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Proceso de Paz en Colombia

Proceso de Paz en Colombia
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Dialogo de paz.JPG
Fecha:1980 - 2016
Lugar:Conversaciones Gobierno - FARC-EP

Conversaciones Gobierno - ELN

Descripción:
Proceso para poner fin al conflicto armado colombiano
País(es) involucrado(s)
Cuba, Noruega (Países Garantes), Chile y Venezuela (Páises acompañantes)
Ejecutores o responsables del hecho:


Conversaciones Gobierno - FARC-EP

Gobierno

  • Humberto de la Calle
  • Luis Carlos Villegas
  • Sergio Jaramillo
  • Gral. Oscar Naranjo

FARC-EP

  • Iván Márquez
  • Rodrigo Granda
  • Andrés París
  • Marcos Calarcá
  • Jesús Santrich
  • Pablo Catatumbo
  • Simón Trinidad
  • Tanja Nijmeijer


Conversaciones Gobierno - ELN

Gobierno

  • Eduardo Herrera Berbel
  • José Noé Ríos
  • Julián Arévalo

ELN

  • Pablo Beltrán
  • Aureliano Carbonel
  • Gustavo Martínez
  • Bernardo Téllez
  • Consuelo Tapias
Organizaciones involucradas:
Gobierno de Colombia - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo - Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Proceso de Paz en Colombia. Conversaciones llevadas a cabo entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) cuyos esfuerzos fueron encaminados a poner fin al conflicto político, social y militar en Colombia. Como fruto de las conversaciones exploratorias celebradas en La Habana desde el 23 de febrero de 2012 y conforme declararon las partes, se abrió un proceso de diálogo comprometido con la paz y con la solución del conflicto histórico en colombiano. Para el 27 de agosto de 2012, el Presidente Juan Manuel Santos reveló la hoja de ruta que se construyó durante casi un año en unas reuniones exploratorias en Cuba.


Una década después del frustrado proceso de paz en San Vicente del Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana, las autoridades colombianas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) instalaron oficialmente el 19 de noviembre de 2012 la mesa de conversaciones en La Habana, Cuba para buscar el fin del conflicto político, social y militar que sufre ese país desde hace más de medio siglo, después de que el 18 de noviembre, en Oslo, Noruega, se llevó a cabo la inauguración formal de los diálogos.

El 5 de enero de 2015, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invitó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a sumarse al diálogo de paz y a la iniciativa del cese al fuego unilateral. El 10 de octubre de 2016, delegaciones del Gobierno de Colombia y del grupo guerrillero anunciaron en Caracas la instalación de la fase pública de las negociaciones y acordaron iniciarlas el 27 de octubre en Quito, Ecuador

El 22 de junio de 2016, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (Farc-EP) lograron el acuerdo para concretar el cese definitivo del conflicto armado bilateral. El acuerdo fue suscrito el 23 de junio del propio año en La Habana, Cuba.

El 26 de septiembre de 2016 se firmó en Cartagena de Indias, Colombia, la paz definitiva entre el gobierno y las FARC-EP, tras cuatro años de negociaciones en La Habana. A la ceremonia asistieron líderes de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, países garantes y acompañantes del proceso de negociación. También, el Secretario General de la ONU y otros dignatarios[1].

Contenido

Antecedentes

Tras su conformación como grupo guerrillero en la década del sesenta, las FARC, comenzó a utilizar los diálogos y las expectativas de las negociaciones como parte de su táctica ahora política.

Los esfuerzos por llegar a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgieron desde la década del ochenta, específicamente en el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) y posteriormente con los mandatos de Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002) y de Juan Manuel Santos (2012).

La historia de éstas suma dos décadas. La falta de continuidad entre mandatarios y la visión de corto plazo de los mismos gobiernos, han sido algunos de los factores que han obstaculizado el avance de una verdadera negociación.

Primer intento (1982-1986)

El primer intento de conversaciones en busca de la paz se dio en el gobierno de Belisario
Ronda de negociaciones Gobierno de Belisario Betancourt-FARC.
Betancourt durante los años de su mandato que fueron de 1982 a 1986.

Las relaciones entre la guerrilla con el gobierno de Julio César Turbay Ayala, no eran las mejores. Betancourt recibió el país con un porcentaje considerable de la guerrilla en la cárcel, situación que las debilitó en el plano táctico-militar. Esto hacía ver el gobierno de su antecesor como el culpable de la violencia de la época.

Belisario Betancourt decidió decretar una amnistía con el fin de demostrar que el poder Ejecutivo le brindaba la oportunidad a los violentos de reincorporarse a la vida ciudadana. Sin embargo, los guerrilleros exigieron conservar las armas bajo el pretexto de no haber sido derrotados militarmente. El gobierno en su afán de obtener la paz, aceptó.

También se estableció un indulto para que los alzados en armas pudieran recobrar su libertad. Como resultado: no se conoció cuántos guerrilleros se beneficiaron con la medida, pues no tuvieron la obligación de presentarse ante ninguna autoridad y sus procesos judiciales sencillamente desaparecieron.

El asesinato de un ex guerrillero amnistiado, provocó que el escepticismo ante el proceso aumentara. A esto se le suma la renuncia del comisionado para la paz Otto Morales Benítez, quien aseguraba no creer en las negociaciones.

Con las FARC se firmaron los acuerdos de La Uribe, que contemplaban, el cese de los enfrentamientos y un periodo de prueba de un año para que los integrantes de ese movimiento se organizaran política, económica y socialmente.

El 28 de marzo de 1984, por primera vez se firma una tregua con las FARC. Como consecuencia, nace la Unión Patriótica (UP), partido legal que en elecciones legislativas alcanzó a tener 14 congresistas, entre senadores y representantes, 20 diputados y más de 300 concejales. Dos comandantes de las FARC, Braulio Herrera e Iván Márquez llegaron a la Cámara de Representantes.

Los acuerdos resultaron frágiles, meses después se reanudaron las hostilidades y el intento de trabajar bajo una sola política con los grupos ilegales existentes en esa época, fracasó teniendo en cuenta que cada movimiento tenía una actitud y conducta diferente.

La subversión ganó un espacio político y tiempo para su reorganización. A estos incidentes se le pueden sumar factores que desviaron el interés hacia otros sectores: la crisis económica de los años 1983 a 1985, el ataque al Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y la tragedia de Armero, (cuando la explosión del volcán Nevado del Ruiz acabó con esta ciudad del departamento del Tolima).

Segundo intento (1986-1990)

El lento exterminio de los miembros de la Unión Patriótica (UP), (movimiento que se
En 1986 el gobierno de Virgilio Barco Vargas intentó firmar con las FARC un protocolo de paz que no progresó.
vislumbraba como una fuerza importante para reunir a la izquierda colombiana), en el gobierno del presidente Betancourt, no permitían pensar en otro intento de negociación. Sin embargo, en el periodo presidencial de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) se dieron pequeños pasos por esta vía, pero no tuvieron fruto alguno.


En ese entonces, Carlos Ossa Escobar, Consejero presidencial sostuvo una reunión con el secretariado de las FARC el 18 de septiembre de 1986. El objetivo del encuentro era establecer el inicio de un diálogo que llevara a la paz. Como resultado, se amplió la vigencia de los acuerdos de La Uribe que tenían la orden de cese al fuego, la no ejecución de secuestros, extorsión, terrorismo, proselitismo político y en general acciones contra la fuerza pública.

Pero la muerte de 27 militares en junio de 1987 por acciones protagonizadas por las FARC, causaron que el presidente Virgilio Barco decidiera romper la tregua e iniciar inmediatamente el combate.

Mientras se adelantaban las operaciones militares contra el grupo guerrillero, aumentaba el exterminio hacia los miembros del partido de la Unión Patriótica (UP) (Movimiento que nació luego de una amnistía otorgada por el presidente Betancourt en los diálogos que su mandato realizó con el grupo de las FARC).

Entre las muertes aún sin esclarecer se encuentra la de Bernardo Jaramillo, de la UP y la de Carlos Pizarro León Gómez (líder del grupo guerrillero M-19), quien murió cuando una bomba explotó en un avión comercial, en donde él viajaba.

En 1988 Rafael Pardo y el presidente Barco fijan una estrategia para llegar a algún acuerdo con los alzados en armas. Pero mientras con las FARC los frutos no se veían, el M-19 respondió al llamado y se inició un proceso que finalizó en marzo de 1990 cuando el M-19 entregó las armas y se convirtió en un movimiento político de gran acogida por los colombianos. En cuanto a procesos con guerrillas, éste fue uno de los logros del mandatario Barco Vargas.

En abril de 1990, el Gobierno invitó a las FARC a modificar su actitud y a contribuir en la consolidación de un proceso de paz.

El Consejero de Paz de ese gobierno, Rafael Pardo, aseguró que las FARC impidieron que el diálogo no diera ningún fruto y colocó como ejemplo los acuerdos de La Uribe.

Posteriormente a lo único que se llegó con esta organización fue a las treguas eventuales, ceses unilaterales de fuego en cuatro oportunidades, pero finalmente, Virgilio Barco terminó su periodo presidencial sin mayores avances.

Tercer intento (1990-1994)

En 1990 tomó la presidencia de la República, César Gaviria Trujillo, quien mas tarde fuera
Presidente Cesar Gaviria
secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA). En diálogos con los movimientos guerrilleros, consiguió la desmovilización de la mayor parte
Alfonso Cano, miembro de la delegación de las FARC en el proceso de negociación con el gobierno de Cesar Gaviria
del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PTR), el Quintín Lame y las Milicias.


Un posible nuevo diálogo con la guerrilla más antigua del mundo se veía más lejos, luego de una acción de las Fuerzas Militares que atacaron el campamento de La Uribe, donde se mantenía asentado el comando de este movimiento. Corría el 1991, año en que iniciaba la constituyente.

César Gaviria adelantó en la ciudad de Caracas, Venezuela y posteriormente en Tlaxcala Cravo Norte, México, diálogos con la Coordinadora Guerrillera (CGSB) de la que hacían parte las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

El gobierno de Gaviria se reunió el 15 de mayo de 1991 con la Columna de la Coordinadora Guerrillera, para fijar los inicios de un nuevo diálogo de paz. Como resultado, las partes adelantaron dos nuevos contactos directos, uno en Caracas, desde el 1 de junio, y otro en un lugar que no se especificó.

En la fecha fijada se iniciaron los diálogos en Caracas, allí el gobierno planteó el estudio de un eventual cese de hostilidades, ratificación de los protocolos I y II de Ginebra sobre DIH y la posible participación de la guerrilla en la Asamblea Constituyente. El gobierno planteó cuatro puntos ejes en el diálogo:

  • Cese de hostilidades
  • Presencia de la guerrilla en la Asamblea Constituyente
  • Reinserción y desmovilización


Por su parte, las FARC propusieron que se les dejara participar en una de las sesiones de la Asamblea, pusieron como tema fundamental el desmonte del paramilitarismo y del estado de sitio.

El desarrollo de los puntos contemplados en la agenda, fueron interrumpidos en varias oportunidades por múltiples razones, una de ellas fue motivada por el grupo armado que no aceptaba el planteamiento de cese al fuego y la libertad de los secuestrados.

Otra de las interrupciones fue determinada por el mismo gobierno, después del intento de asesinato contra el presidente del Senado de ese entonces, Aurelio Iragorri Hormaza, del cual salió ileso, pero murieron siete de sus acompañantes.

El intento de golpe de Estado en Venezuela y la situación anormal vivida en ese país, hizo que las partes decidieran cambiar el sitio de diálogo a Tlaxcala, México.

El 10 de marzo se reanudó la ronda de conversaciones en México con la columna guerrillera. Allí estuvieron presentes varios funcionarios del gobierno, voceros de los partidos políticos, gremios, sindicatos y otros estamentos de la vida civil.

En ese época, varias acciones de violencia y la muerte de secuestrados que estaban en poder de los grupos insurgentes que hacían parte de la Coordinadora Guerrillera, pusieron en dificultades las conversaciones. Ante esto, Alfonso Cano, vocero de las FARC, dijo que la Coordinadora Guerrillera no tenía una unidad de mando y que cada grupo actuaba por separado.

Esto generó la exigencia del gobierno de concretar el cese de hostilidades, condición que no fue aceptada por la CGSB. Ante la crisis intervino la iglesia católica que cooperó en el regreso de las partes a la mesa, pero las actividades de violencia en el país continuaban.

El 11 de junio el Gobierno declaró oficialmente cerrado el capítulo de las negociaciones. Este se convirtió en un tercer intento, que aunque fallido, dejó en claro que la mejor opción es la salida negociada.

Cuarto intento (1994-1998)

El gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) no avanzó sustancialmente en diálogos con movimientos guerrilleros, pero le dio la oportunidad a la sociedad civil de tener un espacio importante en la búsqueda de la paz. Durante su mandato fue elegido Carlos Holmes Trujillo, quien realizó los primeros acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Los acercamientos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se realizaron por medio de la Comisión de Conciliación Nacional, que fue creada por la sociedad civil.

Este Consejo aunque no tenía la suficiente autonomía para actuar logró en conjunto con el Comité Nacional de Paz un acercamiento con el ELN. Aún así, a pesar de los llamados del presidente Samper al diálogo, la guerrilla de las FARC consideró su mandato como ilegítimo y prefirieron esperar a las nuevas elecciones presidenciales. Fue cuando se inició el proceso de paz con Andrés Pastrana Arango.

Quinto intento (1998-2002)

Desde la misma campaña presidencial se consolidó la intención tanto del grupo de las FARC, como
Reunión entre Andrés Pastrana y Manuel Marulanda Vélez el 9 de junio de 1998
la del en ese entonces candidato Andrés Pastrana, de iniciar un proceso que llevara finalmente a la paz.

El proyecto político de Pastrana a desarrollarse en el periodo de 1998-2002, se resumía en tres importantes vertientes:

  • Diálogo con la guerrilla
  • Plan de desarrollo para la paz
  • Reforma política


Entre las estrategias realizadas para el buen ambiente de los diálogos se estableció la Zona de Distensión, conformada por cinco municipios del Meta y Caquetá que fueron desmilitarizados. El área neutral, como también fue denominada, se convirtió en el centro de atención durante los tres años que duró el quinto intento de paz.

Paralelo a las negociaciones con las FARC, el gobierno inició también importantes acercamientos con el ELN, grupo con el que sostuvieron conversaciones en La Habana, Cuba.

Los notables avances con estas agrupaciones dieron pie para que por decreto se le diera carácter político a las FARC y al ELN.

En estas negociaciones tomó protagonismo la intervención del sector internacional tanto en el financiamiento, como directamente en el proceso.

Lamentablemente las conversaciones con el grupo guerrillero de las FARC estuvieron paralelas a ataques, secuestros y demás actividades violentas que llevaron a que el 20 de febrero el mandatario públicamente dio por terminado el proceso de paz y de la Zona de Distensión, luego del secuestro de un avión de la aerolínea Aires en donde viajaba el senador Jorge Eduardo Gechem Turbay.

El 27 de septiembre de 2001 la llamada Comisión de Notables, creada por las partes, entrega un documento con sugerencias para luchar contra el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto mediante una tregua bilateral inmediata.

El 5 de octubre de 2001 el Gobierno y las FARC suscriben el Acuerdo de San Francisco de la Sombra, que les compromete con la inmediata discusión de un cese el fuego.

Tras el secuestro y asesinato el 7 de octubre de 2001 de la ex ministra de Cultura Consuelo Araújo Noruega, Pastrana prorroga hasta el 20 de enero de 2002 la vigencia del área neutral, pero anuncia mayores controles sobre la zona de distensión.

El 17 de octubre de 2001, las FARC se levantan de la mesa y piden el levantamiento de las nuevas medidas de control, declarando el 25 de diciembre de 2001 que el proceso sigue en crisis.

El 8 de enero de 2002, los delegados del Gobierno y de las FARC terminan una nueva reunión sin acuerdos y convocan otra para el día 9. La guerrilla hace públicas nueve cartas abiertas a personalidades y sectores nacionales e internacionales, en las que responsabilizan al Gobierno de un eventual fracaso del proceso.

El Gobierno da por terminada el 20 de febrero de 2002 la llamada "zona de distensión" a raíz del secuestro del senador Jorge Eduardo Gechem, días antes de que el Ejército recuperó el control del área.

Sexto intento (2012)

Sitio web oficial de la Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia
El 27 de agosto de 2012, el Presidente Juan Manuel Santos reveló la hoja de ruta
Instalación de la mesa de diálogo FARC-Gobierno de Colombia, en la capital noruega, Oslo.
que se construyó durante casi un año en unas reuniones exploratorias en Cuba.


En su confirmación el Presidente Santos señaló que los diálogos se harían bajo “estrictos parámetros”, uno de ellos que no habría cese de operaciones por parte de la Fuerza Pública. Anunció, además, un “marco legal para la paz”, un mecanismo de justicia transicional que le daría argumentos legales al Gobierno para buscar la reinserción a la vida civil de los integrantes del grupo guerrillero.

Una década después del frustrado proceso de paz en San Vicente del Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana, las autoridades colombianas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) instalaron oficialmente el 19 de noviembre de 2012 la mesa de conversaciones en La Habana, Cuba para buscar el fin del conflicto político, social y militar que sufre ese país desde hace más de medio siglo[2], después de que el 18 de noviembre, en Oslo, Noruega, se llevó a cabo la inauguración formal de los diálogos.

La delegación del Gobierno la encabezó el ex vicepresidente Humberto de la Calle Lombana, el ex ministro de Ambiente Frank Pearl, el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, Luis Carlos Villegas, presidente del gremio de los empresarios (ANDI), y los generales en retiro Oscar Naranjo y Jorge Enrique Mora.

La delegación de las FARC-EP estuvo conformada por Luciano Marín Arango alias “Iván Márquez”, Jesús Santrich, el llamado “canciller de las FARC-EP”, Rodrigo Granda; el vocero internacional Marcos Calarcá y Andrés París, quien participó en las negociaciones de 2002, y la holandesa Tanja Nijmeijer.

Los diálogos se dividieron en tres fases.

Fase exploratoria

La primera fue una fase exploratoria iniciada el 23 de febrero de 2012, donde en el curso de más de un año, por solicitud expresa del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), y respetando el compromiso de confidencialidad acordado, el Gobierno cubano brindó su colaboración y apoyo para celebrar conversaciones exploratorias conducentes a un proceso de paz, a la vez que participó como garante en las deliberaciones. Por solicitud de ambas partes, también sirvió de garante, junto a los Gobiernos de Noruega y de Venezuela, para el traslado a Cuba de representantes de las FARC-EP[3].

Como resultado de esos contactos, se elaboró el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera".

Instalación de la mesa en Oslo-La Habana

La segunda comenzó en Oslo, Noruega, y conforme declararon las partes, se abrió un proceso de diálogo en La Habana, Cuba, con la garantía del gobierno de Noruega y con el acompañamiento de Chile y Venezuela, comprometido con la paz y con la solución del conflicto histórico en Colombia, teniendo en cuenta la importancia que tiene para el pueblo colombiano y de su trascendencia para América Latina y el Caribe.

Agenda

La agenda de la negociación, sobre la que el gobierno y las FARC-EP iniciaron diálogos formales, tuvo 5 puntos que deberán ser aprobados en su totalidad para lograr un acuerdo final:

  • Desarrollo Agrario Integral
  • Participación Política, las garantías para el ejercicio de la oposición política en general y para los "movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final".
  • Fin del Conflicto como un "proceso integral y simultáneo" que implica la "reincorporación de las FARC-EP a la vida civil —en lo económico, lo social y lo político—, de acuerdo con sus intereses".
  • Solución al problema del narcotráfico
  • Reparación y verdad para las víctimas

Fin del conflicto

Y la tercera, y última fase, el fin del conflicto y la puesta en marcha de los acuerdos a los que lleguen las dos partes.

Cese de operaciones

Como una contribución decidida a fortalecer el clima de entendimiento necesario para las partes que iniciron el diálogo, el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP ordenó a todas sus unidades el cese de "toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada, durante el periodo comprendido entre las 00:00 horas del día 20 de noviembre del 2012, hasta las 00:00 horas del día 20 de enero del 2013".

La declaración, titulada Abriendo senderos hacia la paz leída por el comandante guerrillero Iván Márquez a su llegada al Palacio de las Convenciones, en La Habana, Cuba, refiere que:

"el cese del fuego unilateral es "una muestra más de nuestra voluntad para generar un medio ambiente político propicio para el avance de las conversaciones, en aras de alcanzar el compromiso de acordar un verdadero Tratado de Paz que ponga fin al conflicto social y armado, como es el anhelo de la mayoría de los colombianos"

El 21 de diciembre terminó el segundo ciclo de los diálogos en La Habana que serán retomados por las dos partes a partir de mediados de enero de 2013.

Funcionarios de las Naciones Unidas en Colombia y de la Universidad Nacional de ese país
Momento en que Olga Virginia González Reyes, funcionaria de la ONU entrega los resultados del Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral a Iván Márquez, jefe de la delegación guerrillera
entregaron durante un encuentro celebrado en La Habana el 9 de enero de 2013, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) los resultados del foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral celebrado en Bogotá en diciembre de 2012[4].

La entrega cumplió con lo acordado por la mesa de conversaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP que sesiona en La Habana desde el 19 de noviembre de 2012.

Olga Virginia González Reyes, funcionaria de la ONU en Colombia, informó que el documento entregado incluía un balance general del foro. Este reúne las relatorías y ponencias de las mesas de trabajo, así como las propuestas de la ciudadanía.

El representante de la Universidad Nacional de Bogotá, Marcos Alberto Romero Silva, destacó que durante el foro se presentaron diversas propuestas e interpretaciones sobre los problemas de la sociedad rural y sus posibles soluciones, "en un ambiente de convivencia y respeto".

El 14 de enero de 2013, los representantes del Gobierno de Juan Manuel Santos y los delegados de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) retomaron en La Habana los diálogos para continuar la búsqueda de una paz estable y duradera en Colombia.

Humberto de la Calle, exvicepresidente y jefe de la delegación gubernamental afirmó que:

"en este momento, ya estamos en discusiones de fondo, concretas, sobre cada uno de los temas específicos incluidos en el primer punto de la Agenda, el referente a las políticas de desarrollo agrario integral"[5]

Por su parte, Marco León Calarcá, miembro de la delegación de las FARC-EP, comentó que:

"la guerrilla mantiene "la misma disposición que cuando empezaron y la voluntad política para avanzar en los diálogos y crear las condiciones para una paz con justicia social"[6]

El 12 de agosto de 2014, el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) retomaron en La Habana los diálogos de paz.

Este nuevo ciclo tiene como novedad la presencia de las víctimas tras su inclusión en las conversiones, según acordaron tanto Gobierno como insurgencia en el mes de julio, donde se concertó que grupos de víctimas de hasta 12 personas viajarían a la capital cubana para hablar con las delegaciones de paz del Ejecutivo y de la guerrilla durante cinco ciclos a fin de analizar las complejidades del punto de la agenda[7].

Previo al inicio de esta nueva ronda, las partes se refirieron a la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que posibilitará comprender la complejidad del contexto histórico del enfrentamiento interno, y proveerá de insumos a las delegaciones en la discusión de los diferentes puntos pendientes del Acuerdo General.

Como resultado de cuatro encuentros preparatorios efectuados en julio y agosto, también se decidió crear subcomisiones relacionadas con el punto tres de la agenda pactada, relacionado con el Fin del conflicto, y para abordar las temáticas a debatir con un enfoque de género.

Víctimas del conflicto

Familires y representantes de las víctimas del conflicto armado en Colombia brindaron el 16 de agosto de 2014 sus testimonios ante los negociadores del Gobierno y la guerrillera FARC-EP, de esta forma comenzaron los testimonios de las víctimas del conflicto, que a lo largo de este ciclo alcanzaron un total de 60 representantes de afectados (divididos en cinco delegaciones)[8].

Procedentes de varias regiones de Colombia, las víctimas son muestra de hechos como homicidio en persona protegida, tortura, secuestro, masacre, despojo, desplazamiento y desaparición forzada.

También hay un equilibrio en cuanto a los autores de estos hechos, las FARC-EP, las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares.

En las sesiones participaron como moderadores miembros de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de Bogotá y de la Conferencia Episcopal Colombiana. Asistieron además representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz colombiano, y de Venezuela y Chile, naciones acompañantes de los diálogos.

El 3 de septiembre de 2014, las FARC-EP expusieron 10 propuestas para avanzar en la discusión del tema de las víctimas del conflicto colombiano. Ricardo Téllez, delegado de paz de la guerrilla, afirmó que estas sugerencias se inspiran en el Acuerdo General firmado por las partes en La Habana el 26 de agosto de 2012[9].

Téllez subrayó la importancia de la creación de una Comisión de la Verdad, independiente y autónoma, para aportar al esclarecimiento de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

La iniciativa define, en 10 incisos, que las partes acordarán los asuntos relacionados con el mandato, la integración, el funcionamiento y la duración de labores de la Comisión, cuyo trabajo se fundamentará en las voces y testimonios de las víctimas.

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas

El 21 de agosto de 2014 fue instalada en La Habana la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) compuesta por 12 personas y 2 relatores.

Todos ellos fueron elegidos por la Mesa de Negociaciones y se destacan en el país por sus estudios sobre el conflicto.

  1. Daniel Pecaut: Sociólogo francés y experto en temas de Colombia.
  2. Francisco Gutiérrez Sanín: Investigador y profesor del Iepri, Universidad Nacional.
  3. Gustavo Duncan: Investigador de la Universidad de los Andes.
  4. Jorge Giraldo: Decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la U. EAFIT.
  5. Vicente Torrijos: Profesor de ciencia política y relaciones internacionales en la U. del Rosario.
  6. María Emma Wills: Investigadora del Centro de Memoria Histórica.
  7. Renán Vega: Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá.
  8. Alfredo Molano: Sociólogo, escritor y columnista.
  9. Darío Fajardo: Profesor de la U. Externado y gestor de las Zonas de Reserva Campesina.
  10. Jairo Hernando Estrada Álvarez: Profesor de Departamento de Ciencia política de la Unal.
  11. Malcolm Deas: Historiador británico especialista en temas de Colombia.
  12. Sergio de Zubiría: Filósofo, investigador y profesor asociado de la Universidad de los Andes.


Los relatores son Víctor Manuel Moncayo, ex rector de la Universidad Nacional y Eduardo Pizarro Leongómez, ex presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Las funciones de la comisión histórica son develar los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto y los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población[10]

Subcomisión dialoga sobre el fín del conflicto

El punto 3 de la agenda, denominado "fin del conflicto" y que se dejó para el final de las negociaciones, trata temas tan sensibles como la desmovilización de la guerrilla, la entrega de armas, la reintegración y la seguridad de quienes abandonen las filas, entre otros puntos.

Aunque la discusión de cómo terminar el conflicto tiene un capítulo y un punto exclusivo en la agenda del proceso de paz, en este tema comenzó a trabajar el 22 de agosto de 2014 una subcomisión, de manera paralela al de víctimas del conflicto.

Para ello, el Gobierno delegó a 10 personas, siete de ellas miembros activos de las fuerzas armadas de los más altos rangos y tres expertos[11]:

  • Javier Alberto Flórez Aristizabal, General del Ejército, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.
  • Vicente Sarmiento Vargas, Coronel del Ejército .
  • Saúl Rojas Huertas, Coronel del Ejército.
  • Ómar Cortes Reyes, Capitán de Fragata de la Armada.
  • Edwin Chavarro Rojas, Teniente Coronel de la Policía Nacional.
  • Rodrigo Mezú Mina, Mayor de la Fuerza Aérea Colombiana.
  • Juanita Millán Fernández, Teniente de Navío de la Armada.
  • Mónica Cifuentes Osorio, directora jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
  • César Restrepo Flórez, director Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa.
  • Alejandro Reyes Lozano, asesor Oficina Alto Comisionado para la Paz.


Quienes dirigen la subcomisión son el general (r) del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel y el general (r) de la Policía Óscar Naranjo Trujillo, actuales miembros de la delegación del gobierno en el proceso de paz.

La subcomisión discutirá la mejor manera para que la guerrilla se desmovilice, entregue las armas, se reintegre con éxito a la sociedad y en un cese al fuego "bilateral y definitivo". Lo que acuerden sólo se aplicará si se firma el proceso de paz.

La subcomisión no dialogará con la guerrilla sino que será un equipo técnico para darle insumos a la Mesa de Negociaciones. En caso tal de que se firme un acuerdo último, este punto estará bajo la responsabilidad de los negociadores del Gobierno y no de los miembros de las Fuerzas Armadas que hacen parte de la subcomisión de fin del conflicto[12].

Comisión investigadora del paramilitarismo

Tras el comienzo el 1 de septiembre de 2014 del ciclo 28 de las conversaciones de paz en el que las partes abordaron el tema de reparación a las víctimas, las FARC-EP respondieron a la decisión del presidente colombiano Juan Manuel Santos de crear un Comando de Transición y pusieron sobre la mesa su propia propuesta de crear una comisión investigadora del paramilitarismo, que deberá indagar sobre orígenes, principales autores y sustentos económicos que avalan esa modalidad represora[13].

Comisión de Géneros

El 7 de septiembre de 2014 quedó instalada la subcomisión de géneros, cuyo propósito es garantizar un enfoque de género en las discusiones sostenidas por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP para buscar una salida política al conflicto[14].

El equipo quedó integrado por miembros de cada parte, de uno y otro sexo, y dispuso del apoyo de expertos nacionales, de la ONU, y de Cuba y Noruega, países garantes de estas pláticas.

Al presentar la mencionada subcomisión, fueron reconocidas a las féminas como uno de los grupos más vulnerables de la confortación.

Archivos de la mesa de conversaciones

Documentos y Comunicados Conjuntos

El gobier­no de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), decidieron hacer públicos los textos con los acuerdos generales realizados durante los casi dos años de conversaciones entre las partes[15].

Los borradores íntegros de los tres acuerdos parciales alcanzados en el proceso de paz, fueron divulgados el 24 de septiembre de 2014, con el objetivo de una mayor “transparencia” y de frenar especulaciones “malintencionadas” sobre los diálogos.

Se trata de lo acordado sobre el tema de la tierra, la participación política y las drogas ilícitas, los tres temas sobre los que se han cerrado pactos parciales desde el inicio de los diálogos en noviembre de 2012.

Comando Guerrillero de Normalización

El 24 de octubre de 2014, las FARC-EP presentaron el Comando Guerrillero de Normalización del conflicto colombiano conformado por un nuevo grupo de guerrilleros que incluye a dos comandantes, cuatro miembros de su Estado Mayor y una decena de importantes cuadros de la insurgencia[16].

Este Comando se encarga de explorar caminos con altos oficiales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional de Colombia, en busca de un acuerdo que permita concretar el armisticio demandado por las víctimas del conflicto, así como explorar los caminos y fórmulas para la negociación de un armisticio y la dejación de las armas[17].

Suspensión temporal de las negociaciones

El 17 de noviembre de 2014, el presidente de Colombia, Juan Ma­nuel Santos, ordenó detener temporalmente el proceso de paz por la supuesta retención de un alto mando del Ejército en el departamento de Chocó.

Santos instruyó a sus negociadores no viajar a la capital cubana para iniciar el nuevo ciclo de diálogos que debía iniciar el 18 de noviembre, hasta que no se aclarara la detención del general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuer­za de Tarea Conjunta Titán, el cabo segundo del Ejército Jorge Contreras y Gloria Urrego, abogada al servicio de esa unidad[18].

El general Rubén Darío Alzate ingresó al Ejército hace más de 22 años y forma parte del grupo de Ca­ballería. Antes de llegar a la Fuerza de Tarea Titán formó parte de la jefatura del estado mayor conjunto, trabajó en la Brigada Móvil 17, en la Es­cuela de Caballería, en el Grupo Me­canizado y en el comando de la Décima Brigada, entre otros cargos[19].

Por su parte, las FARC-EP reivindicaron el 18 de noviembre, en un comunicado del Bloque Guerillero Iván Ríos, la captura del brigadier general Rubén Darío Alzate, junto a las otras dos personas, mientras transitaban sin escolta en un área de operaciones de guerra.

En el comunicado leído en el Palacio de Convenciones por el vocero de paz de esa organización, Rubín Morro, las FARC-EP reiteraron la necesidad de pactar un cese bilateral del fuego para evitar tales situaciones.

Detención de Alzate

Según comunicado emitido el 18 de noviembre de 2014 por el el Bloque Guerrillero Iván Ríos, la detención se produjo cuando unidades guerrilleras en ejercicio de sus tareas de seguridad interceptaron al general Alzate, al cabo segundo del ejército Jorge Con­treras Rodríguez y a Gloria Urrego, abogada al servicio de la mencionada unidad militar, en uno de los retenes móviles que mantienen a orillas del río Atrato, en el departamento de Chocó[20].

Una vez identificados, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por las unidades, en razón a que se trataba de personal militar enemigo, que se mueve en ejercicio de sus funciones, en área de operaciones de guerra, violando los protocolos militares.

Liberación de detenidos

Las FARC-EP y el gobierno colombiano acordaron la liberación del general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez, los soldados César Rivera y Jonathan Díaz, además de la señora Gloria Urrego.

El acuerdo fue dado a conocer a través de un Comunciado de Prensa emitido el 19 de noviembre de 2014 por los Garantes de la Mesa de Conversaciones, Cuba y Noruega, que respondieron a solicitud de facilitación del Gobierno de la República de Colombia y de las FARC-EP[21].

Liberación

Las FARC-EP liberaron el 25 de noviembre de 2014 a los soldados profesionales Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz, tras la activación de un acuerdo humanitario especial. El operativo tuvo como escenario una zona rural de Arauca, departamento de la orinoquia colombiana. En este procedimiento participaron Cuba y Noruega, países garantes de los diálogos de paz, y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los militares, pertenecientes a la fuerza de tarea Quirón, fueron capturados en combate el 9 de noviembre de 2014 y permanecieron desde entonces en poder de las FARC-EP, en condición de prisioneros de guerra[22].

El 30 de noviembre de 2014, fueron liberados por las FARC-EP el General Rubén Darío Alzate, el Cabo Jorge Rodríguez y la Sra. Gloria Urrego, siendo formalmente entregados por los Garantes de Cuba y Noruega y delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a los representantes del Gobierno de Colombia[23].

Con estas liberaciones, se cumplió satisfactoriamente con lo acordado previamente por las partes, según había sido anunciado por los representantes de los países Garantes el pasado 19 de noviembre, en La Habana.

Reanudación de las conversaciones

El 2 de diciembre de 2014, el gobierno de Colombia y las FARC volvieron a dialogar en Cuba para intentar relanzar el proceso de paz. Las delegaciones hicieron una “evaluación fría” del proceso de paz, que se ha venido desarrollando durante dos años, hasta que las FARC capturaron al general Rubén Alzate y sus dos acompañantes, el 16 de noviembre, cuya liberación ocurrió el 30 de noviembre[24].

Como resultado de las conversaciones, se estableció un mecanismo permanente para solucionar eventualidades futuras del proceso, en el cual participan como países garantes Cuba y Noruega.

Entre el 10 y el 17 de diciembre las partes conversaron con el fin de llegar a un pronto acuerdo en “el tema de desescalamiento del conflicto”.

El 15 de diciembre arribó a La Habana la primera delegación de organizaciones en el marco de la subcomisión creada para dar un enfoque de género a los acuerdos, y el 15 del mismo mes se realizó la quinta y última audiencia de víctimas de la confrontación.

Para la segunda mitad de enero de 2015 esos equipos volvieron a sentarse en la mesa de diálogos centrados en el tema de los afectados por la confrontación, cuarto de seis puntos generales a resolver con el propósito de llegar a un acuerdo final para poner fin a la guerra[25].

El 10 de diciembre de 2014 fueron reanudadas las conversaciones[26].

El 16 de diciembre de 2014 arribaron a La Habana el quinto y último grupo de víctimas del conflicto, quienes entregaron sus testimonios con el fin de que sus demandas fueran incluidas en un eventual acuerdo de paz que ponga fin a este conflicto.

Un comunicado[27] de las FARC-EP emitido el 17 de diciembre recoge una declaración sobre un cese unilateral al fuego y a las hostilidades, por tiempo indefinido, que debe transformarse en armisticio, agrega el comunicado que:

"Este cese de fuego unilateral, que deseamos se prolongue en el tiempo, se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública"

El comunicado destaca que aspira a contar con la veeduría de la UNASUR, la CELAC y del Comité Internacional de la Cruz Roja para garantizar el éxito de la tregua, que entró en vigor a las 00:01 horas del 20 de diciembre.

El 2 de febrero de 2015, fue retomado el diálogo de paz en el contexto del cese al fuego unilateral indefinido decretado por la organización guerrillera el 17 de diciembre de 2014, con el objetivo de crear un ambiente propicio para el logro de consensos[28].

En este marco continuaron el análisis de los derechos de las víctimas y adelantaron el análisis del punto relacionado con el fin de la confrontación armada, para lo cual se apoyaron en el trabajo de una subcomisión técnica, integrada por altos mandos militares de ambas partes.

Este equipo examina lo relacionado con el cese definitivo de hostilidades, que implica la dejación de armas, y definir la situación de los combatientes presos, así como las garantías de seguridad de los guerrilleros desmovilizados.

Encuentro con Kofi Annan

En un esfuerzo por cooperar con las negociaciones de paz. Kofi Annan, ex Secretario General de Naciones Unidas, arribó a La Habana, Cuba, el 26 de febrero de 2015, procedente de Bogotá, Colombia, donde sostuvo reuniones con el presidente Juan Manuel Santos, con el ex mandatario Álvaro Uribe, parte de la sociedad civil colombiana, así como con algunas de las víctimas que estuvieron en La Habana durante los últimos meses del 2014[29].

El propio día 26, el ex Secretario General de Naciones Unidas, se reunió con la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el 27 lo hiso con la parte gubernamental que lidera Humberto de la Calle, posteriormente se encontró con ambos equipos.

Subcomisión fin del conflicto

El 3 de marzo de 2015 arribaron a La Habana seis militares de alto rango que participaron entre los días 5 y 6 del propio mes en la negociación para un “cese al fuego definitivo” con la guerrilla de las FARC. Ellos fueron los generales Javier Alberto Flórez Aristizabal, Martín Fernando Nieto, Alfonso Rojas Tirado (del Ejército), Álvaro Pico Malaver (Policía), Brigadier General Oswaldo Rivera Márquez (Fuerza Aérea) y el contralmirante Orlando Romero Reyes (Marina)[30][31].

Los seis generales no solo son reconocidos por sus fortalezas militares sino también por su experiencia en inteligencia.

Por las Farc, encabezó el grupo el jefe militar del bloque Oriental, Carlos Antonio Lozada, y el más nuevo en el secretariado. Estuvieron, además, Joaquín Gómez, comandante del bloque Sur.

Además de conocerse, en este primer encuentro los comandantes militares y jefes guerrilleros terminaron de definir la metodología de la subcomisión para discutir la manera como podría darse en el terreno el fin de conflicto cuando se firme la paz.

Las propuestas que esta comisión fueron presentadas a la mesa de negociación del Gobierno y las FARC.

La tarea de la subcomisión técnica fue larga, comenzó explorando las experiencias internacionales y, a partir de allí, cada parte puso sobre la mesa sus propuestas, que incluyó la manera como se concentrarían las tropas cuando sea la hora.

Llegado el momento, la mesa de negociación miró las propuestas que entregó la subcomisión sobre el cese del fuego y la dejación de las armas, y definió cuál fue la más conveniente para hacer posible un acuerdo final de paz. En lo adelante, la llamada subcomisión del fin del conflicto trabajó de manera paralela a la mesa de negociación.

Expertos en género y diversidad sexual

Expertos en género y diversidad sexual que conformaron la tercera delegación de activistas en el tema se reunieron el 6 de marzo de 2015 con la mesa de negociaciones y realizaron una serie de recomendaciones a las partes, al término de un intercambio con los equipos del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), los seis activistas exigieron que el Ejecutivo de Juan Manuel Santos se una al cese al fuego[32].

Los expertos exigieron que desaparezca la presencia armada en sus territorios y que estos no sean objetos de políticas extractivas como la minería. Este último tópico fue uno de los pendientes de discusión y decisión final en mayo de 2013, cuando se alcanzó el acuerdo parcial sobre el tema de la tierra, el primer punto tratado por la guerrilla y el Gobierno en los diálogos de paz, también pidieron a las partes del conflicto armado que lleven a cabo el desminado de las zonas sembradas de explosivos.

Descontaminación de minas

Representantes del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) se comprometieron a limpiar el territorio del país de minas antipersona y otros explosivos.

El comunicado conjunto, emitido el 7 de marzo de 2015, prevé la limpieza y descontaminación de territorios con presencia de minas antipersonales y otros explosivos de guerra[33].

Receso de las conversaciones

El 5 de mayo de 2015 recesa el diálogo de paz que estuvo enfocado en las víctimas del conflicto armado. Ambas partes llamaron a evaluar los resultados del informe de la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas, a publicarlos y difundirlos. El informe de la Comisión Histórica es un importante insumo para la discusión de los temas que abordó la mesa de diálogo en la etapa en la que se discutieron asuntos cruciales para el logro de la paz[34].

Reanudación de las conversaciones

El 21 de mayo de 2015 las partes iniciaron el ciclo 37 de las conversaciones de paz, que siguen centradas en el punto sobre la reparación a las víctimas del conflicto[35].

Las FARC-EP anunciaron tres propuestas para acelerar las conversaciones de paz:

  1. Propusieron iniciar de inmediato el análisis del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas para hallar en su relato las claves que conducirían a la reconciliación nacional.
  2. Plantearon proceder sin demora a conformar la comisión de esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo y su desmonte para preparar las garantías de seguridad.
  3. Añadieron no dejar pasar este ciclo sin anunciarle al país la puesta en marcha de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y No Repetición.


Estos pasos le imprimirían dinamismo al compromiso conjunto de descontaminación del territorio de artefactos explosivos y sería una muestra de que su disposición se «mantiene inmodificable para avanzar conjuntamente con el Gobierno colombiano en la producción de nuevos gestos para disminuir la intensidad de conflicto».

El proceso de paz atravesó por un momento complicado después de que en la semana del 18 al 24 de mayo murieron 40 guerrilleros en diferentes bombardeos del Ejército, entre ellos dos ex integrantes de la delegación de paz. Uno de ellos fue Pedro Nel Daza Martínez, alias “Jairo Martínez”, quien según anunció la delegación de paz había integrado ese equipo y es uno de los 27 rebeldes muertos en el bombardeo del 22 de mayo contra uno de sus campamentos en Guapi, en el departamento del Cauca (suroeste). Fuentes militares confirmaron que otro guerrillero conocido con el alias de “Emiro Chaqueto”, que también había hecho parte de la delegación de las FARC en Cuba, cayó el 25 de mayo en el mismo bombardeo en Riosucio, en el departamento del Chocó (oeste) en el que murió Alfredo Alarcón Machado, alias “Román Ruiz”, máximo jefe del bloque noroccidental y miembro del Estado Mayor. Como consecuencia del primero de esos bombardeos, la guerrilla suspendió el pasado viernes alto el fuego unilateral e indefinido que había comenzado el pasado 20 de diciembre.[36][37].

El 27 de mayo, los países garantes del proceso de paz colombiano, Cuba y Noruega, instaron al Gobierno y a las FARC a acordar un alto al fuego bilateral y definitivo y mostraron su preocupación por el escalamiento del conflicto armado en el país suramericano. Según los garantes, el recrudecimiento del conflicto “pone en riesgo” las acciones prácticas que se han implementado para bajar la intensidad de la guerra, como el plan piloto de desminado; así como el “incremento de la confianza” entre las partes. Cuba y Noruega reiteraron su “plena disposición” a continuar contribuyendo al avance de las conversaciones y la adopción de un acuerdo final para terminar el conflicto y la construcción de una “paz estable y duradera en Colombia”[38].

El 28 de mayo arribó a La Habana, Cuba, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, para unirse a la mesa de diálogo. Holguín estuvo acompañada por el empresario colombiano Gonzalo Restrepo para ingresar formalmente el 29 de mayo en la mesa de diálogo. Está previsto que la canciller visite “con frecuencia” al equipo negociador del gobierno liderado por Humberto de la Calle[39].

El ciclo 37 de diálogos de paz concluyó el 4 de junio de 2015 con la decisión de establecer una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No repetición. La Comisión será un mecanismo independiente, imparcial, de carácter extrajudicial, que hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. Tal Comisión, que se constituirá una vez se alcance el Acuerdo Final de Paz, tendrá tres objetivos fundamentales[40].

El primero de estos objetivos es contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido (…) y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, la Comisión deberá contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados y el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas, de igual forma, deberá promover la convivencia en los territorios, por medio de un ambiente de diálogo y la creación de espacios en los que las víctimas se vean dignificadas.

El 17 de junio de 2015 los representantes del Gobierno colombiano y de las FARC-EP se reúnen en la capital cubana para iniciar el ciclo 38 de los Diálogos de Paz.

Las partes acordaron al final del ciclo anterior la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, cuyo objetivo sería ofrecer un panorama completo acerca de la confrontación armada. De igual forma debería garantizar la no repetición de la violencia tras la firma de un acuerdo que conlleve el cese de enfrentamientos. así como promover la creación de espacios para la convivencia, en donde los afectados por el conflicto puedan ser indemnizadas.

Según las propuestas que las víctimas extendieron hasta la mesa de negociaciones el cuerpo de investigaciones debe tener un carácter independiente y extrajudicial, cuya meta debe ser satisfacer los derechos de las víctimas.

El 27 de junio de 2015 concluyó el ciclo 38, centrado en el tema de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

En un comunicado de prensa emitido por las FARC-EP, saludaron la encíclica Laudato si (Alabado seas) presentada por el papa Francisco el 18 de junio. La guerrilla consideró las ideas del texto papal como un importante instrumento de reflexión para los pueblos y los gobiernos, que puede contribuir a la búsqueda de formulaciones y prácticas que abran camino a la concreción de un mundo en el que se superen las desigualdades y se conquiste un estadio de equilibrio entre ser humano y naturaleza[41].

Cese al fuego y hostilidades

El 12 de julio de 2015, los representantes de las FARC-EP y del gobierno colombiano acordaron un cese al fuego y de las hostilidades. Con tal objetivo ambas partes solicitarán el acompañamiento de Naciones Unidas y UNASUR en este proceso. El fin de esa determinación es contribuir a poner en marcha la discusión sobre el sistema de monitoreo y verificación y preparar su implementación sin perjuicio de la decisión de las delegaciones sobre la participación en el futuro de otras organizaciones o países[42].

Para crear las condiciones y concretar un acuerdo final, las partes definieron un plan con metas preestablecidas, como parte del acuerdo denominado Acelerar en La Habana y desescalar en Colombia.

Reforma constitucional para alcanzar la paz

El Gobierno colombiano presentó un acto legislativo ante el Congreso a fin de agilizar la implementación de la reforma constitucional para la paz. El documento busca legalizar los acuerdos que logre el Estado con las FARC-EP. La propuesta evitaría cambios en los textos de los acuerdos y permitirá al Gobierno un trámite tranquilo de la iniciativa, orientada a sentar las bases jurídicas de un acuerdo de paz con la insurgencia[43].

Diálogo Juan Manuel Santos vs Timochenko

El 23 de septiembre de 2015, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménez, Timochenko o Timochenco, se encontraron en La Habana, a fin de acelerar las conversaciones de paz y donde recibieron el anuncio de importantes avances hacia la firma de un acuerdo de paz[44].

Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz

Comunicado conjunto sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz[45]

El 23 de septiembre de 2015, fue firmado en La Habana, Cuba, el Comunicado Conjunto que estableció crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que cuenta con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. El documento prevé la forma en que se aplicará la justicia una vez concluido el conflicto armado[46][47].

El documento fue firmado por Iván Márquez y Humberto de la Calle, jefes de las delegaciones de las FARC-EP y del Gobierno colombiano, respectivamente, en los Diálogos de Paz. También lo hicieron los representantes de los garantes y de los países acompañantes, Venezuela y Chile.

Los textos rubricados fueron entregados por el Presidente Raúl Castro a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y Timoleón Jiménez.

Acuerdo sobre desaparecidos

En octubre de 2015, las FARC-EP y el gobierno colombiano llegaron a un acuerdo sobre la aplicación inmediata de medidas que contribuyeron a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de las personas da­das por desaparecidas durante el conflicto armado en Colombia[48].

Acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado

El 15 de diciembre de 2015, las delegaciones del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), confirmaron el cierre definitivo del controversial tema referido a los derechos de los perjudicados por la guerra interna, el cual incluyó la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado colombiano, constituyó un importante paso para el posible fin de la guerra y el advenimiento de una paz firme. La firma del acuerdo propició la creación de un protocolo para la búsqueda de personas de paradero desconocido, que sumaron más de 45 mil[49][50].

Monitoreo del cese al fuego

El 19 de enero de 2016, las FARC-EP y el gobierno decidieron crear un mecanismo conjunto, con participación internacional, para monitorear el cese al fuego y la dejación de las armas[51].

Ambas delegaciones decidieron convocar a una misión política de la ONU integrada por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Solicitaron que esa Misión inicie los preparativos de despliegue necesarios, en estrecha coordinación y colaboración con el gobierno de Colombia y las FARC-EP, según lo convenido el componente internacional iniciaría sus labores una vez se acuerde el fin de la guerra y sería el encargado de presidir y coordinar el mecanismo en todas sus instancias, dirimir controversias, realizar recomendaciones y presentar informes. La Misión desarrollará la veeduría y monitoreo del eventual Cese al Fuego y de Hostilidades, Bilateral y Definitivo, e igualmente, de la Dejación de las Armas, una vez que sea firmado un tratado.

Ciclo 46

El 2 de febrero de 2016 tuvo inicio el ciclo 46, uno de los últimos en la recta final hacia la paz en Colombia, quedando uno de los procesos más complicados, el del desarme de la guerrilla, que, de acuerdo con el plan oficial, deberá concentrarse en territorios determinados para el proceso de verificación. Antes del tratado deberá implantarse un cese al fuego global[52].

Acuerdo sobre fin del conflicto

El 22 de junio de 2016, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (Farc-EP) lograron el acuerdo para concretar el cese definitivo del conflicto armado bilateral.

El acuerdo fue suscrito el 23 de junio del propio año en La Habana, Cuba. Los mandatarios Raúl Castro Ruz y Juan Manuel Santos Calderón, de Cuba y Colombia, respectivamente; Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, y Ban ki-moom, secretario general de la organización de Naciones Unidas (ONU), presidieron la ceremonia de firma del acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; la dejación de las armas y las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz[53][54].

Rodolfo Benítez y Dag Millander, garantes de Cuba y Noruega, respectivamente, dieron lectura alternadamente al Comunicado conjunto 76, que recoge los compromisos del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP en la fase trascendental rumbo a la paz definitiva.

Tras exponer minuciosamente los detalles organizativos, territoriales, legales y sociales del acuerdo, los garantes solicitaron al secretario general de la ONU que se pusiera en marcha todo el despliegue logístico de monitoreo y verificación necesario para la implementación exitosa del acuerdo.

Humberto de la Calle e Iván Márquez, jefes para estas conversaciones de las delegaciones del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP, respectivamente, firmaron los acuerdos en presencia de los asistentes. También rubricaron el documento los garantes de Cuba y Noruega y los acompañantes de Venezuela y Chile.

Asistieron a la firma del acuerdo Bernard Aronson, representante de Estados Unidos; Edward Gilmore, representante de la Unión Europea; Francois Delattre, Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU; Mogens Lykketoft, Presidente la Asamblea General de la ONU (AGNU); Borge Brende, Canciller de Noruega y los presidentes Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; Danilo Medina, de República Dominicana y de CELAC; Michelle Bachelet, de Chile; Nicolás Maduro, de Venezuela y Enrique Peña Nieto, de México. También lo hicieron representantes de partidos y movimientos políticos y sociales de Colombia, de los ministros de Defensa y el Interior colombianos, y de otras personalidades internacionales.

La Comunidad de Países Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) puso a disposición de la Misión de la ONU los observadores que se requieran para el monitoreo y la verificación de lo acordado.

Firma del acuerdo de paz definitivo entre las FARC - EP y el gobierno de Colombia

Texto del comunicado con la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
Ivan Márquez y Humberto de la Calle se dan la mano. El Canciller cubano Bruno Rodríguez, al centro
El 24 de agosto de 2016 se firmó el Acuerdo definitivo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC - EP. Los delegados del gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla dieron fin de esa forma a más de cuatro años de conversaciones y aprobaron en La Habana el acuerdo final, integral y definitivo, que cerró formalmente las negociaciones de paz.

El Acuerdo fue firmado en el Salón de Protocolo de El Laguito, en La Habana. El documento acordado recogió lo necesario para terminar el conflicto originado en los años 60 y que dejó miles de muertos y millones de desplazados[55].

El Acuerdo final recoge todos y cada uno de los acuerdos suscritos en La Habana durante el proceso de diálogo. La prioridad del mismo es no repetir la tragedia del conflicto en Colombia y respetar los derechos fundamentales de los grupos minoritarios, como campesinos, indígenas, personas con discapacidad, desplazados, entre otros. Se hicieron siete copias del Acuerdo de Paz, de 200 hojas cada una, repartidas y firmadas entre las partes (Gobierno y FARC-EP), los países garantes y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El séptimo ejemplar se destinó para depositar ante el Consejo Federal Suizo o el organismo que lo sustituyera en el futuro como depositario de las convenciones de Ginebra.

Los puntos acordados fueron:

  1. Acuerdo reforma rural integral: Generar buen vivir para la población rural; promover la igualdad; asegurar el pleno disfrute de los derechos.
  2. Acuerdo participación política: Dejación de las armas y de la violencia como mecanismo político. Transitar a un escenario en el que impere la democracia para quienes participen en política.
  3. Acuerdo cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo: Terminación de acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP. Reincorporación de las FARC-EP a lo económico y político de acuerdo a sus intereses.
  • Incluye acuerdo sobre garantía y lucha contra organizaciones criminales que atentan contra defensores de derechos humanos.
  • Medidas como el pacto político nacional. La unidad especial de investigación; el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política.
  1. Solución al problema de las drogas ilícitas: Se promueve una visión que otorgue un tratamiento distinto al consumo y tráfico ilícito.
  2. Acuerdo víctimas: Sistema de verdad, reparación y no repetición, que combina mecanismos judiciales que permitan la investigación y sanción de las violaciones a los DD.HH. El resarcimiento de las víctimas es vital para reparar a los afectados por el conflicto armado.
  3. Mecanismos de implementación y verificación: Se crea comisión de seguimiento del Acuerdo final de paz y de resolución de diferencias. Los países garantes y acompañantes continuarán velando por el cumplimiento.


El 26 de septiembre de 2016 se llevó a cabo en la explanada de San Francisco, del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, Colombia, la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Al acto protocolar asistieron alrededor de 16 jefes de Estado o de Gobierno; igualmente, representantes de organismos internacionales y cancilleres de diferentes países[56].

Plebiscito por la paz en Colombia

El 2 de octubre de 2016, los colombianos se pronunciaron por el NO en el plebiscito efectuado para refrendar los acuerdos de paz, a pesar de que el Gobierno no tenía la obligación de someter a votación el acuerdo, pues legalmente podía firmarlos e implementarlos, pero decidió realizar la consulta para dar legitimidad política ante un sociedad dividida entre diferentes conceptos de paz y la guerra[57].

El NO recibió 6.431.376 (50,21% de los votos) mientras que el Sí obtuvo 6.377.482 (49,78 % de los votos)[58].

El potencial electoral para esta convocatoria a las urnas fue de 34 millones 899 945 colombianos, de los cuales 18 millones 470 321 son mujeres y 16 millones 852 624, hombres.

Para este sufragio fueron montadas en todo el país 81 925 mesas, distribuidas en 11 034 colegios electorales y las ciudades de mayor potencial electoral fueron Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena.

Firma de nuevo acuerdo de paz

El 24 de noviembre de 2016, el gobierno de Colombia y las FARC-EP firmaron un segundo pacto de paz, luego de que el primero fuera rechazado por la mayoría de los votantes que asistieron al plebiscito del 2 de octubre de 2016[59].

Tras más de un mes de incertidumbre, marchas multitudinarias y debates en Cuba y Colombia, ambas partes lograron el último acuerdo a partir del inicial y con propuestas emanadas de un diálogo nacional en el que participaron promotores del voto negativo y otros sectores.

El actual texto incluyó modificaciones, precisiones o ampliaciones en 56 de los 57 ejes temáticos renegociados en Cuba, sede desde 2012 de los diálogos con ese movimiento guerrillero, el principal involucrado en la guerra interna.

El consenso permitiría destrabar el avanzado proceso pacificador, entorpecido por los inesperados resultados del plebiscito.

Diálogos ELN-Gobierno de Colombia

2015

Efectivos del ELN

El 5 de enero de 2015, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invitó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a sumarse al diálogo de paz y a la iniciativa del cese al fuego unilateral[60].

Por su parte, el ELN, segunda guerrilla más importante en Colombia, manifestó el 7 de enero de 2015 su disposición para dialogar con representantes gubernamentales y evaluar propuestas que conduzcan al término del conflicto armado en el país[61].

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, reveló el 12 de mayo de 2015 haber facilitado el encuentro en La Habana de los jefes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El encuentro se llevó a cabo con el apoyo de los países garantes y acompañantes y su objetivo fue incorporar al ELN al proceso de paz[62].

2016

Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP el 26 de septiembre de 2016, el ELN aseguró estar dispuesto a un diálogo con las autoridades.

En marzo de 2016 los máximos comandantes rebeldes del ELN y las autoridades colombianos informaron en Caracas que habían logrado consensuar una futura agenda de conversaciones de seis puntos[63]:

  • Participación de la sociedad en la construcción de la paz
  • Democracia para la paz
  • Transformaciones para la paz
  • Víctimas
  • Fin del conflicto armado
  • Implementación

El 10 de octubre de 2016, delegaciones del Gobierno de Colombia y del grupo guerrillero anunciaron en Caracas la instalación de la fase pública de las negociaciones y acordaron iniciarlas el 27 de octubre en Quito, Ecuador[64][65].

La agenda de conversaciones iniciaría con el punto 1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz; adicionalmente, se trabajará el subpunto 5f. Acciones y dinámicas humanitarias.

El tercer acápite acordado señaló iniciar el proceso de liberación de los secuestrados/retenidos con dos casos antes del 27 de octubre. Además, cada una de las partes haría, a partir de la fecha, otras acciones y dinámicas humanitarias para crear un ambiente favorable para la paz.

El anuncio de las partes colombianas está firmado por el jefe de las delegación gubernamental Eduardo Herrera Berbel y sus integrantes José Noé Ríos y Julián Arévalo; y por el Ejército de Liberación Nacional lo suscriben Pablo Beltrán, jefe de delegación, y Aureliano Carbonel, Gustavo Martínez, Bernardo Téllez y Consuelo Tapias.

También firmaron en Caracas los representantes de los Gobiernos comprometidos con las negociaciones: Ramón Rodríguez Chacín y Carola Martínez (Venezuela); Juan Meriguet (Ecuador); Rodolfo Benítez Verson y Abel García (Cuba); Raúl Vergara Meneses y Luis Maira (Chile); Torleif Kveim (Reino de Noruega); y José Solla (Brasil).

El 27 de octubre, el presidente Santos anunció el aplazamiento del comienzo de los diálogos de paz hasta que fuera liberado el excongresista Odín Sánchez, en poder del ELN[66].

2017

Entre los días 13, 14 y 15 de enero de 2017, el gobierno colombiano y la guerrilla sostuvieron una reunión en los alrededores de la localidad de Ibarra, en el norte de Ecuador que fue calificada como “fructífera” en pos de fijar la fecha para el inicio de las negociaciones de paz[67].

Aunque las conversaciones se desarrollaron bajo un total hermetismo. Se conoció que entre los primeros puntos tratados se encontraron la liberación de Odin Sanhéz y el nombramiento de los insurgentes que se convertirían en gestores de paz y los que serían indultados[68].

Tanto el Gobierno Colombiano como el ELN establecieron mecanismos de implementación y garantías que estuvieron en concordancia con lo logrado en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El 18 de enero las delegaciones del Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron la instalación el día 7 de febrero de la fase pública de conversaciones bajo el auspicio del Gobierno ecuatoriano, el presidente Correa y todos los garantes[69].

En un comunicado conjunto, se indicó que el 2 de febrero el ELN liberaría a Odín Sánchez Montes de Oca, una de las exigencias del Gobierno colombiano para iniciar la fase pública. Además, ese mismo día se harán efectivos los indultos a dos miembros del grupo insurgente. Asimismo, los gestores de paz se habilitarían “de acuerdo a la fecha y los protocolos establecidos”[70].

El lugar escogido para la instalación formal de los intercambios fue la Hacienda Cashapamba, propiedad de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, ubicada en la parroquia Sangolquí, al sur de Quito[71].

La agenda, definida desde marzo de 2016 en un encuentro en Caracas, Venezuela, consta de seis puntos: Participación de la sociedad en la construcción de paz, Democracia para la paz, Transformaciones para la paz, Víctimas, Fin del Conflicto e Implementación.

El equipo negociador del gobierno del presidente, Juan Manuel Santos estuvo liderado por el exministro Juan Camilo Restrepo e integrado por la extitular de Ambiente Luz Helena Sarmiento, el mayor general (r) Eduardo Herrera Berbel, así como los especialistas Alberto Fergusson, Jaime Avendaño y María Alejandra Villamizar.

Por el ELN estuvieron como jefe negociador Pablo Beltrán, a quien acompañaron Aureliano Carbonel, Gustavo Martínez, Bernardo Téllez y Consuelo Tapias.

Primer acuerdo

Juan Camilo Restrepo (izq) y Pablo Beltrán (der)

El 16 de febrero de 2017, como resultado de las conversaciones, fue anunciado el primer acuerdo en los diálogos de paz.

Según explicaron los jefes de ambas delegaciones, comandante Pablo Beltrán, del ELN, y Juan Camilo Restrepo, representante del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, las partes acordaron comenzar a trabajar en la participación de la sociedad civil en el proceso, y en las acciones humanitarias[72].

Para ello, apuntaron, se crearán dos subcomisiones que trabajan simultáneamente en ambos temas (paz y acciones humanitarias), manteniendo la integralidad de la Mesa de Conversaciones.

También se abordó e inicio la gestión para el desarrollo del acuerdo de Caracas del 30 de marzo de 2016 en lo referente a la conformación de un grupo de países para el apoyo y la cooperación.

Además de Ecuador, en cuyo territorio se desarrollan las conversaciones, la lista de países garantes incluyó a Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela, y podrían sumarse también Alemania, Suiza, Suecia, Holanda e Italia.

Cese al fuego bilateral

El Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) alcanzaron el 4 de septiembre de 2017 un acuerdo para un alto el fuego bilateral de cuatro meses para facilitar el proceso de paz activo entre ambas partes, la medida fue pactada para desescalar el conflicto y poder avanzar rápidamente en el estudio de los puntos de la agenda pactada[73].

Referencias