Ataque de Estados Unidos a Venezuela

Ataque de Estados Unidos a Venezuela
Parte de Operación Lanza del Sur
Nicolás Maduro detenido, en chándal gris y a bordo del buque USS Iwo Jima. Publicada por Donald Trump, el 3 de enero de 2026 a las 11:23 hora local (17:23 hora en España)
Fecha	3 de enero de 2026
Lugar	Caracas, La Guaira, Aragua, Miranda, Venezuela
Causas	Ejecución de orden de captura emitida por tribunales federales de EE. UU. contra Nicolás Maduro
Resumen	Incursión militar puntual de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas, con el objetivo declarado de secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El gobierno de EE. UU. calificó la acción como legal; varios gobiernos la denunciaron como una violación de la soberanía venezolana.
Resultado	Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a EE. UU. bajo custodia militar. El gobierno venezolano quedó acéfalo y se declaró en emergencia nacional.
Consecuencias	Reacciones internacionales divididas; condena de gobiernos como Cuba y China; protestas diplomáticas; crisis institucional en Venezuela
Territorio	Sin cambios territoriales
Beligerantes
* Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM) 1.º Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales-Delta (Delta Force) 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (SOAR) Agencia Central de Inteligencia (CIA) Mando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM)	* Guardia Presidencial de Venezuela Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Milicia Bolivariana Asesores militares extranjeros (según reportes no confirmados)
Comandantes
Donald Trump (comandante en jefe); oficiales del SOCOM (no identificados)	Nicolás Maduro; Vladimir Padrino López
Fuerzas en combate
Aprox. 300 efectivos (fuerzas especiales y apoyo aéreo)	Estimado: 1 200 efectivos en Caracas (según fuentes locales)
Bajas
2 heridos (según fuentes estadounidenses)	Más de 80 muertos (según medios locales); 32 militares cubanos fallecidos (según gobierno cubano)

Ataque de Estados Unidos a Venezuela (2026). El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación militar puntual en Caracas, Venezuela, con el objetivo declarado de secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. La acción, denominada Operación Determinación Absoluta (en inglés: Operation Absolute Resolve), fue confirmada por el presidente estadounidense Donald Trump y forma parte de la Operación Lanza del Sur. Mientras el gobierno de Estados Unidos la calificó como una acción legal basada en cargos federales, varios gobiernos y organismos internacionales expresaron preocupación por su legalidad y por las implicaciones para la soberanía venezolana.

Objetivos

Objetivo declarado

La administración estadounidense señaló como motivo oficial de la operación la ejecución de las órdenes de captura emitidas por tribunales federales de EE. UU. contra el presidente Nicolás Maduro, acusado de delitos como narcotráfico y conspiración.

Objetivos según gobiernos críticos

Gobiernos que condenaron la acción interpretaron que perseguía fines geopolíticos más amplios:

• Desestabilización y cambio de régimen.
• Control de recursos estratégicos.
• Interrupción de la cooperación internacional.

Antecedentes

Desde 2008, diversas investigaciones internacionales señalaron la existencia del denominado Cartel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico integrada por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Departamento de Justicia de EE.UU. vinculó a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios con esta estructura, acusándolos de conspirar para introducir cocaína en territorio estadounidense. Washington ofreció una recompensa por su detención, en el marco de la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros.

Las acciones de EE. UU. contra Venezuela han estado marcadas por una escalada de sanciones económicas y diplomáticas, que se intensificaron hasta alcanzar la agresión militar.

2015

Marzo: El entonces presidente de EE. UU., Barack Obama, declaró una emergencia nacional contra Venezuela, tras considerar que la situación política del país caribeño constituía «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad y política exterior de Washington. El Decreto 13692 sentó las bases jurídicas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.

2017

Se imponen las primeras sanciones financieras significativas, dirigidas a funcionarios específicos del Gobierno venezolano.

Trump promulga el Decreto 13808, a través del cual prohibió la compra directa o indirecta de valores procedentes del Gobierno de Venezuela; recrudeciendo el boicot financiero y la política de aislamiento de la banca privada y pública, y afectando gravemente las operaciones de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA). Fuerte caída en la capacidad importadora de la nación.

2018

Se aplicaron más sanciones tras las elecciones presidenciales, consideradas fraudulentas por parte de EE. UU.

Trump dictó el Decreto número 13827, que prohíbe toda transacción relativa a la expedición y el uso de cualquier tipo de dinero electrónico, moneda digital o token digital por parte del Gobierno de Venezuela. Semanas antes, Venezuela había lanzado la criptomoneda Petro.

Mayo: Tras la reelección de Maduro, arremeten con el Decreto 13835, que recrudeció las prohibiciones de transacciones u operaciones de refinanciamiento de la deuda venezolana.

En noviembre, con el Decreto 13850, Trump estableció un marco para bloquear los activos y prohibir las transacciones de personas que operaran en el sector oro o «en cualquier otro sector de la economía que determine el Secretario del Tesoro».

2019

Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela, desconociendo la autoridad de Nicolás Maduro, intensificando la presión diplomática y declarando una agresión económica en toda su magnitud.

En enero la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro clasificó como «empresa designada» a PDVSA. Fueron bloqueados todos los bienes y las participaciones de la estatal petrolera que se encontraban dentro de la jurisdicción de EE. UU. (incluyendo la filial Citgo), y se prohibió, en términos generales, que los ciudadanos y las compañías estadounidenses realizaran operaciones con la empresa.

En agosto, la orden ejecutiva 13884 amplió el programa de sanciones a la categoría de «embargo».

2020

Trump envió una carta al Congreso estadounidense para extender «más allá del 8 de marzo del 2020» la Orden Ejecutiva 13692, con respecto a la situación en Venezuela.

El Gobierno Bolivariano interpuso ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia contra las autoridades de EE. UU. por «crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano».

El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó acusaciones judiciales formales contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios por narcotráfico y «narcoterrorismo», ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su arresto.

2024

Maduro gana las elecciones presidenciales de Venezuela; sin embargo, la oposición y el Gobierno de EE. UU. reconocen a Edmundo González como legítimo vencedor.

2025

Julio: El gobierno de Trump incluyó al Cártel de los Soles, al que describió como un «grupo criminal radicado en Venezuela», en una lista de grupos terroristas globales, y declaró que Maduro era su líder.

Agosto: Trump firmó una orden secreta en la que ordenaba al ejército estadounidense que utilizara la fuerza contra los cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno identificaba como organizaciones terroristas. Se reportó un aumento de la presencia naval y el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe como parte de operaciones contra el narcotráfico.

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, anunció que el Gobierno había aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la detención de Maduro.

Septiembre: Se reportan ataques aéreos estadounidenses contra lanchas sospechosas de transportar drogas, dejando como saldo 11 fallecidos. Maduro calificó el ataque de «crimen atroz», y dijo que Estados Unidos debería haber capturado a quienes iban a bordo si se creía que transportaban drogas.

Luego, el ejército estadounidense atacó otras dos pequeñas embarcaciones, causando la muerte de otras seis personas.

En respuesta, dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron buques de guerra estadounidenses en el Caribe en una demostración de fuerza tras el primer ataque mortal a una embarcación.

Maduro envió una carta a Trump insistiendo en que su país no exportaba drogas. La Casa Blanca respondió que no había modificado su postura.

Octubre: Trump confirmó haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Además, dio instrucciones a Richard Grenell, enviado especial y presidente del Centro Kennedy, para que suspendiera toda relación diplomática con Venezuela.

El ejército estadounidense llevó a cabo un ataque contra un buque semisumergible en el mar Caribe, en el que murieron dos hombres que se encontraban a bordo. Otras dos personas fueron rescatadas.

Varias embarcaciones venezolanas fueron atacadas en ese periodo dejando como saldo no pocos fallecidos. Trump señaló en conferencia de prensa que no pediría la aprobación del Congreso para llevar a cabo ataques militares contra los narcotraficantes, y el Pentágono anunció que el portaaviones Gerald Ford y los buques de guerra y aviones de ataque que lo acompañaban se desplegarían en aguas próximas a Latinoamérica.

Noviembre: Trump declaró, en una entrevista emitida en el programa 60 Minutes, de la CBS, que no descartaba por completo la posibilidad de ataques terrestres a Venezuela.

EE. UU. sobrepasó la cifra de más de 20 ataques contra los supuestos cárteles de la droga y elevó el número conocido de personas fallecidas a 80.

The New York Times informó que Trump y Maduro habían hablado para discutir sobre una posible reunión.

Trump dijo en redes sociales que el espacio aéreo «sobre y alrededor de Venezuela» debía considerarse «cerrado en su totalidad», aunque no tenía autoridad sobre ese tema.

Diciembre: Un ataque en el Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas en un momento de mayor escrutinio sobre la legalidad de la campaña militar estadounidense, y casi dos semanas después del anterior ataque a un barco.

Trump anunció la incautación de un buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela. Fueron impuestas nuevas medidas al sector petrolero de Venezuela y a los familiares de Maduro. Se bloquearon decenas de millones de dólares en petróleo a bordo del petrolero incautado.

El 15 de diciembre, el ejército estadounidense atacó tres embarcaciones en el Pacífico oriental, causando la muerte de ocho personas, porque «las embarcaciones navegaban por una ruta conocida de narcotráfico».

En ese mismo mes, Trump ordenó un «bloqueo total» de los petroleros sancionados que entraran o salieran de Venezuela y tuvieron lugar tres ataques más.

A finales de año, la Guardia Costera de EE. UU. intentó interceptar el buque petrolero Bella 1 y retuvo al Centuries, buque con bandera panameña que transportaba petróleo venezolano para China.

Durante varios días, el ejército estadounidense intensificó sus operaciones en el Caribe, enviando diversos vuelos de transporte C-17 desde bases de todo EE. UU. y Japón a Puerto Rico.

También tuvieron lugar ataques con drones contra una instalación portuaria y hacia varias embarcaciones. Hasta el 31 de diciembre, al menos 115 personas habían muerto en 35 ataques contra embarcaciones desde el 2 de septiembre.

2026

Enero: Las agresiones alcanzaron un punto crítico, desencadenando una crisis militar importante, con un aumento del despliegue militar. La operación combinó ataques aéreos de precisión para supresión de defensas y una incursión helitransportada de fuerzas especiales.

Objetivos Clave: La Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota), en el centro de Caracas, fue inutilizada para prevenir el despegue de aeronaves o la fuga aérea. Fuerte Tiuna, el complejo militar central y sede del Ministerio de Defensa, fue golpeado con municiones de precisión, al igual que instalaciones en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Trump anunció, el 3 de enero, el éxito de la operación en la red social Truth Social, e informó que Estados Unidos había «capturado» al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, a quienes trasladaba hacia Nueva York, para ser juzgados.

Desarrollo de la operación

La madrugada del 3 de enero de 2026, unidades del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM) ingresaron al espacio aéreo venezolano. El objetivo central se concentró en Caracas, donde, con apoyo de inteligencia de la CIA, lograron detener a Nicolás Maduro y Cilia Flores en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Hubo debate mediático sobre el lenguaje empleado para describir la captura, incluyendo la instrucción reportada a periodistas de evitar el término “secuestro”.

Consecuencias

La extracción ilegal de Nicolás Maduro generó una crisis institucional en Venezuela. El Tribunal Supremo calificó la operación como un “secuestro internacional”. La Asamblea Nacional declaró la ausencia absoluta del presidente y activó mecanismos constitucionales de contingencia.

La prensa cubana, a través de Cubadebate, acompañó la narrativa oficial con imágenes y análisis sobre el traslado de Maduro.

Evaluación jurídica

La operación estadounidense generó numerosas dudas jurídicas desde la óptica del derecho internacional y la soberanía estatal. En paralelo, la ONU convocó una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad, subrayando que “el poder de la ley debe prevalecer”.

Los acontecimientos en Venezuela generarón repercusiones inmediatas a nivel mundial, tanto en medios de comunicación como en foros diplomáticos y organismos internacionales. La actuación de un Estado en el territorio de otro, fuera de los cauces multilaterales establecidos, transforma un conflicto interno en un asunto de Derecho Internacional, con implicaciones que trascienden fronteras y afectan la estabilidad regional y global. Esta situación exige un análisis riguroso desde los instrumentos jurídicos vigentes y los principios que sostienen el orden internacional contemporáneo.

La Carta de las Naciones Unidas (1945, Artículos 2.4 y 2.7) establece que todos los Estados miembros deben abstenerse de recurrir a la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, y deben resolver las controversias por medios pacíficos. Estas normas reflejan un consenso global sobre la primacía de la legalidad frente a la fuerza y constituyen la base del orden internacional contemporáneo. La violación de estas normas no solo afecta a los Estados involucrados, sino que debilita la confianza en los mecanismos multilaterales y en la eficacia de la ONU.

La relevancia jurídica de estos hechos no se limita al ámbito bilateral. Cualquier acción militar unilateral establece un precedente que puede debilitar la práctica multilateral y alterar los equilibrios de poder regionales. La comunidad internacional observa atentamente estas situaciones, pues determinan la efectividad de los mecanismos de prevención de conflictos, la credibilidad de la ONU y la vigencia de los principios de soberanía y no intervención como pilares del orden internacional.

Soberanía y no intervención: los pilares comprometidos

El principio de soberanía garantiza que cada Estado ejerza autoridad plena sobre su territorio, población y recursos, sin injerencias externas. La no intervención, complementaria, prohíbe la interferencia en los asuntos internos de otro Estado. Ambos principios están codificados en la Carta de la ONU (Artículos 2.4 y 2.7) y forman parte del Derecho Internacional consuetudinario, reconocido en la práctica de tribunales internacionales y resoluciones de la ONU. La vulneración de estos principios afecta no solo al Estado involucrado, sino al conjunto de relaciones internacionales y a la estabilidad jurídica global.

El Artículo 51 de la Carta de la ONU reconoce la legítima defensa frente a un ataque armado, pero establece criterios estrictos de proporcionalidad y necesidad. Esto asegura que ningún Estado pueda invocar seguridad nacional o intereses estratégicos como pretexto para intervenir en otro país sin base jurídica. Esta norma refleja la preocupación internacional por mantener la fuerza como excepción y no como regla. La soberanía está también vinculada con la cooperación internacional. La violación de este principio afecta a la diplomacia preventiva, la mediación y las resoluciones del Consejo de Seguridad, que buscan evitar la escalada de conflictos.

Excepciones al uso de la fuerza: legítima defensa y autorización del Consejo de Seguridad

El Derecho Internacional reconoce solo dos excepciones estrictas al principio de prohibición de la fuerza: la legítima defensa frente a un ataque armado real o inminente, y la autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU para mantener o restaurar la paz. Estas normas buscan que la fuerza sea la excepción, no la regla, y que cualquier intervención se realice bajo criterios objetivos y multilaterales. La legítima defensa, prevista en el Artículo 51 de la Carta de la ONU, debe cumplir criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad. No se trata de justificaciones políticas, sino de respuestas frente a agresiones concretas. Cualquier acción que se realice fuera de estos supuestos carece de respaldo jurídico y compromete la integridad del sistema internacional. El Consejo de Seguridad, según los Artículos 39-42 de la Carta de la ONU, tiene la facultad exclusiva de autorizar acciones coercitivas. Esto incluye sanciones, operaciones de mantenimiento de la paz o, en casos extremos, la autorización de intervenciones militares. La ausencia de resolución autorizando las acciones recientes en Venezuela constituye un déficit jurídico que afecta la legitimidad internacional de estas operaciones.

Estas excepciones reflejan la tensión entre soberanía y seguridad internacional. Permitir la fuerza unilateral debilita el sistema multilateral y crea precedentes peligrosos que pueden ser replicados por otros Estados en situaciones futuras. La práctica responsable de estas excepciones es esencial para preservar el orden jurídico global.

Implicaciones sobre la soberanía y la inmunidad

Actuar militarmente en territorio ajeno sin consentimiento ni respaldo del Consejo de Seguridad viola el principio de integridad territorial y la no intervención, consagrados en el Derecho Internacional consuetudinario y la Carta de la ONU. Esta violación no solo compromete al Estado afectado, sino que debilita los mecanismos de prevención de conflictos y la confianza en la legalidad internacional.

El Derecho Internacional reconoce inmunidad a los jefes de Estado en ejercicio frente a jurisdicciones extranjeras, tal como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961). Esta inmunidad busca evitar conflictos entre Estados y garantizar vías legales multilaterales para exigir responsabilidades. Su violación puede generar crisis diplomáticas y socavar la legitimidad de los tribunales internacionales. No significa impunidad, sino que la rendición de cuentas debe realizarse mediante mecanismos reconocidos internacionalmente, como tribunales internacionales competentes, sanciones diplomáticas o resolución de conflictos a través de organismos multilaterales. La ausencia de estos mecanismos incrementa el riesgo de arbitrariedad y desestabiliza la seguridad jurídica internacional.

El respeto a la soberanía y la inmunidad de los jefes de Estado es esencial para garantizar un orden internacional estable. La política exterior sostiene que cualquier violación de estos principios socava la paz global y debilita la arquitectura jurídica que protege a todos los Estados, especialmente a los más vulnerables. La práctica unilateral de la fuerza sin respaldo jurídico también afecta la percepción internacional sobre la imparcialidad del Derecho, generando precedentes que otros Estados podrían invocar en el futuro. Por ello, la observancia estricta de la soberanía y la inmunidad no es solo un principio ético, sino un requisito práctico para la estabilidad mundial.

Reconocimiento político versus normas jurídicas

El hecho de que algunos Estados no reconozcan a un gobierno no elimina la obligación de cumplir normas jurídicas internacionales. La soberanía y la integridad territorial son obligaciones objetivas, independientes de debates sobre legitimidad política o reconocimiento diplomático. Esta distinción es esencial para el público internacional, que necesita comprender que la legalidad no depende de simpatías o desacuerdos políticos, sino de normas universales y vinculantes.

Incluso en contextos de crisis política o disputas internas, el Derecho Internacional impone límites claros a las intervenciones externas. Los Estados pueden cuestionar la legitimidad de un gobierno, pero no pueden usar ese argumento para justificar acciones militares en territorio ajeno. Este principio protege a todos los Estados, evitando que los conflictos internos se conviertan en conflictos internacionales.

El respeto a las normas jurídicas internacionales también protege a los Estados más débiles frente a presiones de potencias mayores. En un sistema global donde la fuerza podría imponerse sobre el Derecho, estas normas actúan como un freno indispensable para la estabilidad regional y mundial. Mantener esta distinción permite al público internacional evaluar los hechos de manera objetiva, reconociendo que la legalidad internacional sigue vigente incluso ante situaciones complejas de legitimidad política.

Consecuencias jurídicas internacionales

Los hechos pueden generar reclamaciones diplomáticas, debates en organismos internacionales y un debilitamiento del sistema multilateral si se aceptan como práctica habitual. La construcción del Derecho Internacional se basa en la práctica de los Estados: la violación de la regla de no intervención hoy puede justificar acciones similares mañana. La experiencia histórica muestra que la normalización de la fuerza unilateral debilita la eficacia de la ONU y de los tratados internacionales, erosionando los mecanismos de resolución pacífica de conflictos y la confianza entre Estados. Esto puede afectar la estabilidad regional, la seguridad jurídica y el respeto de los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas.

En América Latina y el Caribe, donde la defensa de la no intervención ha sido histórica, cualquier quiebre de este principio representa un riesgo para la paz regional y un retroceso en los mecanismos de cooperación. La práctica unilateral crea un precedente que otros Estados podrían invocar en situaciones futuras, generando inseguridad jurídica y desconfianza.

Reacciones

Después del ataque perpetrado el 3 de enero de 2026 por Estados Unidos contra Venezuela, muchos países, presidentes, organizaciones y personalidades en todo el mundo han rechazado la violación de la soberanía venezolana, el derecho internacional y la Carta de la Naciones Unidas.

Venezuela

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela expresó el 3 de enero que se desconocía el paradero de Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, quienes habían sido detenidos por el ejército estadounidense, por lo que ha exigido al presidente de la Casa Blanca, Donald Trump, una "prueba de vida inmediata". En su discurso de juramentación como presidenta encargada, llamó a todos los sectores del país, políticos, sociales, económicos, entre otros, a comprometerse a "sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenazas contra la estabilidad y la paz de la nación", en el acto agregó: "Vengo con dolor, por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los EE.UU. de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país, Cilia Flores".

Estados Unidos

Cientos de manifestantes protestaron frente al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn en la que está encerrado Maduro donde grupos sociales y organizaciones estadounidenses acusan a la administración Trump de secuestrar al presidente de Venezuela y expresan su rechazo a una posible intervención militar, mientras denuncian intereses geopolíticos y exigen frenar nuevas acciones bélicas en la región. "¡No más golpes de Estado! ¡No más guerras! ¡América Latina no es vuestra!" fue una de las consignas que se repitió. Según consignó The People Forum, la movilización reunió a ciudadanos y representantes de organizaciones sociales estadounidenses que exigieron el cese inmediato de acciones militares y denunciaron intereses geopolíticos en la región. A.N.S.W.E.R., organización con amplia trayectoria en la convocatoria de manifestaciones contra políticas bélicas, señaló: "Esta Administración Trump ha cometido un nuevo e indignante acto de guerra atacando Venezuela y secuestrando al presidente del país". La agrupación acusó a la administración estadounidense de buscar el control de los recursos venezolanos, en particular el petróleo, y de utilizar motivos como el combate al narcotráfico o la promoción de la democracia como pretextos para ejecutar una estrategia de dominación en América Latina. La protesta frente al centro penitenciario de Brooklyn formó parte de una serie de acciones colectivas que han tenido lugar en todo el país, según explicó la Coalición A.N.S.W.E.R.. El grupo destacó que la ciudadanía estadounidense mayoritariamente rechaza la política bélica y criticó el uso de recursos fiscales para financiar intervenciones militares "mientras hay familias trabajadoras que no llegan a fin de mes"

Cuba

El 3 de enero el Gobierno cubano en declaración oficial planteo:

El Gobierno Revolucionario condena en los términos más enérgicos la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, a la vez que reitera de forma categórica el absoluto respaldo y solidaridad de Cuba con la hermana República Bolivariana y su gobierno. Apoya la alocución de la Vicepresidenta Ejecutiva, compañera Delcy Rodríguez y respalda su reclamo a que el gobierno de Estados Unidos brinde fe de vida del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores, así como la determinación del gobierno bolivariano y chavista, y su pueblo de rechazar la agresión y defender su independencia y soberanía.

La cobarde agresión estadounidense es un acto criminal, violatorio del Derecho Internacional y la Carta de la ONU. Constituye una escalada peligrosa de la campaña de guerra sostenida durante años por Estados Unidos contra esa hermana nación, que se intensificó desde septiembre de 2025 con el despliegue naval agresivo en el mar Caribe, bajo pretextos mendaces y acusaciones infundadas sin evidencia alguna.

Cuba reclama enfáticamente la inmediata liberación por parte de las autoridades estadounidenses del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores.

Se trata de una descarnada agresión imperialista y fascista con objetivos de dominación, que pretende reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre Nuestra América, ancladas en la Doctrina Monroe, y la meta de tener acceso y control irrestricto sobre las riquezas naturales de Venezuela y la región. Busca también amedrentar y avasallar a los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Las consecuencias de este acto irresponsable están por verse. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su Secretario de Estado, junto a los elementos agresivos y enemigos de Latinoamérica y el Caribe que tanta influencia política han adquirido en ese país, tienen absoluta responsabilidad por las muertes, y el daño humano y material ya causado, y que pueda resultar de la agresión.

Los gobiernos de la región, en representación de sus pueblos, suscribieron unánimemente en enero de 2014, en La Habana, la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aspiración que hoy se ve bajo ataque de Estados Unidos.

La comunidad internacional no puede permitir que permanezca impune una agresión de esta naturaleza y gravedad contra un Estado Miembro de la ONU, que se secuestre con una operación militar al presidente legítimo y en ejercicio de un país soberano sin encarar consecuencias. Venezuela es un país pacífico, que no ha agredido a Estados Unidos, ni a nación alguna.

Por esa nación hermana y por su pueblo, estamos dispuestos a dar, como por Cuba, hasta nuestra propia sangre.

El Gobierno Revolucionario llama a todos los gobiernos, parlamentos, movimientos sociales y pueblos del mundo a condenar la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, y a enfrentar este acto de terrorismo de Estado que amenaza la paz y la seguridad internacionales, y pretende imponer una nueva doctrina de dominación del imperialismo estadounidense en el mundo y en América Latina y el Caribe en particular.

Presidente cubano Miguel Díaz-Canel junto a otros dirigentes y el pueblo cubano en la Tribuna Antimperialista

En la mañana del 3 de enero en la Tribuna Antimperialista, miles de cubanos se reunieron condenando la agresión militar a Venezuela y respaldó a su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dejó claro que “Estados Unidos no tiene autoridad moral ni legal de ningún tipo para sacar por la fuerza de su país al presidente venezolano”, pero lo declaró “responsable ante el mundo de la integridad física de Maduro”. Se sumó al llamado de las autoridades venezolanas para exigir una prueba de vida del Presidente y de Cilia Flores. "Nunca todas la naciones del mundo se vieron sometidas al poder y los caprichos de quienes dirigen una superpotencia con un poder al parecer sin límites, de cuya filosofía e ideas políticas y nociones de ética nadie tiene la más mínima idea. Sus decisiones son prácticamente impredecibles e inapelables. La fuerza y la capacidad de destruir y matar parecen estar presentes en cada uno de sus pronunciamientos".

Pueblo cubano exigiendo la liberación del presidente de Venezuela

Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y Héroe de la República de Cuba], denunció el "cobarde y vil ataque", alertó que esta agresión militar "no es un hecho aislado, es una escalada en la larga guerra económica, mediática, diplomática y más recientemente de amenazas militares con el objetivo de someter a un pueblo soberano y destruir por la fuerza un proyecto de independencia y justicia social como la Revolución Bolivariana". Subrayó que el carácter de esta agresión "trasciende las fronteras venezolanas". La definió como "un ataque directo a los pilares de la convivencia y el derecho internacional, un asalto aborrecible a la aspiración de construir una zona de paz y a la autodeterminación de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe". Afirmó que "esta acción refleja la bajeza con que opera la administración de Trump".

Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, condenó enérgicamente la agresión militar ejecutada en la madrugada de este sábado contra la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro de su presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros. Dirigiéndose a un imperio que calificó de "decadente y soberbio", afirmó: "Que se sabe condenado a disolverse, que no acepta el mundo multipolar que se está imponiendo, se permitió violar toda la legalidad internacional para agredir directamente a la hermana Venezuela y secuestrar a su presidente". El intelectual cubano denunció la mentira como arma permanente: "Pretenden que el mundo crea sus mentiras y que acepte la barbarie como algo inevitable", "No puede haber una persona digna en este mundo que no denuncie por todas las vías a su alcance esta infamia", exhortó. "Tenemos que tocar todas las puertas para que circule la verdad sobre este plan siniestro para apoderarse de las riquezas de Venezuela". Hizo un llamado a defender los valores fundamentales: “Tenemos que frenar a las fuerzas del odio, de la guerra, del fascismo, y defender el derecho a la paz, a la solidaridad, a la vida, a la soberanía, a la justicia. Esto es lo que está en frente en Venezuela: las fuerzas del odio, de la guerra, de la muerte, contra las fuerzas de la soberanía, de la dignidad, de la vida”.

Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), condenó enérgicamente la agresión militar estadounidense: En estos momentos en que estamos reunidos condenando la barbarie, hay apátridas venezolanos en algunos lugares del mundo alegrándose de lo ocurrido", afirmó. "Y tenemos que reconocer que también hay apátridas cubanos en ciertos lugares del mundo amenazando con que ‘Venezuela primero y Cuba después’", fue categórico: "Que no se equivoquen. Con la Patria no se juega. Con la Revolución no se juega. Con la independencia cubana no se juega. Con nuestra independencia, que tanta sangre y tantos sacrificios ha costado, no se juega". Gerardo Hernández se refirió a las víctimas inocentes de los bombardeos. "Las bombas que cayeron en diferentes ciudades de Venezuela, al estallar, no preguntaron quién era chavista y quién no".

Otros países

• China: A través de una publicación en las redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, expresó este domingo su "profunda preocupación" por el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte del Gobierno de los Estados Unidos, y solicitan su "liberación inmediata". Las acciones de Estados Unidos "violan claramente el derecho internacional, las normas fundamentales de las relaciones internacionales y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas", señaló la Cancillería china en sus redes sociales. El texto añadió que tales actuaciones "menoscaban la soberanía venezolana". En ese contexto, China instó a Washington a "garantizar la seguridad personal" del presidente Maduro y su esposa, "liberarlos de inmediato", "dejar de socavar al Gobierno venezolano" y "resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación"..

• India: Expresó hoy una "profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Venezuela" y reafirmó su apoyo al bienestar y la seguridad del pueblo de la nación sudamericana. En un breve comunicado, la Cancillería aseguró mantener un seguimiento de cerca a la evolución del panorama e "hizo un llamamiento a todas las partes involucradas para que aborden los problemas de forma pacífica a través del diálogo, garantizando la paz y la estabilidad en la región".

• Malasia: El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha condenado la profanación de la soberanía de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros, a manos de las fuerzas militares de los Estados Unidos de América, calificándola como una violación al derecho internacional y uso ilícito de la fuerza contra una nación soberana. .

• Puerto Rico: Cientos de puertorriqueños se manifestaron frente al Tribunal Federal en San Juan para rechazar la intervención militar estadounidense en Venezuela, ocurrida en la madrugada del 3 de enero, cuando ataques simultáneos sacudieron las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Los manifestantes marcharon por la Avenida Chardón, donde se ubica una de las principales cortes federales de la isla, con pancartas, música popular y consignas como "Pa fuera, pa fuera, que se vayan los gringos de Venezuela" e "Imperialismo es saqueo". Protesta que contó con la participación de ciudadanos de distintos sectores, entre ellos, artistas y estudiantes. "Hermanos de Venezuela, sepan que nosotros no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Y aquí estamos solidarios. El filo de nuestro machete está bien pendiente de la oportunidad de vengar esta afrenta que están haciendo contra el pueblo de Venezuela"..

Personalidades

• Papa León XIV: El Papa León XIV el domingo 4 de enero hizo un llamamiento a respetar plenamente la soberanía nacional de Venezuela y el Estado de derecho constitucional. Sus declaraciones, pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus, se producen un día después del ilegal secuestro en suelo venezolano del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses y el bombardeo contra instalaciones civiles y militares que dejaron muertos y heridos. "Con el corazón lleno de preocupación sigo la evolución de la situación en Venezuela", afirmó el Pontífice ante los fieles congregados. Con claridad, estableció que "el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración". Este principio, según León XIV, debe conducir a "superar la violencia" y a "emprender caminos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país". El mensaje del Santo Padre trazó una hoja de ruta clara para la nación sudamericana, en la que priorizó "asegurar el Estado de derecho inscrito en la Constitución" y "respetar los derechos humanos y civiles de cada uno y de todos". Asimismo, instó a trabajar de manera conjunta para "construir un futuro sereno de colaboración, de estabilidad y de concordia", poniendo una "especial atención a los más pobres". Fiel a su ministerio de unidad y paz, el Papa concluyó su intervención convocando a la oración universal por Venezuela. Encomendó esta intención "a la intercesión de la Virgen de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles", figuras veneradas del pueblo venezolano, canonizadas en el 2025..

Véase también

• Anexo:Militares cubanos caídos en el ataque de Estados Unidos a Venezuela
• Invasión estadounidense a Panamá (1989)
• Operación Gerónimo (2011)
• Cartel de los Soles

Enlaces externos

• El País. (2026, enero 4). Última hora de Nicolás Maduro detenido y de Venezuela tras el ataque de Estados Unidos.
• HuffPost España. (2026, enero 3). Crónica de una detención anunciada: así ha sido la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.
• Maldita.es. (2026, enero 3). Verificación de imágenes sobre la operación en Caracas.
• The Objective. (2026, enero 3). Estados Unidos captura a Nicolás Maduro tras una madrugada de bombardeos en Venezuela.
• Euronews. (2026, enero 3). Detalles de la operación de EE.UU. en Caracas y el futuro de Maduro.
• Cubadebate. (2026, enero 3). EE.UU. detiene a Maduro en una operación militar en Caracas.
• Cubadebate. (2026, enero 3). Axios: Maduro podría ser recluido en la misma cárcel que ‘El Chapo’.
• Cubadebate. (2026, enero 3). Primeras imágenes de Maduro tras aterrizar en Nueva York.