medida que iba terminando la zafra de 1960 se fueron organizando cooperativas cañeras y luego, en 1962, pasaron a ser granjas estatales.

Referencias bibliográficas

Fuentes

  • Fuente: M. Sc. Mayra San Miguel Aguilar. Historiadora holguinera. Responsable de actividad científica en la Filial provincial de la UNHIC en Holguín.
  • Cardosa Arias, Santiago: "La United Fruit Company: ahora territorio libre de Cuba", Revista INRA. Año 1, No. 6. La Habana, 1960. pp. 32-33.
  • Clemente, Tirso: “Legislación Revolucionaria”, en Humanismo. Fondo de Cultura Económica, año VII. Nº 53-54. La Habana, Publicaciones Cultural. S. A., enero-abril de 1959.
  • Colectivo de autores: Un caso de dominio imperialista en Cuba. La Habana. Editorial Ciencias Sociales, 1976.
  • Instituto de Historia del Movimiento Comunista y de la Revolución Socialista de Cuba: El Pensamiento de Fidel Castro. Editora Política, La Habana, 1983.
  • MINED: Documentos de nuestra historia. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1971.
  • Núñez Jiménez, Antonio: En marcha con Fidel. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1982.
  • Resolución Nº 142 de 2 de febrero de 1960.
  • San Miguel Aguilar, Mayra: La reforma agraria en Holguín: 1959-1961. Ediciones Holguín, Holguín, 2005.
  • San Miguel Aguilar, Mayra, Hernel Pérez Concepción y José Novoa Betancourt: Síntesis histórica municipal, Holguín. Editora Historia, La Habana, 2010.
  • Entrevista concedida por Fernando Vecino Alegret, jefe de ZDA- O28, a Mayra San Miguel Aguilar, a través de la doctora Rittaly Agüero Feria, La Habana, 3 de mayo de 2003.