Transición española

Transición española El rey Juan Carlos I durante su coronación en 1975. Fecha: 20 de noviembre de 1975-28 de octubre de 1982 Lugar: España Descripción: Período histórico en el cual el gobierno de España realiza una serie de transformaciones en su sociedad con el objetivo de democratizarla, luego del fallecimiento del dictador Francisco Franco. Resultado: España se convierte en una monarquía constitucional. País(es) involucrado(s) Líderes: Juan Carlos I, Adolfo Suárez Organizaciones involucradas: FET de las JONS,UCD,PCE, PSOE,Alianza Popular

Transición española. Período histórico en el cual España atraviesa una serie de transformaciones que perseguían el objetivo de democratizar la vida política económica y social del país, luego del fallecimiento del dictador Francisco Franco. En todo este proceso jugó un papel fundamental el actual monarca español Juan Carlos I, coronado rey de España el 22 de noviembre de 1975. La duración de esta etapa es tema de discusión entre varios autores, siendo el más general el período que va desde el fallecimiento de Franco, hasta el 28 de octubre de 1982, fecha en que la Unión Centro Democrática deja de gobernar, siendo el partido que encabezó las transformaciones necesarias para el cambio de régimen.

Contexto nacional e internacional

La muerte de Franco y el posterior comienzo de las reformas de la sociedad española se dieron en un contexto bastante favorable para las mismas. La Revolución de los Claveles en Portugal, el 25 de abril de 1974, había puesto fin al régimen dictatorial que existía en la vecina nación desde 1933, esta dictadura guardaba una serie de similitudes con el régimen español: a la hora de comenzar los cambios sociales y políticos en ambos países las fuerzas democráticas de derecha eran muy débiles; las fuerzas de izquierda con mejor organización estaban constituidas por los respectivos partidos comunistas de estas naciones y además había una importante presencia de nuevas clases medias que deseaban una transición pacífica dada la experiencia de la guerra civil española y las guerras coloniales portuguesas respectivamente. Se puede agregar que la situación en Portugal causó mucha preocupación en Europa, por cuanto bajo la presión de la Guerra Fría dirigentes de muchos países pensaban que podía desestabilizarse el equilibrio de poderes regional si Portugal se volvía un país de izquierda. Mirando hacia dentro de España, tenemos el asesinato por parte de ETA de Carrero Blanco en 1973, potencial sucesor de Franco, y la firme apuesta por la democracia y la "ruptura democrática" de nuevos dirigentes socialistas del interior, cuyas tesis se impusieron a las del exilio en el Congreso de la UGT de 1971 y en el del PSOE de 1972.

Fuerzas políticas en escena

Franquistas

Cuando muere Franco, las diferencias entre el "bunker", organizado en torno a figuras como Blas Piñar, y los "aperturistas" se agudizaron. Entre estos últimos había políticos veteranos de la dictadura que estaban convencidos de la necesidad del cambio, este era el caso de Fraga o Areilza, y jóvenes que no habían vivido la guerra civil y que iban a desempeñar un papel clave en la transición tal es el caso de Adolfo Suárez, quien será la figura principal en este grupo.

Fuerzas de oposición

Las fuerzas de la derecha liberal eran muy débiles y se agrupaban en torno a figuras como Ruiz Gimenez y Gil Robles o los partidarios de Juan de Borbón, padre del monarca. Entre las fuerzas nacionalistas hay que destacar la aparición de una nueva fuerza hegemónica en Cataluña, Convergència Democràtica de Catalunya dirigida por Jordi Pujol. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) será la fuerza mayoritaria.

Entre las fuerzas de izquierda sobresalía el Partido Comunista de España (PCE), dirigido por Santiago Carrillo, el partido más organizado y activo al acabar la dictadura. El PSOE había celebrado un Congreso en Suresnes (Francia) en 1974 en el que un nuevo grupo dirigente organizado en torno a Felipe González y Alfonso Guerra había llegado al poder. El Partido Socialistas Popular de Enrique Tierno Galván era otra fuerza de izquierda que terminó finalmente por unirse al PSOE.

La hegemonía del partido comunista también se ve reflejada en los sindicatos.Comisiones Obreras era el sindicato más poderoso, mientras que la UGT comenzaba a reorganizarse. La histórica Confederación Nacional del Trabajo se convirtió en una fuerza simbólica. Las diferencias entre el PCE y el PSOE impidieron que la oposición democrática se coaligara en una única alianza. Así, surgieron la Junta Democrática, dominada por el PCE y con fuerte capacidad de movilización y la Plataforma de Convergencia Democrática, donde el PSOE, el PNV y la UGT eran las fuerzas principales.

Papel de Juan Carlos I

Artículo principal:Juan Carlos I de España

Juan Carlos I inicia su reinado sin salirse del cauce de la legalidad franquista. Tomó posesión de la corona española, jurando fidelidad a los Principios del Movimiento, y respetó la Ley Orgánica del Estado de 1966 para el nombramiento de su primer Jefe de Gobierno. Sin embargo, en su discurso ante las Cortes se mostró abierto a una transformación del sistema político español. Los primeros momentos de la monarquía estuvieron caracterizados por la indefinición. Muchos sospechaban que la nueva monarquía sería una mera continuación del franquismo sin Franco. Sin embargo, el nuevo monarca se fue rodeando de un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández Miranda,ex presidente interino del gobierno en 1973, profesor de Derecho Político de Juan Carlos I y partidario de reformar las Leyes Fundamentales del Movimiento mediante sus propias disposiciones para llegar así a la democracia evitando vacíos legales. En palabras del propio Fernández Miranda, se trataba de ir "de la ley a la ley a través de la ley". El plan de cambio político diseñado por los asesores del rey se denominó la reforma. Se trataba de aplicar cambios controlados que garantizaran la intangibilidad de los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema democrático desde las propias leyes franquistas, con la menor violencia posible.

Gobierno de Arias Navarro

En un principio el rey optó por mantener al frente del gobierno a Arias Navarro, quien había presidido el ejecutivo en la fase final de la dictadura. El gobierno incluía a Manuel Fraga en el puesto clave de ministro del Interior y figuras jóvenes procedentes del Movimiento como Adolfo Suárez o Martín Villa.

Carlos Arias Navarro, jefe de Gobierno a la muerte de Franco

El gobierno de Arias fracasó a la hora de implementar un proceso de reformas creíble y respondió con represión a las protestas sociales. Limitándose a promover las leyes de Reunión y Manifestación y de Asociaciones Políticas. La Ley de Reunión y Manifestación ampliaba la libertad para reunirse sin que fuese necesaria una autorización y la Ley de Asociaciones Políticas permitía la creación de grupos políticos, aunque sin el carácter legal de partidos políticos; además debían aceptar los principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales. Una oleada de huelgas se extendió por el país en enero de 1976. La respuesta represiva culminó con los incidentes de Vitoria, en marzo de 1976, cuando cinco trabajadores murieron a manos de la policía, en una huelga iniciada por alrededor de 6000 trabajadores en Vitoria en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Ese mismo mes de marzo, toda la oposición se agrupó en la Coordinación Democrática lo que reforzó las protestas contra el inmovilismo del gobierno de Aria Navarro. Finalmente, el rey, que no había disimulado su descontento con la labor del ejecutivo, destituyó a Arias Navarro en julio de 1976.

Gobierno de Adolfo Suárez

Torcuato Fernández Miranda, logró que en la nueva terna de candidatos a la presidencia del gobierno entrara Adolfo Suárez González a quien le correspondería realizar una operación política de evidente dificultad: convencer a los políticos del sistema franquista instalados en las Cortes para que desmantelaran dicho sistema. De esta forma se respetaba la legalidad franquista y se evitaba, en lo posible, el peligro de una intervención del ejército en el proceso de transición.

Adolfo Suárez, impulsor de las reformas que llevarían a España‎ a la democracia.

El nombramiento de Adolfo Suárez, joven político procedente del Movimiento, como nuevo presidente del gobierno fue recibido con decepción entre la opinión democrática. Pese a que el nuevo gobierno estaba formado por ministros aperturistas, muchos pensaron que Suárez no era el hombre adecuado para liderar el proceso hacia la democracia. En el nuevo gobierno la representación militar permaneció invariable.

El gobierno y los militares

Los militares desafectos a los cambios políticos que se venían produciendo en el país, eran ciertamente un peligro para el proceso, representando potencialmente un posible golpe de Estado contra el gobierno de Súarez. Éste era conocedor de dichos problemas y es por ello que para salvar ésta dificultad, intentó apoyarse en militares liberales del círculo del general Díez-Alegría, a los que intentó colocar en puestos de responsabilidad, como el general Manuel Gutiérrez Mellado. Pero, en julio de 1976, el vicepresidente para asuntos de defensa era aún el general Fernando de Santiago que pertenecía al núcleo más inmovilista, quien además se había opuesto frontalmente a la Ley de Libertad Sindical. El 21 de septiembre Suárez destituyó a De Santiago y nombró en su lugar al General Manuel Gutiérrez Mellado, lo que le ocasionó numerosos enemigos y oposición que se agudizaría con la legalización del PCE meses más tarde, con la dimisión inmediata del Ministro de Marina. Mientras, Gutiérrez Mellado promocionaba a los oficiales partidarios de la reforma para sustituir a los mandos de las fuerzas de seguridad (Policía Armada y Guardia Civil) más partidarios de conservar el régimen. Suárez quería demostrar al ejército que la normalización política del país no implicaba ni la anarquía ni la Revolución. Para lograrlo contaba con la colaboración de Santiago Carrillo, pero se encontraba con violentas respuestas de diferentes grupos terroristas.

Terrorismo de ETA

ETA, después de una relativa tregua en el verano de 1976, reemprendió sus atentados en octubre. Siendo los meses de diciembre y enero protagonistas de violentas acciones que dejaron la situación social y política en una posición muy inestable. Por su parte el GRAPO puso varias bombas y secuestró a dos importantes personalidades del régimen: el Presidente del Consejo de Estado, José María de Oriol, y el General Villaescusa, Presidente del Consejo Superior de Justicia Militar. Mientras duraban estos secuestros, se produce la Matanza de Atocha, donde un comando de ultraderecha mata a cinco abogados del Partido Comunista de España en Madrid. Esto dio paso a que por primera vez, una buena parte de los líderes de la oposición se reunieran con el Presidente del Gobierno publicando un comunicado en el que se denunciaba el terrorismo y se apoyaba la gestión de Suárez.

La reforma política de 1977

Poco tiempo después, en septiembre de 1976, Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política. Era la concreción legislativa del proceso de desmantelamiento del franquismo desde el propio régimen. Esta ley no concretaba cómo iba a ser el nuevo sistema político, simplemente eliminaba los obstáculos que ofrecía el régimen franquista a la implantación de un sistema democrático. Paralelamente, Suárez inicio contactos discretos con la oposición democrática. Los sectores más inmovilistas del franquismo, crecientemente irritados por la evolución política y los atentados terroristas de ETA y el GRAPO, empezaron a conspirar para organizar un golpe militar contra el incipiente proceso de reformas. En septiembre de 1976, Suárez nombró al teniente general Gutiérrez Mellado vicepresidente del gobierno. Gutiérrez Mellado fue una figura clave para controlar el peligro golpista en el Ejército.

Pese a las conspiraciones golpistas y a los actos terroristas de ETA, la conciencia de los cambios eran inevitables, esto llevó a las Cortes franquistas a aprobar en noviembre la Ley de Reforma Política, con 425 votos a favor,59 votos en contra y 13 abstenciones, lo que suponía su "suicidio político". Esta operación fue legitimada sometiendo la nueva ley a un referéndum en el que participó el 77,72% del censo electoral, y el 94,17% de los participantes dieron su aprobación. En este punto ya se podía convocar a las elecciones a diputados para formar las Cortes Constituyentes que redactarían la nueva constitución.

El siguiente paso era legalizar a las fuerzas de oposición de manera tal que pudieran participar en el proceso. Para ello el 8 de febrero de 1977 se aprobó un decreto ley que posibilitó la legalización de la mayoría de los partidos de oposición. Fue necesario además modificar el Código Penal que consideraba sancionable una cuestión tan básica como la pertenencia a un partido político. Los principales partido legalizados fueron:

• Falange y Fuerza Nueva, ambos de corte fascista.

• Alianza Popular, (AP) de Manuel Fraga, que agrupó a parte de la derecha post-franquista, de corte conservador.

• UCD, de Adolfo Suárez, el cual aglutinaba un heterogéneo conjunto de grupos moderados de derechas e izquierdas de ideología diversa: democristianos, socialdemócratas o liberales, y una parte del propio régimen que apoyaban las nuevas reformas.

• Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) liderado por la Convergencia Democràtica de Catalunya de Jordi Pujol y Miquel Roca.

• Partido Socialista Obrero Español , en aquel momento de discurso exaltado, pero de estrategia política pragmática.

La legalización del PCE costó un poco más de trabajo, su líder debió remitirse a los tribunales, quienes consideraron que no violaban la ley, además de que se vio obligado a reconocer la monarquía. Aprovechando el 9 de abril, fecha en que una buena parte del ejército estaba desmovilizado por las festividades de Semana Santa, el gobierno legalizó a los comunistas.

En marzo de 1977 se legaliza el derecho básico de huelga y en abril se decreta la libertad sindical. La amnistía política parcial de julio de 1976 fue declarada total en mayo de 1977. Con estos cambios y la promulgación de una Ley Electoral con las condiciones necesarias para homologarse con las de los países con un sistema de democracia liberal y parlamentaria se llegó a las elecciones generales del 15 de junio de 1977, en las que quedaron representados cuatro partidos políticos, los tres primeros de ideología reformista o progresista, fundamentalmente: UCD 31,1%, PSOE: 28,6%, PCE: 9,4% y de ideología conservadora el AP 8,5%.

Tras las elecciones UCD, siendo el partido ganador, formó gobierno, aunque para ello necesitó el concurso de otras fuerzas políticas, pues no contaba con la mayoría indispensable. Los resultados de las elecciones en Cataluña y el País Vasco, posibilitaron que el gobierno permitiera la creación de instituciones pre-autonómicas. A principios de 1978, Cataluña y País Vasco eran regiones pre-autonómicas. Entre abril y octubre de 1978, se crearon por decreto-ley, organismos pre-autonómicos para el gobierno de Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, País Valenciano, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias.Ante las demandas de autonomía de catalanes y vascos, y en menor medida de gallegos, el gobierno de UCD optó por impulsar la generalización del principio de autonomía regional. Se trataba de lo que coloquialmente se denominó "café para todos" y prefiguró el futuro constitucional de la estructura territorial de España.

Padres de la Constitución española de 1978

La Constitución de 1978

A las pocas semanas de su elección, las Cortes iniciaron los trabajos para elaborar la Constitución. Las Cortes elegidas en 1977 se convirtieron inmediatamente en Cortes Constituyentes. Una Comisión Constitucional se eligió y esta a su vez seleccionó a siete diputados para elaborar un borrador del proyecto constitucional. Estos siete diputados, conocidos como los "padres de la constitución" fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca de UCD; Gregorio Peces-Barba del PSOE;Jordi Solé Turá del PCE; Miquel Roca, en representación de la minoría catalana y del PNV ; y Manuel Fraga de AP. La ausencia de un representante del PNV ligada a la cuestión de los "derechos históricos", tuvo graves consecuencias ya que el principal partido nacionalista vasco no apoyó finalmente el texto constitucional.

Juan Carlos I firmando la constitución de 1978

Durante la redacción de la constitución se trataba siempre de llegar a un consenso, evitando repetir la triste tradición española de "constituciones de partido" que habían caracterizado el siglo XIX español. Aquellas cuestiones que suscitaban mayores diferencias fueron redactadas de tal forma que pudieran ser aceptadas por las diversas fuerzas políticas. Esta es la razón de la cierta ambigüedad que se puede encontrar en algunos artículos de la Constitución.

Tras su debate en el Congreso y en el Senado, el texto final fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados por 316 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Finalmente, el Proyecto de Constitución fue sometido a referéndum ciudadano el 6 de diciembre de 1978. La Constitución quedó aprobada con un 87,87% de votos afirmativos.

Contenido de la Constitución

En el título preliminar se contienen los principios fundamentales de la Constitución:

Se define a España como un Estado social y democrático de Derecho, se proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo y se define la forma política del Estado como una Monarquía parlamentaria.

El artículo 2 integra la unidad de España como nación con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta es una de las grandes novedades de la Constitución. El título I es el más extenso de la Constitución y contiene los derechos, libertades y deberes de los españoles.

Aquí se recogen los derechos individuales como el derecho a la vida, a la integridad física, la libertad ideológica, religiosa y de culto, a la libertad de expresión, a la educación, etc. También se incluyen algunos derechos sociales como la protección a la familia, disponer de una vivienda digna, disfrutar del medio ambiente, derecho al trabajo, a la protección de la salud, etc.

La única modificación realizada en la Constitución hasta el año 2006 se realizó en 1992 para conceder el derecho al voto en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en España. Esta modificación se hacía necesaria tras la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea.

En lo que se refiere a la Corona se establece que el Rey es el Jefe del Estado y se fijan sus funciones, atribuciones y prerrogativas. Su poder es formal. La Constitución establece la separación de poderes y organiza los poderes del Estado:

Las Cortes están formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas son elegidas por sufragio universal y ejercen el poder legislativo. El Gobierno, ejerce el poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior de España. También tiene potestad legislativa ya que puede presentar proyectos de leyes a las Cortes y desarrolla los reglamentos de las leyes aprobadas. El Presidente del Gobierno es investido por el poder legislativo. Los Jueces y magistrados ejercen el poder judicial. Se crea el Tribunal Constitucional cuya función es evitar cualquier violación de la Constitución y vigilar que no haya leyes que contradigan al texto constitucional. Es también el máximo órgano encargado de proteger los derechos y libertades fundamentales.

En su título VIII la Constitución de 1978 trató de abordar uno de los problemas históricos de España: aunar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades que lo componen. Se establecieron los cauces legales para que los territorios que lo desearan y que cumplieran una serie de requisitos pudieran constituirse en Comunidades autónomas.

Las Comunidades Autónomas que se constituyeran tendrían un Estatuto de Autonomía en el que se recogerían las competencias que asumían. Los Estatutos de Autonomía deben ser aprobados por las Cortes Generales. La Constitución también establece el principio de solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del territorio español.

Fin del gobierno de UCD

Tras aprobarse la Constitución, las Cortes fueron disueltas y en las nuevas elecciones celebradas el 1 de marzo de 1979 volvió a triunfar la UCD de Suárez, sin embargo en las elecciones municipales UCD no corrió tal suerte, las primeras democráticas desde la II República, celebradas poco después. La izquierda conquistó los principales ayuntamientos mediante la alianza del PSOE y el PCE.

El proceso de deterioro político iniciado en 1979, culminó con el golpe de estado frustrado en 1981. Las principales causas del mismo pueden denotarse como:

• La brutal campaña terrorista de ETA que causó 77 muertos en 1979 y 95 en 1980. Esos fueron los dos años más letales de la banda.

• El consiguiente desasosiego en los círculos militares de extrema derecha que iniciaron contactos para la preparación de un golpe.

• El fin del consenso con el inicio por parte del PSOE de una dura campaña de oposición.

• La aprobación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña a fines de 1979 y las consiguientes elecciones autonómicas que dieron mayoría a las fuerzas nacionalistas. Convergència y Unió de Jordi Pujol y el PNV.

• La crisis interna de UCD. Las disensiones y críticas internas en un partido que había nacido de forma artificial fueron minando poco a poco la posición de Suárez, a menudo enfrentado con miembros de su propio partido.

Todos estos factores precipitaron la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981. Calvo Sotelo, dirigente de UCD, fue designado candidato a la presidencia. Tras no obtener mayoría suficiente en una primera votación, se fijó para el día 23 de febrero la segunda votación para su investidura.

Golpe de Estado de 1981

Mientras se celebraba la votación de investidura, el 23 de febrero, un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Tejero entraron en las Cortes secuestrando al poder legislativo y ejecutivo. El capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, decretaba el estado de guerra y publicaba un bando que recordaba los del verano de 1936. El segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada, era otro de los principales golpistas.

El coronel Tejero durante el golpe de Estado de 1981

El golpe no contó, sin embargo, con el apoyo unitario del ejército. La labor de algunos militares como el capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, posteriormente asesinado por ETA, fue clave para abortar el golpe. El momento decisivo llegó en la madrugada cuando el rey se dirigió a los ciudadanos, explicando las órdenes que había transmitido a los altos cargos militares de sumisión al orden constitucional.

Calvo Sotelo gobernó sólo un año y medio en un período marcado por la descomposición de su propio partido, la aprobación de la Ley del Divorcio con una fenomenal oposición de la Iglesia y el escándalo del envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado. En mayo de 1982, con la oposición de los partidos de izquierda, España ingresó en la Organización del Atlántico Norte (OTAN). Calvo-Sotelo disolvió el Parlamento y convocó a elecciones en octubre de 1982. El PSOE consiguió un triunfo arrollador con más de 10 millones de votos y mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El proyecto de "cambio" de Felipe González había arrollado a una UCD que casi desapareció en las elecciones y fue sustituida por la Alianza Popular de Manuel Fraga como el principal partido de la derecha.

Véase también

• Juan Carlos I
• Franquismo
• Dictadura franquista
• Golpe de estado de 1981

Fuentes

• La transición política.
• El proceso constitucional.
• Gobiernos democráticos y la integración en Europa.